El video del gobierno nacional el 24 de marzo pasado, referido al mismo día, pero de 1976, desencadenó diversos efectos. Entre otros, la aparición de los ecuánimes. El fugaz spot que tuvo como protagonistas a Juan Bautista “Tata” Yofre, María Fernanda Viola y Luis Labraña ha sido objeto de la crítica de algunos periodistas por la supuesta falta de ecuanimidad en la que incurre. Mariano Yesse dijo, por ejemplo, que hay que mirar adelante, salir de la grieta y no llevar el péndulo al otro extremo; Luis Novaresio, además de hacerle una crítica de orden estético, observó que en el video no se hace mención y, por ende, tampoco se repudia el golpe de Estado. Pablo Mendelevich, por su parte, acusa al gobierno “construir un relato espejo, que esconde o que excusa, con más soslayo que negación explícita, la represión ilegal planificada y ejecutada por los militares” y, agrega, que la corrección del relato de los derechos humanos que hace el Gobierno sesga la verdad y lo hace caer en la parcialidad más equívoca. Los tres, a su modo, reparan en el uso político que hizo de los derechos humanos el kirchnerismo pero, al mismo tiempo y por el video de 12 minutos del gobierno de Milei, le endilgan a éste último ejecutar una operación idéntica desde el otro extremo.
YofreLabraña
Los ecuánimes, no objetan la principal tesis del relato kirchnerista y de la izquierda: según la cual, el gobierno militar 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno constitucional con el objeto de aplicar una política económica liberal entreguista acompañada del inevitable plan genocida para eliminar a aquellos que se opusieran a la misma. Para nada. La asumen como cierta. Lo que desaprueban es el uso espurio y la prostitución de la causa convirtiendo a las ONG de Madres de Plaza de Mayo y otras vinculadas a los derechos humanos en organizaciones clientelares al servicio del gobierno de los Kirchner. Es decir, que tanto los kirhneristas como los ecuánimes comparten la visión global de lo ocurrido en la década del 70; esto es que no hubo guerra y sí en cambio, genocidio. Por ello, se oponen al video del gobierno con el cuento de la ecuanimidad. Juan Bautista “Tata” Yofre, con el respaldo de documentación, ha escrito más de una decena de libros que dan una visión objetiva de los 70. Es, lejos, quién más ha hecho por la verdad histórica. Luis Labraña, un protagonista de los hechos, aniquila la mentira de los 30.000 desaparecidos y sostiene que fue una guerra. María Fernanda Viola, que vio como asesinaban a su padre a su hermana y fue herida gravemente, contó que para ella y sus víctimas los derechos humanos pasaron de largo olímpicamente. Los homicidas de semejante atrocidad, en cambio, recibieron las indemnizaciones del Estado y, como si fuera poco, se presentaron como víctimas-querellantes contra los policías que los atraparon y el juez que los condenó. Quienes fueron condenados como criminales de lesa humanidad (los “ecuánimes”, mutis por el foro).
La Sra. presidente Victoria Villarruel, por denunciar en solitario la falta de ecuanimidad del Estado para con las víctimas del terrorismo montonero y erpiano, es hostigada sistemáticamente con los calificativos de “negacionista” y “defensora de genocidas. Es que para la Secretaría de Derechos Humanos desde Kirchner hasta Néstor Kirchner hasta aquí (Macri, incluido) solo reconoce como víctimas de crímenes de lesa humanidad a los erpianos y montoneros abatidos o apresados. Uno que tomó nota de esta realidad es el diputado del Frente de izquierda, Gabriel Solano; quién a la pregunta de Eduardo Feinmann: “¿Es delito de lesa humanidad poner una bomba en un colegio o cine?” Respondió: “Depende quien la ponga.”
BonafiniVillarruel
El kirchnerismo, con los partidos de izquierda y los ex terroristas, inventaron el relato del “genocidio” para borrar de la memoria a la guerra; la que, en los ’70, los subversivos reivindicaban en sus revistas y en sus atentados criminales. De fieros guerrilleros tipo Che Guevara el relato K los convirtió en jóvenes idealistas defensores de la democracia. Miles de millones de dólares del erario público se malgastaron en ello. Hebe de Bonafini recibió dinero para hacer la universidad del relato; también para hacer casas para los pobres. La Secretaría de Derechos de la Nación se convirtió en el “ministerio de la Verdad”. Se financiaron ONG de H.I.J.O.S., películas, congresos, libros, revistas, actos de victimización terroristas y de repudio a militares. Las inmensas instalaciones de la ESMA al servicio de la “Memoria”. Se adaptaron, con la supervisión del ex jefe de Inteligencia de Montoneros, Horacio Verbitsky, los planes de Estudio de los niveles primario, secundario y terciario de todo el país. Se derribaron símbolos públicos en los que se homenajeaba a caídos en la guerra contra la subversión: el busto del Capitán Humberto Viola en la ciudad de Tucumán, el monumento al “Combate de Manchalá” en Salta, el cuadro del juez Jorge Quiroga en la Cámara del Crimen de la Capital Federal, entre otros. En abierta contradicción, calles, plazas y estaciones de subte fueron bautizados con nombres de asesinos como el de Rodolfo Walsh. No se escuchó a nadie pedir ecuanimidad.
La única manifestación del gobierno de Mauricio Macri, hereje al dogma establecido, digna de ser citada, fue la proferida por el secretario de Cultura de CABA, Darío Lopérfido. Quién afirmó la verdad de que el número de 30.000 desaparecidos era falso. Como no podía ser de otra manera, fue eyectado fulminantemente del cargo.
Mas, lo verdaderamente grave de los efectos del relato K ha sido su impacto en la Justicia. Ello porque los jueces y fiscales federales tomaron lo del “genocidio” como una verdad revelada y, de que fue una guerra, como una fake new de los “negacionistas”. Así se procesa, calumnia y condena a pudrirse en cárceles miles de militares, policías, empresarios, etc. Los querellantes, por lo general, son aquellos que en los ’70 querían exterminarlos con las armas. Todo el aparato judicial de la nación está a su servicio. No se ve a “los ecuánimes” pidiendo igual trato para con los criminales terroristas de Montoneros y el ERP
Eso sí, para los 12 fugaces minutos del video oficial del 24 de Marzo ¡Ecuanimidad ya!
El 05/abr/2021, se publicó en internet un folleto emitido por el Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Defensoría del Público, titulado: Recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia.
El mismo pretende limitar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión ya que tales “recomendaciones” tienen un marcado sesgo “indicativo” y “confirmatorio” (tendencia a favorecer, buscar, interpretar, y recordar, la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas – Wikipedia).
De la lectura y análisis del texto, en base a un elemental pensamiento crítico (no crítica ideológica), que permite detectar disonancias cognitivas, surgen varias consideraciones que hacen a la publicación de dudosa verdad y justicia, y utilizan a la memoria, solo en forma parcial, es decir se omiten hechos de la realidad, con lo cual el “relato”, se aparte del concepto de verdad, considerando que, es verdad aquello que se acerca a la realidad, y mentira lo que no es coincidente con ella.
Para no ser agobiante con el tema, solo vamos a considerar algunas, las que nos parecen más determinantes para objetar la publicación y sobre todo la parte del extenso título que refiere a memoria, verdad y justicia.
Recomendaciones:
3: Lenguaje preciso a la hora de comunicar: Se recomienda informar con términos claros y evitar tecnicismos legales. Sobre algunos conceptos de uso habitual se sugiere específicamente:
b- Referirse como “dictadores” a quienes gobernaron sin haber sido elegidos democráticamente. Evitar llamarlos presidentes o gobernadores “de facto”. También es posible mencionarlos como “represores” -por formar parte del plan de represión ilegal-, “genocidas” -por participar del plan genocida que implicó el terrorismo de Estado– o “imputados” a quienes perpetraron los crímenes de lesa humanidad. Es incorrecto nombrarlos como ex represores o ex genocidas. [pág. 5] el resaltado es nuestro.
Lo denominados procesos por delitos de lesa humanidad, no han condenado a los procesados por genocidio, que, si bien es uno de los delitos considerados como de lesa humanidad, solo pueden ser aplicados cuando cumplen la tipificación del mismo, no pudiendo, por principios del derecho penal utilizarse analogías. Mucho menos plan genocida, ya que, si no existe el tipo, mal puede haber un plan para aplicarlo.
6: Poner los hechos en contexto. Se sugiere contextualizar y situar los hechos en la historia para que la sociedad pueda comprender la dimensión del despliegue del terrorismo de Estado y sus secuelas en el presente, tanto en el plano individual como en el colectivo.
[…] También se debe señalar que el proceso de justicia llevado a cabo en Argentina respecto de la última dictadura cívico-militar es emblemático y un modelo a seguir a nivel mundial, porque son los tribunales civiles del propio país, con las leyes vigentes al momento de los hechos, los que están juzgando y sancionando a los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado. [el resaltado es nuestro] [pág. 7]
Si bien el escrito declama la contextualización de los hechos, solo lo hace en forma parcial, omitiendo el contexto de la lucha contra la violencia terrorista, es decir la parcialización afecta la verdad.
Es una realidad palmaria, que al momento de los hechos que se están juzgando, no existían en el sistema jurídico argentino, la tipificación de delitos de lesa humanidad, por lo cual, no solo el relato es falso, sino que trata de ocultar la aplicación retroactiva del derecho penal, algo que esta específicamente prohibido por nuestra Constitución y las normas convencionales. Por ello, lo emblemático es que ese “modelo” no se puede seguir, y de hecho no se hace por parte de otros estados, por ser contrario a las garantías al debido proceso.
7: Evitar coberturas espectacularizantes o revictimizantes. […] Además, cuando se construyan relatos sobre lo sucedido es recomendable no utilizar el concepto de “traición” y asumir que todos los y las sobrevivientes son víctimas. Pág. 8
Igualmente, se recomienda evitar la banalización de los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar comparando situaciones de violaciones de derechos humanos: actuales o acciones políticas contemporáneas con lo sucedido en aquellos años.
Claramente se reconoce que los relatos se reconstruyen, y se habilita una forma de construcción con sesgo confirmatorio.
Así se trata de impedir, que se consideren violaciones a los derechos humanos los hechos acaecidos recientemente en la provincia de Formosa, así como otros actos cometidos durante el actual gobierno, relacionados con muertes de detenidos y ocultamientos de los mismos.
También hay que considerar, que cuando a las organizaciones que se arrogan la defensa de los derechos humanos, les conviene, esta “banalización”, la aplican, tal como aconteció con la construcción de un relato sobre la inexistente desaparición forzada en el caso Maldonado. Por esto intervino la Comisión IDH, ocupó mucho espacio en los medios, se hizo una película, e incluso se sostiene, cuando quedo plenamente demostrado que el nombrado falleció por ahogamiento luego de la huida con un grupo de activistas del RAM.
Glosario:
Estado de derecho Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, de forma compatible con las normas, derechos y los principios internacionales de derechos humanos.
Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, división de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal (ONU – Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos –S/2004/616– https://undocs.org/es/S/2004/616). [pág. 13]
Notoriamente, lo expresado se contraviene, con la realidad de los denominados procesos de lesa humanidad, por la ya mencionada aplicación retroactiva de la ley penal, a lo que hay que sumar la declaración de imprescriptibilidad, ya que no puede legalmente aplicarse a un delito inexistente. Tampoco, quedan dudas que el tratamiento a estos procesados viola el derecho de igualdad ante la ley.
Terrorismo de Estado: Hace referencia al uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de la violencia para el amedrentamiento de la población en general y la eliminación de los adversarios políticos, a través de diversos mecanismos represivos, como instrumentos de disciplinamiento social y político, llegando a recurrir a complejos y altamente sofisticados recursos del Estado moderno para cometer graves crímenes dirigidos a grupos y colectivos de su propia población. En nuestro país, las Fuerzas Armadas, con impulso y participación de grupos económicos y otros sectores de la sociedad civil a partir de 1976, instauraron una política de terror, represión, secuestro, tortura y la desaparición forzada de personas de forma institucional, sistemática y generalizada. [pág. 14]
Omitiendo la realidad (aunque se sostiene que quienes pretende una memoria total sobre los hechos son los negacionistas), se sustenta que los actos que generaron el accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad, solo corresponden al periodo del golpe militar, cuando la realidad demuestra que durante el periodo constitucional (Perón/Estela Martínez) se estableció y funcionó la triple A, una aplicación asimilable, según Juan Bautista Yofre, a la del somaten español. ¿Por qué no se considera Estado al gobierno constitucional?
En realidad, el Estado por no ser una persona física no comete actos terroristas, por lo cual lo correcto sería denominarlo “terrorismo desde el estado”. También debe considerarse como tal, las acciones terroristas promovidas por terceros estados y que afectan a otro estado, y cuyo objetivo es imponer por la fuerza ideologías o regímenes políticos no aceptados por el estado de derecho. También se pretende negar que, desde la URSS, se promovió, se sostuvo y se apoyó logísticamente a los grupos terroristas, no solo en Argentina.
Genocidio
Se consideran genocidio a los actos dirigidos a la destrucción total o parcial de un grupo por medio de actos como la matanza de miembros de ese grupo, la lesión grave a su integridad física o mental, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial; las medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo o el traslado por la fuerza de niños/as del grupo a otro grupo (Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 6). [pág. 15]
El citado Estatuto de Roma, entró en vigencia en la Argentina con muchos años de posterioridad a los que corresponden a la dictadura militar ya en el siglo XXI, es más, fue adoptado en 1998, y luego de ello debieron pasar años hasta que cumplieron los requisitos para su entrada en vigor, y a que posteriormente fueran aplicables por los Estados.
Entre sus disposiciones, su artículo 24 establece: Irretroactividad ratione personae. 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.
Por lo cual, la aplicación de su normativa sobre delitos de lesa humanidad, es inaplicable a los hechos acontecidos entre 1976/1983. Lo que necesariamente contradice lo manifestado en el punto 6 de las recomendaciones, es decir hay una contradicción dentro del mismo texto. Necesariamente otra disonancia cognitiva.
Existe, y dentro de mismo tema, una clara supresión en el texto del citado artículo del Estatuto de Roma, ya que el mismo expresa: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: …
Por consiguiente, aun para el propio instrumento no existe tipificación para considerar la existencia de genocidio. Resulta de gravedad institucional que, desde el Ministerio de Justicia, se adultere el texto de un instrumento de derecho internacional, más aún cuando se intenta establecer, con la adulteración, una conducta claramente condenable.
Como conclusión, si se tergiversan u ocultan los hechos de la realidad, no puede haber verdad; sin esta, la memoria es solo una construcción ideológica; y si se violan leyes constituciones y convenciones, obviamente no puede haber justicia.
Para poder entender claramente la situación Nacional en esta pobre Patria, aparte de lo ya mencionado respecto a los terroristas guerrilleros, es menester aclarar el caos institucional en que vivía el desgobierno democráticamente elegido con la Sra. M. E de PERÓN y el porqué del apoyo de toda la sociedad al golpe de estado, que es la historia verdadera vivida, y no la falseada por esta POLÍTICA DE ESTADO, que aquí, es este tribunal se aplica inexorablemente, de la misma manera que la sentencia de “Vargas Aignasse” que menciona el MPF, y respecto a lo que venía debatiendo paso a relatar la verdadera historia del golpe militar:
En el año 1975, del 1ro de enero al 04 noviembre, la Presidenta mencionada de los 308 días trabajó un promedio de tres días por semana es decir que trabajo 138 días y descanso 170 días (Publicación Última Clave del 06 de noviembre de 1975. – Yofre, Juan Bautista Nadie fue pág 273).
En un poco más de un año ISABEL PERÓN tuvo seis ministros del Interior, cuatro de Relaciones Exteriores, cinco de Defensa, seis de Economía, tres de Educación y Cultura, tres de Justicia, cuatro de Trabajo y cinco de Bienestar Social. ( Yofre, Juan Bautista Obr cit
Por lo expresado en 1. y 2. Precedente, llevó a decir a Francisco Manrique en la pantalla de Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt: “¿Pero quién gobierna? (….). Eso sigue siendo anarquía. Y lo peor, anarquía organizada”
Concordante con Manrique el diario La Opinión del 16 de julio de 1975, diario de izquierda de HECTOR TIMERMAN, expresó: “Los argentinos, día a día, tienen conciencia de que aquel país al que estaban acostumbrados está muriendo. Y no saben qué país, qué vida le espera. Ni cuánto durará esta agonía.”
El senador izquierdista Oscar Alende expresaría: “el desgobierno ha colmado la paciencia de los argentinos”.
El embajador de Estados de Unidos ROBERT HILL informaba al Departamento de Estado sobre ISABEL PERÓN: “Su autoridad y posición está tan socavada que no puede tomar las riendas del poder”.(El Terrorismo como Crimen de Lesa Humanidad)
El diputado justicialista CARLOS PALACIOS DEHEZA en noviembre de 1975: “La destrucción de las instituciones comienza por la cabeza al igual que el pescado…así no llegamos a 1977, ni siquiera al 76”.
La Unión Cívica Radical, con su presidente a la cabeza el Dr. BALBÍN advierte el final del gobierno: “El país vive una grave emergencia nacional…Toda la Nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilatación, alcanza su límite”. (El Terrorismo como Crimen de Lesa Humanidad)
El diario La Opinión del 11 de marzo de 1975: “La sensación de que nadie manda, las contradicciones, y las carencias de competencias para el ejercicio de tan compleja y graves responsabilidades”.
El senador DE LA RUA: “estamos al borde de un abismo” e inmediatamente el senador BRAVO: “
“…en nuestro país hay un vacío de poder y no hay conducción de gobierno (….) este gobierno está en una pendiente inclinada y viene cayendo”. (Sesiones del Congreso)
El Diario La Opinión el 19 de marzo de 1976 presentó una noticia espeluznante: “Un muerto cada 5 horas y un atentado cada 3” y concordante con esto el senador Eduardo Angeloz: “Los senadores de la Nación tenemos las manos atadas y no encontramos solución para asegurarles la vida” y el senador izquierdista AMERICO GHIOLDI agregó: “…llegamos al borde del abismo. El ante (…) la inseguridad de vida.(Sesiones de Congresos)
En una reunión de BALBÍN con VIDELA el primero manifestó refiriéndose a la toma del poder por las Fuerzas Armadas: “Háganlo cuantos antes. Terminen con esta agonía” y concordante con esto en el Parlamento el senador EDUARDO ANGELOZ reconocía los encuentros entre políticos y militares: “Debo confesar que en el día de hoy he golpeado las puertas (…) de la Policía Federal, la de algunos hombres del Ejército. Y el silencio es toda respuesta que he encontrado”, y en diputados días antes manifestó el diputado Ferreyra en forma categórica: “No puede transcurrir un minuto más en este desgobierno”. (Sesiones en el Congreso). Es decir, señor Presidente que los mismos políticos pedían a gritos al golpe de estado porque sabían que, ante su impotencia por la situación que se vivía, era, para ellos, el golpe militar la única vía de salida.
En la Cámara de Diputados el 24 y 25 de enero de 1976 se dijo: 1) Diputado Porto: “Cuando dictamos las leyes (amnistía, derogaciones de normas, supresión de la Cámara Federal en lo Penal) (….). Pero un grupo (…) ha seguido ejecutando los mismos actos de violencia que antes: siguen las bombas, los atentados a las instituciones, la tenencia de armas de guerra, los secuestros, los asaltos. Tales actos de violencia van ahora dirigidos… contra el Estado de derecho republicano”; 2) Diputado Monsalve: “Esta cámara, en aquella oportunidad, aprobó la derogación de las leyes represivas presionada por las manifestaciones callejeras alentadas por quienes habían triunfado en las elecciones de marzo y abril pasado; manifestaciones que integraban seguramente buena parte de las fuerzas que hoy están colocadas en la subversión (…) Cabe preguntarse por qué hoy, después de casi un año de gobierno popular, subsiste, aun agravada, la violencia, que todos repudiamos (…), vemos que nuestro país se ha transformado en una nación en la que los hombres no pueden tener cuando salen de su casa para ir a trabajar y ganarse la vida, la seguridad de que volverán a ella enteros para reunirse con sus familiares”.
De la misma manera los sindicalistas justicialistas apoyaron el golpe y así JORGE ANTONIO en una conferencia de prensa manifestó: “Si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean (…), cuando se restablezca el orden habrá trabajo para todos”(Nadie fue de Juan Bautista Yofre), el 20 de marzo comunicaron los sectores obreros: “Cuarenta y una organizaciones sindicales no acatarían un paro general de actividades en caso de ruptura del orden constitucional” (contratapa del diario La Opinión), como se puede ver este tribunal, los sindicalistas daban luz verde al golpe militar. “y al día siguiente, otro peronista LUIS SOBRINO ARANDA fue lapidario “Lo que interesa es el cambio, no importa quién lo haga” y a una semana del 24 de marzo este diputado abandonó su banca declarando que “el proceso político argentino está agotado”. (Nadie Fue ob cit), y el diario “El Clarín” del 21 de marzo informa que: “Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias”, es decir que los legisladores abandonaban el barco antes de que se hunda, abandonaban voluntariamente el poder que el pueblo les había conferido. Y en este diario de izquierda de HÉCTOR TIMERMAN, La Opinión en enero de 1976, el periodista OSIRIS TROIANI manifestó: “Las Fuerzas Armadas podrán verse obligadas a intervenir, no para suprimir el sistema, sino para regenerarlo”, y el 20 de marzo este mismo diario dijo: “Porque se puede querer el golpe sin ser golpista, (…) hay muchos dirigentes gubernamentales que recibirían con alivio un golpe que los descargara del manejo de una situación imposible”.
El mismo ERNESTO SABATO dijo: “La inmensa mayoría de los argentinos rogaba que por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos” (Declaración en la revista alemana llamada GEO) y JORGE PALADINO, una de las principales voces del gobierno de PERÓN confirma: “Las Fuerzas Armadas no hicieron más que aceptar un pedido general, táctico y/o expreso de la ciudadanía para encarar con su intervención, una crisis de supervivencia de la Nación que las instituciones y las organizaciones civiles demostraron ser incapaces e impotentes de resolver”. Tal es así que el resto del mundo aprecio de la misma manera, el diario holandés Algimeen Dagblad opino: “lo único asombroso es que la intervención militar se haya hecho esperar tanto”, el Tangsan Zeiger suizo afirmo: “apenas puede calificarse de golpe de estado. A los militares les cayó el poder en las manos como un fruto podrido”, el ABC español manifestaba: “el ejército ha decidido colocar el interés nacional por encima de cualquier otro y que su intervención fue necesaria” (Fragmentos de diarios extranjeros publicados en el diario izquierdista de HECTOR TIMERMAN La Opinión del 26 de marzo de 1976).
Pero lo más asombroso es el mismo apoyo que prestaron las organizaciones de terroristas guerrilleros, por otro motivo, pues estaban convencidos que la venida de un gobierno de facto favorecía la conquista de sus objetivos y así el ERP en su diario ESTRELLA ROJA afirmó: “La concreción del golpe militar producirá un cambio en el desarrollo de la lucha revolucionaria de nuestra Patria. Será el inicio de la guerra civil abierta…”, GORRIARAN MERLO por su lado manifestó: “Llegamos a la conclusión de que el advenimiento de una dictadura militar iba a conllevar una exacerbación de la resistencia”. Montoneros por su parte sostenía la necesidad del golpe, que provocaría la unificación de la resistencia” (Eugenio Méndez en Confesiones de un montonero, pág. 124). Como se puede apreciar el golpe de estado, que ahora tanto esta inmunda Política de Estado dilapida, fue apoyada por toda la sociedad argentina e incluso por los mismos guerrilleros, y este apoyo de los terroristas guerrilleros, se manifestó echando más leña al fuego, aumentando sus operaciones subversivas terroristas a fin de acelerar la intervención militar.
También es importante recalcar que dicho apoyo, también fue manifestado después del golpe de estado, así el diario La Opinión (del izquierdista Héctor Timerman) informara: “No es secreto que las Fuerzas Armadas, contribuyeron ilimitadamente a evitar el colapso de las instituciones (…)las instituciones no se ayudaron así mismo, hasta el punto de abandonar a un total y absoluto vacío de poder, a un país desquiciado, dominado por la corrupción y azotado por un violencia que sumergió en la inseguridad a todos los argentinos” y el 24 de agosto este mismo diario manifestó: “ Sentimos que el 24 de marzo de 1976 que habíamos salvado la vida. Fue una sensación re confortable, un respiro de alivio” y la Voz del Interior el 28 de marzo afirmó: “…el gobierno se asumió en el momento preciso, cuando ya parecía no quedar espacio para otras alternativas…Sabíamos que la quiebra del orden institucional era irremediable…”.
Y para terminar con todas estas pruebas de los hechos desgraciados ocurridos repito las palabras del ministro de Defensa Dr. HORACIO JAUNARENA, pronunciara en el juicio 13/84, reconociendo la responsabilidad de los políticos en estos sucesos: “Es necesario que nos preguntemos por qué no tuvimos respuestas a la crisis que derivó en el golpe de estado de 1976… Pensar que 15 ó 20 militares son responsables de lo que sucedió en los últimos años es una insensatez; este argumento nos lleva a la conclusión de que en cualquier momento otros militares pueden intentar lo mismo y esto no es así.
Un ministro de M.E. de PERON le manifestó al Dr. JUAN ALEMANN: “es preferible un final con horror que un horror sin final”.(La mentira oficial de Nicolás Márquez).
El Diputado STECCO del FREJULI mencionó : “Por eso esta Cámara de Diputados, dicta leyes del país, se debe ampliar poderes a las FFAA y de seguridad…..para perseguirlos a sus guaridas y matarlos como ratas, porque no merecen vivir en este pueblo”.
Todo lo mencionado precedentemente, y mucho más, lo que sería imposible transcribir, no lo dijeron las Fuerzas Armadas, lo dijeron todos los diarios tanto de izquierda como de derecha, en diarios extranjeros, en toda la sociedad argentina atacada por los terroristas guerrilleros y en todos los poderes de la Nación, y nada menos que especialmente en el Congreso de la Nación, y no olvidemos que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes (art. 22 CN), y por mandato del pueblo por medio de sus representantes así procedió el gobierno democrático de la Sra. M. E. de Perón y haciendo uso de sus facultades que le confería la Constitución Nacional, ordenó el aniquilamiento, de quienes debían ser “muertos como ratas”, es decir los guerrilleros terroristas que conformaban los Ejércitos Guerrilleros Terroristas.
Todo lo que he mencionado precedentemente es la historia analizada desde el punto del historicismo, es la verdadera historia, es la verdad en sí misma, y no es la memoria que impone esta POLÍTICA DE ESTADO, que exige a los jueces y fiscales ignorar las lecciones del pasado y juzgando tan solo a uno de los beligerantes (Principio de la vulgarización, del Silenciamiento, de la Renovación, de la Verosimilitud, de la Transfusión) que la Historia les reclama asumirlas con coraje, juzgando a todos ellos, asumiendo la responsabilidad institucional. que la República ha colocado sobre sus espaldas, deben optar entre el coraje y la cobardía, la conveniencia o los valores, el odio y la paz, la justicia o la política, a la vista está, por que han optado los señores magistrados, al juzgar a solo una de las partes beligerantes.
Como también se puede ver hay sobradas pruebas de esos hechos históricos desgraciados, que en esta sala se niega y/o se invierten.(Principios del Silenciamiento, de la Transfusión)
Y parafraseando a Maquiavelo (1469 – 1527) quien sentenció: “Toda guerra es justa desde el momento que es necesaria” y señor Presidente, aunque aquí, este tribunal, el MPF, la querella lo nieguen, siguiendo todos una POLÍTICA DE ESTADO, he dado pruebas de hechos históricos que en 1974, la guerra era más que necesaria, ya que había un clamor, de toda la sociedad, para terminar con el terrorismo. (Principio del silenciamiento y Unanimidad y de la Transfusión).
Por eso todas las acusaciones en estos juicios, al invertir e ignorar la historia de todos estos hechos, de público y notorio conocimiento, son de nulidad absoluta, como lo son todos estos juicio, nada bueno puede edificarse sobre la mentira (Principio de la Transfusión) y es así, que todos estos feroces, pero valientes terroristas, declarados ilegales, llevaron un ataque sistemático y generalizado, a toda la población de civiles inocentes, sin quedar ningún sector de la sociedad que no fuera objeto de sus ataques, estos terroristas hoy llamados “Jóvenes Idealistas”,(Principio de la Transfusión) tan inocentes fueron que produjeron exactamente 21462 atentados (algunos ya comentados), comprobados en el juicio 13/84, atentado que, el MPF también silencia, (Principio de la Silenciación) en aras de una “POLITICA DE ESTADO”. Por eso, con el debido respeto, voy a transcribir lo que dijo Nuestro Señor Jesucristo según la SAGRADA BIBLIA” (MATEO 23,28): “…así son Uds.; por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad”.
No voy a seguir analizando cada una de las acciones del MPF en el uso de los principios del Nazismo, ya que entiendo que los presentados sirvan más que de pruebas en el uso de los mismos, de todas maneras podrán mentalmente cada lector determinar qué principio se aplicaron.
La actitud de los magistrados es la aplicación plena del Décimo principio del Nazismo, (Principio de la Transfusión), es la semilla sembrada en el campo más fértil del odio y así estamos, sin nada de qué enorgullecernos, con la Nación destruida, organizaciones ilícitas de civiles y funcionarios del gobierno nacional y provinciales, militares y funcionarios corruptos protegidos del gobierno, el país se cae a pedacitos y hasta hace poco, con intención de modificar nuevamente la CN, así son violadas las garantías consagradas en la Constitución Nacional, creando una justicia ilegal diferenciada “DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”, basada en la más pura de las mentiras históricas y aberraciones jurídicas.
Al respecto en la Ob cit Pag se ha dicho: Así, al sostenerse en estos juicios la acción pública en un derecho penal inexistente, afirmado impúdicamente contra el art. 18 de la CN, ni los Fiscales, ni los Jueces de Instrucción ni los tribunales se han comportado como tribunales de justicia, sino como tribunales revolucionarios al margen de toda ley[1].
Todo lo mencionado son hechos de público y notorio conocimiento, los pueblos no tienen memoria, tienen historia que en el MPF y los jueces prevaricadores intentan controlar, haciéndose dueña de la misma y, la trastocan sustituyendola por un relato maniqueo, en donde los fiscales tiene un papel preponderante, asimismo me atrevo decir que la historia no tiene dueño, la historia es dueña de si misma.
El bajar un cuadro (El del señor General VIDELA), o trasladar de lugar una estatua, (La de COLÓN), lo que es de público y notorio conocimiento, no significa que no existiera, como tampoco que se pueda cambiar la historia y se pueda borrar el pasado.
Al respecto señor Presidente voy a repetir las palabras expresadas por el máximo dirigente de la organización de montoneros MARIO FIRMENICH que dijo: “La verdad es como un corcho en el agua, se la puede tener sumergida a base de presión, de fuerza, pero en cuanto se alivia esa fuerza, el corcho tiende a flotar. La verdad emerge, en términos históricos, emerge así y en términos divinos, ni que hablar (…), porque esta es una verdad que emerge sí o sí, en el largo o corto plazo, y las cosas se desgranan y los historiadores futuros terminarán poniendo las cosas en su lugar; y si no lo hicieran, pues más tarde o más temprano, llega el juicio final y las cosas se pondrán en su lugar”. (Leguizamón Javier Vigo – Ob. Cit. Pág. 134)
Reconocer la realidad de la historia, tendrían que reconocer que estas organizaciones de “jóvenes idealistas” y “bellas personas” como yo los nombrara en los silogismos, es reconocer, que habían pavimentado su camino de cadáveres, y se acabaría con estos juicios, especialmente muy rentables para muchos, se acabarían con la hipocresía del auto exculpación, como así mismo, con la consagración que este gobierno hace de la violencia.
Al respecto DAVID RIEFF DIJO: “La cultura del agravio y del resentimiento conducen al rencor antes que a la reconciliación y a la venganza antes que al perdón”, y esto señor Presidente es venganza. Es así que, mediante los falaces fundamentos del MPF se procura crear jerarquías de víctimas sabiendo perfectamente los señores magistrados, que solo existen jerarquías de delitos.
Esta “POLITICA DE ESTADO”, aleja la verdad, no solo la verdad de los hechos respondiendo a “quien hizo que”, sino la idea misma de la verdad, este concepto “verdad”, es lo más intolerable y aborrecible para quien construye el poder por medio de la mentira y exhibe también así el profundo desapego por la justicia, cuyo principio pasa a ser la sanción penal obtenida, mediante métodos falaces, faltando a la garantías que ella proclama, donde el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se adhiere y se subordina a la “POLITICA DE ESTADO”, pero esto no es casual, ya que la Política del difunto KIRCHNER, la logra cambiando los miembros de la CSJN, que eran independientes, pues estaba gobernando un país en el cual todavía existía algo de la división de poderes, como lo mencionara precedentemente. Esta maquinaria montada por este gobierno montonero, donde cada engranaje es hipócrita, es la negación misma de la política, pero sobre todo de la justicia pues hace un pacto con la muerte sin que el duelo concluya ni la sangre se seque, se sigue así aplicando la famosa frase de la subversión: “La sangre derramada jamás será olvidada”.
Y como dice Sector Ricardo Leis en “Un Testamento de los años 70”, Ed. Katz CABA 2013, refiriéndose a los terroristas guerrilleros dice: “Cómo los aprendices de brujos”, habían desatado fuerzas que no sabían cómo controlar sin invocar a la muerte, hasta el fin”
Es el odio por el odio mismo , hagamos caso a AQUILES cuando HOMERO en la ILIADA le hace decir: “Dejemos en paz el pasado por mucho que nos aflija” o de lo contrario escuchemos a una verdadera guerrillera que no se escondió en la Patagonia al primer tiro, sino que puso el pecho y combatió arriesgando su vida, me refiero a la Señora PRESIDENTE DEL BRASIL, quien se merece mi respeto como soldado, la señora DILMA ROUSSEFF, quien hace poco manifestara: “La ignorancia sobre la historia no pacífica, al contrario mantiene latente penas y rencores. La desinformación no ayuda a apaciguar, facilita el tránsito de la intolerancia. La sombra y la mentira no son capaces de promover la concordia. Brasil merece la verdad y sobre todo, merecen la verdad aquellos que perdieron amigos y parientes y continúan sufriendo como si ellos murieran de nuevo y siempre cada día” y así está Brasil entre las primeras potencias del mundo y no como nos llevo este gobierno ha compararnos con el país más pobre del mundo.
Al proponer la unión nacional, me enfrento a la mentira oficial creada y sostenida con millonarios gastos propagandistas como “Las Organizaciones Guerrilleras tenian amplio apoyo popular” o “Las Fuerzas Armadas perseguían a jóvenes idealistas” etc., frases hechas no faltan, y los convierten en verdaderos postulados, fieles a los principios del nazismo, y así a este acusado que se atreve a hablar de unidad nacional se lo tildará y se lo acusará de “totalitario”, “desestabilizador, mentiroso etc.
[1] Del alegato del Dr. Alfredo Solari.
PP – VGMT (PRESO POLÍTICO – VETERANO DE GUERRA EN EL MONTE TUCUMANO
Tanto en las islas, como en Nueva York, donde se encontraba el entonces canciller Nicanor Costa Méndez para participar en las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, tuvieron lugar episodios clave. Discursos, actos y un curioso desfile durante una fecha patria muy especial
La Argentina no enfrentaba una situación de guerra exterior, en toda su magnitud, desde 1870, año en que finalizó la guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay. En el siglo XX, el 25 de marzo de 1945 le declaró la guerra a Japón y a la Alemania nazi (Decreto 6945/45 del 28 de marzo) sólo cuando las fuerzas aliadas, especialmente las del Ejército Rojo, se encontraban a pocas cuadras del bunker en el que se refugiaba Adolf Hitler en Berlín.
El martes 25 de mayo de 1982 el país vivía un trance histórico. Había un conflicto armado con una potencia mundial y sus tropas peleaban en el Atlántico Sur, y en todo su territorio se festejó la fecha patria con especial emoción.
Como me dijo una vez el brigadier general Basilio Lami Dozo, había dos argentinas. Una al Sur del río Colorado, que vivía intensamente el conflicto armado, y otra al Norte. El 25, sin embargo, la Argentina pareció ser una sola. Buenos Aires amaneció embanderada y la ceremonia central se realizó en la Catedral Metropolitana a las 11, con la presencia de la Junta Militar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Gabrielli; ministros del Poder Ejecutivo; secretarios del área presidencial y el cuerpo diplomático encabezado por su decano, el nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi.
Previamente, en las escalinatas del edificio Libertador, donde la Revolución de Mayo fue recordada por el Ejército, cuatro ex presidentes de facto, sin uniforme, se alinearon dejando de lado por el momento viejas rencillas, junto a otros altos oficiales de la institución. Allí estaban Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanusse, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola. La figura central fue el teniente general Leopoldo Galtieri, quien dijo en su discurso: “Aquí, como en las islas Malvinas, los hijos de esta tierra, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de nuestro Ejército, en las trincheras, en el ataque, o en su alojamiento, estarán junto a nosotros entonando el Himno Nacional argentino en el día de la Patria.”
“Buenos Aires amaneció embanderada y la ceremonia central se realizó en la Catedral Metropolitana a las 11, con la presencia de la Junta Militar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Gabrielli; ministros del Poder Ejecutivo; secretarios del área presidencial y el cuerpo diplomático encabezado por su decano, el nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi.”
Las agrupaciones políticas se dieron cita en la ceremonia del izamiento de la bandera en la Plaza de Mayo. Durante la ceremonia fueron fotografiados Arturo Frondizi (MID), Néstor Carrasco (justicialismo), Julio Amoedo (Conservador Popular), Enrique India (socialismo popular), María Cristina Guzmán (Fuerza Federalista Popular), Carlos Auyero(Democracia Cristiana), Guillermo Acuña Anzorena (Línea Popular), Oscar Alende ( Partido Intransigente), Emilio Gianonni (socialismo democrático), Jorge Abelardo Ramos(FIP), Armando Aguirre (laborismo) y Juan Carlos Varela Barrios (Partido Demócrata Progresista). En el acto se encontraban el Ministro del Interior, Alfredo Saint Jean, quien previamente los había recibido en la Casa Rosada, y el intendente Guillermo del Cioppo. Los dirigentes del radicalismo no asistieron pero Enrique Vanoli dijo que ningún miembro de la mesa nacional se hallaba en Buenos Aires. El presidente de la UCR, Carlos Contín, en Nogoyá, Entre Ríos, dejó trascender que se había comunicado por teléfono con el ministro del Interior. Tampoco estuvieron los dirigentes del Partido Federal que lideraba Francisco Paco Manrique.
En Nueva York, donde se encontraba el canciller Nicanor Costa Méndez para participar en las reuniones del Consejo de Seguridad, por la mañana se realizó una ceremonia en la sede de la Misión Argentina ante Naciones Unidas, a la que asistieron diplomáticos, periodistas y unos pocos residentes argentinos. “No son horas de festejar, dijo el canciller, está la sombra de la guerra que se libra allá, en el Sur” y pidió gritar ¡Viva la Patria! Luego, el ministro participó en la agotadora sesión del Consejo de Seguridad, en la que habló por más de una hora. Posteriormente, atendió en su oficina al embajador de la Unión Soviética, Oleg Alexandrovich Troyanovsky.
En Puerto Argentino la formación militar la presidió el general Mario Benjamín Menéndezy se realizó frente a la Casa de Gobierno. Al pronunciar su discurso sostuvo: “La voluntad de hacer y de vencer es la misma que han demostrado hasta ahora todos los que han tenido que luchar en esta guerra que la Argentina no buscó, pero sí la quiere hacer el agresor, que trata de restaurar su imperio mal habido”.
Al margen de las ceremonias y las fanfarrias militares, la Capital Federal no cambió demasiado su estilo de vida. Mirando a Malvinas, en el Automóvil Club se realizó un desfile de modas en beneficio del Fondo Patriótico Malvinas Argentinas y Gino Bogani organizó algo más selectivo en los salones del Hotel Alvear con la misma finalidad. A diferencia del primero, era una selección de vestidos largos para la noche y no de equipos jogging azules y grises de matelassé. El intendente Del Cioppo, derogando una ordenanza de 1913, cambió el nombre de la plaza Britania por “Fuerza Aérea Argentina”. En esas horas, la Selección de fútbol se presentaba en el estadio de River para jugar contra el equipo portugués Benfica. El partido comenzó a las 21 y era el de despedida ya que después viajaba a su lugar de concentración en Alicante, para participar en el Campeonato Mundial de Fútbol en España. Para los amantes del tango, en el Teatro Regina se presentaban Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche y Horacio Ferrer.
“Al margen de las ceremonias y las fanfarrias militares, la Capital Federal no cambió demasiado su estilo de vida. Mirando a Malvinas, en el Automóvil Club se realizó un desfile de modas en beneficio del Fondo Patriótico Malvinas Argentinas y Gino Bogani organizó algo más selectivo en los salones del Hotel Alvear con la misma finalidad.”
San Carlos y las directivas militares argentinas: la hora del voluntarismo
Después de la medianoche del 25 de mayo, el Estado Mayor Conjunto emitió el comunicado número 86 informando a la ciudadanía que las fuerzas británicas habían logrado establecer una cabeza de playa en el área de Puerto San Carlos y que estaban “reforzando con desembarco de material, equipo y personal, del orden de aproximadamente 2000 hombres. La cabecera de playa tiene una profundidad de 10 kilómetros en sentido E-O y 15 kilómetros de frente, en sentido N-S”.
Los matutinos de esa jornada relataban las pérdidas británicas en material y efectivos, acompañada por una foto del hundimiento de la HSM Antílope. Es cierto, las fuerzas británicas tuvieron importantes pérdidas, pero el desembarco de hombres y material logístico sobre San Carlos nunca se frenó. La zona fue escasamente defendida por las tropas argentinas. Aún así, el general Julian Thompson la denominó “la avenida de las bombas” debido al fuego caído por la aviación argentina sobre sus tropas de la 3ª Brigada Comando, compuesta tres batallones de infantes de marina y dos de paracaidistas.
El 25 de mayo a las 9.00 de la mañana, frente a lo que sucedía en San Carlos, el CEOPECON (Centro de Operaciones Conjuntas), con las firmas del vicealmirante Juan José Lombardo, el general de división Osvaldo Jorge García y el brigadier mayor Hellmuth Conrado Weber se dispuso, por Acta de Acuerdo Nº 3, solicitar al jefe del Estado Mayor del Ejército (general de división Antonio Vaquero) “el envío en forma inmediata de comandos para actuar sobre la cabeza de playa.” También se analizó la “decisión sobre la operación de empleo de la REM” (Reserva Estratégica Militar). A partir de ese momento comenzaron a transmitirse directivas y consultas:
-A las 10.15, durante una comunicación telefónica entre los generales García y Vaquero, el primero solicitó que se enviara la Compañía de Comandos 602 con carácter urgente, “en lo posible esta noche (no más allá del 26 de mayo) equipada con: lanzadores Blow Pipe; visores nocturnos; equipos de comunicaciones; explosivos plásticos y todo otro equipo individual normal en operaciones de comandos.”
-A las 11, el general García se comunicó con el general Eduardo Alfredo Esposito, jefe del departamento IV Logística del Estado Mayor del Ejército, para reiterar el pedido “sobre los comandos y el material requerido”. En esa oportunidad, Esposito le dijo que había problemas con los visores nocturnos: “No existen en el país para satisfacer el anterior requerimiento. El resto del material se está preparando”.
-A las 20.50, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri llegó a Comodoro Rivadavia, sede de la IX Brigada de Infantería, a bordo de un Fokker S-28, matrícula T-2. Lo esperaban el general Osvaldo García, comandante del Cuerpo V, y los otros miembros del CEOPECON, Lombardo y Weber, además de otros oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Pasadas las 21, Galtieri se reunió con los miembros del CEOPECON y jefes del Estado Mayor y analizaron la situación militar en las Malvinas, dando rienda suelta a un voluntarismo que no se compadecía con lo que sucedía en las islas. La cuestión más importante que se analizó fue “la posibilidad para el empleo de la REM (Reserva Estratégica Militar)” y “una operación de envergadura” en la Islas Soledad. Fue desde allí que García le mandó un mensaje con directivas a Menéndez, a las cuatro de la madrugada del 26 de mayo, acompañada con una frase que pasaba a convertirse en una mochila difícil de sobrellevar: “La Armada Nacional ha aportado su alta cuota de sangre en esta contienda. La Fuerza Aérea Argentina ha puesto de manifiesto su decisión a través del alto costo en vidas y material que significa su accionar. En sus futuras decisiones descansa el honor del Ejército Argentino”.
A las pocas horas llegó una larga respuesta de Mario Benjamín Menéndez en forma de flash. Con su forma tan meticulosa de exponer, afirmaba que “el plan de defensa elaborado oportunamente respondía a requerimientos mucho más amplios que la idea de disuadir un desembarco…ya que siempre se definió claramente que Puerto Argentino era el objetivo estratégico operacional principal. Así fue aprobado por COATLANSUR (vicealmirante Lombardo) y los tres miembros de la Junta Militar”.
“Dejar Puerto Argentino significa sacrificar ventajas logradas a través elección y preparación terreno…al mismo tiempo vamos al terreno enemigo, que además tiene muy superior movilidad táctica por empleo masivo e irrestricto de helicópteros. (El) enemigo ha llegado a impedir prácticamente cualquier movimiento aéreo o naval de cierta importancia en la isla y particularmente en o a través del estrecho de San Carlos. No parece conveniente iniciar operación sin lograr superioridad o al menos equilibrio aéreo, al tiempo que aún no está definida la actitud a adoptar por (el) enemigo con fuerzas del Queen Elizabeth. Eso puede significar que seamos tomados durante el movimiento entre tres elementos: San Carlos –operaciones aeromóviles desde ese lugar—y un nuevo desembarco de envergadura, a lo que sumaría la acción aérea. Esto, con toda seguridad, comprometería totalmente los objetivos de la campaña”.
Las tropas británicas -que contaban con alto grado de información- se dieron cuenta de que no había capacidad argentina para golpear a la cabeza de playa y continuaron avanzando, esta vez hacia Darwin y Puerto Argentino. El trasatlántico Queen Elizabeth fue acondicionado para el transporte de los más de 3.000 miembros de la Quinta Brigada de Infantería que componían la reserva estratégica británica.
La tardía Resolución 505/82
Tras largas sesiones de debates en el Palacio de Cristal de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el miércoles 26 de mayo, emitió la Resolución 505/82, presentada por el embajador de Irlanda, Noel Dorr, con algunas ideas de las delegaciones de Japón, Brasil, Panamá y Uruguay ante Naciones Unidas, autorizando a Pérez de Cuéllar a renovar una misión de buenos oficios por el término de una semana.
La decisión fue aprobada por los 15 miembros del Consejo, una señal de que era poco lo que se podía hacer: convocaba a las partes a “cooperar” con el mediador y pide al secretario de la ONU ponerse en contacto con “las partes con el propósito de negociar términos mutuamente aceptables para la cesación del fuego, incluida, de ser necesario, la adopción de disposiciones para el envío de observadores de las Naciones Unidas a fin de que vigilen el cumplimiento de las condiciones de la cesación del fuego”. Lo resuelto por el Consejo de Seguridad no fue determinante porque Gran Bretaña se negó a aceptar un alto el fuego, lo mismo que a ordenar el retiro de sus tropas de las Malvinas. “Tuvimos que aceptarla, no teníamos otra posibilidad. Ni voz ni voto”. El 26 de mayo, el embajador Eduardo Roca dejó su cargo en Naciones Unidas por enfermedad y fue reemplazado por Arnoldo Manuel Listre.
Críticas al viaje del Papa a la Argentina: lo que nunca se contó
El 26 de mayo, el presidente Galtieri recibió al enviado de Juan Pablo II, monseñor Achille Silvestrini, un colaborador directo del cardenal Agostino Casaroli, el secretario de Estado del Vaticano. Silvestrini, quien poco después llegaría a cardenal, era “un diplomático de nivel mundial, era el delegado de Casaroli a cargo de asuntos internacionales, el ministro de asuntos exteriores de facto del Vaticano”, según relató Tad Szulc en su biografía sobre Juan Pablo II. Tras el encuentro se anunció que el Santo Padre visitaría la Argentina el 11 y 12 de junio.
La decisión fue muy analizada en las esferas del Vaticano. Desde varios meses atrás, Juan Pablo II había acordado con el gobierno de Margaret Thatcher una visita oficial a Londres el 27 de mayo. Luego de su visita a Londres, el sumo pontífice iba a recibir, el 7 de junio, al presidente Ronald Reagan. Allí, como se conoció años más tarde, entre los dos (junto a Margaret Thatcher), se terminó de concretar un pensamiento y acción común sobre distintos asuntos que les preocupaban. En especial, el destino de los países de Europa Oriental sojuzgados por el comunismo y el avance castro-comunista en América Central. Tras el estallido de la guerra de las Malvinas, la Secretaría de Estado consideró oportuno visitar la Argentina, uno de los países católicos más importantes de América Latina.
Insólitamente, el gobernador de San Juan Leopoldo Bravo, un aliado del gobierno militar, censuró duramente el viaje de Juan Pablo II a Buenos Aires. “Si quiere comprobar el derramamiento de sangre es preferible que visite las islas Malvinas”, dijo y agregó: “Estimo inoportuna la visita a la Argentina y abrigo la esperanza de que nuestro Gobierno le aconseje que la postergue hasta que decidamos esta guerra que mantenemos con el criminal país agresor.”
Más allá de las presuntas simpatía del gobernador sanjuanino por la URSS, el país en donde estuvo casi una década destinado, el aliado político del régimen militar parecía expresar una opinión que era compartida en algunos lugares del poder. El 22 de julio de 1982, a un mes y escasos días de la caída de Puerto Argentino, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri le dijo a este cronista algo que nunca fue publicado.
“Dos errores que cometí durante el proceso Malvinas. Acceder contra mí voluntad, consta en Actas de la Junta Militar, de que el Papa (no) venga. En la entrevista que mantengo con él también me dice que no quería venir, que lo traen. Incluso anticipa su ida en seis horas (antes). Vinieron a arreglar el tema Calvi”. En la siguiente entrevista mantenida con este cronista el 18 de agosto de 1982 Galtieri va a tener otro juicio negativo sobre la visita papal:
-¿Cuál fue para usted la posición de la Iglesia argentina durante la guerra?
-La Iglesia se encontraba espiritualmente, ideológicamente, de acuerdo con el Gobierno.
-¿El Papa trató con usted el tema de Malvinas?
-No, no hizo ninguna referencia. Sólo conversó conmigo sobre el diferendo (con Chile) del Beagle porque éste era su problema. Me pidió que aceleráramos una respuesta. Yo dije que era cuestión de sentarnos en una mesa con los chilenos y no levantarnos hasta que se produjera una “fumata”. Es evidente que su presencia, en los momentos trascendentales (viernes y sábado previos a la caída de Puerto Argentino) nos perjudicó.
En el Capítulo Cuarto de la Memoria de los comandantes de la Junta Militar no consta la oposición del ex presidente de facto a que el Papa visitara Buenos Aires, entre los días 10 y 12 de junio. Es más, se deja constancia que “la iniciativa del Santo Padre fue bien recibida por nuestro país y se agradeció públicamente”.
Cuando Galtieri habló de Calvi no se refería al ignoto general de división Edgardo Néstor Calvi, comandante de Institutos Militares, sino a Roberto Calvi, mal llamado el “banquero de Dios”. Era el presidente del banco Ambrosiano y uno de sus principales accionistas era el Banco del Vaticano. Calvi era miembro de la logia masónica Propaganda Due que contaba en la Argentina con importantes miembros del régimen militar. Entre los frati neri o “frailes negros” sobresalían el almirante Emilio Eduardo Massera y el general de división Carlos Guillermo Suárez Mason. La quiebra del Ambrosiano constituyó uno de los mayores escándalos políticos de la posguerra italiana. El 17 de junio de 1982, el cuerpo de Calvi apareció colgado del Blackfriars Bridge de Londres.
Hablando de diversos temas, Juan Bautista Yofre se presentó en el programa de Mariño y Rabanal. Oyarbide, aborto y Abal Medina entre otros, fueron los platos fuertes del programa.
En un nuevo aniversario del asesinato del Juez Jorge Quiroga recordamos el intento de combatir el terrorismo con la ley en la mano.
Fallido intento pues la política metió la cola, amnistió a todos los condenados, disolvió la Cámara Federal Penal y dejó librados a su suerte a los jueces que sufrieron atentados, amenazas y el asesinato.
Andrea Palomas Alarcón
CREACIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL PENAL
El 12 de marzo de 1971, tras el planificado Viborazo en Córdoba, armado contra el interventor Camilo Uriburu, se derrumbó el gobierno de Roberto Marcelo Levingston y asumió la Presidencia de la Nación Alejandro Agustín Lanusse, el último caudillo militar del siglo XX, y las Fuerzas Armadas comenzaron a planear entonces una retirada decorosa del poder.
Como agudamente observó Pablo Mariano Ponza, “el gran acierto político de Lanusse fue observar con claridad que la mejor manera (sino la única) de descomprimir la situación social, desactivar la guerrilla y la amenaza de divisiones irrecuperables en el seno de la corporación militar era propiciando una salida democrática”.
A lo largo y a lo ancho del territorio nacional se incrementaron los atentados terroristas, y Lanusse recibió todo tipo de presiones para terminar con la violencia a cualquier precio. Unos clamaban por “escuadrones de la muerte”, como en Brasil. Otros más sensatos, más sólidos moral e intelectualmente, se negaron a la ley del “todo vale” con tal de terminar con el flagelo subversivo, como comenzaría a implementarse durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y su esposa (1973-1975).
Jaime “Jacques” Luis Enrique Perriaux no fue el único en pronunciarse por la legalidad, pero estaba en el lugar indicado para hacerse escuchar porque era el ministro de Justicia de Lanusse, y contó para ello con la invalorable ayuda intelectual de el “Tata” Argibay, en ese entonces miembro de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. Otro que impidió cualquier desatino fue el general Alberto Samuel Cáceres Anasagasti, jefe de la Policía Federal.
La Cámara Federal Penal
El 28 de mayo de 1971, el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse promulgó la ley 19.053, creando la Cámara Federal Penal de la Nación, porque los juzgados federales estaban desbordados e impotentes para hacer frente a la violencia armada. Imaginada por el genio del ministro de Justicia, Jaime Perriaux, dicha Cámara estaría compuesta por tres salas, integradas cada una por tres jueces probos de demostrada formación jurídica. Ninguno de los nueve jueces era un improvisado. Cargaban en sus espaldas largos años en el foro judicial. Los jueces fueron: Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Carlos Enrique Malbrán (Sala 1); César Black, Eduardo Munilla Lacasa y Jaime Smart (Sala 2); Tomás Barrera Aguirre (luego reemplazado por Esteban Vergara), Jorge Vicente Quiroga y Mario Fernández Badesich (Sala 3). A su vez, cada juzgado tenía un secretario y su respectivo fiscal, además del necesario personal judicial.
Dos hechos promovieron la formación de la CAFEPE: el copamiento de la localidad de Garín por comandos de las FAR, el 30 de julio de 1970, y el asalto a un camión del Ejército en el que es ejecutado el teniente Mario César Azúa y herido el soldado Hugo Alberto Vacca, en abril de 1971.
La gestación del alto tribunal no estuvo desprovista de presiones castrenses y eso generó un retraso en el comienzo de sus tareas. Una de las tantas objeciones que ponían los sectores más duros del Ejército era sobre el destino que debía darse a los detenidos por las fuerzas militares y, en ese caso, quién debía sustanciar las investigaciones correspondientes, porque hasta ese momento los uniformados llevaban el peso de la contrainsurgencia. Los camaristas se negaron a jurar si no se modificaba —y además esa modificación debía ser pública antes del juramento— la ley 19.081 que regulaba la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiguerrillera. En definitiva, de lo que se trataba era de pelear a la violencia revolucionaria —“la guerra popular prolongada”, como sostenían las organizaciones armadas— con la ley en la mano.
Como diría muchos años más tarde el alto tribunal que juzgó a las juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional, cuando la “guerra” en el ámbito militar había terminado con la derrota del terrorismo, “[…] a partir de 1970, los distintos gobiernos de la Nación Argentina dictaron diversas normas tendientes a hacer más efectiva la defensa del país contra el flagelo terrorista […] La mayor parte de esas disposiciones estuvieron dirigidas a reprimir con rigor creciente la actividad subversiva, salvo un momentáneo eclipse operado en el curso de 1973 […] durante este año, por razones políticas que no corresponde a esta Cámara juzgar, se dictó la ley de amnistía 20.508, en virtud de la cual obtuvieron la libertad un elevado número de delincuentes subversivos —condenados por una justicia que se mostró eficaz para elucidar gran cantidad de crímenes por ellos perpetrados— cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores”.
El 6 de julio de 1971, por el decreto 2.100, artículo 2º, se señaló: “Si como consecuencia de las operaciones militares efectuadas por aplicación de la ley número 19.081, se produjere la detención de personas, tal circunstancia se comunicará por la vía más rápida a la Cámara Federal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, y dentro de las 24 horas, se pondrán los detenidos, los elementos probatorios obtenidos y las actuaciones que hayan labrado a disposición del mencionado tribunal”. De esa manera, los camaristas trazaron una raya entre las jurisdicciones de los jueces y los miembros de las Fuerzas Armadas.
Cumplida esta exigencia, que hacía recaer en el alto tribunal civil la potestad absoluta de la administración de la justicia —y sus procedimientos—, el miércoles 7 de julio, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de la Nación, prestaron juramento los nueve camaristas y los tres fiscales que la integraron. Se hicieron cargo Marcelo Tomás Barrera Aguirre (luego reemplazado por Esteban Vergara), César Black, Juan Carlos Díaz Reynolds, Mario A. Fernández Badesich, Carlos Enrique Malbrán, Eduardo H. Munilla Lacasa, Jorge V. Quiroga, Jaime Lamont Smart y Ernesto B. Ure. Como fiscales lo hicieron Osvaldo Santiago Fassi, Jorge R. González Novillo y Gabino J. Salas.
El primer Acuerdo del tribunal fue la designación del presidente de la Cámara, que recayó en el doctor César Black. El mismo día se dictó el Acuerdo Nº 2, nombrando a los funcionarios judiciales más relevantes. Primero, a los secretarios de sala: Alberto Loza Leguizamón, Luis María Gallego del Valle y Adolfo Lanas (h). Segundo, los secretarios instructores: Martín Anzoátegui, Ramón Benjamín Rojas, Pedro Carlos Narvaiz, Horacio A. Vaccare, Samuel María Somoza (h), Nino Tulio García Moritán, Edgardo Frola, José Ignacio Garona y Víctor Adolfo Yáñez. Tercero, los letrados de las fiscalías: Carlos A. Curraiz, Bernardo Jorge Rodríguez Palma y Gregorio Badén. Por último se designó al prosecretario general del tribunal, Carlos Alberto Bianco.
Luego se nombraron alrededor de cien empleados administrativos, se fijaron las escalas salariales con un plus de cuarenta por ciento más por el factor riesgo. Se estableció la sede de la Cámara Federal Penal en la calle Viamonte, a metros de la plaza Lavalle.
• La competencia de la CAFEPE
La Cámara Federal Penal fue integrada por tres salas con tres jueces cada una, tres fiscales y jurisdicción en todo el país. Dichas salas se van a pronunciar en el juicio oral propiamente dicho sobre cada causa en particular, sobre la base de una averiguación preliminar llevada por uno de sus vocales. De esta manera, el tribunal adoptaba una organización peculiar: los nueve jueces (camaristas) de las tres salas dirigían sus propias vocalías para sustanciar los sumarios que les correspondían por turnos, y cuando esas averiguaciones —o investigaciones— terminaban con una imputación consolidada contra una persona por un delito de carácter subversivo, el vocal actuante impulsaba la remisión del expediente a la sala de juicio que, a partir de ahí, actuaba en pleno.
Primero se pronunciaba el fiscal que solicitaba el sobreseimiento del detenido o formulaba la acusación. Y, en este caso, se daba traslado a la defensa y luego se fijaba fecha para la audiencia oral.
La ley que estableció el fuero antisubversivo no reconoció a las causas que ya estaban en trámite (en el marco de la ley 18.670, de mayo de 1970) y se fallaron por el tribunal que las tenía a cargo.
Los delitos sobre los que entendió la CAFEPE fueron enumerados taxativamente en la ley que la creó y, tal como dice el mensaje del ministro Jaime Perriaux, son los “de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las instituciones del Estado”, y son aquellos delitos que “en la mayoría de los casos tienen por objeto lograr una ruptura violenta del sistema institucional argentino y que afectan en forma directa los más altos intereses nacionales”.
El mensaje de Perriaux destaca que los delitos de que se trata abarcan todo el país y muestran estrecha vinculación entre sí, por lo que “torna ineficaz para su juzgamiento la actual competencia territorial de los tribunales federales […] hoy los jueces intervienen con jurisdicción limitada a sectores y, por tanto, no pueden tener un conocimiento acabado de las organizaciones que, por su modalidad de actuación, tienen los caracteres propios de vastas asociaciones criminales con proyecciones en distintos ámbitos. La dispersión de investigaciones conspira contra la aprehensión y sanción de los delincuentes a que hago referencia”. Éste resulta uno de los temas centrales de la ley, la cuestión de la competencia que tanto utilizó la ultraizquierda para atacarla, desvirtuarla e intentar frenarla.
La idea de la jurisdicción en todo el territorio nacional de la CAFEPE fue una clave importante para el éxito mostrado en muy poco tiempo, y esta cuestión se mide en la estadística de casos iniciados, tramitados y juzgados, el índice de sentencias de condena y la reacción que tuvo la ley entre las organizaciones terroristas. Lo que vino después del 25 de mayo de 1973 mató para siempre la experiencia de un tribunal apropiado para una categoría de casos que pusieron en crisis a todo el sistema judicial y paralizaron una respuesta institucional.
La dirigencia argentina acompañó alegremente la disolución del alto tribunal en medio del espanto de los cuarenta y nueve días de gobierno de Héctor J. Cámpora. Poco después, cuando quiso volver a un mecanismo similar de administración de justicia, ya era tarde. Las fuerzas de uno y otro lado se hallaban en el campo de combate. Había llegado la hora de “exterminar uno a uno” a los terroristas, como dijo Juan Domingo Perón en 1974. Y la degradación final llegó cuando la justicia se decidió en un “centro de detención” o en una “cárcel del pueblo”.
Cada imputado contó con todas las garantías procesales del caso. Así pueden atestiguarlo sus abogados defensores y los documentos que hoy salen a la luz lo van a demostrar con absoluta precisión. Sin embargo, para denostarla, a la Cámara la denominaron el “Camarón” o la “Cámara del Terror”.
Deben recordarse, entonces, las directivas del presidente Lanusse a los altos mandos del Ejército: “En la lucha contra el enemigo subversivo debe evitarse la fácil tentación de emplear los mismos métodos que los terroristas, ya que ello deterioraría gravemente la eticidad de nuestra posición y destruiría el fundamento de nuestra lucha”.
Es decir, no fueron “jueces sin rostro”, encapuchados, los que dictaron las sentencias. Todo lo contrario a lo que sucedió en el Perú de Alberto Fujimori cuando se juzgaron a miembros de la organización Sendero Luminoso, en la década del noventa. Tampoco se alzaron tribunales militares como en el Uruguay de comienzos de los setenta.
El 25 de mayo de 1973, el peronismo “militante” triunfante en el poder, junto con otras organizaciones armadas, contando con la desaprensión, la indiferencia, la complicidad o el temor de la sociedad política, asaltó las cárceles liberando a los presos guerrilleros. Al día siguiente, inmerso en un clima entre festivo y esperanzado, el Parlamento otorgó una amplia y generosa amnistía y disolvió la Cámara Federal Penal. Perón, desde Madrid, dejó hacer y, después, demostró su disgusto cuando era tarde.
Según Esteban Righi, el ministro del Interior de ese momento, la ley de amnistía “no fue conversada con los militares, pero sí fue tratada con las otras fuerzas políticas”. Ante una consulta de Righi, el jefe del bloque del radicalismo, Antonio Tróccoli, respondió: “Nosotros estamos de acuerdo con esta decisión, porque queremos que el país arranque de cero kilómetro”. Después, cuando era tarde, lo lamentaría.
Como avalando lo confesado por el “Bebe” Righi, Edgardo Frola, integrante de la Cámara Federal Penal, dijo: “Ante la posibilidad de una ley de amnistía, después de las elecciones del 11 de marzo del 73, fui a la casa de Francisco Barreiro, primo de Germán López Barreiro, y me reuní con el diputado Day y Roque Carranza. Les conté quiénes eran los más importantes (jefes guerrilleros) que iban a quedar libres, de dónde venían y qué jerarquía tenían dentro de las organizaciones armadas. Day era el encargado de escribir el proyecto de ley de amnistía del radicalismo. Pareció no escucharme porque al final me dijo: ‘Estamos obligados a presentar una ley más amplia y más generosa que el Partido Justicialista’”.
Los guerrilleros liberados volvieron inmediatamente a sus organizaciones esa misma noche. No perdieron tiempo. “He visto salir a los presos de las cárceles. Nadie estaba dispuesto a perdonar nada. Los que eran liberados se abrazaban en un reencuentro de lucha”, afirmó Héctor Sandler, el entonces diputado nacional de la Alianza Popular Revolucionaria. En otras palabras, se largaban a las calles para volver a matar.
En la cárcel “teníamos que formarnos políticamente para que una vez que saliéramos fuéramos a insertarnos inmediatamente y poder seguir militando a la par de los otros compañeros”, dijo Alicia Sanguinetti, militante del PRT-ERP (hija de la fotógrafa Anne Marie Heinrich), agregando, en la misma ocasión, que María Angélica Sabelli “daba clases de arme y desarme con un palo de escoba”.
Frente a la impotencia del Estado para combatir el desborde terrorista, un tiempo más tarde, el gobierno de María Estela Martínez de Perón intentó recrear un mecanismo similar al de la Cámara Federal Penal. Era tarde. Nadie quería aceptar, porque sus anteriores jueces y funcionarios habían sido sometidos a una severa persecución. Algunos fueron asesinados (juez Jorge Vicente Quiroga), otros sufrieron atentados personales (Munilla Lacasa y Malbrán). Otros, como Jaime Smart y Ure, tuvieron que exiliarse. Muchos más fueron degradados en la carrera judicial.
La consecuencia fue que, frente a los hechos terroristas, comenzó a imperar la respuesta de la ley de la calle y llegaron las patotas, hasta que se ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. Desde las “Directivas a los dirigentes para terminar con el proceso de ‘entrismo’ izquierdista en el Justicialismo” (autorizadas por Perón, después del asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci), a la Triple A le restaba sólo ponerlas en marcha. La sociedad argentina se había quedado sin justicia y sin ley. Antes del 24 de marzo de 1976.
“Ningún político tuvo las pelotas suficientes para tomar las riendas del poder, todos esperaban que los militares solucionaran el problema y desgraciadamente fue así, no porque se quisiera, sino porque la República estaba por desaparecer .”
ESTOS ESCRITOS Y LOS VENIDEROS TIENEN POR FINALIDAD SACAR LA VENDA DE LOS OJOS PARA LOS QUE NO QUIERAN VER O PARA LOS QUE MIRAN SIN QUERER VER.
La ignorancia que nos impuso el gobierno pasado mediante la mentira sobre la historia, y que este gobierno la mantiene (Caso gobernadora de Bs As con su ley de los 30.000 desaparecidos), y Macri que nada hace para parar el genocidio de los que combatieron al terrorismo, y que día a día mueren en sus cárceles.
No se debe tener miedo alguno en divulgar la verdad, todo lo que aquí menciono fue dicho en el juicio oral y público en la causa ARSENALES efectuado en Tucumán, es decir que fue y es de público y notorio conocimiento
PARTE III – CONTINUACION DE HECHOS HISTORICOS QUE LLEVARON AL GOLPE MILITAR.
Habíamos llegado al final de la PARTE II, que ante semejante desgobierno la única salida era el golpe militar, lo que a continuación describo son los hechos verdaderos ocurridos en esa década del 70, que avalan la necesidad del golpe militar, y es así como en la Cámara de Diputados el 24 y 25 de enero de 1976 se dijo:
1) Diputado Porto: “Cuando dictamos las leyes (amnistía, derogaciones de normas, supresión de la Cámara Federal en lo Penal) (….). Pero un grupo (…) ha seguido ejecutando los mismos actos de violencia que antes: siguen las bombas, los atentados a las instituciones, la tenencia de armas de guerra, los secuestros, los asaltos. Tales actos de violencia van ahora dirigidos… contra el Estado de derecho republicano”;
2) Diputado Monsalve: “Esta cámara, en aquella oportunidad, aprobó la derogación de las leyes represivas presionada por las manifestaciones callejeras alentadas por quienes habían triunfado en las elecciones de marzo y abril pasado; manifestaciones que integraban seguramente buena parte de las fuerzas que hoy están colocadas en la subversión (…) Cabe preguntarse por qué hoy, después de casi un año de gobierno popular, subsiste, aun agravada, la violencia, que todos repudiamos (…), vemos que nuestro país se ha transformado en una nación en la que los hombres no pueden tener cuando salen de su casa para ir a trabajar y ganarse la vida, la seguridad de que volverán a ella enteros para reunirse con sus familiares”.
De la misma manera los sindicalistas justicialistas apoyaron el golpe y así JORGE ANTONIO en una conferencia de prensa manifestó: “Si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean (…), cuando se restablezca el orden habrá trabajo para todos”(Nadie fue de Juan Bautista Yofre), el 20 de marzo comunicaron los sectores obreros: “Cuarenta y una organizaciones sindicales no acatarían un paro general de actividades en caso de ruptura del orden constitucional” (contratapa del diario La Opinión), como puede ver este tribunal, los sindicalistas daban luz verde al golpe militar. “y al día siguiente, otro peronista LUIS SOBRINO ARANDA fue lapidario “Lo que interesa es el cambio, no importa quién lo haga” y a una semana del 24 de marzo este diputado abandonó su banca declarando que “el proceso político argentino está agotado”. (Nadie Fue ob cit).
Jorge Antonio Juan Bautista Yofre Luis Sobrino Aranda Héctor Timerman
“El Clarín” del 21 de marzo informa que: “Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias”, es decir señor presidente que los señores legisladores abandonaban como ratas el barco antes de que hunda, abandonaban voluntariamente el poder que el pueblo les había conferido. Y en este diario de izquierda de HECTOR TIMERMAN, La Opinión en enero de 1976, el periodista OSIRIS TROIANI manifestó: “Las Fuerzas Armadas podrán verse obligadas a intervenir, no para suprimir el sistema, sino para regenerarlo”, y el 20 de marzo este mismo diario dijo: “Porque se puede querer el golpe sin ser golpista, (…) hay muchos dirigentes gubernamentales que recibirían con alivio un golpe que los descargara del manejo de una situación imposible”.
El mismo ERNESTO SABATO dijo: “La inmensa mayoría de los argentinos rogaba que por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos” (Declaración en la revista alemana llamada GEO)
Ernesto Sabato (1911 – 2011)
JORGE PALADINO, una de las principales voces del gobierno de PERON confirma: “Las Fuerzas Armadas no hicieron más que aceptar un pedido general, táctico y/o expreso de la ciudadanía para encarar con su intervención, una crisis de supervivencia de la Nación que las instituciones y las organizaciones civiles demostraron ser incapaces e impotentes de resolver”. Tal es así que el resto del mundo aprecio de la misma manera, el diario holandés Algimeen Dagblad opino: “lo único asombroso es que la intervención militar se haya hecho esperar tanto”, el Tangsan Zeiger suizo afirmo: “apenas puede calificarse de golpe de estado. A los militares les cayó el poder en las manos como un fruto podrido”, el ABC español manifestaba: “el ejército ha decidido colocar el interés nacional por encima de cualquier otro y que su intervención fue necesaria” (Fragmentos de diarios extranjeros publicados en el diario izquierdista de HECTOR TIMERMAN La Opinión del 26 de marzo de 1976).
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Jorge Paladino (izquierda) y Juan Domingo Perón
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Pero lo más asombroso es el mismo apoyo que prestaron las organizaciones de terroristas guerrilleros, por otro motivo, pues estaban convencidos que la venida de un gobierno de facto favorecía la conquista de sus objetivos y así el ERP en su diario ESTRELLA ROJA afirmo: “La concreción del golpe militar producirá un cambio en el desarrollo de la lucha revolucionaria de nuestra Patria. Será el inicio de la guerra civil abierta…”, GORRIARAN MERLO por su lado manifestó: “Llegamos a la conclusión de que el advenimiento de una dictadura militar iba a conllevar una exacerbación de la resistencia”. Montoneros por su parte sostenía la necesidad del golpe, que provocaría la unificación de la resistencia” (Eugenio Méndez en Confesiones de un montonero, pág. 124). Como se puede apreciar estimados lectores, el golpe de estado, que ahora tanta esta Política de Estado dilapida, fue apoyada por toda la sociedad argentina e incluso por los mismos guerrilleros, y este apoyo de los terroristas guerrilleros, se manifestó echando más leña al fuego, aumentando sus operaciones subversivas terroristas a fin de acelerar la intervención militar.
DESPUES DEL GOLPE MILITAR
También es importante recalcar que dicho apoyo, también fue manifestado después del golpe de estado, así el diario La Opinión (del izquierdista Héctor Timerman) informara: “No es secreto que las Fuerzas Armadas, contribuyeron ilimitadamente a evitar el colapso de las instituciones (…)las instituciones no se ayudaron así mismo, hasta el punto de abandonar a un total y absoluto vacío de poder, a un país desquiciado, dominado por la corrupción y azotado por un violencia que sumergió en la inseguridad a todos los argentinos” y el 24 de agosto este mismo diario manifestó: “ Sentimos que el 24 de marzo de 1976 que habíamos salvado la vida. Fue una sensación re confortable, un respiro de alivio” y la Voz del Interior el 28 de marzo afirmó: “…el gobierno se asumió en el momento preciso, cuando ya parecía no quedar espacio para otras alternativas…Sabíamos que la quiebra del orden institucional era irremediable…”.
Y para terminar con todas estas pruebas de los hechos desgraciados ocurridos repito las palabras del ministro de Defensa Dr. HORACIO JAUNARENA, pronunciara en el juicio 13/84, reconociendo la responsabilidad de los políticos en estos sucesos: “Es necesario que nos preguntemos por qué no tuvimos respuestas a la crisis que derivo en el golpe de estado de 1976… Pensar que 15 ó 20 militares son responsables de lo que sucedió en los últimos años es una insensatez; este argumento nos lleva a la conclusión de que en cualquier momento otros militares pueden intentar lo mismo y esto no es así.
Dr. Horacio Jaunarena
Un ministro de M.E. de PERON le manifestó al Dr. JUAN ALEMANN: “es preferible un final con horror que un horror sin final”.(La mentira oficial de Nicolás Márquez).
El Diputado STECCO del FREJULI mencionó : “Por eso esta Cámara de Diputados, dicta leyes del país, se debe ampliar poderes a las FFAA y de seguridad…..para perseguirlos a sus guaridas y matarlos como ratas, porque no merecen vivir en este pueblo”.
Todo lo mencionado precedentemente, y mucho más, lo que sería imposible transcribir, no lo dijeron las Fuerzas Armadas, lo dijeron todos los diarios tanto de izquierda como de derecha, en diarios extranjeros, en toda la sociedad argentina atacada por los terroristas guerrilleros y en todos los poderes de la Nación, y nada menos que especialmente en el Congreso de la Nación, y no olvidemos que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes (art. 22 CN), y por mandato del pueblo por medio de sus representantes así procedió el gobierno democrático de la Sra. M. E. de Perón y haciendo uso de sus facultades que le confería la Constitución Nacional, ordenó el aniquilamiento, de quienes debían ser “muertos como ratas”, es decir los guerrilleros terroristas que conformaban los Ejércitos Guerrilleros Terroristas.
Señores lectores, lo que he mencionado es la historia analizada desde el punto del historicismo, es la verdadera historia, es la verdad en sí misma, y no es la memoria que impone esta POLITICA DE ESTADO, (KIRCHNERISTA Y MACRISTA) que exige a los jueces y fiscales ignorar las lecciones del pasado y violar la Constitución Nacional.
PRINCIPALES CONCLUSIONES.
Como puede verse, hay sobradas pruebas de esos hechos históricos desgraciados,, que incluso el gobierno de Macri niega y obliga por medio de una ley a continuar con la mentira y con la inversión de la historia.
María Eugenia Vidal y la Ley 14.910, Los desaparecidos son 30.000
Y parafraseando a Maquiavelo (1469 – 1527) quien sentenció: “Toda guerra es justa desde el momento que es necesaria” he dado pruebas de hechos históricos, que la guerra era más que necesaria, ya que había un clamor, de toda la sociedad, para terminar con el terrorismo internacional quien nos había declarado la guerra. (El Dr. Zabala Ortiz, en la presidencia del Dr. ILLIA ante el Congreso de la Nación (Diario de Sesiones de Diputados de 1964- Pág. 2871 y siguientes), expresó: “Hay una Guerra Revolucionaria declarada a la Republica, a las democracias y no democracias de América Latina…”
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Dr. Zabala Ortíz
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Dr. Arturo Illia
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Los políticos escapaban como ratas que se les hunde el barco del Congreso, abandonando la responsabilidad que le había sido dada por la ciudadanía.
Política de estado Macri-Kirchner
4. Ningún político tuvo las pelotas suficientes para tomar las riendas del poder, todos esperaban que los militares solucionaran el problema y desgraciadamente fue así, no porque se quisiera, sino porque la República estaba por desaparecer y caer en manos del comunismo, y un vacío de poder siempre es ocupado por alguien, de manera que para el pueblo argentino tenía solo dos alternativas o el poder era tomado por los terroristas o por los militares y el pueblo eligió a los militares, por eso es que fue un golpe cívico militar, donde unos como otros son responsables de que así ocurriera.
Ariel Rolando Valdiviezo es Maestro Escolar, Teniente Coronel (R) del Ejército Argentino y Preso Político en ese mismo país sudamericano.
LOS “ECUÁNIMES”
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El video del gobierno nacional el 24 de marzo pasado, referido al mismo día, pero de 1976, desencadenó diversos efectos. Entre otros, la aparición de los ecuánimes. El fugaz spot que tuvo como protagonistas a Juan Bautista “Tata” Yofre, María Fernanda Viola y Luis Labraña ha sido objeto de la crítica de algunos periodistas por la supuesta falta de ecuanimidad en la que incurre. Mariano Yesse dijo, por ejemplo, que hay que mirar adelante, salir de la grieta y no llevar el péndulo al otro extremo; Luis Novaresio, además de hacerle una crítica de orden estético, observó que en el video no se hace mención y, por ende, tampoco se repudia el golpe de Estado. Pablo Mendelevich, por su parte, acusa al gobierno “construir un relato espejo, que esconde o que excusa, con más soslayo que negación explícita, la represión ilegal planificada y ejecutada por los militares” y, agrega, que la corrección del relato de los derechos humanos que hace el Gobierno sesga la verdad y lo hace caer en la parcialidad más equívoca. Los tres, a su modo, reparan en el uso político que hizo de los derechos humanos el kirchnerismo pero, al mismo tiempo y por el video de 12 minutos del gobierno de Milei, le endilgan a éste último ejecutar una operación idéntica desde el otro extremo.
Los ecuánimes, no objetan la principal tesis del relato kirchnerista y de la izquierda: según la cual, el gobierno militar 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno constitucional con el objeto de aplicar una política económica liberal entreguista acompañada del inevitable plan genocida para eliminar a aquellos que se opusieran a la misma. Para nada. La asumen como cierta. Lo que desaprueban es el uso espurio y la prostitución de la causa convirtiendo a las ONG de Madres de Plaza de Mayo y otras vinculadas a los derechos humanos en organizaciones clientelares al servicio del gobierno de los Kirchner. Es decir, que tanto los kirhneristas como los ecuánimes comparten la visión global de lo ocurrido en la década del 70; esto es que no hubo guerra y sí en cambio, genocidio. Por ello, se oponen al video del gobierno con el cuento de la ecuanimidad. Juan Bautista “Tata” Yofre, con el respaldo de documentación, ha escrito más de una decena de libros que dan una visión objetiva de los 70. Es, lejos, quién más ha hecho por la verdad histórica. Luis Labraña, un protagonista de los hechos, aniquila la mentira de los 30.000 desaparecidos y sostiene que fue una guerra. María Fernanda Viola, que vio como asesinaban a su padre a su hermana y fue herida gravemente, contó que para ella y sus víctimas los derechos humanos pasaron de largo olímpicamente. Los homicidas de semejante atrocidad, en cambio, recibieron las indemnizaciones del Estado y, como si fuera poco, se presentaron como víctimas-querellantes contra los policías que los atraparon y el juez que los condenó. Quienes fueron condenados como criminales de lesa humanidad (los “ecuánimes”, mutis por el foro).
La Sra. presidente Victoria Villarruel, por denunciar en solitario la falta de ecuanimidad del Estado para con las víctimas del terrorismo montonero y erpiano, es hostigada sistemáticamente con los calificativos de “negacionista” y “defensora de genocidas. Es que para la Secretaría de Derechos Humanos desde Kirchner hasta Néstor Kirchner hasta aquí (Macri, incluido) solo reconoce como víctimas de crímenes de lesa humanidad a los erpianos y montoneros abatidos o apresados. Uno que tomó nota de esta realidad es el diputado del Frente de izquierda, Gabriel Solano; quién a la pregunta de Eduardo Feinmann: “¿Es delito de lesa humanidad poner una bomba en un colegio o cine?” Respondió: “Depende quien la ponga.”
El kirchnerismo, con los partidos de izquierda y los ex terroristas, inventaron el relato del “genocidio” para borrar de la memoria a la guerra; la que, en los ’70, los subversivos reivindicaban en sus revistas y en sus atentados criminales. De fieros guerrilleros tipo Che Guevara el relato K los convirtió en jóvenes idealistas defensores de la democracia. Miles de millones de dólares del erario público se malgastaron en ello. Hebe de Bonafini recibió dinero para hacer la universidad del relato; también para hacer casas para los pobres. La Secretaría de Derechos de la Nación se convirtió en el “ministerio de la Verdad”. Se financiaron ONG de H.I.J.O.S., películas, congresos, libros, revistas, actos de victimización terroristas y de repudio a militares. Las inmensas instalaciones de la ESMA al servicio de la “Memoria”. Se adaptaron, con la supervisión del ex jefe de Inteligencia de Montoneros, Horacio Verbitsky, los planes de Estudio de los niveles primario, secundario y terciario de todo el país. Se derribaron símbolos públicos en los que se homenajeaba a caídos en la guerra contra la subversión: el busto del Capitán Humberto Viola en la ciudad de Tucumán, el monumento al “Combate de Manchalá” en Salta, el cuadro del juez Jorge Quiroga en la Cámara del Crimen de la Capital Federal, entre otros. En abierta contradicción, calles, plazas y estaciones de subte fueron bautizados con nombres de asesinos como el de Rodolfo Walsh. No se escuchó a nadie pedir ecuanimidad.
La única manifestación del gobierno de Mauricio Macri, hereje al dogma establecido, digna de ser citada, fue la proferida por el secretario de Cultura de CABA, Darío Lopérfido. Quién afirmó la verdad de que el número de 30.000 desaparecidos era falso. Como no podía ser de otra manera, fue eyectado fulminantemente del cargo.
Mas, lo verdaderamente grave de los efectos del relato K ha sido su impacto en la Justicia. Ello porque los jueces y fiscales federales tomaron lo del “genocidio” como una verdad revelada y, de que fue una guerra, como una fake new de los “negacionistas”. Así se procesa, calumnia y condena a pudrirse en cárceles miles de militares, policías, empresarios, etc. Los querellantes, por lo general, son aquellos que en los ’70 querían exterminarlos con las armas. Todo el aparato judicial de la nación está a su servicio. No se ve a “los ecuánimes” pidiendo igual trato para con los criminales terroristas de Montoneros y el ERP
Eso sí, para los 12 fugaces minutos del video oficial del 24 de Marzo ¡Ecuanimidad ya!
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 5, 2024
¿MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA?
◙
Escriben
[ezcol_1quarter].[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Dra. JOSEFINA MARGAROLI
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Dr. SERGIO MACULAN
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end].[/ezcol_1quarter_end]El 05/abr/2021, se publicó en internet un folleto emitido por el Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Defensoría del Público, titulado: Recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia.
https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2021/04/Recomendaciones-Dictadura.pdf
El mismo pretende limitar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión ya que tales “recomendaciones” tienen un marcado sesgo “indicativo” y “confirmatorio” (tendencia a favorecer, buscar, interpretar, y recordar, la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando
desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas – Wikipedia).
De la lectura y análisis del texto, en base a un elemental pensamiento crítico (no crítica ideológica), que permite detectar disonancias cognitivas, surgen varias consideraciones que hacen a la publicación de dudosa verdad y justicia, y utilizan a la memoria, solo en forma parcial, es decir se omiten hechos de la realidad, con lo cual el “relato”, se aparte del concepto de verdad, considerando que, es verdad aquello que se acerca a la realidad, y mentira lo que no es coincidente con ella.
Para no ser agobiante con el tema, solo vamos a considerar algunas, las que nos parecen más determinantes para objetar la publicación y sobre todo la parte del extenso título que refiere a memoria, verdad y justicia.
Recomendaciones:
3: Lenguaje preciso a la hora de comunicar: Se recomienda informar con términos claros y evitar tecnicismos legales. Sobre algunos conceptos de uso habitual se sugiere específicamente:
b- Referirse como “dictadores” a quienes gobernaron sin haber sido elegidos democráticamente. Evitar llamarlos presidentes o gobernadores “de facto”. También es posible mencionarlos como “represores” -por formar parte del plan de represión ilegal-, “genocidas” -por participar del plan genocida que implicó el terrorismo de Estado– o “imputados” a quienes perpetraron los crímenes de lesa humanidad. Es incorrecto nombrarlos como ex represores o ex genocidas. [pág. 5] el resaltado es nuestro.
Lo denominados procesos por delitos de lesa humanidad, no han condenado a los procesados por genocidio, que, si bien es uno de los delitos considerados como de lesa humanidad, solo pueden ser aplicados cuando cumplen la tipificación del mismo, no pudiendo, por principios del derecho penal utilizarse analogías. Mucho menos plan genocida, ya que, si no existe el tipo, mal puede haber un plan para aplicarlo.
6: Poner los hechos en contexto. Se sugiere contextualizar y situar los hechos en la historia para que la sociedad pueda comprender la dimensión del despliegue del terrorismo de Estado y sus secuelas en el presente, tanto en el plano individual como en el colectivo.
[…] También se debe señalar que el proceso de justicia llevado a cabo en Argentina respecto de la última dictadura cívico-militar es emblemático y un modelo a seguir a nivel mundial, porque son los tribunales civiles del propio país, con las leyes vigentes al momento de los hechos, los que están juzgando y sancionando a los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado. [el resaltado es nuestro] [pág. 7]
Si bien el escrito declama la contextualización de los hechos, solo lo hace en forma parcial, omitiendo el contexto de la lucha contra la violencia terrorista, es decir la parcialización afecta la verdad.
Es una realidad palmaria, que al momento de los hechos que se están juzgando, no existían en el sistema jurídico argentino, la tipificación de delitos de lesa humanidad, por lo cual, no solo el relato es falso, sino que trata de ocultar la aplicación retroactiva del derecho penal, algo que esta específicamente prohibido por nuestra Constitución y las normas convencionales. Por ello, lo emblemático es que ese “modelo” no se puede seguir, y de hecho no se hace por parte de otros estados, por ser contrario a las garantías al debido proceso.
7: Evitar coberturas espectacularizantes o revictimizantes. […] Además, cuando se construyan relatos sobre lo sucedido es recomendable no utilizar el
concepto de “traición” y asumir que todos los y las sobrevivientes son víctimas. Pág. 8
Igualmente, se recomienda evitar la banalización de los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar comparando situaciones de violaciones de derechos humanos: actuales o acciones políticas contemporáneas con lo sucedido en aquellos años.
Claramente se reconoce que los relatos se reconstruyen, y se habilita una forma de construcción con sesgo confirmatorio.
Así se trata de impedir, que se consideren violaciones a los derechos humanos los hechos acaecidos recientemente en la provincia de Formosa, así como otros actos cometidos durante el actual gobierno, relacionados con muertes de detenidos y ocultamientos de los mismos.
También hay que considerar, que cuando a las organizaciones que se arrogan la defensa de los derechos humanos, les conviene, esta “banalización”, la aplican, tal como aconteció con la construcción de un relato sobre la inexistente desaparición forzada en el caso Maldonado. Por esto intervino la Comisión IDH, ocupó mucho espacio en los medios, se hizo una película, e incluso se sostiene, cuando quedo plenamente demostrado que el nombrado falleció por ahogamiento luego de la huida con un grupo de activistas del RAM.
Glosario:
Estado de derecho Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, de forma compatible con las normas, derechos y los principios internacionales de derechos humanos.
Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, división de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal (ONU – Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos –S/2004/616– https://undocs.org/es/S/2004/616). [pág. 13]
Notoriamente, lo expresado se contraviene, con la realidad de los denominados procesos de lesa humanidad, por la ya mencionada aplicación retroactiva de la ley penal, a lo que hay que sumar la declaración de imprescriptibilidad, ya que no puede legalmente aplicarse a un delito inexistente. Tampoco, quedan
dudas que el tratamiento a estos procesados viola el derecho de igualdad ante la ley.
Terrorismo de Estado: Hace referencia al uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de la violencia para el amedrentamiento de la población en general y la eliminación de los adversarios políticos, a través de diversos mecanismos represivos, como instrumentos de disciplinamiento social y político, llegando a recurrir a complejos y altamente sofisticados recursos del Estado moderno para cometer graves crímenes dirigidos a grupos y colectivos de su propia población. En nuestro país, las Fuerzas Armadas, con impulso y participación de grupos económicos y otros sectores de la sociedad civil a partir de 1976, instauraron una política de terror, represión, secuestro, tortura y la desaparición forzada de personas de forma institucional, sistemática y generalizada. [pág. 14]
Omitiendo la realidad (aunque se sostiene que quienes pretende una memoria total sobre los hechos son los negacionistas), se sustenta que los actos que generaron el accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad, solo corresponden al periodo del golpe militar, cuando la realidad demuestra que durante el periodo constitucional (Perón/Estela Martínez) se estableció y funcionó la triple A, una aplicación asimilable, según Juan Bautista Yofre, a la del somaten español. ¿Por qué no se considera Estado al gobierno constitucional?
En realidad, el Estado por no ser una persona física no comete actos terroristas, por lo cual lo correcto sería denominarlo “terrorismo desde el estado”. También debe considerarse como tal, las acciones terroristas promovidas por terceros estados y que afectan a otro estado, y cuyo objetivo es imponer por la fuerza ideologías o regímenes políticos no aceptados por el estado de derecho. También se pretende negar que, desde la URSS, se promovió, se sostuvo y se apoyó logísticamente a los grupos terroristas, no solo en Argentina.
Genocidio
El citado Estatuto de Roma, entró en vigencia en la Argentina con muchos años de posterioridad a los que corresponden a la dictadura militar ya en el siglo XXI, es más, fue adoptado en 1998, y luego de ello debieron pasar años hasta que cumplieron los requisitos para su entrada en vigor, y a que posteriormente fueran aplicables por los Estados.
Entre sus disposiciones, su artículo 24 establece: Irretroactividad ratione personae. 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.
Por lo cual, la aplicación de su normativa sobre delitos de lesa humanidad, es inaplicable a los hechos acontecidos entre 1976/1983. Lo que necesariamente contradice lo manifestado en el punto 6 de las recomendaciones, es decir hay una contradicción dentro del mismo texto. Necesariamente otra disonancia cognitiva.
Existe, y dentro de mismo tema, una clara supresión en el texto del citado artículo del Estatuto de Roma, ya que el mismo expresa: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: …
Por consiguiente, aun para el propio instrumento no existe tipificación para considerar la existencia de genocidio. Resulta de gravedad institucional que, desde el Ministerio de Justicia, se adultere el texto de un instrumento de derecho internacional, más aún cuando se intenta establecer, con la adulteración, una conducta claramente condenable.
Como conclusión, si se tergiversan u ocultan los hechos de la realidad, no puede haber verdad; sin esta, la memoria es solo una construcción ideológica; y si se violan leyes constituciones y convenciones, obviamente no puede haber justicia.
Josefina Margaroli
medica legista
abogada
arquitecta
jomargaroli@yahoo.com.ar
Dr. Sergio Luis Maculan
abogado
notario
psicólogo
smaculan@yahoo.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 23, 2021
JUICIOS DE LESA HUMANIDAD PARTE XII. JUICIOS QUE HAN NACIDO MAL PARIDOS Y MAL PARIDOS VAN A MORIR. PRESIDENCIA DE NÉSTOR KIRCHNER. CAPÍTULO VIII – PARTE XII – (CAP VII – PARTE VIII.)
Por lo expresado en 1. y 2. Precedente, llevó a decir a Francisco Manrique en la pantalla de Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt: “¿Pero quién gobierna? (….). Eso sigue siendo anarquía. Y lo peor, anarquía organizada”
El senador izquierdista Oscar Alende expresaría: “el desgobierno ha colmado la paciencia de los argentinos”.
El embajador de Estados de Unidos ROBERT HILL informaba al Departamento de Estado sobre ISABEL PERÓN: “Su autoridad y posición está tan socavada que no puede tomar las riendas del poder”.(El Terrorismo como Crimen de Lesa Humanidad)
“…en nuestro país hay un vacío de poder y no hay conducción de gobierno (….) este gobierno está en una pendiente inclinada y viene cayendo”. (Sesiones del Congreso)
Todo lo que he mencionado precedentemente es la historia analizada desde el punto del historicismo, es la verdadera historia, es la verdad en sí misma, y no es la memoria que impone esta POLÍTICA DE ESTADO, que exige a los jueces y fiscales ignorar las lecciones del pasado y juzgando tan solo a uno de los beligerantes (Principio de la vulgarización, del Silenciamiento, de la Renovación, de la Verosimilitud, de la Transfusión) que la Historia les reclama asumirlas con coraje, juzgando a todos ellos, asumiendo la responsabilidad institucional. que la República ha colocado sobre sus espaldas, deben optar entre el coraje y la cobardía, la conveniencia o los valores, el odio y la paz, la justicia o la política, a la vista está, por que han optado los señores magistrados, al juzgar a solo una de las partes beligerantes.
Como también se puede ver hay sobradas pruebas de esos hechos históricos desgraciados, que en esta sala se niega y/o se invierten.(Principios del Silenciamiento, de la Transfusión)
Y parafraseando a Maquiavelo (1469 – 1527) quien sentenció: “Toda guerra es justa desde el momento que es necesaria” y señor Presidente, aunque aquí, este tribunal, el MPF, la querella lo nieguen, siguiendo todos una POLÍTICA DE ESTADO, he dado pruebas de hechos históricos que en 1974, la guerra era más que necesaria, ya que había un clamor, de toda la sociedad, para terminar con el terrorismo. (Principio del silenciamiento y Unanimidad y de la Transfusión).
Por eso todas las acusaciones en estos juicios, al invertir e ignorar la historia de todos estos hechos, de público y notorio conocimiento, son de nulidad absoluta, como lo son todos estos juicio, nada bueno puede edificarse sobre la mentira (Principio de la Transfusión) y es así, que todos estos feroces, pero valientes terroristas, declarados ilegales, llevaron un ataque sistemático y generalizado, a toda la población de civiles inocentes, sin quedar ningún sector de la sociedad que no fuera objeto de sus ataques, estos terroristas hoy llamados “Jóvenes Idealistas”,(Principio de la Transfusión) tan inocentes fueron que produjeron exactamente 21462 atentados (algunos ya comentados), comprobados en el juicio 13/84, atentado que, el MPF también silencia, (Principio de la Silenciación) en aras de una “POLITICA DE ESTADO”. Por eso, con el debido respeto, voy a transcribir lo que dijo Nuestro Señor Jesucristo según la SAGRADA BIBLIA” (MATEO 23,28): “…así son Uds.; por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad”.
No voy a seguir analizando cada una de las acciones del MPF en el uso de los principios del Nazismo, ya que entiendo que los presentados sirvan más que de pruebas en el uso de los mismos, de todas maneras podrán mentalmente cada lector determinar qué principio se aplicaron.
La actitud de los magistrados es la aplicación plena del Décimo principio del Nazismo, (Principio de la Transfusión), es la semilla sembrada en el campo más fértil del odio y así estamos, sin nada de qué enorgullecernos, con la Nación destruida, organizaciones ilícitas de civiles y funcionarios del gobierno nacional y provinciales, militares y funcionarios corruptos protegidos del gobierno, el país se cae a pedacitos y hasta hace poco, con intención de modificar nuevamente la CN, así son violadas las garantías consagradas en la Constitución Nacional, creando una justicia ilegal diferenciada “DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”, basada en la más pura de las mentiras históricas y aberraciones jurídicas.
Al respecto en la Ob cit Pag se ha dicho: Así, al sostenerse en estos juicios la acción pública en un derecho penal inexistente, afirmado impúdicamente contra el art. 18 de la CN, ni los Fiscales, ni los Jueces de Instrucción ni los tribunales se han comportado como tribunales de justicia, sino como tribunales revolucionarios al margen de toda ley[1].
Todo lo mencionado son hechos de público y notorio conocimiento, los pueblos no tienen memoria, tienen historia que en el MPF y los jueces prevaricadores intentan controlar, haciéndose dueña de la misma y, la trastocan sustituyendola por un relato maniqueo, en donde los fiscales tiene un papel preponderante, asimismo me atrevo decir que la historia no tiene dueño, la historia es dueña de si misma.
El bajar un cuadro (El del señor General VIDELA), o trasladar de lugar una estatua, (La de COLÓN), lo que es de público y notorio conocimiento, no significa que no existiera, como tampoco que se pueda cambiar la historia y se pueda borrar el pasado.
Al respecto señor Presidente voy a repetir las palabras expresadas por el máximo dirigente de la organización de montoneros MARIO FIRMENICH que dijo: “La verdad es como un corcho en el agua, se la puede tener sumergida a base de presión, de fuerza, pero en cuanto se alivia esa fuerza, el corcho tiende a flotar. La verdad emerge, en términos históricos, emerge así y en términos divinos, ni que hablar (…), porque esta es una verdad que emerge sí o sí, en el largo o corto plazo, y las cosas se desgranan y los historiadores futuros terminarán poniendo las cosas en su lugar; y si no lo hicieran, pues más tarde o más temprano, llega el juicio final y las cosas se pondrán en su lugar”. (Leguizamón Javier Vigo – Ob. Cit. Pág. 134)
Reconocer la realidad de la historia, tendrían que reconocer que estas organizaciones de “jóvenes idealistas” y “bellas personas” como yo los nombrara en los silogismos, es reconocer, que habían pavimentado su camino de cadáveres, y se acabaría con estos juicios, especialmente muy rentables para muchos, se acabarían con la hipocresía del auto exculpación, como así mismo, con la consagración que este gobierno hace de la violencia.
Al respecto DAVID RIEFF DIJO: “La cultura del agravio y del resentimiento conducen al rencor antes que a la reconciliación y a la venganza antes que al perdón”, y esto señor Presidente es venganza. Es así que, mediante los falaces fundamentos del MPF se procura crear jerarquías de víctimas sabiendo perfectamente los señores magistrados, que solo existen jerarquías de delitos.
Esta “POLITICA DE ESTADO”, aleja la verdad, no solo la verdad de los hechos respondiendo a “quien hizo que”, sino la idea misma de la verdad, este concepto “verdad”, es lo más intolerable y aborrecible para quien construye el poder por medio de la mentira y exhibe también así el profundo desapego por la justicia, cuyo principio pasa a ser la sanción penal obtenida, mediante métodos falaces, faltando a la garantías que ella proclama, donde el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se adhiere y se subordina a la “POLITICA DE ESTADO”, pero esto no es casual, ya que la Política del difunto KIRCHNER, la logra cambiando los miembros de la CSJN, que eran independientes, pues estaba gobernando un país en el cual todavía existía algo de la división de poderes, como lo mencionara precedentemente. Esta maquinaria montada por este gobierno montonero, donde cada engranaje es hipócrita, es la negación misma de la política, pero sobre todo de la justicia pues hace un pacto con la muerte sin que el duelo concluya ni la sangre se seque, se sigue así aplicando la famosa frase de la subversión: “La sangre derramada jamás será olvidada”.
Y como dice Sector Ricardo Leis en “Un Testamento de los años 70”, Ed. Katz CABA 2013, refiriéndose a los terroristas guerrilleros dice: “Cómo los aprendices de brujos”, habían desatado fuerzas que no sabían cómo controlar sin invocar a la muerte, hasta el fin”
Es el odio por el odio mismo , hagamos caso a AQUILES cuando HOMERO en la ILIADA le hace decir: “Dejemos en paz el pasado por mucho que nos aflija” o de lo contrario escuchemos a una verdadera guerrillera que no se escondió en la Patagonia al primer tiro, sino que puso el pecho y combatió arriesgando su vida, me refiero a la Señora PRESIDENTE DEL BRASIL, quien se merece mi respeto como soldado, la señora DILMA ROUSSEFF, quien hace poco manifestara: “La ignorancia sobre la historia no pacífica, al contrario mantiene latente penas y rencores. La desinformación no ayuda a apaciguar, facilita el tránsito de la intolerancia. La sombra y la mentira no son capaces de promover la concordia. Brasil merece la verdad y sobre todo, merecen la verdad aquellos que perdieron amigos y parientes y continúan sufriendo como si ellos murieran de nuevo y siempre cada día” y así está Brasil entre las primeras potencias del mundo y no como nos llevo este gobierno ha compararnos con el país más pobre del mundo.
Al proponer la unión nacional, me enfrento a la mentira oficial creada y sostenida con millonarios gastos propagandistas como “Las Organizaciones Guerrilleras tenian amplio apoyo popular” o “Las Fuerzas Armadas perseguían a jóvenes idealistas” etc., frases hechas no faltan, y los convierten en verdaderos postulados, fieles a los principios del nazismo, y así a este acusado que se atreve a hablar de unidad nacional se lo tildará y se lo acusará de “totalitario”, “desestabilizador, mentiroso etc.
[1] Del alegato del Dr. Alfredo Solari.PP – VGMT (PRESO POLÍTICO – VETERANO DE GUERRA EN EL MONTE TUCUMANO
ARIEL VALDIVIEZO
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 26, 2019
MALVINAS CONFIDENCIAL: LOS DOCUMENTOS QUE MUESTRAN CÓMO SE VIVIÓ EL 25 DE MAYO EN MEDIO
Tanto en las islas, como en Nueva York, donde se encontraba el entonces canciller Nicanor Costa Méndez para participar en las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, tuvieron lugar episodios clave. Discursos, actos y un curioso desfile durante una fecha patria muy especial
La Argentina no enfrentaba una situación de guerra exterior, en toda su magnitud, desde 1870, año en que finalizó la guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay. En el siglo XX, el 25 de marzo de 1945 le declaró la guerra a Japón y a la Alemania nazi (Decreto 6945/45 del 28 de marzo) sólo cuando las fuerzas aliadas, especialmente las del Ejército Rojo, se encontraban a pocas cuadras del bunker en el que se refugiaba Adolf Hitler en Berlín.
El martes 25 de mayo de 1982 el país vivía un trance histórico. Había un conflicto armado con una potencia mundial y sus tropas peleaban en el Atlántico Sur, y en todo su territorio se festejó la fecha patria con especial emoción.
Como me dijo una vez el brigadier general Basilio Lami Dozo, había dos argentinas. Una al Sur del río Colorado, que vivía intensamente el conflicto armado, y otra al Norte. El 25, sin embargo, la Argentina pareció ser una sola. Buenos Aires amaneció embanderada y la ceremonia central se realizó en la Catedral Metropolitana a las 11, con la presencia de la Junta Militar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Gabrielli; ministros del Poder Ejecutivo; secretarios del área presidencial y el cuerpo diplomático encabezado por su decano, el nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi.
Previamente, en las escalinatas del edificio Libertador, donde la Revolución de Mayo fue recordada por el Ejército, cuatro ex presidentes de facto, sin uniforme, se alinearon dejando de lado por el momento viejas rencillas, junto a otros altos oficiales de la institución. Allí estaban Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanusse, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola. La figura central fue el teniente general Leopoldo Galtieri, quien dijo en su discurso: “Aquí, como en las islas Malvinas, los hijos de esta tierra, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de nuestro Ejército, en las trincheras, en el ataque, o en su alojamiento, estarán junto a nosotros
entonando el Himno Nacional argentino en el día de la Patria.”
“Buenos Aires amaneció embanderada y la ceremonia central se realizó en la Catedral Metropolitana a las 11, con la presencia de la Junta Militar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Gabrielli; ministros del Poder Ejecutivo; secretarios del área presidencial y el cuerpo diplomático encabezado por su decano, el nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi.”
Las agrupaciones políticas se dieron cita en la ceremonia del izamiento de la bandera en la Plaza de Mayo. Durante la ceremonia fueron fotografiados Arturo Frondizi (MID), Néstor Carrasco (justicialismo), Julio Amoedo (Conservador Popular), Enrique India (socialismo popular), María Cristina Guzmán (Fuerza Federalista Popular), Carlos Auyero(Democracia Cristiana), Guillermo Acuña Anzorena (Línea Popular), Oscar Alende ( Partido Intransigente), Emilio Gianonni (socialismo democrático), Jorge Abelardo Ramos(FIP), Armando Aguirre (laborismo) y Juan Carlos Varela Barrios (Partido Demócrata Progresista). En el acto se encontraban el Ministro del Interior, Alfredo Saint Jean, quien previamente los había recibido en la Casa Rosada, y el intendente Guillermo del Cioppo. Los dirigentes del radicalismo no asistieron pero Enrique Vanoli dijo que ningún miembro de la mesa nacional se hallaba en Buenos Aires. El presidente de la UCR, Carlos Contín, en Nogoyá, Entre Ríos, dejó trascender que se había comunicado por teléfono con el ministro del Interior. Tampoco estuvieron los dirigentes del Partido Federal que lideraba Francisco Paco Manrique.
En Nueva York, donde se encontraba el canciller Nicanor Costa Méndez para participar en las reuniones del Consejo de Seguridad, por la mañana se realizó una ceremonia en la sede de la Misión Argentina ante Naciones Unidas, a la que asistieron diplomáticos, periodistas y unos pocos residentes argentinos. “No son horas de festejar, dijo el canciller, está la sombra de la guerra que se libra allá, en el Sur” y pidió gritar ¡Viva la Patria! Luego, el ministro participó en la agotadora sesión del Consejo de Seguridad, en la que habló por más de una hora. Posteriormente, atendió en su oficina al embajador de la Unión Soviética, Oleg Alexandrovich Troyanovsky.
En Puerto Argentino la formación militar la presidió el general Mario Benjamín Menéndezy se realizó frente a la Casa de Gobierno. Al pronunciar su discurso sostuvo: “La voluntad de hacer y de vencer es la misma que han demostrado hasta ahora todos los que han tenido que luchar en esta guerra que la Argentina no buscó, pero sí la quiere hacer el agresor, que trata de restaurar su imperio mal habido”.
Al margen de las ceremonias y las fanfarrias militares, la Capital Federal no cambió demasiado su estilo de vida. Mirando a Malvinas, en el Automóvil Club se realizó un desfile de modas en beneficio del Fondo Patriótico Malvinas Argentinas y Gino Bogani organizó algo más selectivo en los salones del Hotel Alvear con la misma finalidad. A diferencia del primero, era una selección de vestidos largos para la noche y no de equipos jogging azules y grises de matelassé. El intendente Del Cioppo, derogando una ordenanza de 1913, cambió el nombre de la plaza Britania por “Fuerza Aérea Argentina”. En esas horas, la Selección de fútbol se presentaba en el estadio de River para jugar contra el equipo portugués Benfica. El partido comenzó a las 21 y era el de despedida ya que después viajaba a su lugar de concentración en Alicante, para participar en el Campeonato Mundial de Fútbol en España. Para los amantes del tango, en el Teatro Regina se presentaban Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche y Horacio Ferrer.
“Al margen de las ceremonias y las fanfarrias militares, la Capital Federal no cambió demasiado su estilo de vida. Mirando a Malvinas, en el Automóvil Club se realizó un desfile de modas en beneficio del Fondo Patriótico Malvinas Argentinas y Gino Bogani organizó algo más selectivo en los salones del Hotel Alvear con la misma finalidad.”
San Carlos y las directivas militares argentinas: la hora del voluntarismo
Después de la medianoche del 25 de mayo, el Estado Mayor Conjunto emitió el comunicado número 86 informando a la ciudadanía que las fuerzas británicas habían logrado establecer una cabeza de playa en el área de Puerto San Carlos y que estaban “reforzando con desembarco de material, equipo y personal, del orden de aproximadamente 2000 hombres. La cabecera de playa tiene una profundidad de 10 kilómetros en sentido E-O y 15 kilómetros de frente, en sentido N-S”.
Los matutinos de esa jornada relataban las pérdidas británicas en material y efectivos, acompañada por una foto del hundimiento de la HSM Antílope. Es cierto, las fuerzas británicas tuvieron importantes pérdidas, pero el desembarco de hombres y material logístico sobre San Carlos nunca se frenó. La zona fue escasamente defendida por las tropas argentinas. Aún así, el general Julian Thompson la denominó “la avenida de las bombas” debido al fuego caído por la aviación argentina sobre sus tropas de la 3ª Brigada Comando, compuesta tres batallones de infantes de marina y dos de paracaidistas.
El 25 de mayo a las 9.00 de la mañana, frente a lo que sucedía en San Carlos, el CEOPECON (Centro de Operaciones Conjuntas), con las firmas del vicealmirante Juan José Lombardo, el general de división Osvaldo Jorge García y el brigadier mayor Hellmuth Conrado Weber se dispuso, por Acta de Acuerdo Nº 3, solicitar al jefe del Estado Mayor del Ejército (general de división Antonio Vaquero) “el envío en forma inmediata de comandos para actuar sobre la cabeza de playa.” También se analizó la “decisión sobre la operación de empleo de la REM” (Reserva Estratégica Militar). A partir de ese momento comenzaron a transmitirse directivas y consultas:
-A las 10.15, durante una comunicación telefónica entre los generales García y Vaquero, el primero solicitó que se enviara la Compañía de Comandos 602 con carácter urgente, “en lo posible esta noche (no más allá del 26 de mayo) equipada con: lanzadores Blow Pipe; visores nocturnos; equipos de comunicaciones; explosivos plásticos y todo otro equipo individual normal en operaciones de comandos.”
-A las 11, el general García se comunicó con el general Eduardo Alfredo Esposito, jefe del departamento IV Logística del Estado Mayor del Ejército, para reiterar el pedido “sobre los comandos y el material requerido”. En esa oportunidad, Esposito le dijo que había problemas con los visores nocturnos: “No existen en el país para satisfacer el anterior requerimiento. El resto del material se está preparando”.
-A las 20.50, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri llegó a Comodoro Rivadavia, sede de la IX Brigada de Infantería, a bordo de un Fokker S-28, matrícula T-2. Lo esperaban el general Osvaldo García, comandante del Cuerpo V, y los otros miembros del CEOPECON, Lombardo y Weber, además de otros oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Pasadas las 21, Galtieri se reunió con
los miembros del CEOPECON y jefes del Estado Mayor y analizaron la situación militar en las Malvinas, dando rienda suelta a un voluntarismo que no se compadecía con lo que sucedía en las islas. La cuestión más importante que se analizó fue “la posibilidad para el empleo de la REM (Reserva Estratégica Militar)” y “una operación de envergadura” en la Islas Soledad. Fue desde allí que García le mandó un mensaje con directivas a Menéndez, a las cuatro de la madrugada del 26 de mayo, acompañada con una frase que pasaba a convertirse en una mochila difícil de sobrellevar: “La Armada Nacional ha aportado su alta cuota de sangre en esta contienda. La Fuerza Aérea Argentina ha puesto de manifiesto su decisión a través del alto costo en vidas y material que significa su accionar. En sus futuras decisiones descansa el honor del Ejército Argentino”.
A las pocas horas llegó una larga respuesta de Mario Benjamín Menéndez en forma de flash. Con su forma tan meticulosa de exponer, afirmaba que “el plan de defensa elaborado oportunamente respondía a requerimientos mucho más amplios que la idea de disuadir un desembarco…ya que siempre se definió claramente que Puerto Argentino era el objetivo estratégico operacional principal. Así fue aprobado por COATLANSUR (vicealmirante Lombardo) y los tres miembros de la Junta Militar”.
“Dejar Puerto Argentino significa sacrificar ventajas logradas a través elección y preparación terreno…al mismo tiempo vamos al terreno enemigo, que además tiene muy superior movilidad táctica por empleo masivo e irrestricto de helicópteros. (El) enemigo ha llegado a impedir prácticamente cualquier movimiento aéreo o naval de cierta importancia en la isla y particularmente en o a través del estrecho de San Carlos. No parece conveniente iniciar operación sin lograr superioridad o al menos equilibrio aéreo, al tiempo que aún no está definida la actitud a adoptar por (el) enemigo con fuerzas del Queen Elizabeth. Eso puede significar que seamos tomados durante el movimiento entre tres elementos: San Carlos –operaciones aeromóviles desde ese lugar—y un nuevo desembarco de envergadura, a lo que sumaría la acción aérea. Esto, con toda seguridad, comprometería totalmente los objetivos de la campaña”.
Las tropas británicas -que contaban con alto grado de información- se dieron cuenta de que no había capacidad argentina para golpear a la cabeza de playa y continuaron avanzando, esta vez hacia Darwin y Puerto Argentino. El trasatlántico Queen Elizabeth fue acondicionado para el transporte de los más de 3.000 miembros de la Quinta Brigada de Infantería que componían la reserva estratégica británica.
La tardía Resolución 505/82
Tras largas sesiones de debates en el Palacio de Cristal de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el miércoles 26 de mayo, emitió la Resolución 505/82, presentada por el embajador de Irlanda, Noel Dorr, con algunas ideas de las delegaciones de Japón, Brasil, Panamá y Uruguay ante Naciones Unidas, autorizando a Pérez de Cuéllar a renovar una misión de buenos oficios por el término de una semana.
La decisión fue aprobada por los 15 miembros del Consejo, una señal de que era poco lo que se podía hacer: convocaba a las partes a “cooperar” con el mediador y pide al secretario de la ONU ponerse en contacto con “las partes con el propósito de negociar términos mutuamente aceptables para la cesación del fuego, incluida, de ser necesario, la adopción de disposiciones para el envío de observadores de las Naciones Unidas a fin de que vigilen el cumplimiento de las condiciones de la cesación del fuego”. Lo resuelto por el Consejo de Seguridad no fue determinante porque Gran Bretaña se negó a aceptar un alto el fuego, lo mismo que a ordenar el retiro de sus tropas de las Malvinas. “Tuvimos que aceptarla, no teníamos otra posibilidad. Ni voz ni voto”. El 26 de mayo, el embajador Eduardo Roca dejó su cargo en Naciones Unidas por enfermedad y fue reemplazado por Arnoldo Manuel Listre.
Críticas al viaje del Papa a la Argentina: lo que nunca se contó
El 26 de mayo, el presidente Galtieri recibió al enviado de Juan Pablo II, monseñor Achille Silvestrini, un colaborador directo del cardenal Agostino Casaroli, el secretario de Estado del Vaticano. Silvestrini, quien poco después llegaría a cardenal, era “un diplomático de nivel mundial, era el delegado de Casaroli a cargo de asuntos internacionales, el ministro de asuntos exteriores de facto del Vaticano”, según relató Tad Szulc en su biografía sobre Juan Pablo II. Tras el encuentro se anunció que el Santo Padre visitaría la Argentina el 11 y 12 de junio.
La decisión fue muy analizada en las esferas del Vaticano. Desde varios meses atrás, Juan Pablo II había acordado con el gobierno de Margaret Thatcher una visita oficial a Londres el 27 de mayo. Luego de su visita a Londres, el sumo pontífice iba a recibir, el 7 de junio, al presidente Ronald Reagan. Allí, como se conoció años más tarde, entre los dos (junto a Margaret Thatcher), se terminó de concretar un pensamiento y acción común sobre distintos asuntos que les preocupaban. En especial, el destino de los países de Europa Oriental sojuzgados por el comunismo y el avance castro-comunista en América Central. Tras el estallido de la guerra de las Malvinas, la Secretaría de Estado consideró oportuno visitar la Argentina, uno de los países católicos más importantes de América Latina.
Insólitamente, el gobernador de San Juan Leopoldo Bravo, un aliado del gobierno militar, censuró duramente el viaje de Juan Pablo II a Buenos Aires. “Si quiere comprobar el derramamiento de sangre es preferible que visite las islas Malvinas”, dijo y agregó: “Estimo inoportuna la visita a la Argentina y abrigo la esperanza de que nuestro Gobierno le aconseje que la postergue hasta que decidamos esta guerra que mantenemos con el criminal país agresor.”
Más allá de las presuntas simpatía del gobernador sanjuanino por la URSS, el país en donde estuvo casi una década destinado, el aliado político del régimen militar parecía expresar una opinión que era compartida en algunos lugares del poder. El 22 de julio de 1982, a un mes y escasos días de la caída de Puerto Argentino, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri le dijo a este cronista algo que nunca fue publicado.
-¿Cuál fue para usted la posición de la Iglesia argentina durante la guerra?
-La Iglesia se encontraba espiritualmente, ideológicamente, de acuerdo con el Gobierno.
-¿El Papa trató con usted el tema de Malvinas?
-No, no hizo ninguna referencia. Sólo conversó conmigo sobre el diferendo (con Chile) del Beagle porque éste era su problema. Me pidió que aceleráramos una respuesta. Yo dije que era cuestión de sentarnos en una mesa con los chilenos y no levantarnos hasta que se produjera una “fumata”. Es evidente que su presencia, en los momentos trascendentales (viernes y sábado previos a la caída de Puerto Argentino) nos perjudicó.
En el Capítulo Cuarto de la Memoria de los comandantes de la Junta Militar no consta la oposición del ex presidente de facto a que el Papa visitara Buenos Aires, entre los días 10 y 12 de junio. Es más, se deja constancia que “la iniciativa del Santo Padre fue bien recibida por nuestro país y se agradeció públicamente”.
Cuando Galtieri habló de Calvi no se refería al ignoto general de división Edgardo Néstor Calvi, comandante de Institutos Militares, sino a Roberto Calvi, mal llamado el “banquero de Dios”. Era el presidente del banco Ambrosiano y uno de sus principales accionistas era el Banco del Vaticano. Calvi era miembro de la logia masónica Propaganda Due que contaba en la Argentina con importantes miembros del régimen militar. Entre los frati neri o “frailes negros” sobresalían el almirante Emilio Eduardo Massera y el general de división Carlos Guillermo Suárez Mason. La quiebra del Ambrosiano constituyó uno de los mayores escándalos políticos de la posguerra italiana. El 17 de junio de 1982, el cuerpo de Calvi apareció colgado del Blackfriars Bridge de Londres.
Yofre Juan Bautista
Ex Secretario de Inteligencia
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 5, 2019
Juan Bautista “Tata” Yofre en “A fuego lento”, con Clara Mariño y Rubén Rabanal
Hablando de diversos temas, Juan Bautista Yofre se presentó en el programa de Mariño y Rabanal. Oyarbide, aborto y Abal Medina entre otros, fueron los platos fuertes del programa.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 10, 2018
Juan Bautista “Tata” Yofre con Eduardo Feinman y la Verdad de la Trágica Historia Argentina
PRISIONEROenARGENTINA.COM
Mayo 30, 2018
El principio del Fin: De Cómo Terminó el Juez Quiroga
CREACIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL PENAL
El 12 de marzo de 1971, tras el planificado Viborazo en Córdoba, armado contra el interventor Camilo Uriburu, se derrumbó el gobierno de Roberto Marcelo Levingston y asumió la Presidencia de la Nación Alejandro Agustín Lanusse, el último caudillo militar del siglo XX, y las Fuerzas Armadas comenzaron a planear entonces una retirada decorosa del poder.
minar con el flagelo subversivo, como comenzaría a implementarse durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y su esposa (1973-1975).
Como agudamente observó Pablo Mariano Ponza, “el gran acierto político de Lanusse fue observar con claridad que la mejor manera (sino la única) de descomprimir la situación social, desactivar la guerrilla y la amenaza de divisiones irrecuperables en el seno de la corporación militar era propiciando una salida democrática”.
A lo largo y a lo ancho del territorio nacional se incrementaron los atentados terroristas, y Lanusse recibió todo tipo de presiones para terminar con la violencia a cualquier precio. Unos clamaban por “escuadrones de la muerte”, como en Brasil. Otros más sensatos, más sólidos moral e intelectualmente, se negaron a la ley del “todo vale” con tal de ter
Jaime “Jacques” Luis Enrique Perriaux no fue el único en pronunciarse por la legalidad, pero estaba en el lugar indicado para hacerse escuchar porque era el ministro de Justicia de Lanusse, y contó para ello con la invalorable ayuda intelectual de el “Tata” Argibay, en ese entonces miembro de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. Otro que impidió cualquier desatino fue el general Alberto Samuel Cáceres Anasagasti, jefe de la Policía Federal.
La Cámara Federal Penal
El 28 de mayo de 1971, el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse promulgó la ley 19.053, creando la Cámara Federal Penal de la Nación, porque los juzgados federales estaban desbordados e impotentes para hacer frente a la violencia armada. Imaginada por el genio del ministro de Justicia, Jaime Perriaux, dicha Cámara estaría compuesta por tres salas, integradas cada una por tres jueces probos de demostrada formación jurídica. Ninguno de los nueve jueces era un improvisado. Cargaban en sus espaldas largos años en el foro judicial. Los jueces fueron: Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Carlos Enrique Malbrán (Sala 1); César Black, Eduardo Munilla Lacasa y Jaime Smart (Sala 2); Tomás Barrera Aguirre (luego reemplazado por Esteban Vergara), Jorge Vicente Quiroga y Mario Fernández Badesich (Sala 3). A su vez, cada juzgado tenía un secretario y su respectivo fiscal, además del necesario personal judicial.
cretario general del tribunal, Carlos Alberto Bianco.
Dos hechos promovieron la formación de la CAFEPE: el copamiento de la localidad de Garín por comandos de las FAR, el 30 de julio de 1970, y el asalto a un camión del Ejército en el que es ejecutado el teniente Mario César Azúa y herido el soldado Hugo Alberto Vacca, en abril de 1971.
La gestación del alto tribunal no estuvo desprovista de presiones castrenses y eso generó un retraso en el comienzo de sus tareas. Una de las tantas objeciones que ponían los sectores más duros del Ejército era sobre el destino que debía darse a los detenidos por las fuerzas militares y, en ese caso, quién debía sustanciar las investigaciones correspondientes, porque hasta ese momento los uniformados llevaban el peso de la contrainsurgencia. Los camaristas se negaron a jurar si no se modificaba —y además esa modificación debía ser pública antes del juramento— la ley 19.081 que regulaba la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiguerrillera. En definitiva, de lo que se trataba era de pelear a la violencia revolucionaria —“la guerra popular prolongada”, como sostenían las organizaciones armadas— con la ley en la mano.
Como diría muchos años más tarde el alto tribunal que juzgó a las juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional, cuando la “guerra” en el ámbito militar había terminado con la derrota del terrorismo, “[…] a partir de 1970, los distintos gobiernos de la Nación Argentina dictaron diversas normas tendientes a hacer más efectiva la defensa del país contra el flagelo terrorista […] La mayor parte de esas disposiciones estuvieron dirigidas a reprimir con rigor creciente la actividad subversiva, salvo un momentáneo eclipse operado en el curso de 1973 […] durante este año, por razones políticas que no corresponde a esta Cámara juzgar, se dictó la ley de amnistía 20.508, en virtud de la cual obtuvieron la libertad un elevado número de delincuentes subversivos —condenados por una justicia que se mostró eficaz para elucidar gran cantidad de crímenes por ellos perpetrados— cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores”.
El 6 de julio de 1971, por el decreto 2.100, artículo 2º, se señaló: “Si como consecuencia de las operaciones militares efectuadas por aplicación de la ley número 19.081, se produjere la detención de personas, tal circunstancia se comunicará por la vía más rápida a la Cámara Federal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, y dentro de las 24 horas, se pondrán los detenidos, los elementos probatorios obtenidos y las actuaciones que hayan labrado a disposición del mencionado tribunal”. De esa manera, los camaristas trazaron una raya entre las jurisdicciones de los jueces y los miembros de las Fuerzas Armadas.
Cumplida esta exigencia, que hacía recaer en el alto tribunal civil la potestad absoluta de la administración de la justicia —y sus procedimientos—, el miércoles 7 de julio, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de la Nación, prestaron juramento los nueve camaristas y los tres fiscales que la integraron. Se hicieron cargo Marcelo Tomás Barrera Aguirre (luego reemplazado por Esteban Vergara), César Black, Juan Carlos Díaz Reynolds, Mario A. Fernández Badesich, Carlos Enrique Malbrán, Eduardo H. Munilla Lacasa, Jorge V. Quiroga, Jaime Lamont Smart y Ernesto B. Ure. Como fiscales lo hicieron Osvaldo Santiago Fassi, Jorge R. González Novillo y Gabino J. Salas.
El primer Acuerdo del tribunal fue la designación del presidente de la Cámara, que recayó en el doctor César Black. El mismo día se dictó el Acuerdo Nº 2, nombrando a los funcionarios judiciales más relevantes. Primero, a los secretarios de sala: Alberto Loza Leguizamón, Luis María Gallego del Valle y Adolfo Lanas (h). Segundo, los secretarios instructores: Martín Anzoátegui, Ramón Benjamín Rojas, Pedro Carlos Narvaiz, Horacio A. Vaccare, Samuel María Somoza (h), Nino Tulio García Moritán, Edgardo Frola, José Ignacio Garona y Víctor Adolfo Yáñez. Tercero, los letrados de las fiscalías: Carlos A. Curraiz, Bernardo Jorge Rodríguez Palma y Gregorio Badén. Por último se designó al prose
Luego se nombraron alrededor de cien empleados administrativos, se fijaron las escalas salariales con un plus de cuarenta por ciento más por el factor riesgo. Se estableció la sede de la Cámara Federal Penal en la calle Viamonte, a metros de la plaza Lavalle.
• La competencia de la CAFEPE
La Cámara Federal Penal fue integrada por tres salas con tres jueces cada una, tres fiscales y jurisdicción en todo el país. Dichas salas se van a pronunciar en el juicio oral propiamente dicho sobre cada causa en particular, sobre la base de una averiguación preliminar llevada por uno de sus vocales. De esta manera, el tribunal adoptaba una organización peculiar: los nueve jueces (camaristas) de las tres salas dirigían sus propias vocalías para sustanciar los sumarios que les correspondían por turnos, y cuando esas averiguaciones —o investigaciones— terminaban con una imputación consolidada contra una persona por un delito de carácter subversivo, el vocal actuante impulsaba la remisión del expediente a la sala de juicio que, a partir de ahí, actuaba en pleno.
emplear los mismos métodos que los terroristas, ya que ello deterioraría gravemente la eticidad de nuestra posición y destruiría el fundamento de nuestra lucha”.
Primero se pronunciaba el fiscal que solicitaba el sobreseimiento del detenido o formulaba la acusación. Y, en este caso, se daba traslado a la defensa y luego se fijaba fecha para la audiencia oral.
La ley que estableció el fuero antisubversivo no reconoció a las causas que ya estaban en trámite (en el marco de la ley 18.670, de mayo de 1970) y se fallaron por el tribunal que las tenía a cargo.
Los delitos sobre los que entendió la CAFEPE fueron enumerados taxativamente en la ley que la creó y, tal como dice el mensaje del ministro Jaime Perriaux, son los “de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las instituciones del Estado”, y son aquellos delitos que “en la mayoría de los casos tienen por objeto lograr una ruptura violenta del sistema institucional argentino y que afectan en forma directa los más altos intereses nacionales”.
El mensaje de Perriaux destaca que los delitos de que se trata abarcan todo el país y muestran estrecha vinculación entre sí, por lo que “torna ineficaz para su juzgamiento la actual competencia territorial de los tribunales federales […] hoy los jueces intervienen con jurisdicción limitada a sectores y, por tanto, no pueden tener un conocimiento acabado de las organizaciones que, por su modalidad de actuación, tienen los caracteres propios de vastas asociaciones criminales con proyecciones en distintos ámbitos. La dispersión de investigaciones conspira contra la aprehensión y sanción de los delincuentes a que hago referencia”. Éste resulta uno de los temas centrales de la ley, la cuestión de la competencia que tanto utilizó la ultraizquierda para atacarla, desvirtuarla e intentar frenarla.
La idea de la jurisdicción en todo el territorio nacional de la CAFEPE fue una clave importante para el éxito mostrado en muy poco tiempo, y esta cuestión se mide en la estadística de casos iniciados, tramitados y juzgados, el índice de sentencias de condena y la reacción que tuvo la ley entre las organizaciones terroristas. Lo que vino después del 25 de mayo de 1973 mató para siempre la experiencia de un tribunal apropiado para una categoría de casos que pusieron en crisis a todo el sistema judicial y paralizaron una respuesta institucional.
La dirigencia argentina acompañó alegremente la disolución del alto tribunal en medio del espanto de los cuarenta y nueve días de gobierno de Héctor J. Cámpora. Poco después, cuando quiso volver a un mecanismo similar de administración de justicia, ya era tarde. Las fuerzas de uno y otro lado se hallaban en el campo de combate. Había llegado la hora de “exterminar uno a uno” a los terroristas, como dijo Juan Domingo Perón en 1974. Y la degradación final llegó cuando la justicia se decidió en un “centro de detención” o en una “cárcel del pueblo”.
Cada imputado contó con todas las garantías procesales del caso. Así pueden atestiguarlo sus abogados defensores y los documentos que hoy salen a la luz lo van a demostrar con absoluta precisión. Sin embargo, para denostarla, a la Cámara la denominaron el “Camarón” o la “Cámara del Terror”.
Deben recordarse, entonces, las directivas del presidente Lanusse a los altos mandos del Ejército: “En la lucha contra el enemigo subversivo debe evitarse la fácil tentación de
Es decir, no fueron “jueces sin rostro”, encapuchados, los que dictaron las sentencias. Todo lo contrario a lo que sucedió en el Perú de Alberto Fujimori cuando se juzgaron a miembros de la organización Sendero Luminoso, en la década del noventa. Tampoco se alzaron tribunales militares como en el Uruguay de comienzos de los setenta.
El 25 de mayo de 1973, el peronismo “militante” triunfante en el poder, junto con otras organizaciones armadas, contando con la desaprensión, la indiferencia, la complicidad o el temor de la sociedad política, asaltó las cárceles liberando a los presos guerrilleros. Al día siguiente, inmerso en un clima entre festivo y esperanzado, el Parlamento otorgó una amplia y generosa amnistía y disolvió la Cámara Federal Penal. Perón, desde Madrid, dejó hacer y, después, demostró su disgusto cuando era tarde.
Según Esteban Righi, el ministro del Interior de ese momento, la ley de amnistía “no fue conversada con los militares, pero sí fue tratada con las otras fuerzas políticas”. Ante una consulta de Righi, el jefe del bloque del radicalismo, Antonio Tróccoli, respondió: “Nosotros estamos de acuerdo con esta decisión, porque queremos que el país arranque de cero kilómetro”. Después, cuando era tarde, lo lamentaría.
Como avalando lo confesado por el “Bebe” Righi, Edgardo Frola, integrante de la Cámara Federal Penal, dijo: “Ante la posibilidad de una ley de amnistía, después de las elecciones del 11 de marzo del 73, fui a la casa de Francisco Barreiro, primo de Germán López Barreiro, y me reuní con el diputado Day y Roque Carranza. Les conté quiénes eran los más importantes (jefes guerrilleros) que iban a quedar libres, de dónde venían y qué jerarquía tenían dentro de las organizaciones armadas. Day era el encargado de escribir el proyecto de ley de amnistía del radicalismo. Pareció no escucharme porque al final me dijo: ‘Estamos obligados a presentar una ley más amplia y más generosa que el Partido Justicialista’”.
Los guerrilleros liberados volvieron inmediatamente a sus organizaciones esa misma noche. No perdieron tiempo. “He visto salir a los presos de las cárceles. Nadie estaba dispuesto a perdonar nada. Los que eran liberados se abrazaban en un reencuentro de lucha”, afirmó Héctor Sandler, el entonces diputado nacional de la Alianza Popular Revolucionaria. En otras palabras, se largaban a las calles para volver a matar.
En la cárcel “teníamos que formarnos políticamente para que una vez que saliéramos fuéramos a insertarnos inmediatamente y poder seguir militando a la par de los otros compañeros”, dijo Alicia Sanguinetti, militante del PRT-ERP (hija de la fotógrafa Anne Marie Heinrich), agregando, en la misma ocasión, que María Angélica Sabelli “daba clases de arme y desarme con un palo de escoba”.
Frente a la impotencia del Estado para combatir el desborde terrorista, un tiempo más tarde, el gobierno de María Estela Martínez de Perón intentó recrear un mecanismo similar al de la Cámara Federal Penal. Era tarde. Nadie quería aceptar, porque sus anteriores jueces y funcionarios habían sido sometidos a una severa persecución. Algunos fueron asesinados (juez Jorge Vicente Quiroga), otros sufrieron atentados personales (Munilla Lacasa y Malbrán). Otros, como Jaime Smart y Ure, tuvieron que exiliarse. Muchos más fueron degradados en la carrera judicial.
La consecuencia fue que, frente a los hechos terroristas, comenzó a imperar la respuesta de la ley de la calle y llegaron las patotas, hasta que se ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. Desde las “Directivas a los dirigentes para terminar con el proceso de ‘entrismo’ izquierdista en el Justicialismo” (autorizadas por Perón, después del asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci), a la Triple A le restaba sólo ponerlas en marcha.
La sociedad argentina se había quedado sin justicia y sin ley. Antes del 24 de marzo de 1976.
Extractado de Volver a matar de Juan B. Yofre
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 28, 2016
JUICIOS QUE HAN NACIDO MAL PARIDOS Y MAL PARIDOS VAN A MORIR – PARTE III
“Ningún político tuvo las pelotas suficientes para tomar las riendas del poder, todos esperaban que los militares solucionaran el problema y desgraciadamente fue así, no porque se quisiera, sino porque la República estaba por desaparecer .”
ESTOS ESCRITOS Y LOS VENIDEROS TIENEN POR FINALIDAD SACAR LA VENDA DE LOS OJOS PARA LOS QUE NO QUIERAN VER O PARA LOS QUE MIRAN SIN QUERER VER.
La ignorancia que nos impuso el gobierno pasado mediante la mentira sobre la historia, y que este gobierno la mantiene (Caso gobernadora de Bs As con su ley de los 30.000 desaparecidos), y Macri que nada hace para parar el genocidio de los que combatieron al terrorismo, y que día a día mueren en sus cárceles.
No se debe tener miedo alguno en divulgar la verdad, todo lo que aquí menciono fue dicho en el juicio oral y público en la causa ARSENALES efectuado en Tucumán, es decir que fue y es de público y notorio conocimiento
PARTE III – CONTINUACION DE HECHOS HISTORICOS QUE LLEVARON AL GOLPE MILITAR.
Habíamos llegado al final de la PARTE II, que ante semejante desgobierno la única salida era el golpe militar, lo que a continuación describo son los hechos verdaderos ocurridos en esa década del 70, que avalan la necesidad del golpe militar, y es así como en la Cámara de Diputados el 24 y 25 de enero de 1976 se dijo:
1) Diputado Porto: “Cuando dictamos las leyes (amnistía, derogaciones de normas, supresión de la Cámara Federal en lo Penal) (….). Pero un grupo (…) ha seguido ejecutando los mismos actos de violencia que antes: siguen las bombas, los atentados a las instituciones, la tenencia de armas de guerra, los secuestros, los asaltos. Tales actos de violencia van ahora dirigidos… contra el Estado de derecho republicano”;
2) Diputado Monsalve: “Esta cámara, en aquella oportunidad, aprobó la derogación de las leyes represivas presionada por las manifestaciones callejeras alentadas por quienes habían triunfado en las elecciones de marzo y abril pasado; manifestaciones que integraban seguramente buena parte de las fuerzas que hoy están colocadas en la subversión (…) Cabe preguntarse por qué hoy, después de casi un año de gobierno popular, subsiste, aun agravada, la violencia, que todos repudiamos (…), vemos que nuestro país se ha transformado en una nación en la que los hombres no pueden tener cuando salen de su casa para ir a trabajar y ganarse la vida, la seguridad de que volverán a ella enteros para reunirse con sus familiares”.
De la misma manera los sindicalistas justicialistas apoyaron el golpe y así JORGE ANTONIO en una conferencia de prensa manifestó: “Si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean (…), cuando se restablezca el orden habrá trabajo para todos”(Nadie fue de Juan Bautista Yofre), el 20 de marzo comunicaron los sectores obreros: “Cuarenta y una organizaciones sindicales no acatarían un paro general de actividades en caso de ruptura del orden constitucional” (contratapa del diario La Opinión), como puede ver este tribunal, los sindicalistas daban luz verde al golpe militar. “y al día siguiente, otro peronista LUIS SOBRINO ARANDA fue lapidario “Lo que interesa es el cambio, no importa quién lo haga” y a una semana del 24 de marzo este diputado abandonó su banca declarando que “el proceso político argentino está agotado”. (Nadie Fue ob cit).
Jorge Antonio Juan Bautista Yofre Luis Sobrino Aranda Héctor Timerman
“El Clarín” del 21 de marzo informa que: “Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias”, es decir señor presidente que los señores legisladores abandonaban como ratas el barco antes de que hunda, abandonaban voluntariamente el poder que el pueblo les había conferido. Y en este diario de izquierda de HECTOR TIMERMAN, La Opinión en enero de 1976, el periodista OSIRIS TROIANI manifestó: “Las Fuerzas Armadas podrán verse obligadas a intervenir, no para suprimir el sistema, sino para regenerarlo”, y el 20 de marzo este mismo diario dijo: “Porque se puede querer el golpe sin ser golpista, (…) hay muchos dirigentes gubernamentales que recibirían con alivio un golpe que los descargara del manejo de una situación imposible”.
El mismo ERNESTO SABATO dijo: “La inmensa mayoría de los argentinos rogaba que por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos” (Declaración en la revista alemana llamada GEO)
Ernesto Sabato (1911 – 2011)
JORGE PALADINO, una de las principales voces del gobierno de PERON confirma: “Las Fuerzas Armadas no hicieron más que aceptar un pedido general, táctico y/o expreso de la ciudadanía para encarar con su intervención, una crisis de supervivencia de la Nación que las instituciones y las organizaciones civiles demostraron ser incapaces e impotentes de resolver”. Tal es así que el resto del mundo aprecio de la misma manera, el diario holandés Algimeen Dagblad opino: “lo único asombroso es que la intervención militar se haya hecho esperar tanto”, el Tangsan Zeiger suizo afirmo: “apenas puede calificarse de golpe de estado. A los militares les cayó el poder en las manos como un fruto podrido”, el ABC español manifestaba: “el ejército ha decidido colocar el interés nacional por encima de cualquier otro y que su intervención fue necesaria” (Fragmentos de diarios extranjeros publicados en el diario izquierdista de HECTOR TIMERMAN La Opinión del 26 de marzo de 1976).
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Jorge Paladino (izquierda) y Juan Domingo Perón
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Pero lo más asombroso es el mismo apoyo que prestaron las organizaciones de terroristas guerrilleros, por otro motivo, pues estaban convencidos que la venida de un gobierno de facto favorecía la conquista de sus objetivos y así el ERP en su diario ESTRELLA ROJA afirmo: “La concreción del golpe militar producirá un cambio en el desarrollo de la lucha revolucionaria de nuestra Patria. Será el inicio de la guerra civil abierta…”, GORRIARAN MERLO por su lado manifestó: “Llegamos a la conclusión de que el advenimiento de una dictadura militar iba a conllevar una exacerbación de la resistencia”. Montoneros por su parte sostenía la necesidad del golpe, que provocaría la unificación de la resistencia” (Eugenio Méndez en Confesiones de un montonero, pág. 124). Como se puede apreciar estimados lectores, el golpe de estado, que ahora tanta esta Política de Estado dilapida, fue apoyada por toda la sociedad argentina e incluso por los mismos guerrilleros, y este apoyo de los terroristas guerrilleros, se manifestó echando más leña al fuego, aumentando sus operaciones subversivas terroristas a fin de acelerar la intervención militar.
DESPUES DEL GOLPE MILITAR
También es importante recalcar que dicho apoyo, también fue manifestado después del golpe de estado, así el diario La Opinión (del izquierdista Héctor Timerman) informara: “No es secreto que las Fuerzas Armadas, contribuyeron ilimitadamente a evitar el colapso de las instituciones (…)las instituciones no se ayudaron así mismo, hasta el punto de abandonar a un total y absoluto vacío de poder, a un país desquiciado, dominado por la corrupción y azotado por un violencia que sumergió en la inseguridad a todos los argentinos” y el 24 de agosto este mismo diario manifestó: “ Sentimos que el 24 de marzo de 1976 que habíamos salvado la vida. Fue una sensación re confortable, un respiro de alivio” y la Voz del Interior el 28 de marzo afirmó: “…el gobierno se asumió en el momento preciso, cuando ya parecía no quedar espacio para otras alternativas…Sabíamos que la quiebra del orden institucional era irremediable…”.
Y para terminar con todas estas pruebas de los hechos desgraciados ocurridos repito las palabras del ministro de Defensa Dr. HORACIO JAUNARENA, pronunciara en el juicio 13/84, reconociendo la responsabilidad de los políticos en estos sucesos: “Es necesario que nos preguntemos por qué no tuvimos respuestas a la crisis que derivo en el golpe de estado de 1976… Pensar que 15 ó 20 militares son responsables de lo que sucedió en los últimos años es una insensatez; este argumento nos lleva a la conclusión de que en cualquier momento otros militares pueden intentar lo mismo y esto no es así.
Dr. Horacio Jaunarena
Un ministro de M.E. de PERON le manifestó al Dr. JUAN ALEMANN: “es preferible un final con horror que un horror sin final”.(La mentira oficial de Nicolás Márquez).
El Diputado STECCO del FREJULI mencionó : “Por eso esta Cámara de Diputados, dicta leyes del país, se debe ampliar poderes a las FFAA y de seguridad…..para perseguirlos a sus guaridas y matarlos como ratas, porque no merecen vivir en este pueblo”.
Todo lo mencionado precedentemente, y mucho más, lo que sería imposible transcribir, no lo dijeron las Fuerzas Armadas, lo dijeron todos los diarios tanto de izquierda como de derecha, en diarios extranjeros, en toda la sociedad argentina atacada por los terroristas guerrilleros y en todos los poderes de la Nación, y nada menos que especialmente en el Congreso de la Nación, y no olvidemos que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes (art. 22 CN), y por mandato del pueblo por medio de sus representantes así procedió el gobierno democrático de la Sra. M. E. de Perón y haciendo uso de sus facultades que le confería la Constitución Nacional, ordenó el aniquilamiento, de quienes debían ser “muertos como ratas”, es decir los guerrilleros terroristas que conformaban los Ejércitos Guerrilleros Terroristas.
Señores lectores, lo que he mencionado es la historia analizada desde el punto del historicismo, es la verdadera historia, es la verdad en sí misma, y no es la memoria que impone esta POLITICA DE ESTADO, (KIRCHNERISTA Y MACRISTA) que exige a los jueces y fiscales ignorar las lecciones del pasado y violar la Constitución Nacional.
PRINCIPALES CONCLUSIONES.
Como puede verse, hay sobradas pruebas de esos hechos históricos desgraciados,, que incluso el gobierno de Macri niega y obliga por medio de una ley a continuar con la mentira y con la inversión de la historia.
María Eugenia Vidal y la Ley 14.910, Los desaparecidos son 30.000
Y parafraseando a Maquiavelo (1469 – 1527) quien sentenció: “Toda guerra es justa desde el momento que es necesaria” he dado pruebas de hechos históricos, que la guerra era más que necesaria, ya que había un clamor, de toda la sociedad, para terminar con el terrorismo internacional quien nos había declarado la guerra. (El Dr. Zabala Ortiz, en la presidencia del Dr. ILLIA ante el Congreso de la Nación (Diario de Sesiones de Diputados de 1964- Pág. 2871 y siguientes), expresó: “Hay una Guerra Revolucionaria declarada a la Republica, a las democracias y no democracias de América Latina…”
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Dr. Zabala Ortíz
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Dr. Arturo Illia
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Los políticos escapaban como ratas que se les hunde el barco del Congreso, abandonando la responsabilidad que le había sido dada por la ciudadanía.
Política de estado Macri-Kirchner
4. Ningún político tuvo las pelotas suficientes para tomar las riendas del poder, todos esperaban que los militares solucionaran el problema y desgraciadamente fue así, no porque se quisiera, sino porque la República estaba por desaparecer y caer en manos del comunismo, y un vacío de poder siempre es ocupado por alguien, de manera que para el pueblo argentino tenía solo dos alternativas o el poder era tomado por los terroristas o por los militares y el pueblo eligió a los militares, por eso es que fue un golpe cívico militar, donde unos como otros son responsables de que así ocurriera.
Ariel Rolando Valdiviezo es Maestro Escolar, Teniente Coronel (R) del Ejército Argentino y Preso Político en ese mismo país sudamericano.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 27, 2017