https://www.infobae.com/politica/2019/07/07/german-garavano-si-gana-el-kirchnerismo-va-a-intentar-una-reforma-constitucional/ “Son muy preocupantes las declaraciones.También su reciente visita a Lula en la cárcel. El mensaje que están mandado es que la política está por encima de la Justicia. ‘Yo estoy por encima de la ley, genero impunidad con una Justicia propia, y si es necesario modifico la Constitución o le meto presión a los jueces con tal de conseguir mi objetivo”, afirma el ministro de (in)justicia Germán Garavano, en referencia a las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández.
El Sr Garavano tiene una confusa interpretación de la realidad porque las ilegalidades que denuncia existen hoy en el gobierno de Macri y no en una futura administración. “La política en la justicia, la impunidad y la presión a los jueces”, son métodos y acciones actuales.
Así en una entrevista del 15 mayo pasado, al ser consultado sobre la decisión de la CSJN de solicitar los autos principales con carácter de urgente al TOF 5, diligencia que retrasa el inicio del proceso oral de la Sra. Kirchner, el miembro del gobierno nacional, expresó que:
“Es un fallo muy inusual. Tiene un condimento político muy grande. Es una decisión de la Corte muy escueta. Lo que preocupa es que esto impide la realización de un juicio oral y nuestra Justicia siempre ha tenido una tendencia a no hacer los juicios orales. Ese es uno de los grandes déficits”
Es decir que el ministro Garavano reconoce que la política influye en las decisiones de justicia y al no modificarse esa situación la misma continua a la fecha. La conducta incalificable del fiscal Stornelli se inscribe en ese contexto porque desafía impunemente la justicia por voluntad del poder político.
La política si está por encima de la Justicia no solo por la corrupción e impunidad de los jueces o las alianzas de magistrados con el poder político, es la percepción de la sociedad y lo manifestó oportunamente el presidente de la CSJN. La mal llamada política de estado de los derechos humanos es ante todo una decisión política y no jurídica como lo demuestran las orientaciones al Procurador General de la Nación afín de cumplir con las directivas del Poder Ejecutivo en los ilegales juicios de lesa humanidad y así determinar a quienes juzgar y a quienes no. “Los jueces sufren la crisis de legitimidad y la pérdida de confianza de la sociedad argentina” lo recordó el Dr. Carlos Rosenkrantz en el discurso de apertura del año judicial 2019.
Hay impunidad en la Justicia porque los jueces violan abiertamente principios de legalidad, constitucionalidad, convencionalidad de más de 3000 personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad. A esos prisioneros políticos, que representan un grupo nacional particular, se les aplica la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas, la excepcionalidad de procedimientos. No se les reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso.
La presión de los jueces proviene de los sectores radicalizados, la opinión pública, del poder ejecutivo, asociaciones politizadas, es decir que, por interés político, económico u otros, los fallos son según el beneficio de terceros y poco importa los derechos humanos de las personas juzgadas. La justicia se mide según la presión de la calle, las manifestaciones, la influencia de los medios…y los jueces son sensibles (por interés) a esas demandas. Rarísimos jueces no aceptaron las presiones políticas y renunciaron a sus puestos. Los jueces no son víctimas, no son la solución, son el problema judicial en Argentina.
¿En el espíritu del ministro de (in)justicia si gana la formula Fernández-Fernández en las próximas elecciones, la situación de los Prisioneros Políticos va a ser aún peor? Paris, 09 julio 2019. CasppaFrance
El Sr Garavano tiene una confusa interpretación de la realidad porque las ilegalidades que denuncia existen hoy en el gobierno de Macri y no en una futura administración. “La política en la justicia, la impunidad y la presión a los jueces”, son métodos y acciones actuales.
Así en una entrevista del 15 mayo pasado, al ser consultado sobre la decisión de la CSJN de solicitar los autos principales con carácter de urgente al TOF 5, diligencia que retrasa el inicio del proceso oral de la Sra. Kirchner, el miembro del gobierno nacional, expresó que:
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Es decir que el ministro Garavano reconoce que la política influye en las decisiones de justicia y al no modificarse esa situación la misma continua a la fecha. La conducta incalificable del fiscal Stornelli se inscribe en ese contexto porque desafía impunemente la justicia por voluntad del poder político.
La política si está por encima de la Justicia no solo por la corrupción e impunidad de los jueces o las alianzas de magistrados con el poder político, es la percepción de la sociedad y lo manifestó oportunamente el presidente de la CSJN. La mal llamada política de estado de los derechos humanos es ante todo una decisión política y no jurídica como lo demuestran las orientaciones al Procurador General de la Nación afín de cumplir con las directivas del Poder Ejecutivo en los ilegales juicios de lesa humanidad y así determinar a quienes juzgar y a quienes no. “Los jueces sufren la crisis de legitimidad y la pérdida de confianza de la sociedad argentina” lo recordó el Dr. Carlos Rosenkrantz en el discurso de apertura del año judicial 2019.
Hay impunidad en la Justicia porque los jueces violan abiertamente principios de legalidad, constitucionalidad, convencionalidad de más de 3000 personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad. A esos prisioneros políticos, que representan un grupo nacional particular, se les aplica la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas, la excepcionalidad de procedimientos. No se les reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso.
La presión de los jueces proviene de los sectores radicalizados, la opinión pública, del poder ejecutivo, asociaciones politizadas, es decir que, por interés político, económico u otros, los fallos son según el beneficio de terceros y poco importa los derechos humanos de las personas juzgadas. La justicia se mide según la presión de la calle, las manifestaciones, la influencia de los medios…y los jueces son sensibles (por interés) a esas demandas. Rarísimos jueces no aceptaron las presiones políticas y renunciaron a sus puestos. Los jueces no son víctimas, no son la solución, son el problema judicial en Argentina.
¿En el espíritu del ministro de (in)justicia si gana la formula Fernández-Fernández en las próximas elecciones, la situación de los Prisioneros Políticos va a ser aún peor? Paris, 09 julio 2019. CasppaFrance
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Julio 9, 2019
Tags: Alberto Fernández, Carlos RosenkrantzRelated Posts
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