Birmania se enfrenta a la posibilidad de una guerra civil “a una escala sin precedentes”, advirtió el miércoles Christine Schraner Burgener, enviada especial de la ONU al país asiático, e instó al Consejo de Seguridad a que considere una “acción potencialmente significativa” para revertir el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero y restaurar la democracia.
Schraner Burgener no especificó qué medidas consideraba como significativas, pero describió una grave situación de la represión militar en su sesión informativa virtual ante el consejo. La enviada también advirtió que el país está “a punto de convertirse en un Estado fallido”.
“Esto podría ocurrir ante nuestros propios ojos”, comentó, “y no evitar una mayor intensificación de las atrocidades le costará al mundo mucho más a largo plazo que invertir en este momento en la prevención, sobre todo a los países vecinos de Myanmar y a la región en general”.
Schraner Burgener instó al consejo “a considerar todas las herramientas disponibles para tomar una acción colectiva” y hacer lo que el pueblo de Myanmar merece: “evitar una catástrofe multidimensional en el centro de Asia”.
El golpe de Estado revirtió años de lento progreso hacia la democracia en Myanmar, que durante cinco décadas había estado bajo un estricto mando militar que provocó un aislamiento y sanciones internacionales. A medida que los generales soltaban el control, lo que culminó con el ascenso al poder de Aung San Suu Kyi luego de unas elecciones celebradas en 2015, la comunidad internacional respondió retirando la mayoría de las sanciones e invirtiendo en el país.
En la reunión virtual, que fue privada, Schraner Burgener denunció el homicidio y arresto de manifestantes que no estaban armados y que buscaban restaurar la democracia. Hasta el miércoles, unas 2.729 personas habían sido detenidas, acusadas o sentenciadas desde el golpe de Estado y aproximadamente 536 han sido asesinadas, señaló Schraner Burgener, de acuerdo con las cifras de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Myanmar.
El pasado 10 de marzo, el Consejo de Seguridad adoptó un comunicado presidencial, medida apenas por debajo de una resolución, en el que solicitó que se revirtiera el golpe de Estado, condenó la violencia contra los manifestantes pacíficos y pidió “mayor mesura” por parte de las fuerzas militares. Destacó la necesidad de defender “las instituciones y procesos democráticos” y pidió liberar de inmediato a los dirigentes del gobierno que han sido encarcelados, incluida Suu Kyi y el presidente Win Myint.
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Birmania se enfrenta a la posibilidad de una guerra civil “a una escala sin precedentes”, advirtió el miércoles Christine Schraner Burgener, enviada especial de la ONU al país asiático, e instó al Consejo de Seguridad a que considere una “acción potencialmente significativa” para revertir el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero y restaurar la democracia.
Schraner Burgener no especificó qué medidas consideraba como significativas, pero describió una grave situación de la represión militar en su sesión informativa virtual ante el consejo. La enviada también advirtió que el país está “a punto de convertirse en un Estado fallido”.
“Esto podría ocurrir ante nuestros propios ojos”, comentó, “y no evitar una mayor intensificación de las atrocidades le costará al mundo mucho más a largo plazo que invertir en este momento en la prevención, sobre todo a los países vecinos de Myanmar y a la región en general”.
Schraner Burgener instó al consejo “a considerar todas las herramientas disponibles para tomar una acción colectiva” y hacer lo que el pueblo de Myanmar merece: “evitar una catástrofe multidimensional en el centro de Asia”.
El golpe de Estado revirtió años de lento progreso hacia la democracia en Myanmar, que durante cinco décadas había estado bajo un estricto mando militar que provocó un aislamiento y sanciones internacionales. A medida que los generales soltaban el control, lo que culminó con el ascenso al poder de Aung San Suu Kyi luego de unas elecciones celebradas en 2015, la comunidad internacional respondió retirando la mayoría de las sanciones e invirtiendo en el país.
En la reunión virtual, que fue privada, Schraner Burgener denunció el homicidio y arresto de manifestantes que no estaban armados y que buscaban restaurar la democracia. Hasta el miércoles, unas 2.729 personas habían sido detenidas, acusadas o sentenciadas desde el golpe de Estado y aproximadamente 536 han sido asesinadas, señaló Schraner Burgener, de acuerdo con las cifras de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Myanmar.
El pasado 10 de marzo, el Consejo de Seguridad adoptó un comunicado presidencial, medida apenas por debajo de una resolución, en el que solicitó que se revirtiera el golpe de Estado, condenó la violencia contra los manifestantes pacíficos y pidió “mayor mesura” por parte de las fuerzas militares. Destacó la necesidad de defender “las instituciones y procesos democráticos” y pidió liberar de inmediato a los dirigentes del gobierno que han sido encarcelados, incluida Suu Kyi y el presidente Win Myint.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 1, 2021