En 1964, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una sentencia unánime en el caso New York Times Co. contra Sullivan, un fallo que se convertiría en una piedra angular de la libertad de prensa estadounidense y transformaría el panorama legal de la difamación. El núcleo del caso fue un anuncio a página completa publicado por el New York Times en 1960, titulado “Presten atención a sus crecientes voces”, que criticaba el trato a los manifestantes por los derechos civiles en Montgomery, Alabama. Aunque el anuncio no lo nombraba directamente, el Comisionado de Seguridad Pública de Montgomery, L.B. Sullivan, demandó al periódico por difamación, alegando que las críticas a la conducta policial lo perjudicaban personalmente.
El anuncio, financiado por activistas de derechos civiles, contenía varias inexactitudes fácticas, como indicar erróneamente el número de veces que el Dr. Martin Luther King Jr. había sido arrestado. Según la legislación de Alabama de la época, estos errores bastaban para presumir malicia y otorgarle a Sullivan una indemnización de 500.000 dólares. La Corte Suprema de Alabama confirmó el veredicto, lo que llevó al New York Times a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Brennan
Lo que siguió marcó un hito en el derecho constitucional. En representación de la Corte, el juez William J. Brennan Jr. enfatizó la necesidad de un debate “desinhibido, sólido y abierto” sobre asuntos públicos. La Corte dictaminó que los funcionarios públicos no pueden ganar una demanda por difamación a menos que demuestren “malicia real”, es decir, que la declaración se hizo a sabiendas de su falsedad o con un desprecio temerario por la verdad.
Este criterio de “malicia real” elevó drásticamente el listón para los funcionarios públicos que intentaban silenciar a sus críticos mediante demandas por difamación. Protegió no solo al New York Times, sino también a la prensa en general y a los defensores de los derechos civiles, quienes fueron cada vez más perseguidos por los funcionarios del Sur durante la década de 1960. El fallo reconoció que los errores son inevitables en el debate libre y que castigar a la prensa por errores honestos inhibiría el discurso público.
La decisión también tuvo profundas implicaciones para la Primera y la Decimocuarta Enmiendas. Reforzó que la libertad de prensa no se limita a la información precisa, sino que se extiende a la crítica a funcionarios públicos, incluso cuando dicha crítica incluya errores factuales, siempre que no sea deliberadamente o imprudentemente falsa.
El caso New York Times Co. contra Sullivan se ha convertido desde entonces en un pilar fundamental del derecho de los medios de comunicación estadounidense. Se ha citado en innumerables casos que involucran a figuras públicas, desde políticos hasta celebridades, y sigue siendo un poderoso escudo para el periodismo de investigación. Los críticos argumentan que la norma dificulta demasiado que las figuras públicas defiendan su reputación, pero los defensores la consideran esencial para la rendición de cuentas democrática.
En una era donde la desinformación se propaga rápidamente y la confianza pública en los medios se cuestiona, el legado de Sullivan perdura. Nos recuerda que el derecho a criticar a quienes ostentan el poder, incluso de forma imperfecta, no solo está protegido por la Constitución, sino que es vital para su supervivencia.
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En 1964, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una sentencia unánime en el caso New York Times Co. contra Sullivan, un fallo que se convertiría en una piedra angular de la libertad de prensa estadounidense y transformaría el panorama legal de la difamación. El núcleo del caso fue un anuncio a página completa publicado por el New York Times en 1960, titulado “Presten atención a sus crecientes voces”, que criticaba el trato a los manifestantes por los derechos civiles en Montgomery, Alabama. Aunque el anuncio no lo nombraba directamente, el Comisionado de Seguridad Pública de Montgomery, L.B. Sullivan, demandó al periódico por difamación, alegando que las críticas a la conducta policial lo perjudicaban personalmente.
El anuncio, financiado por activistas de derechos civiles, contenía varias inexactitudes fácticas, como indicar erróneamente el número de veces que el Dr. Martin Luther King Jr. había sido arrestado. Según la legislación de Alabama de la época, estos errores bastaban para presumir malicia y otorgarle a Sullivan una indemnización de 500.000 dólares. La Corte Suprema de Alabama confirmó el veredicto, lo que llevó al New York Times a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Lo que siguió marcó un hito en el derecho constitucional. En representación de la Corte, el juez William J. Brennan Jr. enfatizó la necesidad de un debate “desinhibido, sólido y abierto” sobre asuntos públicos. La Corte dictaminó que los funcionarios públicos no pueden ganar una demanda por difamación a menos que demuestren “malicia real”, es decir, que la declaración se hizo a sabiendas de su falsedad o con un desprecio temerario por la verdad.
Este criterio de “malicia real” elevó drásticamente el listón para los funcionarios públicos que intentaban silenciar a sus críticos mediante demandas por difamación. Protegió no solo al New York Times, sino también a la prensa en general y a los defensores de los derechos civiles, quienes fueron cada vez más perseguidos por los funcionarios del Sur durante la década de 1960. El fallo reconoció que los errores son inevitables en el debate libre y que castigar a la prensa por errores honestos inhibiría el discurso público.
La decisión también tuvo profundas implicaciones para la Primera y la Decimocuarta Enmiendas. Reforzó que la libertad de prensa no se limita a la información precisa, sino que se extiende a la crítica a funcionarios públicos, incluso cuando dicha crítica incluya errores factuales, siempre que no sea deliberadamente o imprudentemente falsa.
El caso New York Times Co. contra Sullivan se ha convertido desde entonces en un pilar fundamental del derecho de los medios de comunicación estadounidense. Se ha citado en innumerables casos que involucran a figuras públicas, desde políticos hasta celebridades, y sigue siendo un poderoso escudo para el periodismo de investigación. Los críticos argumentan que la norma dificulta demasiado que las figuras públicas defiendan su reputación, pero los defensores la consideran esencial para la rendición de cuentas democrática.
En una era donde la desinformación se propaga rápidamente y la confianza pública en los medios se cuestiona, el legado de Sullivan perdura. Nos recuerda que el derecho a criticar a quienes ostentan el poder, incluso de forma imperfecta, no solo está protegido por la Constitución, sino que es vital para su supervivencia.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 11, 2025
Tags: L.B. Sullivan, New York Times, William J. Brennan Jr.