El proyecto de reforma del rol de las Fuerzas Armadas Argentinas tiene sus bemoles. Al respecto, hay que decir que en la década del ’70 y por orden del gobierno constitucional de entonces, las FF.AA. cumplieron la misión encomendada de “aniquilar” la agresión terrorista. El gobierno de María Martínez de Perón puso como justificativo el que las fuerzas policiales habían sido desbordadas por la magnitud del ataque subversivo. El decreto, además, ordenaba que las Fuerzas de Seguridad (nacionales y provinciales) más el Servicio Penitenciario quedaban bajo el mando de las FF.AA. Dicha orden se dio bajo el supuesto de que los hombres que desarrollarían las acciones estaban cubiertos por el Código de Justicia Militar y los jueces castrenses. Así debió ser, pero no fue. Pues, en una clara violación de la Constitución Nacional y de los principios universales del derecho, se juzgó a los que participaron en la represión del terrorismo con la justicia federal ordinaria.
Los políticos enviaron a los militares a matar y luego condenaron por haber matado. Después de cuarenta años, ¿se repetirá la historia? ¿Quién les garantiza a los militares que en esta ocasión no serán nuevamente traicionados por los políticos y que el código de justicia militar será el que evalué las acciones bélicas? La palabra del presidente Macri, del gobierno todo y de la oposición en este caso, no vale NADA. Y ello porque el gobierno de Macri actualmente avala los “juicios de lesa humanidad” en los que jueces civiles, inconstitucionalmente, juzgan a los militares que intervinieron en los hechos de guerra de los años ’70. Pero no sólo avala sino que, además, Macri, por intermedio de la Sec. de DD.HH. de la Nación, se constituye en querellante de los acusados. ¿Quién garantiza que el abatimiento de un terrorista no será visto como crimen de lesa humanidad? ¿Acaso, el que hoy querella militares?
El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande Marcelo Alejandro Rapoport requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los supuestos crímenes “contra la humanidad” que se habrían cometido en contra de conscriptos argentinos durante la Guerra de Malvinas. En todos los países civilizados del mundo existe un código de justicia militar que rige exclusivamente para los miembros de las Fuerza Armadas, dada la situación especial en que se desarrolla esta profesión. La Argentina es una de las pocas excepciones a esta regla gracias a que en el año 2008 el Senado de la Nación sancionó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la ley que derogó dicho código. Especialmente en la guerra, pero también en la paz, la institución militar se rige por una disciplina de hierro cuya base es la obediencia al superior en ausencia de la cual un ejército deja de ser tal, es decir, totalmente inutilizado para su fin específico.
Dado que en los últimos 15 años los tres poderes de la república han hecho todo lo que estuvo a su alcance para destruir, material y moralmente a las FF.AA., a nadie sorprende el pedido del fiscal Rapoport para la detención de oficiales y suboficiales que pelearon en Malvinas,. El hecho de que durante la Guerra de Malvinas rigiera el Código de Justicia Militar para los que estaban en el frente es anecdótico porque, como se ha visto hasta el hartazgo en los juicios de lesa humanidad, cuando las leyes lesionan al reo se pueden aplicar de manera retroactiva. En este caso el Código Penal y no el Código Militar (derogado en 2008 pero vigente en esa época de la Guerra de Malvinas) se convierte en el nuevo marco legal que tamizará las posibles conductas delictuales de hace 36 años. Pero no sólo las que el fiscal imputa a los soldados aludidos sino otras todavía mucho más graves y hartamente probadas como el asesinato de soldados ingleses, el ataque confeso y premeditado con misil Exocet al HMS Sheffield (que provocó su hundimiento) o el derribo de aviones Sea Harrier.
El Código Penal argentino no hace distinciones de nacionalidad cuando se trata de asesinatos. Y en virtud de la aplicación retroactiva de uno y la anulación de los efectos del otro (el militar) lo lógico sería marchar en busca de todos los “delitos” que se cometieron a los conscriptos de todas las clases desde que existe el Ejército Argentino. El fiscal Rapoport bien podría avanzar, usando la figura de “privación ilegítima de la libertad” contra los oficiales y suboficiales que, por ejemplo, privaban de franco a soldados castigados; y éste último, además, en concurso con el de “aplicación de tormentos”; porque “el salto de rana y el cuerpo a tierra y carrera mar” encaja perfectamente en esa figura penal. Dice Rapoport: “Una de las pruebas importantes son las actas que les hacían firmar [a los conscriptos], una vez que regresaron al continente, donde indicaban que no habían sufrido ningún tipo de perjuicio en su contra”. En las actuales circunstancias, dicha “prueba” alcanza y sobra para que cualquier tribunal federal condene a prisión perpetua.
El dato de la realidad de que ningún diputado, gobernador, cura o periodista haya siquiera murmurado la menor crítica al fiscal Rapoport y al Ministerio Público Fiscal, en la persona de Jorge Auat, por tamaña violación de los derechos humanos de los 26 acusados demuestra el grado de decadencia y/o cobardía de la sociedad argentina. No hace mucho, cuando la desaparición del submarino ARA San Juan, la vicepresidenta Graciela Michetti declaró sobre la necesidad de diseñar una “política para las FF.AA.” Es decir, ¡nunca la tuvieron! Peor aún, siguen la inercia kirchnerista, que sí tenía una: la destrucción de las FF.AA.
Si este fuera un país medianamente decente y no la comparsa en la que se ha convertido, los diputados, senadores, gobernadores, ministros, magistrados y punteros políticos estarían haciendo cola exigiéndole la renuncia a los impresentables de Rapoport y Auat.
Pero, no hay que perder las esperanzas en la justicia federal. Debe haber en la Argentina actual, yo no la conozco, pero estoy casi seguro que debe haber una persona a la cual, sin profanar el idioma, resulte posible decirle: Buen día, Sr. Juez…
¿Cómo se entiende que en la discusión del precio de las tarifas de servicios públicos (gas, agua y energía eléctrica), esté ausente el costo de dichos servicios? Semejante despropósito que debe tener alguna explicación. ¿Será que la opinión pública ha sido ganada por periodistas y políticos populistas que entienden que el precio del kWh (Kilovatio/hora) debe establecerse en función de lo “políticamente correcto” en desmedro de lo que el producto efectivamente vale? ¿La célebre afirmación de Friedman: “no existe tal cosa como un almuerzo gratis” es aplicable a a un metro cúbico de gas natural? El aire es gratis; no así el agua que sale de la canilla, el gas domiciliario y la electricidad que distribuye la red. Si el que consume no paga o paga menos de lo que cuesta, entonces, necesariamente, hay otro que está pagando por él. Vale remachar esta obviedad porque hay gente que concibe al Estado como un Papá Noel provisto de una bolsa de recursos infinitos que debe hacerse cargo de la diferencia. Para fabricar dinero sólo hace falta una imprenta, papel y tinta. Ahora bien, cosa totalmente distinta y, hasta opuesta, es fabricar (producir) riqueza. Cada billete que imprime, gasta y malgasta el Estado obtiene valor sólo en la medida en que representa la riqueza producida por alguien ajeno a él. No es con el capital propio que los presidentes, gobernadores, intendentes y legisladores hacen “justicia social” repartiendo subsidios, casas y zapatillas sino con el dinero de los contribuyentes. Por lo demás, que no pocos destinen parte sustancial de ese saqueo a la propaganda que los muestra como benefactores de los desposeídos revela la catadura moral de ciertos sujetos. Es el caso de los kirchneristas que, en lugar de política energética, hicieron política electoral al mantener artificialmente fijo el precio de las tarifas mientras la inflación subía por el ascensor. El resultado previsible, advertido a coro por todos los especialistas en la materia, fue el derroche de recursos, desabastecimiento energético y la desinversión en exploración y producción. Que los que nos condujeron directo a este colapso se rasguen ahora las vestiduras por el sinceramiento tarifario es de un cinismo escatológico. Pero no sólo ellos sino también la izquierda y los ex kirchneristas de la primera hora Felipe Solá, Camaño, Maza y demás rompen lanzas contra el “tarifazo” de Macri. Se compadecen por los que sufrirán el aumento pero nada dicen de los que desde hace más de una década vienen financiando energía barata para que los funcionarios hagan populismo y/ o pingües negocios. En Argentina y en la China la energía se paga lo que vale y lo que no paga uno lo paga otro. La única manera real de bajar el precio en el corto plazo es bajar o eliminar la carga impositiva de la tarifa (35% de lo que se paga, promedio); pero de eso ningún diputado (de la oposición o el oficialismo) habla. Es que hay que pagar dietas de legisladores, sueldos de ministros, pasajes de avión, asesores, los ranchos indignos construidos por Milagro Salas y Bonafini, la persecución estatal infame a los ancianos militares y policías que lucharon contra la subversión, los gastos corrientes de la familia de Santiago Maldonado, y, no alcanza. De allí que la parte del león de las tarifas de los servicios públicos vaya para el Estado, el obligado socio que aparece a la hora del reparto de las ganancias. Ese dinero es sagrado y ¡guay del que lo toque! Faltaba más…
La sentencia dictada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba (Carlos Julio Lascano ; José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón, secretaria Mónica Clara Sánchez) por el estrago del año 1995 de la fábrica militar de Río Tercero es un compendio de disparates que, por dados por buenos y evidentes, son el mejor documento del estado indigente en que se encuentra el servicio de justicia de la Argentina. Semejante situación, como es obvio, no fue contemplada en la “autocrítica” de hace unos días del presidente de la Corte. Para Lorenzetti la falla de la “justicia” argentina pasa por dejar de coser con hilo los expedientes. Que se condenen a los militares sin pruebas y con inventos, en cambio, no es algo que llame su atención. Todo indica que en el juicio de Río Tercero se inventó un móvil para que cierre la hipótesis del atentado y desvirtuar la del accidente. Una maniobra que, de tan burda, resulta hasta sospechoso que no haya sido advertida y denunciada por la prensa y la clase política y que, por el contrario, haya sido avalada por estos. El “móvil” de la explosión de la fábrica, por el que fueron acusados y condenados cuatro militares dice exactamente así: “Todo ello se habría efectuado con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos,…” (los que habrían sido vendidos a Croacia y Ecuador). Para el Tribunal que dictó la sentencia y para la Cámara de Casación que la confirmó el móvil aludido alcanza el grado de certeza (“certeza de patas cortas”, debieran haber aclarado). El móvil del ocultamiento de armas y proyectiles tiene su historia, sus padres y sus beneficiarios y es la siguiente: La causa fue elevada a Juicio con la imputación de Estrago Culposo en los últimos días del año 2.000 (es decir, no se consideraba que la explosión había sido provocada intencionalmente). Ya en el Tribunal Oral el fiscal del mismo solicita una nueva pericia, conocida como la pericia oficial. Esta se realiza seis años después del estrago y, en virtud de que la misma sostenía que la explosión había sido producto de un hecho intencional (¿atentado?), el Tribunal Oral Federal N° 2 ordena que la causa vuelva a la 1ra instancia para que se desarrolle una instrucción suplementaria y suspende el inicio del juicio por estrago culposo; o que para estos jueces federales los actos judiciales no precluyen… Cabe aclarar que la pericia del organismo especializado de la Policía Federal, sustanciada a escasos días de la explosión, concluyó que se trataba de un accidente. El conjuez Diego Estévez, quién se hizo cargo de la causa luego de que el anterior magistrado se apartara, llevó adelante la instrucción con el mandato específico de investigar la hipótesis del atentado. Estévez, luego de una prolija investigación y fundado en razones avaladas por pruebas, falló que se trataba de un accidente y no de un atentado; sobreseyendo por esta acusación, por ende, a los imputados. Acto seguido, el presidente Néstor Kirchner reaccionó visceralmente descalificando al fallo y al juez. Automáticamente, el juez Estévez fue apartado de la causa y el fallo declarado nulo. El “móvil” de hacer explotar la fábrica para ocultar el “contrabando de armas” a Croacia y Ecuador había sido instalado con éxito.
Ahora bien, en la causa por el “Contrabando y Venta de Armas” (por la que fueron procesados y condenados Menem y otros) el delito que se imputa no es el “robo” de armas y municiones sino el destino prohibido que se les dio a estas y las supuestas coimas pagadas por dicha operación.
Por lo general, los estados que fabrican armas de guerra también venden dichas armas a otros estados. Es también costumbre que operaciones de compraventa de este tipo se hagan en secreto. Ello, obviamente, no quiere decir que estas no queden registradas en documentos oficiales. De allí que, si la venta y los productos estaban asentados y firmados por las autoridades respectivas entonces, no había nada que ocultar. Las armas y las municiones fueron vendidas y entregadas; a cambio, se recibió dinero; el cual también quedó registrado. Lo que si debía ocultarse, dado que tratados internacionales que habíamos suscripto lo prohibían, era que habían sido vendidas a Croacia y Ecuador y no a Panamá y Venezuela. Luego, volar la Fábrica Militar de Río Tercero no contribuía en nada a sostener que fueron vendidas a Panamá y Venezuela. Es ridículo esconder aquello que en los libros contables de la empresa estatal Fabricaciones Militares figuraba como vendido y entregado. De allí, que el móvil invocado por Ministerio Público Fiscal para sustentar la hipótesis del atentado es grotesco. Más grave todavía es que el Tribunal Oral Federal haya condenado bajo esa premisa absurda y que, por ello, cuatro inocentes marchen presos.
Es así nomás, como dijo alguien (importante) que en contadas veces la ficción suele imitar a la realidad. El de Río Tercero sería un caso típico, de estos que confirman la regla, de como un sujeto salta de un estado perverso a uno virtuoso en cuestión de segundos y de manera súbita. El caso que nos ocupa es el descripto, en los Fundamentos del fallo por causa por el estrago de la Fábrica Militar de Río Tercero, por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba (Carlos Julio Lascano ; José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón, Secretaria Dra. Mónica Clara Sánchez). En dicho escrito, el Mayor Marcelo Gatto, el oficial de menor graduación entre los militares condenados y el único que se encontraba dentro de la fábrica (los coroneles Cornejo Torino, Franke y De la Vega estaban fuera de la provincia de Córdoba), es expuesto como el imputado que asume en un lapso de escasos segundos de tiempo dos conductas diametralmente opuestas. La primera, descripta con cierto detalle, afirma, desde la más pura y frondosa imaginación, que Gatto se quedó en la fábrica a los efectos de controlar y dar cobertura a las personas (de las que no se conoce pelo o señal alguna; “…de identidad desconocidas.”) que llevaron adelante la preparación y la ejecución del monstruoso crimen de volar un polvorín inserto dentro de una ciudad de 40.000 habitantes y, todavía más grave, ubicado a pocos cientos de metros de la vivienda en la que se encontraban su hijo, su entonces esposa y la empleada doméstica (la casa fue afectada por tres proyectiles. Uno perforó el techo). Es decir que Gatto (Hyde), en pos de fines inconfesables y representándose el daño potencial de su acción, no tuvo el menor empacho de arriesgar su propia existencia, la vida y la hacienda de sus familiares más directos como, así también, de sus camaradas y de los riotercerenses todos. ¿Se puede ser más desalmado y ruin?
Ahora bien, iniciado el estrago y dadas las pruebas abrumadoras del comportamiento de Gatto en dichas circunstancias, el Tribunal no tiene más remedio que hacer aparecer al “otro yo” (Jeckill) de Marcelo Gatto. Textualmente, dice: “En el caso que nos ocupa el enjuiciado Marcelo Diego Gatto reaccionó de manera instantánea haciéndose cargo de la situación y dirigiéndose hacia la Planta de Carga poniendo en riesgo su vida […] Añadimos que en todo momento Gatto buscó proteger la vida de seres humanos –tanto de operarios de la Fábrica Militar de Río Tercero como de los vecinos de la ciudad- ayudando en todo lo que estaba a su alcance […] asumió el mando de la Fábrica ordenando a los trabajadores proteger su propia vida y la del personal, auxilió a civiles y camaradas resultando herido en esta acción, […]Lo expuesto se encuentra ratificado asimismo con los dichos del testigo Omar Nelson Ramón Gaviglio […]En igual sentido depusieron los testigos Carlos Sergio Cabral y Juan Carlos Roldán. Podemos aseverar que el procesado Marcelo Diego Gatto se comportó durante estos trágicos acontecimientos como un “militar de pura cepa” priorizando salvar a los obreros y ciudadanos de Río Tercero antes que su propia familia […]Añadimos que a pesar de sufrir una enfermedad cardíaca realizó una heroica actuación arriesgando su vida, que por ello resultó lesionado en su pierna derecha. Resaltamos que ese día pese a la sugerencia de los médicos que le habían expresado que se quedara internado por la dolencia que padecía, Marcelo Gatto desoyó esos consejos y continuó ayudando en la Fábrica…”
Es de tal magnitud la actuación de Gatto (Jeckill) que, aparentemente, el tribunal se vio obligado a inventar (¡SÍ, INVENTAR!) un agravante para mostrarlo un poco más “Hyde” y así balancear para justificar la pena de diez años de prisión que le impusieron. El invento consistió en adjudicarle la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, que Gatto cursó y obtuvo en el año 2002, de manera retroactiva al 3 de noviembre de 1995; o sea, 7 (siete) años después. Textualmente: “Finalmente, en el caso de Marcelo Diego Gatto, como agravantes debemos valorar […], su formación profesional específica –ingeniero militar en electrónica y aeronáutica, teniendo una especialización en Higiene y Seguridad del trabajo-“.
Como se sabe y está generalizado en los juicios de lesa humanidad, en todo aquello que tiene que ver con la ley y la retroactividad, para los militares, vale sólo cuando empeora la situación del reo.
Pues bien, la única y admisible explicación de las conductas abismalmente opuestas del acusado Gatto, la de minutos antes y la de minutos después de la explosión es que el sujeto sufre un grado de esquizofrenia galopante. Afección que, dado que no aparece mencionada en el fallo, ha pasado olímpicamente inadvertida para el Tribunal y que éste o una instancia superior debería enmendar. Si por el mero pero fundamental efecto del control republicano el absurdo queda firme, inevitablemente, no queda otra que concluir que los Mister Hyde han copado el sistema.
El proceso judicial que dispara una acusación contra un ciudadano tiene como término la condena o absolución de éste dictada por un juez o tribunal competente. Entre ambos extremos se entabla un debate entre los letrados que acusan y los que defienden al imputado. La garantía de justicia está dada en la medida en que: 1) la acusación tenga entidad epistemológico-legal para ser objeto de corroboración en un juicio; y 2) que el fallo resultante devenga, necesariamente, a que la acusación haya sido, o no, corroborada empíricamente con el grado de certeza que requiere la ley.
En el caso de la causa por el siniestro de la Fábrica Militar de Río Tercero el juez de la instrucción, Estévez, en el año 2006 consideró que la acusación del hecho intencional para provocar el estrago de la fábrica no tenía consistencia jurídica y absolvió a los imputados. Ello porque no se pudo probar ni que se trataba de un atentado, ni de la relación directa o indirecta entre los imputados y el acto eficiente de incendiar y/ o detonar los explosivos de la fábrica. El fallo de Estévez fue anulado y el fiscal Gonella junto con el juez reemplazante de Estévez, Ochoa, elevaron a juicio insistiendo con la hipótesis del atentado imputando de la manera siguiente:
“Se atribuye a los acusados—Carlos Jorge FRANKE, en su rol de Director de Producción de la DGFM (Dirección General de Fabricaciones Militares), a Edberto GONZÁLEZ De la VEGA, en su rol de Director de Coordinación empresaria de la DGFM, a Jorge Antonio CORNEJO TORINO, en su rol de Director de la FMRT (Fábrica Militar de Río Tercero) y a Marcelo Diego GATTO, en su rol de Jefe de la División Producción Mecánica de la FMRT, haber provocado el día 03/11/95, a las 08:55 horas aproximadamente, por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada, el incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga, […]”Asimismo, habiendo transcurrido unos minutos de ese primer estallido y con idéntica modalidad (intencional, programada y organizada), se provocó por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, otra explosión de mayor magnitud que las anteriores,…”
Así las cosas, la tarea específica del fiscal y de la cual depende la sentencia del juicio no puede ser otra que el acto de corroborar, empíricamente, la intencionalidad del siniestro y el vínculo de subordinación o complicidad que habría mediado entre los imputados y los autores directos de la explosión (“…personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce…”).
Pues bien, en el fallo, en relación a la imputación fiscal que afirma el atentado, no existe ni un solo testimonio, prueba o indicio que pueda dar cuentas de:
– a) qué mecanismos y cuáles sustancias, incendiaron y/ o detonaron el primer tambor de explosivos;
– b) cuándo y cómo, dichos mecanismos y sustancias fueron introducidos en los lugares apropiados a los efectos del siniestro;
– c) desde dónde dichos mecanismos y sustancias fueron, oportunamente, accionados a distancia;
– d) quiénes introdujeron y accionaron dichos mecanismos y sustancias (“los hombres de adelante”, según Roxin)
En relación a la conexidad cómplice entre los acusados y los autores directos del estrago, la orfandad de pruebas en la causa es absoluta. Nada (llamadas telefónicas, cartas, encuentros, cheques, etcétera., ¡nada! ) revela una relación de este tipo. Es más, nada (nombres, fotos, cuentas de hoteles, identikits, declaraciones testimoniales, rumores, etcétera) indica siquiera la existencia de aquellos a quienes los acusados habrían delegado la acción del estrago. De allí que, de hecho, la acusación que de manera encubierta funge en el fallo condenatorio sea: que los acusados provocaron la explosión “por intermedio de persona o personas cuya identidad nunca se podrá conocer”. Lo que, además, se corrobora por la actitud, tanto del fiscal como de las querellas y del Tribunal, de despreocuparse por probar, en el caso o en el futuro, la existencia de los autores directos del estrago.
Demás está decir que tanto la imputación del fiscal como el fallo que le confiere entidad están absolutamente reñidos con las reglas de la sana crítica racional y de lo más elemental que establece el método científico. En particular, ello se torna evidente cuando, para salvar la refutación de la hipótesis que sostiene la culpabilidad mediata de los acusados (no se puede vincular a ninguno como agente directo del inicio del estrago), se recurre a la hipótesis ad hoc (infalsable) de que los acusados provocaron los hechos a través de personas y de modos que no pueden, por definición, ser corroborados de manera alguna. Es como, ante las evidencias que los colocan fuera del hecho, Gatto, Cornejo Torino, Franke y De la Vega son culpables porque, si bien ellos no activaron el botón, lo hicieron a través de personas que poseen las virtudes de ser invisibles y de no dejar ningún tipo de rastro de su actividad como de la vinculación mafiosa con los acusados.
Habida cuenta de la total indigencia probatoria en la causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba, presidido por el juez Carlos Julio Lascano e integrado por los jueces José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón hubo de recurrir a condenar en abstracto. Para ello apeló a la aplicación no ortodoxa de la teoría de la autoría mediata de Roxin, según la cual “los hombres de atrás” de los autores directos de un delito, cometido por una dictadura, tienen responsabilidad penal. Gatto, Franke, De la Vega y Cornejo Torino en este caso, son “los hombres de atrás”. Dos observaciones caben aquí: a) en el año 1995 regía el estado de derecho; b) ¿Quiénes y donde están “los hombres de adelante”? (sin los cuales no son posibles “los hombres de atrás”). Pues bien, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba pretende resolver la total falta de indicios o pruebas que vinculen a los acusados al supuesto atentado recurriendo no a la ciencia del Derecho o a la sana crítica racional sino a la figura literaria del Deus ex machina. Y así, sin que se les mueva un pelo y advirtiendo que no se los conocerá jamás[2] introducen en la obra “a los hombres de adelante”. Así condenan los jueces en Argentina…
[1] El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba fue confirmado por la Cámara de Casación Penal el 19 de diciembre de 2017.
[2] Si no se investigó la supuesta existencia de “los hombres de adelante” durante el juicio, nada se puede esperar una vez cerrado el caso. A los efectos prácticos, son sujetos incognoscibles por definición.
¿Cuál era la manera correcta de proceder del policía Chocobar dentro de la escena de la que formaba parte? Un turista estadounidense gravemente apuñalado, dos apuñaladores en fuga y él con un arma de fuego. Digamos que, básicamente, tenía dos posibilidades. Una, dar la voz de “alto o disparo” y esperar sentado a que los fugitivos la acataran o, en su defecto y ante el no acatamiento, actuar en arreglo su ultimátum verbal. Ocurrió lo segundo con el luctuoso saldo del delincuente abatido en lugar del delincuente fugado como otra posibilidad. Es claro que la vida de Chocobar no estaba siendo atacada ni en serio riesgo antes de que se decida a intervenir. Al contrario, el policía comienza a exponerse cuando saca el arma y se coloca en la posición de blanco a batir. Además, Chocobar no tenía la información (ni tiempo, ni modo de consultarla) acerca de si había un tercer delincuente de apoyo o si los tipos portaban armas de fuego. Su deber era detener al delincuente y, éste último, el cómo. Chocobar debió suponer que un sujeto capaz de asesinar a cara descubierta, a plena luz del día y en un lugar atestado de gente, representa un peligro sustantivo para la sociedad. Detenerlo era una cuestión de vida o muerte para las próximas y seguras víctimas. El tipo no estaba robando un chupetín cuando recibió la voz de alto; estaba cometiendo un cobarde y depravado acto de apuñalar por sorpresa a una persona indefensa (el turista no estaba avisado, ni tenía un puñal).
[ezcol_1half][/ezcol_1half]
[ezcol_1half_end]
Luis Oscar Chocobar. A la izquierda, junto al turista apuñalado.
[/ezcol_1half_end]
La cuestión es que el hecho tuvo un pico de presión política cuando Macri, en clara señal de apoyo frente al procesamiento (por homicidio) de Chocobar, lo invitó a la Casa Rosada y la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, declaró: “El policía actuó como debía. En cualquier país civilizado el Estado lo primero que se hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés”. El “¡Vade retro Satanás!” que la izquierda, el kirchnerismo y el sector progre opuso fue automático. Agustín Rossi, presidente del PJ santafesino y jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria calificó la señal de Bulrich como “horrible y peligrosísima”, en tanto que el diputado del “Peronismo para la Victoria”, Fernando “Pino” Solanas denunció penalmente a ambos; “Chocobar es el policía con sed de sangre que fusiló por la espalda a su hijo con el mismo plomo policial que arrebata una vida inocente cada 23 horas”, escribieron en, “La Izquierda Diario”, Alexis Cabañas y Alan Gerónimo. A partir de estas ideas, en situaciones similares a las que protagonizó Chocobar, los policías deberán advertir, ¡Alto o no disparo! y, luego, dejar huir al delincuente cada vez que asesine. Otra opción sería la de entrenar policías en la destreza de esposar delincuentes esquivando puñaladas. El juez de Menores Enrique Velásquez, el que procesó a Chocobar, debiera demostrar, a partir de reducir con sus solas y propias manos a dos apuñaladores, que esto es perfectamente posible.
Solidarios con el apuñalador, indiferentes con el apuñalado y enemigos declarados del policía, más que un punto de vista atendible, lo que expresan estos señores en sus sofismas es una discapacidad moral. Discapacidad que, en nombre de combatir lo que ellos designan al voleo “política de gatillo fácil”, justifican y promueven de hecho la “política de puñal fácil” de los criminales.
“Repudiamos enérgicamente la militarización… y los desmanes que generaron las fuerzas de seguridad de este país”. Estas fueron, más o menos, las palabras del titular de la CGT, Héctor Daer, sobre los acontecimientos frente al Congreso de la Nación en oportunidad de tratarse la ley de Reforma Previsional enviada por Macri. El diputado Rossi y, en general, toda la oposición se expresó en los mismos términos. ¡Se puede ser más chanta! Quince autos destrozados, comercios saqueados, vidrieras destruidas por delincuentes encapuchados (armados con piedras, hondas y palos) no merecieron, siquiera, un mísero comentario de repudio de estos señores. De los gendarmes heridos, insultados y vejados, como es natural, nadie se conduele. En la Argentina, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad son ciudadanos de cuarta y ¡guay! de que alguno, ya en defensa propia o de un civil, toque a un encapuchado. Eso sí, el diputado Agustin Rossi se quejó amargamente por las vallas y la cantidad de efectivos que custodiaban el Congreso. Seguramente la intención de esos energúmenos (a los que llama “pueblo”) era ingresar al recinto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Exagero si digo que hubieran colgado a los diputados oficialistas de los faroles? Se equivocan de medio a medio los que interpretan que fue un error de Macri el proyecto de ley de reforma previsional lo que enardeció a los violentos. Y a los diputados opositores. Además, cualquier excusa es buena para derrocar a un gobierno no peronista. El fogoneo del caso Santiago Maldonado tenía esa clara intención. Más bien se trató de un ensayo de golpe civil (a lo De la Rúa) monitoreado por sujetos, que de esto saben un montón, como Leopoldo Moreau.
Ahora bien, el oficialismo tampoco hace mucho por sí mismo. La diputada Elisa Carrió, por si llueve, apuntó contra Patricia Bullrich por el despliegue exagerado de la Gendarmería (“militarización”, Agustín Rossi dixit). No opinaría lo mismo, seguramente, si los encapuchados hubieran entrado al recinto. No se equivoca el diputado Moreau cuando pide la cabeza de la ministro de Seguridad de la Nación; en diciembre de 2001 pedía la de Domingo Cavallo como maniobra previa a exigirle la renuncia al presidente. Cuando defenestraron a De la Rúa, la Policía Federal fue la que puso el cuerpo para que “el pueblo” no lo “ajusticiara” dentro de la Casa Rosada; obviamente, los policías responsables ya recibieron su correspondiente condena. Si yo fuera gendarme pensaría dos veces antes de arriesgar mi vida para defender a políticos que luego me querellarán por haberlos defendido. Dado que este asalto al Congreso para impedir el tratamiento de una ley salió bien, todo conduce a pensar que vendrán otros y en escala mayor. La mayoría de la prensa reaccionó endilgando la responsabilidad de los hechos a la falta de cancha política del gobierno. De los energúmenos encapuchados ni una línea. Nelson Castro, por ejemplo, opina como si la Argentina fuera Disneylandia. Debiera poner en práctica sus ideas y hacer escuela vistiéndose de gendarme para enseñar cómo, con buenos modales y juiciosas palabras, se disuade a los señores encapuchados para que no lo lapiden o lo maten a palos.
El gobierno se hace trampas. Es que, en alguna medida, comparte la cosmovisión política que el kirchnerismo impuso a la clase política y a los opinadores profesionales. Si no fuera así, no hubiera reaccionado en contra del pedido de prisión preventiva que el juez Bonadío hizo de Cristina, Zannini, Timerman y demás. Constituye una hipocresía impúdica que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se pronuncie contra dicho fallo cuando militares de 80 y 90 años sufren prisión preventiva de hasta 14 años. Pero si el Vaticano tiene terror a que lo corran por derecha los organismos de derechos humanos, ¿por qué no habría de tenerlo el presidente Macri? Es difícil tomar medidas económicas de derecha y posar de zurdo. Además, lo dijo el mismísimo Jaime Duran Barba: “Macri es de izquierda”. Bueno, pero entonces no le pidamos peras al olmo.
El ex piloto de la Armada Argentina, Julio Poch, pese a pertenecer a la categoría de “genocida bajo sospecha” para el Estado argentino (el infortunado perteneció a las FF.AA. en los años ’70) fue el único acusado entre 54 en ser absuelto por el voto unánime del Tribunal Oral Federal de la causa ESMA III. Esta feliz circunstancia, para él y para los justos, no está de manera alguna ligada a la brillante defensa que hiciera su letrado, el Dr. Gerardo Ibáñez, ni tampoco a la inconsistente acusación (en pruebas y en argumentación) del fiscal Taiano y del juez Sergio Torres. Lo que en verdad operó decisivamente para que Poch fuera absuelto fue la ciudadanía holandesa que éste obtuvo luego de retirarse de la Armada y radicarse con su familia en ese país. Allí, lejos de su país natal, se desempeñó como piloto de aerolínea y encontró un lugar en el mundo hasta ese día infausto en que su suerte cambió radicalmente. El 22 de septiembre de 2009, en Valencia, por pedido del juez Sergio Torres, Julio Poch, fue detenido y extraditado. En mayo de 2010, el mismo juez dispuso procesarlo con prisión preventiva imputándole el delito de “privación ilegítima de la libertad”. Para este trámite el magistrado invocó y dio por cierta la declaración de Tim Eisso Weert, compañero de trabajo de Poch, según la cual en una cena en Bali escuchó de boca de Poch admitir la participación en los vuelos en los que los marinos arrojaban a los terroristas al mar. Poch niega haber dicho tal cosa y los demás presentes contradicen a Weert. Pues bien, para el Estado argentino la sola declaración del señor Weert constituyó motivo suficiente para encerrar ocho años con prisión preventiva al ex militar Julio Poch. Hay que aclarar que el caso de Poch no es la excepción sino la regla en los casos de lesa humanidad. Ello así porque en dichos juicios el solo testimonio de un ex terrorista basta y sobra para enviar a perpetua a cualquier uniformado; héroes de guerra, incluidos.
[ezcol_1third]
Dr. Gerardo Ibáñez
[/ezcol_1third]
[ezcol_1third]
Julio Poch
[/ezcol_1third]
[ezcol_1third_end]
Juez Sergio Torres
[/ezcol_1third_end]
Así las cosas, la denuncia del holandés Weert se presentó como una oportunidad de oro para pavonearse en Europa como campeón de la justicia. Que en la instrucción del juez Torres como en el auto de elevación a juicio del fiscal Taiano las pruebas y los indicios contra Poch brillen por su ausencia es un detalle que a nadie le importa y menos a la prensa. Lo que importa es el titular: “Apresaron a un genocida”. El fiscal Taiano, lejos de aportar el menor y andrajoso indicio que avale la acusación contra Poch, divide su escrito en dos partes iguales: en la primera hace una larga descripción técnica de los aviones con que contaba la Armada Argentina en los años ‘70; en la segunda transcribe las declaraciones que Tim Eisso Weert y otros holandeses hicieron en Holanda. Ahora bien, lo que debe probarse en el juicio es si Julio Poch participó en los vuelos en cuestión y no que le haya dicho a un tercero que participó en ellos. Tampoco se entiende cómo la enumeración y descripción del parque de aviación de la Armada pueda vincular a Poch con el hecho. Pues bien, esto que en la Argentina es perfectamente normal, aparentemente, no lo es en Holanda. El caso Poch tiene en ese país una repercusión significativa, tanto en los medios de comunicación como en la política, debido a que Poch, como la reina, es holandés y argentino. El Estado holandés, aparentemente y en complicidad con el argentino, en el convencimiento de la culpabilidad de Poch y para ahorrarse un conflicto que podría afectar a la reina, pasó información para que lo detuvieran en España (Holanda no tiene tratado de extradición con la Argentina). Pero he aquí que a poco de iniciarse el proceso los holandeses advirtieron que algo olía mal en la causa ESMA III. Ello llevó a que pusieran más atención en ese compatriota que era juzgado. La embajada de Holanda en la Argentina y la prensa de ese país se hicieron presentes en el juicio. No tardaron en llegar los reproches de los organismos de los derechos humanos que entendían que los ojos extranjeros no dejarían pasar, sin hacer la respectiva denuncia internacional, una condena sin ningún fundamento probatorio. El Tribunal también lo entendió así y eligió no exponerse a la crítica internacional. Es que, en la Argentina, una cosa es darle perpetua a un policía o un militar argentino y otra muy distinta a un ciudadano holandés. Nuestros jueces son locos pero no comen vidrio.
Tipos raros estos holandeses: considerar a los militares argentinos sujetos de derechos humanos. En fin…
Más vale tarde que nunca. Después de décadas de autismo generalizado unos pocos políticos (para ser generoso, unos cinco) del oficialismo y uno que otro periodista independiente han caído en la cuenta de que el país debe tener una política de defensa y que para algo existen las Fuerzas Armadas. Los demás siguen en una nube de gases. Con “bueyes” de esta laya viene arando la Argentina desde 1983 a la fecha. Los resultados están a la vista. El naufragio del submarino ARA San Juan reveló, en consonancia con la tragedia, el grado extremo de indigencia material en el que se encuentra la institución que supo libertar a Chile y al Perú y hundirle la mitad de la flota a Gran Bretaña. Pero, si bien los submarinos, aviones y tanques son importantes para defender la sociedad, los verdaderamente imprescindibles son los hombres. Un ejército no se hace de la noche a la mañana ni con cualquiera que anda por ahí en búsqueda de una ocupación. La tradición, basada en el heroísmo, el honor y el ejemplo de sus combatientes, constituye por lejos el más valioso capital ético de la institución militar. Capital que el Estado tiene el deber de preservar, honrar y cuidar celosamente. El soldado que, dadas las circunstancias, marchará al frente de guerra debe estar convencido de que su sacrificio valdrá la pena y que obtendrá el reconocimiento de la sociedad por la que pelea.
De allí que y sin exagerar un ápice al respecto, opino que desde 1983 en adelante la clase política argentina ha actuado con una irresponsabilidad y una desidia rayana con la traición. Lo mismo se puede decir de instituciones y colectivos como la Iglesia, los empresarios y los sindicatos; quienes asumieron en mayor o menor medida y como verdadero el relato perverso que, de la década del ’70, hicieron los sobrevivientes de ERP y Montoneros. Éste, básicamente, se fundamenta en la doble mentira del “genocidio” y de los 30.000 desaparecidos que niega los actos terroristas de los subversivos. La mentira instalada en los medios y en el discurso de los tres poderes de la Nación y de las provincias, no tardó en establecerse como “lo políticamente correcto”. Para la democracia el rol a desempeñar por los militares es el del “chivo expiatorio perfecto”; los “perejiles” a quienes endilgar sus gestiones (pre/post 24/03/76) ineptas, mediocres y, en el caso del kirchnerismo, ultracorruptas. Los ex terroristas, por su parte, borran de la memoria sus horrendos crímenes presentándose como víctimas. Linda “patriada” esta de destruir a las Fuerzas Armadas y de Seguridad proclamando, urbi et orbi, el intrínseco carácter “genocida” de sus miembros. Esa y no otra fue y es la verdadera y única política para las instituciones militares que se esconde tras el eufemismo de “Política (de Estado) en Derechos Humanos”.
En los ’70 la subversión marxista intentó acabar con las instituciones armadas con el recurso del asesinato y fracasaron; que el estado democrático, al que querían derrocar, haga ahora el trabajo del ERP y Montoneros suena ridículamente macabro. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los jueces y fiscales federales disponen de un presupuesto millonario para ese fin. Nuestros niños estudian con textos obligatorios donde el término “genocida” es sinónimo de militar. No hay dinero para equipar las FF.AA. pero sobra para demonizarlas. Los juicios de lesa humanidad El Tribunal Oral Federal de Tucumán, por ejemplo, en su fallo condenatorio en la causa, “Operativo Independencia”, sostiene que los militares ejecutaron “un plan sistemático y generalizado contra una parte de la población civil por sus ideas políticas”. El fiscal, Pablo Camuña, a su vez, dice: “El Ejército, con las unidades sumadas a él o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un período que llegó por lo menos hasta 1978”. La falsedad de estos dos disparates no resiste el más andrajoso análisis. ¡El ERP fue la fuerza militar (¡no civil!) invasora que intentó ocupar Tucumán! ¡El Ejército Argentino fue el que lo impidió cumpliendo la orden del gobierno constitucional! Por cierto y para los señores jueces, la sigla ERP significa Ejército Revolucionario del Pueblo; la palabra clave es: E-jer-ci-to ¿Se entiende?
En medio de todo esto, la Sra. Gabriela Michetti, ya en la mitad de su gestión como vicepresidente viene a desayunarse sobre la urgente necesidad de definir una política para las Fuerzas Armadas e invita a consensuar entre todos los argentinos eso que Duran Barba no previó. Ahora bien, antes de siquiera esbozar dicha política Macri deberá resolver si hace equipo con Lorenzetti, Verbitsky, Carlotto, Pérez Esquivel, Cortiñas, Jones Huala, Del Caño, Víctor Hugo y la CIDH o se pone la camiseta de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la que es jefe. Es que, como dicen Las Sagradas Escrituras: “Nadie puede servir a dos amos”…
Mauricio Ortín es miembro del Centro de Estudios Salta.
Santiago Maldonado apareció justo allí donde había desaparecido. Se lo había buscado en toda la Argentina (incluso, en Chile) menos en el preciso lugar donde había que hacerlo. Se peritaron ADN y huellas digitales en las camionetas de Gendarmería, se llamaron a declarar uno por uno a los gendarmes que participaron en la disolución del corte de ruta, se peritaron sus celulares y otras diligencias que corresponden y son de manual. De éstos últimos, porque fueron filmados y difundidos por los medios, todo el mundo sabe el nombre y apellido y hasta les conoce la cara. No es un detalle menor (dado el trato que le da la izquierda y las ONG de DD.HH.) el precisar que la Gendarmería no es una cuerpo integrado por asesinos perversos.
Una pesquisa por un caso de la desaparición de una persona debe, después de revisar exhaustivamente el lugar, como primera medida elemental recabar el testimonio de los que se encontraban con la víctima en el momento mismo en que se comenzó a notar su ausencia. Pero, he aquí que ello no ocurrió cuando la causa estaba a cargo del juez Otranto, ni cuando en manos del juez Lleral. En las fotos que obran del corte de ruta del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) del primero de agosto se pueden ver a nueve encapuchados resistiendo a las fuerzas legales. Uno de ellos, fue reconocido por la familia, sería Santiago Maldonado y el otro, según declaró él mismo, es Matías Santana. De los siete restantes, dado que ocultan su rostro, nadie tiene la menor idea sobre su identidad personal. Si se sabe, y nadie lo niega, que se encontraban allí delinquiendo contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación (artículo 194 del Código Penal) y que atacaron con piedras y lesionaron gravemente a dos gendarmes (homicidio en grado de tentativa). Según sus propios dichos, el corte de ruta era para pedir por la libertad de Jones Huala; el jefe de la RAM que está entre rejas y podría ser extraditado a Chile por delitos que se le endilgan en el país trasandino. Estos violentos, de Heidi, Bambi y los enanitos de Blancanieves no tienen nada. Pues bien, a tres meses del hecho todavía no sabemos quiénes son, donde están, que saben, que hicieron y, ni siquiera, ¡si el juez está haciendo algo para que se presenten a declarar como testigos! Mas, si para hacer el rastreo del río Chubut la justicia debe pedir permiso a los encapuchados, someterse a registro de armas y tolerar agresiones físicas y verbales as sus funcionarios, estamos en el horno. Ya la ministra Patricia Bulrich fue escrachada a coro por no haber alimentado a las fieras con carne de gendarmes. Carlotto dijo de ella: “es una persona enemiga de la democracia”, que “se puso el traje de gendarme”; Pérez Esquivel, pidió su renuncia. Por su parte, añadió Tati Almeida “Hay pruebas de que el Estado es el único culpable y responsable de la desaparición de Santiago”, Horacio Verbitsky, sostuvo, es “una desaparición forzada a manos de fuerzas federales”. Víctor Hugo Morales: “A Santiago Maldonado lo desapareció Gendarmería”. Exabruptos, infamias y disparate de este tenor hay para hacer dulce. Total, calumniar a un milico en este país es gratis. A los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de genocidas para abajo, se les puede atribuir cualquier cosa sin esperar una reacción contraria de la prensa, la iglesia, la justicia o el INADI.
El día 17 de octubre apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Antes de que se certificara su identidad, rápidas de reflejos, Miriam Bregman, desde la izquierda, y Mabel Sánchez, de la APDH, salieron a afirmar, categóricamente, que: “el cuerpo fue plantado”. La autopsia reveló que el estado del cadáver era compatible con haber estado en el agua el tiempo que llevaba de desaparecido, que no tenía golpes, heridas de armas de fuego o signos de violencia. Dos opciones, de acuerdo al resultado de la autopsia. La primera, el cuerpo fue secuestrado por la Gendarmería el 1 de agosto sin provocarle ni un rasguño. Acto seguido, a temperatura entre 2 y 3 grados centígrados, conservado en agua durante unos dos meses; para, luego y finalmente, ser depositado (sin que ninguno que del RAM que hacen guardia allí lo advirtiera) en el mismo lugar de donde se lo habían llevado. La segunda posibilidad, la que por “disparatada” y “políticamente incorrecta” pocos se atreven a plantear, sostiene que Maldonado se ahogó cuando cruzaba el río con los RAM; que estos no hicieron nada para salvarlo, que siempre supieron que estaba allí, sumergido; que, con el cuento del territorio sagrado, impidieron que la justicia de pusilánimes lo encontrara antes y, final y lamentablemente, que los RAM, el kirchnerismo, los derechos humanos y la mar en coche, usaron la muerte de un joven para sus espurios intereses personales. En mi opinión, esta última es la única verosímil.
Cuando esto al fin se aclare, los que calumnian a los inocentes por un crimen que ocurrió debieran llamar a esa gente que escarnecen y persiguen (los gendarmes) para implorarles su perdón. De que son mejores personas que ustedes no tengo la menor duda.
A cien años del primer experimento de aplicación práctica de la teoría marxista, que impidió la democracia y culminó en estalinismo
Si por Revolución Rusa se entiende la caída del régimen autocrático zarista a manos de aquellos que intentaron, sin éxito, establecer un sistema republicano de gobierno, entonces dicho acontecimiento debió celebrar su centenario el mes de marzo pasado (febrero en el calendario juliano). Si, en cambio y como es moneda corriente, se llama revolución al golpe de Estado (contrarrevolucionario) de la facción bolchevique contra la democracia en ciernes que se había iniciado en marzo, la fecha se corre para el 7 de noviembre (25 de octubre del calendario juliano). El zar Nicolás II y la dinastía Romanov fueron expulsados del poder por el gobierno provisional surgido del consenso de los partidos políticos en marzo de 1917. Lenin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev y las principales figuras bolcheviques, para esa época se encontraban fuera de Rusia, a miles de kilómetros del lugar donde se desarrollaban los hechos, la ciudad de San Petersburgo.
Un conjunto de factores explosivos se conjugó entre marzo y noviembre de 1917. En las grandes ciudades, el reclamo de elementales derechos individuales se hacía sentir; por su parte, los pueblos no rusos subyugados al imperio pugnaban por su independencia; el campesinado (que constituía la mayoría de la población) exigía una reforma agraria que los hiciera propietarios; por último y fundamentalmente, el rechazo generalizado a un conflicto bélico que diezmaba a la población y la sumía en la miseria (la Primera Guerra Mundial). El zar Nicolás II, pésimo militar, contribuyó eficientemente a la debacle al asumir el mando de sus ejércitos. En el frente interno político tuvo similar desempeño al permitir la intromisión del monje Rasputín en los cruciales asuntos de Estado. Lo que desvaneció, entre propios, la poca autoridad que le quedaba. Rota la cadena de mandos, el ejército de andrajosos y famélicos entró en disolución. Los soldados mataban a sus jefes para desertar en masa y regresar a sus aldeas en estado de conmoción. Nicolás II abdicó y el gobierno provisional de Kerensky intentó construir poder y detener el desbande militar exhortando al patriotismo guerrero. Era lo último que querían oír los que estaban o venían del frente. El poder se encontraba al garete y, como siempre en estos casos, a merced de la facción que pudiera organizar una fuerza represora lo suficientemente brutal, dadas las circunstancias, que impusiera el codiciado orden para dar por finalizada la angustia que genera el vacío de poder.
Lenin, el líder de los bolcheviques, había esperado esta oportunidad toda su vida. No la desaprovecharía. Supo interpretar como ninguno el desconcertante caos político-social y sacar las conclusiones correctas en relación a lo que se debía decir y hacer para tomar “el cielo por asalto”. Prometió, en caso de acceder al poder, entregar la tierra a los campesinos; conceder la autonomía a los pueblos no rusos que la demandaran; y, principalmente, declarar unilateralmente el fin de la guerra. Tales promesas no fueron suficientes para ganar la adhesión de las mayorías (los bolcheviques siempre fueron minoría); sin embargo, tuvieron el efecto de posicionarlos, de hecho, en la dirección de los acontecimientos. No fueron las masas las que tomaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, sino un comando bolchevique que no encontró resistencia. El primer experimento marxista había comenzado. Lenin, Trotsky y los bolcheviques aplicarían su diseño de ingeniería social a 130 millones de personas como si fueran conejillos de indias. El ineludible exterminio hasta sus cenizas del capitalismo “criminal” daría paso al “hombre nuevo” que el “profeta de Tréveris” (Marx) había anunciado. Nada era más importante ni nadie debía interponerse ante semejante objetivo y para ello contaban con una herramienta: “el terror de masas”. La primera medida del gobierno de Lenin fue la creación de la Cheka: la policía secreta con amplísimos poderes y casi sin límite legal alguno dirigida por el comisario Feliks Dzerzhinski. Su función, “suprimir y liquidar” todo acto “contrarrevolucionario” o “desviacionista”. Entre 1918 y 1922, durante el “Terror Rojo”, la Cheka asesinó a un millón de personas por motivos políticos o religiosos (la Rusia zarista ejecutó entre 1825 y 1917 a 6.321 personas). Como la revolución tampoco era compatible con la libertad de prensa se amordazó a la oposición. Lenin falleció en 1924. Le sucedió el siniestro Stalin: el esteta del terror que hizo de éste un sofisticado arte.
La Revolución Rusa (bolchevique) se ha convertido en un tipo clásico del golpe de Estado. Tiene la virtud de mostrar cómo un conjunto relativamente minoritario de políticos profesionales, dado un contexto de conmoción social, puede, si actúa con decisión, audacia y absoluta falta de escrúpulos, adueñarse del poder frente a una mayoría de pusilánimes. La puesta en práctica de las ideas de Marx devino en tragedia bíblica para los millones de rusos, ucranianos, cosacos, tártaros, georgianos que, asesinados, torturados, esclavizados en los Gulag o simplemente cautivos del régimen, las sufrieron. Eso y no otra cosa fue la tristemente célebre Revolución Rusa. Ello, sin embargo, no ha sido óbice para que los que se consideran de izquierda continúen presumiendo de superioridad moral. Es que, el marxismo, aunque lo simule, no es una ciencia sino una fe. En ese sentido la Revolución Rusa es un ejemplo más de las consecuencias amargas de mezclar religión y política.-
CENTRO DE ESTUDIOS EN HISTORIA, POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS DE SALTA
Participé como miles de argentinos del Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Todos, soldados, suboficiales y oficiales de las fuerzas legales, ya en combate, ya custodiando a los civiles, cumplimos con nuestro deber al derrotar a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo. Han pasado cuarenta años de aquella patriada, tiempo más que suficiente para que vencedores y vencidos escriban la historia mirando hacia adelante y no como si tuvieran los ojos en la nuca. Conviene precisar que fue el Estado nacional, presidido por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, con la aquiescencia del Congreso, el Poder Judicial, los gobernadores y todas las fuerzas políticas el que ordenó a las Fuerzas Armadas y de seguridad aniquilar la subversión en Tucumán. Paradójicamente, casi medio siglo después, son los mismos actores políticos los que implementaron una “política de Estado” para perseguir a aquellos que cumplieron con su anterior “política de Estado” de aniquilar la subversión. Los que ayer ordenaron aniquilar, hoy se constituyen en inclementes jueces de aniquiladores. En los juicios de lesa humanidad, el del Operativo Independencia no es la excepción, lo que verdaderamente se juzga es el “delito aberrante” haber reprimido a un intocable del ERP o de Montoneros. Tanto es así que la comisión del delito de “violación de domicilio” se convierte en “lesa humanidad” si se perpetró contra el subversivo-víctima que asesinó al capitán Viola y a su hija María Cristina. Crimen, éste último, infinitamente menos grave para la justicia argentina. Y ¡guay! de que algún letrado “defensor de genocidas” en el oral se le ocurra “revictimizarlos” con preguntas le revuelvan sus “pecados de juventud”.
Párrafo aparte merece el alegato final del fiscal Pablo Camuña. Su esfuerzo retórico está dirigido a condenar al Operativo Independencia como empresa maligna para, luego, deducir la culpabilidad objetiva de los acusados por el mero hecho de haber participado en ese operativo. De allí que las pruebas resulten ociosas y el testimonio del enemigo de los imputados le baste y sobre para pedir perpetua. El alegato de Camuña podría definirse como un mamarracho jurídico “políticamente correcto” a la altura de la cobardía generalizada que atraviesa la sociedad argentina. Para Camuña, “El Ejército, con las unidades sumadas a él o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un período que llegó por lo menos hasta 1978”.
Pero ¿cómo se entiende esto? Acaso, que hay que considerar al Ejército argentino como el enemigo invasor del territorio nacional? ¿Camuña coincide con la tesis de los terroristas? Es más, ¿por qué las FF.AA. ocuparon y ocupan Tucumán y el resto del territorio nacional? ¡Porque éste, todavía, es argentino! El invasor, el que hacia flamear una bandera extraña a la celeste y blanca, el que aliado al Estado cubano pretendía adueñarse de la “cuna de la Independencia” y mutilarla del territorio nacional, fue el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).
Agrega, “que no existió una guerra”…. “Vamos a analizar y rechazar la porfiada, descabellada y por cierto cobarde alusión a la guerra”. Desconozco si Camuña había nacido cuando se libraron los combates, entre otros, de Manchalá y Acheral; pero, en caso de haber actuado de buena fe, bien podría haberse ahorrado semejante dislate poniendo atención a la montaña de documentación presentada por la defensa o a las declaraciones de los testigos-combatientes de Manchalá durante el juicio ¿Son “cobardes”, como dice Camuña, los imputados que hacen “alusión a la guerra para explicar sus conductas? ¿O son cobardes los guerrilleros que siempre la reivindicaron y la niegan en los juicios? Repugna escuchar cuando los Perdía, Mattini, Verbitsky, Anguita y compañía lloran presentándose como víctimas inocentes. ¿Habrán sido así de miserables los que no sobrevivieron? Cuesta imaginarse a un Roberto Santucho patético y lastimero. Descartado que los subversivos fueron parte argentina del movimiento hippie mundial, quienes se encontraban de picnic en el monte tucumano predicando el amor a la naturaleza y la paz del mundo, quedan sólo dos opciones para definirlos: o fueron soldados peleando (por extraviada que fuera) su guerra revolucionaria o fueron criminales seriales, psicópatas o
degenerados que asesinaban por el placer perverso de matar. Ante la duda, y a pesar del deshonor con que los ofenden los Camuña, prefiero pensar que murieron como ¿valientes? soldados. Pero hay más, ¿por qué el fiscal habría de perder r semejante oportunidad de equiparar al Operativo Independencia con el horror nazi de Treblinka, de igualar a la víctima Ana Frank con el victimario Gorriarán Merlo? Los judíos europeos fueron asesinados por el “delito” nazi de existir. Es un agravio y un deshonor al martirio de millones de inocentes el, siquiera, equipararlos con esos repugnantes seres que no respetaban ni la vida propia, ni la ajena.
Como broches del alegato, Camuña solicita al Tribunal: 1) que en la sentencia se declare que, durante el Operativo Independencia, no existió “enfrentamiento armado” (no se sabía de la adhesión a la corriente historiográfica estalinista del fiscal) y 2) que los juicios que en su época condenaron a los asesinos del capitán Viola y su hija sean declarados nulos (nadie podrá acusarlo de incoherente). El juicio al Operativo Independencia es, salvando las distancias, como el juicio por crimen de lesa humanidad que podría ¿instruirse? al comando militar que mató a Osama Bin Laden o el que podría abrirse a los 88.000 policías franceses que participaron en la caza y muerte de los dos terroristas que atentaron contra la revista Charlie Hebdó. Como mínimo, sería considerado “Traición a la Patria”.
Las cosas son así y poco o nada se puede hacer para evitar que esos ancianos se pudran en prisión. Más allá de las defensas valientes y brillantes de los abogados defensores tucumanos, no albergo la menor esperanza de justicia por parte de jueces que son fieles a la “política de Estado” antes que a la Constitución Nacional. No soy genocida, ni invasor, ni violador de los derechos humanos por haber sido parte del Operativo Independencia. Al contrario y por eso mismo me debo el reconocimiento de haber estado allí. Guardo celosamente el diploma que acredita mi participación de soldado argentino, que tiene en mi hogar el lugar de honor que se merece…
No sé quiénes son, ni a quiénes responden los que protagonizaron los actos de vandalismo en Plaza de Mayo durante la marcha por Santiago Maldonado. Lo que sí me parece pertinente es que, a los que arrojaron cascotes contra peatones y policías, antes que de “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad” debe imputárselos por “homicidio en grado de tentativa”.
Cuando el sujeto activo, aun sin quererla expresamente, contempla la muerte del pasivo como probable resultado de su acción y, pese a lo cual, no desiste de su obrar, está aceptando aquel eventual resultado. Los cuarenta o más delincuentes que, de manera premeditada, encapuchados, arrojando piedras que portaban en sus mochilas y esgrimiendo palos atacaron por sorpresa a una señora y a un policía que se encontraban en la sede de Gendarmería Nacional procedieron conscientes del potencial resultado letal de sus acciones.
Lo mismo vale para los que lanzaron bombas molotov en la localidad de El Bolsón dejando un saldo de diez gendarmes heridos.
Y no es que haya mucho que investigar; a través de la televisión, millones fuimos testigos de los hechos en vivo y en directo.
Ni Pérez Esquivel, ni Estela Carlotto, ni Horacio Verbitsky, ni a las organizaciones que integran exigieron al juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, el cambio de carátula por “homicidio en grado de tentativa” ¿Es que los derechos humanos valen solo para los que militan en la izquierda? El esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado es imprescindible; mas, el camino hacia la verdad no pasa por cometer delitos en su nombre. Tampoco por la criminalización sistemática de las fuerzas legales lleva a buen puerto. Por el contrario, obra como eficiente estímulo para repetir viejas y sangrientas épocas que, por lo visto, no terminan de ser superadas.
Con motivo de su carta en el diario La Nación, el presidente del Centro de Estudios Salta, Alejandro Patrón Costas (h) fue entrevistado por una radio donde expuso los motivos de su parecer en cuanto a la situación de ex uniformados y civiles presos políticos en Argentina.
Llama la atención la escasa acogida que ha tenido en los medios argentinos el caso de la juez venezolana María Lourdes Afiuni. Tal vez, esa sea la razón de la nula solidaridad con que ha contado por parte de sus colegas argentinos como, así también, de los profesionales del derecho y sus instituciones. Mas, como ella sigue en prisión, el tiempo de manifestar el repudio ante este vejamen a la señora jueza y al Poder Judicial venezolano, todavía no se ha acabado.
Los hechos, para los que no los conocen, tienen como protagonistas a tres personas: la mencionada juez; el político y empresario, Eligio Cedeño y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Los representantes legales del señor Cedeño, que llevaba detenido casi tres años sin juicio y sin sentencia, ante las dilaciones y el desinterés por parte del Ministerio Público (parte acusadora) solicitó: el procesamiento en libertad de su cliente.
La respuesta de la juez Afiuni, fundada en su interpretación del derecho, fue la de otorgar libertad condicional (con las reservas del caso) a Cedeño. Hasta aquí, nada de que sorprenderse (esto sucedió el dia 10 de diciembre de 2010). Lo que viene es lo que da nauseas y, también, que uno se pregunte ¿cómo es posible que, públicamente y sin ponerse colorados, haya gente que adhiera a Chávez y su revolución de pacotilla? Pues bien, enterado de lo resuelto por la juez Afiuni, Chávez, como es su costumbre, le contestó por Cadena Nacional con una violencia verbal y desparpajo que habla bien a las claras de lo que pasa en ese país.
Primero, sin respetar la elemental derecho humano de presunción de inocencia, abusando del hecho de detentar el poder del estado, la llamó “bandida” y “corrupta” y le ordenó a la Presidente de la Corte de Justicia que la apresara. Luego, frente a ese circo de funcionarios y obsecuentes que le aplaude, endilgó, a la juez y los alguaciles, el montaje de una operación siniestra para liberar a Cedeño. Acto seguido, pidió “treinta años de prisión para María Lourdes Afiuni”. Todo esto por Cadena Nacional. Conviene recordarlo, para mensurar la brutalidad mediática del atentado. Se trata de todo el poder del Estado, que difama y calumnia desde la televisión y la radio, a una mujer indefensa confinada a una celda; sin posibilidad alguna, siquiera, de acceder a lo que queda de prensa independiente para decir su verdad ¿Acaso Chávez estaría dispuesto a conceder (en Cadena Nacional) a María Lourdes Afiuni el mismo espacio que él usa para vilipendiarla, para que ésta se defienda? Y si, esto se puede hacer con una Excelentísima Juez de la República Bolivariana de Venezuela ¡Qué queda para un simple ciudadano! Que tipo “machote” este Hugo Chávez que pone las cosas en su lugar, dirán sus acohólitos. Ni Pinochet, se atrevió a tanto (pedir condenas a jueces por Cadena nacional). “Machotes” también los chavistas argentinos que celebran, como suyas, todos los disparates y arbitrariedades, que dice y hace, su admirado Comandante.
En Venezuela el Estado de Derecho, tal como lo entienden las personas decentes, no rige. La señora María Lourdes Afiuni se encuentra, sola su alma, contra el aparato de poder del Estado. Su destino es pasar sus mejores años en la cárcel. La única chance que tiene para eludir esa ignominia, hoy está fuera de su país; y es que la solidaridad internacional se apiade de ella y presione a Chávez. Los que aman la libertad y la justicia no pueden, o no debieran hacerse los desentendidos.
Alejandro Patrón Costas (h), Presidente del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta citó sus fundamentos sobre la oposición al nombramiento de Pablo Gargiulo como querellante del Poder Ejecutivo Nacional en el caso Operación Independencia que se desarrolla en Tucumán, enviándo sus argumentos al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, don Claudio Bernardo Avruj.
Escribe Mauricio Ortín en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Nombre de guerra
El letrado Pablo Gargiulo, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y en nombre propio, por la desaparición de Héctor Hugo Gargiulo (su padre), en la megacausa judicial Operativo Independencia que se sustancia en la ciudad de Tucumán, realizó un extenso alegato con la pretensión de probar que dicho operativo fue un genocidio contra civiles y no una guerra contra el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Ejército Montonero. Entre otras cosas, dijo que él lleva el nombre de “Pablo” porque, precisamente, “Pablo” fue el alias que su padre eligió como nombre de guerra en la “no guerra” de Tucumán.
LAS NOTAS MÁS LEÍDAS DE LA SEMANA
Fecha de Inicio
Agosto 18, 2019
Tiempo de Control
Agosto 25, 2019 . 23.12 hs
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 23, 2019
Gente está leyendo…
Fecha de Inicio
Agosto 18, 2019
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Tiempo de Control
Agosto 24, 2019 . 23.09 hs
[/ezcol_1half_end](Publicada Agosto 15, 2019) 3 días sin computar
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 21, 2019)
(Publicada Agosto 19, 2019)
(Publicada Agosto 18, 2019)
(Publicada Agosto 19, 2019)
(Publicada Agosto 17, 2019)
(Publicada Agosto 22, 2019)
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 24, 2019
Las noticias más visitadas
Fecha de Inicio
Agosto 18, 2019
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Tiempo de Control
Agosto 23, 2019 . 23.12 hs
[/ezcol_1half_end](Publicada Agosto 15, 2019) 3 días sin computar
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 21, 2019)
(Publicada Agosto 19, 2019)
(Publicada Agosto 18, 2019)
(Publicada Agosto 19, 2019)
(Publicada Agosto 17, 2019)
(Publicada Agosto 22, 2019)
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 23, 2019
Lo más leído
Fecha de Inicio
Agosto 18, 2019
Tiempo de Control
Agosto 22, 2019 . 23.11 hs
(Publicada día 15) Tres días sin computar
(Publicada Agosto 19, 2019)
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 18, 2019)
(Publicada Agosto 17, 2019)
(Publicado Agosto 19, 2019)
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 21, 2019)
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 22, 2019
Artículos más leídos
Fecha de Inicio
Agosto 18, 2019
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Tiempo de Control
Agosto 21, 2019 . 23.20 hs
[/ezcol_1half_end](Publicada Agosto 15, 2019)
(Publicada Agosto 17, 2019)
(Publicada Agosto 18, 2019)
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 19, 2019)
(Publicada Agosto 19, 2019)
(Publicada Agosto 20, 2019)
(Publicada Agosto 20, 2019)
Rol de las FF.AA. (el que se quema con leche…)
El proyecto de reforma del rol de las Fuerzas Armadas Argentinas tiene sus bemoles. Al respecto, hay que decir que en la década del ’70 y por orden del gobierno constitucional de entonces, las FF.AA. cumplieron la misión encomendada de “aniquilar” la agresión terrorista. El gobierno de María Martínez de Perón puso como justificativo el que las fuerzas policiales habían sido desbordadas por la magnitud del ataque subversivo. El decreto, además, ordenaba que las Fuerzas de Seguridad (nacionales y provinciales) más el Servicio Penitenciario quedaban bajo el mando de las FF.AA. Dicha orden se dio bajo el supuesto de que los hombres que desarrollarían las acciones estaban cubiertos por el Código de Justicia Militar y los jueces castrenses. Así debió ser, pero no fue. Pues, en una clara violación de la Constitución Nacional y de los principios universales del derecho, se juzgó a los que participaron en la represión del terrorismo con la justicia federal ordinaria.
Los políticos enviaron a los militares a matar y luego condenaron por haber matado. Después de cuarenta años, ¿se repetirá la historia? ¿Quién les garantiza a los militares que en esta ocasión no serán nuevamente traicionados por los políticos y que el código de justicia militar será el que evalué las acciones bélicas? La palabra del presidente Macri, del gobierno todo y de la oposición en este caso, no vale NADA. Y ello porque el gobierno de Macri actualmente avala los “juicios de lesa humanidad” en los que jueces civiles, inconstitucionalmente, juzgan a los militares que intervinieron en los hechos de guerra de los años ’70. Pero no sólo avala sino que, además, Macri, por intermedio de la Sec. de DD.HH. de la Nación, se constituye en querellante de los acusados. ¿Quién garantiza que el abatimiento de un terrorista no será visto como crimen de lesa humanidad? ¿Acaso, el que hoy querella militares?
www.PrisioneroEnArgentina.com
Julio 29, 2018
Buen día, Sr. Juez
El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande Marcelo Alejandro Rapoport requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los supuestos crímenes “contra la humanidad” que se habrían cometido en contra de conscriptos argentinos durante la Guerra de Malvinas. En todos los países civilizados del mundo existe un código de justicia militar que rige exclusivamente para los miembros de las Fuerza Armadas, dada la situación especial en que se desarrolla esta profesión. La Argentina es una de las pocas excepciones a esta regla gracias a que en el año 2008 el Senado de la Nación sancionó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la ley que derogó dicho código. Especialmente en la guerra, pero también en la paz, la institución militar se rige por una disciplina de hierro cuya base es la obediencia al superior en ausencia de la cual un ejército deja de ser tal, es decir, totalmente inutilizado para su fin específico.
Dado que en los últimos 15 años los tres poderes de la república han hecho todo lo que estuvo a su alcance para destruir, material y moralmente a las FF.AA., a nadie sorprende el pedido del fiscal Rapoport para la detención de oficiales y suboficiales que pelearon en Malvinas,. El hecho de que durante la Guerra de Malvinas rigiera el Código de Justicia Militar para los que estaban en el frente es anecdótico porque, como se ha visto hasta el hartazgo en los juicios de lesa humanidad, cuando las leyes lesionan al reo se pueden aplicar de manera retroactiva. En este caso el Código Penal y no el Código Militar (derogado en 2008 pero vigente en esa época de la Guerra de Malvinas) se convierte en el nuevo marco legal que tamizará las posibles conductas delictuales de hace 36 años. Pero no sólo las que el fiscal imputa a los soldados aludidos sino otras todavía mucho más graves y hartamente probadas como el asesinato de soldados ingleses, el ataque confeso y premeditado con misil Exocet al HMS Sheffield (que provocó su hundimiento) o el derribo de aviones Sea Harrier.
El Código Penal argentino no hace distinciones de nacionalidad cuando se trata de asesinatos. Y en virtud de la aplicación retroactiva de uno y la anulación de los efectos del otro (el militar) lo lógico sería marchar en busca de todos los “delitos” que se cometieron a los conscriptos de todas las clases desde que existe el Ejército Argentino. El fiscal Rapoport bien podría avanzar, usando la figura de “privación ilegítima de la libertad” contra los oficiales y suboficiales que, por ejemplo, privaban de franco a soldados castigados; y éste último, además, en concurso con el de “aplicación de tormentos”; porque “el salto de rana y el cuerpo a tierra y carrera mar” encaja perfectamente en esa figura penal. Dice Rapoport: “Una de las pruebas importantes son las actas que les hacían firmar [a los conscriptos], una vez que regresaron al continente, donde indicaban que no habían sufrido ningún tipo de perjuicio en su contra”. En las actuales circunstancias, dicha “prueba” alcanza y sobra para que cualquier tribunal federal condene a prisión perpetua.
El dato de la realidad de que ningún diputado, gobernador, cura o periodista haya siquiera murmurado la menor crítica al fiscal Rapoport y al Ministerio Público Fiscal, en la persona de Jorge Auat, por tamaña violación de los derechos humanos de los 26 acusados demuestra el grado de decadencia y/o cobardía de la sociedad argentina. No hace mucho, cuando la desaparición del submarino ARA San Juan, la vicepresidenta Graciela Michetti declaró sobre la necesidad de diseñar una “política para las FF.AA.” Es decir, ¡nunca la tuvieron! Peor aún, siguen la inercia kirchnerista, que sí tenía una: la destrucción de las FF.AA.
Si este fuera un país medianamente decente y no la comparsa en la que se ha convertido, los diputados, senadores, gobernadores, ministros, magistrados y punteros políticos estarían haciendo cola exigiéndole la renuncia a los impresentables de Rapoport y Auat.
Pero, no hay que perder las esperanzas en la justicia federal. Debe haber en la Argentina actual, yo no la conozco, pero estoy casi seguro que debe haber una persona a la cual, sin profanar el idioma, resulte posible decirle: Buen día, Sr. Juez…
Mauricio Ortín
Centro de Estudios Salta
PRISIONEROenARGENTINA.com
Mayo 19, 2018
Página Oficial del CENTRO DE ESTUDIOS SALTA
http://centrodeestudiossalta.blogspot.com.ar/
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 29, 2018
EL TARIFAZO Y LA PARTE DEL LEÓN
¿Cómo se entiende que en la discusión del precio de las tarifas de servicios públicos (gas, agua y energía eléctrica), esté ausente el costo de dichos servicios? Semejante despropósito que debe tener alguna explicación. ¿Será que la opinión pública ha sido ganada por periodistas y políticos
populistas que entienden que el precio del kWh (Kilovatio/hora) debe establecerse en función de lo “políticamente correcto” en desmedro de lo que el producto efectivamente vale? ¿La célebre afirmación de Friedman: “no existe tal cosa como un almuerzo gratis” es aplicable a a un metro cúbico de gas natural? El aire es gratis; no así el agua que sale de la canilla, el gas domiciliario y la electricidad que distribuye la red. Si el que consume no paga o paga menos de lo que cuesta, entonces, necesariamente, hay otro que está pagando por él. Vale remachar esta obviedad porque hay gente que concibe al Estado como un Papá Noel provisto de una bolsa de recursos infinitos que debe hacerse cargo de la diferencia. Para fabricar dinero sólo hace falta una imprenta, papel y tinta. Ahora bien, cosa totalmente distinta y, hasta opuesta, es fabricar (producir) riqueza. Cada billete que imprime, gasta y malgasta el Estado obtiene valor sólo en la medida en que representa la riqueza producida por alguien ajeno a él. No es con el capital propio que los presidentes, gobernadores, intendentes y legisladores hacen “justicia social” repartiendo subsidios, casas y zapatillas sino con el dinero de los contribuyentes. Por lo demás, que no pocos destinen parte sustancial de ese saqueo a la propaganda que los muestra como benefactores de los 
desposeídos revela la catadura moral de ciertos sujetos. Es el caso de los kirchneristas que, en lugar de política energética, hicieron política electoral al mantener artificialmente fijo el precio de las tarifas mientras la inflación subía por el ascensor. El resultado previsible, advertido a coro por todos los especialistas en la materia, fue el derroche de recursos, desabastecimiento energético y la desinversión en exploración y producción. Que los que nos condujeron directo a este colapso se rasguen ahora las vestiduras por el sinceramiento tarifario es de un cinismo escatológico. Pero no sólo ellos sino también la izquierda y los ex kirchneristas de la primera hora Felipe Solá, Camaño, Maza y demás rompen lanzas contra el “tarifazo” de Macri. Se compadecen por los que sufrirán el aumento pero nada dicen de los que desde hace más de una década vienen financiando energía barata para que los funcionarios hagan populismo y/ o pingües negocios. En Argentina y en la China la energía se paga lo que vale y lo que no paga uno lo paga otro. La única manera real de bajar el precio en el corto plazo es bajar o eliminar la carga impositiva de la tarifa (35% de lo que se paga, promedio); pero de eso ningún diputado (de la oposición o el oficialismo) habla. Es que hay que pagar dietas de legisladores, sueldos de ministros, pasajes de avión, asesores, los ranchos indignos construidos por Milagro Salas y Bonafini, la persecución estatal infame a los ancianos militares y policías que lucharon contra la subversión, los gastos corrientes de la familia de Santiago Maldonado, y, no alcanza. De allí que la parte del león de las tarifas de los servicios públicos vaya para el Estado, el obligado socio que aparece a la hora del reparto de las ganancias. Ese dinero es sagrado y ¡guay del que lo toque! Faltaba más…
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 21, 2018
Causa por la Explosión Río Tercero: el móvil absurdo
La sentencia dictada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba (Carlos Julio Lascano ; José Pérez Villalobo y Mario
Eugenio Garzón, secretaria Mónica Clara Sánchez) por el estrago del año 1995 de la fábrica militar de Río Tercero es un compendio de disparates que, por dados por buenos y evidentes, son el mejor documento del estado indigente en que se encuentra el servicio de justicia de la Argentina. Semejante situación, como es obvio, no fue contemplada en la “autocrítica” de hace unos días del presidente de la Corte. Para Lorenzetti la falla de la “justicia” argentina pasa por dejar de coser con hilo los expedientes. Que se condenen a los militares sin pruebas y con inventos, en cambio, no es algo que llame su atención. Todo indica que en el juicio de Río Tercero se inventó un móvil para que cierre la hipótesis del atentado y desvirtuar la del accidente. Una maniobra que, de tan burda, resulta hasta sospechoso que no haya sido advertida y denunciada por la prensa y la clase política y que, por el contrario, haya sido avalada por estos. El “móvil” de la explosión de la fábrica, por el que fueron acusados y condenados cuatro militares dice exactamente así: “Todo ello se habría efectuado con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos,…” (los que habrían sido vendidos a Croacia y Ecuador). Para el Tribunal que dictó la sentencia y para la Cámara de Casación que la confirmó el móvil aludido alcanza el grado de certeza (“certeza de patas cortas”, debieran haber aclarado). El móvil del ocultamiento de armas y proyectiles tiene su historia, sus padres y sus beneficiarios y es la siguiente: La causa fue elevada a Juicio con la 
imputación de Estrago Culposo en los últimos días del año 2.000 (es decir, no se consideraba que la explosión había sido provocada intencionalmente). Ya en el Tribunal Oral el fiscal del mismo solicita una nueva pericia, conocida como la pericia oficial. Esta se realiza seis años después del estrago y, en virtud de que la misma sostenía que la explosión había sido producto de un hecho intencional (¿atentado?), el Tribunal Oral Federal N° 2 ordena que la causa vuelva a la 1ra instancia para que se desarrolle una instrucción suplementaria y suspende el inicio del juicio por estrago culposo; o que para estos jueces federales los actos judiciales no precluyen… Cabe aclarar que la pericia del organismo especializado de la Policía Federal, sustanciada a escasos días de la explosión, concluyó que se trataba de un accidente. El conjuez Diego Estévez, quién se hizo cargo de la causa luego de que el anterior magistrado se apartara, llevó adelante la instrucción con el mandato específico de investigar la hipótesis del atentado. Estévez, luego de una prolija investigación y fundado en razones avaladas por pruebas, falló que se trataba de un accidente y no de un atentado; sobreseyendo por esta acusación, por ende, a los imputados. Acto seguido, el presidente Néstor Kirchner reaccionó visceralmente descalificando al fallo y al juez. Automáticamente, el juez Estévez fue apartado de la causa y el fallo declarado nulo. El “móvil” de hacer explotar la fábrica para ocultar el “contrabando de armas” a Croacia y Ecuador había sido instalado con éxito.
Por lo general, los estados que fabrican armas de guerra también venden dichas armas a otros estados. Es también costumbre que operaciones de compraventa de este tipo se hagan en secreto. Ello, obviamente, no quiere decir que estas no queden registradas en documentos oficiales. De allí que, si la venta y los productos estaban asentados y firmados por las autoridades respectivas entonces, no había nada que ocultar. Las armas y las municiones fueron vendidas y entregadas; a cambio, se recibió dinero; el cual también quedó registrado. Lo que si debía ocultarse, dado que tratados internacionales que habíamos suscripto lo prohibían, era que habían sido vendidas a Croacia y Ecuador y no a Panamá y Venezuela. Luego, volar la Fábrica Militar de Río Tercero no contribuía en nada a sostener que fueron vendidas a Panamá y Venezuela. Es ridículo esconder aquello que en los libros contables de la empresa estatal Fabricaciones Militares figuraba como vendido y entregado. De allí, que el móvil invocado por Ministerio Público Fiscal para sustentar la hipótesis del atentado es grotesco. Más grave todavía es que el Tribunal Oral Federal haya condenado bajo esa premisa absurda y que, por ello, cuatro inocentes marchen presos.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 19, 2018
El extraño caso del Dr. Jeckill y Mister Hyde en la causa de Río Tercero
Es así nomás, como dijo alguien (importante) que en contadas veces la ficción suele imitar a la realidad. El de Río Tercero sería un caso típico, de estos que confirman la regla, de como un sujeto salta de un estado perverso a uno virtuoso en cuestión de segundos y de manera súbita. El caso que nos ocupa es el descripto, en los Fundamentos del fallo por
causa por el estrago de la Fábrica Militar de Río Tercero, por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba (Carlos Julio Lascano ; José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón, Secretaria Dra. Mónica Clara Sánchez). En dicho escrito, el Mayor Marcelo Gatto, el oficial de menor graduación entre los militares condenados y el único que se encontraba dentro de la fábrica (los coroneles Cornejo Torino, Franke y De la Vega estaban fuera de la provincia de Córdoba), es expuesto como el imputado que asume en un lapso de escasos segundos de tiempo dos conductas diametralmente opuestas. La primera, descripta con cierto detalle, afirma, desde la más pura y frondosa imaginación, que Gatto se quedó en la fábrica a los efectos de controlar y dar cobertura a las personas (de las que no se conoce pelo o señal alguna; “…de identidad desconocidas.”) que llevaron adelante la preparación y la ejecución del monstruoso crimen de volar un polvorín inserto dentro de una ciudad de 40.000 habitantes y, todavía más grave, ubicado a pocos cientos de metros de la vivienda en la que se encontraban su hijo, su entonces esposa y la empleada doméstica (la casa fue afectada por tres proyectiles. Uno perforó el techo). Es decir que Gatto (Hyde), en pos de fines inconfesables y representándose el daño potencial de su acción, no tuvo el menor empacho de arriesgar su propia existencia, la vida y la hacienda de sus familiares más directos como, así también, de sus camaradas y de los riotercerenses todos. ¿Se puede ser más desalmado y ruin?
Ahora bien, iniciado el estrago y dadas las pruebas abrumadoras del comportamiento de Gatto en dichas circunstancias, el Tribunal no tiene más remedio que hacer aparecer al “otro yo” (Jeckill) de Marcelo Gatto. Textualmente, dice: “En el caso que nos ocupa el enjuiciado Marcelo Diego Gatto reaccionó de manera instantánea haciéndose cargo de la situación y dirigiéndose hacia la Planta de Carga poniendo en riesgo su vida […] Añadimos que en todo momento Gatto buscó proteger la vida de seres humanos –tanto de operarios de la Fábrica Militar de Río Tercero como de los vecinos de la ciudad- ayudando en todo lo que estaba a su alcance […] asumió el mando de la Fábrica ordenando a los trabajadores proteger su propia vida y la del personal, auxilió a civiles y camaradas resultando herido en esta acción, […] Lo expuesto se encuentra ratificado asimismo con los dichos del testigo Omar Nelson Ramón Gaviglio […] En igual sentido depusieron los testigos Carlos Sergio Cabral y Juan Carlos Roldán. Podemos aseverar que el procesado Marcelo Diego Gatto se comportó durante estos trágicos acontecimientos como un “militar de pura cepa” priorizando salvar a los obreros y ciudadanos de Río Tercero antes que su propia familia […] Añadimos que a pesar de sufrir una enfermedad cardíaca realizó una
heroica actuación arriesgando su vida, que por ello resultó lesionado en su pierna derecha. Resaltamos que ese día pese a la sugerencia de los médicos que le habían expresado que se quedara internado por la dolencia que padecía, Marcelo Gatto desoyó esos consejos y continuó ayudando en la Fábrica…”
Es de tal magnitud la actuación de Gatto (Jeckill) que, aparentemente, el tribunal se vio obligado a inventar (¡SÍ, INVENTAR!) un agravante para mostrarlo un poco más “Hyde” y así balancear para justificar la pena de diez años de prisión que le impusieron. El invento consistió en adjudicarle la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, que Gatto cursó y obtuvo en el año 2002, de manera retroactiva al 3 de noviembre de 1995; o sea, 7 (siete) años después. Textualmente: “Finalmente, en el caso de Marcelo Diego Gatto, como agravantes debemos valorar […], su formación profesional específica –ingeniero militar en electrónica y aeronáutica, teniendo una especialización en Higiene y Seguridad del trabajo-“.
Como se sabe y está generalizado en los juicios de lesa humanidad, en todo aquello que tiene que ver con la ley y la retroactividad, para los militares, vale sólo cuando empeora la situación del reo.
Pues bien, la única y admisible explicación de las conductas abismalmente opuestas del acusado Gatto, la de minutos antes y la de minutos después de la explosión es que el sujeto sufre un grado de esquizofrenia galopante. Afección que, dado que no aparece mencionada en el fallo, ha pasado olímpicamente inadvertida para el Tribunal y que éste o una instancia superior debería enmendar. Si por el mero pero fundamental efecto del control republicano el absurdo queda firme, inevitablemente, no queda otra que concluir que los Mister Hyde han copado el sistema.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 28, 2018
DEUS EX MACHINA EN EL FALLO POR LA EXPLOSIÓN DE LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO[1]
El proceso judicial que dispara una acusación contra un ciudadano tiene como término la condena o absolución de éste dictada por un juez o tribunal competente. Entre ambos extremos se entabla un debate entre los letrados que acusan y los que defienden al imputado. La garantía de justicia está dada en la medida en que: 1) la acusación tenga entidad epistemológico-legal para ser objeto de corroboración en un juicio; y 2) que el fallo resultante devenga, necesariamente, a que la acusación haya sido, o no, corroborada empíricamente con el grado de certeza que requiere la ley.
En el caso de la causa por el siniestro de la Fábrica Militar de Río Tercero el juez de la instrucción, Estévez, en el año 2006 consideró que la acusación del hecho intencional para provocar el estrago de la fábrica no tenía consistencia jurídica y absolvió a los imputados. Ello porque no se pudo probar ni que se trataba de un atentado, ni de la relación directa o indirecta entre los imputados y el acto eficiente de incendiar y/ o detonar los explosivos de la fábrica. El fallo de Estévez fue anulado y el fiscal Gonella junto con el juez reemplazante de Estévez, Ochoa, elevaron a juicio insistiendo con la hipótesis del atentado imputando de la manera siguiente:
“Se atribuye a los acusados—Carlos Jorge FRANKE, en su rol de Director de Producción de la DGFM (Dirección General de Fabricaciones Militares), a Edberto GONZÁLEZ De la VEGA, en su rol de Director de Coordinación empresaria de la DGFM, a Jorge Antonio CORNEJO TORINO, en su rol de Director de la FMRT (Fábrica Militar de Río Tercero) y a Marcelo Diego GATTO, en su rol de Jefe de la División Producción Mecánica de la FMRT, haber provocado el día 03/11/95, a las 08:55 horas aproximadamente, por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada, el incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga, […]”Asimismo, habiendo transcurrido unos minutos de ese primer estallido y con idéntica modalidad (intencional, programada y organizada), se provocó por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, otra explosión de mayor magnitud que las anteriores,…”
Así las cosas, la tarea específica del fiscal y de la cual depende la sentencia del juicio no puede ser otra que el acto de corroborar, empíricamente, la intencionalidad del siniestro y el vínculo de subordinación o complicidad que habría mediado entre los imputados y los autores directos de la explosión (“…personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce…”).
Pues bien, en el fallo, en relación a la imputación fiscal que afirma el atentado, no existe ni un solo testimonio, prueba o indicio que pueda dar cuentas de:
– a) qué mecanismos y cuáles sustancias, incendiaron y/ o detonaron el primer tambor de explosivos;
– b) cuándo y cómo, dichos mecanismos y sustancias fueron introducidos en los lugares apropiados a los efectos del siniestro;
– c) desde dónde dichos mecanismos y sustancias fueron, oportunamente, accionados a distancia;
– d) quiénes introdujeron y accionaron dichos mecanismos y sustancias (“los hombres de adelante”, según Roxin)
En relación a la conexidad cómplice entre los acusados y los autores directos del estrago, la orfandad de pruebas en la causa es absoluta. Nada (llamadas telefónicas, cartas, encuentros, cheques, etcétera., ¡nada! ) revela una relación de este tipo. Es más, nada (nombres, fotos, cuentas de hoteles, identikits, declaraciones testimoniales, rumores, etcétera) indica siquiera la existencia de aquellos a quienes los acusados habrían delegado la acción del estrago. De allí que, de hecho, la acusación que de manera encubierta funge en el fallo condenatorio sea: que los acusados provocaron la explosión “por intermedio de persona o personas cuya identidad nunca se podrá conocer”. Lo que, además, se corrobora por la actitud, tanto del fiscal como de las querellas y del Tribunal, de despreocuparse por probar, en el caso o en el futuro, la existencia de los autores directos del estrago.
Demás está decir que tanto la imputación del fiscal como el fallo que le confiere entidad están absolutamente reñidos con las reglas de la sana crítica racional y de lo más elemental que establece el método científico. En particular, ello se torna evidente cuando, para salvar la refutación de la hipótesis que sostiene la culpabilidad mediata de los acusados (no se puede vincular a ninguno como agente directo del inicio del estrago), se recurre a la hipótesis ad hoc (infalsable) de que los acusados provocaron los hechos a través de personas y de modos que no pueden, por definición, ser corroborados de manera alguna. Es como, ante las evidencias que los colocan fuera del hecho, Gatto, Cornejo Torino, Franke y De la Vega son culpables porque, si bien ellos no activaron el botón, lo hicieron a través de personas que poseen las virtudes de ser invisibles y de no dejar ningún tipo de rastro de su actividad como de la vinculación mafiosa con los acusados.
Habida cuenta de la total indigencia probatoria en la causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba, presidido por el juez Carlos Julio Lascano e integrado por los jueces José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón hubo de recurrir a condenar en abstracto. Para ello apeló a la aplicación no ortodoxa de la teoría de la autoría mediata de Roxin, según la cual “los hombres de atrás” de los autores directos de un delito, cometido por una dictadura, tienen responsabilidad penal. Gatto, Franke, De la Vega y Cornejo Torino en este caso, son “los hombres de atrás”. Dos observaciones caben aquí: a) en el año 1995 regía el estado de derecho; b) ¿Quiénes y donde están “los hombres de adelante”? (sin los cuales no son posibles “los hombres de atrás”). Pues bien, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba pretende resolver la total falta de indicios o pruebas que vinculen a los acusados al supuesto atentado recurriendo no a la ciencia del Derecho o a la sana crítica racional sino a la figura literaria del Deus ex machina. Y así, sin que se les mueva un pelo y advirtiendo que no se los conocerá jamás[2] introducen en la obra “a los hombres de adelante”. Así condenan los jueces en Argentina…
[1] El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba fue confirmado por la Cámara de Casación Penal el 19 de diciembre de 2017.
[2] Si no se investigó la supuesta existencia de “los hombres de adelante” durante el juicio, nada se puede esperar una vez cerrado el caso. A los efectos prácticos, son sujetos incognoscibles por definición.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 23, 2018
“POLÍTICA DE PUÑAL FÁCIL”
¿Cuál era la manera correcta de proceder del policía Chocobar dentro de la escena de la que formaba parte? Un turista estadounidense gravemente apuñalado, dos apuñaladores en fuga y él con un arma de fuego. Digamos que, básicamente, tenía dos posibilidades. Una, dar la voz de “alto o disparo” y esperar sentado a que los fugitivos la acataran o, en su defecto y ante el no acatamiento, actuar en arreglo su ultimátum verbal. Ocurrió lo segundo con el luctuoso saldo del delincuente abatido en lugar del delincuente fugado como otra posibilidad. Es claro que la vida de Chocobar no estaba siendo atacada ni en serio riesgo antes de que se decida a intervenir. Al contrario, el policía comienza a exponerse cuando saca el arma y se coloca en la posición de blanco a batir. Además, Chocobar no tenía la información (ni tiempo, ni modo de consultarla) acerca de si había un tercer delincuente de apoyo o si los tipos portaban armas de fuego. Su deber era detener al delincuente y, éste último, el cómo. Chocobar debió suponer que un sujeto capaz de asesinar a cara descubierta, a plena luz del día y en un lugar atestado de gente, representa un peligro sustantivo para la sociedad. Detenerlo era una cuestión de vida o muerte para las próximas y seguras víctimas. El tipo no estaba robando un chupetín cuando recibió la voz de alto; estaba cometiendo un cobarde y depravado acto de apuñalar por sorpresa a una persona indefensa (el turista no estaba avisado, ni tenía un puñal).
[ezcol_1half]
[/ezcol_1half]
[ezcol_1half_end]
Luis Oscar Chocobar. A la izquierda, junto al turista apuñalado.
[/ezcol_1half_end]
La cuestión es que el hecho tuvo un pico de presión política cuando Macri, en clara señal de apoyo frente al procesamiento (por homicidio) de Chocobar, lo invitó a la Casa Rosada y la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, declaró: “El policía actuó como debía. En cualquier país civilizado el Estado lo primero que se hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés”. El “¡Vade retro Satanás!” que la izquierda, el kirchnerismo y el sector progre opuso fue automático. Agustín Rossi, presidente del PJ santafesino y jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria calificó la señal de Bulrich como “horrible y peligrosísima”, en tanto que el diputado del “Peronismo para la Victoria”, Fernando “Pino” Solanas denunció penalmente a ambos; “Chocobar es el policía con sed de sangre que fusiló por la espalda a su hijo con el mismo plomo policial que arrebata una vida inocente cada 23 horas”, escribieron en, “La Izquierda Diario”, Alexis Cabañas y Alan Gerónimo. A partir de estas ideas, en situaciones similares a las que protagonizó Chocobar, los policías deberán advertir, ¡Alto o no disparo! y, luego, dejar huir al delincuente cada vez que asesine. Otra opción sería la de entrenar policías en la destreza de esposar delincuentes esquivando puñaladas. El juez de Menores Enrique Velásquez, el que procesó a Chocobar, debiera demostrar, a partir de reducir con sus solas y propias manos a dos apuñaladores, que esto es perfectamente posible.
Solidarios con el apuñalador, indiferentes con el apuñalado y enemigos declarados del policía, más que un punto de vista atendible, lo que expresan estos señores en sus sofismas es una discapacidad moral. Discapacidad que, en nombre de combatir lo que ellos designan al voleo “política de gatillo fácil”, justifican y promueven de hecho la “política de puñal fácil” de los criminales.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 9, 2018
PERAS AL OLMO
Por MAURICIO ORTÍN.
“Repudiamos enérgicamente la militarización… y los desmanes que generaron las fuerzas de seguridad de este país”. Estas fueron, más o menos, las palabras del titular de la CGT, Héctor Daer, sobre los acontecimientos frente al Congreso de la Nación en oportunidad de tratarse la ley de Reforma Previsional enviada por Macri. El diputado Rossi y, en general, toda la oposición se expresó en los mismos términos. ¡Se puede ser más chanta! Quince autos destrozados, comercios saqueados, vidrieras destruidas por delincuentes encapuchados (armados con piedras, hondas y palos) no merecieron, siquiera, un mísero comentario de repudio de estos señores. De los gendarmes heridos, insultados y vejados, como es natural, nadie se conduele. En la Argentina, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad son ciudadanos de cuarta y ¡guay! de que alguno, ya en defensa propia o de un civil, toque a un encapuchado. Eso sí, el diputado Agustin Rossi se quejó amargamente por las vallas y la cantidad de efectivos que custodiaban el Congreso. Seguramente la intención de esos energúmenos (a los que llama “pueblo”) era ingresar al recinto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Exagero si digo que hubieran colgado a los diputados oficialistas de los faroles? Se equivocan de medio a medio los que interpretan que fue un error de Macri el proyecto de ley de reforma previsional lo que enardeció a los violentos. Y a los diputados opositores. Además, cualquier excusa es buena para derrocar a un gobierno no peronista. El fogoneo del caso Santiago Maldonado tenía esa clara intención. Más bien se trató de un ensayo de golpe civil (a lo De la Rúa) monitoreado por sujetos, que de esto saben un montón, como Leopoldo Moreau.
[ezcol_1fifth]Ahora bien, el oficialismo tampoco hace mucho por sí mismo. La diputada Elisa Carrió, por si llueve, apuntó contra Patricia Bullrich por el despliegue exagerado de la Gendarmería (“militarización”, Agustín Rossi dixit). No opinaría lo mismo, seguramente, si los encapuchados hubieran entrado al recinto. No se equivoca el diputado Moreau cuando pide la cabeza de la ministro de Seguridad de la Nación; en diciembre de 2001 pedía la de Domingo Cavallo como maniobra previa a exigirle la renuncia al presidente. Cuando defenestraron a De la Rúa, la Policía Federal fue la que puso el cuerpo para que “el pueblo” no lo “ajusticiara” dentro de la Casa Rosada; obviamente, los policías responsables ya recibieron su correspondiente condena. Si yo fuera gendarme pensaría dos veces antes de arriesgar mi vida para defender a políticos que luego me querellarán por haberlos defendido. Dado que este asalto al Congreso para impedir el tratamiento de una ley salió bien, todo conduce a pensar que vendrán otros y en escala mayor. La mayoría de la prensa reaccionó endilgando la responsabilidad de los hechos a la falta de cancha política del gobierno. De los energúmenos encapuchados ni una línea. Nelson Castro, por ejemplo, opina como si la Argentina fuera Disneylandia. Debiera poner en práctica sus ideas y hacer escuela vistiéndose de gendarme para enseñar cómo, con buenos modales y juiciosas palabras, se disuade a los señores encapuchados para que no lo lapiden o lo maten a palos.
El gobierno se hace trampas. Es que, en alguna medida, comparte la cosmovisión política que el kirchnerismo impuso a la clase política y a los opinadores profesionales. Si no fuera así, no hubiera reaccionado en contra del pedido de prisión preventiva que el juez Bonadío hizo de Cristina, Zannini, Timerman y demás. Constituye una hipocresía impúdica que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se pronuncie contra dicho fallo cuando militares de 80 y 90 años sufren prisión preventiva de hasta 14 años. Pero si el Vaticano tiene terror a que lo corran por derecha los organismos de derechos humanos, ¿por qué no habría de tenerlo el presidente Macri? Es difícil tomar medidas económicas de derecha y posar de zurdo. Además, lo dijo el mismísimo Jaime Duran Barba: “Macri es de izquierda”. Bueno, pero entonces no le pidamos peras al olmo.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 15, 2017
JULIO POCH Y LAS VENTAJAS DE SER HOLANDÉS
El ex piloto de la Armada Argentina, Julio Poch, pese a pertenecer a la categoría de “genocida bajo sospecha” para el Estado argentino (el infortunado perteneció a las FF.AA. en los años ’70) fue el único acusado entre 54 en ser absuelto por el voto unánime del Tribunal Oral Federal de la causa ESMA III. Esta feliz circunstancia, para él y para los justos, no está de manera alguna ligada a la brillante defensa que hiciera su letrado, el Dr. Gerardo Ibáñez, ni tampoco a la inconsistente acusación (en pruebas y en argumentación) del fiscal Taiano y del juez Sergio Torres. Lo que en verdad operó decisivamente para que Poch fuera absuelto fue la ciudadanía holandesa que éste obtuvo luego de retirarse de la Armada y radicarse con su familia en ese país. Allí, lejos de su país natal, se desempeñó como piloto de aerolínea y encontró un lugar en el mundo hasta ese día infausto en que su suerte cambió radicalmente. El 22 de septiembre de 2009, en Valencia, por pedido del juez Sergio Torres, Julio Poch, fue detenido y extraditado. En mayo de 2010, el mismo juez dispuso procesarlo con prisión preventiva imputándole el delito de “privación ilegítima de la libertad”. Para este trámite el magistrado invocó y dio por cierta la declaración de Tim Eisso Weert, compañero de trabajo de Poch, según la cual en una cena en Bali escuchó de boca de Poch admitir la participación en los vuelos en los que los marinos arrojaban a los terroristas al mar. Poch niega haber dicho tal cosa y los demás presentes contradicen a Weert. Pues bien, para el Estado argentino la sola declaración del señor Weert constituyó motivo suficiente para encerrar ocho años con prisión preventiva al ex militar Julio Poch. Hay que aclarar que el caso de Poch no es la excepción sino la regla en los casos de lesa humanidad. Ello así porque en dichos juicios el solo testimonio de un ex terrorista basta y sobra para enviar a perpetua a cualquier uniformado; héroes de guerra, incluidos.
[ezcol_1third]Dr. Gerardo Ibáñez
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Julio Poch
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Juez Sergio Torres
[/ezcol_1third_end]Así las cosas, la denuncia del holandés Weert se presentó como una oportunidad de oro para pavonearse en Europa como campeón de la justicia. Que en la instrucción del juez Torres como en el auto de elevación a juicio del fiscal Taiano las pruebas y los indicios contra Poch brillen por su ausencia es un detalle que a nadie le importa y menos a la prensa. Lo que importa es el titular: “Apresaron a un genocida”. El fiscal Taiano, lejos de aportar el menor y andrajoso indicio que avale la acusación contra Poch, divide su escrito en dos partes iguales: en la primera hace una larga descripción técnica de los aviones con que contaba la Armada Argentina en los años ‘70; en la segunda transcribe las declaraciones que Tim Eisso Weert y otros holandeses hicieron en Holanda. Ahora bien, lo que debe probarse en el juicio es si Julio Poch participó en los vuelos en cuestión y no que le haya dicho a un tercero que participó en ellos. Tampoco se entiende cómo la enumeración y descripción del parque de aviación de la Armada pueda vincular a Poch con el hecho. Pues bien, esto que en la Argentina es perfectamente normal, aparentemente, no lo es en Holanda. El caso Poch tiene en ese país una repercusión significativa, tanto en los medios de comunicación como en la política, debido a que Poch, como la reina, es holandés y argentino. El Estado holandés, aparentemente y en complicidad con el argentino, en el convencimiento de la culpabilidad de Poch y para ahorrarse un conflicto que podría afectar a la reina, pasó información para que lo detuvieran en España (Holanda no tiene tratado de extradición con la Argentina). Pero he aquí que a poco de iniciarse el proceso los holandeses advirtieron que algo olía mal en la causa ESMA III. Ello llevó a que pusieran más atención en ese compatriota que era juzgado. La embajada de Holanda en la Argentina y la prensa de ese país se hicieron presentes en el juicio. No tardaron en llegar los reproches de los organismos de los derechos humanos que entendían que los ojos extranjeros no dejarían pasar, sin hacer la respectiva denuncia internacional, una condena sin ningún fundamento probatorio. El Tribunal también lo entendió así y eligió no exponerse a la crítica internacional. Es que, en la Argentina, una cosa es darle perpetua a un policía o un militar argentino y otra muy distinta a un ciudadano holandés. Nuestros jueces son locos pero no comen vidrio.
Tipos raros estos holandeses: considerar a los militares argentinos sujetos de derechos humanos. En fin…
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 12, 2017
POLÍTICA PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y DERECHOS HUMANOS
Más vale tarde que nunca. Después de décadas de autismo generalizado unos pocos políticos (para ser generoso, unos cinco) del oficialismo y uno que otro periodista independiente han caído en la cuenta de que el país debe tener una política de defensa y que para algo existen las Fuerzas Armadas. Los demás siguen en una nube de gases. Con “bueyes” de esta laya viene arando la Argentina desde 1983 a la fecha. Los resultados están a la vista. El naufragio del submarino ARA San Juan reveló, en consonancia con la tragedia, el grado extremo de indigencia material en el que se encuentra la institución que supo libertar a Chile y al Perú y hundirle la mitad de la flota a Gran Bretaña. Pero, si bien los submarinos, aviones y tanques son importantes para defender la sociedad, los verdaderamente imprescindibles son los hombres. Un ejército no se hace de la noche a la mañana ni con cualquiera que anda por ahí en búsqueda de una ocupación. La tradición, basada en el heroísmo, el honor y el ejemplo de sus combatientes, constituye por lejos el más valioso capital ético de la institución militar. Capital que el Estado tiene el deber de preservar, honrar y cuidar celosamente. El soldado que, dadas las circunstancias, marchará al frente de guerra debe estar convencido de que su sacrificio valdrá la pena y que obtendrá el reconocimiento de la sociedad por la que pelea.
De allí que y sin exagerar un ápice al respecto, opino que desde 1983 en adelante la clase política argentina ha actuado con una irresponsabilidad y una desidia rayana con la traición. Lo mismo se puede decir de instituciones y colectivos como la Iglesia, los empresarios y los sindicatos; quienes asumieron en mayor o menor medida y como verdadero el relato perverso que, de la década del ’70, hicieron los sobrevivientes de ERP y Montoneros. Éste, básicamente, se fundamenta en la doble mentira del “genocidio” y de los 30.000 desaparecidos que niega los actos terroristas de los subversivos. La mentira instalada en los medios y en el discurso de los tres poderes de la Nación y de las provincias, no tardó en establecerse como “lo políticamente correcto”. Para la democracia el rol a desempeñar por los militares es el del “chivo expiatorio perfecto”; los “perejiles” a quienes endilgar sus gestiones (pre/post 24/03/76) ineptas, mediocres y, en el caso del kirchnerismo, ultracorruptas. Los ex terroristas, por su parte, borran de la memoria sus horrendos crímenes presentándose como víctimas. Linda “patriada” esta de destruir a las Fuerzas Armadas y de Seguridad proclamando, urbi et orbi, el intrínseco carácter “genocida” de sus miembros. Esa y no otra fue y es la verdadera y única política para las instituciones militares que se esconde tras el eufemismo de “Política (de Estado) en Derechos Humanos”.
En los ’70 la subversión marxista intentó acabar con las instituciones armadas con el recurso del asesinato y fracasaron; que el estado democrático, al que querían derrocar, haga ahora el trabajo del ERP y Montoneros suena ridículamente macabro. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los jueces y fiscales federales disponen de un presupuesto millonario para ese fin. Nuestros niños estudian con textos obligatorios donde el término “genocida” es sinónimo de militar. No hay dinero para equipar las FF.AA. pero sobra para demonizarlas. Los juicios de lesa humanidad El Tribunal Oral Federal de Tucumán, por ejemplo, en su fallo condenatorio en la causa, “Operativo Independencia”, sostiene que los militares ejecutaron “un plan sistemático y generalizado contra una parte de la población civil por sus ideas políticas”. El fiscal, Pablo Camuña, a su vez, dice: “El Ejército, con las unidades sumadas a él o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un período que llegó por lo menos hasta 1978”. La falsedad de estos dos disparates no resiste el más andrajoso análisis. ¡El ERP fue la fuerza militar (¡no civil!) invasora que intentó ocupar Tucumán! ¡El Ejército Argentino fue el que lo impidió cumpliendo la orden del gobierno constitucional! Por cierto y para los señores jueces, la sigla ERP significa Ejército Revolucionario del Pueblo; la palabra clave es: E-jer-ci-to ¿Se entiende?
En medio de todo esto, la Sra. Gabriela Michetti, ya en la mitad de su gestión como vicepresidente viene a desayunarse sobre la urgente necesidad de definir una política para las Fuerzas Armadas e invita a consensuar entre todos los argentinos eso que Duran Barba no previó. Ahora bien, antes de siquiera esbozar dicha política Macri deberá resolver si hace equipo con Lorenzetti, Verbitsky, Carlotto, Pérez Esquivel, Cortiñas, Jones Huala, Del Caño, Víctor Hugo y la CIDH o se pone la camiseta de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la que es jefe. Es que, como dicen Las Sagradas Escrituras: “Nadie puede servir a dos amos”…
Mauricio Ortín es miembro del Centro de Estudios Salta.
Noviembre 29, 2017
PrisioneroEnArgentina.com
AUSENCIA DE PUDOR EN EL CASO MALDONADO
Santiago Maldonado apareció justo allí donde había desaparecido. Se lo había buscado en toda la Argentina (incluso, en Chile) menos en el preciso lugar donde había que hacerlo. Se peritaron ADN y huellas digitales en las camionetas de Gendarmería, se llamaron a declarar uno por uno a los gendarmes que participaron en la disolución del corte de ruta, se peritaron sus celulares y otras diligencias que corresponden y son de manual. De éstos últimos, porque fueron filmados y difundidos por los medios, todo el mundo sabe el nombre y apellido y hasta les conoce la cara. No es un detalle menor (dado el trato que le da la izquierda y las ONG de DD.HH.) el precisar que la Gendarmería no es una cuerpo integrado por asesinos perversos.
Una pesquisa por un caso de la desaparición de una persona debe, después de revisar exhaustivamente el lugar, como primera medida elemental recabar el testimonio de los que se encontraban con la víctima en el momento mismo en que se comenzó a notar su ausencia. Pero, he aquí que ello no ocurrió cuando la causa estaba a cargo del juez Otranto, ni cuando en manos del juez Lleral. En las fotos que obran del corte de ruta del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) del primero de agosto se pueden ver a nueve encapuchados resistiendo a las fuerzas legales. Uno de ellos, fue reconocido por la familia, sería Santiago Maldonado y el otro, según declaró él mismo, es Matías Santana. De los siete restantes, dado que ocultan su rostro, nadie tiene la menor idea sobre su identidad personal. Si se sabe, y nadie lo niega, que se encontraban allí delinquiendo contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación (artículo 194 del Código Penal) y que atacaron con piedras y lesionaron gravemente a dos gendarmes (homicidio en grado de tentativa). Según sus propios dichos, el corte de ruta era para pedir por la libertad de Jones Huala; el jefe de la RAM que está entre rejas y podría ser extraditado a Chile por delitos que se le endilgan en el país trasandino. Estos violentos, de Heidi, Bambi y los enanitos de Blancanieves no tienen nada. Pues bien, a tres meses del hecho todavía no sabemos quiénes son, donde están, que saben, que hicieron y, ni siquiera, ¡si el juez está haciendo algo para que se presenten a declarar como testigos! Mas, si para hacer el rastreo del río Chubut la justicia debe pedir permiso a los encapuchados, someterse a registro de armas y tolerar agresiones físicas y verbales as sus funcionarios, estamos en el horno. Ya la ministra Patricia Bulrich fue escrachada a coro por no haber alimentado a las fieras con carne de gendarmes. Carlotto dijo de ella: “es una persona enemiga de la democracia”, que “se puso el traje de gendarme”; Pérez Esquivel, pidió su renuncia. Por su parte, añadió Tati Almeida “Hay pruebas de que el Estado es el único culpable y responsable de la desaparición de Santiago”, Horacio Verbitsky, sostuvo, es “una desaparición forzada a manos de fuerzas federales”. Víctor Hugo Morales: “A Santiago Maldonado lo desapareció Gendarmería”. Exabruptos, infamias y disparate de este tenor hay para hacer dulce. Total, calumniar a un milico en este país es gratis. A los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de genocidas para abajo, se les puede atribuir cualquier cosa sin esperar una reacción contraria de la prensa, la iglesia, la justicia o el INADI.
El día 17 de octubre apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Antes de que se certificara su identidad, rápidas de reflejos, Miriam Bregman, desde la izquierda, y Mabel Sánchez, de la APDH, salieron a afirmar, categóricamente, que: “el cuerpo fue plantado”. La autopsia reveló que el estado del cadáver era compatible con haber estado en el agua el tiempo que llevaba de desaparecido, que no tenía golpes, heridas de armas de fuego o signos de violencia. Dos opciones, de acuerdo al resultado de la autopsia. La primera, el cuerpo fue secuestrado por la Gendarmería el 1 de agosto sin provocarle ni un rasguño. Acto seguido, a temperatura entre 2 y 3 grados centígrados, conservado en agua durante unos dos meses; para, luego y finalmente, ser depositado (sin que ninguno que del RAM que hacen guardia allí lo advirtiera) en el mismo lugar de donde se lo habían llevado. La segunda posibilidad, la que por “disparatada” y “políticamente incorrecta” pocos se atreven a plantear, sostiene que Maldonado se ahogó cuando cruzaba el río con los RAM; que estos no hicieron nada para salvarlo, que siempre supieron que estaba allí, sumergido; que, con el cuento del territorio sagrado, impidieron que la justicia de pusilánimes lo encontrara antes y, final y lamentablemente, que los RAM, el kirchnerismo, los derechos humanos y la mar en coche, usaron la muerte de un joven para sus espurios intereses personales. En mi opinión, esta última es la única verosímil.
Cuando esto al fin se aclare, los que calumnian a los inocentes por un crimen que ocurrió debieran llamar a esa gente que escarnecen y persiguen (los gendarmes) para implorarles su perdón. De que son mejores personas que ustedes no tengo la menor duda.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 28, 2017
A cien años de la Revolución Rusa
Por Mauricio Ortín
A cien años del primer experimento de aplicación práctica de la teoría marxista, que impidió la democracia y culminó en estalinismo
Si por Revolución Rusa se entiende la caída del régimen autocrático zarista a manos de aquellos que intentaron, sin éxito, establecer un sistema republicano de gobierno, entonces dicho acontecimiento debió celebrar su centenario el mes de marzo pasado (febrero en el calendario juliano). Si, en cambio y como es moneda corriente, se llama revolución al golpe de Estado (contrarrevolucionario) de la facción bolchevique contra la democracia en ciernes que se había iniciado en marzo, la fecha se corre para el 7 de noviembre (25 de octubre del calendario juliano). El zar Nicolás II y la dinastía Romanov fueron expulsados del poder por el gobierno provisional surgido del consenso de los partidos políticos en marzo de 1917. Lenin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev y las principales figuras bolcheviques, para esa época se encontraban fuera de Rusia, a miles de kilómetros del lugar donde se desarrollaban los hechos, la ciudad de San Petersburgo.
Un conjunto de factores explosivos se conjugó entre marzo y noviembre de 1917. En las grandes ciudades, el reclamo de elementales derechos individuales se hacía sentir; por su parte, los pueblos no rusos subyugados al imperio pugnaban por su independencia; el campesinado (que constituía la mayoría de la población) exigía una reforma agraria que los hiciera propietarios; por último y fundamentalmente, el rechazo generalizado a un conflicto bélico que diezmaba a la población y la sumía en la miseria (la Primera Guerra Mundial). El zar Nicolás II, pésimo militar, contribuyó eficientemente a la debacle al asumir el mando de sus ejércitos. En el frente interno político tuvo similar desempeño al permitir la intromisión del monje Rasputín en los cruciales asuntos de Estado. Lo que desvaneció, entre propios, la poca autoridad que le quedaba. Rota la cadena de mandos, el ejército de andrajosos y famélicos entró en disolución. Los soldados mataban a sus jefes para desertar en masa y regresar a sus aldeas en estado de conmoción. Nicolás II abdicó y el gobierno provisional de Kerensky intentó construir poder y detener el desbande militar exhortando al patriotismo guerrero. Era lo último que querían oír los que estaban o venían del frente. El poder se encontraba al garete y, como siempre en estos casos, a merced de la facción que pudiera organizar una fuerza represora lo suficientemente brutal, dadas las circunstancias, que impusiera el codiciado orden para dar por finalizada la angustia que genera el vacío de poder.
Lenin, el líder de los bolcheviques, había esperado esta oportunidad toda su vida. No la desaprovecharía. Supo interpretar como ninguno el desconcertante caos político-social y sacar las conclusiones correctas en relación a lo que se debía decir y hacer para tomar “el cielo por asalto”. Prometió, en caso de acceder al poder, entregar la tierra a los campesinos; conceder la autonomía a los pueblos no rusos que la demandaran; y, principalmente, declarar unilateralmente el fin de la guerra. Tales promesas no fueron suficientes para ganar la adhesión de las mayorías (los bolcheviques siempre fueron minoría); sin embargo, tuvieron el efecto de posicionarlos, de hecho, en la dirección de los acontecimientos. No fueron las masas las que tomaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, sino un comando bolchevique que no encontró resistencia. El primer experimento marxista había comenzado. Lenin, Trotsky y los bolcheviques aplicarían su diseño de ingeniería social a 130 millones de personas como si fueran conejillos de indias. El ineludible exterminio hasta sus cenizas del capitalismo “criminal” daría paso al “hombre nuevo” que el “profeta de Tréveris” (Marx) había anunciado. Nada era más importante ni nadie debía interponerse ante semejante objetivo y para ello contaban con una herramienta: “el terror de masas”. La primera medida del gobierno de Lenin fue la creación de la Cheka: la policía secreta con amplísimos poderes y casi sin límite legal alguno dirigida por el comisario Feliks Dzerzhinski. Su función, “suprimir y liquidar” todo acto “contrarrevolucionario” o “desviacionista”. Entre 1918 y 1922, durante el “Terror Rojo”, la Cheka asesinó a un millón de personas por motivos políticos o religiosos (la Rusia zarista ejecutó entre 1825 y 1917 a 6.321 personas). Como la revolución tampoco era compatible con la libertad de prensa se amordazó a la oposición. Lenin falleció en 1924. Le sucedió el siniestro Stalin: el esteta del terror que hizo de éste un sofisticado arte.
La Revolución Rusa (bolchevique) se ha convertido en un tipo clásico del golpe de Estado. Tiene la virtud de mostrar cómo un conjunto relativamente minoritario de políticos profesionales, dado un contexto de conmoción social, puede, si actúa con decisión, audacia y absoluta falta de escrúpulos, adueñarse del poder frente a una mayoría de pusilánimes. La puesta en práctica de las ideas de Marx devino en tragedia bíblica para los millones de rusos, ucranianos, cosacos, tártaros, georgianos que, asesinados, torturados, esclavizados en los Gulag o simplemente cautivos del régimen, las sufrieron. Eso y no otra cosa fue la tristemente célebre Revolución Rusa. Ello, sin embargo, no ha sido óbice para que los que se consideran de izquierda continúen presumiendo de superioridad moral. Es que, el marxismo, aunque lo simule, no es una ciencia sino una fe. En ese sentido la Revolución Rusa es un ejemplo más de las consecuencias amargas de mezclar religión y política.-
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 20, 2017
HONOR Y MISERIA EN EL JUICIO POR EL OPERATIVO INDEPENDENCIA
POR MAURICIO ORTÍN
CENTRO DE ESTUDIOS EN HISTORIA, POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS DE SALTA
Participé como miles de argentinos del Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Todos, soldados, suboficiales y oficiales de las fuerzas legales, ya en combate, ya custodiando a los civiles, cumplimos con nuestro deber al derrotar a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo. Han pasado cuarenta años de aquella patriada, tiempo más que suficiente para que vencedores y vencidos escriban la historia mirando hacia adelante y no como si tuvieran los ojos en la nuca. Conviene precisar que fue el Estado nacional, presidido por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, con la aquiescencia del Congreso, el Poder Judicial, los gobernadores y todas las fuerzas políticas el que ordenó a las Fuerzas Armadas y de seguridad aniquilar la subversión en Tucumán. Paradójicamente, casi medio siglo después, son los mismos actores políticos los que implementaron una “política de Estado” para perseguir a aquellos que cumplieron con su anterior “política de Estado” de aniquilar la subversión. Los que ayer ordenaron aniquilar, hoy se constituyen en inclementes jueces de aniquiladores. En los juicios de lesa humanidad, el del Operativo Independencia no es la excepción, lo que verdaderamente se juzga es el “delito aberrante” haber reprimido a un intocable del ERP o de Montoneros. Tanto es así que la comisión del delito de “violación de domicilio” se convierte en “lesa humanidad” si se perpetró contra el subversivo-víctima que asesinó al capitán Viola y a su hija María Cristina. Crimen, éste último, infinitamente menos grave para la justicia argentina. Y ¡guay! de que algún letrado “defensor de genocidas” en el oral se le ocurra “revictimizarlos” con preguntas le revuelvan sus “pecados de juventud”.
Párrafo aparte merece el alegato final del fiscal Pablo Camuña. Su esfuerzo retórico está dirigido a condenar al Operativo Independencia como empresa maligna para, luego, deducir la culpabilidad objetiva de los acusados por el mero hecho de haber participado en ese operativo. De allí que las pruebas resulten ociosas y el testimonio del enemigo de los imputados le baste y sobre para pedir perpetua. El alegato de Camuña podría definirse como un mamarracho jurídico “políticamente correcto” a la altura de la cobardía generalizada que atraviesa la sociedad argentina. Para Camuña, “El Ejército, con las unidades sumadas a él o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un período que llegó por lo menos hasta 1978”.
Pero ¿cómo se entiende esto? Acaso, que hay que considerar al Ejército argentino como el enemigo invasor del territorio nacional? ¿Camuña coincide con la tesis de los terroristas? Es más, ¿por qué las FF.AA. ocuparon y ocupan Tucumán y el resto del territorio nacional? ¡Porque éste, todavía, es argentino! El invasor, el que hacia flamear una bandera extraña a la celeste y blanca, el que aliado al Estado cubano pretendía adueñarse de la “cuna de la Independencia” y mutilarla del territorio nacional, fue el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).
Agrega, “que no existió una guerra”…. “Vamos a analizar y rechazar la porfiada, descabellada y por cierto cobarde alusión a la guerra”. Desconozco si Camuña había nacido cuando se libraron los combates, entre otros, de Manchalá y Acheral; pero, en caso de haber actuado de buena fe, bien podría haberse ahorrado semejante dislate poniendo atención a la montaña de documentación presentada por la defensa o a las declaraciones de los testigos-combatientes de Manchalá durante el juicio ¿Son “cobardes”, como dice Camuña, los imputados que hacen “alusión a la guerra para explicar sus conductas? ¿O son cobardes los guerrilleros que siempre la reivindicaron y la niegan en los juicios? Repugna escuchar cuando los Perdía, Mattini, Verbitsky, Anguita y compañía lloran presentándose como víctimas inocentes. ¿Habrán sido así de miserables los que no sobrevivieron? Cuesta imaginarse a un Roberto Santucho patético y lastimero. Descartado que los subversivos fueron parte argentina del movimiento hippie mundial, quienes se encontraban de picnic en el monte tucumano predicando el amor a la naturaleza y la paz del mundo, quedan sólo dos opciones para definirlos: o fueron soldados peleando (por extraviada que fuera) su guerra revolucionaria o fueron criminales seriales, psicópatas o
degenerados que asesinaban por el placer perverso de matar. Ante la duda, y a pesar del deshonor con que los ofenden los Camuña, prefiero pensar que murieron como ¿valientes? soldados. Pero hay más, ¿por qué el fiscal habría de perder r semejante oportunidad de equiparar al Operativo Independencia con el horror nazi de Treblinka, de igualar a la víctima Ana Frank con el victimario Gorriarán Merlo? Los judíos europeos fueron asesinados por el “delito” nazi de existir. Es un agravio y un deshonor al martirio de millones de inocentes el, siquiera, equipararlos con esos repugnantes seres que no respetaban ni la vida propia, ni la ajena.
Como broches del alegato, Camuña solicita al Tribunal: 1) que en la sentencia se declare que, durante el Operativo Independencia, no existió “enfrentamiento armado” (no se sabía de la adhesión a la corriente historiográfica estalinista del fiscal) y 2) que los juicios que en su época condenaron a los asesinos del capitán Viola y su hija sean declarados nulos (nadie podrá acusarlo de incoherente). El juicio al Operativo Independencia es, salvando las distancias, como el juicio por crimen de lesa humanidad que podría ¿instruirse? al comando militar que mató a Osama Bin Laden o el que podría abrirse a los 88.000 policías franceses que participaron en la caza y muerte de los dos terroristas que atentaron contra la revista Charlie Hebdó. Como mínimo, sería considerado “Traición a la Patria”.
Las cosas son así y poco o nada se puede hacer para evitar que esos ancianos se pudran en prisión. Más allá de las defensas valientes y brillantes de los abogados defensores tucumanos, no albergo la menor esperanza de justicia por parte de jueces que son fieles a la “política de Estado” antes que a la Constitución Nacional. No soy genocida, ni invasor, ni violador de los derechos humanos por haber sido parte del Operativo Independencia. Al contrario y por eso mismo me debo el reconocimiento de haber estado allí. Guardo celosamente el diploma que acredita mi participación de soldado argentino, que tiene en mi hogar el lugar de honor que se merece…
Centro de Estudios SALTA
En Historia, Política y Derechos Humanos
Mauricio Ortín
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 14, 2017
El retorno de la barbarie
,
Por Mauricio Ortín.
No sé quiénes son, ni a quiénes responden los que protagonizaron los actos de vandalismo en Plaza de Mayo durante la marcha por Santiago Maldonado. Lo que sí me parece pertinente es que, a los que arrojaron cascotes contra peatones y policías, antes que de “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad” debe imputárselos por “homicidio en grado de tentativa”.
Cuando el sujeto activo, aun sin quererla expresamente, contempla la muerte del pasivo como probable resultado de su acción y, pese a lo cual, no desiste de su obrar, está aceptando aquel eventual resultado. Los cuarenta o más delincuentes que, de manera premeditada, encapuchados, arrojando piedras que portaban en sus mochilas y esgrimiendo palos atacaron por sorpresa a una señora y a un policía que se encontraban en la sede de Gendarmería Nacional procedieron conscientes del potencial resultado letal de sus acciones.
Lo mismo vale para los que lanzaron bombas molotov en la localidad de El Bolsón dejando un saldo de diez gendarmes heridos.
Y no es que haya mucho que investigar; a través de la televisión, millones fuimos testigos de los hechos en vivo y en directo.
Ni Pérez Esquivel, ni Estela Carlotto, ni Horacio Verbitsky, ni a las organizaciones que integran exigieron al juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, el cambio de carátula por “homicidio en grado de tentativa” ¿Es que los derechos humanos valen solo para los que militan en la izquierda? El esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado es imprescindible; mas, el camino hacia la verdad no pasa por cometer delitos en su nombre. Tampoco por la criminalización sistemática de las fuerzas legales lleva a buen puerto. Por el contrario, obra como eficiente estímulo para repetir viejas y sangrientas épocas que, por lo visto, no terminan de ser superadas.
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 9, 2017
Entrevista a Alejandro Patrón Costas (h), presidente del CES
Con motivo de su carta en el diario La Nación, el presidente del Centro de Estudios Salta, Alejandro Patrón Costas (h) fue entrevistado por una radio donde expuso los motivos de su parecer en cuanto a la situación de ex uniformados y civiles presos políticos en Argentina.
[ezcol_3quarter] [/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]Colaboración: Mauricio Ortín
[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] [/ezcol_1third_end]
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 30, 2017
Así operaba Chávez: LIBERTAD EN PELIGRO
Llama la atención la escasa acogida que ha tenido en los medios argentinos el caso de la juez venezolana María Lourdes Afiuni. Tal vez, esa sea la razón de la nula solidaridad con que ha contado por parte de sus colegas argentinos como, así también, de los profesionales del derecho y sus instituciones. Mas, como ella sigue en prisión, el tiempo de manifestar el repudio ante este vejamen a la señora jueza y al Poder Judicial venezolano, todavía no se ha acabado.
Los hechos, para los que no los conocen, tienen como protagonistas a tres personas: la mencionada juez; el político y empresario, Eligio Cedeño y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Los representantes legales del señor Cedeño, que llevaba detenido casi tres años sin juicio y sin sentencia, ante las dilaciones y el desinterés por parte del Ministerio Público (parte acusadora) solicitó: el procesamiento en libertad de su cliente.
La respuesta de la juez Afiuni, fundada en su interpretación del derecho, fue la de otorgar libertad condicional (con las reservas del caso) a Cedeño. Hasta aquí, nada de que sorprenderse (esto sucedió el dia 10 de diciembre de 2010). Lo que viene es lo que da nauseas y, también, que uno se pregunte ¿cómo es posible que, públicamente y sin ponerse colorados, haya gente que adhiera a Chávez y su revolución de pacotilla? Pues bien, enterado de lo resuelto por la juez Afiuni, Chávez, como es su costumbre, le contestó por Cadena Nacional con una violencia verbal y desparpajo que habla bien a las claras de lo que pasa en ese país.
Primero, sin respetar la elemental derecho humano de presunción de inocencia, abusando del hecho de detentar el poder del estado, la llamó “bandida” y “corrupta” y le ordenó a la Presidente de la Corte de Justicia que la apresara. Luego, frente a ese circo de funcionarios y obsecuentes que le aplaude, endilgó, a la juez y los alguaciles, el montaje de una operación siniestra para liberar a Cedeño. Acto seguido, pidió “treinta años de prisión para María Lourdes Afiuni”. Todo esto por Cadena Nacional. Conviene recordarlo, para mensurar la brutalidad mediática del atentado. Se trata de todo el poder del Estado, que difama y calumnia desde la televisión y la radio, a una mujer indefensa confinada a una celda; sin posibilidad alguna, siquiera, de acceder a lo que queda de prensa independiente para decir su verdad ¿Acaso Chávez estaría dispuesto a conceder (en Cadena Nacional) a María Lourdes Afiuni el mismo espacio que él usa para vilipendiarla, para que ésta se defienda? Y si, esto se puede hacer con una Excelentísima Juez de la República Bolivariana de Venezuela ¡Qué queda para un simple ciudadano! Que tipo “machote” este Hugo Chávez que pone las cosas en su lugar, dirán sus acohólitos. Ni Pinochet, se atrevió a tanto (pedir condenas a jueces por Cadena nacional). “Machotes” también los chavistas argentinos que celebran, como suyas, todos los disparates y arbitrariedades, que dice y hace, su admirado Comandante.
En Venezuela el Estado de Derecho, tal como lo entienden las personas decentes, no rige. La señora María Lourdes Afiuni se encuentra, sola su alma, contra el aparato de poder del Estado. Su destino es pasar sus mejores años en la cárcel. La única chance que tiene para eludir esa ignominia, hoy está fuera de su país; y es que la solidaridad internacional se apiade de ella y presione a Chávez. Los que aman la libertad y la justicia no pueden, o no debieran hacerse los desentendidos.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 30, 2017
Alejandro Patrón Costas y la designación de Pablo Gargiulo como querellante
Alejandro Patrón Costas (h), Presidente del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta citó sus fundamentos sobre la oposición al nombramiento de Pablo Gargiulo como querellante del Poder Ejecutivo Nacional en el caso Operación Independencia que se desarrolla en Tucumán, enviándo sus argumentos al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, don Claudio Bernardo Avruj.
Aquí reproducimos los mismos:
Download [113.43 KB]
Colaboración: Mauricio Ortín.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 23, 2017
Nombre de guerra
Escribe Mauricio Ortín en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Nombre de guerra
El letrado Pablo Gargiulo, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y en nombre propio, por la desaparición de Héctor Hugo Gargiulo (su padre), en la megacausa judicial Operativo Independencia que se sustancia en la ciudad de Tucumán, realizó un extenso alegato con la pretensión de probar que dicho operativo fue un genocidio contra civiles y no una guerra contra el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Ejército Montonero. Entre otras cosas, dijo que él lleva el nombre de “Pablo” porque, precisamente, “Pablo” fue el alias que su padre eligió como nombre de guerra en la “no guerra” de Tucumán.
Mauricio Ortín
mauriciortin55@gmail.com
La Evidencia
Download [349.39 KB]
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 15, 2017