Magistrados jubilados del Tribunal Supremo de España y fiscales anticorrupción retirados, entre otras personalidades, han presentado una querella criminal contra el exrey de España Juan Carlos I acusándole de cinco delitos fiscales.

Todos ellos sostienen que no se debió archivar la causa cuando el exmonarca realizó dos regularizaciones tributarias, una en diciembre de 2020, cuando abonó 678.000 euros, y otra en febrero de 2021, cuando pagó 4.395.000 euros.

La ley establece que la situación queda regularizada cuando el contribuyente procede al pago de la deuda antes de que la administración tributaria le comunique el inicio de actuaciones de investigación o de que el ministerio fiscal lleve a cabo actuaciones que le permitan tener conocimiento formal del inicio de diligencias.

Los querellantes mantienen que el proceso no cumplió los requisitos legales porque las diligencias de la Fiscalía fueron abiertas en junio y noviembre de 2020 respectivamente y se las comunicó al abogado de Juan Carlos de Borbón con anterioridad a las regularizaciones.

Consideran así que el exmonarca realizó cinco delitos contra la Hacienda pública penados con entre dos y seis años de cárcel y multa del doble al sextuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación supere la cuantía de 600.000 euros.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, uno de los querellantes, ha asegurado: “Lo que realmente nosotros pretendemos con la querella es que se admita que las declaraciones fiscales de las declaraciones de la renta de 2014 a 2018 no se hicieron con arreglo a la ley”.