En el editorial del 30 de junio se describe la persecución que sufre un grupo de oficiales y suboficiales del Regimiento de Infantería 5 (RI5), por su desempeño en la Guerra de Malvinas. Nacido con la Patria en 1810, el RI5 fue desplegado, durante dicha guerra, en la isla Gran Malvina, y sus 1500 integrantes, hoy veteranos de guerra (VGM), cumplieron su misión bajo bombardeo británico y aislados de Puerto Argentino.
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El 9 de mayo el buque Isla de los Estados, que transportaba pertrechos para el regimiento, fue hundido frente a las posiciones del mismo, perdiendo la vida sus veintidós tripulantes. Los soldados del RI5 se mantuvieron unidos y operando, a pesar de no haber recibido suministros por más de cincuenta días, a la intemperie, en un clima extremo, por lo cual, sin excepción, pasaron hambre y frío.
Los admiradores de los terroristas de los 70 hoy se proponen mancillar la gesta de Malvinas estigmatizando a los soldados como víctimas, lo que constituye un insulto para quienes combatieron y dieron su vida por la Patria, en 1982. Este relato la presenta como un mero plan criminal, sistemático y generalizado, de tortura, violación de los derechos humanos y asesinato de soldados conscriptos, lo que habilita a la acusación de oficiales y suboficiales por delitos de lesa humanidad (DLH), relato en el cual la fuerza de tareas británica no existe. Tuve la oportunidad de participar de reuniones de VGM, quienes, sin distinción de jerarquías ni grados, desmienten los hechos denunciados, los cuales, además de una mentira, son un mensaje devastador para las Fuerzas Armadas, que compromete la defensa nacional. Los máximos responsables de la conducción de la Guerra de Malvinas fueron juzgados y condenados, hace más de 30 años.
Fiscal Marcelo A. Rapoport
El juez Lijo, la Cámara Federal Penal de Comodoro Rivadavia, la Sala I de la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia ya se expidieron respecto de estos inexistentes DLH, en fallos firmes, con carácter de cosa juzgada, todos exculpatorios para los acusados. No obstante, un fiscal de Justicia Legítima, el doctor Rapoport, volvió a la carga y solicitó al juez, doctor Calvete, en Río Grande, la detención e indagatoria de veintiséis oficiales y suboficiales del RI5. Existen numerosas pruebas que demuestran que los testigos y las presuntas víctimas fueron incentivados a mentir con la promesa de un resarcimiento económico.
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Editorial de LA NACIÓN.
Malvinas: absurda persecución
(30 de Junio, 2018)
Es necesario acatar la palabra de la Justicia y no permitir que se usen acusaciones con oscuros fines contra oficiales
Otra denuncia penal presentada recientemente procura sostener que en el transcurso de la Guerra de Malvinas algunos de nuestros oficiales y suboficiales habrían torturado a soldados argentinos bajo sus órdenes. Que los habrían estaqueado y sometido a graves privaciones de comida y abrigo. Todo eso derivaría en presuntos delitos de lesa humanidad.
Uno de los casos emblemáticos en la materia, el del hoy retirado teniente primero Jorge Eduardo Taranto, permite inferir claramente que detrás de tal tipo de denuncias se mueven una vez más, como motivación esencial, espurios intereses económicos. Se puede afirmar eso en virtud de que en este delicado ejemplo hay similitudes con los excesos incurridos en alto número entre las decenas de miles de indemnizaciones pagadas al amparo de las llamadas leyes reparatorias. Estas tuvieron inicialmente como objeto compensar las muertes, desapariciones, torturas y detenciones ocurridas como parte del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
Las indemnizaciones fueron luego extendidas, complementadas y ampliadas por otras leyes al período que abarca desde el 16 de junio de 1955 hasta el 9 de diciembre de 1983. Y, finalmente, con sospechosa liberalidad, por vía administrativa, pagadas incluso a terroristas juzgados, condenados y con penas cumplidas por diversos delitos aberrantes que deberían haber sido considerados de lesa humanidad. También ha habido compensaciones pagadas a miles de presuntas víctimas de “exilios forzosos”.
Recordemos que el propio presidente Macri manifestó en una oportunidad: “Conmigo se acaban los curros en derechos humanos”. Es, pues, razonable que se exija en esta nueva situación la mayor transparencia y haya suficiente alerta para evitar nuevos e inadmisibles excesos.
El teniente primero (R.) Taranto, junto con otros oficiales y suboficiales, han sido destinatarios de una seguidilla ininterrumpida e interminable de demandas dirigidas a demostrar la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad durante la Guerra del Atlántico Sur, de 1982. Los responsables de tales persecuciones han sido identificados. Sus móviles tendrían connotaciones no solo económicas, sino también ideológicas y políticas.
Taranto ya fue juzgado en dos oportunidades y resultó sobreseído en el primer caso. Pero los embates judiciales han continuado con causas iniciadas en juzgados federales emplazados en distintos lugares del país, en lo que aparenta ser una maniobra selectiva: la nefasta práctica del forum shopping, o sea, la deliberada elección de un juez determinado.
En la segunda causa por los mismos delitos y con los mismos imputados, la Cámara de Casación hizo lugar al recurso de prescripción de la acción penal a favor de todos los demandados. Se excluyó del beneficio, sin embargo, al mencionado exoficial. Por una sentencia, se precisó que los supuestos crímenes investigados -y nunca probados- no constituían delitos de lesa humanidad. El fallo de Casación no fue recurrido ni apelado. A su vez, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a todos los imputados, Taranto incluido.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio carácter de cosa juzgada a la sentencia en favor del teniente primero Taranto (R.) y de los demás oficiales y suboficiales involucrados en las denuncias. No obstante lo cual, la persecución no cesa. Quienes los siguen acosando han reabierto la causa original, tratando con ello de evitar o demorar una previsible condena adversa en una acción iniciada por el mencionado exoficial.
Ocurre que los presuntamente “estaqueados” y “torturados” negaron las acusaciones y confesaron, en cambio, haber sido sometidos a presiones y tentaciones deleznables para que falsearan testimonios a fin de facilitar el logro de una “reparación histórica” monetaria.
Por lo demás, ha quedado ampliamente probado que las presuntas víctimas nunca estuvieron a las órdenes del entonces subteniente Taranto, quien celebró su 24º cumpleaños en la isla Gran Malvina, durante la guerra. Su desempeño permitió que los cinco suboficiales y 33 soldados clase 1962, a sus órdenes, volvieran al continente vivos, aunque marcados para siempre por la guerra.
Los perversos manejos en torno de las acusaciones descriptas tienen muchas similitudes con los episodios ocurridos alrededor del caso Maldonado. En el fondo, este debería ser uno de los capítulos de la investigación abierta hace poco por un fiscal, a fin de llegar a establecer las razones del estado de degradación de recursos de todo orden en el que se encuentran las Fuerzas Armadas.
Sin una sociedad que tome conciencia del acorralamiento sistemático en el que han sido puestas las Fuerzas Armadas hace muchos años, la Argentina carecerá del sistema eficiente y respetado de defensa nacional que prevé la Constitución nacional. Y se prolongarán en esa atmósfera actitudes temerarias como las que aquí mencionamos.
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A esto hemos llegado en la Argentina, sin que nuestras autoridades nacionales atinen a desenmascarar a los responsables de estas denuncias, como sé se hizo en el caso Maldonado, al que esta felonía multiplica por cien. La sed de venganza de los pretendidos querellantes solo quedaría saciada si las Fuerzas Armadas fueran humana y espiritualmente exterminadas, lo que jamás sucederá. A los 649 caídos en Malvinas les debemos un tributo de honor y gloria, por eso debemos denunciar estos relatos infames y enfrentar, unidos, en paz y libertad, los desafíos del presente, esfuerzo imprescindible para rescatar a la Argentina de su decadencia, ganar la batalla del progreso y de ese modo ser merecedores del legado de nuestros héroes.
En el editorial del 30 de junio se describe la persecución que sufre un grupo de oficiales y suboficiales del Regimiento de Infantería 5 (RI5), por su desempeño en la Guerra de Malvinas. Nacido con la Patria en 1810, el RI5 fue desplegado, durante dicha guerra, en la isla Gran Malvina, y sus 1500 integrantes, hoy veteranos de guerra (VGM), cumplieron su misión bajo bombardeo británico y aislados de Puerto Argentino.
[ezcol_2fifth]El 9 de mayo el buque Isla de los Estados, que transportaba pertrechos para el regimiento, fue hundido frente a las posiciones del mismo, perdiendo la vida sus veintidós tripulantes. Los soldados del RI5 se mantuvieron unidos y operando, a pesar de no haber recibido suministros por más de cincuenta días, a la intemperie, en un clima extremo, por lo cual, sin excepción, pasaron hambre y frío.
Los admiradores de los terroristas de los 70 hoy se proponen mancillar la gesta de Malvinas estigmatizando a los soldados como víctimas, lo que constituye un insulto para quienes combatieron y dieron su vida por la Patria, en 1982. Este relato la presenta como un mero plan criminal, sistemático y generalizado, de tortura, violación de los derechos humanos y asesinato de soldados conscriptos, lo que habilita a la acusación de oficiales y suboficiales por delitos de lesa humanidad (DLH), relato en el cual la fuerza de tareas británica no existe. Tuve la oportunidad de participar de reuniones de VGM, quienes, sin distinción de jerarquías ni grados, desmienten los hechos denunciados, los cuales, además de una mentira, son un mensaje devastador para las Fuerzas Armadas, que compromete la defensa nacional. Los máximos responsables de la conducción de la Guerra de Malvinas fueron juzgados y condenados, hace más de 30 años.
Fiscal Marcelo A. Rapoport
El juez Lijo, la Cámara Federal Penal de Comodoro Rivadavia, la Sala I de la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia ya se expidieron respecto de estos inexistentes DLH, en fallos firmes, con carácter de cosa juzgada, todos exculpatorios para los acusados. No obstante, un fiscal de Justicia Legítima, el doctor Rapoport, volvió a la carga y solicitó al juez, doctor Calvete, en Río Grande, la detención e indagatoria de veintiséis oficiales y suboficiales del RI5. Existen numerosas pruebas que demuestran que los testigos y las presuntas víctimas fueron incentivados a mentir con la promesa de un resarcimiento económico.
[/ezcol_2fifth] [ezcol_3fifth_end]Editorial de LA NACIÓN.
Malvinas: absurda persecución
(30 de Junio, 2018)
Es necesario acatar la palabra de la Justicia y no permitir que se usen acusaciones con oscuros fines contra oficiales
Otra denuncia penal presentada recientemente procura sostener que en el transcurso de la Guerra de Malvinas algunos de nuestros oficiales y suboficiales habrían torturado a soldados argentinos bajo sus órdenes. Que los habrían estaqueado y sometido a graves privaciones de comida y abrigo. Todo eso derivaría en presuntos delitos de lesa humanidad.
Uno de los casos emblemáticos en la materia, el del hoy retirado teniente primero Jorge Eduardo Taranto, permite inferir claramente que detrás de tal tipo de denuncias se mueven una vez más, como motivación esencial, espurios intereses económicos. Se puede afirmar eso en virtud de que en este delicado ejemplo hay similitudes con los excesos incurridos en alto número entre las decenas de miles de indemnizaciones pagadas al amparo de las llamadas leyes reparatorias. Estas tuvieron inicialmente como objeto compensar las muertes, desapariciones, torturas y detenciones ocurridas como parte del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
Recordemos que el propio presidente Macri manifestó en una oportunidad: “Conmigo se acaban los curros en derechos humanos”. Es, pues, razonable que se exija en esta nueva situación la mayor transparencia y haya suficiente alerta para evitar nuevos e inadmisibles excesos.
El teniente primero (R.) Taranto, junto con otros oficiales y suboficiales, han sido destinatarios de una seguidilla ininterrumpida e interminable de demandas dirigidas a demostrar la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad durante la Guerra del Atlántico Sur, de 1982. Los responsables de tales persecuciones han sido identificados. Sus móviles tendrían connotaciones no solo económicas, sino también ideológicas y políticas.
Taranto ya fue juzgado en dos oportunidades y resultó sobreseído en el primer caso. Pero los embates judiciales han continuado con causas iniciadas en juzgados federales emplazados en distintos lugares del país, en lo que aparenta ser una maniobra selectiva: la nefasta práctica del forum shopping, o sea, la deliberada elección de un juez determinado.
En la segunda causa por los mismos delitos y con los mismos imputados, la Cámara de Casación hizo lugar al recurso de prescripción de la acción penal a favor de todos los demandados. Se excluyó del beneficio, sin embargo, al mencionado exoficial. Por una sentencia, se precisó que los supuestos crímenes investigados -y nunca probados- no constituían delitos de lesa humanidad. El fallo de Casación no fue recurrido ni apelado. A su vez, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a todos los imputados, Taranto incluido.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio carácter de cosa juzgada a la sentencia en favor del teniente primero Taranto (R.) y de los demás oficiales y suboficiales involucrados en las denuncias. No obstante lo cual, la persecución no cesa. Quienes los siguen acosando han reabierto la causa original, tratando con ello de evitar o demorar una previsible condena adversa en una acción iniciada por el mencionado exoficial.
Ocurre que los presuntamente “estaqueados” y “torturados” negaron las acusaciones y confesaron, en cambio, haber sido sometidos a presiones y tentaciones deleznables para que falsearan testimonios a fin de facilitar el logro de una “reparación histórica” monetaria.
Por lo demás, ha quedado ampliamente probado que las presuntas víctimas nunca estuvieron a las órdenes del entonces subteniente Taranto, quien celebró su 24º cumpleaños en la isla Gran Malvina, durante la guerra. Su desempeño permitió que los cinco suboficiales y 33 soldados clase 1962, a sus órdenes, volvieran al continente vivos, aunque marcados para siempre por la guerra.
Los perversos manejos en torno de las acusaciones descriptas tienen muchas similitudes con los episodios ocurridos alrededor del caso Maldonado. En el fondo, este debería ser uno de los capítulos de la investigación abierta hace poco por un fiscal, a fin de llegar a establecer las razones del estado de degradación de recursos de todo orden en el que se encuentran las Fuerzas Armadas.
Sin una sociedad que tome conciencia del acorralamiento sistemático en el que han sido puestas las Fuerzas Armadas hace muchos años, la Argentina carecerá del sistema eficiente y respetado de defensa nacional que prevé la Constitución nacional. Y se prolongarán en esa atmósfera actitudes temerarias como las que aquí mencionamos.
A esto hemos llegado en la Argentina, sin que nuestras autoridades nacionales atinen a desenmascarar a los responsables de estas denuncias, como sé se hizo en el caso Maldonado, al que esta felonía multiplica por cien. La sed de venganza de los pretendidos querellantes solo quedaría saciada si las Fuerzas Armadas fueran humana y espiritualmente exterminadas, lo que jamás sucederá. A los 649 caídos en Malvinas les debemos un tributo de honor y gloria, por eso debemos denunciar estos relatos infames y enfrentar, unidos, en paz y libertad, los desafíos del presente, esfuerzo imprescindible para rescatar a la Argentina de su decadencia, ganar la batalla del progreso y de ese modo ser merecedores del legado de nuestros héroes.
General de Brigada (R.) José Luis Figueroa
Exjefe del Regimiento de Infantería 5
Envío y colaboración: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 15,2018
Tags: Derechos Humanos, Gral. José Luis Figueroa, Guerra de MalvinasRelated Posts
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