La Revolución de mayo fue una serie de eventos de una semana de duración que tuvieron lugar del 18 al 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Esta colonia española incluía aproximadamente los territorios de la Argentina actual, Bolivia, Paraguay, Uruguay y partes de Brasil. El resultado fue la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y el establecimiento de un gobierno local, la Primera Junta, el 25 de mayo. Fue la primera revolución exitosa en el proceso de independencia de América del Sur.

La revolución de mayo fue una reacción directa a la guerra peninsular de España. En 1808, el rey Fernando VII de España abdicó a favor de Napoleón, quien le concedió el trono a su hermano, José Bonaparte. Una Junta Central Suprema lideró la resistencia al gobierno de José y a la ocupación francesa de España, pero finalmente sufrió una serie de reveses que resultaron en la pérdida española de la mitad norte del país. El 1 de febrero de 1810, las tropas francesas tomaron Sevilla y tomaron el control de la mayor parte de Andalucía. La Junta Suprema se retiró a Cádiz y se disolvió, y el Consejo de Regencia de España y las Indias lo reemplazó. La noticia de estos eventos llegó a Buenos Aires el 18 de mayo, traída por barcos británicos.

El virrey Cisneros intentó mantener el statu quo político, pero un grupo de abogados criollos y oficiales militares organizaron un cabildo abierto (una reunión especial de notables de la ciudad) el 22 de mayo para decidir el futuro del virreinato. Los delegados negaron el reconocimiento al Consejo de Regencia en España y establecieron una junta para gobernar en lugar de Cisneros, ya que el gobierno que lo había nombrado virrey no existía. Para mantener un sentido de continuidad, Cisneros fue nombrado inicialmente presidente de la Junta. Sin embargo, esto causó mucha agitación popular, por lo que renunció bajo presión el 25 de mayo. El gobierno recién formado, la Primera Junta, incluyó solo a representantes de Buenos Aires e invitó a otras ciudades del Virreinato a enviar delegados para unirse a ellos. Esto dio lugar al estallido de la guerra entre las regiones que aceptaron el resultado de los acontecimientos en Buenos Aires y las que no lo hicieron.

La Revolución de mayo comenzó la Guerra de Independencia argentina, aunque en ese momento no se emitió ninguna declaración formal de independencia y la Primera Junta continuó gobernando en nombre del rey depuesto, Fernando VII. Como eventos similares ocurrieron en muchas otras ciudades del continente, la Revolución de mayo también se considera uno de los primeros eventos de las guerras de independencia hispanoamericanas. Los historiadores de hoy debaten si los revolucionarios fueron verdaderamente leales a la corona española o si la declaración de fidelidad al rey fue un truco necesario para ocultar el verdadero objetivo, lograr la independencia, de una población que aún no estaba lista para aceptar un cambio tan radical. Finalmente, se emitió una declaración formal de independencia en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.

La declaración de independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña en 1776 llevó a los criollos (pueblos españoles nacidos en las Américas) a creer que la revolución y la independencia de España eran factibles. Entre 1775 y 1783, los patriotas estadounidenses de las Trece Colonias libraron la Guerra Revolucionaria Americana contra los leales locales y el Reino de Gran Bretaña, estableciendo un gobierno popular en lugar de la monarquía británica. El hecho de que España ayudara a las colonias en su lucha contra Gran Bretaña debilitó la idea de que sería un crimen acabar con la lealtad de uno hacia el estado matriz. 

Saavedra

Belgrano

Los ideales de la Revolución francesa de 1789 también se extendieron por Europa y América. El derrocamiento y la ejecución del rey Luis XVI y la reina María Antonieta terminaron siglos de monarquía y eliminaron los privilegios de la nobleza, no sin un horrible baño de sangre. Los ideales liberales en los campos político y económico se desarrollaron y se extendieron a través de las revoluciones del Atlántico en la mayor parte del mundo occidental. El concepto del derecho divino de los reyes fue cuestionado por la Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano, por la frase citada a menudo de que “todos los hombres son creados iguales” en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos e incluso por los españoles. 

Sin embargo, la difusión de tales ideas estaba prohibida en los territorios españoles, al igual que la venta de libros relacionados o su posesión no autorizada. España instituyó esas prohibiciones cuando declaró la guerra a Francia después de la ejecución de Luis XVI y las retuvo después del tratado de paz de 1796. Las noticias de los acontecimientos de 1789 y las copias de las publicaciones de la Revolución Francesa se difundieron por España a pesar de los esfuerzos por mantenerlos fuera del ojo del público. Muchos criollos ilustrados entraron en contacto con autores liberales y sus obras durante sus estudios universitarios, ya sea en Europa o en la Universidad de Chuquisaca (Sucre moderno). Los libros de los Estados Unidos llegaron a las colonias españolas a través de Caracas, debido a la proximidad de Venezuela con los Estados Unidos y las Indias Occidentales.

España prohibió a sus colonias americanas comerciar con otras naciones o colonias extranjeras, y se impuso como el único comprador y vendedor para su comercio internacional. Esta situación dañó al virreinato, ya que la economía de España no era lo suficientemente poderosa como para producir la enorme oferta de bienes que necesitarían las numerosas colonias. Esto causó recortes económicos y recesión. Las rutas comerciales españolas favorecieron a los puertos de México y Lima, en detrimento de Buenos Aires. Como resultado, Buenos Aires contrabandeaba aquellos productos que no podían obtenerse legítimamente. Ah, esa bendita aduana! La mayoría de las autoridades locales permitieron este contrabando como un mal menor, a pesar de que era ilegal, y en ocasiones igualó en volumen el comercio legal con España. Surgieron dos facciones antagónicas: los terratenientes querían el libre comercio para poder vender sus productos en el extranjero, mientras que los comerciantes, que se beneficiaban de los altos precios de las importaciones de contrabando, se oponían al libre comercio porque los precios bajaban. Especulaciones que continúan hasta nuestros días.

La monarquía española nombró a sus propios candidatos para la mayoría de los cargos políticos en el virreinato, por lo general favoreciendo a los españoles de Europa. En la mayoría de los casos, los nombrados tenían poco conocimiento o interés en asuntos locales. En consecuencia, hubo una creciente rivalidad entre criollos y peninsulares (los nacidos en España). La mayoría de los criollos pensaron que los peninsulares tenían ventajas inmerecidas y recibían un trato preferencial en la política y la sociedad. El clero inferior tenía un sentimiento similar acerca de los escalones más altos de la jerarquía religiosa. Los eventos se desarrollaron a un ritmo más lento que en el movimiento de independencia de los Estados Unidos. Esto se debió en parte a que el clero controlaba todo el sistema educativo en la América española, lo que llevó a la población a tener las mismas ideas conservadoras y seguir las mismas costumbres que en España.

Buenos Aires y Montevideo resistieron con éxito dos invasiones británicas. En 1806, un pequeño ejército británico dirigido por William Carr Beresford tomó Buenos Aires por un breve tiempo; un ejército de Montevideo liderado por Santiago de Liniers liberó la ciudad. Al año siguiente, un ejército más grande se apoderó de Montevideo, pero fue abrumado por las fuerzas de Buenos Aires; los invasores capitularon y devolvieron a Montevideo al virreinato. No hubo ayuda de España durante ninguna de las dos invasiones. Liniers organizó milicias criollas durante los preparativos para la segunda invasión, a pesar de la prohibición contra ellos. El regimiento de Patricios, dirigido por Cornelio Saavedra, fue el mayor ejército criollo. Estos eventos dieron a los criollos el poder militar y la influencia política que no tenían antes y, como la victoria se logró sin la ayuda de España, aumentó la confianza de los criollos en sus capacidades independientes.

La familia real portuguesa abandonó Europa y se estableció en el Brasil colonial de 1808, después de escapar de la invasión napoleónica de Portugal. Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, era la esposa del príncipe regente portugués, pero tenía sus propios proyectos políticos. Como evitó la captura posterior de la familia real española, intentó hacerse cargo del virreinato como regente. Este proyecto político, conocido como carlotismo, buscó prevenir una invasión francesa a las Américas. Una pequeña sociedad secreta de criollos, compuesta por políticos como Manuel Belgrano y Juan José Castelli, y líderes militares como Antonio Beruti e Hipólito Vieytes, apoyaron este proyecto. Consideraron que era una oportunidad de obtener un gobierno local en lugar de uno europeo, o un paso hacia una posible declaración de independencia. El proyecto fue resistido por el virrey Liniers, la mayoría de los peninsulares y algunos criollos, entre ellos Cornelio Saavedra y los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso. Sospecharon que ocultaba las ambiciones expansionistas portuguesas sobre la región. Los partidarios de Carlota Joaquina tenían la intención de encabezar una monarquía constitucional, mientras que ella quería gobernar una monarquía absoluta; estos objetivos en conflicto socavaron el proyecto y llevaron a su fracaso. Gran Bretaña, que tuvo una fuerte influencia en la política del Imperio portugués, también se opuso al proyecto: no querían que España se dividiera en varios reinos, y consideraron que Carlota Joaquina no podía evitarlo.

Después de la invasión británica de 1806, Santiago de Liniers reconquistó con éxito Buenos Aires. La población no permitió que Rafael de Sobremonte continuara como virrey. Había escapado a Córdoba con la tesorería pública mientras la batalla aún estaba en curso. Una ley promulgada en 1778 requería que la tesorería fuera trasladada a un lugar seguro en el caso de un ataque extranjero, pero Sobremonte todavía era visto como un cobarde por la población. La Real Audiencia de Buenos Aires no permitió su regreso a Buenos Aires y eligió a Liniers, aclamado como héroe popular, como virrey interino. Esta fue una acción sin precedentes, la primera vez que un virrey español fue depuesto por instituciones gubernamentales locales, y no por el mismo Rey de España. El rey Carlos IV ratificó la designación en un momento posterior. Liniers armó a toda la población de Buenos Aires, incluidos criollos y esclavos, y derrotó un segundo intento de invasión británica en 1807.

La administración de Liniers fue popular entre los criollos, pero no entre los peninsulares como el comerciante Martín de Álzaga y el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío. Ellos pidieron a las autoridades españolas nombrar un nuevo virrey. A raíz del estallido de la Guerra Peninsular, De Elío creó la Junta de Montevideo, que examinaría todas las órdenes de Buenos Aires y se reservaría el derecho de ignorarlas, pero no negó abiertamente la autoridad del Virrey ni declaró a Montevideo independiente. 

Martín de Álzaga comenzó un motín para eliminar a Liniers. El 1 de enero de 1809, un cabildo abierto (como se mencionara, una reunión extraordinaria de vecinos, gente prominente de la ciudad) presidida por Álzaga exigió la renuncia de Liniers y el nombramiento de una junta local. La milicia española y un grupo de personas convocadas por la reunión se reunieron para apoyar la rebelión. Un pequeño número de criollos, especialmente Mariano Moreno, apoyó el motín, pero la mayoría de ellos no lo hicieron. Sintieron que Álzaga quería remover al Virrey para evitar su autoridad política mientras mantenía las diferencias sociales entre criollos y peninsulares sin cambios. El motín fue rápidamente derrotado cuando las milicias criollas lideradas por Cornelio Saavedra rodearon la plaza y dispersaron a los insurgentes. Como resultado del fallido motín, las milicias rebeldes fueron desarmadas. Esto incluyó todas las milicias peninsulares, y como resultado aumentó el poder de los criollos. Los líderes de la trama, con la excepción de Moreno, fueron exiliados a Carmen de Patagones pero Javier de Elío los liberó y les dio asilo político en Montevideo.

La Junta Central Suprema reemplazó a Liniers con el oficial naval Baltasar Hidalgo de Cisneros, un veterano de la Batalla de Trafalgar, para poner fin a la agitación política en el Río de la Plata. Llegó a Montevideo en junio de 1809 para la entrega de mando. Manuel Belgrano propuso que Liniers debería resistirse alegando que había sido confirmado como virrey por un rey de España, mientras que Cisneros carecía de tal legitimidad. Las milicias criollas compartieron la propuesta de Belgrano, pero Liniers entregó el gobierno a Cisneros sin resistencia. Javier de Elío aceptó la autoridad del nuevo Virrey y disolvió la Junta de Montevideo. Cisneros rearmó las milicias peninsulares disueltas y perdonó a los responsables del motín. Álzaga no fue liberado, pero su sentencia fue conmutada por arresto domiciliario.

Hubo preocupación sobre los eventos en España y sobre la legitimidad de los gobernadores locales en el Alto Perú también. El 25 de mayo de 1809, la Revolución de Chuquisaca depuso a Ramón García de León y Pizarro como Gobernador de Chuquisaca y lo reemplazó con Juan Antonio Alvarez de Arenales. El 16 de julio, la revolución de La Paz, dirigida por el Coronel Pedro Domingo Murillo, depuso al Gobernador de La Paz y eligió una nueva junta. Una rápida reacción de las autoridades españolas derrotó esas rebeliones. Un ejército de 1.000 hombres enviados desde Buenos Aires no encontró resistencia en Chuquisaca, tomó el control de la ciudad y derrocó a la Junta. Murillo intentó defender la paz, pero sus 800 milicianos fueron completamente superados en número por los más de 5,000 soldados enviados desde Lima. Él y los otros líderes fueron decapitados más tarde, y sus cabezas fueron exhibidas como un elemento disuasivo. Estas medidas contrastaron marcadamente con el perdón que Martín de Álzaga y otros habían recibido luego de un corto tiempo en prisión, y el resentimiento de los criollos contra los peninsulares se profundizó. Juan José Castelli estuvo presente en las deliberaciones de la Universidad de Chuquisaca, donde Bernardo Monteagudo desarrolló el Silogismo de Chuquisaca, una explicación legal para justificar el autogobierno. Esto influyódurante la “Semana de mayo”. 

El 25 de noviembre de 1809, Cisneros creó el Tribunal de Vigilancia Política para perseguir a los afrancesados ​​(partidarios de Joseph “José” Bonaparte) y a los independentistas. Sin embargo, rechazó la propuesta del economista José María Romero de desterrar a varias personas consideradas peligrosas para el régimen español, como Saavedra, Paso, Vieytes, Castelli y Moreno, entre otras. Romero advirtió a Cisneros contra la difusión de noticias que podrían considerarse subversivas. Los Criollos sintieron que pronto cualquier pretexto sería suficiente para llevar al estallido de la revolución. En abril de 1810, Cornelio Saavedra aconsejó a sus amigos: “aún no es hora, que los higos maduren y luego los comemos”. Quiso decir que no apoyaría acciones apresuradas contra el Virrey, sino que lo haría en un momento estratégicamente favorable, como cuando las fuerzas de Napoleón obtuvieron una ventaja decisiva en su guerra contra España.

La Semana de mayo fue el período de tiempo en Buenos Aires que comenzó con la confirmación de la caída de la Junta Central Suprema y terminó con el despido de Cisneros y el establecimiento de la Primera Junta.

El 14 de mayo de 1810, la goleta de guerra británica HMS Mistletoe llegó a Buenos Aires con periódicos europeos que informaron sobre la disolución de la Junta Central Suprema el enero anterior. La ciudad de Sevilla había sido invadida por ejércitos franceses, que ya dominaban la mayor parte de la Península Ibérica. Los periódicos informaron que algunos de los antiguos miembros de la Junta se habían refugiado en la Isla de León en Cádiz. Esto se confirmó en Buenos Aires el 17 de mayo, cuando la fragata británica HMS John Paris llegó a Montevideo; los periódicos más recientes informaron que miembros de la Junta Central Suprema habían sido destituidos. El Consejo de Regencia de Cádiz no fue visto como un sucesor de la resistencia española, sino como un intento de restaurar el absolutismo en España. La Junta Central Suprema fue vista como simpatizante de las nuevas ideas. Los patriotas sudamericanos temían tanto una victoria francesa completa en la península como una restauración absolutista. Cisneros vigiló los buques de guerra británicos y se apoderó de sus periódicos para ocultar la noticia, pero un periódico llegó a manos de Belgrano y Castelli. Difundieron la noticia entre otros patriotas y desafiaron la legitimidad del Virrey, que había sido nombrado por la junta caída. Cuando Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, fue informado de esta noticia, decidió que finalmente era el momento ideal para tomar medidas contra Cisneros. Los higos habían madurado. Martín Rodríguez propuso derrocar al virrey por la fuerza, pero Castelli y Saavedra rechazaron esta idea y propusieron convocar un cabildo abierto.

Aunque el virrey Cisneros intentó ocultar la noticia de la derrota española, el rumor ya se había extendido por todo Buenos Aires. La mayor parte de la población estaba inquieta; hubo una alta actividad en los cuarteles y en la Plaza, y la mayoría de las tiendas estaban cerradas. El “Café de Catalanes” y la “Fonda de las Naciones”, frecuentes lugares de reunión criollos, se convirtieron en lugares de debate político y proclamaciones radicales; Francisco José Planes gritó que Cisneros debería ser ahorcado en la Plaza como retribución por la ejecución de los líderes de la desafortunada revolución de La Paz. Las personas que simpatizaban con el gobierno absolutista fueron acosadas, pero las peleas tuvieron poca importancia porque a nadie se le permitió sacar mosquetes o espadas del cuartel.

El Virrey, tratando de calmar a los criollos, dio su propia versión de los acontecimientos en una proclamación. Pidió lealtad al rey Fernando VII, pero el malestar popular continuó intensificándose. Estaba al tanto de las noticias, pero solo dijo que la situación en la Península Ibérica era delicada; No confirmó la caída de la Junta. Su propuesta fue crear un órgano de gobierno que gobernaría en nombre de Fernando VII, junto con el virrey de Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, el gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz y el presidente de la Real Audiencia de Charcas Vicente Nieto. 

No engañados por el comunicado del Virrey, algunos criollos se reunieron en las casas de Nicolás Rodríguez Peña y Martín Rodríguez. Durante estas reuniones secretas, nombraron una comisión representativa compuesta por Juan José Castelli y Martín Rodríguez para solicitar que Cisneros convocara un cabildo abierto para decidir el futuro del Virreinato. 

Durante la noche del 19 de mayo hubo más discusiones en la casa de Rodríguez Peña. Saavedra, convocado por Viamonte, se unió a la reunión, en la que participaron líderes militares y civiles. Acordaron que Belgrano y Saavedra se reunirían con Juan José de Lezica, el alcalde superior (magistrado municipal), mientras que Castelli se reuniría con el procurador Julián de Leiva, para pedirles su apoyo. Le pidieron al virrey que permitiera un cabildo abierto, y dijeron que si no se otorgaba libremente a la gente y las tropas criollas marchaban a la Plaza, obligaban al virrey a renunciar por cualquier medio necesario y lo reemplazaban con un gobierno patriota. Saavedra le comentó a Lezica que era sospechoso de traición debido a sus constantes -excesivas- solicitudes de pasos prudentes y medidos. Este comentario fue diseñado para presionar a Lezica para que acelere el sistema legal y permita que las personas se expresen, o de lo contrario se arriesgue a una gran rebelión. Lezica pidió paciencia y tiempo para persuadir al virrey y dejar una manifestación masiva como último recurso. Argumentó que si el Virrey fuera depuesto de esa manera, constituiría una rebelión, lo que convertiría a los revolucionarios en forajidos. Manuel Belgrano dio el siguiente lunes como fecha límite para confirmar el cabildo abierto antes de tomar acción directa. Leiva actuaría más tarde como mediador, siendo a la vez confidente de Cisneros y negociador confiable para los revolucionarios más moderados.

Lezica informó a Cisneros de la solicitud de un cabildo abierto y el Virrey consultó a Leiva, quien habló a favor de ello. El Virrey convocó a los comandantes militares para que acudieran al fuerte a las 7 pm. para exigir apoyo militar. Hubo rumores de que podría ser una trampa para capturarlos y tomar el control de los cuarteles. Para evitar esto, tomaron el mando de los granaderos que custodiaban el Fuerte y se apoderaron de las llaves de todas las entradas al reunirse con el Virrey. El coronel Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, respondió en nombre de todos los regimientos criollos. Comparó la situación internacional actual con la que prevalecía en el momento del motín de Álzaga más de un año antes, señaló que España estaba ahora casi enteramente bajo control napoleónico y que las provincias españolas invictas eran muy pequeñas en comparación con las Américas. Rechazó el reclamo de soberanía de Cádiz sobre las Américas, y concluyó que los ejércitos locales querían cuidarse a sí mismos, en lugar de seguir el destino de España. Finalmente, señaló que la Junta Central Suprema que nombró a Cisneros como Virrey ya no existía, por lo que rechazó la legitimidad de Cisneros como Virrey y le negó la protección de las tropas bajo su mando. 

Castelli y Martín Rodríguez se llegaron hasta el Fuerte para una entrevista con Cisneros. Juan Florencio Terrada, comandante de los Granaderos de Infantería, se unió a ellos porque sus cuarteles estaban ubicados debajo de la ventana de Cisneros, y su presencia no permitiría que el Virrey solicitara ayuda militar para tomar prisioneros a Castelli y Martín Rodríguez. Los guardias los dejaron pasar sin avisar, y encontraron a Cisneros jugando a las cartas con el brigadier Quintana, el fiscal Caspe y su ayudante Coicolea. Castelli y Rodríguez exigieron una vez más la convocación de un cabildo abierto, y Cisneros reaccionó con enojo, considerando su petición como indignación. Rodríguez lo interrumpió y lo obligó a dar una respuesta definitiva. Después de una breve conversación privada con Caspe, Cisneros dio su consentimiento a regañadientes. 

Esa noche, muchos de los revolucionarios asistieron a una producción teatral sobre el tema de la tiranía, llamada Roma Salvada. El actor principal fue Morante, interpretando a Cicerón. El jefe de policía le pidió a Morante que fingiera estar enfermo y no aparecer, para que la obra pudiera ser reemplazada por Misantropía y Arrepentimiento escrita por el novelista y dramaturgo alemán August von Kotzebue. Los rumores de censura policial se difundieron rápidamente; Morante ignoró la solicitud y realizó la jugada como estaba previsto. En el cuarto acto, Morante pronunció un discurso patriótico sobre la amenaza de la Galia en Roma (los galos son antepasados ​​de los franceses) y la necesidad de un liderazgo fuerte para resistir el peligro. Esta escena levantó el ánimo de los revolucionarios y provocó un frenético aplauso. Juan José Paso se puso de pie y clamó por la libertad de Buenos Aires.

Después de la obra, los revolucionarios regresaron a la casa de Peña conociendo allí el resultado de la reunión con Cisneros, pero no estaban seguros de si Cisneros tenía la intención de cumplir su palabra. Organizaron una manifestación para el día siguiente para garantizar que el cabildo abierto se llevara a cabo como se decidió.

A las 3 pm, el Cabildo comenzó su trabajo rutinario, pero fue interrumpido por 600 hombres armados llamados Legión Infernal, que ocuparon la Plaza de la Victoria y exigieron en voz alta la convocación de un cabildo abierto y la renuncia del Viceroy Cisneros. Llevaban un retrato de Fernando VII y las solapas de sus chaquetas llevaban una cinta blanca que simbolizaba la unidad criolla-española. Domingo French, el cartero de la ciudad, y Antonio Beruti, un empleado de la tesorería, encabezaron a los manifestantes. Se rumoreaba que Cisneros había sido asesinado y que Saavedra tomaría el control del gobierno. Saavedra estaba en el cuartel en ese momento, preocupado por la manifestación. Pensó que la violencia debería detenerse y que se deberían prevenir medidas radicales como el asesinato de Cisneros, pero también pensó que las tropas se amotinarían si se suprimían las manifestaciones. La gente en la Plaza no creía que Cisneros permitiría el cabildo abierto al día siguiente. Leiva dejó el Cabildo, y Belgrano, quien representaba a la multitud, solicitó un compromiso definitivo. Leiva explicó que todo saldría como estaba previsto, pero el Cabildo necesitaba tiempo para prepararse. Pidió a Belgrano que ayudara al Cabildo con el trabajo, ya que su intervención sería vista por la multitud como una garantía de que sus demandas no serían ignoradas. La multitud abandonó la sala principal pero se quedó en la Plaza. Belgrano protestó por la lista de invitados, que consistía de los ciudadanos más ricos, y pensó que si los pobres se quedaban fuera, habría más disturbios. Los miembros del Cabildo trataron de convencerlo de que brindara su apoyo, pero se fue.

La partida de Belgrano enfureció a la multitud, ya que no explicó lo que había sucedido, y la gente temía una traición. Las demandas de renuncia inmediata de Cisneros reemplazaron a las de un cabildo abierto. La gente finalmente se asentó y se dispersó cuando Saavedra intervino para decir que las afirmaciones de la Legión Infernal eran apoyadas por los militares.

Las invitaciones se distribuyeron entre 450 ciudadanos y funcionarios destacados de la capital. El Cabildo compiló la lista de invitados e intentó garantizar el resultado, invitando a personas que probablemente apoyarían al Virrey. Los revolucionarios contrarrestaron este movimiento con uno similar, de modo que la mayoría de la gente estaría en contra de Cisneros. El impresor Agustín Donado, apoyando a los revolucionarios, imprimió cerca de 600 invitaciones en lugar de las 450 solicitadas y distribuyó el excedente entre los criollos. Durante la noche, Castelli, Rodríguez, French y Beruti visitaron todos los cuarteles para organizar las tropas y prepararlas para el día siguiente.

De acuerdo con las actas, solo 251 de los 450 invitados invitados asistieron al cabildo abierto. French y Beruti, al mando de 600 hombres armados con cuchillos, escopetas y rifles, controlaban el acceso a la plaza para asegurar que el cabildo abierto tuviera una mayoría de criollos. Todos los religiosos y civiles notables estuvieron presentes, así como los comandantes de las milicias y muchos residentes prominentes. La única ausencia notable fue la de Martín de Álzaga, quien todavía estaba bajo arresto domiciliario.

Un comerciante, José Ignacio Rezábal, asistió al cabildo abierto pero, en una carta al sacerdote Julián S. de Agüero, dijo que tenía algunas dudas compartidas por otras personas cercanas a él. Temía que, sin importar qué partido prevaleciera en el cabildo abierto, se vengaría del otro, ya que el Motín de Álzaga es un precedente reciente. Sintió que el cabildo abierto carecería de legitimidad si se permitiera a muchos criollos participar en él como resultado de la manipulación mencionada anteriormente de la lista de invitados. 

La reunión duró desde la mañana hasta la medianoche, incluida la lectura de la proclamación, el debate y la votación. No hubo ninguna votación secreta; los votos se escucharon uno por uno y se registraron en el acta. Los principales temas del debate fueron la legitimidad del gobierno y la autoridad del virrey. El principio de la retroversión de la soberanía al pueblo establecía que, en ausencia del monarca legítimo, el poder regresaba al pueblo; tenían derecho a formar un nuevo gobierno. Este principio era un lugar común en la escolástica española y en la filosofía racionalista, pero nunca se había aplicado en la jurisprudencia. Su validez dividió la asamblea en dos grupos principales: un grupo la rechazó y argumentó que la situación debería permanecer sin cambios; Este grupo apoyó a Cisneros como Viceroy. El otro grupo apoyó el cambio y consideró que deberían establecer una junta, como las establecidas en España para reemplazar al Virrey. También hubo una tercera posición, tomando el término medio. Los promotores del cambio no reconocieron la autoridad del Consejo de Regencia y argumentaron que las colonias en América no fueron consultadas en su formación. El debate discutió tangencialmente la rivalidad entre criollos y peninsulares; los partidarios del Virrey consideraron que la voluntad de los peninsulares debería prevalecer sobre la de los criollos. 

Uno de los oradores para el primer puesto fue el obispo de Buenos Aires, Benito Lue y Riega, líder de la iglesia local, quien dijo:

No solo no hay razón para deshacerse del Virrey, sino que incluso si no queda parte de España sin someter, los españoles en Estados Unidos deberían recuperarlo y reanudar el control sobre él. América solo debería ser gobernada por los nativos cuando ya no haya un español allí. Si incluso un solo miembro de la Junta Central de Sevilla aterrizara en nuestras costas, deberíamos recibirlo como el Soberano. 

Juan José Castelli fue el principal orador de los revolucionarios. Basó su discurso en dos ideas clave: la legitimidad vencida del gobierno (declaró que la Junta Central Suprema estaba disuelta y no tenía derechos para designar una Regencia) y el principio de la retroversión de la soberanía. Habló después de Riega y respondió que el pueblo estadounidense debería asumir el control de su gobierno hasta que Fernando VII pudiera regresar al trono.

Nadie podría llamar criminal a toda la nación, ni a los individuos que han expresado sus opiniones políticas. Si el derecho de conquista pertenece por derecho al país conquistador, sería justo que España renuncie a resistir a los franceses y se someta a ellos, según los mismos principios por los cuales se espera que los estadounidenses se sometan a los pueblos de Pontevedra. La razón y la regla deben ser iguales para todos. Aquí no hay conquistadores ni conquistados; Aquí sólo hay españoles. Los españoles de España han perdido su tierra. Los españoles de América están intentando salvar los suyos. Que los de España se traten a sí mismos como puedan; No te preocupes, nosotros los españoles americanos sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, sugiero que votemos: que reemplacemos al Virrey con una nueva autoridad que estará sujeta al estado matriz si se salva de los franceses, e independiente si España finalmente es subyugada.

Pascual Ruiz Huidobro declaró que, dado que la autoridad que designó a Cisneros había expirado, Cisneros ya no debería tener un lugar en el gobierno. Huidobro sintió que el Cabildo debería estar en el gobierno, ya que era el representante de la gente. Melchor Fernández, Juan León Ferragut y Joaquín Grigera apoyaron su voto, entre otros.

El abogado Manuel Genaro Villota, representante del conservador español, dijo que la ciudad de Buenos Aires no tenía derecho a tomar decisiones unilaterales sobre la legitimidad del virrey o el Consejo de Regencia sin la participación de otras ciudades del virreinato. Argumentó que tal acción rompería la unidad del país y establecería tantas soberanías como ciudades. Su intención era mantener a Cisneros en el poder retrasando cualquier posible acción. Juan José Paso aceptó su primer punto, pero argumentó que la situación en Europa y la posibilidad de que las fuerzas de Napoleón pudieran conquistar las colonias americanas exigían una resolución urgente. Luego expuso el “argumento de la hermana mayor”, razonando que Buenos Aires debería tomar la iniciativa y hacer los cambios que se consideren necesarios y apropiados, con la condición expresa de que las otras ciudades serían invitadas a comentar lo antes posible. El dispositivo retórico de la “hermana mayor”, comparable con negociacioum gestio, hace una analogía entre la relación de Buenos Aires y otras ciudades del virreinato con una relación de hermanos. 

El sacerdote Juan Nepomuceno Solá propuso que el Cabildo recibiera el mando provisional, hasta que se formara una junta de gobierno compuesta por representantes de todas las poblaciones del Virreinato. Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga (quienes serían miembros de la Primera Junta unos días después), Escalada y Argerich (o Aguirre) apoyaron su voto, entre otros. 

Cornelio Saavedra sugirió que el Cabildo debería recibir el comando provisional hasta la formación de una junta de gobierno en la forma que el Cabildo consideraría apropiado. Dijo: “… no habrá duda de que son las personas las que crean autoridad u orden”. En el momento de la votación, la posición de Castelli coincidió con la de Saavedra.

Manuel Belgrano estaba parado cerca de una ventana y, en caso de un problema de desarrollo, daría una señal al prescindir de un paño blanco, sobre el cual las personas reunidas en la Plaza forzaron su camino hacia el Cabildo. Sin embargo, no hubo problemas y este plan de emergencia no se implementó. El historiador Vicente Fidel López reveló que su padre, Vicente López y Planes, quien estuvo presente en el evento, vio que Mariano Moreno estaba preocupado cerca del final a pesar de la mayoría alcanzada. Moreno le dijo a Planes que el Cabildo estaba a punto de traicionarlos.

El debate del 23 de mayo duró todo el día, y los votos se contabilizaron muy tarde esa noche. Después de las presentaciones, la gente votó a favor de la continuación del Virrey, solo o al frente de una junta, o su destitución. Las ideas explicadas se dividieron en un pequeño número de propuestas, designadas con los nombres de sus principales partidarios, y la gente votó por una de esas propuestas. La votación duró mucho tiempo, y el resultado fue despedir al Virrey por una gran mayoría: 155 votos contra 69. 

Manuel José Reyes declaró que no encontró razón para destituir al Virrey, y que sería suficiente nombrar una junta encabezada por Cisneros. Su propuesta tuvo casi 30 votos. Otros 30 votos apoyaron a Cisneros, sin ningún cambio en el sistema político. Un pequeño grupo apoyó la propuesta de Martín José de Choteco, quien también apoyó a Cisneros. 

También hubo muchas propuestas diferentes que involucraron la remoción de Cisneros. Muchos de ellos exigían que las nuevas autoridades fueran elegidas por el Cabildo. Pascual Ruiz Huidobro propuso que el Cabildo debería gobernar mientras tanto y nombrar un nuevo gobierno, pero esta propuesta no hacía referencia a la soberanía popular ni a la creación de una junta. Esta propuesta recibió 35 votos y buscó simplemente reemplazar a Cisneros con Huidobro: Huidobro era el oficial militar de mayor rango y, por lo tanto, el candidato natural según las leyes actuales para reemplazar al virrey en la falta de un nuevo nombramiento de España. Juan Nepomuceno Solá propuso una junta compuesta por delegados de todas las provincias del virreinato, mientras que el Cabildo debería gobernar en el ínterin; Esta propuesta recibió casi 20 votos. Cornelio Saavedra, cuya propuesta mencionada anteriormente era que el Cabildo debería designar una Junta y gobernar en el ínterin, obtuvo el mayor número de votos. Algunas otras propuestas recibieron solo unos pocos votos cada una.

Al amanecer de ese 23 de mayo, el Cabildo informó a la población que el Virrey terminaría su mandato. La máxima autoridad sería transferida temporalmente al Cabildo hasta el nombramiento de una junta de gobierno. Se colocaron avisos en varios puntos de la ciudad, que anunciaron la inminente creación de una junta y la convocatoria de representantes de las provincias. Los avisos también pedían al público que se abstuviera de acciones contrarias a las políticas públicas.

El Cabildo interpretó la decisión del cabildo abierto a su manera. Cuando formó la nueva Junta para gobernar hasta la llegada de representantes de otras ciudades, Leiva dispuso que el ex virrey Cisneros fuera nombrado presidente de la Junta y comandante de las fuerzas armadas. Hay muchas interpretaciones de sus motivos para apartarse de la decisión del cabildo abierto de esta manera y todas se dirigían a su amistad con el virrey. Otros cuatro miembros fueron nombrados a la Junta: los criollos Cornelio Saavedra y Juan José Castelli, y los peninsulares Juan Nepomuceno Solá y José Santos Inchaurregui. 

Leiva escribió un código constitucional para regular las acciones de la Junta. Se estipulaba que la Junta no podía ejercer el poder judicial, que estaba reservado para la Real Audiencia de Buenos Aires; que Cisneros no podría actuar sin el apoyo de los otros miembros de la Junta; que el Cabildo podía despedir a cualquiera que descuidara su deber; que se requeriría el consentimiento del Cabildo para crear nuevos impuestos; que la Junta sancionaría una amnistía general para aquellos que habían emitido opiniones en el cabildo abierto; y que la Junta invitaría a las otras ciudades a enviar delegados. Los comandantes de las fuerzas armadas, incluidos Saavedra y Pedro Andrés García, aceptaron este código. La Junta hizo el juramento de su cargo esa tarde del 24 de mayo.

Estos acontecimientos conmocionaron a los revolucionarios. Sin saber qué hacer a continuación, temían ser castigados, como los revolucionarios de Chuquisaca y La Paz. Moreno abandonó las relaciones con los demás y se encerró en su casa. Hubo una reunión en la casa de Rodríguez Peña. Sentían que el Cabildo no perseguiría tal complot sin la bendición de Saavedra y que Castelli debería renunciar a la Junta. Tagle tuvo una opinión diferente: pensó que Saavedra podría haber aceptado por debilidad o ingenuidad y que Castelli debería permanecer en la Junta para contrarrestar la influencia de los demás en él. Mientras tanto, una multitud encabezada por Domingo French y Antonio Beruti llenó la Plaza. La estabilidad de Cisneros en el poder, aunque en una oficina diferente a Viceroy, fue vista como un insulto a la voluntad del cabildo abierto.El coronel Martín Rodríguez advirtió que, si el ejército comprometía apoyo a un gobierno que mantenía a Cisneros, pronto tendrían que disparar contra la gente y que se rebelarían. Dijo que “todos sin excepción” exigían la remoción de Cisneros. 

Esa noche, Castelli y Saavedra informaron a Cisneros de su renuncia a la recién formada Junta. Explicaron que la población estaba al borde de una revolución violenta y eliminaría a Cisneros por la fuerza si él no renunciaba también. Advirtieron que no tenían el poder para detener eso: ni Castelli para detener a sus amigos, ni Saavedra para evitar que el Regimiento de Patricios se amotinara. Cisneros quería esperar al día siguiente, pero dijeron que no había tiempo para más retrasos, por lo que finalmente aceptó renunciar. Envió una carta de renuncia al Cabildo para su consideración al día siguiente. Chiclana se sintió animado cuando Saavedra renunció y comenzó a solicitar firmas para un manifiesto sobre la voluntad del pueblo. Moreno se negó a involucrarse más, pero Castelli y Peña confiaban en que eventualmente se uniría a ellos si los eventos se desarrollaban como esperaban.

Según la leyenda, en la mañana del 25 de mayo, a pesar del mal tiempo, una multitud se reunió en la Plaza de la Victoria, al igual que la milicia dirigida por Domingo French y Antonio Beruti. Exigieron la destitución de la Junta elegida el día anterior, la renuncia final de Cisneros y el nombramiento de una nueva junta que no lo incluyó. El historiador Bartolomé Mitre afirmó que French y Beruti distribuyeron cintas azules y blancas, similares a la escarapela moderna de la Argentina, entre los presentes. Los historiadores posteriores lo dudan, pero consideran posible que los revolucionarios usaran marcas distintivas de algún tipo para su identificación. Se rumoreaba que el Cabildo podría rechazar la renuncia de Cisneros. Debido a los retrasos en la emisión de una resolución oficial, la multitud se agitó y clamó que “la gente quiere saber qué está pasando”, o como es popularmente difundido: “La gente quiere saber de que se trata”

El Cabildo se reunió a las 9 am y rechazó la renuncia de Cisneros. Consideraron que la multitud no tenía el derecho legítimo de influir en algo que el Cabildo ya había decidido e implementado. Consideraron que, como la Junta estaba al mando, la manifestación debía ser reprimida por la fuerza, y responsabilizó a los miembros por cualquier cambio en la resolución del día anterior. Para hacer cumplir esas órdenes, convocaron a los comandantes en jefe, pero éstos no obedecieron. Muchos de ellos, incluido Saavedra, no aparecieron. Los que lo hicieron afirmaron que no podían apoyar la orden del gobierno y que los comandantes serían desobedecidos si ordenaban a las tropas reprimir a los manifestantes. 

La agitación de la multitud aumentó e invadió la sala capitular. Leiva y Lezica solicitaron que alguien que pudiera actuar como portavoz de la gente se uniera a ellos dentro del salón y explicara los deseos de la gente. A Beruti, Chiclana, French y Grela se les permitió pasar. Leiva intentó desalentar al alborotador Pancho Planes, pero tambiéneste  entró en la sala. El Cabildo argumentó que Buenos Aires no tenía derecho a romper el sistema político del virreinato sin discutirlo con las otras provincias; French y Chiclana respondieron que la convocatoria de un Congreso ya había sido considerada. El Cabildo llamó a los comandantes para deliberar con ellos. Como había ocurrido varias veces en los últimos días, Romero explicó que los soldados se amotinarían si fueran obligados a luchar contra los manifestantes en nombre de Cisneros. El Cabildo aún se negó a rendirse, hasta que se escuchó el ruido de la manifestación en el vestíbulo. Temían que los manifestantes pudieran invadir el edificio y llegar a ellos. Martín Rodríguez señaló que la única forma de calmar a los manifestantes era aceptar la renuncia de Cisneros. Leiva aceptó, convenció a los otros miembros y la gente regresó a la Plaza. Rodríguez se dirigió a la casa de Azcuenaga para reunirse con los otros revolucionarios para planificar las etapas finales de la rebelión. La manifestación volvió a invadir el Cabildo y llegó a la sala de deliberaciones. Beruti habló en nombre del pueblo y dijo que la nueva Junta debería ser elegida por el pueblo y no por el Cabildo. Dijo que, además de las casi 400 personas que ya se habían reunido, los cuarteles estaban llenos de personas que los apoyaban, y amenazó con tomar el control, por la fuerza si fuera necesario. El Cabildo respondió solicitando sus demandas por escrito.

Después de un largo intervalo, un documento que contenía 411 firmas fue entregado al Cabildo. Este documento propuso una nueva composición para la Junta de gobierno y una expedición de 500 hombres para ayudar a las provincias. El documento, aún conservado, incluía a la mayoría de los comandantes del ejército y muchos residentes bien conocidos, y contenía muchas firmas ilegibles. French y Beruti firmaron el documento, declarando “por mí y para seiscientos más”. Sin embargo, no hay una opinión unánime entre los historiadores acerca de la autoría del documento. Mientras tanto, el clima mejoró y el sol atravesó las nubes.  La gente en la plaza lo vio como un presagio favorable para la revolución. El Sol de mayo se creó unos años más tarde con referencia a este evento. 

El Cabildo aceptó el documento y se trasladó al balcón para enviarlo directamente a la gente para su ratificación. Pero, debido a la hora tardía y al clima, el número de personas en la plaza había disminuido. Leiva ridiculizó el reclamo de los representantes restantes para hablar en nombre del pueblo. Esto llevó la paciencia de los pocos que todavía estaban en la plaza bajo la lluvia. Beruti no aceptó más retrasos y amenazó con llamar a las personas a las armas. Frente a la perspectiva de más violencia, la petición popular fue leída en voz alta e inmediatamente ratificada por los presentes.

Finalmente se estableció la Primera Junta. Estaba compuesta por el presidente Cornelio Saavedra, los miembros Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Domingo Matheu y Juan Larrea, y los secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno. Las reglas que lo rigen eran aproximadamente las mismas que se emitieron el día anterior, con las disposiciones adicionales que el Cabildo vigilaría a los miembros de la Junta y que la Junta misma designaría reemplazos en caso de vacantes. Saavedra habló a la multitud, y luego se trasladó al Fuerte, entre salvas de artillería y el repique de campanas.  Mientras tanto, Cisneros envió a un comisionista de correos a la provincia de Córdoba, Argentina, para advertir a Santiago de Liniers sobre lo ocurrido en Buenos Aires y solicitar una acción militar contra la Junta.

Según Breve historia de los Argentinos, de Félix Luna, una de las consecuencias sociales más importantes de la Revolución de mayo fue el cambio en la forma en que se relacionaron las personas y sus gobernantes. Hasta entonces, prevaleció la concepción del bien común: mientras que la autoridad real era plenamente respetada, si una instrucción de la corona de España se consideraba perjudicial para el bien común de la población local, era a medias o simplemente ignorada. Con la revolución, el concepto de bien común dio paso al de soberanía popular, como lo teorizan Moreno, Castelli y Monteagudo, entre otros. Esta idea sostenía que, en ausencia de una autoridad legítima, el pueblo tenía el derecho de designar a sus propios líderes. Con el tiempo, la soberanía popular daría paso a la idea del gobierno de la mayoría. Esta maduración de las ideas fue gradual, tardando muchas décadas en cristalizarse en sistemas electorales y políticos estables, pero fue lo que finalmente llevó a la adopción del sistema republicano como la forma de gobierno para la Argentina. Domingo Faustino Sarmiento expresó puntos de vista similares en su Facundo, y observó que las ciudades eran más receptivas a las ideas republicanas, mientras que las áreas rurales eran más resistentes a ellas, lo que llevó a la oleada de caudillos.

Otra consecuencia, también según Félix Luna, fue la disolución del Virreinato del Río de la Plata en varias unidades diferentes.  La mayoría de las ciudades y provincias tenían poblaciones, economías, actitudes, contextos e intereses distintivos. Hasta la revolución, todos estos pueblos estaban unidos por la autoridad del gobierno español, pero con su desaparición, la gente de Montevideo, Paraguay y el Alto Perú comenzó a distanciarse de Buenos Aires. La breve existencia del Virreinato del Río de la Plata, que había durado apenas 38 años, impidió la consolidación de un sentimiento patriótico y no logró dar un sentido de comunidad a toda la población. El nuevo país de Argentina carecía de un concepto establecido de identidad nacional capaz de unir a la población bajo una idea común de la estadidad. Juan Bautista Alberdi ve a la Revolución de mayo como una de las primeras manifestaciones de las luchas de poder entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias, uno de los conflictos axiales en juego en las guerras civiles argentinas. Alberdi así lo definió en su libro “Escritos póstumos”:

La revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires, destinada a ganar la independencia de Argentina de España, también tuvo como consecuencia la emancipación de la provincia de Buenos Aires de Argentina o, más bien, la imposición de la autoridad de esta provincia a toda la nación emancipada de España. . Ese día, el poder español sobre las provincias argentinas terminó y se estableció el de Buenos Aires.

PrisioneroEnArgentina.com

Mayo 25, 2019