La Cámara Federal de Casación de Argentina confirmó ayer miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por delitos de corrupción.
Este es el fallo de segunda instancia que enfrenta la exmandataria, a quien ya solo le queda la alternativa de apelar ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir una sentencia histórica que complica su futuro político.
“La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera (…) no existió ni una sola prueba en mi contra”, advirtió Fernández de Kirchner la víspera, a sabiendas de que el tribunal rechazaría su demanda de anular la condena.
El único objetivo del proceso, agregó, es que nunca más vuelva a ocupar cargos públicos. “Lisa y llanamente proscripción de por vida”, afirmó en una carta en la que calificó al juicio como “un zafarrancho” del “partido judicial” que en toda América Latina ha perseguido a líderes de gobiernos populares, nacionales y democráticos como Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).
“Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder”, aseguró al rechazar las imputaciones en su contra y adjudicarlas a una persecución.
La condena de Casación sólo se hará efectiva si es ratificada por la Corte Suprema, el máximo órgano de justicia que suele demorar años en este tipo de fallos. Por eso Fernández de Kirchner no corre peligro de ser detenida de inmediato, además de que, si así lo desea, se podrá postular en las elecciones legislativas de 2025. En el peor de los casos, cumpliría prisión domiciliaria, ya que es un beneficio que obtienen las personas mayores de 70 años.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dieron a conocer su decisión en medio de una fuerte expectativa política, ya que Fernández de Kirchner acaba de regresar a los primeros planos de la política nacional luego de haber sido nombrada como presidenta del Partido Justicialista (peronista), lo que oficializó su papel como la principal líder de la oposición al presidente Javier Milei.
La expresidenta fue condenada el 6 de diciembre de 2022, al término de un juicio que duró tres años y medio, en el que hubo 13 imputados, más de 100 testigos y varios escándalos y denuncias de parcialidad por parte de los funcionarios judiciales.
En ese proceso, los fiscales pidieron una pena de 12 años, pero los jueces consideraron que bastaba la mitad, ya que la absolvieron por el delito de “asociación ilícita” y solo la consideraron culpable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Todo ello ocurrió en el marco de lo que la prensa bautizó como causa ‘Vialidad’, en la que se acusó a Fernández de Kirchner de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), favoreció con millonarios fondos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
En el juicio, además de Fernández de Kirchner y de Báez, hubo otros 11 acusados, de los cuales cuatro fueron absueltos: el exministro de Planificación, Julio De Vido; los exsubsecretarios de Obras Públicas, Abel Fatala y Carlos Kirchner; y el exfuncionario de Vialidad, Héctor Garro.
Por el contrario, el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exdirector de Vialidad Nacional, Néstor Periotti; y los exfuncionarios Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro recibieron penas de entre tres y seis años de prisión.
La investigación se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri, a 51 contratos de obras públicas que obtuvo Báez en Santa Cruz, la provincia ubicada en el extremo sur del país que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz desde 1991 hasta 2003, cuando se convirtió en presidente. Desde entonces, su amigo Báez comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron de manera acelerada. Hoy está condenado en otras causas por corrupción.
El juicio marcó un parteaguas en la historia política de Argentina porque, en ese momento, Fernández de Kirchner todavía era vicepresidenta. Fue la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto era condenado todavía en ejercicio de sus funciones, ya que los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa, así como el exvicepresidente Amado Boudou, fueron juzgados y condenados cuando ya no ocupaban sus puestos.
Desde el principio del juicio, Fernández de Kirchner aseguró que la condena estaba escrita de antemano porque formaba parte del ‘lawfare’ (persecución judicial) que tuvo que enfrentar desde que en 2015 terminó su segunda presidencia y que se reflejó en múltiples causas penales.
El único fin, dijo, era proscribirla para impedirle que volviera a participar en elecciones. El tribunal, acusó, era “un pelotón de fusilamiento”.
A lo largo del juicio, sus detractores la condenaron y sus seguidores la exculparon de antemano. La polarización fue permanente.
El 1 de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani adquirió notoriedad con un duro e histriónico alegato en el que acusó a la expresidenta y a su fallecido esposo de haber creado “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.
Días más tarde, se difundieron fotos en las que Luciani y Rodrigo Giménez de Uriburu, uno de los jueces del tribunal que juzgaba a Fernández de Kirchner, jugaban juntos al futbol en las canchas de la casa de campo del expresidente Mauricio Macri, principal rival de Fernández de Kirchner en ese momento.
“El Poder Judicial apesta”, condenó la vicepresidenta, al considerar que las imágenes demostraban el conflicto de intereses y la parcialidad de los juzgadores en su contra.
Luego vinieron marchas y actos en favor de Fernández de Kirchner y una mayor crispación social, hasta que, el 1 de septiembre, el juicio quedó envuelto por completo en la conmoción que generó el atentado que sufrió la entonces vicepresidenta y que ella adjudicó a la campaña de odio generada por sus opositores.
Ya en la recta final del proceso, se descubrió que jueces, funcionarios y empresarios de medios habían realizado un lujoso y secreto viaje a la Patagonia, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín, el multimedios más importante del país y máximo enemigo del kirchnerismo.
Uno de los viajeros era el juez Julián Ercolini, instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los consideró suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y público. Pese a las múltiples anomalías e impugnaciones, el proceso contra la expresidenta siguió su curso.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina fijó para el 13 de noviembre la audiencia para dar a conocer su decisión sobre el fallo de la denominada causa ‘Vialidad’, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de corrupción en la asignación de una obra pública.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país dará a conocer ese día, a las 10:00 de la mañana [hora local], si confirma, revoca o modifica la sentencia contra la exmandataria, así como las penas impuestas a otros acusados en el caso.
La fecha fue establecida por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, luego de rechazar los últimos recursos que presentó la semana pasada la defensa de la expresidenta.
HornosBorinsky
En la causa ‘Vialidad, Fernández de Kirchner fue sentenciada por el Tribunal Oral Federal N° 2, a principios de diciembre de 2022, a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El juicio se extendió por tres años y medio.
La exmandataria fue encontrada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
En el juicio, la expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
También fueron condenados entonces, con penas de entre tres y seis años de cárcel, Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz.
La condena fue apelada por la defensa de Fernández de Kirchner y del resto de los acusados; pero también por la Fiscalía, que pide agravar la condena y considerar el delito de “asociación ilícita”.
La expresidenta ha sostenido que la acusación fue montada en una “feroz campaña política y mediática” para perjudicarla y, además, ha mencionado que la causa, al igual que otros procesos en su contra, forman parte de una persecución judicial o ‘lawfare’ con el objetivo de “proscribirla” políticamente.
Mientras en la Casa de Gobierno, la convivencia entre la familia MILEI y la vicepresidente VICTORIA VILLARRUEL tiene ribetes dignos de “La jaula de las locas”, exitosa obra del dramaturgo francés JEAN POIRE, la vida de los ciudadanos continua en forma “normal”. En ese contexto pocos días atrás 5 diputados y una autoproclamada “engañada”, no existiendo impedimento legal de ningún tipo, visitaron a algunos de los gerontes alojados en la Unidad Penitenciaria Federal 31 de Ezeiza. Así alcanzaron 15 minutos de fama, en los que recibieron críticas de gran parte del arco político, incluyendo a su partido, los Libertarios, y organismos de derechos humanos. ¿Apoyo? por supuesto poco y nada, mas allá de algunas voces aisladas, y menos aún, hasta ahora, de los mismos prisioneros “beneficiados”, lo cual nos augura que nuestra libertad, biológicamente cada día está más próxima a algún cementerio. Por su parte, un prisionero emblemático que nunca disparó un arma. no realizó acto heroico alguno, ni se considera honorable, ni valiente y quizás nunca haya ayudado a cruzar la calle a una anciana sin cobrarle, llegó a SANTA CRUZ, su querida provincia que lo vio prosperar, para continuar con su arresto domiciliario allí. Me refiero al popularmente conocido LÁZARO BAEZ, de 67 años condenado por haber lavado 55 millones de dólares, en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, si bien en el año 2017 su fortuna rondaba los 3.000 millones de dólares. En ese entonces había declarado 79 propiedades cuando en realidad se le encontraron 440 inmuebles y 972 vehículos, incluyendo aviones y maquinarias de obra. A este “afortunado empresario” en septiembre de 2020, luego de permanecer, nada más que 4 años en la cárcel, con 63 años de edad, “honorables” miembros del poder judicial, le concedieron la prisión domiciliaria a cumplir en un country de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Ahora por razones de unidad familiar solicitó y se le concedió el traslado a la provincia sureña, ya mencionada, donde fue cálidamente recibido con un pasacalle que rezaba: “BIENVENIDO SEÑOR LÁZARO BAEZ. TRABAJO Y LEALTAD”. Usted me dirá que su confección y colocación pudo haber sido contratada por su familia, quizás sea así, pero es mucho mejor que los escraches que la agrupación H.I.J.O.S. y otros, hacen con nosotros. Además, esa pancarta seguramente inspiró a LÁZRO, quien muy emocionado manifestó: “DESEO AGRADECERLES A TODAS LAS PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE AÚN DESPUÉS DE AÑOS DE ESTAR AUSENTE EN ESTA MARAVILLOSA PROVINCIA, AÚN TENGO LA POSIBILIDAD DE DARLES UNA NUEVA ESPERANZA DE TENER UN TRABAJO Y NO TENER QUE MENDIGAR UN PLATO DE COMIDA PARA SU FAMILIA. GRACIAS. “VIVA LUPO” “VIVA SANTA CRUZ”. Hum ¿también se irá a dedicar a ser un exitoso político? Todo es posible en este territorio llamado Argentina, en donde a pesar que tantos uniformados comen pollo con repollo, siguen muriendo en prisión, imputados por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad.
Este lunes comenzaron las audiencias en las que se revisará, en última instancia, la causa abierta en contra de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de corrupción en la asignación de una obra pública.
En la primera de las citas judiciales por el caso ‘Vialidad’, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, pidió elevar la condena a la exmandataria de 6 a 12 años de prisión, por considerarla jefa de una asociación ilícita.
En particular, a Fernández de Kirchner se le imputa el cargo de lavado de activos, que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría cometido al alquilar propiedades y plazas hoteleras a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, por medio de las sociedades Hotesur y Los Sauces, radicadas en la provincia de Santa Cruz.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal sentenció a la exmandataria a seis años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido encontrada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, si bien la decisión fue apelada por su defensa.
En el juicio se le acusó de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), lapso en el cual habría aprobado millonarios fondos de obras públicas a favor del Báez, quien, según la imputación, se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
La exvicepresidenta rechazó y denunció irregularidades durante todo el proceso. Según su visión, la acusación fue montada en una “feroz campaña política y mediática” para perjudicarla. Mientras que el desarrollo del juicio, de acuerdo a su postura, se trató de una “ficción” basada en un “guión falso y bastante malo”.
Fernández afirmó incluso que la condena en su contra “ya estaba escrita”. Y remarcó que el juicio no fue contra su figura sino contra “todo el peronismo” y “los gobiernos nacionales y populares”, con el objetivo de “disciplinar a los dirigentes políticos” para que no combatan a los poderes empresariales y mediáticos.
Por lo pronto, la Fiscalía pidió que se duplique la pena emitida por el Tribunal Oral Federal N° 2 contra Fernández de Kirchner, al considerar que cometió “asociación ilícita” con Báez y ello amerita una pena de 12 años y no de seis, como prevé la sentencia de 2023.
Del mismo modo, se conoció que las audiencias en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal estarán a cargo de los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes tendrán hasta abril para decidir si confirman, revocan o agravan las penas dictadas a Fernández.
El próximo 7 de marzo, la defensa de la expresidenta deberá solicitar que se revoque la condena “por administración fraudulenta” y que se la absuelva debido a la aparente falta de pruebas directas. Además, los abogados expondrán que los togados actuaron de forma “arbitraria”.
En 2021, la Justicia de Argentina sobreseyó a varios miembros de la familia Kirchner –incluida la exvicepresidenta– por el llamado caso Hotesur y Los Sauces, pero el caso se reabrió en 2023, como también ocurrió con la causa que se le sigue por la firma de un memorando de entendimiento con Irán por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de la que había sido exonerada en 2021.
A unos dos mil metros de la Unidad Penitenciaria Federal 31 donde se encuentran alojados los adultos mayores, imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad, se encuentra el Complejo Penitenciario Uno de Ezeiza. Por supuesto allí también se sintieron los efectos de la ola polar, que afectó a la provincia de Buenos Aires y en la misma forma en que en el pabellón 8 de la UP 31 no funcionó la calefacción, pasó lo mismo en los pabellones “C” y “D” del módulo 6 del Complejo.
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Boudou
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Baratta
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Jaime
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Báez
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Con la diferencia que en esta oportunidad los afectados fueron nada menos que los famosos presos por corrupción “K”, a saber: AMADO BOUDOU, ROBERTO BARATTA, RICARDO JAIME, LÁZARO BÁEZ y otros. Quien denunció a través de Twitter la anomalía fue PAULA BARATTA, hermana del ex secretario del otrora poderoso JULIO DE VIDO.
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Por supuesto, en esta ocasión, al contrario de lo ocurrido en la Unidad Penitenciaria 31, en donde los medios guardaron silencio, la revista NOTICIAS-PERFÍL levantó de inmediato la novedad y la hizo pública en el día de la fecha, a través de un artículo del periodista CARLOS CLAÁ (1). Las autoridades volvieron a mentir y si bien reconocieron que el problema existió dijeron que ya había sido solucionado el jueves 11 y que los presos exageraban, restando importancia al evento. Seguramente muchos festejarán los padecimientos de estos ex funcionarios, que durante la “década ganada” depredaron el país. Lo real, es que ellos como las actuales autoridades, actuaron con la misma desidia y falta de humanitarismo para con los que consideraron sus enemigos. Los rencores y sed de venganza entre políticos están latentes y acrecentados, ahora por el frío y la falta de previsión del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (SOLO PARA ALGUNOS). Ahora el tiempo electoral tiene la palabra.
Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.
En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.
Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.
“Señora de ojos vendados,
con la espada y la balanza
a los justos humillados
no les robes la esperanza.
Dales la razón y llora
porque ya es hora”.
María Elena Walsh
Debo confesar, sin ambages, que la principal sensación que hoy me embarga es el asco; es tan fuerte que he asumido el compromiso íntimo de dejar de ejercer mi profesión de abogado, después de más de cincuenta años, tan pronto concluya el último juicio que atiendo.
En la Argentina, la Justicia ha dejado de existir hace tiempo, pero las manifestaciones actuales de esa muerte son tan graves que no podría aceptar nuevos clientes a los cuales prometerles proteger sus legítimos derechos. Porque ya no sé si serán juzgados con apego a la ley o si, por el contrario, serán víctimas de la arbitrariedad y de la ignorancia de los jueces o de los inmundos intereses políticos o monetarios de los poderosos.
Estamos asistiendo a un trágico sainete: los tribunales orales federales que habitan en Comodoro Py se han dedicado los últimos días a jugar a la “mancha venenosa” con las causas en las que se investigó -y se deberían juzgar- los hechos que jalonaron el período en que se produjo el mayor saqueo que pueda recordar nuestra historia. Ningún juez quiere asumir esa tarea porque los duros vientos de la política están impactando en las veletas que coronan sus testas, que son las que siempre determinan los procederes de los magistrados, que especulan con los plazos procesales para evitar asumir las obligaciones que el ejercicio de sus cargos implica.
Traduzco: ante la probabilidad de un regreso del kirchnerismo al poder, y sabiendo de la espada vengadora que trae en la mochila, el terror cunde en los despachos y los pasillos del emblemático edificio. Los tribunales recurren a triviales argumentos para apartarse de las causas más resonantes -Los Sauces, Hotesur, etc.- y enviarlas nuevamente a sorteo para que otros colegas se hagan cargo; éstos, a su vez, repiten el procedimiento y la calesita sigue girando al ritmo del tango “Las cuarenta”.
Todo eso implica que Cristina llegará a las distintas etapas electorales sin haberse sentado en ninguno de los juicios orales que la afectan. En ese objetivo coinciden su preocupación por la suerte de su hija, la cobardía de los jueces y la intención del Gobierno de tenerla como único sparring en las elecciones de octubre. ¿Terminará todo esto en impunidad generalizada que garantizará el peronismo, como siempre ha hecho a lo largo de la historia?
Esta situación no es nueva, ya que viene repitiéndose ininterrumpidamente desde que el menemismo prostituyó a la Justicia federal con sobres de dinero que repartía, comprándole impunidad, la Secretaría de Inteligencia del Estado con sus fondos reservados.
Pero el episodio de la ya innegable fuga de Florencia Kirchner a Cuba, inexplicablemente autorizada por quienes debían impedirla, es la frutilla que coronó el indigesto postre. Y su sabor se hace más desagradable aún con la condescendencia y tolerancia que muestran los jueces ante su notoria desobediencia a las órdenes de presentar su historia clínica y regresar al país. ¿Dónde está entonces la igualdad ante la ley?
Ahora están preocupados por el vencimiento de la prisión preventiva de Lázaro Báez, ya que ha pasado en prisión tres años, y sólo la extendieron por ocho meses más. ¿Y qué hay de los presos políticos del kirchnerismo, 500 de los cuales llevan más de diez años en esas condiciones, mientras Cambiemos mira para otro lado?
Y qué decir del escándalo que constituye la causa instruida por el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde ruedan en el fango vociferantes y arrepentidos espías, falsos abogados, extorsionados y extorsionadores, ofreciendo un espectáculo indigno por donde se lo mire.
Pero, ¿qué se puede esperar de los tribunales inferiores si la propia cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, se ha convertido en una bolsa de gatos, que exhibe impúdicamente sus bastardos “sensualismos de camastros”, como diría Leopoldo Lugones?
¿No fue su ex Presidente, Ricardo Lorenzetti, quien se dio el lujo de decir públicamente que la persecución a los militares que derrotaron a la subversión, desatada arteramente por Néstor Kirchner, era una “decisión consensuada” con los demás poderes como política de Estado?, ¿no ha ratificado ahora esta Corte que para ellos no rigen los esenciales principios de inocencia y de ley más benigna?
Es la primera obligación de todos los ciudadanos luchar para recuperar la Justicia, porque ella debe ser la verdadera defensora de nuestros derechos frente al Estado y la custodia del cumplimiento de nuestras obligaciones para con él, tal como lo establece la Constitución Nacional, ese contrato que nos permite vivir en sociedad, que firmamos y hemos dejado de cumplir hace muchas décadas. Con una Justicia preparada, imparcial y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02 Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003 Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896 E.mail: ega1@avogadro.com.ar
Hemos advertido que el declarado “gradualismo”, la “política correcta”, el “garantismo “constituyen una rémora para la solución de los graves problemas heredados de un gobierno cuya desenfrenada pero orquestada corrupción superó todos los límites inimaginables y los hechos lo demuestran.
En efecto, hoy leemos la noticia de la denuncia contra el Fiscal Stornelli difundida por el ex jefe de Montoneros Horacio Verbitsky, a instancias del magistrado juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. La diputada Elisa Carrió sospecha que responde a una trama política porque dicho magistrado es miembro conspicuo de Justicia Legítima.
El hecho es que desde nuestras columnas venimos denunciando y advirtiendo durante los últimos tres años , desde julio de 2015 a julio de 2017 que la política asumida por el gobierno es equivocada, pues las huestes de la Cámpora que responden al kirchnerismo han conservado sus puestos en toda la administración pública y se han constituido en la quinta columna que no pierden oportunidad para cumplir con el mandato de su Jefa del “Vamos por todo.”
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Stornelli
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Ramos Padilla
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Ulpiano Martínez
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Carrió
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Gils Carbó
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La noticia se puede leer como una sorpresa que ahora mueve a especulaciones, cuando tanto los políticos como el periodismo han debido conocer el cuantioso volumen de antecedentes del incalificable juez que todavía ejerce sus funciones.
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En nuestras columnas del Blogspot “Habla la Experiencia” hemos publicado cinco artículos desde julio de 1015 a julio de 2017 con probadas denuncias sobre su parcialidad, su prevaricato y su comprobada inscripción en el partido Justicia Legítima.
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Verbitsky
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Fernández de Kirchner
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Báez
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Desde La Cámpora, a la cual también pertenecía, impulsaron en el año 2014 su designación como juez en Bahía Blanca, pero no prosperó. Sin embargo la ex procuradora Gils Carbó removió más adelante al juez de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, que venía avanzando en una causa contra Lázaro Báez, nombrando en su lugar a Ramos Padilla. Una vez cumplidos los propósitos de su protectora, volvió a Dolores.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia solicitó en 2017 juicio Político a Ramos Padilla por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, pero otra vez la intervención de su amiga frustró el pedido.
Contó siempre con el respaldo de organizaciones de derechos humanos a las cuales favorecía en sus fallos de juicios preparados contra militares. Fue recusado varias veces por los procesados, pues se comprobó que públicamente fallaba por venganza contra los militares y manifestaba que cualquiera fuera el motivo, enfermedad o edad, en ninguna circunstancia iba a permitir la prisión domiciliaria solicitada por los abogados.
Nunca se admitió su recusación por la anormalidad de haber sido abogado denunciante y querellante de los acusados y por varios años abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Asumiendo la imparcialidad que nos cabe en esta importante información, que ya es noticia en todos los medios gráficos, radiales y televisivos, debemos expresar que nuestra finalidad no es atacar o defender al fiscal Stornelli, sino señalar que una política más definida y contundente del gobierno en enfrentar a los enemigos de la democracia que destruyeron las instituciones y la economía del país, hubiera evitado los coletazos de una fiera dormida que no resigna sus intenciones de la vuelta al poder y al pillaje por todos los medios a su alcance.
La justicia resolverá en su sentencia la inocencia o culpabilidad del acusado.
Los cinco artículos enunciados se podrán ver en lo siguientes links:
El bien merecido desprestigio de nuestra justicia (con minúsculas), ha señalado en las encuestas que el 78% de los argentinos desconfían de esta maltrecha dama. Gracias al accionar corrupto, o con ilimitada desidia o incapacidad de gran parte de sus miembros, más se parece a una real prostituta. Esas mismas encuestas, arrojan que el 89% de la población sostiene que no es igualitaria y que solo favorece a los ricos y poderosos (por supuesto que no gratis). En mis casi 4 años en ilegal prisión preventiva, pasé por las manos de algunos “administradores de justicia”, entre los que se destacaron los afectos al buen libar (ULPIANO MARTINEZ Y CANDISANO MERA), un protector de un prostíbulo Vip (JORGE FERRO). También uno acusado de delitos de lesa humanidad igual que yo, pero él siempre libre (NESTOR MONTEZANTI), y uno vinculado con narcotraficantes (ALEJANDRO CANTARO). Ni hablar de los irresponsables, siempre ausentes o militantes.
UN FISCAL AL BORDE DEL PRECIPICIO
También hay uno que transita por el borde del precipicio y me refiero al fiscal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, a quien “afectuosa” y equivocadamente yo apodara “gato de yeso” (1). Digo equivocadamente, porque van surgiendo novedades que demuestran que este hombre en lo que a intereses y política se refiere, también sabe “ver debajo del agua”. En estos días nos hicieron llegar cuatro muy importantes e interesantes fojas, de una denuncia ante la mentada OFICINA ANTICORRUPCIÓN DE LA NACIÓN que están siendo tratadas en el Juzgado Federal número uno de Bahía Blanca, no sabiendo si para bien o para mal.
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FOJA 3220 – “Como puede verse, la maniobra inicial desplegada por ETCHEGARAY PARA CUBRIR A LAS FIRMAS INVESTIGADAS (QUE INCLUYÓ LA DISOLUCIÓN DE LA Dirección Regional Bahía Blanca y el desplazamiento de CARLOS MARIO BLANCO Supervisor de Fiscalización de la AFIP DGI encargado de la fiscalización de las empresas del grupo SURIS, iberoamericana de Servicios S.A, etc), fue apuntalada con la inacción del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO y – desde el gobierno kirchnerista- con el desplazamiento del Juez Federal Subrogante Dr. SANTIAGO MARTÍNEZ QUIEN FUE EL ÚNICO QUE EN EL PLANO JUDICIAL IMPULSÓ LAS INVESTIGACIONES, PAGANDO UN ALTÍSIMO PRECIO POR ELLO”.
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FOJA 3229 – “En esa causa es visible la connivencia del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, que –por ejemplo- teniendo delegada la investigación, firmó varias disposiciones de medidas de prueba, EXCLUYENDO EXPRESAMENTE AL CONTADOR PUBLICO NACIONAL y SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI, CARLOS MARIO BLANCO, a sabiendas de que él era quien se encontraba en mejores condiciones de analizar la documentación disponible, para evitar de nuevo que pudiera incidir en la fiscalización de estas empresas. Se dice que el Fiscal CASTAÑO –miembro directivo del Club de Fútbol OLIMPO de Bahía Blanca- habría negociado con ETCHEGARAY u otro de la AFIP el “perdón” de una deuda cuantiosa del Club, ofreciendo a cambio el no impulso de la causa de facturas truchas de “SURIS” y otras que fueran de interés al gobierno”.
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Es de fecha día 29 de marzo de 2016 y trata de una RED DE CORRUPCIÓN en la cual estarían involucrados algunos oscuros y conocidos personajes como: ECHEGARAY Ricardo (oriundo de Punta Alta distante 27 kilómetros de Bahía Blanca), BERNI Sergio, SURIS Juan Ignacio, BAEZ Lázaro, RAMOS PADILLA Alejo, KIRCHNER Néstor, Cristina y otros. Se destaca la declaración testimonial de CARLOS MARIO BLANCO, CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI. En sí, una “ensalada rusa de ilustres apellidos” en la que se mezclan grandes intereses económicos, lavado de dinero y narcotráfico. Nada nuevo por supuesto, ya que son hechos a los que estamos acostumbrados en el diario vivir de este territorio llamado Argentina. Y aquí como no podría ser de otra manera, está también mencionado el insigne fiscal federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, el mismo que se entretenía a mis espaldas con su celular mientras yo declaraba intentando que alguien me creyera o prestara atención. Recordar esto me subleva y no trascribiré todos mis pensamientos soeces hacia esta maldita y asesina podredumbre judicial, por respeto a los lectores. Transcribimos dos párrafos de lectura rápida. Las actuaciones recibidas se pueden leer en su totalidad (4 fojas) al pie de la presente nota. Ustedes son libres de interpretarlas y asimilarlas.
Claudio Kussman.
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Junio 24, 2018
“Traficamos con inmundicias y podredumbre. ¡Nuestra entera vida social,
tan floreciente, se funda en una mentira!”
Henrik Ibsen (1828-1906)
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CHUSMERIO DE PROSTÍBULO
El fiscal CASTAÑO como digno y soberbio semidios de la “justicia independiente”, el día 22 de abril del 2016, sumó otro desaguisado que muestra de cuerpo entero lo que es. Aclaremos que concordando con lo expresado en la foja 3229 de la causa que se sustancia en el Juzgado Federal uno, efectivamente se desempeña como vicepresidente primero del Club de fútbol Olimpo de Bahía Blanca.
Esa entidad alquila y tiene una controversia por el arrendamiento de 2 salones con un empresario de la noche llamado OSVALDO CATINI. Este en la fecha más arriba indicada concurrió a Sarmiento 52, junto a la escribana María Mónica Bochile, un patrullero policial y un cerrajero, con una orden judicial para ingresar al inmueble. En esas circunstancias llegó CASTAÑO y tras presentarse como fiscal federal sostuvo una discusión con CATINI en la que le habría manifestado “ya te van a caer”, retirándose del lugar.
El empresario lógicamente tomó esto como una amenaza denunciándolo judicialmente. En definitiva, podríamos decir que el hecho se trató de un “chusmerío de prostíbulo”, nada digno para lo que tendría que ser un alto miembro del poder judicial federal.
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ANTONIO CASTAÑO (GATO DE YESO) Y UNA ESCUCHA TELEFÓNICA
En el año 2014 fue detenido JUAN IGNACIO SURIS el novio de la vedete MÓNICA FARRO acusado por narcotráfico, quien al estar vinculado también a LEONARDO FARIÑA presunto valijero del empresario kirchnerista y LÁZARO BÁEZ, tuvo sus quince minutos de fama.
En octubre de ese año “La Brújula 24”, medio periodístico de Bahía Blanca difundió una grabación de una conversación telefónica entre SURIS y un narco desconocido quien le expresaba: “Fíjate en el 2 si esta CASTAÑO que es amigo personal mío. Si está De la Cruz. Fíjate con quién declaras, acordate el nombre. Fíjate si está Ramón Luaisa, ¿te acordás el gordo Luaisa? El de bigotes”, le dice el anónimo a Suris. Y continúa: “Yo con los federales tengo amistad con todos ahora, estuve esposado pero después todos me ubican por la calle, todos me dieron abrazo y todos me dijeron ‘fue un honor tenerte con nosotros’, así que la onda es la mejor.
Con Castaño estuve laburando hasta el 2010 y te hablo de Antonio Castaño, fiscal federal. No lo tenés vos de casualidad, pero en cualquier momento te puede agarrar el subrogante, por eso te digo que es bueno”. La “justicia” ¡Oh casualidad! con una orden del por entonces juez subrogante ULPIANO MARTINEZ en octubre de 2014, allanó la redacción de La Brújula 24, para impedir la divulgación de esas escuchas a pesar de lo cual luego se difundieron en otros medios del país. Hoy figuran en sitios como: https://www.infobae.com/2014/10/28/1604900-el-audio-que-habria-motivado-el-allanamiento-un-medio-bahia-blanca/ y otros, pero la grabación no funciona.
Más allá de su aspecto desaliñado, no concordante con el cargo de ministro de la nación, considero que GERMAN GARAVANO también tiene su mente y su razonamiento en la función pública, en igual forma. Luego de haberle escrito en varias oportunidades, o hecho llegar videos con la imagen y el sonido de jueces federales actuando en forma totalmente ilegal, en los juicios de los mal llamados delitos de lesa humanidad, no contestó, o alguno de sus secretarios lo hizo con el famoso latiguillo de “la justicia independiente”. Sin embargo abandonó todo disimulo y falaz verborrea con el caso MALDONADO y hoy lo vuelve a hacer, a raíz de la escandalosa libertad de CRISTOBAL LOPEZ, hechos que afectan directamente al gobierno del que forma parte. Refugiándose tras RICARDO LORENZETTI y las polleras de ELISA CARRIÓ, con quienes no se lleva nada bien, embistió contra los sospechosos jueces EDUARDO FARAH y JORGE BALLESTERO.
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SE NACE BURRO Y SE MUERE BURRO
Mientras estos togados nos negaban justicia a nosotros era correcto y martirizar ilegalmente hasta la muerte, a adultos mayores está MUY BIEN, ya que se “cumplían con todos los pasos del debido proceso”. Yo le preguntaría ahora, acaso estos togados cambiaron, mutaron, ¿se volvieron locos e indecentes? Yo le digo que no, que son los mismos de siempre, actuando como siempre, ILEGALMENTE. Las personas no cambian y el que nace burro, muere burro. También que se prepare para otra NO INTERVENCIÓN, en el caso LÁZARO BAEZ y el fiscal militante de ultraizquierda K, ABÉL CÓRDOBA, a no ser que existan intereses espurios en el mismo. A lo largo de la vida he sido un observador de la conducta humana o más bien de la muchas veces vil, conducta humana. Mientras un depredador y en este caso muchos jueces federales lo son, no afectan los intereses propios todo está bien pase lo que le pase al prójimo. Pero en cuanto los vientos cambian y algo pueda afectar a el individuo en este caso GARAVANO, se abandona toda indiferencia y lo que era bueno, se transforma en malo, a lo que hay que erradicar urgentemente “por el bien del sistema democrático”. Hoy vinieron por mí, solo espero tener algo de tiempo, para poder ver cuando vayan por él, ya que su poder no será para siempre.
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Marzo 23, 2018
“Todo poder caer a impulsos del mal que ha hecho.
Cada falta que ha cometido se convierte, tarde o temprano,
A fines del siglo 18 el destacadísimo científico francés ANTOINE LAVOISSIER, pronunció su histórica frase “Nada se crea, nada se pierde… todo se transforma”. Más allá de sus numerosos descubrimientos y aportes a la ciencia, en 1793 fue acusado por cobrar contribuciones. Un año después, fue guillotinado al tiempo que “la justicia” se pronunciaba diciendo: «La república no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia». Era el 8 de mayo de 1794. Transcurrido otro año fue exonerado y su viuda recibió una nota en la que se le hacía saber, que su esposo había sido “falsamente condenado”. Fin. Saltando a través de la distancia y el tiempo la “justicia” poco ha cambiado, pese a lo cual la norma de la física clásica de LAVOISSIER, llega hasta nuestros días y también a nuestro suelo.
TRANSFORMACIONES ARGENTINAS, NO QUÍMICAS
¿Acaso los terroristas asesinos de los años 70 no se transformaron en jóvenes idealistas, que hasta inmortalizados en el bronce presidentes y reyes le rinden honores? ¿Quienes murieron y lucharon contra ellos a cambio de unas humildes y simbólicas medallas, no se transformaron de héroes a prisioneros encarcelados y martirizados hasta la muerte? Numerosos políticos y jueces no fueron fieles al último gobierno militar y luego se transformaron en sus enemigos, pasando por el gobierno radical, el gobierno menemista, el gobierno kirchnerista y ahora el macrista? Poderosos y leoninos jefes militares vistiendo uniformes cargados de pesados entorchados de oro, no se transformaron en simpáticos gatitos pidiendo perdón, bajando cuadros o ronroneando junto a la señora BONAFINI, ¿mientras nosotros sufríamos y moríamos en prisión? La lista de transformaciones en argentina puede resultar casi infinita y en muchos casos, no siguen las leyes de la física.
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Cabal muestra de ello hoy lo ratifica la noticia que el doctor ABEL CÓRDOBA, hijo dilecto de la ex procuradora ALEJANDRA GILS CARBÓ, será nada menos que el fiscal que actúe en la causa contra LÁZARO BAEZ investigando la “ruta del dinero K. Así un acérrimo kirchnerista militante de recontra izquierda, de los “que no tiene que haber en la justicia”, según dijo MAURICIO MACRI, se transformó en miembro de la “justicia independiente” y seguramente actuará como acostumbra hacerlo. COMO UNA BASURA.
Alrededor de las 10 de la mañana del día 8 de enero del corriente año, Gerardo Jorge Arráez de 67 años de edad alojado en el Pabellón 3 de la Unidad Penal de Ezeiza y acusado por los mal llamados casos de lesa humanidad, sufrió una descompensación con vomitos de sangre. Momentos de desesperación y angustia, se vivieron entre los otros detenidos ya que una simple ambulancia, brillaba por su ausencia. Luego de más de una hora, fue avistada una unidad de SAME, que traslado al preso, otrora perteneciente a la Policía Federal, a un nosocomio.
Escribe María Guadalupe Jones.
Hoy, al Preso Político Jorge Arráez (mal llamado “Lesa”) le dio un ACV en el Penal de Ezeiza, no pudieron compensarlo porque no tenían los elementos necesarios, tampoco ambulancia para trasladarlo, entre la espera de la ambulancia y el traslado, tardaron 1 hora, en cambio al político preso Lázaro Baez lo llevan en ambulancia a una clínica privada cada vez que tiene “arritmia”.
“Un verdadero príncipe, un gobernante que se precie de tal, debe ofrecer la vida
antes que entregar la dignidad de sus súbditos y la suya propia”.
Federico Andahazi
Ninguno de nosotros -a esta altura, ni siquiera el 20% que la votó en todo el país en octubre- considera a Cristina Elisabet Fernández una verdadera princesa, ya que ha dado acabada pruebas de privilegiar sólo su interés, personal y pecuniario, antes que los de la Patria o, inclusive, a su partido político y, menos aún, que los de quienes robaron para la familia Kirchner durante décadas, en la Provincia de Santa Cruz y en todo el país más tarde.
La Argentina, más allá de los inesperados y exitosos acuerdos que consiguió suscribir el Gobierno el jueves con los gobernadores y con la CGT, está inmersa en una situación económico-financiera sumamente complicada: necesita endeudarse en el exterior para sostener el imprescindible gradualismo (30% de los habitantes son pobres) en el ajuste por la debilidad del ahorro interno, tiene una de las más altas tasas de inflación del mundo, para intentar controlarla el Banco Central sube las tasas de las LEBAC a límites enormes, la presión impositiva es desmesurada, el costo laboral y previsional nos impide ser competitivos, el Estado tiene un déficit que alcanza al 10% del PBI, el colapso de la infraestructura vial y ferroviaria incide gravemente en los costos internos, y sobran en todas las administraciones públicas más de un millón de empleados, a los que no se puede despedir mientras no haya quien los absorba.
Ese panorama, como es lógico, está incidiendo en la falta de inversiones genuinas, esas que inocentemente esperabamos como una lluvia. Sin ellas, resultará imposible que la Argentina crezca a un ritmo que le permita reducir el porcentaje de deuda en relación al PBI, colocando al país en una zona de gran vulnerabilidad ante la eventual aparición de “cisnes negros” en el mercado internacional; el default de Venezuela, ¿será uno de ellos?
Ante esa combinación de factores negativos me pregunto cuánto ha incidido en ellos la feroz rapiña a que fue sometida la Argentina durante los últimos años. Si recordamos que durante la década pasada ingresaron en las arcas públicas nada menos que US$ 970 mil millones, y que el país quedó en ruinas, tendremos al menos una respuesta parcial. Sería suficiente pensar cuánto nos costó la ambición de Néstor Kirchner de quedarse con YPF en materia de pérdida del autoabastecimiento energético y, consecuentemente, en la enorme cantidad de esenciales divisas que nos hemos visto obligados a dilapidar para importar gas y electricidad, y de perpetuarse en el poder a través del más impúdico clientelismo,
Pero no basta, porque día a día aparecen nuevos chancros expuestos que muestran hasta qué punto llegó el saqueo. Veamos algunos ejemplos que permiten una aproximación: los fondos desaparecidos de Santa Cruz; la mina de carbón de Río Turbio; los negociados con Hugo Chávez con bonos de deuda argentina; los inexistentes caminos y centenares de propiedades a nombre de Lázaro Báez; la venta fraudulenta de dólar futuro; el lobby de las constructoras encabezadas por Skanska y Odebrecht; la explosión del juego y la tolerada evasión impositiva de Cristóbal López; la penetración del narcotráfico gracias a la sociedad con Cristina y su gerente Anímal Fernández; los US$ 50 millones en propiedades en Miami del “valijero” y secretario presidencial Daniel Muñoz; “Sueños Compartidos” y la Tupac Amaru; Fútbol para Todos; los sobreprecios en los cargamentos de gas licuado; el enriquecimiento de Ricardo y Pablo Barreiro, Osvaldo Sanfelice y Martín Aguirres; el negociado de Ciccone; las cadenas de hoteles de los Kirchner y Relats; Rudy Ulloa Igor y su transformación de cadete en empresario de multimedios; la apropiación de tierras fiscales en Calafate; la malversación de subsidios en la Secretaría de Transportes (colectivos y ferrocarriles) y en el INCAA; el brutal incremento de la pauperización y su consecuencia en el crecimiento de los asentamientos y villas de emergencia; el latrocinio en el PAMI y en IOMA; las cajas fuertes de Florencia Kirchner; las montañas de dinero pesadas en “La Rosadita”; el gran abanico de medios de prensa sostenidos exclusivamente por la publicidad oficial; la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo; los viajes de personajes en aviones privados y el transporte de diarios y medialunas a Río Gallegos en los Tango; etc., etc..
¿Cuál fue el costo para el país de la disparatada guerra contra el campo que abortó por el voto “no positivo” de Julio Cobos? ¿Cuánto se robó con las indemnizaciones a los terroristas y a sus familiares? ¿A cuánto alcanzan los saldos de las cuentas de Cristina y su familia en las islas Seychelles y otros paraísos fiscales? ¿Cuánto nos costó y qué objetivo real tuvo la expedición de Guillermo Moreno a Angola?; ¿fue, como creo, para cambiar las montañas de billetes de ? 500 que juntaba Néstor, para acariciarlos y entrar en éxtasis, por diamantes africanos? Sin duda, otra vez estamos hablando de miles de millones de dólares.
Tal como algunos suponían y pocos esperaban, la sucesión de prisiones preventivas decretadas contra ex funcionarios de primer nivel del kirchnerismo ha provocado pánico entre los afectados, en especial porque el ánimo de todos ellos se vio francamente perjudicado por la falta total de solidaridad de la “noble viuda”; en la medida en que varios de quienes ahora viven atrás de las rejas han involucrado -como lo hizo ella misma- a sus propios hijos en la comisión de un sinnúmero de delitos gravísimos (lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude y complicidad en la corrupción, etc.), la preocupación de cada uno se ha incrementado exponencialmente.
Ya vimos “arrepentirse” a personajes menores como Leonardo Fariña y Federico Elaskar, pero ahora se han sumado Alejandro Burzaco y Alejandro Vanderbroele, que han comenzado a hablar de los negocios de Cristina y su hijo Máximo, de Amado Boudou, de Ricardo Echegaray, de Juan Manuel Abal Medina, de Gabriel Mariotto, de Julio Grondona y de Gildo Insfrán. Julio de Vido amenaza epistolarmente contar lo mucho que sabe y, seguramente, lo seguirán Lázaro Báez, tan pronto la remolona Justicia se lleve puestos a sus hijos, y Luis D’Elía y el propio Anímal Fernández, transformados en las más llorosas viudas de don Néstor. En esta materia, todo lo que leemos diariamente en la prensa no ha hecho más que empezar, y en Comorodo Py, con el despido de Eduardo Freiler, se respira un aire levemente más puro.
Con certeza, las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza se seguirán poblando de delincuentes como los descriptos, pero no podemos ni debemos resignarnos a que ése sea el único costo que deberán pagar. Es imprescindible que devuelvan las inmensas fortunas que han robado, para que sirvan para paliar, al menos en parte, el monumental daño que su accionar ha generado en términos de pobreza, miseria y costo argentino. De acuerdo con la definición del Tratado de Roma, el kirchnerismo cometió un verdadero genocidio, como bien saben los qom y los wichis.
En estos días, está circulando por las redes una versión que atribuye al insólito e inexplicable viaje a Europa de Alicia Kirchner, Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz, que se encuentra en crisis terminal, el propósito de buscar y negociar asilo político para su cuñadísima y sus hijos. Estoy convencido que se trata de un disparate, toda vez que hoy ningún país otorga protección a los acusados de corrupción; Alberto Fujimori, ex Presidente del Perú, fue extraditado por Japón, pese a ser ciudadano también de ese país, y hoy se pudre en una cárcel de Lima.
Las excepciones, claro, son los falsos paraísos comunistas de Venezuela y Cuba, pero no me parece que, con las veleidades que la caracterizan, Cristina se muestre proclive a residir en ellos, donde le resultaría imposible exhibir sus joyas y sus exclusivas carteras Louis Vuitton.
Escribe Francisco García Santillán en Cartas de Lectores del diario LA NACIÓN.
Festival de detenidos
Verdadero estupor -y a esta altura, algo menos de sorpresa- me genera el festival de detenciones que estamos presenciando por parte de los mismos jueces federales que contaban con esas mismas causas desde hace años dentro de sus propios despachos. El monstruo parece haberse despertado, pero el auténtico problema es que se trata precisamente de un monstruo y no de la justicia en sentido pleno, la que debe ser aplicada a todos por igual. Pero claro, la justicia panelística se levanta con el dedo acusador sin siquiera preguntarse si la prueba que obra en cada uno de los expedientes es suficiente como para justificar la pérdida de la libertad ambulatoria durante el proceso. Aclarando que ninguno de los detenidos funcionarios de la “era kirchnerista” goza de mi simpatía (más bien todo lo contrario), no debemos olvidar que, desde el punto de vista técnico, todos esos personajes continúan siendo inocentes, dado que el principio de inocencia únicamente se quiebra con una sentencia de condena que haya adquirido firmeza.
Nos guste o no nos guste, en el derecho continental romanista, que es el que nos rige, mandan y gobiernan las leyes y no los hombres. Esto debería aplicarse a todos los casos, incluso en los procesos por los denominados delitos de lesa humanidad que, con enorme crueldad y arbitrariedad, mantienen a tantos inocentes encadenados en las mazmorras esperando tan solo la muerte. El criterio es muy peligroso, porque en cualquier momento se podrá detener a cualquiera de nosotros con una simple acusación y con la excusa no probada de que podríamos obstruir el accionar de la Justicia, artificioso argumento que se ha puesto nuevamente de moda, y es utilizado arteramente ya desde hace años para justificar encierros a personas vinculadas con el combate al terrorismo de los años 70. Claramente se está aplicando el denominado derecho penal del enemigo, haciéndose carne aquella triste frase de Perón: ¡Al amigo todo, al enemigo, ni justicia!
FUNCIONARIOS DELINCUENTES EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA DE HOY
Mucho hemos publicado en este sitio, sobre los traslados a los que fuimos sometidos los adultos mayores, como forma de castigo y tortura, en inmundas “perreras” durante la “década ganada”. A través del escrito del señor Carlos L. Bosch en el diario La Nación, veo que estos siguen como si tal cosa, pese a las floreadas frases del ESTAMOS CAMBIANDO. Debo decir ante todo, que estos brutales movimientos de prisioneros fueron institucionalizados por los terroristas y militantes que ocuparon el anterior gobierno, como forma de quebranto corporal y moral nuestro. Estando sobrepasado por el agotamiento y careciendo casi de lucidez, uno es presa fácil del “funcionario” ante quien comparece. Queda inerme y sin capacidad de reacción alguna. Pasadas las horas y ya de regreso a la prisión, es cuando se toma real noción de lo que pasó, pero ya es demasiado tarde.
UNIDAD PENAL 34 CAMPO DE MAYO – BAHÍA BLANCA
Lo ocurrido en el traslado de Campo de Mayo a Bahía Blanca (680 kilómetros), configura un delito que no se tiene que dejar pasar. Circular por la ruta como se hizo, es totalmente ilegal y si cualquiera de nosotros lo hiciera en su condición de ciudadano, le secuestrarían el vehículo. Como prisioneros, costamos varios miles de pesos diarios que se pagan con nuestros impuestos. En este caso el responsable número uno de tanto abuso, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual depende el Servicio Penitenciario Federal. En varias ocasiones me dirigí a ellos mediante correspondencia, sin recibir nunca respuesta alguna. Destaco la del 26 de enero de 2016 (1), cuando escribiera por SEXTA vez al mentiroso y funcionalmente tuerto Secretario de Derecho Humanos Claudio Avruj. Sin resultado alguno, como siempre, fue arrojar a la basura tiempo y dinero. Mientras, presos como el narco Martín Lanatta (2), Milagro Sala (3), Lázaro Báez y tantos otros son movilizados en cómodos y rápidos vehículos con aire acondicionado.
HAY QUE GRITAR ¡BASTA! A QUIENES ABUSAN Y DELINQUEN
En lo personal dije basta en el mes de noviembre de 2015, cuando llevaba un año ilegalmente detenido en la U 31 de Ezeiza. Harto del “engarronamiento” del que fui víctima por parte de miembros de la “justicia”, de la mala cara que ponen en su atención a uno, de la cárcel y la iniquidad, de su indiferencia y silencio hipócrita que los transforman ni más ni menos que en delincuentes asesinos. Me negué a los traslados torturantes e ilegales, presenté un “Habeas Corpus”, ante el Juzgado Federal uno de Lomas de Zamora a cargo del juez Alberto Santa Marina, que luego terminó en denuncia, contra el Juez Alejo Ramos Padilla. Desde ya, Santa Marina y el defensor oficial (tendría que ser fiscal) de ese departamento doctor Ariel Squingo (4), lo encubrieron, si bien trataron de justificarse legalmente. El togado ofició a la prisión y al asesino juez militante subrogante en Bahía Blanca, Padilla, quien hizo caso omiso de su escrito.
NUNCA MÁS UNA PERRERA
Pero a partir de ese momento no subí nunca más a una “perrera” siendo trasladado solo y siempre en ambulancias contratadas o en una del Servicio Penitenciario, que también cumple la función de morguera. Así, hasta que en marzo de 2016 iniciara una huelga de hambre y medicación, que me trajo a casa con arresto domiciliario. Para ese viaje de 350 kilómetros de retorno al hogar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contrató una ambulancia con un médico particular. Desde allí con mi familia luchamos por mi libertad y pedido de disculpas ante tanta aberración jurídica. Lo que aún hoy ocurre con nosotros los adultos mayores, es realmente atroz e inhumano, teniendo en cuenta que este es un país en donde se dice que vivimos en democracia y que estamos en pleno siglo XXI. Por ello a los funcionarios del signo político que sean les digo: ¡Hipócritas y cobardes! ¿Por qué no llevan en los vehículos oficiales, a pasear a sus respectivas familias con una botella en la mano? Hagan que ellos las usen para orinar, si tienen esa imperiosa necesidad fisiológica que los urja.
“Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.
Voltaire
Más allá de insistir en mi ruego de difusión de la convocatoria del #3A en Tribunales, las novedades ameritan algunas especulaciones, sobre todo en la Argentina. Me refiero, concretamente, a la detención del histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, al llamado a indagatoria de Carlos Sancho, socio y testaferro del máximo hijo de la dinastía, al pedido de similar medida para Alejandra ¡Giles! Carbó, nuestra egregia Procuradora General, y a la batalla por el retiro del paraguas de los fueros parlamentarios a Julio de Vido, el mayor operador de la corrupción desde los lejanos días del primer período de Néstor como Gobernador de la Provincia de Santa Cruz.
En los dos primeros casos, y como ya sucediera con Lázaro Báez, el gran prestanombre que cometió la incalificable torpeza de involucrar a sus hijos en el delito, las esperanzas de la sociedad están puestas en las confesiones que la privación de la libertad podría inspirar en estos insignes dibujantes de números brumosos. Porque es claro que, si se deciden a hablar y reconocer que actuaron por instrucciones directas de la organizadora y jefa de la asociación ilícita, la autocalificada perseguida política pasará a integrar la lista de importantes presos de la región.
La ex Presidente debería ya estar en prisión preventiva ya que está suficientemente probado que sus dependientes han adulterado las pruebas (hasta los libros sociales de las empresas que le pertenecen) y entorpecido la investigación. Hasta hoy, el Gobierno no la quería entre rejas, ya que la prefería comosparring en las elecciones, en una elucubración que califiqué oportunamente como bastarda; pero es probable que el Juez Claudio Bonadío altere el panorama ordenando su detención antes de octubre.
El caso del ex Ministro de Planificación del saqueo servirá para quitar el disfraz a todos aquellos que decidan desoír el clamor social y ratificarlos como convertirlos en cómplices de la corrupción que asoló el país durante la extendida década robada. Si fracasara la expulsión de este delincuente de la Cámara de Diputados, que se discutirá el miércoles, las redes sociales serán el lugar en que sus encubridores encontrarán sus nombres y sus fotografías de frente y perfil. Me parece que esto debería servir como un llamado a la reflexión para los kirchneristas y sus compañeros de ruta, muchos de los cuales deberán someterse pronto al voto popular.
Esta semana, la última de la feria judicial, estará de turno la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal, integrada al efecto por el cuestionado Eduardo Freiler, a quien pronto veremos destituido y -tengo la esperanza- preso por ladrón, y Jorge Ballestero, protector de los pingüinos durante muchísimo tiempo pero que, recientemente, ha virado en sus posiciones por los vientos de cambio que percibe. Las recientes decisiones de Bonadío que afectan a Cristina y su círculo íntimo serán revisadas por ambos y, si decidieran modificarlas, deberían ser conscientes de estar acercando peligrosamente mechas encendidas a la santabárbara que podría estallar en Comodoro Py.
La semana pasada, cuando los enumeré los grandes reos regionales, cometí el error de omitir a algunos de ellos; en Perú, por ejemplo, mencioné sólo a los ex presidentes a Alan García (prófugo) y a Ollanta Humala, y olvidé a Alberto Fujimori, que comparte la cárcel con el anterior. En América Central, varios países han visto a sus mandatarios presos y, en algunos casos, ante la inminencia de su detención, algunos optaron por huir al exterior. ¿Será también el caso de Rafael Correa y su autoexilio en Bélgica?
Lo notable fue que el viernes, en Mendoza, en una suerte de “contra-cumbre” frente al infructuoso encuentro de los presidentes del Mercosur, que no lograron consensuar la expulsión de Venezuela, los maléficos vientos populistas volvieron a amontonar a los apologistas de los desalojados del poder y de quienes están en vías de serlo. Así, en la misma bolsa reinvindicatoria metieron a Luis Inácio Lula da Silva, a Cristina Elizabet Fernández, a Fernando Lugo, a Milagro Salas y, el colmo, al tirano “más burro”, presuntas víctimas de conspiraciones imperiales; sólo les faltó agregar a Raúl Castro y a Jorge “Saladito” Castillo para condimentar el nauseabundo resultado.
El pegamento para tanto dislate, presumo, debió ser la ideologizada visión que tienen sus adherentes sobre la situación que viven la ensangrentada nación venezolana, que está protagonizando una de las mayores emigraciones de la historia continental por imperio de la violencia, la salvaje represión y la hambruna, y la Provincia de Santa Cruz, el feudo de los Kirchner desde hace más de un cuarto de siglo, hoy en manos de la fotocopia de pelo largo, que se incendia diariamente pese al frío austral reinante. Volví a preguntarme, como lo hice tantas veces durante los 70’s, por qué todos estos fanáticos, que consideran a la democracia como una maldita enfermedad burguesa, no se mudan a esos idealizados paraísos.
El criminal régimen de Maduro, amén de la condena casi universal, está provocando una discusión a nivel mundial, ya que su precaria subsistencia depende, en gran medida, de las compras norteamericanas de petróleo. El quid de la cuestión es que, si se interrumpieran, no sólo producirían la inmediata victimización de los terroristas y narcotraficantes que gobiernan desde Caracas, buscando la solidaridad latinoamericana, sino que profundizarían la crisis humanitaria en la que se ve inmersa la población, que carece ya de alimentos y remedios.
No puedo cerrar esta nota sin hacer referencia a la detención, por orden del Tribunal Federal que lleva la causa llamada “Bahía Blanca”, del señor Capitán de Corbeta Ricardo Molina, que ya tiene 87 años de edad. Si a ello le sumamos la actitud del canalla Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fanático kirchnerista, frente a la detención domiciliaria del Dr. Jaime Smart dispuesta por la Cámara de Casación, inventándole nuevos procesos para mantenerlo en la cárcel a 82, tendremos nuevos motivos para concurrir a la concentración del #3A en Plaza Lavalle. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando que estos verdaderos asesinos togados -han muerto más de cuatrocientos ancianos en cautiverio- sigan haciendo de las suyas?
Me pareció adecuado “robar” el título del libro de Beatriz Guido para encabezarla, porque tal vez estemos en las vísperas de un fuego purificador que nos permita recuperar una Justicia seria, independiente y veloz, esencial para volver a ser una República.
Comisión bicameral que investiga a la jefa de los fiscales recibió en los últimos días documentación desde Bahía Blanca.
Alejandra Gils Carbó no está pasando su mejor momento. Ni personal ni institucional. A la posibilidad de ser citada a indagatoria por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración, que conduce desde hace 5 años, se suman las críticas que arrecian por su desempeño durante el gobierno anterior. En el medio, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Publico de la Nación evalúa su gestión y está latente la posibilidad de que desemboque en un juicio político, tal como lo pidió el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Quienes acusan a la jefa de los fiscales consideran que fue escandalosa su manipulación en las designaciones de funcionarios adictos al kirchnerismo, para formar una coraza contra las denuncias por corrupción. Dicen que pasó en casi todo el país, aunque Bahía Blanca se convirtió en un punto clave.
Y aseguran que existió un agravante en el entramado local: no solo hubo nombramientos digitados en el Ministerio Público sino que creen que se registró “intromisión e interferencia” en el Poder Judicial, por la influencia para nombrar a un juez subrogante que “pisó” una causa que compromete a Lázaro Báez y la irrupción de personal “dependiente” que intimidó a los empleados no contaminados.
Una gruesa carpeta con documentación partió hace algunos días desde nuestra ciudad y ya está en manos de algunos legisladores de la Bicameral.
“La Nueva.” accedió a los informes y con esa base pudo reconstruir el tejido elaborado en el fuero federal de nuestra ciudad, que puede ser determinante para el desplazamiento de Gils Carbó.
Los legisladores que conforman la comisión de evaluación ya escucharon los testimonios de distintos fiscales -de un lado y del otro de “la grieta”-, funcionarios y representantes gremiales. Se espera el comparendo, todavía sin fecha, de Gils Carbó. Había sido citada para el 18 de mayo pasado, pero esa audiencia se postergó y todavía no se reprogramó. Puede ser uno de los últimos pasos para alcanzar el dictamen respectivo, que no es vinculante pero sí referencia para lo sucesivo.
El inicio de una historia que aún no tiene final
El 19 de octubre de 2014, el diario “La Nación” publicó que Lázaro Báez usó facturas truchas para evadir millones de pesos en impuestos y que actuó a través de una red integrada por empresas de Bahía Blanca. Al día siguiente se inició, en Buenos Aires, la causa N° CFP 10.451/14 (conocida luego como “Ficcadenti”), aunque en noviembre se declaró la incompetencia y el expediente pasó a Bahía Blanca.
Los acusadores de Gils Carbó creen que, ya el caso en la ciudad, el fiscal Antonio Castaño solo pidió, como única medida de prueba, un informe genérico a la AFIP sobre las firmas Calvento S.A., Grupo Penta y Cía. S.A., Constructora Patagónica Argentina S.A. e Iberoamericana de Servicios S.A., todas bajo sospecha.
El organismo, que conducía Ricardo Echegaray, ya había decidido para entonces bajar de categoría la dirección regional Bahía Blanca y dejarla con dependencia de Mar del Plata, con personal “afín”.
El 11 de febrero de 2015, el juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez aceptó la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía para entender en la causa remitida desde Capital y al mes siguiente se conocieron los nexos entre Báez, Leonardo Fariña y Juan Ignacio Suris.
Martínez buscó impulsarla, pero dicen que no tuvo respuesta desde la fiscalía.
El 8 de abril le corrió vista de la causa al fiscal Castaño y recién el 18 de mayo recibió respuesta, aunque sin requerimiento de instrucción. Como solo se solicitó algunas medidas de prueba, el juez corrió nueva vista y el fiscal general Alejandro Cantaro, al día siguiente, presentó la requisitoria, de manera escueta, como para salvar las formas.
Casi al mismo tiempo, la procuradora nombró a los fiscales ad hoc Miguel Palazzani y José Nebbia (resolución MP Nº 407) que, pese a estar vinculados a los delitos de lesa humanidad, habrían buscado frenar el avance de la causa Ficcadenti.
Con ese cometido presentaron numerosos “pronto despacho” y quejas por retardo de justicia ante la Secretaría de Derechos Humanos, sobre causas virtualmente “olvidadas”, así como múltiples denuncias ante el Consejo de la Magistratura (entonces con mayoría kirchnerista) contra Martínez, una de las cuales, sin el proceso correspondiente y con resolución en tiempo récord, derivó en su desplazamiento del cargo, el 18 de junio de 2015, casualmente dos días después de una batería de allanamientos que había ordenado en la ciudad por la asociación ilícita fiscal.
Veinticuatro horas después del apartamiento del juez bahiense, la procuradora nombró a Nebbia (resolución MP Nº 1839 del 19 de junio de 2015) como subrogante de la Fiscalía Nº 2, pese a que Castaño (titular de la Nº 1) podía cubrir esa función.
Un subrogante por otro subrogante, pero de Dolores
El Consejo de la Magistratura -se cree que con la influencia de Gils Carbó- no solo corrió del camino a Martínez sino que nombró en su lugar a otro subrogante, pero procedente de Dolores (resolución CM Nº 131, del 20 de junio de 2015).
Técnicamente, debería haber tomado ese lugar la doctora María Gabriela Marrón -hoy de licencia-, quien para entonces era titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía (había asumido el 18 de febrero de 2015). Sin embargo, se prefirió el traslado de Alejo Ramos Padilla, también exponente de la Asociación Civil Justicia Legítima que integra la procuradora.
La documentación refleja que, como se suponía, Ramos Padilla puso el pie sobre la causa Ficcadenti y comenzó a hostigar a quienes fueron señalados por Palazzani y Nebbia, con el silencio de Castaño y de Alejandro Cantaro, fiscal federal general y también vinculado ideológicamente a Gils Carbó.
“Lo primero que hizo fue pedir las causas Ficcadenti y Coleffi (en alusión a Álvaro Coleffi, procesado por revelar escuchas de la causa Suris) y luego se reunió con el abogado defensor de 2 de los imputados de la primera causa. Y después con los fiscales, en especial con Palazzani y Nebbia, con quienes se encontraba, por la tarde, en la secretaría de Derechos Humanos, en la calle Lamadrid”, señala la documentación emitida, en base a testimonios.
Luego -agrega el informe- “contra toda lógica investigativa”, autorizó a los imputados a extraer copias de la documentación secuestrada; le remitió a la perito contadora de la Corte solo copia de algunas partes de la causa (pese a que la había pedido íntegramente para hacer su informe) y citó a indagatoria a solo 2 imputados (José Antonio Ferreyra y Denis Ariel Ferreyra), pero por evasión simple y no por asociación ilícita fiscal. Sin embargo, después dejó esos actos sin efecto. Luego concedió la eximición de prisión a esos imputados. Y los fiscales (acusadores por naturaleza) no apelaron.
Un auto oficial que fue chocado y abandonado
Ramos Padilla salió públicamente a cuestionar la tarea de su antecesor y dijo que encontró un juzgado absolutamente desorganizado. Se mostró inflexible, de conducta intachable.
Sin embargo, después de su renuncia -el 31 de diciembre de 2015, luego de que la Corte declarara inconstitucional la ley de subrogancias- se pudo acreditar que hacia fines de agosto de ese año había prestado uno de los autos oficiales (Renault Megane, patente HRL 350) a dos personas que para entonces eran ajenas a la planta del Juzgado Federal Nº 1. El auto fue chocado y abandonado en Tres Arroyos y no hubo comunicación oficial ni extraoficial a la Cámara Federal de Apelaciones, el órgano jerárquico superior.
Luego se estableció que los ocupantes del coche eran Gustavo Puppo (secretario de Ramos Padilla en Dolores) y Leandro Massari, quien fuera pedido expresamente como empleado por parte de Ramos Padilla a Gils Carbó (pese a que no debería tener injerencia en el Poder Judicial), concretándose esa medida 5 días después, junto con Victoria Fraga, también de Justicia Legítima.
Los cargos contra Santiago Martínez fueron rechazados
Con la salida de Ramos Padilla, y superada la notable tensión que se había generado en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, el 6 de marzo de 2016, el Consejo de la Magistratura de la Nación -ya con otra composición que no contaba con mayoría kirchnerista- rechazó cada una de las 6 denuncias que habían motivado el desplazamiento de Santiago Martínez del juzgado, por supuesto entorpercimiento o demora en la investigación de delitos de lesa humanidad.
Se tuvieron en cuenta los argumentos del exmagistrado, acerca de que, por el contrario a la denuncia, él manifestaba que las causas por hechos cometidos durante el gobierno militar no avanzaron por culpa de los fiscales.
Según probó, eran ellos quienes no impulsaban acciones en relación a “una infinidad” de víctimas, que aparecían claramente mencionadas en hechos de lesa humanidad o que habían declarado solo como testigos.
Entre las causas “Ejército” y “Armada”, se pasaron de 179 víctimas que habían reunido los fiscales, a 1.040 que logró identificar el juzgado de Martínez, a partir de una profunda investigación y entrecruzamiento de datos que duró más de un año.
De esa manera, y luego de un fuerte debate entre kirchneristas y no kirchneristas, se desestimaron las acusaciones contra Martínez.
Fiscales ad-hoc, una figura sin sustento legal
Quienes acusan a Gils Carbó también atacan la designación de fiscales ad-hoc, como Palazzani y Nebbia, porque aseguran que esa figura no tiene encuadre legal.
“Está completamente al margen de toda regulación normativa, desde que los fiscales ad hoc no deben cubrir ninguna fiscalía creada por ley, cosa que sí hacen los subrogantes, y tampoco son designados de acuerdo con el procedimiento legal (concurso, elección por parte del Poder Ejecutivo, acuerdo del Senado y juramento)”, dijo un operador judicial.
Por otro lado, se cuestiona que fiscales ad hoc, como Palazzani y Nebbia, cubran distintos cargos, no solo en nuestra ciudad sino en otros lugares (Palazzani es titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, con sede en la Capital).
De hecho, al ingresar en el sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gob.ar), a través del buscador figura como una fiscalía autónoma la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, con asiento en Sarmiento 173 de nuestra ciudad y a cargo de Palazzani y Nebbia, ambos ad-hoc.
En el medio de todo el controvertido panorama, que hoy parece disiparse, la causa Ficcadenti se mantiene con poco impulso, a más de 2 años de iniciada su instrucción formal en Bahía Blanca.
El titular del Juzgado Federal Nº 1, Walter López Da Silva (asumió a fines del año pasado) se declaró incompetente y le giró las actuaciones a su par capitalino Sebastián Casanello, quien ya tenía a cargo la causa conexa, conocida como “La Rosadita”, y otra por encubrimiento contra el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Sin embargo, Casanello también se inhibió de intervenir y ahora la resolución quedó en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Algunos especialistas judiciales opinaron que sería conveniente reunir todos los expedientes conexos, para retroalimentar la prueba y conformar un eventual cuadro de cargo más contundente, aunque uno de los que fijó postura en contra de la intervención de Casanello es el fiscal general Cantaro.
En definitiva, La Cámara Federal bahiense tendrá la última palabra.
Julio Piumato: “Una agencia del gobierno anterior”
En su declaración ante la Comisión Bicameral, la semana pasada, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, consideró “escandalosa” la actuación de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación y reclamó un mecanismo más transparente para la designación de fiscales.
Piumato estuvo más de una hora y media ante diputados y senadores y, en ese marco, consideró que Gils Carbó transformó “la Procuración en una agencia del gobierno anterior”, en alusión a la gestión kirchnerista y a partir de los concursos de fiscales.
El sindicalista reclamó el debate de una reforma a la Ley de Ministerio Público que contemple la aplicación de “un sistema de selección de fiscales similar al que existe en el Consejo de la Magistratura” dado que ahora -indicó- la designación de nuevos representantes del Ministerio Público, “como es unipersonal”, depende “del decoro”
Alejandro Cantaro: Se trataron de remedios excepcionales
El mismo día que prestó declaración Piumato, la comisión también escuchó algunas voces a favor de Gils Carbó. Entre ellas, la del fiscal federal de Bahía, Alejandro Cantaro, quien comulga con Justicia Legítima, integrada por la procuradora.
Cantaro argumentó que las designaciones cuestionadas, en particular la de fiscales ad-hoc, fueron situaciones excepcionales que obligaron a Gils Carbó a adoptar remedios extraordinarios.
Desde que se puso en marcha el cuerpo de legisladores, presidido por Graciela Camaño (Frente Renovador), ya asistieron los fiscales Carlos Rívolo, Guillermo Marijuán, José Campagnoli, Carlos Donoso Castex, Ricardo Sáenz, Germán Moldes y el exsubprocurador Luis González Warcalde, entre otros.
“No se puede descartar el escenario de la renuncia”
El fiscal general ante la Cámara del Crimen de la Capital, Ricardo Sáenz, confirmó que el dictamen de la comisión bicameral no es vinculante, aunque sí “un antecedente” y reconoció que es difícil el desplazamiento de la procuradora de su cargo, aunque no descartó su dimisión.
“La única comisión del Congreso que puede iniciar un proceso de destitución es la de Juicio Político de Diputados, donde no estarían los votos de quienes quieren alejar a Gils Carbó, porque hay muchos legisladores del Frente para la Victoria. De todas maneras, como siempre digo, los funcionarios públicos terminan sus mandatos por destitución y también por renuncia, por jubilación o una serie de causales. Me parece que no se puede descartar el escenario de la renuncia, como muchas veces le han señalado desde el gobierno actual que debe dar un paso al costado”, explicó Sáenz, consultado por La Nueva.
El fiscal, que también es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, es quien adquirió fuerte notoriedad hace poco más de un año, cuando dictaminó que a su colega Alberto Nisman lo asesinaron, en función de su rol como fiscal del caso AMIA.
“Gils Carbó tiene una legitimidad de origen muy clara, fue elegida como manda la ley, con dos tercios de acuerdo del Senado, con la decisión de Cristina Kirchner como presidenta, pero creo que perdió legitimidad en el ejercicio, porque es la cabeza de un poder independiente y que se ha embanderado claramente con el gobierno que dejó el poder en 2015. Creo que sigue operando en la misma forma”, sostuvo.
Sáenz, así como otros de sus colegas, declaró ante la Bicameral.
“Hemos expuesto las irregularidades en designaciones, en nombramientos, en traslados, en subrogancias que se prolongan en lugares clave, en violaciones de los acuerdos del Senado, porque el Senado daba acuerdo para determinado lugar y se trasladaba al funcionario a otro”, dijo.
En la misma línea, citó como ejemplos los casos de “(Carlos) Gonella, (Miguel) Palazzani, que es de allí y (Abel) Córdoba. También los fiscales de Goya, Corrientes; Victoria, Entre Ríos y Tartagal, Salta, que fueron designados para esos lugares, pero cambiados a otros lugares, a dedo”.
El 11 del actual fue llevado a una clínica privada, en la ambulancia de su obra social y con seis custodios, Lázaro Báez, de 60 años, por una arritmia. El jueves 13 murió en su celda de Campo de Mayo el coronel Delmé, de 82 años. Lo encontraron muerto sus propios compañeros, los mismos que le practicaron maniobras de reanimación, ya que la cárcel de Campo de Mayo, a la que los organismos de derechos humanos llaman cárcel VIP, no cuenta con médico. Una cárcel que aloja a militares mayores de 70 años no tiene médico. Delmé se pasó una semana diciendo que le dolía el brazo izquierdo y no lo llevaron al médico. ¿Alguien le puede explicar a la familia del coronel Delmé por qué la diferencia de asistencia médica entre Báez y un preso político como Delmé? ¿Eso no es abandono de persona? Además, se está violando la ley, ya que a Delmé le correspondía prisión domiciliaria por su edad. Y fue asesinado por la indiferencia de los derechos humanos.
Cada día, el Poder Judicial está más tuerto que nunca. Le otorgan a un detenido condenado por haber defraudado a la Nación con la obra pública -en asociación con el gobierno de turno- un permiso para hacerse atender en una clínica privada de alta complejidad por un supuesto problema de salud, mientras que a los militares que salvaron la patria del intento de instaurar un régimen totalitario marxista-leninista y detenidos en forma irregular no se los atiende con la misma atención y celeridad. Ya murieron más de 200 presos políticos por falta de atención médica y por su avanzada edad. Advierto que no hablo de justicia, sino de Poder Judicial. La Justicia es una virtud de la cual carecen muchos integrantes del Poder Judicial, salvo honrosas excepciones. Los hechos están a la vista.
Mientras los prisioneros ilegalmente arrestados en Argentina sufren y mueren en prisión, los hay de los otros, los que adquirieron ciertos privilegios.
Escribe Fabian Kussman.
VIP
El Sanatorio De Los Arcos, lugar de internación del astro Diego Maradona en el pasado o donde la esposa del animador Diego Korol trajo a este mundo a su bebé, está situado en el barrio de Palermo en la Capital Federal. El lujoso hospital posee 86 camas, dotado de equipos de alta complejidad y ostenta hasta un helipuerto.
Tiene equipamiento médico de alta generación, capacidad para 86 camas y un helipuerto para el traslado de pacientes en urgencia.
La construcción del Sanatorio de Los Arcos demandó 18 meses y fue inaugurado en el año 2005. El lugar cuenta, además, con un centro quirúrgico con seis quirófanos generales para cirugías de cualquier tipo y grado de complejidad, un centro obstétrico con dos quirófanos MAS y dos salas de partos.
Lázaro Baéz y César Milani -dos de los presos K más famosos del territorio argentino- son atendidos en el establecimiento hoy. Así conforman la prueba viviente de que la igualdad ante la ley suele ser un mito.
NO VIP
A diferencia del General Kirchnerista, la realidad de los prisioneros NO VIP es muy diferente. Estos son llevados masivamente en las torturantes “perreras” o en sucias morgueras, sometidos a temperaturas extremas. Recordemos el caso documentado el día15 de febrero del año 2016 en la nota Así se Muere en Prisión de Kussman. Este debió esperar nueve meses y realizar 2 viajes fallidos por un total de DIECIOCHO HORAS, equivalentes a un viaje de ida y vuelta Buenos Aires-Miami para que se le realizara una ecografía en un desvencijado hospital público del gran Buenos Aires. Quien entra en emergencia desde la U 31 o desde el mentiroso Hospital Penitenciario Central es llevado al Hospital Público de Ezeiza lugar con numerosas denuncias por malas praxis. Otro caso emblemático de los muchos, es el caso del policía JOSE FELIX MADRID, que fue llevado al citado hospital, donde permaneció “internado” sentado en una silla y en el mejor de los casos acostándose en una camilla de traslado. Sin medicación, comida ni higiene alguna: 21 de Julio 2015 http://www.ar.dev3.greymatter.one/jos-felix-madrid. Que decir de la “internación” de MIGUEL ETCHECOLATZ, que mostramos el 26 de agosto de 2016 (gobierno de CAMBIEMOS) en la nota CACOTANASIA 2 http://www.ar.dev3.greymatter.one/cacotanasia-2-para-etchecolatz . Los ejemplos son innumerables y la gran mayoría han sido callados u ocultados. ¿Que se puede decir hoy de cuando a los militares el ex Ministro de Defensa AGUSTÍN ROSSI les prohibió utilizar su Hospital? Lo irónico, es que en ese momento, el jefe de la fuerza era el otrora poderoso Teniente General CÉSAR SANTOS GERARDO DEL CORAZÓN MILANI.
MACRI RECONOCIÓ EL ERROR. EN CAMBIO ALFONSÍN ERA MUY CABEZA DURA….
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Se desató gran polvareda a causa del “affaire” Correo Central y derivados. Y los mismos periodistas que con absoluta ignorancia del Derecho Procesal relativo a la Ley de Quiebras y Concursos, se crisparon con el acuerdo firmado entre las partes, ahora se retuercen como saltimbanquis gatafloristas criticando el error y la posterior rectificación del gobierno.
La verdad es que tengo muy poco en cuenta al periodismo malintencionado que lleva agua para sus molinos sin importarle en absoluto el cumplimiento de su función natural.
El acuerdo logrado por las partes del concurso, o sea “Acreedor” y “Deudor” es una posibilidad legítima de terminar un conflicto. Y eso es lo que sucedió.
Comprendo que es injusto que una deuda de más de una década se cobre hoy mediante el pago de una suma que es menor a la que se hubiera alcanzado aplicando la indexación desde el principio al fin.
Es claro que resulta injusto, pero es la ley. Pero si en lugar de SOCMA hubiera sido la empresa de Juan Pèrez, seguramente ni la fiscal Boquitas ni los peridistas ni Massita habrìan abierto la boca…..
No hablemos de los latrocinios al erario por parte de Làzaro Baez durante una década bajo el silencio cómplice del Virrey del Tigre…
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Por eso es que celebro que el Presidente Macri, ante el zapateo registrado, haya anulado el acuerdo y que la causa vuelva al estado anterior.
Este expediente llevaba más de una década sin que se hubiera siquiera cepillado el polvo de su lomo, y resulta realmente de una hipocresía berreta ver al candidato Massa despotricar contra el acuerdo levantando las banderas de la “honestidad procesal” siendo que él mismo fue importante funcionario del gobierno más corrupto de la historia argentina y guardó absoluto silencio durante la parálisis procesal de la causa.
¿Será que ahora se ocupará junto a su socia Margarita Stolbizer de agilizar la solución del conflicto? ¿Encontrarán tal vez el modo de que, por caminos legales, el monto a pagar sea la fabulosa suma que ventilaron por todos los medios?
Ojalá así sea. Pero a veces las leyes no son todo lo justas que supuestamente pretenden los legisladores.
He sufrido en carne propia la pérdida de mi hogar a causa de un capricho del Padrastro de la Democracia.
En los ’80 puse en venta un bien para adquirir otro y conforme las costumbres recibí el 30% del valor a la firma del boleto, el saldo a 60 días en pesos claro. A los pocos días Alfonsín nos sorprendió con el Plan Austral, el dólar se fue a las nubes, y el peso argentino se depreciaba diariamente frente al austral a la tasa de inflación anterior a la entrada en vigor del plan (nada menos que la hiperinflación del amigo Alfonsito), y yo había vendido en pesos, por lo tanto mi crédito se reducía cada 24 horas … y todo legalmente… Cuando se cumplieron los 60 días, pude comprarme dos pares de zapatos con lo recibido, pero perdí una propiedad mientras que los jóvenes de franja morada, sus familiares y amigos se habían beneficiado conociendo de antemano la noticia.
Pregúntenle a Leopoldo Moreau cuánto ganó en el pase de manos cambiando pesos por dólares…
6 años
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Este es el fallo de segunda instancia que enfrenta la exmandataria, a quien ya solo le queda la alternativa de apelar ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir una sentencia histórica que complica su futuro político.
“La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera (…) no existió ni una sola prueba en mi contra”, advirtió Fernández de Kirchner la víspera, a sabiendas de que el tribunal rechazaría su demanda de anular la condena.
El único objetivo del proceso, agregó, es que nunca más vuelva a ocupar cargos públicos. “Lisa y llanamente proscripción de por vida”, afirmó en una carta en la que calificó al juicio como “un zafarrancho” del “partido judicial” que en toda América Latina ha perseguido a líderes de gobiernos populares, nacionales y democráticos como Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).
“Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder”, aseguró al rechazar las imputaciones en su contra y adjudicarlas a una persecución.
La condena de Casación sólo se hará efectiva si es ratificada por la Corte Suprema, el máximo órgano de justicia que suele demorar años en este tipo de fallos. Por eso Fernández de Kirchner no corre peligro de ser detenida de inmediato, además de que, si así lo desea, se podrá postular en las elecciones legislativas de 2025. En el peor de los casos, cumpliría prisión domiciliaria, ya que es un beneficio que obtienen las personas mayores de 70 años.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dieron a conocer su decisión en medio de una fuerte expectativa política, ya que Fernández de Kirchner acaba de regresar a los primeros planos de la política nacional luego de haber sido nombrada como presidenta del Partido Justicialista (peronista), lo que oficializó su papel como la principal líder de la oposición al presidente Javier Milei.
La expresidenta fue condenada el 6 de diciembre de 2022, al término de un juicio que duró tres años y medio, en el que hubo 13 imputados, más de 100 testigos y varios escándalos y denuncias de parcialidad por parte de los funcionarios judiciales.
En ese proceso, los fiscales pidieron una pena de 12 años, pero los jueces consideraron que bastaba la mitad, ya que la absolvieron por el delito de “asociación ilícita” y solo la consideraron culpable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Todo ello ocurrió en el marco de lo que la prensa bautizó como causa ‘Vialidad’, en la que se acusó a Fernández de Kirchner de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), favoreció con millonarios fondos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
En el juicio, además de Fernández de Kirchner y de Báez, hubo otros 11 acusados, de los cuales cuatro fueron absueltos: el exministro de Planificación, Julio De Vido; los exsubsecretarios de Obras Públicas, Abel Fatala y Carlos Kirchner; y el exfuncionario de Vialidad, Héctor Garro.
Por el contrario, el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exdirector de Vialidad Nacional, Néstor Periotti; y los exfuncionarios Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro recibieron penas de entre tres y seis años de prisión.
La investigación se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri, a 51 contratos de obras públicas que obtuvo Báez en Santa Cruz, la provincia ubicada en el extremo sur del país que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz desde 1991 hasta 2003, cuando se convirtió en presidente. Desde entonces, su amigo Báez comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron de manera acelerada. Hoy está condenado en otras causas por corrupción.
El juicio marcó un parteaguas en la historia política de Argentina porque, en ese momento, Fernández de Kirchner todavía era vicepresidenta. Fue la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto era condenado todavía en ejercicio de sus funciones, ya que los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa, así como el exvicepresidente Amado Boudou, fueron juzgados y condenados cuando ya no ocupaban sus puestos.
Desde el principio del juicio, Fernández de Kirchner aseguró que la condena estaba escrita de antemano porque formaba parte del ‘lawfare’ (persecución judicial) que tuvo que enfrentar desde que en 2015 terminó su segunda presidencia y que se reflejó en múltiples causas penales.
El único fin, dijo, era proscribirla para impedirle que volviera a participar en elecciones. El tribunal, acusó, era “un pelotón de fusilamiento”.
A lo largo del juicio, sus detractores la condenaron y sus seguidores la exculparon de antemano. La polarización fue permanente.
El 1 de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani adquirió notoriedad con un duro e histriónico alegato en el que acusó a la expresidenta y a su fallecido esposo de haber creado “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.
Días más tarde, se difundieron fotos en las que Luciani y Rodrigo Giménez de Uriburu, uno de los jueces del tribunal que juzgaba a Fernández de Kirchner, jugaban juntos al futbol en las canchas de la casa de campo del expresidente Mauricio Macri, principal rival de Fernández de Kirchner en ese momento.
“El Poder Judicial apesta”, condenó la vicepresidenta, al considerar que las imágenes demostraban el conflicto de intereses y la parcialidad de los juzgadores en su contra.
Luego vinieron marchas y actos en favor de Fernández de Kirchner y una mayor crispación social, hasta que, el 1 de septiembre, el juicio quedó envuelto por completo en la conmoción que generó el atentado que sufrió la entonces vicepresidenta y que ella adjudicó a la campaña de odio generada por sus opositores.
Ya en la recta final del proceso, se descubrió que jueces, funcionarios y empresarios de medios habían realizado un lujoso y secreto viaje a la Patagonia, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín, el multimedios más importante del país y máximo enemigo del kirchnerismo.
Uno de los viajeros era el juez Julián Ercolini, instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los consideró suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y público. Pese a las múltiples anomalías e impugnaciones, el proceso contra la expresidenta siguió su curso.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 14, 2024
¿Cómo sigue la causa Vialidad?
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La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina fijó para el 13 de noviembre la audiencia para dar a conocer su decisión sobre el fallo de la denominada causa ‘Vialidad’, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de corrupción en la asignación de una obra pública.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país dará a conocer ese día, a las 10:00 de la mañana [hora local], si confirma, revoca o modifica la sentencia contra la exmandataria, así como las penas impuestas a otros acusados en el caso.
La fecha fue establecida por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, luego de rechazar los últimos recursos que presentó la semana pasada la defensa de la expresidenta.
En la causa ‘Vialidad, Fernández de Kirchner fue sentenciada por el Tribunal Oral Federal N° 2, a principios de diciembre de 2022, a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El juicio se extendió por tres años y medio.
La exmandataria fue encontrada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
En el juicio, la expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
También fueron condenados entonces, con penas de entre tres y seis años de cárcel, Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz.
La condena fue apelada por la defensa de Fernández de Kirchner y del resto de los acusados; pero también por la Fiscalía, que pide agravar la condena y considerar el delito de “asociación ilícita”.
La expresidenta ha sostenido que la acusación fue montada en una “feroz campaña política y mediática” para perjudicarla y, además, ha mencionado que la causa, al igual que otros procesos en su contra, forman parte de una persecución judicial o ‘lawfare’ con el objetivo de “proscribirla” políticamente.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 10, 2024
LÁZARO BAEZ… SE LEVANTÓ Y ANDUVO
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Mientras en la Casa de Gobierno, la convivencia entre la familia MILEI y la vicepresidente VICTORIA VILLARRUEL tiene ribetes dignos de “La jaula de las locas”, exitosa obra del dramaturgo francés JEAN POIRE, la vida de los ciudadanos continua
en forma “normal”. En ese contexto pocos días atrás 5 diputados y una autoproclamada “engañada”, no existiendo impedimento legal de ningún tipo, visitaron a algunos de los gerontes alojados en la Unidad Penitenciaria Federal 31 de Ezeiza. Así alcanzaron 15 minutos de fama, en los que recibieron críticas de gran parte del arco político, incluyendo a su partido, los Libertarios, y organismos de derechos humanos. ¿Apoyo? por supuesto poco y nada, mas allá de algunas voces aisladas, y menos aún, hasta ahora, de los mismos prisioneros “beneficiados”, lo cual nos augura que nuestra libertad, biológicamente cada día está más próxima a algún cementerio. Por su parte, un prisionero emblemático que nunca disparó un arma. no realizó acto heroico alguno, ni se considera honorable, ni valiente y quizás nunca haya ayudado a cruzar la calle a una anciana sin cobrarle, llegó a SANTA CRUZ, su querida provincia que lo vio prosperar, para continuar con su arresto domiciliario allí. Me refiero al popularmente conocido 
LÁZARO BAEZ, de 67 años condenado por haber lavado 55 millones de dólares, en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, si bien en el año 2017 su fortuna rondaba los 3.000 millones de dólares. En ese entonces había declarado 79 propiedades cuando en realidad se le encontraron 440 inmuebles y 972 vehículos, incluyendo aviones y maquinarias de obra. A este “afortunado empresario” en septiembre de 2020, luego de permanecer, nada más que 4 años en la cárcel, con 63 años de edad, “honorables” miembros del poder judicial, le concedieron la prisión domiciliaria a cumplir en un country de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Ahora por razones de unidad familiar solicitó y se le concedió el traslado a la provincia sureña, ya mencionada, donde fue cálidamente recibido con un pasacalle que rezaba: “BIENVENIDO SEÑOR LÁZARO BAEZ. TRABAJO Y LEALTAD”. Usted me dirá que su confección y colocación pudo haber sido contratada por su familia, quizás sea 
así, pero es mucho mejor que los escraches que la agrupación H.I.J.O.S. y otros, hacen con nosotros. Además, esa pancarta seguramente inspiró a LÁZRO, quien muy emocionado manifestó: “DESEO AGRADECERLES A TODAS LAS PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE AÚN DESPUÉS DE AÑOS DE ESTAR AUSENTE EN ESTA MARAVILLOSA PROVINCIA, AÚN TENGO LA POSIBILIDAD DE DARLES UNA NUEVA ESPERANZA DE TENER UN TRABAJO Y NO TENER QUE MENDIGAR UN PLATO DE COMIDA PARA SU FAMILIA. GRACIAS. “VIVA LUPO” “VIVA SANTA CRUZ”. Hum ¿también se irá a dedicar a ser un exitoso político? Todo es posible en este territorio llamado Argentina, en donde a pesar que tantos uniformados comen pollo con repollo, siguen muriendo en prisión, imputados por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad.
Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Prov. Buenos Aires
claudio@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
“Los que dicen que soy testaferro de Néstor es porque no lo conocían. Néstor no te soltaba una moneda. No pagaba un café”
Lázaro Báez (1956- )
PrisioneroEnArgentna.com
Julio 24, 2024
Cristina Fernández y el último recurso para revertir una condena
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Este lunes comenzaron las audiencias en las que se revisará, en última instancia, la causa abierta en contra de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de corrupción en la asignación de una obra pública.
En la primera de las citas judiciales por el caso ‘Vialidad’, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, pidió elevar la condena a la exmandataria de 6 a 12 años de prisión, por considerarla jefa de una asociación ilícita.
En particular, a Fernández de Kirchner se le imputa el cargo de lavado de activos, que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría cometido al alquilar propiedades y plazas hoteleras a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, por medio de las sociedades Hotesur y Los Sauces, radicadas en la provincia de Santa Cruz.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal sentenció a la exmandataria a seis años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido encontrada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, si bien la decisión fue apelada por su defensa.
En el juicio se le acusó de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), lapso en el cual habría aprobado millonarios fondos de obras públicas a favor del Báez, quien, según la imputación, se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
La exvicepresidenta rechazó y denunció irregularidades durante todo el proceso. Según su visión, la acusación fue montada en una “feroz campaña política y mediática” para perjudicarla. Mientras que el desarrollo del juicio, de acuerdo a su postura, se trató de una “ficción” basada en un “guión falso y bastante malo”.
Fernández afirmó incluso que la condena en su contra “ya estaba escrita”. Y remarcó que el juicio no fue contra su figura sino contra “todo el peronismo” y “los gobiernos nacionales y populares”, con el objetivo de “disciplinar a los dirigentes políticos” para que no combatan a los poderes empresariales y mediáticos.
Por lo pronto, la Fiscalía pidió que se duplique la pena emitida por el Tribunal Oral Federal N° 2 contra Fernández de Kirchner, al considerar que cometió “asociación ilícita” con Báez y ello amerita una pena de 12 años y no de seis, como prevé la sentencia de 2023.
Del mismo modo, se conoció que las audiencias en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal estarán a cargo de los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes tendrán hasta abril para decidir si confirman, revocan o agravan las penas dictadas a Fernández.
El próximo 7 de marzo, la defensa de la expresidenta deberá solicitar que se revoque la condena “por administración fraudulenta” y que se la absuelva debido a la aparente falta de pruebas directas. Además, los abogados expondrán que los togados actuaron de forma “arbitraria”.
En 2021, la Justicia de Argentina sobreseyó a varios miembros de la familia Kirchner –incluida la exvicepresidenta– por el llamado caso Hotesur y Los Sauces, pero el caso se reabrió en 2023, como también ocurrió con la causa que se le sigue por la firma de un memorando de entendimiento con Irán por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de la que había sido exonerada en 2021.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 27, 2024
EL FRÍO Y LOS PRESOS “K”
DE RENCORES Y VENGANZAS
A unos dos mil metros de la Unidad Penitenciaria Federal 31 donde se encuentran alojados los adultos mayores, imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad, se encuentra el Complejo Penitenciario Uno de Ezeiza. Por supuesto allí también se sintieron los efectos de la ola polar, que afectó a la provincia de Buenos Aires y en la misma forma en que en el pabellón 8 de la UP 31 no funcionó la calefacción, pasó lo mismo en los pabellones “C” y “D” del módulo 6 del Complejo.
[ezcol_1quarter]Boudou
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Baratta
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Jaime
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Báez
[/ezcol_1quarter_end]Con la diferencia que en esta oportunidad los afectados fueron nada menos que los famosos presos por corrupción “K”, a saber: AMADO BOUDOU, ROBERTO BARATTA, RICARDO JAIME, LÁZARO BÁEZ y otros. Quien denunció a través de Twitter la anomalía fue PAULA BARATTA, hermana del ex secretario del otrora poderoso JULIO DE VIDO.
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[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
[/ezcol_1half_end]Por supuesto, en esta ocasión, al contrario de lo ocurrido en la Unidad Penitenciaria 31, en donde los medios guardaron silencio, la revista NOTICIAS-PERFÍL levantó de inmediato la novedad y la hizo pública en el día de la fecha, a través de un artículo del periodista CARLOS CLAÁ (1). Las autoridades volvieron a mentir y si bien reconocieron que el problema existió dijeron que ya había sido solucionado el jueves 11 y que los presos exageraban, restando importancia al evento. Seguramente muchos festejarán los padecimientos de estos ex funcionarios, que durante la “década ganada” depredaron el país. Lo real, es que ellos como las actuales autoridades, actuaron con la misma desidia y falta de humanitarismo para con los que consideraron sus enemigos. Los rencores y sed de venganza entre políticos están latentes y acrecentados, ahora por el frío y la falta de
previsión del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (SOLO PARA ALGUNOS). Ahora el tiempo electoral tiene la palabra.
1)https://noticias.perfil.com/2019/07/13/penal-de-ezeiza-presos-k-se-quejan-del-frio/
[ezcol_1half]Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Julio 13, 2019
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]en el infierno”
Walter Scott (1771-1832)
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 13, 2019
Investigan a Ramos Padilla por abuso de autoridad y amenazas en un juzgado de Bahía Blanca
Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.
En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita
fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.
Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.
Envío y colaboración: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 17, 2019
Veletas y arbitrariedades
Debo confesar, sin ambages, que la principal sensación que hoy me embarga es el asco; es tan fuerte que he asumido el compromiso íntimo de dejar de ejercer mi profesión de abogado, después de más de cincuenta años, tan pronto concluya el último juicio que atiendo.
En la Argentina, la Justicia ha dejado de existir hace tiempo, pero las manifestaciones actuales de esa muerte son tan graves que no podría aceptar nuevos clientes a los cuales prometerles proteger sus legítimos derechos. Porque ya no sé si serán juzgados con apego a la ley o si, por el contrario, serán víctimas de la arbitrariedad y de la ignorancia de los jueces o de los inmundos intereses políticos o monetarios de los poderosos.
Estamos asistiendo a un trágico sainete: los tribunales orales federales que habitan en Comodoro Py se han dedicado los últimos días a jugar a la “mancha venenosa” con las causas en las que se investigó -y se deberían juzgar- los hechos que jalonaron el período en que se produjo el mayor saqueo que pueda recordar nuestra historia. Ningún juez quiere asumir esa tarea porque los duros vientos de la política están impactando en las veletas que coronan sus testas, que son las que siempre determinan los procederes de los magistrados, que
especulan con los plazos procesales para evitar asumir las obligaciones que el ejercicio de sus cargos implica.
Traduzco: ante la probabilidad de un regreso del kirchnerismo al poder, y sabiendo de la espada vengadora que trae en la mochila, el terror cunde en los despachos y los pasillos del emblemático edificio. Los tribunales recurren a triviales argumentos para apartarse de las causas más resonantes -Los Sauces, Hotesur, etc.- y enviarlas nuevamente a sorteo para que otros colegas se hagan cargo; éstos, a su vez, repiten el procedimiento y la calesita sigue girando al ritmo del tango “Las cuarenta”.
Todo eso implica que Cristina llegará a las distintas etapas electorales sin haberse sentado en ninguno de los juicios orales que la afectan. En ese objetivo coinciden su preocupación por la suerte de su hija, la cobardía de los jueces y la intención del Gobierno de tenerla como único sparring en las elecciones de octubre. ¿Terminará todo esto en impunidad generalizada que garantizará el peronismo, como siempre ha hecho a lo largo de la historia?
Esta situación no es nueva, ya que viene repitiéndose ininterrumpidamente desde que el menemismo prostituyó a la Justicia federal con sobres de dinero que repartía, comprándole impunidad, la Secretaría de Inteligencia del Estado con sus fondos reservados.
Pero el episodio de la ya innegable fuga de Florencia Kirchner a Cuba, inexplicablemente autorizada por quienes debían impedirla, es la frutilla que coronó el indigesto postre. Y su sabor se hace más desagradable aún con la condescendencia y tolerancia que muestran los jueces ante su notoria desobediencia a las órdenes de presentar su historia clínica y regresar al país. ¿Dónde está entonces la igualdad ante la ley?
Y qué decir del escándalo que constituye la causa instruida por el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde ruedan en el fango vociferantes y arrepentidos espías, falsos abogados, extorsionados y extorsionadores, ofreciendo un espectáculo indigno por donde se lo mire.
Pero, ¿qué se puede esperar de los tribunales inferiores si la propia cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, se ha convertido en una bolsa de gatos, que exhibe impúdicamente sus bastardos “sensualismos de camastros”, como diría Leopoldo Lugones?
¿No fue su ex Presidente, Ricardo Lorenzetti, quien se dio el lujo de decir públicamente que la persecución a los militares que derrotaron a la subversión, desatada arteramente por Néstor Kirchner, era una “decisión consensuada” con los demás poderes como política de Estado?, ¿no ha ratificado ahora esta Corte que para ellos no rigen los esenciales principios de inocencia y de ley más benigna?
Es la primera obligación de todos los ciudadanos luchar para recuperar la Justicia, porque ella debe ser la verdadera defensora de nuestros derechos frente al Estado y la custodia del cumplimiento de nuestras obligaciones para con él, tal como lo establece la Constitución Nacional, ese contrato que nos permite vivir en sociedad, que firmamos y hemos dejado de cumplir hace muchas décadas. Con una Justicia preparada, imparcial y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 6, 2019
FISCAL STORNELLI – JUEZ RAMOS PADILLA Los archivos no mienten
Hemos advertido que el declarado “gradualismo”, la “política correcta”, el “garantismo “constituyen una rémora para la solución de los graves problemas heredados de un gobierno cuya desenfrenada pero orquestada corrupción superó todos los límites inimaginables y los hechos lo demuestran.
En efecto, hoy leemos la noticia de la denuncia contra el Fiscal Stornelli difundida por el ex jefe de Montoneros Horacio Verbitsky, a instancias del magistrado juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. La diputada Elisa Carrió sospecha que responde a una trama política porque dicho magistrado es miembro conspicuo de Justicia Legítima.
El hecho es que desde nuestras columnas venimos denunciando y advirtiendo durante los últimos tres años , desde julio de 2015 a julio de 2017 que la política asumida por el gobierno es equivocada, pues las huestes de la Cámpora que responden al kirchnerismo han conservado sus puestos en toda la administración pública y se han constituido en la quinta columna que no pierden oportunidad para cumplir con el mandato de su Jefa del “Vamos por todo.”
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Stornelli
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Ramos Padilla
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Ulpiano Martínez
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Carrió
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Gils Carbó
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La noticia se puede leer como una sorpresa que ahora mueve a especulaciones, cuando tanto los políticos como el periodismo han debido conocer el cuantioso volumen de antecedentes del incalificable juez que todavía ejerce sus funciones.
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En nuestras columnas del Blogspot “Habla la Experiencia” hemos publicado cinco artículos desde julio de 1015 a julio de 2017 con probadas denuncias sobre su parcialidad, su prevaricato y su comprobada inscripción en el partido Justicia Legítima.
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Verbitsky
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Fernández de Kirchner
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Báez
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Desde La Cámpora, a la cual también pertenecía, impulsaron en el año 2014 su designación como juez en Bahía Blanca, pero no prosperó. Sin embargo la ex procuradora Gils Carbó removió más adelante al juez de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, que venía avanzando en una causa contra Lázaro Báez, nombrando en su lugar a Ramos Padilla. Una vez cumplidos los propósitos de su protectora, volvió a Dolores.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia solicitó en 2017 juicio Político a Ramos Padilla por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, pero otra vez la intervención de su amiga frustró el pedido.
Contó siempre con el respaldo de organizaciones de derechos humanos a las cuales favorecía en sus fallos de juicios preparados contra militares. Fue recusado varias veces por los procesados, pues se comprobó que públicamente fallaba por venganza contra los militares y manifestaba que cualquiera fuera el motivo, enfermedad o edad, en ninguna circunstancia iba a permitir la prisión domiciliaria solicitada por los abogados.
Nunca se admitió su recusación por la anormalidad de haber sido abogado denunciante y querellante de los acusados y por varios años abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Asumiendo la imparcialidad que nos cabe en esta importante información, que ya es noticia en todos los medios gráficos, radiales y televisivos, debemos expresar que nuestra finalidad no es atacar o defender al fiscal Stornelli, sino señalar que una política más definida y contundente del gobierno en enfrentar a los enemigos de la democracia que destruyeron las instituciones y la economía del país, hubiera evitado los coletazos de una fiera dormida que no resigna sus intenciones de la vuelta al poder y al pillaje por todos los medios a su alcance.
La justicia resolverá en su sentencia la inocencia o culpabilidad del acusado.
Los cinco artículos enunciados se podrán ver en lo siguientes links:
3 de julio de 2015 – lhttps://silviopedropizarro.blogspot.com/2015/07/su-brogantes-para-los-presos-politicos.html
5 de agosto de 2015 – https://silviopedropizarro.blogspot.com/2015/08/el-placer-de-la-venganza-iv.html
12 de noviembre de 2015 – https://silviopedropizarro.blogspot.com/2015/11/nuestros-presos-politicos.html
22 de diciembre de 2015 – https://silviopedropizarro.blogspot.com/2015/12/un-juez-deshonesto.html
2 de julio de 2017 – https://silviopedropizarro.blogspot.com/2017/07/bienvenidos-al-realismo-politico.html
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 4, 2019
Para ser un buen K
Escribe LUIS BARDIN.
PARA SER UN BUEN K
No debes ser acusado de ser gorila y golpista.
Tienes que estar convencido que llegan a treinta mil
las víctimas del proceso que están desaparecidas.
Ni se te ocurra creer que según la Conadep
las víctimas del Proceso a ocho mil ni llegarían.
Ni supongas que se curra con los derechos humanos
y que solo se los usa para ser indemnizados
y así cobrar suculentos verdolagas del estado.
Ni se te ocurra acusar que desde hace muchos años
se mueren o sobreviven ancianos octogenarios,
que sin pruebas ni condena esperan ser sentenciados.
Ni se te ocurra afirmar que no debe haber subsidios
o que es mejor trabajar pues subsidiar crea vagos.
Te verías acusado de ser un neoliberal
y que te quieres burlar de los derechos humanos.
Para que sigan vigentes el modelo y el relato
y seguir siendo un buen ka, modelo de ciudadano,
debes cortar muchas calles, gritar que son perseguidos
ex honestos funcionarios y creer muy convencido,
deben ser sobreseídos quienes estén procesados:
Doña Hebe y los Schoklender, de los sueños compartidos,
Baez, Jaime, la Cristina y Don Julito Devido.
y gritar como D`elía: ¡fusilemos al Mauricio!
Luis Bardín.
PrisioneroEnArgentina.con
Julio 28, 2018
LA PODREDUMBRE POLÍTICA Y JUDICIAL FEDERAL EN ARGENTINA
¡AY! CASTAÑO, CASTAÑO
UN FISCAL AL BORDE DEL PRECIPICIO
También hay uno que transita por el borde del precipicio y me refiero al fiscal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, a quien “afectuosa” y equivocadamente yo apodara “gato de yeso” (1). Digo equivocadamente, porque van surgiendo novedades que demuestran que este hombre en lo que a intereses y política se refiere, también sabe “ver debajo del agua”. En estos días nos hicieron llegar cuatro muy importantes e interesantes fojas, de una denuncia ante la mentada OFICINA ANTICORRUPCIÓN DE LA NACIÓN que están siendo tratadas en el Juzgado Federal número uno de Bahía Blanca, no sabiendo si para bien o para mal.
[ezcol_1half]FOJA 3220 – “Como puede verse, la maniobra inicial desplegada por ETCHEGARAY PARA CUBRIR A LAS FIRMAS INVESTIGADAS (QUE INCLUYÓ LA DISOLUCIÓN DE LA Dirección Regional Bahía Blanca y el desplazamiento de CARLOS MARIO BLANCO Supervisor de Fiscalización de la AFIP DGI encargado de la fiscalización de las empresas del grupo SURIS, iberoamericana de Servicios S.A, etc), fue apuntalada con la inacción del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO y – desde el gobierno kirchnerista- con el desplazamiento del Juez Federal Subrogante Dr. SANTIAGO MARTÍNEZ QUIEN FUE EL ÚNICO QUE EN EL PLANO JUDICIAL IMPULSÓ LAS INVESTIGACIONES, PAGANDO UN ALTÍSIMO PRECIO POR ELLO”.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]FOJA 3229 – “En esa causa es visible la connivencia del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, que –por ejemplo- teniendo delegada la investigación, firmó varias disposiciones de medidas de prueba, EXCLUYENDO EXPRESAMENTE AL CONTADOR PUBLICO NACIONAL y SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI, CARLOS MARIO BLANCO, a sabiendas de que él era quien se encontraba en mejores condiciones de analizar la documentación disponible, para evitar de nuevo que pudiera incidir en la fiscalización de estas empresas. Se dice que el Fiscal CASTAÑO –miembro directivo del Club de Fútbol OLIMPO de Bahía Blanca- habría negociado con ETCHEGARAY u otro de la AFIP el “perdón” de una deuda cuantiosa del Club, ofreciendo a cambio el no impulso de la causa de facturas truchas de “SURIS” y otras que fueran de interés al gobierno”.
[/ezcol_1half_end]Es de fecha día 29 de marzo de 2016 y trata de una RED DE CORRUPCIÓN en la cual estarían involucrados algunos oscuros y conocidos personajes como: ECHEGARAY Ricardo (oriundo de Punta Alta distante 27 kilómetros de Bahía Blanca), BERNI Sergio, SURIS Juan Ignacio, BAEZ Lázaro, RAMOS PADILLA Alejo, KIRCHNER Néstor, Cristina y otros. Se destaca la declaración testimonial de CARLOS MARIO BLANCO, CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI. En sí, una “ensalada rusa de ilustres apellidos” en la que se mezclan grandes intereses económicos, lavado de dinero y narcotráfico. Nada nuevo por supuesto, ya que son hechos a los que estamos acostumbrados en el diario vivir de este territorio llamado Argentina. Y aquí como no podría ser de otra manera, está también mencionado el insigne fiscal federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, el mismo que se entretenía a mis espaldas con su celular mientras yo declaraba intentando que alguien me creyera o prestara atención. Recordar esto me subleva y no trascribiré todos mis pensamientos soeces hacia esta maldita y asesina podredumbre judicial, por respeto a los lectores. Transcribimos dos párrafos de lectura rápida. Las actuaciones recibidas se pueden leer en su totalidad (4 fojas) al pie de la presente nota. Ustedes son libres de interpretarlas y asimilarlas.
Claudio Kussman.
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Junio 24, 2018
[ezcol_1half]
CHUSMERIO DE PROSTÍBULO
El fiscal CASTAÑO como digno y soberbio semidios de la “justicia independiente”, el día 22 de abril del 2016, sumó otro desaguisado que muestra de cuerpo entero lo que es. Aclaremos que concordando con lo expresado en la foja 3229 de la causa que se sustancia en el Juzgado Federal uno, efectivamente se desempeña como vicepresidente primero del Club de fútbol Olimpo de Bahía Blanca.
Esa entidad alquila y tiene una controversia por el arrendamiento de 2 salones con un empresario de la noche llamado OSVALDO CATINI. Este en la fecha más arriba indicada concurrió a Sarmiento 52, junto a la escribana María Mónica Bochile, un patrullero policial y un cerrajero, con una orden judicial para ingresar al inmueble. En esas circunstancias llegó CASTAÑO y tras presentarse como fiscal federal sostuvo una discusión con CATINI en la que le habría manifestado “ya te van a caer”, retirándose del lugar.
El empresario lógicamente tomó esto como una amenaza denunciándolo judicialmente. En definitiva, podríamos decir que el hecho se trató de un “chusmerío de prostíbulo”, nada digno para lo que tendría que ser un alto miembro del poder judicial federal.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]ANTONIO CASTAÑO (GATO DE YESO) Y UNA ESCUCHA TELEFÓNICA
En el año 2014 fue detenido JUAN IGNACIO SURIS el novio de la vedete MÓNICA FARRO acusado por narcotráfico, quien al estar vinculado también a LEONARDO FARIÑA presunto valijero del empresario kirchnerista y LÁZARO BÁEZ, tuvo sus quince minutos de fama.
En octubre de ese año “La Brújula 24”, medio periodístico de Bahía Blanca difundió una grabación de una conversación telefónica entre SURIS y un narco desconocido quien le expresaba: “Fíjate en el 2 si esta CASTAÑO que es amigo personal mío. Si está De la Cruz. Fíjate con quién declaras, acordate el nombre. Fíjate si está Ramón Luaisa, ¿te acordás el gordo Luaisa? El de bigotes”, le dice el anónimo a Suris. Y continúa: “Yo con los federales tengo amistad con todos ahora, estuve esposado pero después todos me ubican por la calle, todos me dieron abrazo y todos me dijeron ‘fue un honor tenerte con nosotros’, así que la onda es la mejor.
Con Castaño estuve laburando hasta el 2010 y te hablo de Antonio Castaño, fiscal federal. No lo tenés vos de casualidad, pero en cualquier momento te puede agarrar el subrogante, por eso te digo que es bueno”. La “justicia” ¡Oh casualidad! con una orden del por entonces juez subrogante ULPIANO MARTINEZ en octubre de 2014, allanó la redacción de La Brújula 24, para impedir la divulgación de esas escuchas a pesar de lo cual luego se difundieron en otros medios del país. Hoy figuran en sitios como: https://www.infobae.com/2014/10/28/1604900-el-audio-que-habria-motivado-el-allanamiento-un-medio-bahia-blanca/ y otros, pero la grabación no funciona.
[/ezcol_1half_end]DENUNCIA CONTRA EL FISCAL ANTONIO CASTAÑO
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de la presente nota se encuentran almacenados fuera del territorio argentino.
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Junio 24, 2018
GERMÁN GARAVANO DESALIÑADO
DETRÁS DE UNA POLLERA
Más allá de su aspecto desaliñado, no concordante con el cargo de ministro de la nación, considero que GERMAN GARAVANO también tiene su mente y su razonamiento en la función pública, en igual forma. Luego de haberle escrito en varias oportunidades, o hecho llegar videos con la imagen y el sonido de jueces federales actuando en forma totalmente ilegal, en los juicios de los mal llamados delitos de lesa humanidad, no contestó, o alguno de sus secretarios lo hizo con el famoso latiguillo de “la justicia independiente”. Sin embargo abandonó todo disimulo y falaz verborrea con el caso MALDONADO y hoy lo vuelve a hacer, a raíz de la escandalosa libertad de CRISTOBAL LOPEZ, hechos que afectan directamente al gobierno del que forma parte. Refugiándose tras RICARDO LORENZETTI y las polleras de ELISA CARRIÓ, con quienes no se lleva nada bien, embistió contra los sospechosos jueces EDUARDO FARAH y JORGE BALLESTERO.
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[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]SE NACE BURRO Y SE MUERE BURRO
Mientras estos togados nos negaban justicia a nosotros era correcto y martirizar ilegalmente hasta la muerte, a adultos mayores está MUY BIEN, ya que se “cumplían con todos los pasos del debido proceso”. Yo le preguntaría ahora, acaso estos togados cambiaron, mutaron, ¿se volvieron locos e indecentes? Yo le digo que no, que son los mismos de siempre, actuando como siempre, ILEGALMENTE. Las personas no cambian y el que nace burro, muere burro. También que se prepare para otra NO INTERVENCIÓN, en el caso LÁZARO BAEZ y el fiscal militante de ultraizquierda K, ABÉL CÓRDOBA, a no ser que existan intereses espurios en el mismo. A lo largo de la vida he sido un observador de la conducta humana o más bien de la muchas veces vil, conducta humana. Mientras un depredador y en este caso muchos jueces federales lo son, no afectan los intereses propios todo está bien pase lo que le pase al prójimo. Pero en cuanto los vientos cambian y algo pueda afectar a el individuo en este caso GARAVANO, se abandona toda indiferencia y lo que era bueno, se transforma en malo, a lo que hay que erradicar urgentemente “por el bien del sistema democrático”. Hoy vinieron por mí, solo espero tener algo de tiempo, para poder ver cuando vayan por él, ya que su poder no será para siempre.
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Marzo 23, 2018
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 23, 2018
NADA SE CREA, NADA SE PIERDE…TODO SE TRANSFORMA INCLUSIVE LA BASURA
Escribe CLAUDIO KUSSMAN.
TRANSFORMACIONES ARGENTINAS, NO QUÍMICAS
¿Acaso los terroristas asesinos de los años 70 no se transformaron en jóvenes idealistas, que hasta inmortalizados en el bronce presidentes y reyes le rinden honores? ¿Quienes murieron y lucharon contra ellos a cambio de unas humildes y simbólicas medallas, no se transformaron de héroes a prisioneros encarcelados y martirizados hasta la muerte? Numerosos políticos y jueces no fueron fieles al último gobierno militar y luego se transformaron en sus enemigos, pasando por el gobierno radical, el gobierno menemista, el gobierno kirchnerista y ahora el macrista? Poderosos y leoninos jefes militares vistiendo uniformes cargados de pesados entorchados de oro, no se transformaron en simpáticos gatitos pidiendo perdón, bajando cuadros o ronroneando junto a la señora BONAFINI, ¿mientras nosotros sufríamos y moríamos en prisión? La lista de transformaciones en argentina puede resultar casi infinita y en muchos casos, no siguen las leyes de la física.
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[/ezcol_1half_end]Cabal muestra de ello hoy lo ratifica la noticia que el doctor ABEL CÓRDOBA, hijo dilecto de la ex procuradora ALEJANDRA GILS CARBÓ, será nada menos que el fiscal que actúe en la causa contra LÁZARO BAEZ investigando la “ruta del dinero K. Así un acérrimo kirchnerista militante de recontra izquierda, de los “que no tiene que haber en la justicia”, según dijo MAURICIO MACRI, se transformó en miembro de la “justicia independiente” y seguramente actuará como acostumbra hacerlo. COMO UNA BASURA.
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Marzo 21, 2018
LÁZARO BÁEZ Y GERARDO ARRÁEZ, o la diferencia entre Presos de Primera y Presos Descartables
Hoy, al Preso Político Jorge Arráez (mal llamado “Lesa”) le dio un ACV en el Penal de Ezeiza, no pudieron compensarlo porque no tenían los elementos necesarios, tampoco ambulancia para trasladarlo, entre la espera de la ambulancia y el traslado, tardaron 1 hora, en cambio al político preso Lázaro Baez lo llevan en ambulancia a una clínica privada cada vez que tiene “arritmia”.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 10, 2018
Saqueos y Ventiladores
Ninguno de nosotros -a esta altura, ni siquiera el 20% que la votó en todo el país en octubre- considera a Cristina Elisabet Fernández una verdadera princesa, ya que ha dado acabada pruebas de privilegiar sólo su interés, personal y pecuniario, antes que los de la Patria o, inclusive, a su partido político y, menos aún, que los de quienes robaron para la familia Kirchner durante décadas, en la Provincia de Santa Cruz y en todo el país más tarde.
La Argentina, más allá de los inesperados y exitosos acuerdos que consiguió suscribir el Gobierno el jueves con los gobernadores y con la CGT, está inmersa en una situación económico-financiera sumamente complicada: necesita endeudarse en el exterior para sostener el imprescindible gradualismo (30% de los habitantes son pobres) en el ajuste por la debilidad del ahorro interno, tiene una de las más altas tasas de inflación del mundo, para intentar controlarla el Banco Central sube las tasas de las LEBAC a límites enormes, la presión impositiva es desmesurada, el costo laboral y previsional nos impide ser competitivos, el Estado tiene un déficit que alcanza al 10% del PBI, el colapso de la infraestructura vial y ferroviaria incide gravemente en los costos internos, y sobran en todas las administraciones públicas más de un millón de empleados, a los que no se puede despedir mientras no haya quien los absorba.
Ese panorama, como es lógico, está incidiendo en la falta de inversiones genuinas, esas que inocentemente esperabamos como una lluvia. Sin ellas, resultará imposible que la Argentina crezca a un ritmo que le permita reducir el porcentaje de deuda en relación al PBI, colocando al país en una zona de gran vulnerabilidad ante la eventual aparición de “cisnes negros” en el mercado internacional; el default de Venezuela, ¿será uno de ellos?
Ante esa combinación de factores negativos me pregunto cuánto ha incidido en ellos la feroz rapiña a que fue sometida la Argentina durante los últimos años. Si recordamos que durante la década pasada ingresaron en las arcas públicas nada menos que US$ 970 mil millones, y que el país quedó en ruinas, tendremos al menos una respuesta parcial. Sería suficiente pensar cuánto nos costó la ambición de Néstor Kirchner de quedarse con YPF en materia de pérdida del autoabastecimiento energético y, consecuentemente, en la enorme cantidad de esenciales divisas que nos hemos visto obligados a dilapidar para importar gas y electricidad, y de perpetuarse en el poder a través del más impúdico clientelismo,
Pero no basta, porque día a día aparecen nuevos chancros expuestos que muestran hasta qué punto llegó el saqueo. Veamos algunos ejemplos que permiten una aproximación: los fondos desaparecidos de Santa Cruz; la mina de carbón de Río Turbio; los negociados con Hugo Chávez con bonos de deuda argentina; los inexistentes caminos y centenares de propiedades a nombre de Lázaro Báez; la venta fraudulenta de dólar futuro; el lobby de las constructoras encabezadas por Skanska y Odebrecht; la explosión del juego y la tolerada evasión impositiva de Cristóbal López; la penetración del narcotráfico gracias a la sociedad con Cristina y su gerente Anímal Fernández; los US$ 50 millones en propiedades en Miami del “valijero” y secretario presidencial Daniel Muñoz; “Sueños Compartidos” y la Tupac Amaru; Fútbol para Todos; los sobreprecios en los cargamentos de gas licuado; el enriquecimiento de Ricardo y Pablo Barreiro, Osvaldo Sanfelice y Martín Aguirres; el negociado de Ciccone; las cadenas de hoteles de los Kirchner y Relats; Rudy Ulloa Igor y su transformación de cadete en empresario de multimedios; la apropiación de tierras fiscales en Calafate; la malversación de subsidios en la Secretaría de Transportes (colectivos y ferrocarriles) y en el INCAA; el brutal incremento de la pauperización y su consecuencia en el crecimiento de los asentamientos y villas de emergencia; el latrocinio en el PAMI y en IOMA; las cajas fuertes de Florencia Kirchner; las montañas de dinero pesadas en “La Rosadita”; el gran abanico de medios de prensa sostenidos exclusivamente por la publicidad oficial; la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo; los viajes de personajes en aviones privados y el transporte de diarios y medialunas a Río Gallegos en los Tango; etc., etc..
¿Cuál fue el costo para el país de la disparatada guerra contra el campo que abortó por el voto “no positivo” de Julio Cobos? ¿Cuánto se robó con las indemnizaciones a los terroristas y a sus familiares? ¿A cuánto alcanzan los saldos de las cuentas de Cristina y su familia en las islas Seychelles y otros paraísos fiscales? ¿Cuánto nos costó y qué objetivo real tuvo la expedición de Guillermo Moreno a Angola?; ¿fue, como creo, para cambiar las montañas de billetes de ? 500 que juntaba Néstor, para acariciarlos y entrar en éxtasis, por diamantes africanos? Sin duda, otra vez estamos hablando de miles de millones de dólares.
Tal como algunos suponían y pocos esperaban, la sucesión de prisiones preventivas decretadas contra ex funcionarios de primer nivel del kirchnerismo ha provocado pánico entre los afectados, en especial porque el ánimo de todos ellos se vio francamente perjudicado por la falta total de solidaridad de la “noble viuda”; en la medida en que varios de quienes ahora viven atrás de las rejas han involucrado -como lo hizo ella misma- a sus propios hijos en la comisión de un sinnúmero de delitos gravísimos (lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude y complicidad en la corrupción, etc.), la preocupación de cada uno se ha incrementado exponencialmente.
Ya vimos “arrepentirse” a personajes menores como Leonardo Fariña y Federico Elaskar, pero ahora se han sumado Alejandro Burzaco y Alejandro Vanderbroele, que han comenzado a hablar de los negocios de Cristina y su hijo Máximo, de Amado Boudou, de Ricardo Echegaray, de Juan Manuel Abal Medina, de Gabriel Mariotto, de Julio Grondona y de Gildo Insfrán. Julio de Vido amenaza epistolarmente contar lo mucho que sabe y, seguramente, lo seguirán Lázaro Báez, tan pronto la remolona Justicia se lleve puestos a sus hijos, y Luis D’Elía y el propio Anímal Fernández, transformados en las más llorosas viudas de don Néstor. En esta materia, todo lo que leemos diariamente en la prensa no ha hecho más que empezar, y en Comorodo Py, con el despido de Eduardo Freiler, se respira un aire levemente más puro.
Con certeza, las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza se seguirán poblando de delincuentes como los descriptos, pero no podemos ni debemos resignarnos a que ése sea el único costo que deberán pagar. Es imprescindible que devuelvan las inmensas fortunas que han robado, para que sirvan para paliar, al menos en parte, el monumental daño que su accionar ha generado en términos de pobreza, miseria y costo argentino. De acuerdo con la definición del Tratado de Roma, el kirchnerismo cometió un verdadero genocidio, como bien saben los qom y los wichis.
En estos días, está circulando por las redes una versión que atribuye al insólito e inexplicable viaje a Europa de Alicia Kirchner, Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz, que se encuentra en crisis terminal, el propósito de buscar y negociar asilo político para su cuñadísima y sus hijos. Estoy convencido que se trata de un disparate, toda vez que hoy ningún país otorga protección a los acusados de corrupción; Alberto Fujimori, ex Presidente del Perú, fue extraditado por Japón, pese a ser ciudadano también de ese país, y hoy se pudre en una cárcel de Lima.
Las excepciones, claro, son los falsos paraísos comunistas de Venezuela y Cuba, pero no me parece que, con las veleidades que la caracterizan, Cristina se muestre proclive a residir en ellos, donde le resultaría imposible exhibir sus joyas y sus exclusivas carteras Louis Vuitton.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 18, 2017
FESTIVAL de DETENIDOS
Escribe Francisco García Santillán en Cartas de Lectores del diario LA NACIÓN.
Festival de detenidos
Verdadero estupor -y a esta altura, algo menos de sorpresa- me genera el festival de detenciones que estamos presenciando por parte de los mismos jueces federales que contaban con esas mismas causas desde hace años dentro de sus propios despachos. El monstruo parece haberse despertado, pero el auténtico problema es que se trata precisamente de un monstruo y no de la justicia en sentido pleno, la que debe ser aplicada a todos por igual. Pero claro, la justicia panelística se levanta con el dedo acusador sin siquiera preguntarse si la prueba que obra en cada uno de los expedientes es suficiente como para justificar la pérdida de la libertad ambulatoria durante el proceso. Aclarando que ninguno de los detenidos funcionarios de la “era kirchnerista” goza de mi simpatía (más bien todo lo contrario), no debemos olvidar que, desde el punto de vista técnico, todos esos personajes continúan siendo inocentes, dado que el principio de inocencia únicamente se quiebra con una sentencia de condena que haya adquirido firmeza.
Nos guste o no nos guste, en el derecho continental romanista, que es el que nos rige, mandan y gobiernan las leyes y no los hombres. Esto debería aplicarse a todos los casos, incluso en los procesos por los denominados delitos de lesa humanidad que, con enorme crueldad y arbitrariedad, mantienen a tantos inocentes encadenados en las mazmorras esperando tan solo la muerte. El criterio es muy peligroso, porque en cualquier momento se podrá detener a cualquiera de nosotros con una simple acusación y con la excusa no probada de que podríamos obstruir el accionar de la Justicia, artificioso argumento que se ha puesto nuevamente de moda, y es utilizado arteramente ya desde hace años para justificar encierros a personas vinculadas con el combate al terrorismo de los años 70. Claramente se está aplicando el denominado derecho penal del enemigo, haciéndose carne aquella triste frase de Perón: ¡Al amigo todo, al enemigo, ni justicia!
Francisco García Santillán
DNI 10.661.522
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 8, 2017
TRASLADO DE PRESOS – FUNCIONARIOS DELINCUENTES EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA DE HOY
Por Claudio Kussman
FUNCIONARIOS DELINCUENTES EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA DE HOY
Mucho hemos publicado en este sitio, sobre los traslados a los que fuimos sometidos los adultos mayores, como forma de castigo y tortura, en inmundas “perreras” durante la “década ganada”. A través del escrito del señor Carlos L. Bosch en el diario La Nación, veo que estos siguen como si tal cosa, pese a las floreadas frases del ESTAMOS CAMBIANDO. Debo decir ante todo, que estos brutales movimientos de prisioneros fueron institucionalizados por los terroristas y militantes que ocuparon el anterior gobierno, como forma de quebranto corporal y moral nuestro. Estando sobrepasado por el agotamiento y careciendo casi de lucidez, uno es presa fácil del “funcionario” ante quien comparece. Queda inerme y sin capacidad de reacción alguna. Pasadas las horas y ya de regreso a la prisión, es cuando se toma real noción de lo que pasó, pero ya es demasiado tarde.
UNIDAD PENAL 34 CAMPO DE MAYO – BAHÍA BLANCA
Lo ocurrido en el traslado de Campo de Mayo a Bahía Blanca (680 kilómetros), configura un delito que no se tiene que dejar pasar. Circular por la ruta como se hizo, es totalmente ilegal y si cualquiera de nosotros lo hiciera en su condición de ciudadano, le secuestrarían el vehículo. Como prisioneros, costamos varios miles de pesos diarios que se pagan con nuestros impuestos. En este caso el responsable número uno de tanto abuso, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual depende el Servicio Penitenciario Federal. En varias ocasiones me dirigí a ellos mediante correspondencia, sin recibir nunca respuesta alguna. Destaco la del 26 de enero de 2016 (1), cuando escribiera por SEXTA vez al mentiroso y funcionalmente tuerto Secretario de Derecho Humanos Claudio Avruj. Sin resultado alguno, como siempre, fue arrojar a la basura tiempo y dinero. Mientras, presos como el narco Martín Lanatta (2), Milagro Sala (3), Lázaro Báez y tantos otros son movilizados en cómodos y rápidos vehículos con aire acondicionado.
[ezcol_1half]HAY QUE GRITAR ¡BASTA! A QUIENES ABUSAN Y DELINQUEN
En lo personal dije basta en el mes de noviembre de 2015, cuando llevaba un año ilegalmente detenido en la U 31 de Ezeiza. Harto del “engarronamiento” del que fui víctima por parte de miembros de la “justicia”, de la mala cara que ponen en su atención a uno, de la cárcel y la iniquidad, de su indiferencia y silencio hipócrita que los transforman ni más ni menos que en delincuentes asesinos. Me negué a los traslados torturantes e ilegales, presenté un “Habeas Corpus”, ante el Juzgado Federal uno de Lomas de Zamora a cargo del juez Alberto Santa Marina, que luego terminó en denuncia, contra el Juez Alejo Ramos Padilla. Desde ya, Santa Marina y el defensor oficial (tendría que ser fiscal) de ese departamento doctor Ariel Squingo (4), lo encubrieron, si bien trataron de justificarse legalmente. El togado ofició a la prisión y al asesino juez militante subrogante en Bahía Blanca, Padilla, quien hizo caso omiso de su escrito.
NUNCA MÁS UNA PERRERA
Pero a partir de ese momento no subí nunca más a una “perrera” siendo trasladado solo y siempre en ambulancias contratadas o en una del Servicio Penitenciario, que también cumple la función de morguera. Así, hasta que en marzo de 2016 iniciara una huelga de hambre y medicación, que me trajo a casa con arresto domiciliario. Para ese viaje de 350 kilómetros de retorno al hogar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contrató una ambulancia con un médico particular. Desde allí con mi familia luchamos por mi libertad y pedido de disculpas ante tanta aberración jurídica. Lo que aún hoy ocurre con nosotros los adultos mayores, es realmente atroz e inhumano, teniendo en cuenta que este es un país en donde se dice que vivimos en democracia y que estamos en pleno siglo XXI. Por ello a los funcionarios del signo político que sean les digo: ¡Hipócritas y cobardes! ¿Por qué no llevan en los vehículos oficiales, a pasear a sus respectivas familias con una botella en la mano? Hagan que ellos las usen para orinar, si tienen esa imperiosa necesidad fisiológica que los urja.
Claudio Kussman
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Octubre 12, 2017
El incendio y las vísperas
Por Enrique Guillermo Avogadro.
“Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.
Voltaire
Más allá de insistir en mi ruego de difusión de la convocatoria del #3A en Tribunales, las novedades ameritan algunas especulaciones, sobre todo en la Argentina. Me refiero, concretamente, a la detención del histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, al llamado a indagatoria de Carlos Sancho, socio y testaferro del máximo hijo de la dinastía, al pedido de similar medida para Alejandra ¡Giles! Carbó, nuestra egregia Procuradora General, y a la batalla por el retiro del paraguas de los fueros parlamentarios a Julio de Vido, el mayor operador de la corrupción desde los lejanos días del primer período de Néstor como Gobernador de la Provincia de Santa Cruz.
En los dos primeros casos, y como ya sucediera con Lázaro Báez, el gran prestanombre que cometió la incalificable torpeza de involucrar a sus hijos en el delito, las esperanzas de la sociedad están puestas en las confesiones que la privación de la libertad podría inspirar en estos insignes dibujantes de números brumosos. Porque es claro que, si se deciden a hablar y reconocer que actuaron por instrucciones directas de la organizadora y jefa de la asociación ilícita, la autocalificada perseguida política pasará a integrar la lista de importantes presos de la región.
La ex Presidente debería ya estar en prisión preventiva ya que está suficientemente probado que sus dependientes han adulterado las pruebas (hasta los libros sociales de las empresas que le pertenecen) y entorpecido la investigación. Hasta hoy, el Gobierno no la quería entre rejas, ya que la prefería comosparring en las elecciones, en una elucubración que califiqué oportunamente como bastarda; pero es probable que el Juez Claudio Bonadío altere el panorama ordenando su detención antes de octubre.
El caso del ex Ministro de Planificación del saqueo servirá para quitar el disfraz a todos aquellos que decidan desoír el clamor social y ratificarlos como convertirlos en cómplices de la corrupción que asoló el país durante la extendida década robada. Si fracasara la expulsión de este delincuente de la Cámara de Diputados, que se discutirá el miércoles, las redes sociales serán el lugar en que sus encubridores encontrarán sus nombres y sus fotografías de frente y perfil. Me parece que esto debería servir como un llamado a la reflexión para los kirchneristas y sus compañeros de ruta, muchos de los cuales deberán someterse pronto al voto popular.
Esta semana, la última de la feria judicial, estará de turno la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal, integrada al efecto por el cuestionado Eduardo Freiler, a quien pronto veremos destituido y -tengo la esperanza- preso por ladrón, y Jorge Ballestero, protector de los pingüinos durante muchísimo tiempo pero que, recientemente, ha virado en sus posiciones por los vientos de cambio que percibe. Las recientes decisiones de Bonadío que afectan a Cristina y su círculo íntimo serán revisadas por ambos y, si decidieran modificarlas, deberían ser conscientes de estar acercando peligrosamente mechas encendidas a la santabárbara que podría estallar en Comodoro Py.
La semana pasada, cuando los enumeré los grandes reos regionales, cometí el error de omitir a algunos de ellos; en Perú, por ejemplo, mencioné sólo a los ex presidentes a Alan García (prófugo) y a Ollanta Humala, y olvidé a Alberto Fujimori, que comparte la cárcel con el anterior. En América Central, varios países han visto a sus mandatarios presos y, en algunos casos, ante la inminencia de su detención, algunos optaron por huir al exterior. ¿Será también el caso de Rafael Correa y su autoexilio en Bélgica?
Lo notable fue que el viernes, en Mendoza, en una suerte de “contra-cumbre” frente al infructuoso encuentro de los presidentes del Mercosur, que no lograron consensuar la expulsión de Venezuela, los maléficos vientos populistas volvieron a amontonar a los apologistas de los desalojados del poder y de quienes están en vías de serlo. Así, en la misma bolsa reinvindicatoria metieron a Luis Inácio Lula da Silva, a Cristina Elizabet Fernández, a Fernando Lugo, a Milagro Salas y, el colmo, al tirano “más burro”, presuntas víctimas de conspiraciones imperiales; sólo les faltó agregar a Raúl Castro y a Jorge “Saladito” Castillo para condimentar el nauseabundo resultado.
El pegamento para tanto dislate, presumo, debió ser la ideologizada visión que tienen sus adherentes sobre la situación que viven la ensangrentada nación venezolana, que está protagonizando una de las mayores emigraciones de la historia continental por imperio de la violencia, la salvaje represión y la hambruna, y la Provincia de Santa Cruz, el feudo de los Kirchner desde hace más de un cuarto de siglo, hoy en manos de la fotocopia de pelo largo, que se incendia diariamente pese al frío austral reinante. Volví a preguntarme, como lo hice tantas veces durante los 70’s, por qué todos estos fanáticos, que consideran a la democracia como una maldita enfermedad burguesa, no se mudan a esos idealizados paraísos.
El criminal régimen de Maduro, amén de la condena casi universal, está provocando una discusión a nivel mundial, ya que su precaria subsistencia depende, en gran medida, de las compras norteamericanas de petróleo. El quid de la cuestión es que, si se interrumpieran, no sólo producirían la inmediata victimización de los terroristas y narcotraficantes que gobiernan desde Caracas, buscando la solidaridad latinoamericana, sino que profundizarían la crisis humanitaria en la que se ve inmersa la población, que carece ya de alimentos y remedios.
No puedo cerrar esta nota sin hacer referencia a la detención, por orden del Tribunal Federal que lleva la causa llamada “Bahía Blanca”, del señor Capitán de Corbeta Ricardo Molina, que ya tiene 87 años de edad. Si a ello le sumamos la actitud del canalla Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fanático kirchnerista, frente a la detención domiciliaria del Dr. Jaime Smart dispuesta por la Cámara de Casación, inventándole nuevos procesos para mantenerlo en la cárcel a 82, tendremos nuevos motivos para concurrir a la concentración del #3A en Plaza Lavalle. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando que estos verdaderos asesinos togados -han muerto más de cuatrocientos ancianos en cautiverio- sigan haciendo de las suyas?
Me pareció adecuado “robar” el título del libro de Beatriz Guido para encabezarla, porque tal vez estemos en las vísperas de un fuego purificador que nos permita recuperar una Justicia seria, independiente y veloz, esencial para volver a ser una República.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 22, 2017
Las pruebas de Bahía que pueden acorralar a la procuradora Gils Carbó
Comisión bicameral que investiga a la jefa de los fiscales recibió en los últimos días documentación desde Bahía Blanca.
Alejandra Gils Carbó no está pasando su mejor momento. Ni personal ni institucional. A la posibilidad de ser citada a indagatoria por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración, que conduce desde hace 5 años, se suman las críticas que arrecian por su desempeño durante el gobierno anterior. En el medio, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Publico de la Nación evalúa su gestión y está latente la posibilidad de que desemboque en un juicio político, tal como lo pidió el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Quienes acusan a la jefa de los fiscales consideran que fue escandalosa su manipulación en las designaciones de funcionarios adictos al kirchnerismo, para formar una coraza contra las denuncias por corrupción. Dicen que pasó en casi todo el país, aunque Bahía Blanca se convirtió en un punto clave.
Y aseguran que existió un agravante en el entramado local: no solo hubo nombramientos digitados en el Ministerio Público sino que creen que se registró “intromisión e interferencia” en el Poder Judicial, por la influencia para nombrar a un juez subrogante que “pisó” una causa que compromete a Lázaro Báez y la irrupción de personal “dependiente” que intimidó a los empleados no contaminados.
Una gruesa carpeta con documentación partió hace algunos días desde nuestra ciudad y ya está en manos de algunos legisladores de la Bicameral.
“La Nueva.” accedió a los informes y con esa base pudo reconstruir el tejido elaborado en el fuero federal de nuestra ciudad, que puede ser determinante para el desplazamiento de Gils Carbó.
Los legisladores que conforman la comisión de evaluación ya escucharon los testimonios de distintos fiscales -de un lado y del otro de “la grieta”-, funcionarios y representantes gremiales. Se espera el comparendo, todavía sin fecha, de Gils Carbó. Había sido citada para el 18 de mayo pasado, pero esa audiencia se postergó y todavía no se reprogramó. Puede ser uno de los últimos pasos para alcanzar el dictamen respectivo, que no es vinculante pero sí referencia para lo sucesivo.
El inicio de una historia que aún no tiene final
El 19 de octubre de 2014, el diario “La Nación” publicó que Lázaro Báez usó facturas truchas para evadir millones de pesos en impuestos y que actuó a través de una red integrada por empresas de Bahía Blanca. Al día siguiente se inició, en Buenos Aires, la causa N° CFP 10.451/14 (conocida luego como “Ficcadenti”), aunque en noviembre se declaró la incompetencia y el expediente pasó a Bahía Blanca.
Los acusadores de Gils Carbó creen que, ya el caso en la ciudad, el fiscal Antonio Castaño solo pidió, como única medida de prueba, un informe genérico a la AFIP sobre las firmas Calvento S.A., Grupo Penta y Cía. S.A., Constructora Patagónica Argentina S.A. e Iberoamericana de Servicios S.A., todas bajo sospecha.
El organismo, que conducía Ricardo Echegaray, ya había decidido para entonces bajar de categoría la dirección regional Bahía Blanca y dejarla con dependencia de Mar del Plata, con personal “afín”.
El 11 de febrero de 2015, el juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez aceptó la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía para entender en la causa remitida desde Capital y al mes siguiente se conocieron los nexos entre Báez, Leonardo Fariña y Juan Ignacio Suris.
Martínez buscó impulsarla, pero dicen que no tuvo respuesta desde la fiscalía.
El 8 de abril le corrió vista de la causa al fiscal Castaño y recién el 18 de mayo recibió respuesta, aunque sin requerimiento de instrucción. Como solo se solicitó algunas medidas de prueba, el juez corrió nueva vista y el fiscal general Alejandro Cantaro, al día siguiente, presentó la requisitoria, de manera escueta, como para salvar las formas.
Casi al mismo tiempo, la procuradora nombró a los fiscales ad hoc Miguel Palazzani y José Nebbia (resolución MP Nº 407) que, pese a estar vinculados a los delitos de lesa humanidad, habrían buscado frenar el avance de la causa Ficcadenti.
Con ese cometido presentaron numerosos “pronto despacho” y quejas por retardo de justicia ante la Secretaría de Derechos Humanos, sobre causas virtualmente “olvidadas”, así como múltiples denuncias ante el Consejo de la Magistratura (entonces con mayoría kirchnerista) contra Martínez, una de las cuales, sin el proceso correspondiente y con resolución en tiempo récord, derivó en su desplazamiento del cargo, el 18 de junio de 2015, casualmente dos días después de una batería de allanamientos que había ordenado en la ciudad por la asociación ilícita fiscal.
Veinticuatro horas después del apartamiento del juez bahiense, la procuradora nombró a Nebbia (resolución MP Nº 1839 del 19 de junio de 2015) como subrogante de la Fiscalía Nº 2, pese a que Castaño (titular de la Nº 1) podía cubrir esa función.
Un subrogante por otro subrogante, pero de Dolores
El Consejo de la Magistratura -se cree que con la influencia de Gils Carbó- no solo corrió del camino a Martínez sino que nombró en su lugar a otro subrogante, pero procedente de Dolores (resolución CM Nº 131, del 20 de junio de 2015).
Técnicamente, debería haber tomado ese lugar la doctora María Gabriela Marrón -hoy de licencia-, quien para entonces era titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía (había asumido el 18 de febrero de 2015). Sin embargo, se prefirió el traslado de Alejo Ramos Padilla, también exponente de la Asociación Civil Justicia Legítima que integra la procuradora.
La documentación refleja que, como se suponía, Ramos Padilla puso el pie sobre la causa Ficcadenti y comenzó a hostigar a quienes fueron señalados por Palazzani y Nebbia, con el silencio de Castaño y de Alejandro Cantaro, fiscal federal general y también vinculado ideológicamente a Gils Carbó.
“Lo primero que hizo fue pedir las causas Ficcadenti y Coleffi (en alusión a Álvaro Coleffi, procesado por revelar escuchas de la causa Suris) y luego se reunió con el abogado defensor de 2 de los imputados de la primera causa. Y después con los fiscales, en especial con Palazzani y Nebbia, con quienes se encontraba, por la tarde, en la secretaría de Derechos Humanos, en la calle Lamadrid”, señala la documentación emitida, en base a testimonios.
Luego -agrega el informe- “contra toda lógica investigativa”, autorizó a los imputados a extraer copias de la documentación secuestrada; le remitió a la perito contadora de la Corte solo copia de algunas partes de la causa (pese a que la había pedido íntegramente para hacer su informe) y citó a indagatoria a solo 2 imputados (José Antonio Ferreyra y Denis Ariel Ferreyra), pero por evasión simple y no por asociación ilícita fiscal. Sin embargo, después dejó esos actos sin efecto. Luego concedió la eximición de prisión a esos imputados. Y los fiscales (acusadores por naturaleza) no apelaron.
Un auto oficial que fue chocado y abandonado
Ramos Padilla salió públicamente a cuestionar la tarea de su antecesor y dijo que encontró un juzgado absolutamente desorganizado. Se mostró inflexible, de conducta intachable.
Sin embargo, después de su renuncia -el 31 de diciembre de 2015, luego de que la Corte declarara inconstitucional la ley de subrogancias- se pudo acreditar que hacia fines de agosto de ese año había prestado uno de los autos oficiales (Renault Megane, patente HRL 350) a dos personas que para entonces eran ajenas a la planta del Juzgado Federal Nº 1. El auto fue chocado y abandonado en Tres Arroyos y no hubo comunicación oficial ni extraoficial a la Cámara Federal de Apelaciones, el órgano jerárquico superior.
Luego se estableció que los ocupantes del coche eran Gustavo Puppo (secretario de Ramos Padilla en Dolores) y Leandro Massari, quien fuera pedido expresamente como empleado por parte de Ramos Padilla a Gils Carbó (pese a que no debería tener injerencia en el Poder Judicial), concretándose esa medida 5 días después, junto con Victoria Fraga, también de Justicia Legítima.
Los cargos contra Santiago Martínez fueron rechazados
Con la salida de Ramos Padilla, y superada la notable tensión que se había generado en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, el 6 de marzo de 2016, el Consejo de la Magistratura de la Nación -ya con otra composición que no contaba con mayoría kirchnerista- rechazó cada una de las 6 denuncias que habían motivado el desplazamiento de Santiago Martínez del juzgado, por supuesto entorpercimiento o demora en la investigación de delitos de lesa humanidad.
Se tuvieron en cuenta los argumentos del exmagistrado, acerca de que, por el contrario a la denuncia, él manifestaba que las causas por hechos cometidos durante el gobierno militar no avanzaron por culpa de los fiscales.
Según probó, eran ellos quienes no impulsaban acciones en relación a “una infinidad” de víctimas, que aparecían claramente mencionadas en hechos de lesa humanidad o que habían declarado solo como testigos.
Entre las causas “Ejército” y “Armada”, se pasaron de 179 víctimas que habían reunido los fiscales, a 1.040 que logró identificar el juzgado de Martínez, a partir de una profunda investigación y entrecruzamiento de datos que duró más de un año.
De esa manera, y luego de un fuerte debate entre kirchneristas y no kirchneristas, se desestimaron las acusaciones contra Martínez.
Fiscales ad-hoc, una figura sin sustento legal
Quienes acusan a Gils Carbó también atacan la designación de fiscales ad-hoc, como Palazzani y Nebbia, porque aseguran que esa figura no tiene encuadre legal.
“Está completamente al margen de toda regulación normativa, desde que los fiscales ad hoc no deben cubrir ninguna fiscalía creada por ley, cosa que sí hacen los subrogantes, y tampoco son designados de acuerdo con el procedimiento legal (concurso, elección por parte del Poder Ejecutivo, acuerdo del Senado y juramento)”, dijo un operador judicial.
Por otro lado, se cuestiona que fiscales ad hoc, como Palazzani y Nebbia, cubran distintos cargos, no solo en nuestra ciudad sino en otros lugares (Palazzani es titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, con sede en la Capital).
De hecho, al ingresar en el sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gob.ar), a través del buscador figura como una fiscalía autónoma la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, con asiento en Sarmiento 173 de nuestra ciudad y a cargo de Palazzani y Nebbia, ambos ad-hoc.
En el medio de todo el controvertido panorama, que hoy parece disiparse, la causa Ficcadenti se mantiene con poco impulso, a más de 2 años de iniciada su instrucción formal en Bahía Blanca.
El titular del Juzgado Federal Nº 1, Walter López Da Silva (asumió a fines del año pasado) se declaró incompetente y le giró las actuaciones a su par capitalino Sebastián Casanello, quien ya tenía a cargo la causa conexa, conocida como “La Rosadita”, y otra por encubrimiento contra el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Sin embargo, Casanello también se inhibió de intervenir y ahora la resolución quedó en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Algunos especialistas judiciales opinaron que sería conveniente reunir todos los expedientes conexos, para retroalimentar la prueba y conformar un eventual cuadro de cargo más contundente, aunque uno de los que fijó postura en contra de la intervención de Casanello es el fiscal general Cantaro.
En definitiva, La Cámara Federal bahiense tendrá la última palabra.
Julio Piumato: “Una agencia del gobierno anterior”
En su declaración ante la Comisión Bicameral, la semana pasada, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, consideró “escandalosa” la actuación de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación y reclamó un mecanismo más transparente para la designación de fiscales.
Piumato estuvo más de una hora y media ante diputados y senadores y, en ese marco, consideró que Gils Carbó transformó “la Procuración en una agencia del gobierno anterior”, en alusión a la gestión kirchnerista y a partir de los concursos de fiscales.
El sindicalista reclamó el debate de una reforma a la Ley de Ministerio Público que contemple la aplicación de “un sistema de selección de fiscales similar al que existe en el Consejo de la Magistratura” dado que ahora -indicó- la designación de nuevos representantes del Ministerio Público, “como es unipersonal”, depende “del decoro”
Alejandro Cantaro: Se trataron de remedios excepcionales
El mismo día que prestó declaración Piumato, la comisión también escuchó algunas voces a favor de Gils Carbó. Entre ellas, la del fiscal federal de Bahía, Alejandro Cantaro, quien comulga con Justicia Legítima, integrada por la procuradora.
Cantaro argumentó que las designaciones cuestionadas, en particular la de fiscales ad-hoc, fueron situaciones excepcionales que obligaron a Gils Carbó a adoptar remedios extraordinarios.
Desde que se puso en marcha el cuerpo de legisladores, presidido por Graciela Camaño (Frente Renovador), ya asistieron los fiscales Carlos Rívolo, Guillermo Marijuán, José Campagnoli, Carlos Donoso Castex, Ricardo Sáenz, Germán Moldes y el exsubprocurador Luis González Warcalde, entre otros.
“No se puede descartar el escenario de la renuncia”
El fiscal general ante la Cámara del Crimen de la Capital, Ricardo Sáenz, confirmó que el dictamen de la comisión bicameral no es vinculante, aunque sí “un antecedente” y reconoció que es difícil el desplazamiento de la procuradora de su cargo, aunque no descartó su dimisión.
“La única comisión del Congreso que puede iniciar un proceso de destitución es la de Juicio Político de Diputados, donde no estarían los votos de quienes quieren alejar a Gils Carbó, porque hay muchos legisladores del Frente para la Victoria. De todas maneras, como siempre digo, los funcionarios públicos terminan sus mandatos por destitución y también por renuncia, por jubilación o una serie de causales. Me parece que no se puede descartar el escenario de la renuncia, como muchas veces le han señalado desde el gobierno actual que debe dar un paso al costado”, explicó Sáenz, consultado por La Nueva.
El fiscal, que también es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, es quien adquirió fuerte notoriedad hace poco más de un año, cuando dictaminó que a su colega Alberto Nisman lo asesinaron, en función de su rol como fiscal del caso AMIA.
“Gils Carbó tiene una legitimidad de origen muy clara, fue elegida como manda la ley, con dos tercios de acuerdo del Senado, con la decisión de Cristina Kirchner como presidenta, pero creo que perdió legitimidad en el ejercicio, porque es la cabeza de un poder independiente y que se ha embanderado claramente con el gobierno que dejó el poder en 2015. Creo que sigue operando en la misma forma”, sostuvo.
Sáenz, así como otros de sus colegas, declaró ante la Bicameral.
“Hemos expuesto las irregularidades en designaciones, en nombramientos, en traslados, en subrogancias que se prolongan en lugares clave, en violaciones de los acuerdos del Senado, porque el Senado daba acuerdo para determinado lugar y se trasladaba al funcionario a otro”, dijo.
En la misma línea, citó como ejemplos los casos de “(Carlos) Gonella, (Miguel) Palazzani, que es de allí y (Abel) Córdoba. También los fiscales de Goya, Corrientes; Victoria, Entre Ríos y Tartagal, Salta, que fueron designados para esos lugares, pero cambiados a otros lugares, a dedo”.
Fuente:
http://www.lanueva.com/la-ciudad/908508/las-pruebas-de-bahia-que-pueden-acorralar-a-gils-carbo.html
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 10, 2017
Por indiferencia
Cartas de lectores del diario La Nación.
Por indiferencia.
El 11 del actual fue llevado a una clínica privada, en la ambulancia de su obra social y con seis custodios, Lázaro Báez, de 60 años, por una arritmia. El jueves 13 murió en su celda de Campo de Mayo el coronel Delmé, de 82 años. Lo encontraron muerto sus propios compañeros, los mismos que le practicaron maniobras de reanimación, ya que la cárcel de Campo de Mayo, a la que los organismos de derechos humanos llaman cárcel VIP, no cuenta con médico. Una cárcel que aloja a militares mayores de 70 años no tiene médico. Delmé se pasó una semana diciendo que le dolía el brazo izquierdo y no lo llevaron al médico. ¿Alguien le puede explicar a la familia del coronel Delmé por qué la diferencia de asistencia médica entre Báez y un preso político como Delmé? ¿Eso no es abandono de persona? Además, se está violando la ley, ya que a Delmé le correspondía prisión domiciliaria por su edad. Y fue asesinado por la indiferencia de los derechos humanos.
Lucas José Alfaro
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 25, 2017
Poder Judicial tuerto
Cartas de lectores del diario La Nación.
Poder Judicial tuerto.
Cada día, el Poder Judicial está más tuerto que nunca. Le otorgan a un detenido condenado por haber defraudado a la Nación con la obra pública -en asociación con el gobierno de turno- un permiso para hacerse atender en una clínica privada de alta complejidad por un supuesto problema de salud, mientras que a los militares que salvaron la patria del intento de instaurar un régimen totalitario marxista-leninista y detenidos en forma irregular no se los atiende con la misma atención y celeridad. Ya murieron más de 200 presos políticos por falta de atención médica y por su avanzada edad. Advierto que no hablo de justicia, sino de Poder Judicial. La Justicia es una virtud de la cual carecen muchos integrantes del Poder Judicial, salvo honrosas excepciones. Los hechos están a la vista.
Juan Bautista Garona
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 15, 2017
Ser VIP o No ser VIP
Mientras los prisioneros ilegalmente arrestados en Argentina sufren y mueren en prisión, los hay de los otros, los que adquirieron ciertos privilegios.
VIP
El Sanatorio De Los Arcos, lugar de internación del astro Diego Maradona en el pasado o donde la esposa del animador Diego Korol trajo a este mundo a su bebé, está situado en el barrio de Palermo en la Capital Federal. El lujoso hospital posee 86 camas, dotado de equipos de alta
complejidad y ostenta hasta un helipuerto.
Tiene equipamiento médico de alta generación, capacidad para 86 camas y un helipuerto para el traslado de pacientes en urgencia.
La construcción del Sanatorio de Los Arcos demandó 18 meses y fue inaugurado en el año 2005. El lugar cuenta, además, con un centro quirúrgico con seis quirófanos generales para cirugías de cualquier tipo y grado de complejidad, un centro obstétrico con dos quirófanos MAS y dos salas de partos.
Lázaro Baéz y César Milani -dos de los presos K más famosos del territorio argentino- son atendidos en el establecimiento hoy. Así conforman la prueba viviente de que la igualdad ante la ley suele ser un mito.
NO VIP
A diferencia del General Kirchnerista, la realidad de los prisioneros NO VIP es muy diferente. Estos son llevados masivamente en las torturantes
“perreras” o en sucias morgueras, sometidos a temperaturas extremas. Recordemos el caso documentado el día15 de febrero del año 2016 en la nota Así se Muere en Prisión de Kussman. Este debió esperar nueve meses y realizar 2 viajes fallidos por un total de DIECIOCHO HORAS, equivalentes a un viaje de ida y vuelta Buenos Aires-Miami para que se le realizara una ecografía en un desvencijado hospital público del gran Buenos Aires. Quien entra en emergencia desde la U 31 o desde el mentiroso Hospital Penitenciario Central es llevado al Hospital Público de Ezeiza lugar con numerosas denuncias por malas praxis. Otro caso emblemático de los muchos, es el caso del policía JOSE FELIX MADRID, que fue llevado al citado hospital, donde permaneció “internado” sentado en una silla y en el mejor de los casos acostándose en una camilla de traslado. Sin medicación, comida ni higiene alguna: 21 de Julio 2015 http://www.ar.dev3.greymatter.one/jos-felix-madrid. Que decir de la “internación” de MIGUEL ETCHECOLATZ, que mostramos el 26 de agosto de 2016 (gobierno de CAMBIEMOS) en la nota CACOTANASIA 2 http://www.ar.dev3.greymatter.one/cacotanasia-2-para-etchecolatz . Los ejemplos son innumerables y la gran mayoría han sido callados u ocultados. ¿Que se puede decir hoy de cuando a los militares el ex Ministro de Defensa AGUSTÍN ROSSI les prohibió utilizar su Hospital? Lo irónico, es que en ese momento, el jefe de la fuerza era el otrora poderoso Teniente General CÉSAR SANTOS GERARDO DEL CORAZÓN MILANI.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 26, 2016
MACRI RECONOCIÓ EL ERROR. EN CAMBIO ALFONSÍN ERA MUY CABEZA DURA….
MACRI RECONOCIÓ EL ERROR. EN CAMBIO ALFONSÍN ERA MUY CABEZA DURA….
[one_half padding=”0 30px 0 0″]Se desató gran polvareda a causa del “affaire” Correo Central y derivados. Y los mismos periodistas que con absoluta
ignorancia del Derecho Procesal relativo a la Ley de Quiebras y Concursos, se crisparon con el acuerdo firmado entre las partes, ahora se retuercen como saltimbanquis gatafloristas criticando el error y la posterior rectificación del gobierno.
La verdad es que tengo muy poco en cuenta al periodismo malintencionado que lleva agua para sus molinos sin importarle en absoluto el cumplimiento de su función natural.
El acuerdo logrado por las partes del concurso, o sea “Acreedor” y “Deudor” es una posibilidad legítima de terminar un conflicto. Y eso es lo que sucedió.
Comprendo que es injusto que una deuda de más de una década se cobre hoy mediante el pago de una suma que es menor a la que se hubiera alcanzado aplicando la indexación desde el principio al fin.
Es claro que resulta injusto, pero es la ley.
No hablemos de los latrocinios al erario por parte de Làzaro Baez durante una década bajo el silencio cómplice del Virrey del Tigre…
[/one_half] [one_half_last padding=”0 0 0 30px”]Por eso es que celebro que el Presidente Macri, ante el zapateo registrado, haya anulado el acuerdo y que la causa vuelva al estado anterior.
Este expediente llevaba más de una década sin que se hubiera siquiera cepillado el polvo de su lomo, y resulta realmente de una hipocresía berreta ver al candidato Massa despotricar contra el acuerdo levantando las banderas de la “honestidad procesal” siendo que él mismo fue importante funcionario del gobierno más corrupto de la historia argentina y guardó absoluto silencio durante la parálisis procesal de la causa.
¿Será que ahora se ocupará junto a su socia Margarita Stolbizer de agilizar la solución del conflicto? ¿Encontrarán tal vez el modo de que, por caminos legales, el monto a pagar sea la fabulosa suma que ventilaron por todos los medios?
Ojalá así sea. Pero a veces las leyes no son todo lo justas que supuestamente pretenden los legisladores.
He sufrido en carne propia la pérdida de mi hogar a causa de un capricho del Padrastro de la Democracia.
En los ’80 puse en venta un bien para adquirir otro y conforme las costumbres recibí el 30% del valor a la firma del boleto, el saldo a 60 días en pesos claro. A los pocos días Alfonsín nos sorprendió con el Plan Austral, el dólar se fue a las nubes, y el peso argentino se depreciaba diariamente frente al austral a la tasa de inflación anterior a la entrada en vigor del plan (nada menos que la hiperinflación del amigo Alfonsito), y yo había vendido en pesos, por lo tanto mi crédito se reducía cada 24 horas … y todo legalmente… Cuando se cumplieron los 60 días, pude comprarme dos pares de zapatos con lo recibido, pero perdí una propiedad mientras que los jóvenes de franja morada, sus familiares y amigos se habían beneficiado conociendo de antemano la noticia.
Pregúntenle a Leopoldo Moreau cuánto ganó en el pase de manos cambiando pesos por dólares…
[/one_half_last]Juan Manuel Otero
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 17, 2017