El juez Daniel Bejas benefició a administradores y directivos del Ingenio La Fronterita donde entre 1975 y 1979 funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron 68 personas. El fiscal Pablo Camuña adelantó que apelará.
Se trata de media docena de administradores y directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. que controlaba la azucarera, y para dejarlos fuera de la causa el juez Daniel Bejas consideró que los acusados actuaron por temor.
La causa comenzó en abril del año pasado, cuando el fiscal federal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó al juez Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a seis empresarios que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos cómplices de los secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos de 68 personas.
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Bejas
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Camuña
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Las víctimas son 44 trabajadores del ingenio, de los que 34 vivían en las colonias de la empresa. Buena parte de ellos integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF) afiliado a Fotia, y 51 estuvieron detenidos en el predio de la empresa antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. Once de esas personas fueron torturadas y permanecen desaparecidas. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas.
En 2018 la fiscalía federal acusó a los empresarios de La Fronterita porque consideró que se daba un “claro caso de complicidad civil/económica en crímenes de lesa humanidad”, similar a lo ocurrido en la planta de la empresa Ford de general Pacheco, donde los trabajadores fueron secuestrados y torturados en el quincho de la fábrica.
La acusación se originó por declaraciones de víctimas o familiares. El juicio por el “Operativo Independencia” permitió ampliar el conocimiento que se tenía respecto de estos presuntos hechos.
El (supuesto) fundamento según el cual fiscales y jueces federales, respectivamente, acusan, juzgan y condenan a aquellos a quienes se les endilga la comisión de crímenes de lesa humanidad sostiene que, en la Argentina, durante los años 70, el Estado ideó y ejecutó un “plan sistemático de exterminio de la población civil” (un genocidio y no una guerra). Según se desprende de las múltiples elevaciones a juicio y/ o sentencias en las causas de lesa humanidad, el gobierno militar surgido del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habría desatado una represión “genocida” con el inconfesable objeto de eliminar el menor atisbo de resistencia a la política económica “entreguista, capitalista y antiobrera” a cargo del entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Ese y ningún otro habría sido el móvil de la represión en los años ’70. Es de destacar que dicho móvil haya sido idéntico al que esgrimieron las bandas armadas marxistas para justificar los miles crímenes de lesa humanidad cometidos contra la vida y la propiedad de argentinos y extranjeros. “Feliz” coincidencia entre jueces y guerrilleros que hace de un axioma del marxismo-leninismo un puntal de la jurisprudencia argentina (es decir, que en el modo de producción capitalista las FFAA son el brazo armado del empresariado). De allí que todo aquel que durante el gobierno militar y por el solo hecho de haber vestido uniforme o administrado una empresa capitalista resulte asociado forzosamente al club de los criminales de lesa humanidad bajo sospecha. Pero el marxismo no sólo señala quiénes son los victimarios sino, también, quiénes las víctimas (los terroristas) ¡Otra “feliz” coincidencia!
Ahora bien, desde una perspectiva políticamente “incorrecta”, “retrógrada” y “fascista”, cabe esta pregunta: ¿A qué se refieren los jueces cuando aluden al “exterminio de la población civil” ? Porque, salvo que provengan del planeta Marte, deben saber que tanto los integrantes del ERP como de Montoneros se reivindicaban como combatientes de una guerra revolucionaria. Que ostentaban grado militar, portaban armas a la vista y controlaban territorio. Que en sus publicaciones expresaban sus intenciones de exterminar a las FFAA, tomar el poder del Estado y eliminar a los empresarios. Y que (como previniendo que en el futuro ningún juez esgrimiera el disparate de que los persiguieron por ser opositores a una política) secuestraron, extorsionaron y asesinaron a militares, jueces, empresarios y sindicalistas.
El juicio al Operativo Independencia
Es en Tucumán donde el argumento “estrella” del “plan de exterminio de la población civil” exhibe en toda su desnudez su naturaleza de mamarracho jurídico. Ello así porque el “Operativo (Operación) Independencia” fue ordenado por el gobierno peronista de Isabel Perón mediante el Decreto Nº 261/75 del 5 de Febrero de 1975, más de un año antes del 24 de marzo de 1976. Como es obvio, Martínez de Hoz no había asumido y, por lo tanto, atribuir la represión en Tucumán al modelo económico del gobierno militar que todavía no existía es absurdo, torpe, inverosímil, retorcido e, indiscutiblemente, falso. Mas no así para el juez Daniel Bejas, instructor de la causa, quien sustenta la insólita teoría de que los jefes militares habrían engañado a la presidente María Martínez de Perón y su gabinete convenciéndolos de firmar un decreto (de aniquilamiento) cuya verdadera intención oculta era llevar adelante un “ensayo de laboratorio o prueba piloto de exterminio” para la represión que ocurriría después del golpe de Estado. Así de fácil los astutos militares engañaron a los peronistas ¡Es que son tan cándidos! Y es esa acreditada candidez la que conduce a Bejas a deslindar al gobierno peronista de responsabilidad alguna en el Operativo Independencia. (Que Bejas, antes de acceder a la magistratura se haya desempeñado como apoderado legal del PJ tucumano, fue pura casualidad.)
Ahora bien, el sentido común políticamente incorrecto (que no es el de los jueces) piensa otra cosa. Sostiene que el Operativo Independencia, ante el ataque sedicioso de bandas terroristas, fue la respuesta lícita, legítima, racional, estándar, constitucional, pertinente, soberana, propia, procedente, idónea y obligada del gobierno constitucional. Este último, demás está decir, tenía el mandato ineludible e indelegable de defender el territorio nacional, el Estado de Derecho y los bienes, la vida y la libertad de los tucumanos ¿Se debía o no se debía reprimir a los subversivos que asesinaron al capitán Viola y a su hija María Cristina? La pregunta es pertinente dado que el Tribunal Oral, los fiscales y el juez instructor, más que por la forma, interpretan que el delito de lesa humanidad se comete por el simple hecho de reprimir a un terrorista.
Por cierto, los militares (coronel) Jorge Oscar Grassi, (teniente primero) Luis Roberto Brzic, (capitán) Miguel Ángel Paiva, (mayor bioquímico) Jaime Gimeno, (teniente primero) Juan Carlos Gamban, (teniente primero) Ciro Ahumada, (teniente coronel médico) José Francisco Gardón, (mayor) Néstor Horacio López, (teniente primero) Roberto Eduardo Carbajo y (capitán) Humberto Viola fueron condenados a muerte y asesinados por el ERP por la mera circunstancia de pertenecer a las FFAA (todos durante el gobierno constitucional). El comunicado resaltaba que el ERP procedería a la “ejecución de oficiales indiscriminada…” Unos victimarios, otros víctimas. (¿Alguien vio un juez por ahí?)
Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días que se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”, afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.
Yo no fui; fueron ellos
Mas, créase o no, el juez Bejas en su escrito sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.
Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia
Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley
Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.
Trabalenguas de la traición
El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.
Los hechos
A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en El juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); deribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todo esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?
Lo evidente
Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Mas, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.
Pudor
El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.-
Falta de Mérito a empresarios de La Fronterita en caso de Lesa Humanidad
El juez Daniel Bejas benefició a administradores y directivos del Ingenio La Fronterita donde entre 1975 y 1979 funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron 68 personas. El fiscal Pablo Camuña adelantó que apelará.
Se trata de media docena de administradores y directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. que controlaba la azucarera, y para dejarlos fuera de la causa el juez Daniel Bejas consideró que los acusados actuaron por temor.
La causa comenzó en abril del año pasado, cuando el fiscal federal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó al juez Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a seis empresarios que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos cómplices de los secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos de 68 personas.
[ezcol_1half]Bejas
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Camuña
[/ezcol_1half_end]Las víctimas son 44 trabajadores del ingenio, de los que 34 vivían en las colonias de la empresa. Buena parte de ellos integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF) afiliado a Fotia, y 51 estuvieron detenidos en el predio de la empresa antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. Once de esas personas fueron torturadas y permanecen desaparecidas. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas.
En 2018 la fiscalía federal acusó a los empresarios de La Fronterita porque consideró que se daba un “claro caso de complicidad civil/económica en crímenes de lesa humanidad”, similar a lo ocurrido en la planta de la empresa Ford de general Pacheco, donde los trabajadores fueron secuestrados y torturados en el quincho de la fábrica.
La acusación se originó por declaraciones de víctimas o familiares. El juicio por el “Operativo Independencia” permitió ampliar el conocimiento que se tenía respecto de estos presuntos hechos.
Envío y colaboración: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 16, 2019
OPERATIVO INDEPENDENCIA Y “JUSTICIA” MARXISTA
Por Mauricio Ortín.
El (supuesto) fundamento según el cual fiscales y jueces federales, respectivamente, acusan, juzgan y condenan a aquellos a quienes se les endilga la comisión de crímenes de lesa humanidad sostiene que, en la Argentina, durante los años 70, el Estado ideó y ejecutó un “plan sistemático de exterminio de la población civil” (un genocidio y no una guerra). Según se desprende de las múltiples elevaciones a juicio y/ o sentencias en las causas de lesa humanidad, el gobierno militar surgido del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habría desatado una represión “genocida” con el inconfesable objeto de eliminar el menor atisbo de resistencia a la política económica “entreguista, capitalista y antiobrera” a cargo del entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Ese y ningún otro habría sido el móvil de la represión en los años ’70. Es de destacar que dicho móvil haya sido idéntico al que esgrimieron las bandas armadas marxistas para justificar los miles crímenes de lesa humanidad cometidos contra la vida y la propiedad de argentinos y extranjeros. “Feliz” coincidencia entre jueces y guerrilleros que hace de un axioma del marxismo-leninismo un puntal de la jurisprudencia argentina (es decir, que en el modo de producción capitalista las FFAA son el brazo armado del empresariado). De allí que todo aquel que durante el gobierno militar y por el solo hecho de haber vestido uniforme o administrado una empresa capitalista resulte asociado forzosamente al club de los criminales de lesa humanidad bajo sospecha. Pero el marxismo no sólo señala quiénes son los victimarios sino, también, quiénes las víctimas (los terroristas) ¡Otra “feliz” coincidencia!
Ahora bien, desde una perspectiva políticamente “incorrecta”, “retrógrada” y “fascista”, cabe esta pregunta: ¿A qué se refieren los jueces cuando aluden al “exterminio de la población civil” ? Porque, salvo que provengan del planeta Marte, deben saber que tanto los integrantes del ERP como de Montoneros se reivindicaban como combatientes de una guerra revolucionaria. Que ostentaban grado militar, portaban armas a la vista y controlaban territorio. Que en sus publicaciones expresaban sus intenciones de exterminar a las FFAA, tomar el poder del Estado y eliminar a los empresarios. Y que (como previniendo que en el futuro ningún juez esgrimiera el disparate de que los persiguieron por ser opositores a una política) secuestraron, extorsionaron y asesinaron a militares, jueces, empresarios y sindicalistas.
El juicio al Operativo Independencia
Es en Tucumán donde el argumento “estrella” del “plan de exterminio de la población civil” exhibe en toda su desnudez su naturaleza de mamarracho jurídico. Ello así porque el “Operativo (Operación) Independencia” fue ordenado por el gobierno peronista de Isabel Perón mediante el Decreto Nº 261/75 del 5 de Febrero de 1975, más de un año antes del 24 de marzo de 1976. Como es obvio, Martínez de Hoz no había asumido y, por lo tanto, atribuir la represión en Tucumán al modelo económico del gobierno militar que todavía no existía es absurdo, torpe, inverosímil, retorcido e, indiscutiblemente, falso. Mas no así para el juez Daniel Bejas, instructor de la causa, quien sustenta la insólita teoría de que los jefes militares habrían engañado a la presidente María Martínez de Perón y su gabinete convenciéndolos de firmar un decreto (de aniquilamiento) cuya verdadera intención oculta era llevar adelante un “ensayo de laboratorio o prueba piloto de exterminio” para la represión que ocurriría después del golpe de Estado. Así de fácil los astutos militares engañaron a los peronistas ¡Es que son tan cándidos! Y es esa acreditada candidez la que conduce a Bejas a deslindar al gobierno peronista de responsabilidad alguna en el Operativo Independencia. (Que Bejas, antes de acceder a la magistratura se haya desempeñado como apoderado legal del PJ tucumano, fue pura casualidad.)
Ahora bien, el sentido común políticamente incorrecto (que no es el de los jueces) piensa otra cosa. Sostiene que el Operativo Independencia, ante el ataque sedicioso de bandas terroristas, fue la respuesta lícita, legítima, racional, estándar, constitucional, pertinente, soberana, propia, procedente, idónea y obligada del gobierno constitucional. Este último, demás está decir, tenía el mandato ineludible e indelegable de defender el territorio nacional, el Estado de Derecho y los bienes, la vida y la libertad de los tucumanos ¿Se debía o no se debía reprimir a los subversivos que asesinaron al capitán Viola y a su hija María Cristina? La pregunta es pertinente dado que el Tribunal Oral, los fiscales y el juez instructor, más que por la forma, interpretan que el delito de lesa humanidad se comete por el simple hecho de reprimir a un terrorista.
Por cierto, los militares (coronel) Jorge Oscar Grassi, (teniente primero) Luis Roberto Brzic, (capitán) Miguel Ángel Paiva, (mayor bioquímico) Jaime Gimeno, (teniente primero) Juan Carlos Gamban, (teniente primero) Ciro Ahumada, (teniente coronel médico) José Francisco Gardón, (mayor) Néstor Horacio López, (teniente primero) Roberto Eduardo Carbajo y (capitán) Humberto Viola fueron condenados a muerte y asesinados por el ERP por la mera circunstancia de pertenecer a las FFAA (todos durante el gobierno constitucional). El comunicado resaltaba que el ERP procedería a la “ejecución de oficiales indiscriminada…” Unos victimarios, otros víctimas. (¿Alguien vio un juez por ahí?)
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 18, 2017
EL PUDOR Y EL OPERATIVO INDEPENDENCIA
Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días que se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”, afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.
Yo no fui; fueron ellos
Mas, créase o no, el juez Bejas en su escrito sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.
Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia
Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley
Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.
Trabalenguas de la traición
El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.
Los hechos
A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en El juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); deribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todo esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?
Lo evidente
Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Mas, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.
Pudor
El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.-
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 1, 2016