Con motivo de la publicación del «Manual sobre el terrorismo de Estado en Argentina», Pagina 12 publicó la entrevista que el autor de ese panfleto, el juez federal Adrián Grünberg, acordó a la Sra. Luciana Bertoia periodista de ese medio, bajo el título “Hubo dos demonios: Jorge Rafael Videla y Emilio Massera“.
La Sra. Bertoia que poco le importa la Carta de Múnich u otros principios deontológicos del rol que debe ejercer el periodismo en una sociedad democrática, plural, adulta, realizó la entrevista de forma orientada y militante…para fijar principios ideológicos a sus lectores.
1- Sobre el inexistente concepto de Terrorismo de Estado que utiliza el autor de esa publicación: Se ha acuñado el concepto de” terrorismo de estado” con la pretensión de circunscribir tal falacia, para definir el combate en defensa de los valores democráticos, atacados por la acción armada de “grupos terroristas”. De ello surge palmariamente la clara intención de instalar en la opinión pública, la idea que, la violencia que sufrió la Argentina durante la década del 60/70, ha sido exclusivamente, causa y consecuencia de la actuación del Estado y solapadamente, inducir al olvido del sangriento accionar de la violencia terrorista.
Llama la atención que esta terminología, conceptualmente ideológica, y como se pretende demostrar más adelante, carente de legalidad, forme parte de los contenidos discursivos que pronuncian los integrantes de instituciones del propio Estado y aún, de la Justicia Argentina. Salvo que, quienes la utilizan se hallen inspirados por el deseo de difundir tal confusión.
La expresión “terrorismo de estado “es inadecuada por constituir una noción, falsa, impropia, sin sustento jurídico e inexistente desde la óptica de las ciencias jurídicas y sociales, ello así porque “terrorismo de estado” es un concepto político y no jurídico, por lo tanto, carece absolutamente de definición en el ámbito del derecho internacional público.
Los estados no pueden autodestruirse y varios autores confirman esta posición, a saber:
Los magistrados de la Audiencia Española al negar la extradición de la ex presidente María Estela Martínez de Perón solicitada por la justicia argentina, afirmaron que: “La expresión Terrorismo de Estado no existe, el Estado no puede subvertirse a sí mismo”2.
El secretario general de Naciones Unidas, expresó ante la Asamblea General3 que: “Ya es hora de dejar de lado los debates sobre el denominado Terrorismo de Estado. El uso de la fuerza por los Estados está ya totalmente reglamentado por el derecho internacional”, agregando que :
“constituye terrorismo toda acción encaminada a causar la muerte o un grave daño corporal a civiles o no combatientes con el fin de intimidar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer alguna cosa” y que “el derecho a resistir a la ocupación debe entenderse en su auténtico significado”4. Afirmando así en forma clara y precisa la inexistencia del terrorismo de Estado.
Adrián Grünberg, juez federal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de encuadrar el concepto de terrorismo dentro del marco del derecho internacional,incluye para caracterizar sus actores solamente las personas u organizaciones y no los Estados5. En esa misma perspectivas están los profesores Marco Sassòli y Lindy Rouillard, para quienes “…se podría excluir de la definición de terrorismo los actos atribuibles a los Estados e incluir aquellos realizados durante los conflictos armados…”6.
La Unión Europea para quien “…se consideran delitos de terrorismo los actos intencionados…que por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional… desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional…destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas…”7
La ONU definió el terrorismo como: “Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”8
La Sociedad de Naciones en 1937, en el proyecto de convención en la cual Argentina participo, definió el terrorismo en su artículo 1, inciso 2: «Cualquier acto criminal dirigido contra un estado y encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes de personas particulares, de un grupo de personas o del público en general.»9
El código penal argentino, determina en su artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Es decir, aterrorizar las autoridades públicas, el Estado, y no lo contrario.
Ninguna de esas convenciones, códigos o documentos de organizaciones internacionales menciona el Terrorismo de Estado como pretenden los defensores de ese concepto, con la clara intención de crear una conceptualización criminal ex-nihilo.
2-El juez Grünberg en su entrevista afirma en una sola frase tres imprecisiones o mentiras: «Siempre existieron estos discursos. La expresión negacionismo es bastante amplia. No solo tiene que ver con la impugnación del número de desaparecidos sino también con los que niegan que hayan existido crímenes de lesa humanidad y que afirman que fue una guerra o que hubo excesos. Son variados los personajes que se refieren a esto. También lo escuchamos en los juicios: en las declaraciones indagatorias, éstas son las excusas que han venido utilizando los enjuiciados».
a.
El Negacionismo no es lo que el juez Grünberg afirma: La palabra negacionismo fue creado por el historiador Henry Rousso en 1987 para designar la contestación de la realidad del genocidio contra los judíos por la Alemania nazi en la II GM o la minimización de los crímenes contra la humanidad condenados por el tribunal de Núremberg. Consiste a pretender que no hubo intención de exterminar los judíos, o que las cámaras de gas no existieron. La expresión negacionismo es precisa, definida, en espacio, y tiempo, en varios países europeos es un delito, en Argentina no. Utilizar la expresión negacionismo con fines únicamente ideológicos, políticos, es agraviar el pueblo judío y las otras víctimas del holocausto. Por extensión, se aplica en el genocidio armenio durante la I GM, el genocidio de Ruanda, les masacres practicados por los Khmer Rojos…
Pero el negacionista que dice no serlo utiliza la retórica del espantapájaros, es decir impone una historia oficial que en realidad es una historia falsa.
El argumento de negacionismo de los detentores de la historia oficial es en la práctica la negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, negando la existencia y responsabilidad de hechos. Es negar la verdadera historia de los 70 en Argentina. Es negar los actos terroristas, los crímenes y delitos de la lucha armada o de los que intentaron tomar por las armas el gobierno, que cometieron atentados, secuestraron, asesinaron…y hoy día se presentan como inocentes que solo querían un mundo mejor. En realidad, son verdaderos cobardes, falsos revolucionarios, puro oportunistas. No hacen honor a sus camaradas combatientes que armas en mano dieron sus vidas por una causa, una idea.
Es decir que con ese método utiliza un revisionismo10 político de la historia: porque busca imponer una verdad política-ideológica, prohíbe la confrontación democrática, histórica, jurídica de hechos existentes, politiza la historia y la duda razonable, fomenta el odio, la injusticia, la mentira. Crea un enemigo, busca controlar el pasado para controlar el presente y el futuro donde la moral remplace la historia y la justicia. Ese proyecto viola principios constitucionales, convencionales, el principio de libertad de expresión, de opinión, de pensar libremente sus ideas, censura toda actividad de investigación e interpretación histórica. Es una violación a los derechos humanos. Toda publicación opuesta a esa “verdad oficial”, seria contraria al diktat de los garantes de la mentira oficial.
Estos defensores de una tautología ideologizada aprovechan la impresión de una verdad para comunicar falsas ideas, sus argumentos son en realidad un sofisma con la finalidad de inducir en error a la sociedad y la comunidad internacional. Pese a esas mentiras, obtuvieron la decisión política de violar los principios constitucionales, convencionales y los derechos humanos de los actores socio-profesionales que en esa época no integraban los grupos terroristas. Es un crimen de Estado, se violan las obligaciones positivas.
El negacionismo, es negar, como política de Estado, los hechos históricos reales, concretos, es el ejemplo con el Manual sobre el Terrorismo en Argentina, es una violación de los derechos humanos que debe ser considerado crimen contra la humanidad ya que las víctimas son todos los miembros de la sociedad argentina.
Si la cifra de 30000 es una aproximación, significa que no es una realidad, no es la verdad jurídica ni histórica. Criticar o hasta oponerse a esa cifra es simplemente que no se puede afirmar una mentira como verdadera. Si se busca transferir la construcción de una verdad a supuestas precisiones que podrían aportar terceras personas para confirmar la cifra de 30000, es una hipótesis, pero no una verdad. Tampoco se puede afirmar una suposición como verdadera.
La inexistencia jurídica positivista de los crímenes de lesa humanidad pese a las afirmaciones ideológicas del juez Grünberg, porque actualmente, esos crímenes no existen en la norma interna argentina, por consecuencia no se puede negar algo que no existe., es una antinomia. Para este juez, afirmar como verdad la inexistencia de esos ilícitos simplemente son excusas que utilizan los imputados, cuando en realidad es una verdad jurídica. El orden jurídico internacional es preciso en estos aspectos el cual es respetado por 192 países integrantes de la ONU.
(los) que afirman que fue una Guerra; se interroga el juez Grünberg como postura negativa, pero se debe recordar que la justicia argentina afirmó que: «…Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como guerra revolucionaria...» (in Sentencia Causa 13/84 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal). Luego de ello, nadie de forma objetiva, racional e imparcial afirmó lo contrario. Es cierto que no hubo la declaración formal del Poder Ejecutivo previsto en el artículo 99, inciso 15 de la CN, pero no se puede ignorar la afirmación que realizó la justicia en el juicio a los comandantes. Si para el autor del “Manuel…” no hubo una guerra, ¿qué tipo de violencia armada existió en Argentina en ese periodo?, si deben ser considerados delitos políticos11 como lo interpretó la justicia de EEUU en un juicio de extradición solicitado por la Argentina, y que justicia debe intervenir.
3–Responsabilidad penal de los llamados insurgentes, en realidad terroristas. A la pregunta de la periodista:¿Qué piensa sobre el debate que busca poner el foco en la violencia insurgente?, el juez Grünberg, respondió: “Sus autores que, sin duda, cometieron delitos debieron ser juzgados entonces como correspondía. Esos delitos no pueden ser equiparados a los crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles”.
Sr. Grünberg, desde anterior a los años 70, los delitos cometidos por los integrantes de organizaciones terroristas, también pueden ser juzgado como autores de crímenes de lesa humanidad.
En el Acuerdo de Londres del 08 agosto 194512, para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra con su anexo, el estatuto del Tribunal Militar Internacional13, determina en:
El artículo 6 del Estatuto del TMI, sobre las competencias y principios generales, determinó que “El Tribunal establecido por el Acuerdo aludido en el Artículo 1 del presente para el enjuiciamiento y condena de los principales criminales de guerra del Eje Europeo estaráfacultado para juzgar y condenar a aquellas personas que, actuando en defensa de los intereses de los países del Eje Europeo, cometieron los delitos que constan a continuación, ya fuera individualmente o como miembros de organizaciones…” Es decir, no excluye civiles, particulares, grupo u organización, “…el Tribunal podrá declarar…que el grupo u organización a la que pertenecía la citada persona o personas era una organización criminal…”, (arts. 9-11).
Los principios de Núremberg a nivel internacional fueron reconocidos por las Resolución n° 3 (I) 13 febrero 194614 “...reconoce las definiciones de crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad del TMI,…”, la Resolución n° 95 (I), 11 diciembre 194615que confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg…”. La Argentina en numerosas resoluciones judiciales hace mención de estas referencias al juzgar delitos de lesa humanidad.
Conforme a las Convenciones de Ginebra: “está prohibido en todo tiempo y lugar los actos terroristas contra las personas que no participan directamente o ha dejado de participar en las hostilidades” (aterrorizar la población civil16) (artículo 4, inc. 2.d de dicho Protocolo II) y conforme al artículo 33 de la IV Convención de Ginebra; “toda medida de intimidación o de terrorismo están prohibidas...”. Por otra parte, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que las violaciones del artículo 4 del Protocolo adicional II eran consideradas desde hacía tiempo como crímenes según el derecho internacional consuetudinario17.
El Estatuto de Romaen su artículo 1° determina que: “…la Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”. Es decir que las personas, los particulares, pueden ser juzgados por la CPI en causas de lesa humanidad.
Finalmente,
El «Manual sobre el terrorismo de Estado en Argentina», es un panfleto, una verdadera amenaza a la educación cívica e histórica del país, es un manual de propaganda, de influencia a la juventud, pero el peligro es aún mayor porque se busca imponer como verdad histórica hechos inciertos. Intenta mostrar una hoja de ruta ideologizada, recordando la educación y los principios rectores impuestos en los países de Europa del Este bajo el periodo estalinista18. Esta publicación es el modelo perfecto de las 10 Reglas de lord Ponsonby19, en particular la última: “Quien dude de los nueves puntos precedentes es un enemigo y es un traidor”. Buenos Aires, 24abril2024. Prof. Mario Sandoval, Presidente Casppa-France.
Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. Art: 19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 19 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las Constituciones de países democráticos
1-Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF.
2Audiencia Nacional, 28 abril 2008, Sala Penal, auto n°8/2008, negativa extradición solicitada por la Argentina contra la ex presidenta María Estela Martínez viuda de Perón.
5Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 22 octubre 2002, parrafo12. http://www.cidh.org/terrorism/span/indice.htm Introducción, punto B.
6La définition de Terrorisme et Droit International Humanitaire, Marco Sassòli-Lindy Rouillard (2007) Revue québécoise de droit international (Hors-série)
7Consejo Europeo, articulo 1 de la Decisión Marco del 13 junio 2002 (2002/475/JAI)
10El revisionismo es una corriente ideológica que haciendo uso político de la historia, sin aceptar la actitud crítica y racional de esa disciplina, tiene como objetivo instalar una historia oficial, negando, minimizando o contestando, en el caso argentino, los atentados, secuestros, crímenes, delitos, cometidos por las organizaciones terroristas de los 70. El argumento de los revisionistas detentores de un relato es en la práctica la negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, no reconociendo la responsabilidad de hechos ni su existencia. Los medios de acción utilizados son, la propaganda, la manipulación, la desinformación, reemplazando a la Verdad, la Realidad con argumentos inexistentes o superficiales.
11 Delito Político in Vidal, Georges: « Cours de Droit Criminel… » Paris-(1901).
16-Población civil, articulo 50 del Protocolo I de 1977.
17-Secretario General de las Naciones Unidas, Informe sobre el establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona (ibíd., párr. 545)
18El cero y el infinito de Arthur Koestler. El pensamiento cautivo (ensayo sobre las logocracias populares) de Czesław Miłosz. El verdadero creyente de Eric Hoffer. Mi siglo de Alexander Wat….
19-Arthur Ponsonby: «La falsedad en tiempo de guerra: Las mentiras de la propaganda de la Primera Guerra Mundial” de 1928. En la cual expone cómo las naciones aprendieron a mentir no sólo al enemigo sino a sus propias poblaciones para hacer de la guerra una causa justificada.
EL MANUAL DE LAS MENTIRAS DEL JUEZ FEDERAL ADRIÁN GRÜNBERG.
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Con motivo de la publicación del «Manual sobre el terrorismo de Estado en Argentina», Pagina 12 publicó la entrevista que el autor de ese panfleto, el juez federal Adrián Grünberg, acordó a la Sra. Luciana Bertoia periodista de ese medio, bajo el título “Hubo dos demonios: Jorge Rafael Videla y Emilio Massera“.
La Sra. Bertoia que poco le importa la Carta de Múnich u otros principios deontológicos del rol que debe ejercer el periodismo en una sociedad democrática, plural, adulta, realizó la entrevista de forma orientada y militante…para fijar principios ideológicos a sus lectores.
1- Sobre el inexistente concepto de Terrorismo de Estado que utiliza el autor de esa publicación: Se ha acuñado el concepto de” terrorismo de estado” con la pretensión de circunscribir tal falacia, para definir el combate en defensa de los valores democráticos, atacados por la acción armada de “grupos terroristas”. De ello surge palmariamente la clara intención de instalar en la opinión pública, la idea que, la violencia que sufrió la Argentina durante la década del 60/70, ha sido exclusivamente, causa y consecuencia de la actuación del Estado y solapadamente, inducir al olvido del sangriento accionar de la violencia terrorista.
Llama la atención que esta terminología, conceptualmente ideológica, y como se pretende demostrar más adelante, carente de legalidad, forme parte de los contenidos discursivos que pronuncian los integrantes de instituciones del propio Estado y aún, de la Justicia Argentina. Salvo que, quienes la utilizan se hallen inspirados por el deseo de difundir tal confusión.
La expresión “terrorismo de estado “es inadecuada por constituir una noción, falsa, impropia, sin sustento jurídico e inexistente desde la óptica de las ciencias jurídicas y sociales, ello así porque “terrorismo de estado” es un concepto político y no jurídico, por lo tanto, carece absolutamente de definición en el ámbito del derecho internacional público.
Los estados no pueden autodestruirse y varios autores confirman esta posición, a saber:
“constituye terrorismo toda acción encaminada a causar la muerte o un grave daño corporal a civiles o no combatientes con el fin de intimidar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer alguna cosa” y que “el derecho a resistir a la ocupación debe entenderse en su auténtico significado”4. Afirmando así en forma clara y precisa la inexistencia del terrorismo de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de encuadrar el concepto de terrorismo dentro del marco del derecho internacional, incluye para caracterizar sus actores solamente las personas u organizaciones y no los Estados5. En esa misma perspectivas están los profesores Marco Sassòli y Lindy Rouillard, para quienes “…se podría excluir de la definición de terrorismo los actos atribuibles a los Estados e incluir aquellos realizados durante los conflictos armados…”6.
Ninguna de esas convenciones, códigos o documentos de organizaciones internacionales menciona el Terrorismo de Estado como pretenden los defensores de ese concepto, con la clara intención de crear una conceptualización criminal ex-nihilo.
2- El juez Grünberg en su entrevista afirma en una sola frase tres imprecisiones o mentiras: «Siempre existieron estos discursos. La expresión negacionismo es bastante amplia. No solo tiene que ver con la impugnación del número de desaparecidos sino también con los que niegan que hayan existido crímenes de lesa humanidad y que afirman que fue una guerra o que hubo excesos. Son variados los personajes que se refieren a esto. También lo escuchamos en los juicios: en las declaraciones indagatorias, éstas son las excusas que han venido utilizando los enjuiciados».
a.
El Negacionismo no es lo que el juez Grünberg afirma: La palabra negacionismo fue creado por el historiador Henry Rousso en 1987 para designar la contestación de la realidad del genocidio contra los judíos por la Alemania nazi en la II GM o la minimización de los crímenes contra la humanidad condenados por el tribunal de Núremberg. Consiste a pretender que no hubo intención de exterminar los judíos, o que las cámaras de gas no existieron. La expresión negacionismo es precisa, definida, en espacio, y tiempo, en varios países europeos es un delito, en Argentina no. Utilizar la expresión negacionismo con fines únicamente ideológicos, políticos, es agraviar el pueblo judío y las otras víctimas del holocausto. Por extensión, se aplica en el genocidio armenio durante la I GM, el genocidio de Ruanda, les masacres practicados por los Khmer Rojos…
3– Responsabilidad penal de los llamados insurgentes, en realidad terroristas. A la pregunta de la periodista: ¿Qué piensa sobre el debate que busca poner el foco en la violencia insurgente?, el juez Grünberg, respondió: “Sus autores que, sin duda, cometieron delitos debieron ser juzgados entonces como correspondía. Esos delitos no pueden ser equiparados a los crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles”.
Sr. Grünberg, desde anterior a los años 70, los delitos cometidos por los integrantes de organizaciones terroristas, también pueden ser juzgado como autores de crímenes de lesa humanidad.
Finalmente,
El «Manual sobre el terrorismo de Estado en Argentina», es un panfleto, una verdadera amenaza a la educación cívica e histórica del país, es un manual de propaganda, de influencia a la juventud, pero el peligro es aún mayor porque se busca imponer como verdad histórica hechos inciertos. Intenta mostrar una hoja de ruta ideologizada, recordando la educación y los principios rectores impuestos en los países de Europa del Este bajo el periodo estalinista18. Esta publicación es el modelo perfecto de las 10 Reglas de lord Ponsonby19, en particular la última: “Quien dude de los nueves puntos precedentes es un enemigo y es un traidor”. Buenos Aires, 24abril2024. Prof. Mario Sandoval, Presidente Casppa-France.
Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. Art: 19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 19 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las Constituciones de países democráticos
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Abril 25, 2024