Igualdad, equidad, justicia: estas ideas forman el credo estadounidense. Nunca se ha estado a la altura y no siempre se ha hecho bien, pero nunca se dejó de intentar. Esto es especialmente cierto cuando se trata del sistema de justicia penal.
Actualmente, muchas personas están encarceladas en los Estados Unidos, y muchas de ellas son personas de color. Para construir comunidades seguras y saludables, se debe repensar a quién enviamos a la cárcel, cómo se trata a los que están en la cárcel y cómo se le ayuda a obtener la atención médica, la educación, los empleos y la vivienda que necesitan para reincorporarse con éxito a la sociedad después de cumplir sus sentencias. Como presidente electo, Joe Biden prometió fortalecer el compromiso de Estados Unidos con la justicia y reformará el sistema de justicia penal.
El Plan Biden para fortalecer el compromiso de Estados Unidos con la justicia se basa en varios principios básicos, como reducir el número de personas encarceladas en este país y al mismo tiempo reducir la delincuencia. Nadie debe ser encarcelado solo por el consumo de drogas. En cambio, las personas deben ser dirigidas a tribunales que tratan con personas involucradas con las drogas y recibir tratamiento. Reducir el número de individuos encarcelados disminuirá el gasto federal penal. Estos ahorros deben ser reinvertidos en las comunidades afectadas por el encarcelamiento masivo. El sistema de justicia penal no puede ser justo a menos que se erradique del sistema las disparidades raciales, de género y con base en el ingreso. Las madres y los padres Afro-Americanos deben sentirse tranquilos de que sus hijos están seguros caminando por las calles de Estados Unidos y cuando un oficial de policía se pone la insignia de proteccion y sale por la puerta, la familia del oficial debe saber que volverá a casa al final del día. Además, las mujeres y los niños se ven afectados de manera única por el sistema de justicia penal, y este debe abordar sus necesidades únicas. El Sistema de justicia penal debe estar enfocado en la redención y la rehabilitación. Asegurarse de que los individuos previamente encarcelados tengan la oportunidad de ser miembros productivos de nuestra sociedad no solo es lo correcto, sino que también hará crecer la economía. Este es sin dudas un arduo trabajo. Ciertos estudios indican que un 11% de la población carcelaria están atrapados por tecncismos. Es decir más de 250,000 personas estarían aguardando que sus casos sean revisados.
Biden prometió además prevención de la delincuencia y proporcionando oportunidades para todos. La eliminación de las disparidades raciales y garantizando sentencias justas. El ofrecimiento de segundas oportunidades. La reducción de la violencia en nuestras comunidades y apoyando a los sobrevivientes de la violencia.
Prevenir el crimen es la mejor manera de hacer que nuestras comunidades sean más seguras y reducir el encarcelamiento. La evidencia -según Biden- dice que ciertas experiencias de vida están fuertemente correlacionadas con una mayor probabilidad de encarcelamiento futuro. El porcentaje de niñas en nuestro sistema de justicia juvenil que tienen un historial de abuso físico o sexual podría ser tan alto como 80% o 90%. Aproximadamente 1 de cada 4 niños que viven en un hogar temporal interactuarán con el sistema de justicia penal tan solo dos años después de salir del cuidado temporal. Las personas privadas de la libertad tienen menores niveles de alfabetización que las personas no involucradas en el sistema de justicia penal. Demasiadas personas con trastornos de salud mental o de uso de sustancias terminan en la cárcel.
Biden asegura que abordar estos factores subyacentes para brindar oportunidades para todos y prevenir el crimen y el encarcelamiento.
Enfocarse en abordar estos factores subyacentes no solo es lo correcto, también es bueno para las comunidades y la economía. Le cuesta al gobierno federal cerca de $100 dólares por día mantener a alguien en una prisión federal. Y esa cantidad de dólares no comienza a capturar “el verdadero costo del encarcelamiento” – emocional y financiero– sobre las familias cuyos seres queridos están encarcelados. Este monto en dólares no captura las formas en que el encarcelamiento masivo puede desgarrar el tejido de una comunidad. Y, no captura el impacto económico de eliminar a los individuos encarcelados de la fuerza laboral.
El Plan Biden promete cambiar el enfoque del país del encarcelamiento a la prevención. Como presidente, Biden creará un nuevo programa de subvenciones competitivas de $20 mil millones de dólares para alentar a los estados a pasar del encarcelamiento a la prevención. Para acelerar la reforma de la justicia penal a nivel estatal y local, Biden creará un nuevo programa de subvenciones inspirado en una propuesta del Centro Brennan. Los estados, condados y ciudades recibirán fondos para invertir en esfuerzos comprobados para reducir la delincuencia y el encarcelamiento, incluyendo aquellos para enfrentar algunos de los factores relacionados con el encarcelamiento, como el analfabetismo y el abuso infantil. Para recibir esta financiación, los estados deberán eliminar los mínimos obligatorios para los delitos no violentos, instituir programas de créditos obtenidos y tomar otras medidas para reducir las tasas de encarcelamiento sin afectar la seguridad pública. El presidente Biden invertirá en oportunidades educativas para todos. Para crear verdaderamente la oportunidad y enfrentar uno de los impulsores subyacentes del delito, el presidente Biden se asegurará de que el futuro de ningún niño esté determinado por su código postal, el ingreso de los padres, la raza o la discapacidad. Comenzará haciendo el pre-K (jardín de infantes) disponible para todos los niños de tres y cuatro años. Triplicará los fondos para el Título I, el programa federal que financia escuelas con un alto porcentaje de estudiantes de familias de bajos ingresos. Esto eliminará la brecha de financiamiento entre los distritos blancos y no blancos, y los distritos ricos y pobres. Biden también se asegurará de que todos los estudiantes de preparatoria se gradúen con créditos avanzados o con un diploma de la industria en el bolsillo. Y, hará que los centros de estudios superiores sean gratuitos para los estudiantes que califiquen. Ampliará la financiación federal para la investigación y los servicios de salud mental y trastornos de uso de sustancias. Las personas que experimentan problemas de salud mental y trastornos por el uso de sustancias deben tener acceso a atención médica de calidad y asequible mucho antes de que sus situaciones se intensifiquen e interactúen con el sistema de justicia penal. El Plan Biden ampliará la cobertura del seguro médico para que más estadounidenses tengan acceso a tratamiento, garantizará el cumplimiento de las leyes de igualdad de la salud mental y ampliará los fondos para los servicios de salud mental. Además, Biden duplicará el número de psicólogos, consejeros, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud en nuestras escuelas para que nuestros hijos reciban la atención de salud mental que necesitan. Biden dice que las personas que deberían recibir apoyo con servicios sociales, en lugar de estar en nuestras prisiones, logren conectar con la ayuda que necesitan. Con demasiada frecuencia, las personas que necesitan atención de salud mental o rehabilitación por un trastorno por uso de sustancias no reciben la atención que necesitan. En cambio, terminan teniendo interacciones con la policía que las llevan al encarcelamiento. Lo mismo es cierto para las personas sin hogar. Eso no es justo para esas personas y tampoco para los oficiales de policía. Para cambiar la naturaleza de estas interacciones, la administración Biden financiará iniciativas para asociar a expertos en salud mental y trastornos del uso de sustancias, trabajadores sociales y defensores de la discapacidad, con los departamentos de policía. Estos proveedores de servicios capacitarán a los oficiales de policía para reducir la intensidad de las interacciones con personas con graves trastornos emocionales antes de que se vuelvan violentas. También ayudarán a los oficiales de policía a aprender cómo acercarse mejor a las personas con ciertas discapacidades, como aquellas con autismo o que sean sordas, para que los malos entendidos no lleven al encarcelamiento. Estos proveedores de servicios responderán a las llamadas junto con los oficiales de policía para que las personas que no deban estar en el sistema de justicia penal sean desviadas al tratamiento necesario por temas de adicción o problemas de salud mental, o se les proporcione la vivienda u otros servicios sociales que puedan necesitar. Al momento, suena como destinos de dinero y no “como hacerlo”. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas…
Biden enfrentará las demandas de organizaciones en cuato a las disparidades raciales y con base en los ingresos en nuestro sistema de justicia y eliminar las sentencias demasiado severas para los delitos no violentos. Como presidente, Biden dice que Ampliará y usará el poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para abordar la conducta indebida sistémica en los departamentos de policía y las oficinas de los fiscales. Utilizando la autoridad en la legislación encabezada por Biden como senador, el Departamento de Justicia de Obama-Biden usó investigaciones de patrones o prácticas y decretos de consentimiento para abordar las circunstancias de “conducta indebida sistémica de la policía” y para “restaurar la confianza entre la policía y las comunidades” en ciudades como Ferguson. Sin embargo, el Departamento de Justicia del gobierno de Trump ha limitado el uso de esta herramienta. Por ejemplo, bajo la administración Trump, los decretos de consentimiento entre el Departamento de Justicia y los departamentos de policía ahora deben ser firmados por un representante político del Departamento. Y, el Departamento de Justicia ha establecido un límite arbitrario en cuanto a la duración de dichos decretos de consentimiento, independientemente de que se justifique la finalización del acuerdo. Bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia usará nuevamente su autoridad para erradicar el patrullaje inconstitucional o ilegal. La administración Biden revertirá las limitaciones establecidas por el presidente Trump, y Biden designará a los líderes del Departamento de Justicia que darán prioridad al uso de investigaciones de patrones o prácticas para fortalecer nuestro sistema de justicia. Además, Biden presionará para que la legislación aclare que esta autoridad de investigación de patrón o práctica también pueda ser utilizada para abordar la conducta indebida sistémica por parte de las oficinas de los fiscales.
Biden establecerá un grupo de trabajo independiente sobre la discreción respecto a las acusaciones. Las decisiones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con respecto a cuándo arrestar, cuándo acusar y qué cargos presentar son puntos de decisión críticos en nuestro sistema de justicia penal. Los cargos, por ejemplo, pueden impactar dramáticamente no solo la sentencia con la que alguien termina, sino también si están obligados a tomar una declaración de culpabilidad. La administración Biden creará un nuevo grupo de trabajo, ubicado afuera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para hacer recomendaciones para enfrentar la discriminación y otros problemas en nuestro sistema de justicia que resultan de las decisiones de arresto e imputación. El nuevo mandatario invertirá en las oficinas de los defensores públicos para garantizar el acceso de los acusados a abogados de calidad. Para crear un sistema de justicia penal más justo, debemos asegurarnos de que las personas que no pueden pagar un abogado tengan una representación de calidad. Y, el acceso a un abogado debe estar disponible a partir del momento en que alguien comparezca ante un juez. En este momento, los recursos y el apoyo de los defensores son demasiado descentralizados y de difícil acceso. Y, como el presidente electo Biden sabe, por su propia experiencia tras dejar un bufete de abogados para ser un defensor público, la disparidad salarial de los fiscales y los defensores limita la capacidad de las oficinas de los defensores para reclutar a los mejores y más brillantes. Como presidente, Biden informa que ampliará el esfuerzo Obama-Biden para ampliar los recursos para las oficinas de los defensores públicos. También eliminará los mínimos obligatorios. Biden apoya el fin de los mínimos obligatorios. Como presidente, trabajará para que se apruebe una legislación que derogue los mínimos obligatorios a nivel federal. Y, dará a los estados incentivos para derogar sus mínimos obligatorios. Terminará, de una vez por todas, la disparidad federal de cocaína en polvo y crack. La administración Obama-Biden redujo con éxito la disparidad injustificada entre las penas del crack y la cocaína en polvo. La administración Biden eliminará completamente esta disparidad, como el entonces senador Biden propuso en 2007. Y, Biden se asegurará de que este cambio se aplique de forma retroactiva. Despenalizará el uso del cannabis y eliminará automáticamente todas las condenas anteriores por consumo de cannabis. Biden cree que nadie debería estar en la cárcel por el uso de cannabis. Como presidente, despenalizará el consumo de cannabis y eliminará automáticamente las condenas anteriores. Además, apoyará la legalización de la mariguana con fines médicos, dejando las decisiones relacionadas con la legalización para uso recreativo a los estados y reformulará el cannabis como un medicamento de tipo II para que los investigadores puedan estudiar sus impactos positivos y negativos. Pondrá fin a todos los encarcelamientos solo por el uso de drogas y, en cambio, dirigirá a las personas a los tribunales de drogas y tratamiento. Biden cree que nadie debe ser encarcelado solo por el uso de drogas ilegales. En cambio, Biden requerirá que los tribunales federales deriven a estos individuos a los tribunales de drogas para que reciban tratamiento para tratar su trastorno de uso de sustancias. Incentivará a los estados para que implementen los mismos requisitos. Y, ampliará los fondos para las cortes federales, estatales y locales de drogas.
BidenaAmpliará otras alternativas efectivas a la detención. El gobierno de Biden también adoptará un enfoque basado en la evidencia para aumentar la financiación federal para otras alternativas a los tribunales de detención y programas relacionados para personas convictas por delitos no violentos, como tribunales de veteranos y cortes para delincuentes juveniles. Eliminará la pena de muerte. Más de 160 personas condenadas a muerte en este país desde 1973 han sido exoneradas posteriormente. Debido a que no es fácil de acertar en todos los casos de pena de muerte, Biden trabajará para aprobar una legislación que elimine la pena de muerte a nivel federal e incentive a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal. Estas personas deberían, en cambio, cumplir cadena perpetua sin libertad condicional ni bajo palabra. Usará el poder de clemencia del presidente para asegurar la liberación de individuos que enfrentan sentencias excesivamente largas por ciertos delitos no violentos y de drogas. Para tener en cuenta es verdad que el presidente Obama usó su poder de clemencia más que cualquiera de los 10 presidentes anteriores. Biden continuará esta tradición y utilizará ampliamente su poder de clemencia para ciertos delitos no violentos y relacionados con las drogas. Obama y sus perdones no se limitaron a delitos no violentos o relacionados con drogas, sino a fuertes fraudes financieros cometidos contra el Estado.
Biden Terminará con la fianza en efectivo: La fianza en efectivo es la prisión actual de los deudores. El sistema de fianza en efectivo encarcela a los presuntos inocentes y perjudica desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos. Biden dirigirá un esfuerzo nacional para poner fin a la fianza en efectivo y reformará el sistema preventivo estableciendo, en cambio, uno que sea justo y no inyecte más discriminación o sesgo en el proceso.
Evitará que las corporaciones se beneficien del encarcelamiento. Biden terminará con el uso de prisiones privadas por parte del gobierno federal, construyendo sobre la política rescindida de la administración Obama-Biden por parte la administración Trump. Y dejará claro que el gobierno federal no debe usar instalaciones privadas para ninguna detención, incluyendo la de inmigrantes indocumentados. Biden también eliminará las cárceles privadas y todos los demás métodos de obtención de ganancias excesivas del encarcelamiento, incluyendo programas recreativos, fianza comercial y monitoreo electrónico, un requisito para su nuevo programa estatal y local de subvenciones de prevención. Finalmente, Biden apoyará la aprobación de la legislación que termine con las prácticas de las empresas privadas que cobran a las personas encarceladas y a sus familias tarifas exorbitantes para hacer llamadas.
Responderá a las necesidades únicas de las mujeres encarceladas. Las mujeres tienen inherentemente diferentes necesidades básicas de atención médica que los hombres encarcelados. Biden va a condicionar la recepción de fondos federales de justicia criminal a la provisión adecuada de atención primaria y ginecológica para las mujeres, incluyendo las mujeres embarazadas. La administración Biden también revisará la eficacia de los programas que permiten a los delincuentes no violentos que son los principales proveedores para sus hijos cumplir sus condenas a través de monitoreo en el hogar.
Prometió garantizará condiciones humanas de reclusión. Biden cree que ningún acto puede justificar el trato inhumano de un individuo en manos del gobierno. Como presidente, Biden solicitará una revisión de las prácticas inhumanas de las prisiones. Comenzará poniendo fin al uso del aislamiento, con excepciones muy limitadas, como proteger la vida de una persona encarcelada. Y, requerirá que los estados solucionen los problemas de salud ambiental en las cárceles, como la falta de agua limpia y aire limpio. Alentará a los estados a recopilar información suficiente para que podamos establecer políticas de justicia penal basadas en evidencia y eliminar las disparidades. La información es una herramienta poderosa para arrojar luz y estimular la acción para abordar los sesgos en nuestro sistema de justicia penal, pero no tenemos datos suficientes para comprender completamente estos sesgos. Por ejemplo, la gran mayoría de los estados no recopilan ni reportan información sobre el origen étnico de las personas que interactúan con el sistema de justicia penal. Esto conduce a una falta de información sobre cómo el sistema afecta a la comunidad hispana . La administración Biden alentará a los estados a agregar información sobre el origen étnico a su recopilación de datos de justicia penal.
JUSTICIA JUVENIL
Como presidente, Biden dará prioridad a la reforma del sistema de justicia juvenil para asegurar de dar a más niños una segunda oportunidad de alcanzar su potencial. Su administración desarrollará e implementará políticas en este espacio basándose en la retroalimentación de niños y adultos jóvenes que interactuaron con el sistema de justicia penal siendo niños.
Para empezar, la administración Biden invertirá mil millones de dólares por año en la reforma de justicia juvenil. Una de las herramientas más importantes del gobierno federal para configurar la política de justicia juvenil es a través de programas de subvenciones para financiar e incentivar la acción estatal. La Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia permite a los estados utilizar fondos para propósitos como proporcionar a los niños representación legal y ayudarles a sellar y eliminar los registros. A cambio de tomar estos fondos, los estados tienen que cumplir requisitos como prohibir que los niños sean encarcelados en instalaciones donde interactúen con adultos encarcelados y abordar la representación desproporcionada de niños de color en el sistema de justicia juvenil. El Congreso recientemente volvió a autorizar esta Ley a un nivel de financiamiento de $176 millones de dólares anuales, pero solo se apropiaron $60 millones de dólares en fondos para el año fiscal 2019. Como presidente, Biden presionará para obtener la financiación total de la Ley y luego irá más allá, invirtiendo un total de mil millones de dólares anuales para reformar nuestro sistema de justicia juvenil. Incentivará a los estados para que dejen de encarcelar a los niños. Podemos reducir la población de jóvenes encarcelados apoyando alternativas basadas en la comunidad al encarcelamiento, como orientación, asesoría y empleos. Esto no significa brazaletes de tobillo, sino apoyo en persona para nuestros hijos. Con este fin, el presidente Biden creará un nuevo programa de subvenciones para alentar a los estados a colocar a los jóvenes no violentos en alternativas comunitarias a la prisión, y readaptar las cárceles vacías para el beneficio de la comunidad, de forma que no puedan ser utilizadas en el futuro para detenciones. Esta iniciativa comenzará como un programa piloto de $100 millones de dólares en 15-30 estados y condados. Para recibir este financiamiento de subvención, las localidades deberán llevar a la mesa a los jóvenes y las comunidades afectadas mientras desarrollan planes para reducir el encarcelamiento de menores. Ampliará la financiación para programas para después de la escuela, centros comunitarios y trabajos de verano para mantener a los jóvenes activos, ocupados, aprendiendo y divirtiéndose. Biden incrementará la inversión federal en programas que creen espacios seguros y acogedores para que los niños pasen tiempo cuando no estén en la escuela. Biden también creará un programa nacional ampliado de empleos de verano para adultos jóvenes para que tengan la oportunidad de mantenerse ocupados, obtener ingresos y aprender nuevas habilidades. Pondrá fin al uso de la detención como castigo por delitos de estatus. Miles de menores interactúan con nuestro sistema de justicia cada año simplemente porque cometen un acto ilícito que sería legal si fueran mayores. Los niños terminan encarcelados por actos como ausentismo escolar, uso de alcohol y violaciones al toque de queda. Biden agregará a los programas de subsidios de justicia juvenil un requisito de que los estados eliminen la detención como un castigo por delitos de estatus, y en cambio, se aseguren de que estos jóvenes participen en servicios comunitarios, programas de fuerza laboral, asesoría y terapia, según sea necesario.
La promesa de terminar con el trayecto de la escuela a la prisión enfocándose en la prevención es un paso de riesgo. Biden afirma que se centrará en invertir en prevención en nuestras escuelas. Comenzará duplicando el número de profesionales de la salud mental en nuestras escuelas para que los psicólogos, consejeros y trabajadores sociales, no nuestro sistema de justicia penal, aborden los desafíos emocionales y de comportamiento. Además, restablecerá las guías de la administración Obama-Biden para ayudar a las escuelas a hacer frente al alto número de suspensiones y expulsiones que afectan a los estudiantes de color a un ritmo mayor que a los estudiantes blancos. Dará a los niños una verdadera segunda oportunidad protegiendo los registros juveniles. Un objetivo fundamental del sistema de justicia juvenil es dar a los menores que cometen delitos la posibilidad real de alcanzar su pleno potencial como adultos. Pero, no pueden hacerlo si sus antecedentes penales se hacen públicos o son accesibles de alguna manera que limite su ingreso a la educación y/o empleos. En estados de todo el país, las protecciones para los registros juveniles son inadecuadas. Biden agregará a los programas existentes de subsidios de justicia juvenil un requisito para que los estados y las localidades tomen medidas para proteger estos registros, incluyendo la eliminación automática y el sellado de los registros juveniles. Un violador menor de edad, potencialmente puede ser su vecino y usted no saberlo.
III. OFRECER SEGUNDAS OPORTUNIDADES
Biden cree en la redención. Después de que las personas encarceladas cumplan su condena, deberían tener la oportunidad de reintegrarse plenamente a la sociedad, ganarse la vida y participar en nuestra democracia como nuestros conciudadanos. No solo los beneficiará a ellos, sino también a toda la sociedad. Asimismo, es nuestra mejor estrategia para reducir la reincidencia.
El presidente Biden establecerá un objetivo nacional de garantizar que el 100% de las personas previamente encarceladas tengan vivienda al reingresar a la sociedad. Si los individuos encarcelados no encuentran vivienda al reingresar a la sociedad, la falta de esta puede ser completamente desestabilizadora y podría limitar su probabilidad de permanecer exitosamente fuera del sistema de justicia penal y alcanzar su potencial. Biden se esforzará por lograr el objetivo de garantizar que el 100% de las personas previamente encarceladas, a nivel federal y estatal, tengan vivienda al momento de su liberación. Comenzará dirigiendo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos a solo contratar entidades que estén abiertas a dar alojamiento a personas que buscan una segunda oportunidad. Y aumentará la financiación para viviendas de transición, la cual ha sido drásticamente recortada bajo el gobierno de Trump.
Se debe buscar medidas basadas en la evidencia para erradicar los delitos violentos persistentes. Los delincuentes violentos deben ser responsabilizados y los sobrevivientes deben tener acceso a apoyo para enfrentar las consecuencias físicas, psicológicas y financieras de la violencia sin embargo, el presidente Biden contraatacará el aumento de los delitos de odio. La cantidad de delitos de odio en los Estados Unidos alcanzó un máximo de cinco años en 2016, y luego aumentó otro 17% en 2017. Biden enfrentará el aumento de los delitos de odio a través del liderazgo moral, dejando en claro que el veneno no tiene lugar en los Estados Unidos. Estados Y, bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia dará prioridad al procesamiento de los delitos de odio. Revitalizará el patrullaje orientado a la comunidad. El patrullaje funciona mejor cuando los oficiales salen de sus cruceros y caminan por las calles, se involucran y conocen a los miembros de sus comunidades. Pero para hacer eso, los departamentos de policía necesitan recursos para contratar a un número suficiente de oficiales. Biden encabezó el programa de Servicios de Patrullaje Orientados a la Comunidad (COPS, por sus siglas en inglés), que autorizó la financiación tanto para la contratación de oficiales de policía adicionales como para la capacitación sobre cómo emprender un enfoque de patrullaje comunitario. Sin embargo, el programa nunca ha sido financiado para cumplir con la visión original del patrullaje comunitario. Biden revitalizará el programa COPS con una inversión de $300 millones de dólares. Como condición de la subvención, la contratación de oficiales de policía debe reflejar la diversidad racial de la comunidad a la que sirven. Además, como presidente, Biden establecerá un panel para examinar qué equipo utiliza la policía en nuestras comunidades. Como objetivo Biden aseguró que va a derrotar a la Asociación Nacional del Rifle. En los próximos meses, Biden también detallará su plan para enfrentar la epidemia de salud pública de la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos, comenzando con verificaciones universales de antecedentes y prohibiciones de armas de asalto y tambores de gran capacidad. El plan de Biden para reducir la violencia con armas de fuego hará frente no solo a los tiroteos en masa, sino también a los actos diarios de violencia con armas de fuego que no ocupan los titulares nacionales. Biden ha vencido a la Asociación Nacional del Rifle en el escenario nacional dos veces antes. Como presidente, volverá a derrotar a la NRA (Asociación Nacional del Rifle, por sus siglas en inglés). El presidente enfrentara tambien a la enmienda del derecho a portar armas de los ciudadans.
El Biden Candidato proetió combatir la violencia contra las mujeres. Como autor original de la Ley de Violencia contra las Mujeres, Biden trabajará para volver a autorizar y continuar fortaleciendo la Ley, acelerando el progreso en la disminución de la violencia contra las mujeres y las niñas y brindando apoyo a las sobrevivientes. En los próximos meses presentará un plan detallado sobre este tema. Biden prometió ayudar a los sobrevivientes de la violencia, a las comunidades que sufren violencia y a los servicios de emergencia, haciendo frente a los impactos del trauma. La violencia causatrauma en nuestras comunidades, que afectan no solo a las víctimas de la violencia, sino también a sus comunidades y a los socorristas. Y, la violencia puede tener un impacto traumático en una generación. El temor a los tiroteos escolares está teniendo un impacto notable sobre la salud mental de la Generación Z. Además de ampliar los fondos para el tratamiento tradicional de salud mental y duplicar el número de profesionales de salud mental en nuestras escuelas, Biden tomará tres acciones clave para abordar el trauma causado por la violencia. Primero, financiará un proyecto de demostración para ayudar a las escuelas a buscar enfoques no tradicionales para curar traumas, como el arte y los deportes. En segundo lugar, indicará al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos realizar una revisión exhaustiva de todos los programas federales para identificar cómo pueden estar más informados sobre el trauma y apoyar a los sobrevivientes de la violencia. En tercer lugar, Biden trabajará para aumentar el límite de financiación para los programas de la Ley de Víctimas de Delitos y reemplazar con financiamiento directo cualquier pérdida de ingresos para el programa debido a las propuestas en este paquete. Los programas de la Ley de Víctimas de Delitos financian apoyo para ayudar a las víctimas de delitos a pagar gastos que incluyen: costos médicos y dentales, terapia, pérdida de salarios y gastos de alojamiento temporal que resulten del delito.
Por último, entre los problemas inmediatos, Biden -como se comprometió- deberá solucionar el problema de los indocumentados, algo que ni siquiera pasó por su mente cuando era vicepresidente de la nación norteamericana. Ocho años en el poder sin resoluciones. ¿Cuatro años para conseguirlo o Biden vendió nuevamente espejitos de colores?
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Igualdad, equidad, justicia: estas ideas forman el credo estadounidense. Nunca se ha estado a la altura y no siempre se ha hecho bien, pero nunca se dejó de intentar. Esto es especialmente cierto cuando se trata del sistema de justicia penal.
Actualmente, muchas personas están encarceladas en los Estados Unidos, y muchas de ellas son personas de color. Para construir comunidades seguras y saludables, se debe repensar a quién enviamos a la cárcel, cómo se trata a los que están en la cárcel y cómo se le ayuda a obtener la atención médica, la educación, los empleos y la vivienda que necesitan para reincorporarse con éxito a la sociedad después de cumplir sus sentencias. Como presidente electo, Joe Biden prometió fortalecer el compromiso de Estados Unidos con la justicia y reformará el sistema de justicia penal.
El Plan Biden para fortalecer el compromiso de Estados Unidos con la justicia se basa en varios principios básicos, como reducir el número de personas encarceladas en este país y al mismo tiempo reducir la delincuencia. Nadie debe ser encarcelado solo por el consumo de drogas. En cambio, las personas deben ser dirigidas a tribunales que tratan con personas involucradas con las drogas y recibir tratamiento. Reducir el número de individuos encarcelados disminuirá el gasto federal penal. Estos ahorros deben ser reinvertidos en las comunidades afectadas por el encarcelamiento masivo. El sistema de justicia penal no puede ser justo a menos que se erradique del sistema las disparidades raciales, de género y con base en el ingreso. Las madres y los padres Afro-Americanos deben sentirse tranquilos de que sus hijos están seguros caminando por las calles de Estados Unidos y cuando un oficial de policía se pone la insignia de proteccion y sale por la puerta, la familia del oficial debe saber que volverá a casa al final del día. Además, las mujeres y los niños se ven afectados de manera única por el sistema de justicia penal, y este debe abordar sus necesidades únicas. El Sistema de justicia penal debe estar enfocado en la redención y la rehabilitación. Asegurarse de que los
individuos previamente encarcelados tengan la oportunidad de ser miembros productivos de nuestra sociedad no solo es lo correcto, sino que también hará crecer la economía. Este es sin dudas un arduo trabajo. Ciertos estudios indican que un 11% de la población carcelaria están atrapados por tecncismos. Es decir más de 250,000 personas estarían aguardando que sus casos sean revisados.
Biden prometió además prevención de la delincuencia y proporcionando oportunidades para todos. La eliminación de las disparidades raciales y garantizando sentencias justas. El ofrecimiento de segundas oportunidades. La reducción de la violencia en nuestras comunidades y apoyando a los sobrevivientes de la violencia.
Prevenir el crimen es la mejor manera de hacer que nuestras comunidades sean más seguras y reducir el encarcelamiento. La evidencia -según Biden- dice que ciertas experiencias de vida están fuertemente correlacionadas con una mayor probabilidad de encarcelamiento futuro. El porcentaje de niñas en nuestro sistema de justicia juvenil que tienen un historial de abuso físico o sexual podría ser tan alto como 80% o 90%. Aproximadamente 1 de cada 4 niños que viven en un hogar temporal interactuarán con el sistema de justicia penal tan solo dos años después de salir del cuidado temporal. Las personas privadas de la libertad tienen menores niveles de alfabetización que las personas no involucradas en el sistema de justicia penal. Demasiadas personas con trastornos de salud mental o de uso de sustancias terminan en la cárcel.
Biden asegura que abordar estos factores subyacentes para brindar oportunidades para todos y prevenir el crimen y el encarcelamiento.
Enfocarse en abordar estos factores subyacentes no solo es lo correcto, también es bueno para las comunidades y la economía. Le cuesta al gobierno federal cerca de $100 dólares por día mantener a alguien en una prisión federal. Y esa cantidad de dólares no comienza a capturar “el verdadero costo del encarcelamiento” – emocional y financiero– sobre las familias cuyos seres queridos están encarcelados. Este monto en dólares no captura las formas en que el encarcelamiento masivo puede desgarrar el tejido de una comunidad. Y, no captura el impacto económico de eliminar a los individuos encarcelados de la fuerza laboral.
El Plan Biden promete cambiar el enfoque del país del encarcelamiento a la prevención. Como presidente, Biden creará un nuevo programa de subvenciones competitivas de $20 mil millones de dólares para alentar a los estados a pasar del encarcelamiento a la prevención. Para acelerar la reforma de la justicia penal a nivel estatal y local, Biden creará un nuevo programa de subvenciones inspirado en una propuesta del Centro Brennan. Los estados, condados y ciudades recibirán fondos para invertir en esfuerzos comprobados para reducir la delincuencia y el encarcelamiento, incluyendo aquellos para enfrentar algunos de los factores relacionados con el encarcelamiento, como el analfabetismo y el abuso infantil. Para recibir esta financiación, los estados deberán eliminar los mínimos obligatorios para los delitos no violentos, instituir programas de créditos obtenidos y tomar otras medidas para reducir las tasas de encarcelamiento sin afectar la seguridad pública. El presidente Biden invertirá en oportunidades educativas para todos. Para crear verdaderamente la oportunidad y enfrentar uno de los impulsores subyacentes del delito, el presidente Biden se asegurará de que el futuro de ningún niño esté determinado por su código postal, el ingreso de los padres, la raza o la discapacidad. Comenzará haciendo el pre-K (jardín de infantes) disponible para todos los niños de tres y cuatro años. Triplicará los fondos para el Título I, el programa federal que financia escuelas con un alto porcentaje de estudiantes de familias de bajos ingresos. Esto eliminará la brecha de financiamiento entre los distritos blancos y no blancos, y los distritos ricos y pobres. Biden también se asegurará de que todos los estudiantes de preparatoria se gradúen con créditos avanzados o con un diploma de la industria en el bolsillo. Y, hará que los centros de estudios superiores sean gratuitos para los estudiantes que califiquen. Ampliará la financiación federal para la investigación y los servicios de salud mental y trastornos de uso de sustancias. Las personas que experimentan problemas de salud mental y trastornos por el uso de sustancias deben tener acceso a atención médica de calidad y asequible mucho antes de que sus situaciones se intensifiquen e interactúen con el sistema de justicia penal. El Plan Biden ampliará la cobertura del seguro médico para que más estadounidenses tengan acceso a tratamiento, garantizará el cumplimiento de las leyes de igualdad de la salud mental y ampliará los fondos para los servicios de salud mental. Además, Biden duplicará el número de psicólogos, consejeros, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud en nuestras escuelas para que nuestros hijos reciban la atención de salud mental que necesitan. Biden dice que las personas que deberían recibir apoyo con servicios sociales, en lugar de estar en nuestras prisiones, logren conectar con la ayuda que necesitan. Con demasiada frecuencia, las personas que necesitan atención de salud mental o rehabilitación por un trastorno por uso de sustancias no reciben la atención que necesitan. En cambio, terminan teniendo interacciones con la policía que las llevan al encarcelamiento. Lo mismo es cierto para las personas sin hogar. Eso no es justo para esas personas y tampoco para los oficiales de policía. Para cambiar la naturaleza de estas interacciones, la administración Biden financiará iniciativas para asociar a expertos en salud mental y trastornos del uso de sustancias, trabajadores sociales y defensores de la discapacidad, con los departamentos de policía. Estos proveedores de servicios capacitarán a los oficiales de policía para reducir la intensidad de las interacciones con personas con graves trastornos emocionales antes de que se vuelvan violentas. También ayudarán a los oficiales de policía a aprender cómo acercarse mejor a las personas con ciertas discapacidades, como aquellas con autismo o que sean sordas, para que los malos entendidos no lleven al encarcelamiento. Estos proveedores de servicios responderán a las llamadas junto con los oficiales de policía para que las personas que no deban estar en el sistema de justicia penal sean desviadas al tratamiento necesario por temas de adicción o problemas de salud mental, o se les proporcione la vivienda u otros servicios sociales que puedan necesitar. Al momento, suena como destinos de dinero y no “como hacerlo”. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas…
Biden enfrentará las demandas de organizaciones en cuato a las disparidades raciales y con base en los ingresos en nuestro sistema de justicia y eliminar las sentencias demasiado severas para los delitos no violentos. Como presidente, Biden dice que Ampliará y usará el poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para abordar la conducta indebida sistémica en los departamentos de policía y las oficinas de los fiscales. Utilizando la autoridad en la legislación encabezada por Biden como senador, el Departamento de Justicia de Obama-Biden usó investigaciones de patrones o prácticas y decretos de consentimiento para abordar las circunstancias de “conducta indebida sistémica de la policía” y para “restaurar la confianza entre la policía y las comunidades” en ciudades como Ferguson. Sin embargo, el Departamento de Justicia del gobierno de Trump ha limitado el uso de esta herramienta. Por ejemplo, bajo la administración Trump, los decretos de consentimiento entre el Departamento de Justicia y los departamentos de policía ahora deben ser firmados por un representante político del Departamento. Y, el Departamento de Justicia ha establecido un límite arbitrario en cuanto a la duración de dichos decretos de consentimiento, independientemente de que se justifique la finalización del acuerdo. Bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia usará nuevamente su autoridad para erradicar el patrullaje inconstitucional o ilegal. La administración Biden revertirá las limitaciones establecidas por el presidente Trump, y Biden designará a los líderes del Departamento de Justicia que darán prioridad al uso de investigaciones de patrones o prácticas para fortalecer nuestro sistema de justicia. Además, Biden presionará para que la legislación aclare que esta autoridad de investigación de patrón o práctica también pueda ser utilizada para abordar la conducta indebida sistémica por parte de las oficinas de los fiscales.
Biden establecerá un grupo de trabajo independiente sobre la discreción respecto a las acusaciones. Las decisiones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con respecto a cuándo arrestar, cuándo acusar y qué cargos presentar son puntos de decisión críticos en nuestro sistema de justicia penal. Los cargos, por ejemplo, pueden impactar dramáticamente no solo la sentencia con la que alguien termina, sino también si están obligados a tomar una declaración de culpabilidad. La administración Biden creará un nuevo grupo de trabajo, ubicado afuera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para hacer recomendaciones para enfrentar la discriminación y otros problemas en nuestro sistema de justicia que resultan de las decisiones de arresto e imputación. El nuevo mandatario invertirá en las oficinas de los defensores públicos para garantizar el acceso de los acusados a abogados de calidad. Para crear un sistema de justicia penal más justo, debemos asegurarnos de que las personas que no pueden pagar un abogado tengan una representación de calidad. Y, el acceso a un abogado debe estar disponible a partir del momento en que alguien comparezca ante un juez. En este momento, los recursos y el apoyo de los defensores son demasiado descentralizados y de difícil acceso. Y, como el presidente electo Biden sabe, por su propia experiencia tras dejar un bufete de abogados para ser un defensor público, la disparidad salarial de los fiscales y los defensores limita la capacidad de las oficinas de los defensores para reclutar a los mejores y más brillantes. Como presidente, Biden informa que ampliará el esfuerzo Obama-Biden para ampliar los recursos para las oficinas de los defensores públicos. También eliminará los mínimos obligatorios. Biden apoya el fin de los mínimos obligatorios. Como presidente, trabajará para que se apruebe una legislación que derogue los mínimos obligatorios a nivel federal. Y, dará a los estados incentivos para derogar sus mínimos obligatorios. Terminará, de una vez por todas, la disparidad federal de cocaína en polvo y crack. La administración Obama-Biden redujo con éxito la disparidad injustificada entre las penas del crack y la cocaína en polvo. La administración Biden eliminará completamente esta disparidad, como el entonces senador Biden propuso en 2007. Y, Biden se asegurará de que este cambio se aplique de forma retroactiva. Despenalizará el uso del cannabis y eliminará automáticamente todas las condenas anteriores por consumo de cannabis. Biden cree que nadie debería estar en la cárcel por el uso de cannabis. Como presidente, despenalizará el consumo de cannabis y eliminará automáticamente las condenas anteriores. Además, apoyará la legalización de la mariguana con fines médicos, dejando las decisiones relacionadas con la legalización para uso recreativo a los estados y reformulará el cannabis como un medicamento de tipo II para que los investigadores puedan estudiar sus impactos positivos y negativos. Pondrá fin a todos los encarcelamientos solo por el uso de drogas y, en cambio, dirigirá a las personas a los tribunales de drogas y tratamiento. Biden cree que nadie debe ser encarcelado solo por el uso de drogas ilegales. En cambio, Biden requerirá que los tribunales federales deriven a estos individuos a los tribunales de drogas para que reciban tratamiento para tratar su trastorno de uso de sustancias. Incentivará a los estados para que implementen los mismos requisitos. Y, ampliará los fondos para las cortes federales, estatales y locales de drogas.
BidenaAmpliará otras alternativas efectivas a la detención. El gobierno de Biden también adoptará un enfoque basado en la evidencia para aumentar la financiación federal para otras alternativas a los tribunales de detención y programas relacionados para personas convictas por delitos no violentos, como tribunales de veteranos y cortes para delincuentes juveniles. Eliminará la pena de muerte. Más de 160 personas condenadas a muerte en este país desde 1973 han sido exoneradas posteriormente. Debido a que no es fácil de acertar en todos los casos de pena de muerte, Biden trabajará para aprobar una legislación que elimine la pena de muerte a nivel federal e incentive a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal. Estas personas deberían, en cambio, cumplir cadena perpetua sin libertad condicional ni bajo palabra. Usará el poder de clemencia del presidente para asegurar la liberación de individuos que enfrentan sentencias excesivamente largas por ciertos delitos no violentos y de drogas. Para tener en cuenta es verdad que el presidente Obama usó su poder de clemencia más que cualquiera de los 10 presidentes anteriores. Biden continuará esta tradición y utilizará ampliamente su poder de clemencia para ciertos delitos no violentos y relacionados con las drogas. Obama y sus perdones no se limitaron a delitos no violentos o relacionados con drogas, sino a fuertes fraudes financieros cometidos contra el Estado.
Biden Terminará con la fianza en efectivo: La fianza en efectivo es la prisión actual de los deudores. El sistema de fianza en efectivo encarcela a los presuntos inocentes y perjudica desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos. Biden dirigirá un esfuerzo nacional para poner fin a la fianza en efectivo y reformará el sistema preventivo estableciendo, en cambio, uno que sea justo y no inyecte más discriminación o sesgo en el proceso.
Responderá a las necesidades únicas de las mujeres encarceladas. Las mujeres tienen inherentemente diferentes necesidades básicas de atención médica que los hombres encarcelados. Biden va a condicionar la recepción de fondos federales de justicia criminal a la provisión adecuada de atención primaria y ginecológica para las mujeres, incluyendo las mujeres embarazadas. La administración Biden también revisará la eficacia de los programas que permiten a los delincuentes no violentos que son los principales proveedores para sus hijos cumplir sus condenas a través de monitoreo en el hogar.
Prometió garantizará condiciones humanas de reclusión. Biden cree que ningún acto puede justificar el trato inhumano de un individuo en manos del gobierno. Como presidente, Biden solicitará una revisión de las prácticas inhumanas de las prisiones. Comenzará poniendo fin al uso del aislamiento, con excepciones muy limitadas, como proteger la vida de una persona encarcelada. Y, requerirá que los estados solucionen los problemas de salud ambiental en las cárceles, como la falta de agua limpia y aire limpio. Alentará a los estados a recopilar información suficiente para que podamos establecer políticas de justicia penal basadas en evidencia y eliminar las disparidades. La información es una herramienta poderosa para arrojar luz y estimular la acción para abordar los sesgos en nuestro sistema de justicia penal, pero no tenemos datos suficientes para comprender completamente estos sesgos. Por ejemplo, la gran mayoría de los estados no recopilan ni reportan información sobre el origen étnico de las personas que interactúan con el sistema de justicia penal. Esto conduce a una falta de información sobre cómo el sistema afecta a la comunidad hispana . La administración Biden alentará a los estados a agregar información sobre el origen étnico a su recopilación de datos de justicia penal.
Como presidente, Biden dará prioridad a la reforma del sistema de justicia juvenil para asegurar de dar a más niños una segunda oportunidad de alcanzar su potencial. Su administración desarrollará e implementará políticas en este espacio basándose en la retroalimentación de niños y adultos jóvenes que interactuaron con el sistema de justicia penal siendo niños.
Para empezar, la administración Biden invertirá mil millones de dólares por año en la reforma de justicia juvenil. Una de las herramientas más importantes del gobierno federal para configurar la política de justicia juvenil es a través de programas de subvenciones para financiar e incentivar la acción estatal. La Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia permite a los estados utilizar fondos para propósitos como proporcionar a los niños representación legal y ayudarles a sellar y eliminar los registros. A cambio de tomar estos fondos, los estados tienen que cumplir requisitos como prohibir que los niños sean encarcelados en instalaciones donde interactúen con adultos encarcelados y abordar la representación desproporcionada de niños de color en el sistema de justicia juvenil. El Congreso recientemente volvió a autorizar esta Ley a un nivel de financiamiento de $176 millones de dólares anuales, pero solo se apropiaron $60 millones de dólares en fondos para el año fiscal 2019. Como presidente, Biden presionará para obtener la financiación total de la Ley y luego irá más allá, invirtiendo un total de mil millones de dólares anuales para reformar nuestro sistema de justicia juvenil. Incentivará a los estados para que dejen de encarcelar a los niños. Podemos reducir la población de jóvenes encarcelados apoyando alternativas basadas en la comunidad al encarcelamiento, como orientación, asesoría y empleos. Esto no significa brazaletes de tobillo, sino apoyo en persona para nuestros hijos. Con este fin, el presidente Biden creará un nuevo programa de subvenciones para alentar a los estados a colocar a los jóvenes no violentos en alternativas comunitarias a la prisión, y readaptar las cárceles vacías para el beneficio de la comunidad, de forma que no puedan ser utilizadas en el futuro para detenciones. Esta iniciativa comenzará como un programa piloto de $100 millones de dólares en 15-30 estados y condados. Para recibir este financiamiento de subvención, las localidades deberán llevar a la mesa a los jóvenes y las comunidades afectadas mientras desarrollan planes para reducir el encarcelamiento de menores. Ampliará la financiación para programas para después de la escuela, centros comunitarios y trabajos de verano para mantener a los jóvenes activos, ocupados, aprendiendo y divirtiéndose. Biden incrementará la inversión federal en programas que creen espacios seguros y acogedores para que los niños pasen tiempo cuando no estén en la escuela. Biden también creará un programa nacional ampliado de empleos de verano para adultos jóvenes para que tengan la oportunidad de mantenerse ocupados, obtener ingresos y aprender nuevas habilidades. Pondrá fin al uso de la detención como castigo por delitos de estatus. Miles de menores interactúan con nuestro sistema de justicia cada año simplemente porque cometen un acto ilícito que sería legal si fueran mayores. Los niños terminan encarcelados por actos como ausentismo escolar, uso de alcohol y violaciones al toque de queda. Biden agregará a los programas de subsidios de justicia juvenil un requisito de que los estados eliminen la detención como un castigo por delitos de estatus, y en cambio, se aseguren de que estos jóvenes participen en servicios comunitarios, programas de fuerza laboral, asesoría y terapia, según sea necesario.
La promesa de terminar con el trayecto de la escuela a la prisión enfocándose en la prevención es un paso de riesgo. Biden afirma que se centrará en invertir en prevención en nuestras escuelas. Comenzará duplicando el número de profesionales de la salud mental en nuestras escuelas para que los psicólogos, consejeros y trabajadores sociales, no nuestro sistema de justicia penal, aborden los desafíos emocionales y de comportamiento. Además, restablecerá las guías de la administración Obama-Biden para ayudar a las escuelas a hacer frente al alto número de suspensiones y expulsiones que afectan a los estudiantes de color a un ritmo mayor que a los estudiantes blancos. Dará a los niños una verdadera segunda oportunidad protegiendo los registros juveniles. Un objetivo fundamental del sistema de justicia juvenil es dar a los menores que cometen delitos la posibilidad real de alcanzar su pleno potencial como adultos. Pero, no pueden hacerlo si sus antecedentes penales se hacen públicos o son accesibles de alguna manera que limite su ingreso a la educación y/o empleos. En estados de todo el país, las protecciones para los registros juveniles son inadecuadas. Biden agregará a los programas existentes de subsidios de justicia juvenil un requisito para que los estados y las localidades tomen medidas para proteger estos registros, incluyendo la eliminación automática y el sellado de los registros juveniles. Un violador menor de edad, potencialmente puede ser su vecino y usted no saberlo.
III. OFRECER SEGUNDAS OPORTUNIDADES
Biden cree en la redención. Después de que las personas encarceladas cumplan su condena, deberían tener la oportunidad de reintegrarse plenamente a la sociedad, ganarse la vida y participar en nuestra democracia como nuestros conciudadanos. No solo los beneficiará a ellos, sino también a toda la sociedad. Asimismo, es nuestra mejor estrategia para reducir la reincidencia.
El presidente Biden establecerá un objetivo nacional de garantizar que el 100% de las personas previamente encarceladas tengan vivienda al reingresar a la sociedad. Si los individuos encarcelados no encuentran vivienda al reingresar a la sociedad, la falta de esta puede ser completamente desestabilizadora y podría limitar su probabilidad de permanecer exitosamente fuera del sistema de justicia penal y alcanzar su potencial. Biden se esforzará por lograr el objetivo de garantizar que el 100% de las personas previamente encarceladas, a nivel federal y estatal, tengan vivienda al momento de su liberación. Comenzará dirigiendo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos a solo contratar entidades que estén abiertas a dar alojamiento a personas que buscan una segunda oportunidad. Y aumentará la financiación para viviendas de transición, la cual ha sido drásticamente recortada bajo el gobierno de Trump.
Se debe buscar medidas basadas en la evidencia para erradicar los delitos violentos persistentes. Los delincuentes violentos deben ser responsabilizados y los sobrevivientes deben tener acceso a apoyo para enfrentar las consecuencias físicas, psicológicas y financieras de la violencia sin embargo, el presidente Biden contraatacará el aumento de los delitos de odio. La cantidad de delitos de odio en los Estados Unidos alcanzó un máximo de cinco años en 2016, y luego aumentó otro 17% en 2017. Biden enfrentará el aumento de los delitos de odio a través del liderazgo moral, dejando en claro que el veneno no tiene lugar en los Estados Unidos. Estados Y, bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia dará prioridad al procesamiento de los delitos de odio. Revitalizará el patrullaje orientado a la comunidad. El patrullaje funciona mejor cuando los oficiales salen de sus cruceros y caminan por las calles, se involucran y conocen a los miembros de sus comunidades. Pero para hacer eso, los departamentos de policía necesitan recursos para contratar a un número suficiente de oficiales. Biden encabezó el programa de Servicios de Patrullaje Orientados a la Comunidad (COPS, por sus siglas en inglés), que autorizó la financiación tanto para la contratación de oficiales de policía adicionales como para la capacitación sobre cómo emprender un enfoque de patrullaje comunitario. Sin embargo, el programa nunca ha
sido financiado para cumplir con la visión original del patrullaje comunitario. Biden revitalizará el programa COPS con una inversión de $300 millones de dólares. Como condición de la subvención, la contratación de oficiales de policía debe reflejar la diversidad racial de la comunidad a la que sirven. Además, como presidente, Biden establecerá un panel para examinar qué equipo utiliza la policía en nuestras comunidades. Como objetivo Biden aseguró que va a derrotar a la Asociación Nacional del Rifle. En los próximos meses, Biden también detallará su plan para enfrentar la epidemia de salud pública de la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos, comenzando con verificaciones universales de antecedentes y prohibiciones de armas de asalto y tambores de gran capacidad. El plan de Biden para reducir la violencia con armas de fuego hará frente no solo a los tiroteos en masa, sino también a los actos diarios de violencia con armas de fuego que no ocupan los titulares nacionales. Biden ha vencido a la Asociación Nacional del Rifle en el escenario nacional dos veces antes. Como presidente, volverá a derrotar a la NRA (Asociación Nacional del Rifle, por sus siglas en inglés). El presidente enfrentara tambien a la enmienda del derecho a portar armas de los ciudadans.
El Biden Candidato proetió combatir la violencia contra las mujeres. Como autor original de la Ley de Violencia contra las Mujeres, Biden trabajará para volver a autorizar y continuar fortaleciendo la Ley, acelerando el progreso en la disminución de la violencia contra las mujeres y las niñas y brindando apoyo a las sobrevivientes. En los próximos meses presentará un plan detallado sobre este tema. Biden prometió ayudar a los sobrevivientes de la violencia, a las comunidades que sufren violencia y a los servicios de emergencia, haciendo frente a los impactos del trauma. La violencia causatrauma en nuestras comunidades, que afectan no solo a las víctimas de la violencia, sino también a sus comunidades y a los socorristas. Y, la violencia puede tener un impacto traumático en una generación. El temor a los tiroteos escolares está teniendo un impacto notable sobre la salud mental de la Generación Z. Además de ampliar los fondos para el tratamiento tradicional de salud mental y duplicar el número de profesionales de salud mental en nuestras escuelas, Biden tomará tres acciones clave para abordar el trauma causado por la violencia. Primero, financiará un proyecto de demostración para ayudar a las escuelas a buscar enfoques no tradicionales para curar traumas, como el arte y los deportes. En segundo lugar, indicará al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos realizar una revisión exhaustiva de todos los programas federales para identificar cómo pueden estar más informados sobre el trauma y apoyar a los sobrevivientes de la violencia. En tercer lugar, Biden trabajará para aumentar el límite de financiación para los programas de la Ley de Víctimas de Delitos y reemplazar con financiamiento directo cualquier pérdida de ingresos para el programa debido a las propuestas en este paquete. Los programas de la Ley de Víctimas de Delitos financian apoyo para ayudar a las víctimas de delitos a pagar gastos que incluyen: costos médicos y dentales, terapia, pérdida de salarios y gastos de alojamiento temporal que resulten del delito.
Por último, entre los problemas inmediatos, Biden -como se comprometió- deberá solucionar el problema de los indocumentados, algo que ni siquiera pasó por su mente cuando era vicepresidente de la nación norteamericana. Ocho años en el poder sin resoluciones. ¿Cuatro años para conseguirlo o Biden vendió nuevamente espejitos de colores?
PrisioneroEnArgentinacom
Noviembre 6, 2020