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Los demócratas se encuentran instalados en el poder no sólo en la Casa Blanca, sino también en el Capitolio, con este espectro el régimen de Venezuela ha movilizado a sus aliados en la escena internacional, prioritariamente a través del llamado Grupo de Puebla, para conseguir un aligeramiento del duro régimen de sanciones impuestas por Donald Trump en sus cuatro años como presidente. Los integrantes del Grupo de Puebla, entre los que hay dirigentes y políticos iberoamericanos en activividad y ya retirados, están haciendo servir sus viejos contactos con el Partido Demócrata y los veteranos de la Administración Obama para que Joe Biden acepte negociar con  Nicolás Maduro y posponga una solución política a la crisis, en detrimento de los opositores que en este momento encabeza Juan Guaidó.

De momento, la Casa Blanca y el Departamento de Estado guardan silencio sobre cuál será su política de sanciones hacia el chavismo. Pero la portavoz de Biden, Jen Psaki, preguntada por Venezuela esta semana, dijo que “si bien el objetivo primordial de EE.UU. es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela por medio de elecciones libres y justas, el enfoque de esta Administración hacia Venezuela se centrará en abordar la situación humanitaria, proporcionando apoyo al pueblo venezolano”. En su primera comparecencia como jefe diplomático de EE.UU., el miércoles, el secretario de Estado Anthony Blinken no se refirió a Venezuela ni al régimen de sanciones.

El argumento que defienden los aliados de Maduro en la escena internacional es que la magnitud de la crisis humanitaria de Venezuela, con más de cinco millones de exiliados en plena pandemia de coronavirus, justifica que se demore cualquier solución política al conflicto, lo que implicaría reconocer al régimen chavista de nuevo, al menos de facto, y entablar comunicación con él. Según dijo recientemente un representante registrado en Washington de uno de los dirigentes de ese grupo, el objetivo es que la Administración Biden de prioridad a la solución de la crisis humanitaria y la defensa de los derechos humanos, pero dejando de lado la línea argumental del equipo de Trump de que sólo la marcha de Maduro y su cúpula permitiría abrir un proceso de transición previo a unas elecciones.

Son integrantes del Grupo de Puebla, entre otros, el presidente de Argentina, Alberto Fernández; los ex mandatarios brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff; el ex presidente y ex vicepresidente de Bolivia, Evo Morales y Álvaro García-Linera; Alicia Bárcena; la ministra de Igualdad de España, Irene Montero; el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, cuya sede está en Chile.

Este viernes tuvo lugar el V encuentro del Grupo de Puebla, en el que además participó el presidente de Argentina, Alberto Fernández; la ministra española de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Los integrantes de ese foro están preparando un manifiesto que difundirán brevemente.

En especial, el expresidente español Zapatero ha defendido en numerosos encuentros privados la conveniencia de retirar las sanciones, que según él hacen a EE.UU. responsable principal de la crisis humanitaria venezolana. Es el mismo Zapatero el integrante del Grupo de Puebla con lazos más estrechos con el aparato chavista, amigo personal de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y presidente la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas irregulares del pasado 6 de diciembre. Según varias personas que han hablado con Zapatero en meses pasados, este ha dicho que confía en poder influir al menos en parte sobre la Administración Biden dado que conoce a este personalmente, de cuando él era presidente del Gobierno y el último, vicepresidente. De hecho, Biden visitó Madrid en 2010 y se vio con Zapatero entonces.

Preguntado por la prensa, Zapatero dijo: “Ni tengo conocimiento ni he participado en una iniciativa concreta con otros lideres internacionales en relación con las sanciones a Venezuela ante funcionarios o políticos de EE.UU. Apoyé, como es público, el manifiesto del Grupo de Puebla del 29 de diciembre de 2020 sobre el acceso a la vacuna contra la COVID-19 en Venezuela”.

Maduro y sus aliados también hacen labores de lobby o presión política directamente en Washington. Ya en marzo de 2020 el propio régimen chavista invirtió en un posible cambio de Gobierno en EE.UU. en las elecciones que iban a tener lugar ocho meses después, y le pagó más de cuatro millones de euros a la firma Amsterdam & Partners por representar al procurador general venezolano, Reinaldo Muñoz Pedroza, con el fin de brindar asesoramiento con respecto a las sanciones impuestas a la República Bolivariana de Venezuela por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) y desarrollar e implementar una estrategia para persuadir a la OFAC de que mitigue o elimine las sanciones, incluidos contactos con los funcionarios relevantes de la OFAC u otros funcionarios del Tesoro.

Curiosamente,  tras ese pago millonario, Amsterdam & Partners informó al Gobierno estadounidense de que antes de noviembre, mes de las elecciones, no mantuvo contacto alguno con funcionarios estadounidenses en relación a las sanciones en nombre del procurador venezolano, algo que era el objeto del mismo contrato. Este, según documentos revisados por este diario, sigue vigente.

También ha habido organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que han sido críticas con las sanciones y su efecto. Es el caso de Human Rights Watch, cuyo director de la división de las Américas director de la División de las Américas dice: “A pesar de incluir una excepción humanitaria, estas sanciones podrían exacerbar la gravísima situación humanitaria que ya existe en Venezuela, debido tanto al riesgo de un cumplimiento más riguroso de lo necesario como a que las sanciones reducen los recursos disponibles para que el gobierno pueda abordar la crisis. No está claro en qué medida las sanciones efectivamente tienen este impacto, ni si el gobierno habría usado recursos adicionales para ayudar a la población”.

En realidad EE.UU. lleva imponiendo sanciones sobre el régimen chavista desde hace 15 años. Pero ha sido durante los cuatro años de Trump cuando esas sanciones se han multiplicado e intensificado. Hoy por hoy, hay, según dicen fuentes diplomáticas, penalizaciones activas contra 166 funcionarios venezolanos y se impide la entrada a EE.UU. a más de mil personas. Las sanciones dependen del Ejecutivo, y no han sido respaldadas unánimemente por el legislativo. Es más, ha habido una nutrida lista de diputados y senadores demócratas que las han criticado por diversos motivos, entre ellos el hecho de que han aislado a Maduro y lo han empujado a los brazos de Rusia e Irán, ambas potencias autoritarias con una creciente presencial militar en Venezuela.

En el año 2020 el Grupo de Puebla circuló internamente una lista de senadores demócratas, muy influyentes en la nueva Administración, como probables defensores de un levantamiento de sanciones desde dentro de Washington. Son todos demócratas: Chistopher S. Murphy y Richard Blumenthal, de Connecticut; Chris Van Hollen y Benjamin Cardin, de Maryland; Tom Caper, de Delaware; Tim Kaine, de Virginia; Tom Udall, de Nuevo México; Patrick Leahy, de Vermont; Sherrod Brown, de Ohio; Brian Schatz, de Hawái; Jeffrey A. Merkley, de Oregon.

Tras que se circulara esa lista por primera vez, se sucedieron las críticas entre varios de ellos al régimen de sanciones aprobado por Trump. Por ejemplo, el senador Murphy sometió al que era enviado especial de EE.UU. para Venezuela con Trump, Elliott Abrams, a un duro interrogatorio en una vista oral en la Comisión de Exteriores del Senado en la que dijo, abiertamente: “Nuestra política en Venezuela ha sido un desastre absoluto. Y si no somos honestos sobre eso, entonces no podemos autocorregirnos. Debemos admitir que nuestra gran apuesta, reconocer a Guaidó desde el principio y luego actuar rápidamente para implementar las sanciones no ha funcionado, así de sencillo”.

Pedro Burelli, un veterano e influyente opositor al chavismo afincado en Washington, disiente de este enfoque. “Hay un problema que pareciera que el mundo por comodidad o cobardía cree que la solución a un secuestro de un país es que los ciudadanos negocien su libertad con los secuestradores, y eso niega la realidad de que el secuestro ocurre por una simetría de fuerzas y por lo tanto la negociación tiene que ser entre un grupo de países muy fuertes, muy unidos, con los secuestradores. Está claro que este no es solo político, pero no es sólo humanitario. Es los dos”.

 

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PrisioneroEnArgentina.com

Enero 31, 2021

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