La denuncia pública del Ministro Mariano Cuneo Libarona en el programa periodístico de Eduardo Feinmann sobre la investigación de irregularidades en los cobros de indemnizaciones por supuestas desapariciones y exilios de personas durante el gobierno militar, generó una ola de pánico y honda preocupación en los testigos rentados, fiscales federales, estudios jurídicos patrocinantes y gerenciadoras de los cobros indebidos y especialmente en los jueces que abalaron declaraciones a sola firma, sin investigar la veracidad de los hechos ilegales denunciados. ¿Impactará en los fiscales recolectores para armar juicios contra uniformados y civiles y pondrá en duda la continuidad de los “juicios de lesa humanidad”?
Las reacciones fueron de todo tipo y color, pero lo que quedó expuesto por el ministro, fue que cobraron 7.996 personas por desapariciones y sepultó para siempre el relato de que “son 30.000”. Ese verso fanático y negacionista, ya no va más. Tendrán que inventar otra excusa geobeliana.
A tan solo 4 días de esta declaración pública, ya se empezaron a ver las consecuencias en los juicios en curso por los mal llamados juicios de lesa humanidad. Los testigos no concurrieron a declarar en los tribunales de Rosario, los fiscales de Mendoza desistieron de sus testigos, en los alegatos de Bahía Blanca desistieron de mantener la acusación en relación con algunas víctimas porque no lograron acreditar las imputaciones debido a que los testigos rentados no se presentaron ante el tribunal y en Comodoro Py, hay todo tipo de especulaciones. Incluso fuentes que desean mantener su anonimato, hasta hablaron de que algún Juez Federal muy activo en el procesamiento arbitrario de uniformados para llevarlos a juicio, buscaría refugio en algún país donde un pedido de extradición por parte de Argentina, no tuviese acogida.
Pero un capítulo especial merece lo que se dice en los corrillos de la Secretaría de Derechos Humanos ex ESMA. Los empleados que allí trabajan y como no podía ser de otra manera, conocen todos los chanchullos (1), irregularidades y delitos que se cometieron para pagar sumas millonarias. Hubo varios que renunciaron a su trabajo, especialmente en el área legal, donde hacían los dictámenes que avalaban los cobros ilegales. Varios abogados no concurrieron a su lugar de trabajo y presentaron las renuncias a sus cargos.
El tristemente famoso ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, hijo de los asesinos del Subteniente Massaferro en el ataque al Regimiento 29 de Formosa, salió a defenderlos y concurrió a la ex ESMA para contenerlos y solidarizarse con los empleados. En realidad, fue para evitar que lo denuncien, porque el pago irregular de indemnizaciones es el curro de gran escala que avalaba con su firma. Pero además, hay delitos de todo tipo, transferencias a la Universidad de las Madres, giros de montos millonarios a consultoras, fundaciones y organizaciones amigas, gastos en combustibles imposibles de justificar, viajes y regalos a parientes y amigos. Como si esto fuera poco, pese a tener una División Legales, se contrataron abogados amigos, con jugosos sueldos para que representen a la Secretaría de Derechos Humanos, en debates orales donde hay Fiscales Federales designados para defender los derechos del Estado y en juicios con igual identidad, en un mismo Tribunal Oral y con igual objeto procesal. Una malversación de caudales públicos con apariencia humanitaria que como decía Viviana Canosa “viven de la nuestra, de nuestra plata.”
FINAL ABIERTO
Coloquial – Manejo ilícito para conseguir un fin, principalmente con fines de lucro.
○
Por David Sanchez.
La denuncia pública del Ministro Mariano Cuneo Libarona en el programa periodístico de Eduardo Feinmann sobre la investigación de irregularidades en los cobros de indemnizaciones por supuestas desapariciones y exilios de personas durante el gobierno militar, generó una ola de pánico y honda preocupación en los testigos rentados, fiscales federales, estudios jurídicos patrocinantes y gerenciadoras de los cobros indebidos y especialmente en los jueces que abalaron declaraciones a sola firma, sin investigar la veracidad de los hechos ilegales denunciados. ¿Impactará en los fiscales recolectores para armar juicios contra uniformados y civiles y pondrá en duda la continuidad de los “juicios de lesa humanidad”?
Las reacciones fueron de todo tipo y color, pero lo que quedó expuesto por el ministro, fue que cobraron 7.996 personas por desapariciones y sepultó para siempre el relato de que “son 30.000”. Ese verso fanático y negacionista, ya no va más. Tendrán que inventar otra excusa geobeliana.
A tan solo 4 días de esta declaración pública, ya se empezaron a ver las consecuencias en los juicios en curso por los mal llamados juicios de lesa humanidad. Los testigos no concurrieron a declarar en los tribunales de Rosario, los fiscales de Mendoza desistieron de sus testigos, en los alegatos de Bahía Blanca desistieron de mantener la acusación en relación con algunas víctimas porque no lograron acreditar las imputaciones debido a que los testigos rentados no se presentaron ante el tribunal y en Comodoro Py, hay todo tipo de especulaciones. Incluso fuentes que desean mantener su anonimato, hasta hablaron de que algún Juez Federal muy activo en el procesamiento arbitrario de uniformados para llevarlos a juicio, buscaría refugio en algún país donde un pedido de extradición por parte de Argentina, no tuviese acogida.
Pero un capítulo especial merece lo que se dice en los corrillos de la Secretaría de Derechos Humanos ex ESMA. Los empleados que allí trabajan y como no podía ser de otra manera, conocen todos los chanchullos (1), irregularidades y delitos que se cometieron para pagar sumas millonarias. Hubo varios que renunciaron a su trabajo, especialmente en el área legal, donde hacían los dictámenes que avalaban los cobros ilegales. Varios abogados no concurrieron a su lugar de trabajo y presentaron las renuncias a sus cargos.
El tristemente famoso ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, hijo de los asesinos del Subteniente Massaferro en el ataque al Regimiento 29 de Formosa, salió a defenderlos y concurrió a la ex ESMA para contenerlos y solidarizarse con los empleados. En realidad, fue para evitar que lo denuncien, porque el pago irregular de indemnizaciones es el curro de gran escala que avalaba con su firma. Pero además, hay delitos de todo tipo, transferencias a la Universidad de las Madres, giros de montos millonarios a consultoras, fundaciones y organizaciones amigas, gastos en combustibles imposibles de justificar, viajes y regalos a parientes y amigos. Como si esto fuera poco, pese a tener una División Legales, se contrataron abogados amigos, con jugosos sueldos para que representen a la Secretaría de Derechos Humanos, en debates orales donde hay Fiscales Federales designados para defender los derechos del Estado y en juicios con igual identidad, en un mismo Tribunal Oral y con igual objeto procesal. Una malversación de caudales públicos con apariencia humanitaria que como decía Viviana Canosa “viven de la nuestra, de nuestra plata.”
FINAL ABIERTO
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 28, 2024
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