El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, impulsa una política de drogas que incluye operativos militares en América Latina, a pesar de que la historia solo demuestran una sucesión de fracasos y logros exiguos en este tipo de estrategias. Desde que asumió por segunda vez como presidente, el pasado 20 de enero, Trump y sus funcionarios reforzaron una retórica belicista contra el narcotráfico.”Vamos a borrar a los cárteles de la faz de la Tierra”, advirtió en julio el llamado ‘zar de la frontera’, Tom Homan. Es lo mismo que prometió el fallecido expresidente de EE.UU., Richard Nixon, a principios de los años 70, cuando declaró una ‘guerra contra las drogas’ basada en la criminalización de los usuarios, el prohibicionismo de las sustancias y la militarización del combate a las organizaciones criminales.
Cinco décadas después, EE.UU. no terminó con las drogas, mucho menos con los cárteles. Los informes anuales de Naciones Unidas demuestran que hoy hay más sustancias, más baratas, más accesibles y con mayor potencia. El consumo interno aumentó tanto que el territorio estadounidense ha enfrentado epidemias consecutivas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Sus armas terminan en manos de los cárteles mexicanos. Sus bancos lavan millones de dólares del narco. Pese a las evidencias, Trump insiste en repetir y extremar la “guerra contra las drogas”. Para ello, designó como organizaciones terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.
En agosto, además, la prensa reveló que Trump había firmado en secreto una orden ejecutiva para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a los cárteles de América Latina. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que solo trata de operativos en territorio estadounidense, pero el Gobierno de ese país no ha confirmado detalles. El republicano, sin embargo, ha insistido en enviar militares a México para enfrentar a los narcotraficantes. Lo que sí hizo Trump fue desplegar fuerzas aéreas y navales en la zona sur del mar Caribe, cerca de Venezuela, con el supuesto objetivo de frenar la “amenaza” que representan los cárteles latinoamericanos. Las alarmas se encendieron en la región, ya que la experiencia demuestra que, en los países en donde EE.UU. intervino política y militarmente, el negocio y la violencia narco se expandieron.
A fines de los años 90, Colombia y EE.UU. lanzaron el ambicioso Plan Colombia. El operativo priorizó la asistencia militar, pero solo fortaleció la dependencia del país sudamericano, que se convirtió en un firme aliado de Washington hasta la llegada del presidente Gustavo Petro. Hoy, Colombia sigue siendo país líder en el cultivo de hoja de coca, sus cárteles están esparcidos en toda la región y los sicarios se profesionalizaron hasta convertirse en mercenarios, que ofrecen sus servicios al mejor postor en todo el mundo. Pero, sobre todo, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos, ya que militares y paramilitares secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de víctimas. Decenas de miles de personas fueron desplazadas de manera forzosa de sus comunidades y los campesinos vieron sus cultivos arrasados por las fumigaciones que exigía EE.UU.
Entre 2009 y 2011, EE.UU. violó la soberanía de México a través del operativo ‘Rápido y furioso’. El plan consistió en que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. facilitara armas a los cárteles, que supuestamente tenían un chip de geolocalización. El objetivo, afirmaron, era detectar la ubicación de los narcos para rastrear las rutas de tráfico de armas y detener a los responsables. El plan fue un estrepitoso fracaso porque se “perdieron” más de 2.000 armas que terminaron en manos de organizaciones criminales y que fueron usadas en asesinatos contra la población civil. EE.UU. nunca ha rendido cuentas de este operativo, ni de su responsabilidad como un país que consume sustancias ilícitas de manera masiva, que trafica armas y donde operan organizaciones criminales. Del mismo modo, los capos estadounidenses casi nunca son mencionados en los procesos judiciales, ya que la culpa se achaca exclusivamente a los cárteles latinoamericanos.
La mayoría de los peruanos recuerda qué estaba haciendo el 14 de septiembre del 2000, ya que la fecha marcó un parteaguas en la historia de la narcopolítica con intervención de EE.UU. Ese día se transmitió el primer “vladivideo”, como se denominó el escándalo de las grabaciones que durante años acumuló Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor del entonces presidente Alberto Fujimori, para poder extorsionar a todos los personajes públicos a los que sobornaba. Había congresistas, alcaldes, líderes de partidos, periodistas y empresarios en el entramado.
Montesinos, que recibía dinero del narcotráfico desde los años 90 a cambio de protección, se había entrenado en la Escuela de las Américas de Panamá, el centro de formación de represores financiado por EE.UU. También trabajó como espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que desde los años 70 rivaliza con la DEA. De hecho, esta crisis provocó un enfrentamiento entre los dos influyentes organismos, ya que Montesinos reconoció que la CIA había financiado la creación del Servicio de Inteligencia Nacional fujimorista, en una operación que fue impugnada por la DEA porque ya tenía detectado al asesor como cómplice del narco.
Pero no era la primera vez que EE.UU. fue acusado de proteger a narcotraficantes. Años después, se documentó cómo las agencias de EE.UU. hacían la vista gorda y apoyaban a los grupos involucrados en tráfico de drogas con el objetivo ayudarles desestabilizar gobiernos de izquierda en Centroamérica. El fiscal que investigó el caso en EE.UU., Lawrence Walsh, publicó a mediados de los 90 un informe en el que acusó a Reagan, su vice y sucesor, George Bush, así como sus ministros de Defensa y Seguridad, de estar al tanto de esta maniobra delictiva. Al final, todo sirvió para fortalecer a las organizaciones criminales que hoy, otra vez, ese país dice combatir.
Perú ha declarado tres días de duelo nacional tras la muerte de su ex líder Alberto Fujimori, quien falleció el miércoles a los 86 años y fue el único presidente peruano que ha sido condenado y encarcelado por crímenes contra los derechos humanos.
El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, también decretó que las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos y militares mientras Fujimori, quien gobernó Perú durante la década de 1990, yace en el Museo de la Nación hasta su entierro el sábado.
“Estamos esperando a todos aquellos que quieran despedirlo personalmente. Les agradecemos su apoyo y grandes muestras de solidaridad en estos momentos dolorosos”, publicó en X su hija y líder del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Fujimori, quien gobernó Perú de 1990 a 2000, sigue siendo una figura muy divisiva en Perú. El ex agrónomo de origen japonés inspiró una lealtad incuestionable de sus seguidores –a pesar de haber sido encarcelado por corrupción y violaciones de los derechos humanos– y el oprobio de sus detractores por su década de mano dura en el poder.
Su liderazgo autocrático dejó un legado perdurable, que sigue dando forma a la política en Perú hasta el día de hoy, ya que su hija Keiko –candidata presidencial en tres ocasiones– lidera un movimiento político populista de derecha.
La decisión de Boluarte de anunciar tres días de luto ha provocado reacciones encontradas en el país, donde la dinastía Fujimori sigue polarizando la fragmentada escena política del país.
Mientras muchos utilizaron las redes sociales para rendir homenaje al líder autoritario que movilizó tropas y tanques para disolver el Congreso en un autogolpe de Estado en 1992, hubo indignación entre las familias de las víctimas de los asesinatos de los escuadrones de la muerte por los que fue condenado a 25 años de cárcel.
“Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, muere, y un gobierno asesino como el de los años 90 le rinde homenaje”, publicó Gisela Ortiz, cuyo hermano, un estudiante universitario, fue asesinado en una masacre de un escuadrón de la muerte en 1992, por la que Fujimori fue condenado. “Mensajes oficiales de pesar cuando hay impunidad para sus crímenes”.
El caso Fujimori despierta confrontaciones ideológicas que deben ser tratadas en otros espacios pero no en el de la racionalidad jurídica y del orden público internacional. En nombre de las obligaciones positivas de los Estados se debe respetar la soberanía política y jurídica del Perú (art. 2 de la Carta de la ONU). Los comunicados y decisiones unilaterales de la CIDH son únicamente de índole políticos y de oportunidad, que no pueden ser la regla de intervenciones en la Justicia nacional de un país. Abusando de una excepción o de la urgencia, la CIDH se transforma en un Tribunal de control, dejando de lado o desviando el objeto de la subsidiaridad, y poniendo en peligro la esencia misma de la soberanía de los Estados.
El rol, la legalidad y la existencia de la CIDH están en juego como se interrogaron oportunamente varios países de la región. ¿DONDE EMPIEZA LA CIDH O DONDE TERMINA EL ESTADO1? se preguntaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay en una declaración de abril de 2019. Los cinco Estados firmantes solicitan el respeto del principio de la subsidiariedad, del razonable margen de autonomía, la aplicación estricta del derecho internacional, el conocimiento y consideración de las realidades de los Estados por parte del sistema interamericano, el diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema. Hoy no es el caso.
El Estado y la Justicia peruana actuaron conforme a la doctrina del margen razonable de autonomía o margen de apreciación2, la ponderación de la situación particular, y las realidades actuales del país, garantías que le concede el derecho internacional. Perú no violo ninguna norma imperativa u obligatoria prevista en Pactos y Tratados internacionales que le impida asumir decisiones jurídicas en nombre de los principios humanitarios. Perú no puede violar una norma que no existe.
La intervención de la CIDH es inoperante, ella no es ni jurisdicción de apelación, de casación, de revisión, no puede revocar, derogar, anular decisiones nacionales, no es una cuarta instancia ni puede interpretar el derecho interno. Se la debe observar como complementariedad de las decisiones nacionales y armonización de la Convención. El ámbito de validez de la CIDH es únicamente como estructura política que no tiene razón de continuar su funcionamiento porque la competencia contenciosa definida en el articulo 62.3 de la Convención determino el rol de la Corte, y la propia Corte se ha encargado al señalar, las diferentes clases de competencia del reconocimiento de la Convención en su opinión consultativa, es decir : interpretación y aplicación de la Convención (art. 62.1 de la Convención) y consultativa (art. 64)3. La CIDH asume recursos financieros y humanos que no justifican en la garantía y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos en América latina.
Un juez peruano, hoy miércoles 3 de octubre, anuló un indulto presidencial otorgado al ex líder autoritario Alberto Fujimori a fines del año pasado y ordenó su captura inmediata y el regreso a la cárcel. Fujimori, de 80 años, había sido absuelto por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, de condenas por abusos contra los derechos humanos.
Una gran cantidad de periodistas esperaban fuera de la casa en expansión en Lima donde Fujimori ha estado viviendo desde que se convirtió en un hombre libre, a menos de la mitad de una condena de 25 años. La sentencia se debió a las acciones llevadas a cabo por comandantes de escuadrones de la muerte que masacraron a civiles bajo su gobierno entre los años 1990-2000.
El abogado de Fujimori y su hija, Keiko Fujimori, dijeron en comentarios difundidos que Fujimori apelaría la decisión.
Kuczynski había citado el mal estado de salud de Fujimori para conceder el perdón, y dijo que no quería que un ex presidente muriera en la cárcel.
Pero el perdón ha sido ampliamente visto como parte de un acuerdo político y los familiares de las víctimas de los asesinatos de los escuadrones de la muerte argumentaron que se había concedido ilegalmente.
Kuczynski, quien cumplió 80 años el miércoles, renunció debido a un escándalo de soborno en marzo y ahora está siendo investigado por los fiscales en relación con el perdón de Fujimori.
Alejandro Aguinaga, médico de Fujimori, que Fujimori estaba en su casa pero que no podía moverse debido a un problema cardíaco.
¿Se pierde la guerra contra el narcotráfico?
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Cinco décadas después, EE.UU. no terminó con las drogas, mucho menos con los cárteles. Los informes anuales de Naciones Unidas demuestran que hoy hay más sustancias, más baratas, más accesibles y con mayor potencia. El consumo interno aumentó tanto que el territorio estadounidense ha enfrentado epidemias consecutivas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Sus armas terminan en manos de los cárteles mexicanos. Sus bancos lavan millones de dólares del narco. Pese a las evidencias, Trump insiste en repetir y
extremar la “guerra contra las drogas”. Para ello, designó como organizaciones terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.
En agosto, además, la prensa reveló que Trump había firmado en secreto una orden ejecutiva para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a los cárteles de América Latina. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que solo trata de operativos en territorio estadounidense, pero el Gobierno de ese país no ha confirmado detalles. El republicano, sin embargo, ha insistido en enviar militares a México para enfrentar a los narcotraficantes. Lo que sí hizo Trump fue desplegar fuerzas aéreas y navales en la zona sur del mar Caribe, cerca de Venezuela, con el supuesto objetivo de frenar la “amenaza” que representan los cárteles latinoamericanos. Las alarmas se encendieron en la región, ya que la experiencia demuestra que, en los países en donde EE.UU. intervino política y militarmente, el negocio y la violencia narco se expandieron.
A fines de los años 90, Colombia y EE.UU. lanzaron el ambicioso Plan Colombia. El operativo priorizó la asistencia militar, pero solo fortaleció la dependencia del país sudamericano, que se convirtió en un firme aliado de Washington hasta la llegada del presidente Gustavo Petro. Hoy, Colombia sigue siendo país líder en el cultivo de hoja de coca, sus cárteles están esparcidos en toda la región y los sicarios se profesionalizaron hasta convertirse en mercenarios, que ofrecen sus servicios al mejor postor en todo el mundo. Pero, sobre todo, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos, ya que militares y paramilitares secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de víctimas. Decenas de miles de personas fueron desplazadas de manera forzosa de sus comunidades y los campesinos vieron sus cultivos arrasados por las fumigaciones que exigía EE.UU.
Entre 2009 y 2011, EE.UU. violó la soberanía de México a través del operativo ‘Rápido y furioso’. El plan consistió en que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. facilitara armas a los cárteles, que supuestamente tenían un chip de geolocalización. El objetivo, afirmaron, era detectar la ubicación de los narcos para rastrear las rutas de tráfico de armas y detener a los responsables. El plan fue un estrepitoso fracaso porque se “perdieron” más de 2.000 armas que terminaron en manos de organizaciones criminales y que fueron usadas en asesinatos contra la población civil. EE.UU. nunca ha rendido cuentas de este operativo, ni de su responsabilidad como un país que consume sustancias ilícitas de manera masiva, que trafica armas y donde operan organizaciones criminales. Del mismo modo, los capos estadounidenses casi nunca son mencionados en los procesos judiciales, ya que la culpa se achaca exclusivamente a los cárteles latinoamericanos.
La mayoría de los peruanos recuerda qué estaba haciendo el 14 de septiembre del 2000, ya que la fecha marcó un parteaguas en la historia de la narcopolítica con intervención de EE.UU. Ese día se transmitió el primer “vladivideo”, como se denominó el escándalo de las grabaciones que durante años acumuló Vladimiro
Montesinos, el poderoso asesor del entonces presidente Alberto Fujimori, para poder extorsionar a todos los personajes públicos a los que sobornaba. Había congresistas, alcaldes, líderes de partidos, periodistas y empresarios en el entramado.
Montesinos, que recibía dinero del narcotráfico desde los años 90 a cambio de protección, se había entrenado en la Escuela de las Américas de Panamá, el centro de formación de represores financiado por EE.UU. También trabajó como espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que desde los años 70 rivaliza con la DEA. De hecho, esta crisis provocó un enfrentamiento entre los dos influyentes organismos, ya que Montesinos reconoció que la CIA había financiado la creación del Servicio de Inteligencia Nacional fujimorista, en una operación que fue impugnada por la DEA porque ya tenía detectado al asesor como cómplice del narco.
Pero no era la primera vez que EE.UU. fue acusado de proteger a narcotraficantes. Años después, se documentó cómo las agencias de EE.UU. hacían la vista gorda y apoyaban a los grupos involucrados en tráfico de drogas con el objetivo ayudarles desestabilizar gobiernos de izquierda en Centroamérica. El fiscal que investigó el caso en EE.UU., Lawrence Walsh, publicó a mediados de los 90 un informe en el que acusó a Reagan, su vice y sucesor, George Bush, así como sus ministros de Defensa y Seguridad, de estar al tanto de esta maniobra delictiva. Al final, todo sirvió para fortalecer a las organizaciones criminales que hoy, otra vez, ese país dice combatir.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 23, 2025
Alberto Fujimori
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El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, también decretó que las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos y militares mientras Fujimori, quien gobernó Perú durante la década de 1990, yace en el Museo de la Nación hasta su entierro el sábado.
“Estamos esperando a todos aquellos que quieran despedirlo personalmente. Les agradecemos su apoyo y grandes muestras de solidaridad en estos momentos dolorosos”, publicó en X su hija y líder del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Fujimori, quien gobernó Perú de 1990 a 2000, sigue siendo una figura muy divisiva en Perú. El ex agrónomo de origen japonés inspiró una lealtad incuestionable de sus seguidores –a pesar de haber sido encarcelado por corrupción y violaciones de los derechos humanos– y el oprobio de sus detractores por su década de mano dura en el poder.
Su liderazgo autocrático dejó un legado perdurable, que sigue dando forma a la política en Perú hasta el día de hoy, ya que su hija Keiko –candidata presidencial en tres ocasiones– lidera un movimiento político populista de derecha.
La decisión de Boluarte de anunciar tres días de luto ha provocado reacciones encontradas en el país, donde la dinastía Fujimori sigue polarizando la fragmentada escena política del país.
Mientras muchos utilizaron las redes sociales para rendir homenaje al líder autoritario que movilizó tropas y tanques para disolver el Congreso en un autogolpe de Estado en 1992, hubo indignación entre las familias de las víctimas de los asesinatos de los escuadrones de la muerte por los que fue condenado a 25 años de cárcel.
“Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, muere, y un gobierno asesino como el de los años 90 le rinde homenaje”, publicó Gisela Ortiz, cuyo hermano, un estudiante universitario, fue asesinado en una masacre de un escuadrón de la muerte en 1992, por la que Fujimori fue condenado. “Mensajes oficiales de pesar cuando hay impunidad para sus crímenes”.
LA JUSTICIA PERUANA NO VIOLÓ PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL.
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El caso Fujimori despierta confrontaciones ideológicas que deben ser tratadas en otros espacios pero no en el de la racionalidad jurídica y del orden público internacional. En nombre de las obligaciones positivas de los Estados se debe respetar la soberanía política y jurídica del Perú (art. 2 de la Carta de la ONU). Los comunicados y decisiones unilaterales de la CIDH son únicamente de índole políticos y de oportunidad, que no pueden ser la regla de intervenciones en la Justicia nacional de un país. Abusando
de una excepción o de la urgencia, la CIDH se transforma en un Tribunal de control, dejando de lado o desviando el objeto de la subsidiaridad, y poniendo en peligro la esencia misma de la soberanía de los Estados.
El rol, la legalidad y la existencia de la CIDH están en juego como se interrogaron oportunamente varios países de la región. ¿DONDE EMPIEZA LA CIDH O DONDE TERMINA EL ESTADO1? se preguntaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay en una declaración de abril de 2019. Los cinco Estados firmantes solicitan el respeto del principio de la subsidiariedad, del razonable margen de autonomía, la aplicación estricta del derecho internacional, el conocimiento y consideración de las realidades de los Estados por parte del sistema interamericano, el diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema. Hoy no es el caso.
El Estado y la Justicia peruana actuaron conforme a la doctrina del margen razonable de autonomía o margen de apreciación2, la ponderación de la situación particular, y las realidades actuales del país, garantías que le concede el derecho internacional. Perú no violo ninguna norma imperativa u obligatoria prevista en Pactos y Tratados internacionales que le impida asumir decisiones jurídicas en nombre de los principios humanitarios. Perú no puede violar una norma que no existe.
Mario Sandoval,
Presidente de Casppa France
1) Ministro de Justicia, Hernán Larraín: “Queremos conversar para delimitar bien dónde empieza la CIDH o dónde termina el Estado”, T13 Radio https://www.tele13radio.cl/t13radio/site/artic/20190426/pags/20190426093232.html
2)Corte IDH Opinión consultativa OC-4/84 (19 enero 1984), Propuesta de modificación a la Constitución Política de
Costa Rica relacionada con la naturalización. Solicitada por el gobierno de Costa Rica.
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.doc.
3)Corte IDH, caso Cantos vs. Argentina, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/cantos/interexp.pdf
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 12, 2023
Fujimori, de nuevo en problemas
Un juez peruano, hoy miércoles 3 de octubre, anuló un indulto presidencial otorgado al ex líder autoritario Alberto Fujimori a fines del año pasado y ordenó su captura inmediata y el regreso a la cárcel. Fujimori, de 80 años, había sido absuelto por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, de condenas por abusos contra los derechos humanos.
Una gran cantidad de periodistas esperaban fuera de la casa en expansión en Lima donde Fujimori ha estado viviendo desde que se convirtió en un hombre libre, a menos de la mitad de una condena de 25 años. La sentencia se debió a las acciones llevadas a cabo por comandantes de escuadrones de la muerte que masacraron a civiles bajo su gobierno entre los años 1990-2000.
El abogado de Fujimori y su hija, Keiko Fujimori, dijeron en comentarios difundidos que Fujimori apelaría la decisión.
Kuczynski había citado el mal estado de salud de Fujimori para conceder el perdón, y dijo que no quería que un ex presidente muriera en la cárcel.
Pero el perdón ha sido ampliamente visto como parte de un acuerdo político y los familiares de las víctimas de los asesinatos de los escuadrones de la muerte argumentaron que se había concedido ilegalmente.
Kuczynski, quien cumplió 80 años el miércoles, renunció debido a un escándalo de soborno en marzo y ahora está siendo investigado por los fiscales en relación con el perdón de Fujimori.
Alejandro Aguinaga, médico de Fujimori, que Fujimori estaba en su casa pero que no podía moverse debido a un problema cardíaco.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre3, 2018