Los gobiernos no pueden obligar a las personas a recibir la nueva vacuna contra el coronavirus en contra de su voluntad, aseguran muchos expertos, pero los legisladores pueden crear un mandato que imponga consecuencias por no estar vacunados.
La investigación de vacunas para un nuevo coronavirus avanza a un ritmo sin precedentes y los expertos defienden altas tasas de inmunidad en una población como una solución para detener la propagación de un virus. Pero encuestas recientes ofrecen un resultado que aproximadamente una cuarta parte de la población no está interesado en una vacuna para el coronavirus, otro 10% sostiene que el COVID-19 no existe y contra esto los gobiernos pueden tener dificultades para crear el requisito de que las personas se sometan a la vacunación.
Es posible que el Congreso tenga el poder de exigir una vacuna bajo la cláusula de viajes ya que el virus circula a través de las fronteras estatales, provinciales o internacionales mencionan expertos en derecho constitucional.
Si un gobierno pretende inocular vacunas, el escenario más realista es vincularlo a la cobertura médica de las personas que se niegan a vacunar, quienes a través de esta negativa se autoinflingen una enfermedad. En algunos casos, una administración nacional podría modificar los impuestos del individuo que veta su vacunación creando un gasto público contaminando a terceros. En cualquier caso, eso no significa que una persona pueda ser vacunada contra su voluntad si estuviera dispuesta a sufrir las consecuencias de no hacerlo.
Un bloque de países podrían blindar las fronteras para aquel que resiste a vacunarse, ya que podría acarrear el virus como si fuera parte de su equipaje. Hay leyes en ciertos países donde el voto es obligatorio y no se puede abandonar el país de origen si no ha sido parte de la elección o no ha presentado una razón al no hacerlo.
Una administración nacional también podría dejar la decisión a sus provincias o a sus estados. En Estados Uidos, el caso Jacobson v. Massachusetts, un ciudadano argumentó que la vacunación forzada contra la viruela infringía su libertad personal. La Corte Suprema confirmó la autoridad de la Junta de Salud de Cambridge para exigir la vacunación bajo la Décima Enmienda que otorga poderes a la policía estatal. La decisión de la Corte Suprema planteó interrogantes sobre el poder del gobierno estatal para proteger la salud pública y la protección constitucional de la libertad personal. Examinaron las concepciones sobre el poder estatal y la libertad personal en Jacobson y casos posteriores que expandieron, reemplazaron o incluso ignoraron esas ideas. La salud pública y el derecho constitucional han evolucionado para proteger mejor tanto la salud como los derechos humanos. El poder soberano de los Estados para dictar leyes de todo tipo no ha cambiado en el último siglo. Lo que ha cambiado es el reconocimiento de la Corte de la importancia de la libertad individual y cómo limita ese poder. Preservar la salud pública requiere preservar el respeto por la libertad personal, que termina donde comienza la de un tercero.
El muy respetado profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, insistió en que los gobiernos estatales de los Estados Unidos tienen la autoridad constitucional para obligar a los ciudadanos a vacunarse.
“Permítanme decirlo muy claramente, usted no tiene ningún derecho constitucional a poner en peligro al público y propagar la enfermedad, incluso si no está de acuerdo. No tienes derecho a no estar vacunado, tenemos que estar vacunados “, afirma Dershowitz.
Es normal para los ministerios y comunidades exigir vacunas y esto se ha hecho desde que se ha probado el alto grado de copetencia de las vacunas. Se requiere que los estudiantes estén vacunados para asistir a la escuela y en el caso de COVID-19, ante la severidad de contagio se supone que tienen una base razonable para hacerlo.
Argumentar que el Estado puede introducir a la fuerza una aguja en el brazo de una persona parece ignorar los derechos naturales de esa persona. Si uno piensa que las vacunas son algo bueno en general, o solo bueno en casos específicos, no viene al caso. La decisión de vacunarse debe dejarse en manos de cada individuo. Pero, en estas circunstancias, la nobleza del individuo resistente deberá salir a la luz, informando que ha decidido no vacunarse, algo poco posible que suceda.
La libertad es un objetivo en movimiento en una sociedad moderna. Cuando la gente usa el término libertad, quiere decir varias cosas. Algunas personas lo interpretan como el derecho a hacer lo que les plazca, aunque la mayoría de la gente acepta el enfoque adoptado por el filósofo John Locke:
“La libertad de las personas bajo el gobierno no debe estar sujeta a ninguna restricción, aparte de las reglas permanentes por las que vivir que son comunes a todos en la sociedad y establecidas por el poder legislativo establecido en ella. Las personas tienen el derecho o la libertad de seguir su propia voluntad en todo lo que la ley no haya prohibido y no estar sujetas a la voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de los demás”.
Una razón práctica para proteger los derechos constitucionales es que fomenta la solidaridad social. Es más probable que las personas confíen en los funcionarios que protegen su libertad personal. Sin confianza, los funcionarios públicos no podrán persuadir al público de que tome ni siquiera las precauciones más razonables durante una emergencia, lo que empeorará aún más una mala situación. Es España, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y en Argentina, Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación, expresaron que el COVID=19 no traspasaría sus fronteras. 41,000 muertos en la peninsula ibérica, 35,000 en el país sudamericano. Estos funcionarios -con erronea información- crearon desconfianza en el público. Este público apoyará intervenciones razonables de salud solo si confía en que los funcionarios a cargo harán recomendaciones sensatas que se basen en la ciencia y en las que se trate al público como parte de la solución en lugar del problema. Los programas de salud pública basados en la fuerza son una reliquia del siglo XIX; La salud pública del siglo XXI depende de la buena ciencia, la buena comunicación y la confianza en que los funcionarios de salud pública digan la verdad. En cada uno de estos ámbitos, los derechos constitucionales son el aliado y no el enemigo de la salud pública. Preservar la salud pública en el siglo XXI requiere preservar el respeto por la libertad personal. En pocas palabras, los políticos deben informar la verdad y la ciudadania debe apoyarse en la medicina convencional.
Fuentes: Jacobson v Massachusetts, 197 US 11 (1905) . Social Epidemiology de L.F. Berkman e I. Kawachi New York, NY: Oxford University Press; 2000 . The Rights of Patients, de George J. Annas., Carbondale, Ill: Southern Illinois University Press; 2004.
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Los gobiernos no pueden obligar a las personas a recibir la nueva vacuna contra el coronavirus en contra de su voluntad, aseguran muchos expertos, pero los legisladores pueden crear un mandato que imponga consecuencias por no estar vacunados.
La investigación de vacunas para un nuevo coronavirus avanza a un ritmo sin precedentes y los expertos defienden altas tasas de inmunidad en una población como una solución para detener la propagación de un virus. Pero encuestas recientes ofrecen un resultado que aproximadamente una cuarta parte de la población no está interesado en una vacuna para el coronavirus, otro 10% sostiene que el COVID-19 no existe y contra esto los gobiernos pueden tener dificultades para crear el requisito de que las personas se sometan a la vacunación.
Si un gobierno pretende inocular vacunas, el escenario más realista es vincularlo a la cobertura médica de las personas que se niegan a vacunar, quienes a través de esta negativa se autoinflingen una enfermedad. En algunos casos, una administración nacional podría modificar los impuestos del individuo que veta su vacunación creando un gasto público contaminando a terceros. En cualquier caso, eso no significa que una persona pueda ser vacunada contra su voluntad si estuviera dispuesta a sufrir las consecuencias de no hacerlo.
Un bloque de países podrían blindar las fronteras para aquel que resiste a vacunarse, ya que podría acarrear el virus como si fuera parte de su equipaje. Hay leyes en ciertos países donde el voto es obligatorio y no se puede abandonar el país de origen si no ha sido parte de la elección o no ha presentado una razón al no hacerlo.
Una administración nacional también podría dejar la decisión a sus provincias o a sus estados. En Estados Uidos, el caso Jacobson v. Massachusetts, un ciudadano argumentó que la vacunación forzada contra la viruela infringía su libertad personal. La Corte Suprema confirmó la autoridad de la Junta de Salud de Cambridge para exigir la vacunación bajo la Décima Enmienda que otorga poderes a la policía estatal. La decisión de la Corte Suprema planteó interrogantes sobre el poder del gobierno estatal para proteger la salud pública y la protección constitucional de la libertad personal. Examinaron las concepciones sobre el poder estatal y la libertad personal en Jacobson y casos posteriores que expandieron, reemplazaron o incluso ignoraron esas ideas. La salud pública y el derecho constitucional han evolucionado para proteger mejor tanto la salud como los derechos humanos. El poder soberano de los Estados para dictar leyes de todo tipo no ha cambiado en el último siglo. Lo que ha cambiado es el reconocimiento de la Corte de la importancia de la libertad individual y cómo limita ese poder. Preservar la salud pública requiere preservar el respeto por la libertad personal, que termina donde comienza la de un tercero.
El muy respetado profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, insistió en que los gobiernos estatales de los Estados Unidos tienen la autoridad constitucional para obligar a los ciudadanos a vacunarse.
“Permítanme decirlo muy claramente, usted no tiene ningún derecho constitucional a poner en peligro al público y propagar la enfermedad, incluso si no está de acuerdo. No tienes derecho a no estar vacunado, tenemos que estar vacunados “, afirma Dershowitz.
Es normal para los ministerios y comunidades exigir vacunas y esto se ha hecho desde que se ha probado el alto grado de copetencia de las vacunas. Se requiere que los estudiantes estén vacunados para asistir a la escuela y en el caso de COVID-19, ante la severidad de contagio se
supone que tienen una base razonable para hacerlo.
Argumentar que el Estado puede introducir a la fuerza una aguja en el brazo de una persona parece ignorar los derechos naturales de esa persona. Si uno piensa que las vacunas son algo bueno en general, o solo bueno en casos específicos, no viene al caso. La decisión de vacunarse debe dejarse en manos de cada individuo. Pero, en estas circunstancias, la nobleza del individuo resistente deberá salir a la luz, informando que ha decidido no vacunarse, algo poco posible que suceda.
La libertad es un objetivo en movimiento en una sociedad moderna. Cuando la gente usa el término libertad, quiere decir varias cosas. Algunas personas lo interpretan como el derecho a hacer lo que les plazca, aunque la mayoría de la gente acepta el enfoque adoptado por el filósofo John Locke:
“La libertad de las personas bajo el gobierno no debe estar sujeta a ninguna restricción, aparte de las reglas permanentes por las que vivir que son comunes a todos en la sociedad y establecidas por el poder legislativo establecido en ella. Las personas tienen el derecho o la libertad de seguir su propia voluntad en todo lo que la ley no haya prohibido y no estar sujetas a la voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de los demás”.
Una razón práctica para proteger los derechos constitucionales es que fomenta la solidaridad social. Es más probable que las personas confíen en los funcionarios que protegen su libertad personal. Sin confianza, los funcionarios públicos no podrán persuadir al público de que tome ni siquiera las precauciones más razonables durante una emergencia, lo que empeorará aún más una mala situación. Es España, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y en Argentina, Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación, expresaron que el COVID=19 no traspasaría sus fronteras. 41,000 muertos en la peninsula ibérica, 35,000 en el país sudamericano. Estos funcionarios -con erronea información- crearon desconfianza en el público. Este público apoyará intervenciones razonables de salud solo si confía en que los funcionarios a cargo harán recomendaciones sensatas que se basen en la ciencia y en las que se trate al público como parte de la solución en lugar del problema. Los programas de salud pública basados en la fuerza son una reliquia del siglo XIX; La salud pública del siglo XXI depende de la buena ciencia, la buena comunicación y la confianza en que los funcionarios de salud pública digan la verdad. En cada uno de estos ámbitos, los derechos constitucionales son el aliado y no el enemigo de la salud pública. Preservar la salud pública en el siglo XXI requiere preservar el respeto por la libertad personal. En pocas palabras, los políticos deben informar la verdad y la ciudadania debe apoyarse en la medicina convencional.
Fuentes: Jacobson v Massachusetts, 197 US 11 (1905) . Social Epidemiology de L.F. Berkman e I. Kawachi New York, NY: Oxford University Press; 2000 . The Rights of Patients, de George J. Annas., Carbondale, Ill: Southern Illinois University Press; 2004.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 18, 2020