La activista peruana Ana Estrada Ugarte, quien sufría una enfermedad degenerativa e incurable que la mantenía postrada en cama, accedió el domingo a la eutanasia tras años de batallas legales, confirmaron este lunes allegados a través de un comunicado.
Estrada
“Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, se informó en el texto. “El caso de Ana permitió que la Justicia peruana reconociera por primera vez en su historia que todos tenemos derecho a morir con dignidad”, añadió.
La primera sentencia a favor de Estrada, de 47 años, fue en febrero de 2021, cuando el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reconoció su derecho a una muerte digna, además de ordenar la elaboración de un protocolo institucional que le permitiera ejercer sus derechos en condiciones seguras.
Una decisión judicial que fue ratificada por la Corte Suprema el 14 y el 27 de julio de 2022. Sin embargo, en febrero del año siguiente una jueza se negó y decidió no acatar la orden, alegando que va en contra de sus preceptos morales y se “abstuvo por decoro”, por lo cual se retrasó un año.
“La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derecho. Su lucha ha trascendido las fronteras en nuestro país y ha marcado un hito en la región”, agregó el comunicado.
El comunicado de prensa, compartido por una de sus abogadas, resaltó que se trata de un “importante precedente” para otras personas, como María Benito, una sexagenaria que padece esclerosis lateral amiotrófica y también busca la eutanasia en el país andino.
“Es necesario que se reconozca a nivel legislativo y se regule el ejercicio de muerte digna. Hay muchas personas que están atravesando por lo mismo que Ana”, declaró Percy Castillo, parte de la defensa legal de Estrada.
Castillo indicó que el caso de Benito “está atrapado” en tribunales, pero destacó el antecedente de Estrada. “Hay que rendir homenaje a una mujer valiente que dejó un ejemplo de cómo se debe luchar para ejercer un derecho fundamental”, sostuvo.
Una mujer de la ciudad de Oldenzaal, en los Países Bajos, ha optado por poner fin a su vida de manera legal mediante la eutanasia debido a los problemas de salud mental que padece.
La muerte asistida de Zoraya ter Beek, de 28 años, está prevista para el próximo mes de mayo. De acuerdo con la mujer, su vida se ha visto obstaculizada por la depresión, el autismo y un trastorno de personalidad.
Argumenta también que su psiquiatra le aseguró que se intentó todo lo posible para tratar sus trastornos mentales y que no había nada más que se pudiera hacer por ella. “Nunca mejora”, le habría dicho la especialista. A partir de ese momento, Ter Beek tomo la decisión de morir, puesto que siempre tuvo muy claro que, si su salud mental no mejoraba, no podía seguir viviendo.
La mujer explicó cómo se llevará a cabo el procedimiento de eutanasia. Un médico le administrará un sedante y, posteriormente, un fármaco que detendrá su corazón. Finalmente, un comité evaluará su muerte para cerciorarse de que el médico cumplió con los criterios establecidos en la Ley de Terminación de la Vida de los Países Bajos, además de que el Gobierno neerlandés posiblemente declare que su vida terminó legalmente.
“Tengo un poco de miedo a morir, porque es lo más desconocido”, indicó Ter Beek, quien admite que “la parte aterradora” es no tener certeza de qué hay después de la muerte. Medios locales informaron que en septiembre de 2023 las autoridades procesaron la petición de Ter Beek de morir mediante la eutanasia, dos años y medio después de haberlo solicitado.
Zoraya ter Beek forma parte del número de personas en Occidente que escogen poner fin a sus vidas en lugar de vivir con un dolor que en algunos de los casos es tratable. El medio señala también que esas personas no enfrentan ninguna enfermedad terminal, sino otros síndromes, como depresión o ansiedad, provocados, según los propios afectados, por la incertidumbre económica, las redes sociales y una diversidad de miedos y decepciones.
“Veo el fenómeno especialmente en personas con enfermedades psiquiátricas, y especialmente en jóvenes con trastornos psiquiátricos, donde el profesional de la salud parece abandonarlos más fácilmente que antes”, sostiene Stef Groenewoud, especialista de la Universidad Teológica de Kampen.
Medios locales comentaron que Zoraya ter Beek es parte de los aproximadamente 700 pacientes psiquiátricos en territorio neerlandés que han solicitado la eutanasia al Centro de Expertos en Eutanasia argumentando un “sufrimiento desesperado e insoportable”.
En 2002, Países Bajos se convirtió en el primer país en permitir a los médicos acabar con la vida de sus pacientes a petición de estos si cumplían ciertos requisitos estrictos, como tener una enfermedad incurable que causara un sufrimiento físico o mental. El comité de revisión de la eutanasia del Gobierno neerlandés señaló que entre 2012 y 2021 casi 60.000 personas fallecieron por voluntad propia.
Las muertes asistidas en Canadá experimentaron un auge el pasado año fiscal y, probablemente, establecieron un récord, según estimaciones de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia.
El reporte indica que aunque las autoridades de salud del país no darán a conocer su recuento oficial durante algunas semanas más, las cifras de la organización muestran que hubo 13.500 casos de muertes asistidas en las provincias de Alberta, Ontario, Nueva Escocia y Quebec, lo que representaría un aumento del 35 % respecto al año fiscal anterior —donde se registraron 10.064— y un máximo histórico.
Solo en la provincia de Quebec, la eutanasia representó el 7 % de todos los fallecimientos, lo que la convierte en la tercera causa de muerte después del cáncer y las enfermedades cardíacas.
Un sondeo llevado a cabo por el Instituto Angus Reid muestra que las muertes asistidas autorizadas por el Estado cuentan con bastante aceptación pública. Así, 6 de cada 10 canadienses apoyan que las personas con alguna condición médica grave e irremediable opten por terminar con su vida de esta manera. La misma encuesta también estableció que 3 de cada 10 ciudadanos apoyan la muerte asistida para personas con trastornos mentales.
Otra investigación separada de la empresa Research Co. encontró que un cuarto de la población considera que no tener hogar o vivir en la pobreza son criterios válidos para recurrir al procedimiento.
Por su parte, el director de la mencionada coalición, Alex Schadenberg, señaló que las tasas de eutanasia se están “disparando” debido a su “fuerte promoción” en el sistema sanitario de Canadá.
“Cada institución sanitaria importante tiene un equipo de asistencia médica en caso de muerte que literalmente se acercará a todos los que puedan optar por la medida y les preguntará si quieren morir”, explicó el activista. “Si vas a pagarle a la gente para que esté en un equipo de muerte asistida, venderán lo que están ofreciendo”, agregó.
El activista Daniel Zekveld argumentó que Canadá ha desarrollado “uno de los regímenes de eutanasia más permisivos del mundo” y ofrece cada vez más este procedimiento “como una solución fácil al sufrimiento” en lugar de brindar atención vitalista a quienes la necesitan.
Mientras, el grupo proeutanasia ‘Dying With Dignity’ (‘Morir con dignidad’) argumentó que la muerte asistida está “impulsada por la compasión, el fin al sufrimiento y la discriminación, y el deseo de autonomía personal”.
El Tribunal Supremo de Canadá dictaminó en 2015 que prohibir esta práctica viola los derechos de las personas a la “dignidad y la autonomía”. Un año más tarde, se legalizó tanto la eutanasia como el suicidio asistido para personas mayores de 18 años, siempre que tuvieran una condición terminal o una discapacidad que les cause sufrimiento.
Desde entonces, continúa el debate al respecto. En febrero pasado un comité del Parlamento recomendó conceder el acceso al suicidio asistido a “menores maduros”, incluso sin el consentimiento de sus padres.
Una jueza se negó en Perú a dar curso a la sentencia de la Corte Suprema que aprobó la aplicación de la eutanasia a Ana Estrada, una psicóloga de 45 años que desde los 12 padece una enfermedad degenerativa e incurable, informó este martes el portal periodístico judicial La Ley.
La decisión emitida por el máximo tribunal peruano en julio del año pasado había sido remitida al Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, para ser ejecutada. Sin embargo, Silvia Núñez Riva, la actual encargada de ese juzgado de primera instancia, ha decidido no acatar la orden, alegando que va en contra de sus preceptos morales, y se “abstuvo por decoro”.
“No me es posible ejecutar la misma pues considero, como parte de mi esencia, que el derecho a la vida, reconocido en el artículo 2 de la Constitución es un derecho irrenunciable, creencia que se apoya en mi libertad de conciencia, por lo que, en este caso en particular tengo motivos que no me permiten asumir la ejecución de la sentencia”, aseguró Núñez Riva en una resolución del 23 de enero.
Según explican desde La Ley, con esa postura podría estar incurriendo la letrada en el delito de desobediencia a la autoridad, ya que el caso de Estrada había sido resuelto en la Corte Suprema. En ese contexto, su rol como jueza consiste únicamente en tramitar la ejecución de una sentencia con carácter de “cosa juzgada”. Inhibirse por motivos personales significa que está incumpliendo con sus deberes, algo merecedor de una sanción administrativa, detalla el sitio especializado.
Núñez Riva instó en su resolución a que el caso fuera redistribuido con “urgencia” a través de la mesa de partes de los juzgados constitucionales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo de Perú confirmó este miércoles que el expediente de Ana Estrada “hoy ya se encuentra en el Séptimo Juzgado Constitucional, a cargo de la jueza Malbina Saldaña”.
Aunque ya este escenario podría dar pie a que finalmente se proceda con la elaboración del protocolo o procedimiento técnico para aplicarle la eutanasia, la Defensoría del Pueblo solicita “ejecutar con celeridad y urgencia la sentencia”. El organismo recuerda que ya han pasado más de seis meses desde que la Corte Suprema reconoció el derecho de Estrada a morir dignamente y emitió la decisión final. “Ya son casi cinco meses desde que el expediente llegó al despacho del juez de ejecución y aún no se ordena cumplir con lo resuelto”, recalcó.
La Defensoría subraya que el deber del juez encargado es garantizar que la sentencia se cumpla “tal como se resolvió y sin retardar su ejecución”. Asimismo, advierte que nuevas demoras podrían causar “un mayor sufrimiento y padecimiento” a la involucrada.
Ana Estrada sufre de polimiositis, una dolencia sin cura que consume poco a poco los músculos de todo el cuerpo y que la mantiene postrada en una cama la mayor parte del tiempo. Es la primera persona en el país suramericano a la que los jueces han autorizado a poner fin a su vida, después de dictaminar la inaplicación a su caso del artículo 112 del Código Penal, de manera que nadie puede ser perseguido por el delito de homicidio piadoso al practicarle la eutanasia. Su caso es excepcional, ya que en Perú ese procedimiento está prohibido y es penado con tres años de cárcel.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente electo de México, promoverá la Ley de Voluntad Anticipada, que contempla el derecho a una muerte digna para un enfermo terminal.
Según palabras de Olga Sánchez Cordero, futura Ministro del Interior, “Se promoverá en todo el territorio la Ley de Voluntad Anticipada, y en todas las entidades federativas que aún no cuenten con ella se promoverán reformas en los códigos civiles para consagrar el derecho a una muerte digna”
Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer esta postura en una reciente conferencia en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.
La ley de voluntad anticipada permite a un enfermo expresar por adelantado el tipo de tratamiento médico que se quiere recibir ante enfermedades terminales o accidentes. Esta ley regula la decisión de las personas de ser o no sometidas a procedimientos médicos o tratamientos que puedan alargar su vida en la etapa terminal, cuando ya no se pueda mantener de forma natural.
En este país, la Ciudad de México y una decena de las demás 31 entidades federativas -los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y Estado de México, entre otros- cuentan con esta legislación.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Muerte Digna 2016 elaborada por la entidad Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), 68,3 % de los mexicanosse posicionan en favor de la opción de poder adelantar la muerte en caso de que la persona esté en fase terminal, mientras que 31,7 % están en contra.
Sin embargo, en esta encuesta los resultados fueron más cerrados cuando se preguntó a la población si estaba de acuerdo con que sea el médico quien ayude a morir proporcionando sustancias letales, con 56,4 % en favor por 43,6 % en contra.
La diferencia entre la eutanasia del suicidio asistido es -en el primer caso, cuando el doctor aplica una inyección letal a un paciente en estado terminal y la segunda cuando el paciente mismo se administra un fármaco prescrito por el médico.
Colombia es el único país de América Latina que permite una eutanasia legal, hasta la fecha.
Primera eutanasia en Perú
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La activista peruana Ana Estrada Ugarte, quien sufría una enfermedad degenerativa e incurable que la mantenía postrada en cama, accedió el domingo a la eutanasia tras años de batallas legales, confirmaron este lunes allegados a través de un comunicado.
“Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, se informó en el texto. “El caso de Ana permitió que la Justicia peruana reconociera por primera vez en su historia que todos tenemos derecho a morir con dignidad”, añadió.
La primera sentencia a favor de Estrada, de 47 años, fue en febrero de 2021, cuando el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reconoció su derecho a una muerte digna, además de ordenar la elaboración de un protocolo institucional que le permitiera ejercer sus derechos en condiciones seguras.
Una decisión judicial que fue ratificada por la Corte Suprema el 14 y el 27 de julio de 2022. Sin embargo, en febrero del año siguiente una jueza se negó y decidió no acatar la orden, alegando que va en contra de sus preceptos morales y se “abstuvo por decoro”, por lo cual se retrasó un año.
“La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derecho. Su lucha ha trascendido las fronteras en nuestro país y ha marcado un hito en la región”, agregó el comunicado.
El comunicado de prensa, compartido por una de sus abogadas, resaltó que se trata de un “importante precedente” para otras personas, como María Benito, una sexagenaria que padece esclerosis lateral amiotrófica y también busca la eutanasia en el país andino.
“Es necesario que se reconozca a nivel legislativo y se regule el ejercicio de muerte digna. Hay muchas personas que están atravesando por lo mismo que Ana”, declaró Percy Castillo, parte de la defensa legal de Estrada.
Castillo indicó que el caso de Benito “está atrapado” en tribunales, pero destacó el antecedente de Estrada. “Hay que rendir homenaje a una mujer valiente que dejó un ejemplo de cómo se debe luchar para ejercer un derecho fundamental”, sostuvo.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 22, 2024
Alrededor de 700 pacientes psiquiátricos en Países Bajos han solicitado la muerte asistida
La muerte asistida de Zoraya ter Beek, de 28 años, está prevista para el próximo mes de mayo. De acuerdo con la mujer, su vida se ha visto obstaculizada por la depresión, el autismo y un trastorno de personalidad.
Argumenta también que su psiquiatra le aseguró que se intentó todo lo posible para tratar sus trastornos mentales y que no había nada más que se pudiera hacer por ella. “Nunca mejora”, le habría dicho la especialista. A partir de ese momento, Ter Beek tomo la decisión de morir, puesto que siempre tuvo muy claro que, si su salud mental no mejoraba, no podía seguir viviendo.
La mujer explicó cómo se llevará a cabo el procedimiento de eutanasia. Un médico le administrará un sedante y, posteriormente, un fármaco que detendrá su corazón. Finalmente, un comité evaluará su muerte para cerciorarse de que el médico cumplió con los criterios establecidos en la Ley de Terminación de la Vida de los Países Bajos, además de que el Gobierno neerlandés posiblemente declare que su vida terminó legalmente.
“Tengo un poco de miedo a morir, porque es lo más desconocido”, indicó Ter Beek, quien admite que “la parte aterradora” es no tener certeza de qué hay después de la muerte. Medios locales informaron que en septiembre de 2023 las autoridades procesaron la petición de Ter Beek de morir mediante la eutanasia, dos años y medio después de haberlo solicitado.
Zoraya ter Beek forma parte del número de personas en Occidente que escogen poner fin a sus vidas en lugar de vivir con un dolor que en algunos de los casos es tratable. El medio señala también que esas personas no enfrentan ninguna enfermedad terminal, sino otros síndromes, como depresión o ansiedad, provocados, según los propios afectados, por la incertidumbre económica, las redes sociales y una diversidad de miedos y decepciones.
“Veo el fenómeno especialmente en personas con enfermedades psiquiátricas, y especialmente en jóvenes con trastornos psiquiátricos, donde el profesional de la salud parece abandonarlos más fácilmente que antes”, sostiene Stef Groenewoud, especialista de la Universidad Teológica de Kampen.
Medios locales comentaron que Zoraya ter Beek es parte de los aproximadamente 700 pacientes psiquiátricos en territorio neerlandés que han solicitado la eutanasia al Centro de Expertos en Eutanasia argumentando un “sufrimiento desesperado e insoportable”.
En 2002, Países Bajos se convirtió en el primer país en permitir a los médicos acabar con la vida de sus pacientes a petición de estos si cumplían ciertos requisitos estrictos, como tener una enfermedad incurable que causara un sufrimiento físico o mental. El comité de revisión de la eutanasia del Gobierno neerlandés señaló que entre 2012 y 2021 casi 60.000 personas fallecieron por voluntad propia.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 10, 2024
Auge de muertes asistidas en Canadá
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Las muertes asistidas en Canadá experimentaron un auge el pasado año fiscal y, probablemente, establecieron un récord, según estimaciones de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia.
El reporte indica que aunque las autoridades de salud del país no darán a conocer su recuento oficial durante algunas semanas más, las cifras de la organización muestran que hubo 13.500 casos de muertes asistidas en las provincias de Alberta, Ontario, Nueva Escocia y Quebec, lo que representaría un aumento del 35 % respecto al año fiscal anterior —donde se registraron 10.064— y un máximo histórico.
Solo en la provincia de Quebec, la eutanasia representó el 7 % de todos los fallecimientos, lo que la convierte en la tercera causa de muerte después del cáncer y las enfermedades cardíacas.
Un sondeo llevado a cabo por el Instituto Angus Reid muestra que las muertes asistidas autorizadas por el Estado cuentan con bastante aceptación pública. Así, 6 de cada 10 canadienses apoyan que las personas con alguna condición médica grave e irremediable opten por terminar con su vida de esta manera. La misma encuesta también estableció que 3 de cada 10 ciudadanos apoyan la muerte asistida para personas con trastornos mentales.
Otra investigación separada de la empresa Research Co. encontró que un cuarto de la población considera que no tener hogar o vivir en la pobreza son criterios válidos para recurrir al procedimiento.
Por su parte, el director de la mencionada coalición, Alex Schadenberg, señaló que las tasas de eutanasia se están “disparando” debido a su “fuerte promoción” en el sistema sanitario de Canadá.
“Cada institución sanitaria importante tiene un equipo de asistencia médica en caso de muerte que literalmente se acercará a todos los que puedan optar por la medida y les preguntará si quieren morir”, explicó el activista. “Si vas a pagarle a la gente para que esté en un equipo de muerte asistida, venderán lo que están ofreciendo”, agregó.
El activista Daniel Zekveld argumentó que Canadá ha desarrollado “uno de los regímenes de eutanasia más permisivos del mundo” y ofrece cada vez más este procedimiento “como una solución fácil al sufrimiento” en lugar de brindar atención vitalista a quienes la necesitan.
Mientras, el grupo proeutanasia ‘Dying With Dignity’ (‘Morir con dignidad’) argumentó que la muerte asistida está “impulsada por la compasión, el fin al sufrimiento y la discriminación, y el deseo de autonomía personal”.
El Tribunal Supremo de Canadá dictaminó en 2015 que prohibir esta práctica viola los derechos de las personas a la “dignidad y la autonomía”. Un año más tarde, se legalizó tanto la eutanasia como el suicidio asistido para personas mayores de 18 años, siempre que tuvieran una condición terminal o una discapacidad que les cause sufrimiento.
Desde entonces, continúa el debate al respecto. En febrero pasado un comité del Parlamento recomendó conceder el acceso al suicidio asistido a “menores maduros”, incluso sin el consentimiento de sus padres.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 12, 2023
Jueza se niega a ejecutar la sentencia que autoriza la eutanasia a Ana Estrada
♦
Una jueza se negó en Perú a dar curso a la sentencia de la Corte Suprema que aprobó la aplicación de la eutanasia a Ana Estrada, una psicóloga de 45 años que desde los 12 padece una enfermedad degenerativa e incurable, informó este martes el portal periodístico judicial La Ley.
La decisión emitida por el máximo tribunal peruano en julio del año pasado había sido remitida al Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, para ser ejecutada. Sin embargo, Silvia Núñez Riva, la actual encargada de ese juzgado de primera instancia, ha decidido no acatar la orden,
alegando que va en contra de sus preceptos morales, y se “abstuvo por decoro”.
“No me es posible ejecutar la misma pues considero, como parte de mi esencia, que el derecho a la vida, reconocido en el artículo 2 de la Constitución es un derecho irrenunciable, creencia que se apoya en mi libertad de conciencia, por lo que, en este caso en particular tengo motivos que no me permiten asumir la ejecución de la sentencia”, aseguró Núñez Riva en una resolución del 23 de enero.
Según explican desde La Ley, con esa postura podría estar incurriendo la letrada en el delito de desobediencia a la autoridad, ya que el caso de Estrada había sido resuelto en la Corte Suprema. En ese contexto, su rol como jueza consiste únicamente en tramitar la ejecución de una sentencia con carácter de “cosa juzgada”. Inhibirse por motivos personales significa que está incumpliendo con sus deberes, algo merecedor de una sanción administrativa, detalla el sitio especializado.
Núñez Riva instó en su resolución a que el caso fuera redistribuido con “urgencia” a través de la mesa de partes de los juzgados constitucionales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo de Perú confirmó este miércoles que el expediente de Ana Estrada “hoy ya se encuentra en el Séptimo Juzgado Constitucional, a cargo de la jueza Malbina Saldaña”.
Aunque ya este escenario podría dar pie a que finalmente se proceda con la elaboración del protocolo o procedimiento técnico para aplicarle la eutanasia, la Defensoría del Pueblo solicita “ejecutar con celeridad y urgencia la sentencia”. El organismo recuerda que ya han pasado más de seis meses desde que la Corte Suprema reconoció el derecho de Estrada a morir dignamente y emitió la decisión final. “Ya son casi cinco meses desde que el expediente llegó al despacho del juez de ejecución y aún no se ordena cumplir con lo resuelto”, recalcó.
La Defensoría subraya que el deber del juez encargado es garantizar que la sentencia se cumpla “tal como se resolvió y sin retardar su ejecución”. Asimismo, advierte que nuevas demoras podrían causar “un mayor sufrimiento y padecimiento” a la involucrada.
Ana Estrada sufre de polimiositis, una dolencia sin cura que consume poco a poco los músculos de todo el cuerpo y que la mantiene postrada en una cama la mayor parte del tiempo. Es la primera persona en el país suramericano a la que los jueces han autorizado a poner fin a su vida, después de dictaminar la inaplicación a su caso del artículo 112 del Código Penal, de manera que nadie puede ser perseguido por el delito de homicidio piadoso al practicarle la eutanasia. Su caso es excepcional, ya que en Perú ese procedimiento está prohibido y es penado con tres años de cárcel.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 9, 2023
VOLUNTAD ANTICIPADA
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente electo de México, promoverá la Ley de Voluntad Anticipada, que contempla el derecho a una muerte digna para un enfermo terminal.
Según palabras de Olga Sánchez Cordero, futura Ministro del Interior, “Se promoverá en todo el territorio la Ley de Voluntad Anticipada, y en todas las entidades federativas que aún no cuenten con ella se promoverán reformas en los códigos civiles para consagrar el derecho a una muerte digna”
Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer esta postura en una reciente conferencia en el
Colegio de Notarios de la Ciudad de México.
La ley de voluntad anticipada permite a un enfermo expresar por adelantado el tipo de tratamiento médico que se quiere recibir ante enfermedades terminales o accidentes. Esta ley regula la decisión de las personas de ser o no sometidas a procedimientos médicos o tratamientos que puedan alargar su vida en la etapa terminal, cuando ya no se pueda mantener de forma natural.
En este país, la Ciudad de México y una decena de las demás 31 entidades federativas -los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y Estado de México, entre otros- cuentan con esta legislación.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Muerte Digna 2016 elaborada por la entidad Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), 68,3 % de los mexicanosse posicionan en favor de la opción de poder adelantar la muerte en caso de que la persona esté en fase terminal, mientras que 31,7 % están en contra.
Sin embargo, en esta encuesta los resultados fueron más cerrados cuando se preguntó a la población si estaba de acuerdo con que sea el médico quien ayude a morir proporcionando sustancias letales, con 56,4 % en favor por 43,6 % en contra.
La diferencia entre la eutanasia del suicidio asistido es -en el primer caso, cuando el doctor aplica una inyección letal a un paciente en estado terminal y la segunda cuando el paciente mismo se administra un fármaco prescrito por el médico.
Colombia es el único país de América Latina que permite una eutanasia legal, hasta la fecha.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 13, 2018