“Cuando la Patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado;
cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado, despreciado”
Hoy, tal como sucediera a partir de 1969, la Patria está en peligro frente al desalmado ataque del terrorismo, ahora derivado del narcotráfico, cuya enorme expansión se debe a la sociedad comercial que mantuvo con el kirchnerismo y se sostiene aún con la protección y colaboración de políticos, jueces, fiscales, policías, corrompidos por la enorme masa de dinero que manejan los cárteles. Y nuevamente, como en 1975, todas las miradas de la sociedad se concentran en las fuerzas armadas (FFAA) para disponerlas a “exterminar” (Juan Perón, 19 Ene 74, tras el ataque al Regimiento de Tanques 10, de Azul) y “aniquilar” (Decreto del 5 Feb 75, que ordenó el Operativo Independencia) a los nuevos agresores. Como han pasado casi 50 años de esos hechos, resulta imprescindible recordar que la mayoría de los ataques a guarniciones y comisarías, atentados con bombas (4380), de secuestros (758), de muertos (1094) y heridos (2368) que cometieron Montoneros y el ERP se dieron, precisamente, durante el gobierno constitucional del presidente con mayor apoyo electoral de la historia.
Raúl Alfonsín comenzó a desfinanciar a las FFAA y durante su gobierno, después de juzgar y condenar a los integrantes de las tres juntas militares y a los jefes de las organizaciones terroristas, proceso en el cual el Tribunal reconoció que habíamos vivido una guerra, el Congreso dictó las leyes de “obediencia debida” (responsabilidad penal limitada sólo a los mandos superiores) y “punto final” (límite temporal a la posibilidad de denunciar presuntos delitos de lesa humanidad).
Carlos Menem, amén de continuar la política de restricción de recursos presupuestarios, decretó el indulto para todos, militares y terroristas, que habían sido condenados en esos juicios. Después de las breves presidencias de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde, en 2003 llegó al poder Néstor Kirchner y la tragedia se consumó (y nada cambió durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández). Para obtener la impunidad que le concedía la izquierda, inició una feroz cacería de militares con la anuencia del Congreso y del Poder Judicial y extendió las indemnizaciones menemistas a todo un insólito universo de falsos reclamantes. A la vez, reglamentó la Ley de Defensa (1988) para limitar el accionar de las FFAA exclusivamente repeler a ejércitos extranjeros, formales y uniformados, que invadan nuestro territorio.
Por sus instrucciones, el H° Aguantadero resolvió la nulidad (sólo para los jefes de las FFAA) de los indultos de Menem, derogó el Código de Justicia Militar (las acciones militares fueron juzgadas con el Código Civil) y las leyes de “obediencia debida” y “punto final” y miles de soldados de baja graduación, civiles y sacerdotes fueron imputados y procesados en juicios absolutamente nulos; es más, para que no resultara aplicable a ellos la ley del “2×1” (cada día de prisión preventiva se computa doble para la pena), la “reinterpretó”. Y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo que se trataba de una política “consensuada” con los otros poderes del Estado.
Para llevar adelante esos procesos kafkianos, se destruyeron todos los pilares del Derecho: los imputados no fueron juzgados por sus jueces naturales y, bajo una ley posterior a los hechos, dejaron de funcionar la presunción constitucional de inocencia y la ley más beneficiosa para el condenado, las limitaciones a las prisiones preventivas -transformándolas en penas anticipadas-, se manipularon testigos y se desvirtuaron las pruebas, y se resolvió la imprescriptibilidad de los llamados delitos de lesa humanidad.
Para tener una idea de la magnitud de la represalia, en Nuremberg los aliados vencedores juzgaron a sólo 24 jerarcas nazis, imputados por la matanza de 6 millones de personas; en la Argentina, los datos, al 28 de febrero de 2024, son diametralmente distintas: de los 2725 presos políticos (PP), uniformados y civiles, han muerto en cautiverio 830, de los cuales sólo 125 tenían sentencia firme; y pese a que la ley dice que la prisión preventiva sólo puede extenderse por 2 años, prorrogable por uno más por causas justificadas (peligro de fuga o de alteración de pruebas), 19 PP llevan 16 años en esa condición, 145 PP entre 11 y 15 años, 212 PP entre 6 y 10 años, y 142 entre 3 y 6 años. Y se trata de detenidos cuyas edades oscilan entre los 64 y los 100 años, con un promedio de 79. El absurdo llegó al paroxismo con el copamiento del regimiento de La Tablada, en enero de 1989, recuperado a sangre y fuego (10 militares muertos) por el Gral. Alfredo Arrillaga; éste (91 años) está preso y los guerrilleros asesinos están libres e indemnizados.
Esa canallesca persecución, cuyo único objetivo fue la venganza de los terroristas y, a la vez, habilitar el cobro de miles de indemnizaciones de US$ 300.000 a cada falso reclamante, fue consentida por una ciudadanía cobarde, hipócrita y suicida, y tolerada por los nuevos mandos de las FFAA que, salvo honrosísimas excepciones, callaron sus debidos reclamos de verdadera justicia. Así, los PP fueron transformados en chivos expiatorios del casi unánime pecado social de haberles exigido tomar el control de una situación desmadrada por la violencia terrorista.
En ese luctuoso espejo hoy se miran los jóvenes oficiales y suboficiales mientras se preguntan con qué cara se los convocará ahora a combatir al narco-terrorismo, y se ven obligados a contemplar ese reflejo porque no saben qué sucedería si, amén de carecer de aptitudes específicas, después de la sanción de una ley que habilite la participación de las FFAA en esta nueva guerra interna, aquélla fuera otra vez derogada por el H° Aguantadero y quienes hubieran participado en esa inevitablemente terrible guerra, juzgados dentro de muchas décadas como criminales comunes.
Hace exactamente un año, desde esta columna escribíamos un artículo titulado “Rosario Sangra”, donde narrábamos el extremo clima de violencia que -desde hace años- vive esta ciudad coptada por los narcos y por la falta de decisión política para enfrentar realmente ese problema junto la extrema necesidad de que a esta realidad se la asuma como “terrorismo”.
Ironías de la vida, hoy nos vemos obligamos a escribir exactamente lo mismo, agravada la situación por la torpe actitud que toman los políticos de turno.
Las nuevas autoridades santafesinas, haciendo alarde de una bravura de escritorio, intentando emular el modelo “Bukele”, cuando, en rigor de verdad, no les da el cuero para ello. Entraron a “sangre y fuego” en las cárceles de la región, queriendo copiar el método salvadoreño de las cárceles de máxima seguridad de ese país, donde alojan a las denominadas maras, sin medir las consecuencias que ello traería y sin analizar que las realidades son diametralmente diferentes.
Si bien es cierto que las cárceles santafesinas se asemejaban más a un hotel cinco estrellas y ello era inconcebible, no es menos cierto que cortar esa situación requería de un preciso plan de bisturí quirúrgico y no de un desastroso paso de un elefante por un bazar. Claro, para ello se requiere que los encargados de los temas de seguridad sean técnicos especializados y no meros improvisados, que llegan a esos cargos por favores políticos.
No debe olvidarse que el actual gobernador de Santa Fe fue ministro de seguridad de una administración provincial salpicada por presuntos contactos de algunos de sus máximos dirigentes con bandas narcos; lo que fuera puesto de manifiesto por la actual Senadora Nacional por el radicalismo y ex periodista, cuando fue precandidata a la Gobernación de Santa Fe.
El combate al narcotráfico es mucho más complejo y requiere una firme voluntad del poder político para combatirlo, no basta la mera cosmética de rapar algunos presos, quemarles la ropa y suspenderle totalmente las visitas familiares. Hay que atacar sus fuentes de financiación, crear un organismo especializado de lucha contra el narcotráfico con amplias facultades de hacer inteligencia sobre esos grupos y sobre todo cortar la complicidad que tienen desde el mismo Poder Judicial y el propio Poder Político. Sobre el particular, no puede dejar de mencionarse el escandaloso caso de un fiscal “estrella” en combatir las bandas narcocriminalides, quien tendría amoríos con la integrante de una esas bandas y a quien le “filtraría info en sus íntimos encuentros”. Por supuestos los fiscales que lo investigaban y lo acusaron, fueron apartados de la causa, por “orden de arriba”.
En la cárcel bastaba una buena requisa quitando los celulares, precisos inhibidores de líneas telefónicas e internet, visita familiar debidamente controlada, estratégicas cámaras de seguridad, exhaustivas requisitas de los “bagallos”, como la depuración del propio personal del Servicio Penitenciario que es funcional a la corrupción. No el patético show que montaron.
Tres taxistas y un playero de una estación de servicios asesinados, un chofer de colectivo al borde de la muerte, banderas colgadas en las calles rosarinas con amenazas de más muertes por las actitudes carcelarias, todo en menos de una semana. La sociedad rosarina paga la factura de los “rambos de papel” de la política autóctona. No funcionan las cámaras de seguridad de las calles y la Policía no tiene móviles suficientes para cubrir la seguridad de las mismas ni presupuesto para ello.
Justamente, esta impericia y negligencia con que se maneja este flagelo, producto del mezquino fin de “mostrarse combatientes contra la narco criminalidad, solo para la tribuna para “darse una mano de barniz”, por algo fue el propio gobierno provincial el que publicara las fotos de las requisas carcelerías en las redes sociales; lo que provocó que “cuando se le quemaron los papeles por sus desatinadas medidas”, tengan que recurrir a las fuerzas federales y sobre todo a las fuerzas armadas, blandiendo la bandera de que lo que sucede en Santa Fe es “terrorismo”.
Todo para que las fuerzas federales y las fuerzas armadas pongan orden ante el desaguisado que hizo y hace el propio poder político. Resulta francamente una “bastardeada” que los mismos que se cansaron de humillar y denostar a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, sean ahora los mismos que recurran a ellas para que los saque del “quilombo” en que ellos solitos se metieron. Como se dice en la calle “este quilombo es solo una pelea de bandas”.
Espuriamente, los meten en este fango que ellos mismos crearon sin brindarle una clara y precisa cobertura legal -avalada por todos los sectores políticos- que los proteja de ser “encanados” dentro de un periodo corto de tiempo, por haber cometido delitos de lesa humanidad, tal como sucede con quienes fueron llamados en los 70, por el gobierno constitucional de entonces, a combatir al terrorismo.
En tanto, el gobierno nacional que tanta gala hace de querer hacer una revolución cultural en el país, sigue sin incluir en la misma el tema del terrorismo y el rol de las fuerzas de seguridad y en especial las fuerzas armadas en su combate. Ni hablar por supuesto de lo que pasó en los 70. Sigue adelante en su idea de habilitarlas para intervenir en ese caso, mientras mantiene pudriéndose en las cárceles o en sus domicilios a quienes sí lo hicieron hace 50 años atrás, fogoneando con la mantención de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación como querellante, en los infames juicios que se siguen multiplicando en todo el país contra ellos.
Como dice ese viejo dicho “no se puede hacer tortilla sin romper algunos huevos”, lo que implica que el cambio cultural debe incluir el cambio de mentalidad de la sociedad, acostumbrada a “usar” a las fuerzas de seguridad y armadas cuando “las papas queman” y a desecharlas por “represores” cuando la “casa está en orden”.
Lo que es peor, los mismos los ciudadanos que claman por “mano dura” y piden a gritos que una tanqueta con soldados en la esquina de su casa, son los mismos que el próximo 24 de Marzo llorarán con los documentales y reportajes alusivos que atronaran en todos los medios de comunicación y exclamaran: “que hijos de puta fueron, lo que hicieron….”.
En otras palabras, la sociedad hoy quiere combatir al narcotráfico pero no pagar el precio de hacerlo. La historia va camino a repetirse indefectiblemente.
Hasta que la clase política, en especial la gobernante y por ende la sociedad no madure y deje atrás sus histéricas actitudes adolescentes en materia de seguridad, todo seguirá siendo un “eterno deja vu” y seguiremos girando en círculos, lamentándonos de un penoso presente pero sin querer asumir el costo de un futuro mejor.
¿CON QUÉ CARA?
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Hoy, tal como sucediera a partir de 1969, la Patria está en peligro frente al desalmado ataque del terrorismo, ahora derivado del narcotráfico, cuya enorme expansión se debe a la sociedad comercial que mantuvo con el kirchnerismo y se sostiene aún con la protección y colaboración de políticos, jueces, fiscales, policías, corrompidos por la enorme masa de dinero que manejan los cárteles. Y nuevamente, como en 1975, todas las miradas de la sociedad se concentran en las fuerzas armadas (FFAA) para disponerlas a “exterminar” (Juan Perón, 19 Ene 74, tras el ataque al Regimiento de Tanques 10, de Azul) y “aniquilar” (Decreto del 5 Feb 75, que ordenó el Operativo Independencia) a los nuevos agresores. Como han pasado casi 50 años de esos hechos, resulta imprescindible recordar que la mayoría de los ataques a guarniciones y comisarías, atentados con bombas (4380), de secuestros (758), de muertos (1094) y heridos (2368) que cometieron Montoneros y el ERP se dieron, precisamente, durante el
gobierno constitucional del presidente con mayor apoyo electoral de la historia.
Raúl Alfonsín comenzó a desfinanciar a las FFAA y durante su gobierno, después de juzgar y condenar a los integrantes de las tres juntas militares y a los jefes de las organizaciones terroristas, proceso en el cual el Tribunal reconoció que habíamos vivido una guerra, el Congreso dictó las leyes de “obediencia debida” (responsabilidad penal limitada sólo a los mandos superiores) y “punto final” (límite temporal a la posibilidad de denunciar presuntos delitos de lesa humanidad).
Carlos Menem, amén de continuar la política de restricción de recursos presupuestarios, decretó el indulto para todos, militares y terroristas, que habían sido condenados en esos juicios. Después de las breves presidencias de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde, en 2003 llegó al poder Néstor Kirchner y la tragedia se consumó (y nada cambió durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández). Para obtener la impunidad que le concedía la izquierda, inició una feroz cacería de militares con la anuencia del Congreso y del Poder Judicial y extendió las indemnizaciones menemistas a todo un insólito universo de falsos reclamantes. A la vez, reglamentó la Ley de Defensa (1988) para limitar el accionar de las FFAA exclusivamente repeler a ejércitos extranjeros, formales y uniformados, que invadan nuestro territorio.
Por sus instrucciones, el H° Aguantadero resolvió la nulidad (sólo para los jefes de las FFAA) de los indultos de Menem, derogó el Código de Justicia Militar (las acciones militares fueron juzgadas con el Código Civil) y las leyes de “obediencia debida” y “punto final” y miles de soldados de baja graduación, civiles y sacerdotes fueron imputados y procesados en juicios absolutamente nulos; es más, para que no resultara aplicable a ellos la ley del “2×1” (cada día de prisión preventiva se computa doble para la pena), la “reinterpretó”. Y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo que se trataba de una política “consensuada” con los otros poderes del Estado.
Para llevar adelante esos procesos kafkianos, se destruyeron todos los pilares del Derecho: los imputados no fueron juzgados por sus jueces naturales y, bajo una ley posterior a los hechos, dejaron de funcionar la presunción constitucional de inocencia y la ley más beneficiosa para el condenado, las limitaciones a las prisiones preventivas -transformándolas en penas anticipadas-, se manipularon testigos y se desvirtuaron las pruebas, y se resolvió la imprescriptibilidad de los llamados delitos de lesa humanidad.
Para tener una idea de la magnitud de la represalia, en Nuremberg los aliados vencedores juzgaron a sólo 24 jerarcas nazis, imputados por la matanza de 6 millones de personas; en la Argentina, los datos, al 28 de febrero de 2024, son diametralmente
distintas: de los 2725 presos políticos (PP), uniformados y civiles, han muerto en cautiverio 830, de los cuales sólo 125 tenían sentencia firme; y pese a que la ley dice que la prisión preventiva sólo puede extenderse por 2 años, prorrogable por uno más por causas justificadas (peligro de fuga o de alteración de pruebas), 19 PP llevan 16 años en esa condición, 145 PP entre 11 y 15 años, 212 PP entre 6 y 10 años, y 142 entre 3 y 6 años. Y se trata de detenidos cuyas edades oscilan entre los 64 y los 100 años, con un promedio de 79. El absurdo llegó al paroxismo con el copamiento del regimiento de La Tablada, en enero de 1989, recuperado a sangre y fuego (10 militares muertos) por el Gral. Alfredo Arrillaga; éste (91 años) está preso y los guerrilleros asesinos están libres e indemnizados.
Esa canallesca persecución, cuyo único objetivo fue la venganza de los terroristas y, a la vez, habilitar el cobro de miles de indemnizaciones de US$ 300.000 a cada falso reclamante, fue consentida por una ciudadanía cobarde, hipócrita y suicida, y tolerada por los nuevos mandos de las FFAA que, salvo honrosísimas excepciones, callaron sus debidos reclamos de verdadera justicia. Así, los PP fueron transformados en chivos expiatorios del casi unánime pecado social de haberles exigido tomar el control de una situación desmadrada por la violencia terrorista.
En ese luctuoso espejo hoy se miran los jóvenes oficiales y suboficiales mientras se preguntan con qué cara se los convocará ahora a combatir al narco-terrorismo, y se ven obligados a contemplar ese reflejo porque no saben qué sucedería si, amén de carecer de aptitudes específicas, después de la sanción de una ley que habilite la participación de las FFAA en esta nueva guerra interna, aquélla fuera otra vez derogada por el H° Aguantadero y quienes hubieran participado en esa inevitablemente terrible guerra, juzgados dentro de muchas décadas como criminales comunes.
Bs.As., 16 Mar 24
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 98128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Facebook: Enrique Guillermo Avogadro
Twitter: @egavogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 15, 2024
UN ETERNO DEJA VU. ROSARIO SANGRA
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Hace exactamente un año, desde esta columna escribíamos un artículo titulado “Rosario Sangra”, donde narrábamos el extremo clima de violencia que -desde hace años- vive esta ciudad coptada por los narcos y por la falta de decisión política para enfrentar realmente ese problema junto la extrema necesidad de que a esta realidad se la asuma como “terrorismo”.
Ironías de la vida, hoy nos vemos obligamos a escribir exactamente lo mismo, agravada la situación por la torpe actitud que
toman los políticos de turno.
Las nuevas autoridades santafesinas, haciendo alarde de una bravura de escritorio, intentando emular el modelo “Bukele”, cuando, en rigor de verdad, no les da el cuero para ello. Entraron a “sangre y fuego” en las cárceles de la región, queriendo copiar el método salvadoreño de las cárceles de máxima seguridad de ese país, donde alojan a las denominadas maras, sin medir las consecuencias que ello traería y sin analizar que las realidades son diametralmente diferentes.
Si bien es cierto que las cárceles santafesinas se asemejaban más a un hotel cinco estrellas y ello era inconcebible, no es menos cierto que cortar esa situación requería de un preciso plan de bisturí quirúrgico y no de un desastroso paso de un elefante por un bazar. Claro, para ello se requiere que los encargados de los temas de seguridad sean técnicos especializados y no meros improvisados, que llegan a esos cargos por favores políticos.
No debe olvidarse que el actual gobernador de Santa Fe fue ministro de seguridad de una administración provincial salpicada por presuntos contactos de algunos de sus máximos dirigentes con bandas narcos; lo que fuera puesto de manifiesto por la actual Senadora Nacional por el radicalismo y ex periodista, cuando fue precandidata a la Gobernación de Santa Fe.
El combate al narcotráfico es mucho más complejo y requiere una firme voluntad del poder político para combatirlo, no basta la mera cosmética de rapar algunos presos, quemarles la ropa y suspenderle totalmente las visitas familiares. Hay que atacar sus fuentes de financiación, crear un organismo especializado de lucha contra el narcotráfico con amplias facultades de hacer inteligencia sobre esos grupos y sobre todo cortar la complicidad que tienen desde el mismo Poder Judicial y el propio Poder Político. Sobre el particular, no puede dejar de mencionarse el escandaloso caso de un fiscal “estrella” en combatir las bandas narcocriminalides, quien tendría amoríos con la integrante de una esas bandas y a quien le “filtraría info en sus íntimos encuentros”. Por supuestos los fiscales que lo investigaban y lo acusaron, fueron apartados de la causa, por “orden de arriba”.
En la cárcel bastaba una buena requisa quitando los celulares, precisos inhibidores de líneas telefónicas e internet, visita familiar debidamente controlada, estratégicas cámaras de seguridad, exhaustivas requisitas de los “bagallos”, como la depuración del propio personal del Servicio Penitenciario que es funcional a la corrupción. No el patético show que montaron.
Tres taxistas y un playero de una estación de servicios asesinados, un chofer de colectivo al borde de la muerte, banderas colgadas en las calles rosarinas con amenazas de más muertes por las actitudes carcelarias, todo en menos de una semana. La sociedad rosarina paga la factura de los “rambos de papel” de la política autóctona. No funcionan las cámaras de seguridad de las calles y la Policía no tiene móviles suficientes para cubrir la seguridad de las mismas ni presupuesto para ello.
Justamente, esta impericia y negligencia con que se maneja este flagelo, producto del mezquino fin de “mostrarse combatientes contra la narco criminalidad, solo para la tribuna para “darse una mano de barniz”, por algo fue el propio gobierno provincial el que publicara las fotos de las requisas carcelerías en las redes sociales; lo que provocó que “cuando se le quemaron los papeles por sus desatinadas medidas”, tengan que recurrir a las fuerzas federales y sobre todo a las fuerzas armadas, blandiendo la bandera de que lo que sucede en Santa Fe es “terrorismo”.
Todo para que las fuerzas federales y las fuerzas armadas pongan orden ante el desaguisado que hizo y hace el propio poder político. Resulta francamente una “bastardeada” que los mismos que se cansaron de humillar y denostar a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, sean ahora los mismos que recurran a ellas para que los saque del “quilombo” en que ellos solitos se metieron. Como se dice en la calle “este quilombo es solo una pelea de bandas”.
Espuriamente, los meten en este fango que ellos mismos crearon sin brindarle una clara y precisa cobertura legal -avalada por todos los sectores políticos- que los proteja de ser “encanados” dentro de un periodo corto de tiempo, por haber cometido delitos de lesa humanidad, tal como sucede con quienes fueron llamados en los 70, por el gobierno constitucional de entonces, a combatir al terrorismo.
En tanto, el gobierno nacional que tanta gala hace de querer hacer una revolución cultural en el país, sigue sin incluir en la misma el tema del terrorismo y el rol de las fuerzas de seguridad y en especial las fuerzas armadas en su combate. Ni hablar por supuesto de lo que pasó en los 70. Sigue adelante en su idea de habilitarlas para intervenir en ese caso, mientras mantiene pudriéndose en las cárceles o en sus domicilios a quienes sí lo hicieron hace 50 años atrás, fogoneando con la mantención de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación como querellante, en los infames juicios que se siguen multiplicando en todo el país contra ellos.
Como dice ese viejo dicho “no se puede hacer tortilla sin romper algunos huevos”, lo que implica que el cambio cultural debe
incluir el cambio de mentalidad de la sociedad, acostumbrada a “usar” a las fuerzas de seguridad y armadas cuando “las papas queman” y a desecharlas por “represores” cuando la “casa está en orden”.
Lo que es peor, los mismos los ciudadanos que claman por “mano dura” y piden a gritos que una tanqueta con soldados en la esquina de su casa, son los mismos que el próximo 24 de Marzo llorarán con los documentales y reportajes alusivos que atronaran en todos los medios de comunicación y exclamaran: “que hijos de puta fueron, lo que hicieron….”.
En otras palabras, la sociedad hoy quiere combatir al narcotráfico pero no pagar el precio de hacerlo. La historia va camino a repetirse indefectiblemente.
Hasta que la clase política, en especial la gobernante y por ende la sociedad no madure y deje atrás sus histéricas actitudes adolescentes en materia de seguridad, todo seguirá siendo un “eterno deja vu” y seguiremos girando en círculos, lamentándonos de un penoso presente pero sin querer asumir el costo de un futuro mejor.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 10, 2024