Todo el mundo ha oído hablar de la Guerra de los Cien Años (ó 116 años). ¿Pero… y la Guerra de las 100 Horas? Este conflicto de cuatro días entre El Salvador y Honduras es bastante fascinante, como sugiere el nombre inusual. El conflicto en realidad tiene otro nombre, aún más intrigante: la “Guerra del fútbol”.
La Guerra de las 100 Horas estalló el 14 de julio de 1969, cuando El Salvador invadió Honduras por aire y tierra. Pero las tensiones entre los dos países centroamericanos se habían elevado durante años. En la década de 1960, Honduras tenía aproximadamente cinco veces más tierra que El Salvador, pero El Salvador tenía casi 1 millón de habitantes más. Como resultado, durante varias décadas previas a la Guerra de las 100 Horas, los salvadoreños habían estado emigrando a Honduras para trabajar en las tierras de cultivo más ampliamente disponibles. Esto llevó a un conflicto entre los campesinos salvadoreños y hondureños, ya que ambos grupos tuvieron que competir por puestos de trabajo en tierras propiedad de las élites ricas locales y las empresas frutícolas estadounidenses.
El gobierno hondureño buscó promulgar una reforma agraria para aliviar estas tensiones. Pero los terratenientes ricos y las corporaciones internacionales presionaron con éxito al gobierno para proteger sus propios derechos de propiedad. Entonces, en lugar de perseguir a los grandes terratenientes, Honduras apuntó a los inmigrantes salvadoreños, se apoderó de sus tierras y deportó a miles nuevmente a El Salvador.
El gobierno de El Salvador expresó su indignación por el trato a los inmigrantes salvadoreños en Honduras, alegando que “el gobierno de Honduras no ha tomado ninguna medida efectiva para sancionar estos delitos que constituyen genocidio, ni ha dado garantías de indemnización o reparación por los daños causados”. a los salvadoreños “. Para empeorar las cosas, mientras todo esto sucedía, El Salvador y Honduras también estaban involucrados en una serie de disputas fronterizas, principalmente centradas en pequeñas islas en el Golfo de Fonseca.
Por lo tanto, las relaciones entre El Salvador y Honduras estaban en su punto más bajo cuando los dos países se enfrentaron en 1969 por los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA a disputarse en 1970, en México. El 8 de junio, Honduras fue sede del primero de los dos partidos de fútbol programados. y ganó 1-0. El 15 de junio, El Salvador fue sede del segundo partido y ganó 3-0. Ambos partidos fueron seguidos por violentas reyertas en el estadio entre salvadoreños y hondureños.
El juego de desempate estaba programado para el 27 de junio en la Ciudad de México. Ese día, El Salvador disolvió formalmente todos los lazos diplomáticos con la nación de Honduras, citando, entre otras cosas, el hecho de que cerca de 12.000 salvadoreños habían huido de Honduras luego del partido de fútbol anterior debido a una supuesta persecución por parte de hondureños. El juego se desarrolló según lo programado y El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra.
La ofensiva de El Salvador comenzó con el lanzamiento de tres aviones de combate al espacio aéreo hondureño. El Salvador siguió a este sorpresivo ataque aéreo con una invasión terrestre a lo largo de la carretera principal que conectaba a El Salvador con Honduras. Con mejores armas y el elemento sorpresa, el ejército salvadoreño pudo avanzar con paso firme hacia Honduras. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían a favor de Honduras debido a una combinación de fuerte resistencia militar, clima inclemente y al ejército salvadoreño quedándose sin municiones. Asimismo, los aviones de guerra de Honduras pudieron bombardear refinerías de petróleo y otros centros estratégicos en El Salvador.
Sin embargo, en cuestión de días, ambas partes se estaban quedando sin municiones. Honduras seguía temiendo que El Salvador pudiera invadir su ciudad capital, por lo que el gobierno hondureño pidió a la “Organización de los Estados Americanos” que interviniera. La OEA así lo hizo, y en la noche del 18 de julio, la organización presionó con éxito a El Salvador para que accediera a un alto el fuego. (Exactamente 100 horas después de que comenzara la guerra).
Las fuerzas de El Salvador se habían retirado completamente de Honduras en agosto de 1969. Se estima que murieron alrededor de 3.000 personas, principalmente civiles hondureños. Muchos más fueron desplazados. Las tensiones entre Honduras y El Salvador se mantuvieron altas durante muchos años, y las disputas fronterizas menores continúan hasta el día de hoy. Además, a pesar de clasificarse para la Copa del Mundo de 1970, El Salvador fue eliminado en la fase de grupos después de perder tres partidos seguidos.
Constatando que desde hace más de dos décadas una nueva tipología de presos se instaló en los juzgados federales y en las cárceles argentinas ante el silencio de la sociedad y la sorprendente participación de la comunidad internacional quien contribuye a crear ese fenómeno. Socialmente, políticamente y judicialmente más de 2800 hombres y mujeres están acusados ilegalmente de haber cometido delitos no comunes, ni militares, ni de guerra, ni durante un conflicto armado. Esos detenidos son “prisioneros especiales”, no lo son de derecho común, algunos cumplen detenciones domiciliares, en hospitales o en cárceles generales, pero en pabellones separados de “presos comunes”.
Observando que el grupo social representativo de estos presos no comunes está constituido por ciudadanos nacionales, binacionales o extranjeros, personas adultas entre 65 y 90 años, ex agentes del Estado o miembros de la sociedad civil de los años 70, que en sus funciones respectivas impidieron a las organizaciones armadas ilegales tomar el poder político por las armas, defendieron y protegieron las instituciones, la sociedad o simplemente no compartieron la ideología de los grupos terroristas. Actualmente, esos presos de una nueva generación están ilegalmente imputados, procesados o detenidos por delitos no comunes de lesa humanidad. Hasta se busca acusarlos de terroristas de Estado, de genocidas, de financiamiento del terrorismo. Son personas juzgadas por delitos de otra naturaleza.
Reconociendo que el proceso judicial que se aplica a estos imputados de delitos y crimines no comunes, también es especial, fue concebido y planificado por extraños individuos exclusivamente para esas personas y por esos casos. Los magistrados en sus dictámenes utilizan un discurso político, militante, argumentan conceptos vacíos de contenido jurídico, interpretan ideológicamente las teorías jurídicas jurisprudenciales y convencionales, para hacer decir a la norma lo que ésta no dice.
El poder judicial, abusa de la suspensión de garantías, de la excepcionalidad permanente[2], para que en nombre de los derechos humanos se violen a terceros esos derechos que dicen defender y proteger. Las obligaciones positivas del Estado y el Estado de derecho para estos presos no comunes tampoco son normas imperativas, derecho subjetivo o simples garantías procesales.
Afirmando, que la justicia se sirve entre otros elementos a-jurídicos o cuasi jurídicos, como “el contexto”, “la gravedad de los hechos”, ”la peligrosidad del imputado”, un supuesto delito existente en la costumbre internacional desde la creación del universo, para justificar “la excepción como regla permanente” y así aplicar la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, el principio de analogía, no reconocimiento de las leyes de amnistías, la prescripción ni las garantías procesales o convencionales. Esa ilegalidad permite que el Estado actúe como querellante, que el testigo puede no estar presente utilizándose una declaración anterior, ni interrogarlo para no revictimizarlo. El Estado pone a disposiciones de las victimas recursos financieros y humanos cuando las Obligaciones Positivas no hacen diferencias de las personas ante la justicia.
Los magistrados utilizan estratagemas para mantener los presos especiales con prisiones preventivas indefinidas, los beneficios de la libertad condicional o la excarcelación son casi nulas, las demandas por enfermedad o la edad no se toman en consideración para otorgar los beneficios procesales previstas en convenciones internacionales que si se hacen con los presos comunes. Esa práctica constituye una violación constitucional y convencional a los derechos humanos.
Confirmando, que la vida en las cárceles no son las mismas para estos presos no comunes: días diferentes de visitas, grave insuficiencia de asistencia en la salud, carencia de alimentación equilibrada o en mal estado, prohibición de realizar estudios universitarios, instalaciones carcelarias deplorables, condiciones de seguridad estrictas (cuando todo el mundo lo sabe y es de conocimiento público que, en las cárceles argentina, en los pabellones de delitos comunes los presos disponen de celulares, conforts diversos, salen a participar en actos políticos, reciben una remuneración, tienen un sindicato, pueden estudiar…).Los recientes informes de la ONU y de la PPN[3] así lo afirmaron, reconociendo que las prisiones preventivas ilimitadas son en realidad condiciones inhumanas y degradantes. Los principios de la OMS y de la CICR, no se aplican.
A partir de 1983, comienza los preparativos de la venganza, de la persecución:
Desde el fin de las leyes de amnistía de obediencia debida y punto final (reconocidas como tales por la CSJN), la persecución política contra los hombres y mujeres que en los años 70 en Argentina se impusieron a las organizaciones armadas ilegales, es una política de Estado. Las redadas organizadas y planificadas contra los “terroristas de Estado” y sus aliados, aumenta en forma rigurosa, hasta 2003 fue selectiva luego fue masiva. Como toda acción política que busca su redito, este negocio se concretiza por las amenazas de unos pocos, la cobardía, el oportunismo o la alianza de los hombres políticos en el poder y de los magistrados que aceptan pactar con la ilegalidad para garantizar sus privilegios y transacciones. De la propaganda se encargan los medios afines, periodistas, expertos, militantes, asociaciones…que por todos los medios deben mostrar el enemigo, el que (supuestamente) constituye una amenaza contra la Nación, construir una historia romanesca y mostrar a los combatientes de los grupos terroristas como defensores de la libertad y de los derechos humanos.
Pero entonces, ¿quienes cometieron ataques terroristas contra unidades militares, policiales, establecimientos del Estado, asesinaron, secuestraron, agentes del Estado, civiles, empresarios, industriales, hombres, mujeres, niños, nacionales, extranjeros? para estos cuenteros de un relato ucrónico eso nunca ocurrió o son victimas colaterales sin mas responsabilidad, pero que no pueden tener un reconocimiento de victimas porque ellos así lo determinan. El poder judicial y el poder ejecutivo guardan silencio para no incomodar una intocable minoría que se autoproclamaron únicas víctimas de los 70.
Es decir, que desde hace más de 30 años numerosas personas viven del curro de los derechos humanos, y un sector de la sociedad debe soportar escraches, amenazas, calumnias, injurias, el odio y la venganza por parte de las ONG llamadas de derechos humanos sin que el Poder Ejecutivo aplique las Obligaciones Positivas del Estado y ponga fin a esa espiral de violencia fomentada por la conducta impune de organizaciones neo-revolucionarias.
Hace 35 años que la Argentina vive encerrada en su pasado y paralizada en su desarrollo global sin poder avanzar en ningún sector estratégico, económico, social o político porque todo se especula con el periodo que va más allá de 1983. Mostrar la política de los derechos humanos, derechos subjetivos, como la única política de Estado que condiciona la hoja de ruta de la política extranjera y de todos los sectores del gobierno a nivel nacional, no solo es ilegal, sino que frena el crecimiento real del país; es contrario a los desafíos actuales que impone la mundialización y la competitividad en otros sectores. Los Estados avanzados se focalizan en otras temáticas pensando en el futuro del país, dejando el pasado para los historiadores.
Sectores de la sociedad proponen la reconciliación, el rencuentro nacional, la cohesión social, pero los movimientos radicalizados se oponen visceralmente y públicamente a esos objetivos, para los presos especiales y sus familias significa más persecución, discriminación, marginalización social, campaña de prensa negativa y el accionar de la justicia que viola abiertamente sus derechos fundamentales.Nacion
Así la fiscal Gabriela Sosti, sostiene: “…. seguimos juzgando genocidas que no es poco. Estos juicios son los juicios a la historia y creo que la manera más noble que tenemos los pueblos de defendernos de la ignominia es a través del ejercicio de la memoria y en estos juicios se perfecciona este ejercicio”, agregando que: “los juicios son del pueblo, son de la gente, son de la sociedad, no tienen que hacerse puertas adentro, no son de los jueces, no son de los funcionarios públicos, ni siquiera son de las personas que padecieron este exterminio. Es la sociedad toda la que está involucrada. Que se sigan desarrollando estos juicios nos interpela a sostenerlo”. http://www.laretaguardia.com.ar/2016/09/III-tramo-ABO.html
¿Porque esos presos especiales son en realidad presos por delitos políticos?
En los hechos ocurridos en los años 70 en Argentina la justicia, arbitrariamente excluyó la responsabilidad penal a los miembros de los grupos armados ilegales de esa época y determinó que los ilegales imputados de lesa humanidad cometieron delitos no comunes. Esa decisión político-jurídica confirma que todos los acusados en esas causas deben ser tratado desde la dimensión de lo político.
Considerando que el delito político puro, se caracteriza por la naturaleza del derecho contra el cual atenta, es la violación de los derechos que pertenecen al Estado considerado como poder político al exterior y al interior. Lo que distingue el delito político del delito de derecho común, es que el primero perjudica sólo el Estado considerado en su organización política, en sus derechos propios, mientras que el segundo perjudica exclusivamente otros derechos que los derechos propios del Estado. También puede existir un delito que perjudica a la vez los derechos de ambas dimensiones.
En efecto, los delitos políticos relativos son los que, desde el punto de vista objetivo, perjudican a un individuo o al Estado considerado como particular, pero los que, desde el punto de vista subjetivo, en la intención de sus autores, tienen la política como móvil, como fin o como ocasión. Entre esos delitos se encuentran: el regicidio, graves disturbios políticos, rebelión, insurgencia armada, robos de armerías privadas, movimiento insurreccional, apoderarse de arsenales del Estado, destrucción de propiedades publicas y privadas, muerte en combate de un miembro de la parte opuesta… características irrefutables de la violencia armada de los 70 en Argentina. Los actos realizados por los autores de esos hechos obedecieron a motivos políticos y tuvieron la intención de lograr un objetivo político ( Vidal, Georges in Cours de droit crimminel et de science pénitentiaire. Ed. Arthur Rosseau, 1902, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58055503.texteImage ). La justicia federal reconoció que en el periodo de los 70, en Argentina, hubo una guerra revolucionaria (causa 13/84).
Es decir que los actuales imputados ilegales de lesa humanidad son en realidad acusados por delitos políticos relativos que ni el gobierno ni la justicia pueden afirmar lo contrario. Tres decisiones validan aún más los argumentos precedentes:
La OIPC-Interpol Lyon, el 06 julio 2016, anula unilateralmente el pedido de captura internacional de Mario Sandoval solicitado por la justicia argentina, en razón que “Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”, según lo previsto en el artículo 3 del estatuto de Interpol.
Los hombres y mujeres actualmente acusados ilegalmente de lesa humanidad, son prisioneros políticos porque:
Para la organización de Naciones Unidas: Si bien no determina los criterios constitutivos de preso o prisionero político, recuerda su contribución en la protección de los derechos humanos: a)“…disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias “; b) “…que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”; c) “…a la liberación del hombre de la opresión y las restricciones injustificadas…” (Preámbulo y punto D, resolución 217 (III) 10diciembre1948, carta internacional de DDHH. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Fija el cuadro jurídico internacional de protección de todos los individuos con el objetivo de evitar que el poder político intervenga, reemplace o influencie la justicia, la libertad y los derechos de una persona, por ejemplo: proclamando la declaración universal de los derechos humanos ( Declaración Universal DDHH, http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml), o determinando los principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Resolución 43/173, 09 diciembre 1988: Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión http://www2.ohchr.org/spanish/law/detencion.htm )
Finalmente, la ONU determina el perímetro a no transgredir de parte del poder político porque provoca la emergencia del hombre-prisionero político. “Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración” (Art.30: Resolución 217 (III) 10diciembre1948, carta internacional DDHH) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE): “Hay que tener presente que el concepto de “prisionero político” no debe afectar a los principios generalmente aceptados del derecho y los derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales, el de la cosa juzgada y otras reglas fundamentales”, y http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=19150 si bien “la segunda parte del término “prisionero político” se refiere a la naturaleza política de este concepto, el primero hace hincapié en el aspecto legal. Por lo tanto, si clasificamos los elementos de este concepto, un enfoque puramente jurídico o puramente política no aportara ningún resultado positivo; los criterios adecuados deben buscarse a la frontera de esos dos enfoques” http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=EN.
La resolución 1900 APCE del 03 octubre 2012, determina los criterios por el cual una persona privada de su libertad individual debe ser considerada prisionero político: a) Detención impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos, en particular libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información y libertad de asamblea o asociación; b) Detención por razones únicamente políticas sin conexión con delito alguno; c) Por razones políticas, periodo de detención o condiciones claramente desproporcionadas en relación a la infracción por el cual la persona ha sido reconocida culpable o presuntamente de haber cometido la infracción, d) Por razones políticas, la persona es detenida en condiciones discriminatoria en relación a otras personas, e) Detención como culminación de procedimientos manifiestamente irregulares, y relacionados con motivos políticos de las autoridades. http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19150&lang=EN
Para el Manual de Amnistía Internacional (AI): “Preso político es todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades. AI aplica el calificativo «político» a los aspectos de las relaciones humanas que guardan relación con la «política», es decir, con los mecanismos de la sociedad y del orden público”. AI, solicita “…que los presos políticos sean sometidos a un juicio con las debidas garantías en un plazo razonable, de conformidad con el derecho reconocido internacionalmente que tienen todos los presos a quedar en libertad si no los juzgan sin demora y con las debidas garantías…”. https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/org200012002es.pdf .
Pero ¿quiénes son los enemigos de la reconciliación de los argentinos, de la cohesión social, que destilan odio, buscan la venganza sin importarles ni la justicia, el futuro del país ni los derechos humanos de terceros, acusando, calumniando, injuriando a un grupo social y sus familias, con términos particularmente graves de genocidas, torturadores, terroristas…?:
son aquellos actores que por clientelismo o compromisos políticos disponen de un poder o influencia en diversos aspectos, son detentores desmesurados de la arrogancia, el narcisismo, el desprecio, la pretensión, la manipulación, el sentimiento de invulnerabilidad, que escuchan únicamente su entorno y rechazan todo compromiso. Esos representantes del síndrome de hubris[4], se encuentran en el gobierno, sus ministros y altos funcionarios, los agentes del Estado que obedecen ordenes ilegales, el poder judicial en general y los jueces federales en particular, los ex miembros de grupos terroristas y sus familias transformados en defensores humanistas, parlamentarios, medios, las ONG autodeterminadas de derechos humanos, sus militantes. Estos enemigos deben ser declarados objetivos políticos a neutralizar en todo tiempo y lugar porque además son cismáticos que buscan destruir la cohesión social de la comunidad nacional.
Visto que no son presos comunes, el gobierno y la justicia deben determinar: o son presos especiales con tratamiento similar de prisionero de guerra, o presos políticos que deben beneficiar de una situación correspondiente, o presos de delitos comunes que deben beneficiar de todas las disposiciones legales que ellos disponen. Es esencial de proteger y garantizar en todas las circunstancias un tratamiento humano a las personas contra las quienes el gobierno considera necesario por razones de orden político tomar esas medidas de rigor.
Dado que estos presos políticos no son prisionero de derecho común porque someterlos a las reglas de estos últimos, corresponde un tratamiento diferencial porque judicialmente, políticamente, socialmente, son tratados así.
Por ello, se requiere para los presos políticos (PP) en Argentina, entre otros temas no limitativos:
Poner fin a la persecución política y jurídica contra los PP y sus familias.
El derecho para los PP a no ajustarse al reglamento del SPF sobre las restricciones en la forma de vestirse y otros puntos a determinar previstas en el reglamento para los presos comunes.
Un protocole de seguridad para los PP en prisión domiciliara y evitar los actos de amenazas, vandalismos, seguimientos, fotos, videos, por parte de las asociaciones como Hijos y otros.
Anular las investigaciones y medidas administrativas a los PP ex agentes del Estado en las instituciones nacionales o provinciales (fuerzas armadas, de seguridad, policiales, de inteligencia y otras).
Restablecer de manera inmediata los beneficios previsionales (retiros, jubilaciones, pensiones) a los PP ex agentes del Estado y sus familias.
Instalar, como parte del bloque de los derechos humanos, el acceso a Internet para los PP. El derecho a la información, de expresion y de opinión no deben ser suspendidos.
Otorgar inmediatamente la detención domiciliaria a los PP mayores de 70 años sin condición alguna.
Aplicar con los PP la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Autorizar sin restricción a los PP el derecho de realizar estudios, el acceso a soportes culturales, practicar una religión, como también el derecho de libre asociación con otros prisioneros y organizar actividades educativas o recreativas.
Poner inmediatamente en libertad los PP con detenciones preventivas de 2 años cumplidas, sin otra condición. El exceso de la misma es considerado un tratamiento inhumano para los relatores de la ONU que visitaron la Argentina.
No obligar a los PP la asistencia a los juicios cuando los acusadores disponen de ese beneficio.
Disponer una plataforma telefónica único de asistencia de salud para los PP: el acceso a la salud no pude depender de la buena voluntad de magistrados y del personal penitenciario ignorando con ello diagnósticos y estudios epidemiológicos realizados sobre esa población.
Crear en cada prisión, un comité de diálogo, integrada por los PP y personalidades externas, que serán los interlocutores con el gobierno nacional sobre el tratamiento de sus temas específicos, de la vida en prisión, con los organismos internacionales que visiten las prisiones y con las autoridades penitenciarias a nivel local y nacional.
Solicitar el derecho que la CICR, la OMS, la CIDH, los comités específicos de la ONU, visiten y entrevisten en forma confidencial los PP en cada prisión.
Aceptar, bajo la fórmula internacionalmente conocida de tribunales mixtos, que magistrados extranjeros integren los tribunales orales federales que juzgan los PP.
Aceptar que Observadores internacionales extranjeros (abogados, asociaciones, magistrados, personalidades) puedan participar en los juicios
Los tribunales no son lugares de proselitismo o manifestaciones partidistas como lo son hasta ahora. Prohibición de carteles, canticos, identificación vestimentaria partidista, el público presente debe ser neutro y guardar silencio.
El respeto irrestricto de la presunción de inocencia, prohibiendo la exposición para que fotógrafos y otros medios violen ese principio.
Aumentar el número de días de visitas a los PP.
Realizar un álbum con las fotos de los PP muertos, nombre-apellido, fecha de nacimiento, fecha de deceso. A exponer en cada prisión.
Solucionar de manera urgente el hacinamiento carcelario, mejorar las instalaciones, el mobiliario y comodidades de los PP.
Anular los tratamientos degradantes hacia los presos políticos y con los protocolos excesivos de control durante la visita de familiares y/o amigos,
Finalmente,
A la fecha hay 469 mártires asesinados por la justicia, con la complicidad del Poder Ejecutivo y la venganza de las ONG llamadas de derechos humanos. Las responsabilidades de esos crímenes no pueden quedar impunes.
El gobierno, no puede continuar a argumente haber suscripto numerosas convenciones sobre los Derechos Humanos para rechazar la presencia de presos políticos y las violaciones a sus derechos fundamentales. “A este respecto, la Corte subraya que la existencia de textos internos y la aceptación de tratados internacionales garantizando, en principio, el respeto de los derechos fundamentales, no son suficientes a ellos solos, a asegurar una protección adecuada contra el riesgo de malos tratos, como en la especie, fuentes fiables informan sobre prácticas de las autoridades -o toleradas por éstas- manifiestamente contrarias a los principios del Convenio” (CEDH, Saadi c/Italia, párrafo 147, fallo del 28 febrero 2008) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85275 o http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
El presidente de la Nación y su gobierno deben tomar conciencia que guardar silencio o querer ignorar la grave situación que vive un sector de la sociedad a quienes abiertamente se les violan sus derechos humanos es jugar con la cohesión social y el futuro de la Argentina. La búsqueda de una solución global, inmediata, debe estar en la agenda electoral 2019. Esa misión es responsabilidad del Presidente de la República y la historia lo juzgará por ello porque más se demora resolver la situación con el grupo social de los presos políticos, el precio a pagar político y humano será más elevado e imprevisible. La reconciliación nacional se aleja y la espiral de violencia dejara de ser latente.
Continuamente no se puede poner la otra mejilla. Es hora de una ruptura clara y precisa con los enemigos de los presos políticos y de la pacificación social, no se puede continuar a aceptar las violaciones, los tratos degradantes, las calumnias e injurias porque el derecho a la supervivencia de este grupo social, la de los PP, es superior a todos los otros que la justicia niega y la sociedad los ignora. Lo que esta en juego es la vida de los PP contra la muerte social, el derecho objetivo contra el derecho subjetivo porque el estado de Derecho no debe ser el derecho a destruir el Estado.
Frente a los diversos agentes de persecución que solo quieren continuar los ataques por todos los medios e imponer la racionalización del odio, la venganza, y a los discursos combativos de las organizaciones defensoras del terrorismo de los 70 en Argentina, de: “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, acepto el desafío público de responder a esas intimidaciones porque no podemos renunciar a luchar por la verdad, la historia y la justicia. Llegó el momento de decir basta. Recordando que esos personajes no hacen diferencia con las familias que atacan.
No podemos aceptar la tiranía de una minoridad que vive del curro de los derechos humanos y es revisionista desinformando con un relato ucrónico. Es inadmisible que un grupo social viva indeterminadamente privado de libertad y bajo amenazas, porque si los presos políticos no son hombres libres, sus familias y una parte de la sociedad tampoco lo son.
Ante la negativa de estas reivindicaciones una resistencia pasiva en democracia se instalará en las prisiones y al exterior de las mismas.
Yo elegí defender y proteger los derechos humanos de todas las personas por igual, como también la libertad, la igualdad y la democracia, los enemigos de los presos políticos y del Estado de derecho, no. Paris, Prof. Mario Sandoval, presidente del CASPPA, marios46@hotmail.com, 13diciembre2018.
[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo ocupado funciones en la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica y una trayectoria publica conocida. Regularmente realiza à nivel internacional conferencias, asesorías y publicaciones. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. Presidente del Comité de Ayuda y Solidaridad de los Presos Políticos en Argentina (CASPPA)
[2] Eugenio Zaffaroni “Nadie nunca ejerció un poder represivo arbitrario en el mundo sin invocar la “necesidad” y la “excepción”. “La ley penal no puede ser retroactiva…”, “El crimen de lesa humanidad no es pretexto para las excepcionalidades…”, o “Cuando se invoca la excepcionalidad, cuando se imponen por una ley retroactiva, no tienen legitimidad…” in Medidas de excepcionalidad del gobierno argentino https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2016/11/Medidas-de-excepcionalidad.pdf
“Los personajes y hechos retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia”.
Muy utilizada en el séptimo arte, al final se trata de una expresión que hemos adoptado con normalidad. Sabemos que no es cierto. En algún lugar de Asia y de Sudamérica principalmente, las coincidencias no existen.
Shakil Afridi, el médico paquistaní que ayudó a los Estados Unidos a localizar a Osama bin Laden, ha estado preso en Pakistán desde que fue arrestado días después del ataque al complejo donde Bin Laden se escondía en 2011. Dos años más tarde se le concedió un nuevo juicio, con un nuevo cargo que parece motivado políticamente: acusado de homicidio en relación con la muerte, ocho años antes, de un paciente que había tratado. Afridi se ha utilizado huelgas de hambre para protestar por sus indescriptibles condiciones en la prisión, incluida la aplicación de torturas. Su exabogado, Samiullah Khan Afridi, fue asesinado por los talibanes en marzo de 2015. La administración de Barack Obama fue acusada en oportunidades de haberlo abandonado.
Afridi no ha visto a quien es su abogado en la actualidad, Qamar Nadeem Afridi, desde 2012. Su esposa y sus hijos son sus únicos visitantes. Durante dos años, su archivo “desapareció”, retrasando su apelación ante el tribunal. Los tribunales ahora dicen que no hay fiscales disponibles.
Nadeem dice que los abogados que trabajan o trabajaron con Afridi han sido amenazados con violencia. El bufete de abogados de Nadeem tiene agujeros de bala por un tiroteo hace varios años. Como se mencionó, uno de los abogados de Afridi fue asesinado afuera de su casa de Peshawar. Además, un administrador de la cárcel que apoyó a Afridi fue asesinado a tiros. Un par de guarda cárceles, sancionados por la acusación de haberle facilitado un teléfono celular para comunicarse con un periodista.
En su búsqueda para localizar a Bin Laden, Afridi utilizó un programa falso de vacunación contra la hepatitis para tratar de obtener muestras de ADN de la familia del terrorista. Sin embargo, no ha sido acusado de ayudar a los EE. UU. a encontrar a Bin Laden.
El abogado Nadeem dijo que Afridi fue acusado bajo la ley tribal por ayudar a militantes en la cercana región tribal de Khyber. En un tribunal tribal, la ley les permite operar con las cortes cerradas al público, no requiere que el acusado esté presente en el tribunal y limita el número de apelaciones.
Si Afridi fuera acusado de traición, tendría derecho a audiencias públicas y apelaciones, incluso ante el Tribunal Supremo. Esto permitiría que los detalles de la operación Bin Laden sean discutidos públicamente, algo que el gobierno no quiere. No desea. No es conveniente.
Es por ello de que allí y en otros países poco civilizados, la ley se dobla de manera impropia. Expedientes se pierden, juicios se dilatan, medidas legales se pisotean.
La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Alice Wells, se reunió recientemente con las autoridades pakistaníes. No hay información sobre si el caso de Afridi fue discutido en la reunión.
En una declaración, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América aseguró que Afridi no ha sido olvidado. “Creemos que el Dr. Afridi ha sido injustamente encarcelado y hemos comunicado claramente nuestra posición a Pakistán sobre este caso, tanto en público como en privado”.
Hay rumores, hay deseos de cambio. Un par de meses, el abogado de Afridi había señalado que “en el mes próximo” su defendido podría recobrar su libertad. Ese mes próximo ya ha sido olvidado y no hay novedades de Afridi. Estados Unidos mira hacia un costado y ha dejado de lado su famosa frase Ningún hombre es dejado atrás.
El Gobierno de Venezuela anunció que empieza el proceso formal para retirarse de la Organización de Estados Americanos y que dejará de participar en sus reuniones. Diecinueve delegaciones aprobaron la resolución este miércoles para la convocatoria a una reunión de cancilleres para discutir la situación del país pero separado del proceso para activar la Carta Democrática. Hubo 10 votos en contra y cuatro abstenciones.
El proceso de retiro de un país toma dos años y la delegación puede seguir participando, pero en este caso el gobierno de Venezuela anunció que no lo hará. Es la primera vez en la historia de la OEA que un país decide retirarse.
La decisión fue tomada horas después de que la canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró a través de su cuenta en Twitter que si los cancilleres de la OEA se reunían sin el aval de su país, Venezuela iniciaría el proceso de retiro del organismo.
En un comunicado, la cancillería denunció que las acciones del Secretario General de la Organización, Luis Almagro, y un grupo de países de la región supuestamente contravienen los principios de la OEA.
A diferencia de la cita en la OEA, Venezuela prefiere una reunión de cancilleres en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, Celac, que fue convocada para el 2 de mayo. La reunión fue convocada a petición de Venezuela y se llevará a cabo en San Salvador. El único punto de la agenda es la crisis venezolana.
La Celac es una alianza regional que fue impulsada por el difunto Hugo Chávez, y en ella no están Estados Unidos, ni Canadá, y sí está Cuba.
La organización Amnistía Internacional emitió un informe sobre lo que llamó como “detenciones arbitrarias por motivos políticos”. En el documento se acusa a sus autoridades de acciones ilegales para reprimir la libre expresión.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional asegura: “En vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraría a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país”. Entre otros ejemplos, el reporte cita detenciones arbitrarias de manifestantes sin ordenes judiciales y señala al Servicio Bolivariano de Inteligencia como el responsable.
Una de las cosas más deprimentes de la lucha entre el absolutismo y la democracia, escribió el fallecido Christopher Hitchens, es que muchos de los mejores carecen de toda convicción y vacilan para defender a la sociedad que posibilita su existencia, mientras que los peores están llenos hasta el borde con exaltación asesina.
Los Versos Satánicos comienza con un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha en el que dos hombres sobreviven para ser “nacidos de nuevo”, uno con un halo, el otro con unos cuernos que se desarrollan lentamente. A pesar de su apariencia no se sabe quién es un ser bondadoso y quien es uno maligno, cuál de ellos es bueno y cuál es el mal. El autor del libro es Salman Rushdie y en su trabajo retrata a Mohamed como un simple hombre de naturaleza nada divina y que lucha contra las tentaciones. El escrito es rápido y claramente percibido como ofensivo para el islam, pero lo que exactamente se considera insultante no ha sido nunca explicado. El gobierno iraní condenó el libro como una sucia conspiración contra el islam e instó a los seguidores del ayatolá Khomeini en todo el mundo a tomar medidas en contra del escritor. El ayatolá declaró que el autor y los editores habían sido condenados a muerte y que, además, el verdugo recibiría dinero y sería considerado un mártir. El novelista Salman Rushdie, autor de “Los Versos Satánicos” es una recompensa viviente. Desde ese verano de 1989, su cabeza tiene precio.
Por razones obvias casi todos los animales políticos creen que en el pasado su facción era la correcta en las principales cuestiones del día. Indudablemente porque esto es al menos una parte de la razón por la que se suscriben a esa afiliación política (Sus lados siempre fue, es y será el correcto). Así que, para los conservadores, mientras que el Imperio Romano era incuestionablemente brutal, históricamente era responsable del establecimiento de la democracia entre la gente sobre la que gobernó. La izquierda profesa hoy una gran fuente de orgullo en su lucha contra el fascismo hitleriano -que, según socialistas y socialdemócratas de hoy- unieron a la izquierda en torno a un propósito común y contra un enemigo universal. El problema al mirar detenidamente a la historia a través de esa óptica es que a menudo brillan las divisiones. ¿La izquierda política unida contra el fascismo? George Orwell lo pintó muy claro y criticó los argumentos astutos de gente de la izquierda en su ensayo El león y el Unicornio. Los socialistas se burlaban de la perspectiva de alinearse junto a sus compatriotas, incluso si significaba perder la guerra a los nazis:
Procederán a argumentar que, después de todo, que la democracia es lo mismo que o tan malo como el totalitarismo. No hay mucha libertad de expresión en Inglaterra; Por lo tanto, no hay más de la que existe en Alemania. Estar bajo una subvención del gobierno es una experiencia horrible; Por lo tanto, no es peor estar en las salas de tortura de la Gestapo. En general, dos negros hacen un blanco, medio pan es lo mismo que ningún pan.
A lo largo de los años, la izquierda se ha adjudicado cosas que nunca sucedieron. Salman Rushdie nunca fue defendido por ellos ante ese acto de terror.
Hoy Milagro Sala es la causa célebre. La dueña del norte tiene cargos de instigación a cometer delitos, desvíos de fondos públicos, amenazas, malos tratos, agresiones permanentes entre otras, que son la resultante de un mullido expediente. Un argumento repetido en los últimos tiempos ha sido uno que habla de la virtud de que los Derechos Humanos son para todos. La misma Organización de Estados Americanos la exhibe en su declaración. En esta, en sus párrafos se lee que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna, pero cuando llega el momento -otra vez desempolvando a Orwell- algunas personas son más iguales que otras. Luis Almagro (Y por eso es la insatisfacción declarada contra la izquierda) es un abogado militante del Frente Amplio de Uruguay, otra coalición, que reúne al Partido Socialista, Izquierda Abierta, Partido Comunista, Izquierda en Marcha, Corriente de Izquierda y el Movimiento Alternativa Socialista, entre otros. Almagro está preocupado por la líder de Tupac Amarú y está bien que así lo haga. Se ocupa de sus derechos y es loable que así lo haga. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos puja por la liberación inmediata de Sala. Como en todos los pasos protocolares que descienden desde el paraíso de la OEA, Almagro no se opone a la investigación judicial, pero pide liberarla hasta que exista fallo firme. El dirigente dijo que compartía la preocupación expresada, entre otros, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas y reconocidas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. El político uruguayo considera “arbitraria” la detención de Sala y adelanta una posible posición crítica de la CIDH sobre la situación de la líder kirchnerista de Jujuy. Y está bien que así sea. Es perceptible, levemente, que la OEA no posee el mismo enfoque cuando se trata de ex uniformados que participaron o no, contra la guerra popular y prolongada propuesta por grupos revolucionarios en la Argentina de la década del setenta. Esta tribu sepultada bajo pilas de delitos y violaciones cometidas por la justicia no merece el desvelo del señor Secretario General por una rivalidad que tiene que dejar abandonados a los derrotados de hoy. Los ex uniformados no padecen muertes terribles, sus detenciones no son arbitrarias, no merecen estar en libertad hasta el día del juicio ya que la OEA, en ese decreto no escrito, así lo evalúa. Almagro seguirá bregando por los derechos de Sala y un eventual juicio librado por una justicia independiente. Y está bien que así sea. Seguramente un relato en el futuro contará como Almagro se movilizó para rescatar a esos miembros de seguridad que su propio gobierno dejó bajo un invierno permanente.
LA GUERRA DE LAS 100 HORAS
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Todo el mundo ha oído hablar de la Guerra de los Cien Años (ó 116 años). ¿Pero… y la Guerra de las 100 Horas? Este conflicto de cuatro días entre El Salvador y Honduras es bastante fascinante, como sugiere el nombre inusual. El conflicto en realidad tiene otro nombre, aún más intrigante: la “Guerra del fútbol”.
La Guerra de las 100 Horas estalló el 14 de julio de 1969, cuando El Salvador invadió Honduras por aire y tierra. Pero las tensiones entre los dos países centroamericanos se habían elevado durante años. En la década de 1960, Honduras tenía aproximadamente cinco veces más tierra que El Salvador, pero El Salvador tenía casi 1 millón de habitantes más. Como resultado, durante varias décadas previas a la Guerra de las 100 Horas, los salvadoreños habían estado emigrando a Honduras para trabajar en las tierras de cultivo más ampliamente disponibles. Esto llevó a un conflicto entre los campesinos salvadoreños y hondureños, ya que ambos grupos tuvieron que competir por puestos de trabajo en tierras propiedad de las élites ricas locales y las empresas frutícolas estadounidenses.
El gobierno hondureño buscó promulgar una reforma agraria para aliviar estas tensiones. Pero los terratenientes ricos y las corporaciones internacionales presionaron con éxito al gobierno para proteger sus propios derechos de propiedad. Entonces, en lugar de perseguir a los grandes terratenientes, Honduras
apuntó a los inmigrantes salvadoreños, se apoderó de sus tierras y deportó a miles nuevmente a El Salvador.
El gobierno de El Salvador expresó su indignación por el trato a los inmigrantes salvadoreños en Honduras, alegando que “el gobierno de Honduras no ha tomado ninguna medida efectiva para sancionar estos delitos que constituyen genocidio, ni ha dado garantías de indemnización o reparación por los daños causados”. a los salvadoreños “. Para empeorar las cosas, mientras todo esto sucedía, El Salvador y Honduras también estaban involucrados en una serie de disputas fronterizas, principalmente centradas en pequeñas islas en el Golfo de Fonseca.
Por lo tanto, las relaciones entre El Salvador y Honduras estaban en su punto más bajo cuando los dos países se enfrentaron en 1969 por los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA a disputarse en 1970, en México. El 8 de junio, Honduras fue sede del primero de los dos partidos de fútbol programados. y ganó 1-0. El 15 de junio, El Salvador fue sede del segundo partido y ganó 3-0. Ambos partidos fueron seguidos por violentas reyertas en el estadio entre salvadoreños y hondureños.
El juego de desempate estaba programado para el 27 de junio en la Ciudad de México. Ese día, El Salvador disolvió formalmente todos los lazos diplomáticos con la nación de Honduras, citando, entre otras cosas, el hecho de que cerca de 12.000 salvadoreños habían huido de Honduras luego del partido de fútbol anterior debido a una supuesta persecución por parte de hondureños. El juego se desarrolló según lo programado y El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra.
La ofensiva de El Salvador comenzó con el lanzamiento de tres aviones de combate al espacio aéreo hondureño. El Salvador siguió a este sorpresivo ataque aéreo con una invasión terrestre a lo largo de la carretera principal que conectaba a El Salvador con Honduras. Con mejores armas y el elemento sorpresa, el ejército salvadoreño pudo avanzar con paso firme hacia Honduras. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían a favor de Honduras debido a una combinación de fuerte resistencia militar, clima inclemente y al ejército salvadoreño quedándose sin municiones. Asimismo, los aviones de guerra de Honduras pudieron bombardear refinerías de petróleo y otros centros estratégicos en El Salvador.
Sin embargo, en cuestión de días, ambas partes se estaban quedando sin municiones. Honduras seguía temiendo que El Salvador pudiera invadir su ciudad capital, por lo que el gobierno hondureño pidió a la “Organización de los Estados Americanos” que interviniera. La OEA así lo hizo, y en la noche del 18 de julio, la organización presionó con éxito a El Salvador para que accediera a un alto el fuego. (Exactamente 100 horas después de que comenzara la guerra).
Las fuerzas de El Salvador se habían retirado completamente de Honduras en agosto de 1969. Se estima que murieron alrededor de 3.000 personas, principalmente civiles hondureños. Muchos más fueron desplazados. Las tensiones entre Honduras y El Salvador se mantuvieron altas durante muchos años, y las disputas fronterizas menores continúan hasta el día de hoy. Además, a pesar de clasificarse para la Copa del Mundo de 1970, El Salvador fue eliminado en la fase de grupos después de perder tres partidos seguidos.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 22, 2021
Por la reivindicación del estatus de los prisioneros políticos en Argentina: un reconocimiento oficial obligatorio.
Constatando que desde hace más de dos décadas una nueva tipología de presos se instaló en los juzgados federales y en las cárceles argentinas ante el silencio de la sociedad y la sorprendente participación de la comunidad internacional quien contribuye a crear ese fenómeno. Socialmente, políticamente y judicialmente más de 2800 hombres y mujeres están acusados ilegalmente de haber cometido delitos no comunes, ni militares, ni de guerra, ni durante un conflicto armado. Esos detenidos son “prisioneros especiales”, no lo son de derecho común, algunos cumplen detenciones domiciliares, en hospitales o en cárceles generales, pero en pabellones separados de “presos comunes”.
Observando que el grupo social representativo de estos presos no comunes está constituido por ciudadanos nacionales, binacionales o extranjeros, personas adultas entre 65 y 90 años, ex agentes del Estado o miembros de la sociedad civil de los años 70, que en sus funciones respectivas impidieron a las organizaciones armadas ilegales tomar el poder político por las armas, defendieron y protegieron las instituciones, la sociedad o simplemente no compartieron la ideología de los grupos terroristas. Actualmente, esos presos de una nueva generación están ilegalmente imputados, procesados o detenidos por delitos no comunes de lesa humanidad. Hasta se busca acusarlos de terroristas de Estado, de genocidas, de financiamiento del
terrorismo. Son personas juzgadas por delitos de otra naturaleza.
Reconociendo que el proceso judicial que se aplica a estos imputados de delitos y crimines no comunes, también es especial, fue concebido y planificado por extraños individuos exclusivamente para esas personas y por esos casos. Los magistrados en sus dictámenes utilizan un discurso político, militante, argumentan conceptos vacíos de contenido jurídico, interpretan ideológicamente las teorías jurídicas jurisprudenciales y convencionales, para hacer decir a la norma lo que ésta no dice.
El poder judicial, abusa de la suspensión de garantías, de la excepcionalidad permanente[2], para que en nombre de los derechos humanos se violen a terceros esos derechos que dicen defender y proteger. Las obligaciones positivas del Estado y el Estado de derecho para estos presos no comunes tampoco son normas imperativas, derecho subjetivo o simples garantías procesales.
Afirmando, que la justicia se sirve entre otros elementos a-jurídicos o cuasi jurídicos, como “el contexto”, “la gravedad de los hechos”, ”la peligrosidad del imputado”, un supuesto delito existente en la costumbre internacional desde la creación del universo, para justificar “la excepción como regla permanente” y así aplicar la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, el principio de analogía, no reconocimiento de las leyes de amnistías, la prescripción ni las garantías procesales o convencionales. Esa ilegalidad permite que el Estado actúe como querellante, que el testigo puede no estar presente utilizándose una declaración anterior, ni interrogarlo para no revictimizarlo. El Estado pone a disposiciones de las victimas recursos financieros y humanos cuando las Obligaciones Positivas no hacen diferencias de las personas ante la justicia.
Los magistrados utilizan estratagemas para mantener los presos especiales con prisiones preventivas indefinidas, los beneficios de la libertad condicional o la excarcelación son casi nulas, las demandas por enfermedad o la edad no se toman en consideración para otorgar los beneficios procesales previstas en convenciones internacionales que si se hacen con los presos comunes. Esa práctica constituye una violación constitucional y convencional a los derechos humanos.
Confirmando, que la vida en las cárceles no son las mismas para estos presos no comunes: días diferentes de visitas, grave insuficiencia de asistencia en la salud, carencia de alimentación equilibrada o en mal estado, prohibición de realizar estudios universitarios, instalaciones carcelarias deplorables, condiciones de seguridad estrictas (cuando todo el mundo lo sabe y es de conocimiento público que, en las cárceles argentina, en los pabellones de delitos comunes los presos disponen de celulares, conforts diversos, salen a participar en actos políticos, reciben una remuneración, tienen un sindicato, pueden estudiar…).Los recientes informes de la ONU y de la PPN[3] así lo afirmaron, reconociendo que las prisiones preventivas ilimitadas son en realidad condiciones inhumanas y degradantes. Los principios de la OMS y de la CICR, no se aplican.
A partir de 1983, comienza los preparativos de la venganza, de la persecución:
Desde el fin de las leyes de amnistía de obediencia debida y punto final (reconocidas como tales por la CSJN), la persecución política contra los hombres y mujeres que en los años 70 en Argentina se impusieron a las organizaciones armadas ilegales, es una política de Estado. Las redadas organizadas y planificadas contra los “terroristas de Estado” y sus aliados, aumenta en forma rigurosa, hasta 2003 fue selectiva luego fue masiva. Como toda acción política que busca su redito, este negocio se concretiza por las amenazas de unos pocos, la cobardía, el oportunismo o la alianza de los hombres políticos en el poder y de los magistrados que aceptan pactar con la ilegalidad para garantizar sus privilegios y transacciones. De la propaganda se encargan los medios afines, periodistas, expertos, militantes, asociaciones…que por todos los medios deben mostrar el enemigo, el que (supuestamente) constituye una amenaza contra la Nación, construir una historia romanesca y mostrar a los combatientes de los grupos terroristas como defensores de la libertad y de los derechos humanos.
Pero entonces, ¿quienes cometieron ataques terroristas contra unidades militares, policiales, establecimientos del Estado, asesinaron, secuestraron, agentes del Estado, civiles, empresarios, industriales, hombres, mujeres, niños, nacionales, extranjeros? para estos cuenteros de un relato ucrónico eso nunca ocurrió o son victimas colaterales sin mas responsabilidad, pero que no pueden tener un reconocimiento de victimas porque ellos así lo determinan. El poder judicial y el poder ejecutivo guardan silencio para no incomodar una intocable minoría que se autoproclamaron únicas víctimas de los 70.
Es decir, que desde hace más de 30 años numerosas personas viven del curro de los derechos humanos, y un sector de la sociedad debe soportar escraches, amenazas, calumnias, injurias, el odio y la venganza por parte de las ONG llamadas de derechos humanos sin que el Poder Ejecutivo aplique las Obligaciones Positivas del Estado y ponga fin a esa espiral de violencia fomentada por la conducta impune de organizaciones neo-revolucionarias.
Hace 35 años que la Argentina vive encerrada en su pasado y paralizada en su desarrollo global sin poder avanzar en ningún sector estratégico, económico, social o político porque todo se especula con el periodo que va más allá de 1983. Mostrar la política de los derechos humanos, derechos subjetivos, como la única política de Estado que condiciona la hoja de ruta de la política extranjera y de todos los sectores del gobierno a nivel nacional, no solo es ilegal, sino que frena el crecimiento real del país; es contrario a los desafíos actuales que impone la mundialización y la competitividad en otros sectores. Los Estados avanzados se focalizan en otras temáticas pensando en el futuro del país, dejando el pasado para los historiadores.
Sectores de la sociedad proponen la reconciliación, el rencuentro nacional, la cohesión social, pero los movimientos radicalizados se oponen visceralmente y públicamente a esos objetivos, para los presos especiales y sus familias significa más persecución, discriminación, marginalización social, campaña de prensa negativa y el accionar de la justicia que viola abiertamente sus derechos fundamentales.Nacion
Así la fiscal Gabriela Sosti, sostiene: “…. seguimos juzgando genocidas que no es poco. Estos juicios son los juicios a la historia y creo que la manera más noble que tenemos los pueblos de defendernos de la ignominia es a través del ejercicio de la memoria y en estos juicios se perfecciona este ejercicio”, agregando que: “los juicios son del pueblo, son de la gente, son de la sociedad, no tienen que hacerse puertas adentro, no son de los jueces, no son de los funcionarios públicos, ni siquiera son de las personas que padecieron este exterminio. Es la sociedad toda la que está involucrada. Que se sigan desarrollando estos juicios nos interpela a sostenerlo”. http://www.laretaguardia.com.ar/2016/09/III-tramo-ABO.html
En los hechos ocurridos en los años 70 en Argentina la justicia, arbitrariamente excluyó la responsabilidad penal a los miembros de los grupos armados ilegales de esa época y determinó que los ilegales imputados de lesa humanidad cometieron delitos no comunes. Esa decisión político-jurídica confirma que todos los acusados en esas causas deben ser tratado desde la dimensión de lo político.
Considerando que el delito político puro, se caracteriza por la naturaleza del derecho contra el cual atenta, es la violación de los derechos que pertenecen al Estado considerado como poder político al exterior y al interior. Lo que distingue el delito político del delito de derecho común, es que el primero perjudica sólo el Estado considerado en su organización política, en sus derechos propios, mientras que el segundo perjudica exclusivamente otros derechos que los derechos propios del Estado. También puede existir un delito que perjudica a la vez los derechos de ambas dimensiones.
En efecto, los delitos políticos relativos son los que, desde el punto de vista objetivo, perjudican a un individuo o al Estado considerado como particular, pero los que, desde el punto de vista subjetivo, en la intención de sus autores, tienen la política como móvil, como fin o como ocasión. Entre esos delitos se encuentran: el regicidio, graves disturbios políticos, rebelión, insurgencia armada, robos de armerías privadas, movimiento insurreccional, apoderarse de arsenales del Estado, destrucción de propiedades publicas y privadas, muerte en combate de un miembro de la parte opuesta… características irrefutables de la violencia armada de los 70 en Argentina. Los actos realizados por los autores de esos hechos obedecieron a motivos políticos y tuvieron la intención de lograr un objetivo político ( Vidal, Georges in Cours de droit crimminel et de science pénitentiaire. Ed. Arthur Rosseau, 1902, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58055503.texteImage ). La justicia federal reconoció que en el periodo de los 70, en Argentina, hubo una guerra revolucionaria (causa 13/84).
Es decir que los actuales imputados ilegales de lesa humanidad son en realidad acusados por delitos políticos relativos que ni el gobierno ni la justicia pueden afirmar lo contrario. Tres decisiones validan aún más los argumentos precedentes:
La justicia de los Estados Unidos rechazó el 01 noviembre 2010, la extradición de Roberto Bravo, solicitada por la Argentina, “…la extradición está legalmente prescrita dado que los presuntos delitos de los que Bravo está acusado constituyen “delitos políticos relativos…”. http://uniset.ca/other/cs5/924FSupp565.htmlTribunal del Distrito de Estados Unidos, distrito del sur de Florida, caso número 10-20559-MC-DUBE http://www.plainsite.org/dockets/ik1h9zml/florida-southern-district-court/v-bravo/
La Audiencia nacional, sala penal, segunda sección, caso 14/2007, extradición n°7/2008, rechazó el 28 abril 2008 la extradición de María Estela Martínez de Perón solicitada por Argentina, entre otros aspectos, por considerar que “en la reclamación extradicional concurren ciertos aspectos de carácter político, o cuando menos extrajurídicos, por los que puede ser denegada la entrega a tenor de lo dispuesto en la Ley de Extradición Pasiva…” http://www.elortiba.org/doc/Causa_Isabel.doc o https://cse.google.com.ar/cse?cx=partner-pub-3276269045002077:7620764802&ie=UTF-8&q=http://www.elortiba.org/doc/Causa_Isabel.doc+&sa=Buscar+en+el+sitio
La OIPC-Interpol Lyon, el 06 julio 2016, anula unilateralmente el pedido de captura internacional de Mario Sandoval solicitado por la justicia argentina, en razón que “Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”, según lo previsto en el artículo 3 del estatuto de Interpol.
Los hombres y mujeres actualmente acusados ilegalmente de lesa humanidad, son prisioneros políticos porque:
Para la organización de Naciones Unidas: Si bien no determina los criterios constitutivos de preso o prisionero político, recuerda su contribución en la protección de los derechos humanos: a)“…disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias “; b) “…que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”; c) “…a la liberación del hombre de la opresión y las restricciones injustificadas…” (Preámbulo y punto D, resolución 217 (III) 10diciembre1948, carta internacional de DDHH. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Fija el cuadro jurídico internacional de protección de todos los individuos con el objetivo de evitar que el poder político intervenga, reemplace o influencie la justicia, la libertad y los derechos de una persona, por ejemplo: proclamando la declaración universal de los derechos humanos ( Declaración Universal DDHH, http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml), o determinando los principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Resolución 43/173, 09 diciembre 1988: Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión http://www2.ohchr.org/spanish/law/detencion.htm )
Finalmente, la ONU determina el perímetro a no transgredir de parte del poder político porque provoca la emergencia del hombre-prisionero político. “Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración” (Art.30: Resolución 217 (III) 10diciembre1948, carta internacional DDHH) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE): “Hay que tener presente que el concepto de “prisionero político” no debe afectar a los principios generalmente aceptados del derecho y los derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales, el de la cosa juzgada y otras reglas fundamentales”, y http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=19150 si bien “la segunda parte del término “prisionero político” se refiere a la naturaleza política de este concepto, el primero hace hincapié en el aspecto legal. Por lo tanto, si clasificamos los elementos de este concepto, un enfoque puramente jurídico o puramente política no aportara ningún resultado positivo; los criterios adecuados deben buscarse a la frontera de esos dos enfoques” http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=EN.
La resolución 1900 APCE del 03 octubre 2012, determina los criterios por el cual una persona privada de su libertad individual debe ser considerada prisionero político: a) Detención impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos, en particular libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información y libertad de asamblea o asociación; b) Detención por razones únicamente políticas sin conexión con delito alguno; c) Por razones políticas, periodo de detención o condiciones claramente desproporcionadas en relación a la infracción por el cual la persona ha sido reconocida culpable o presuntamente de haber cometido la infracción, d) Por razones políticas, la persona es detenida en condiciones discriminatoria en relación a otras personas, e) Detención como culminación de procedimientos manifiestamente irregulares, y relacionados con motivos políticos de las autoridades. http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19150&lang=EN
Para el Manual de Amnistía Internacional (AI): “Preso político es todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades. AI aplica el calificativo «político» a los aspectos de las relaciones humanas que guardan relación con la «política», es decir, con los mecanismos de la sociedad y del orden público”. AI, solicita “…que los presos políticos sean sometidos a un juicio con las debidas garantías en un plazo razonable, de conformidad con el derecho reconocido internacionalmente que tienen todos los presos a quedar en libertad si no los juzgan sin demora y con las debidas garantías…”. https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/org200012002es.pdf .
Pero ¿quiénes son los enemigos de la reconciliación de los argentinos, de la cohesión social, que destilan odio, buscan la venganza sin importarles ni la justicia, el futuro del país ni los derechos humanos de terceros, acusando, calumniando, injuriando a un grupo social y sus familias, con términos particularmente graves de genocidas, torturadores, terroristas…?:
son aquellos actores que por clientelismo o compromisos políticos disponen de un poder o influencia en diversos aspectos, son detentores desmesurados de la arrogancia, el narcisismo, el desprecio, la pretensión, la manipulación, el sentimiento de invulnerabilidad, que escuchan únicamente su entorno y rechazan todo compromiso. Esos representantes del síndrome de hubris[4], se encuentran en el gobierno, sus ministros y altos funcionarios, los agentes del Estado que obedecen ordenes ilegales, el poder judicial en general y los jueces federales en particular, los ex miembros de grupos terroristas y sus familias transformados en defensores humanistas, parlamentarios, medios, las ONG autodeterminadas de derechos humanos, sus militantes. Estos enemigos deben ser declarados objetivos políticos a neutralizar en todo tiempo y lugar porque además son cismáticos que buscan destruir la cohesión social de la comunidad nacional.
Visto que no son presos comunes, el gobierno y la justicia deben determinar: o son presos especiales con tratamiento similar de prisionero de guerra, o presos políticos que deben beneficiar de una situación correspondiente, o presos de delitos comunes que deben beneficiar de todas las disposiciones legales que ellos disponen. Es esencial de proteger y garantizar en todas las circunstancias un tratamiento humano a las personas contra las quienes el gobierno considera necesario por razones de orden político tomar esas medidas de rigor.
Dado que estos presos políticos no son prisionero de derecho común porque someterlos a las reglas de estos últimos, corresponde un tratamiento diferencial porque judicialmente, políticamente, socialmente, son tratados así.
Por ello, se requiere para los presos políticos (PP) en Argentina, entre otros temas no limitativos:
Poner fin a la persecución política y jurídica contra los PP y sus familias.
El derecho para los PP a no ajustarse al reglamento del SPF sobre las restricciones en la forma de vestirse y otros puntos a determinar previstas en el reglamento para los presos comunes.
Un protocole de seguridad para los PP en prisión domiciliara y evitar los actos de amenazas, vandalismos, seguimientos, fotos, videos, por parte de las asociaciones como Hijos y otros.
Anular las investigaciones y medidas administrativas a los PP ex agentes del Estado en las instituciones nacionales o provinciales (fuerzas armadas, de seguridad, policiales, de inteligencia y otras).
Restablecer de manera inmediata los beneficios previsionales (retiros, jubilaciones, pensiones) a los PP ex agentes del Estado y sus familias.
Instalar, como parte del bloque de los derechos humanos, el acceso a Internet para los PP. El derecho a la información, de expresion y de opinión no deben ser suspendidos.
Otorgar inmediatamente la detención domiciliaria a los PP mayores de 70 años sin condición alguna.
Aplicar con los PP la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Autorizar sin restricción a los PP el derecho de realizar estudios, el acceso a soportes culturales, practicar una religión, como también el derecho de libre asociación con otros prisioneros y organizar actividades educativas o recreativas.
Poner inmediatamente en libertad los PP con detenciones preventivas de 2 años cumplidas, sin otra condición. El exceso de la misma es considerado un tratamiento inhumano para los relatores de la ONU que visitaron la Argentina.
No obligar a los PP la asistencia a los juicios cuando los acusadores disponen de ese beneficio.
Disponer una plataforma telefónica único de asistencia de salud para los PP: el acceso a la salud no pude depender de la buena voluntad de magistrados y del personal penitenciario ignorando con ello diagnósticos y estudios epidemiológicos realizados sobre esa población.
Crear en cada prisión, un comité de diálogo, integrada por los PP y personalidades externas, que serán los interlocutores con el gobierno nacional sobre el tratamiento de sus temas específicos, de la vida en prisión, con los organismos internacionales que visiten las prisiones y con las autoridades penitenciarias a nivel local y nacional.
Solicitar el derecho que la CICR, la OMS, la CIDH, los comités específicos de la ONU, visiten y entrevisten en forma confidencial los PP en cada prisión.
Aceptar, bajo la fórmula internacionalmente conocida de tribunales mixtos, que magistrados extranjeros integren los tribunales orales federales que juzgan los PP.
Aceptar que Observadores internacionales extranjeros (abogados, asociaciones, magistrados, personalidades) puedan participar en los juicios
Los tribunales no son lugares de proselitismo o manifestaciones partidistas como lo son hasta ahora. Prohibición de carteles, canticos, identificación vestimentaria partidista, el público presente debe ser neutro y guardar silencio.
El respeto irrestricto de la presunción de inocencia, prohibiendo la exposición para que fotógrafos y otros medios violen ese principio.
Aumentar el número de días de visitas a los PP.
Realizar un álbum con las fotos de los PP muertos, nombre-apellido, fecha de nacimiento, fecha de deceso. A exponer en cada prisión.
Solucionar de manera urgente el hacinamiento carcelario, mejorar las instalaciones, el mobiliario y comodidades de los PP.
Anular los tratamientos degradantes hacia los presos políticos y con los protocolos excesivos de control durante la visita de familiares y/o amigos,
Finalmente,
A la fecha hay 469 mártires asesinados por la justicia, con la complicidad del Poder Ejecutivo y la venganza de las ONG llamadas de derechos humanos. Las responsabilidades de esos crímenes no pueden quedar impunes.
El gobierno, no puede continuar a argumente haber suscripto numerosas convenciones sobre los Derechos Humanos para rechazar la presencia de presos políticos y las violaciones a sus derechos fundamentales. “A este respecto, la Corte subraya que la existencia de textos internos y la aceptación de tratados internacionales garantizando, en principio, el respeto de los derechos fundamentales, no son suficientes a ellos solos, a asegurar una protección adecuada contra el riesgo de malos tratos, como en la especie, fuentes fiables informan sobre prácticas de las autoridades -o toleradas por éstas- manifiestamente contrarias a los principios del Convenio” (CEDH, Saadi c/Italia, párrafo 147, fallo del 28 febrero 2008) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85275 o http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
El presidente de la Nación y su gobierno deben tomar conciencia que guardar silencio o querer ignorar la grave situación que vive un sector de la sociedad a quienes abiertamente se les violan sus derechos humanos es jugar con la cohesión social y el futuro de la Argentina. La búsqueda de una solución global, inmediata, debe estar en la agenda electoral 2019. Esa misión es responsabilidad del Presidente de la República y la historia lo juzgará por ello porque más se demora resolver la situación con el grupo social de los presos políticos, el precio a pagar político y humano será más elevado e imprevisible. La reconciliación nacional se aleja y la espiral de violencia dejara de ser latente.
Continuamente no se puede poner la otra mejilla. Es hora de una ruptura clara y precisa con los enemigos de los presos políticos y de la pacificación social, no se puede continuar a aceptar las violaciones, los tratos degradantes, las calumnias e injurias porque el derecho a la supervivencia de este grupo social, la de los PP, es superior a todos los otros que la justicia niega y la sociedad los ignora. Lo que esta en juego es la vida de los PP contra la muerte social, el derecho objetivo contra el derecho subjetivo porque el estado de Derecho no debe ser el derecho a destruir el Estado.
Frente a los diversos agentes de persecución que solo quieren continuar los ataques por todos los medios e imponer la racionalización del odio, la venganza, y a los discursos combativos de las organizaciones defensoras del terrorismo de los 70 en Argentina, de: “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, acepto el desafío público de responder a esas intimidaciones porque no podemos renunciar a luchar por la verdad, la historia y la justicia. Llegó el momento de decir basta. Recordando que esos personajes no hacen diferencia con las familias que atacan.
No podemos aceptar la tiranía de una minoridad que vive del curro de los derechos humanos y es revisionista desinformando con un relato ucrónico. Es inadmisible que un grupo social viva indeterminadamente privado de libertad y bajo amenazas, porque si los presos políticos no son hombres libres, sus familias y una parte de la sociedad tampoco lo son.
Ante la negativa de estas reivindicaciones una resistencia pasiva en democracia se instalará en las prisiones y al exterior de las mismas.
Yo elegí defender y proteger los derechos humanos de todas las personas por igual, como también la libertad, la igualdad y la democracia, los enemigos de los presos políticos y del Estado de derecho, no. Paris, Prof. Mario Sandoval, presidente del CASPPA, marios46@hotmail.com, 13diciembre2018.
[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo ocupado funciones en la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica y una trayectoria publica conocida. Regularmente realiza à nivel internacional conferencias, asesorías y publicaciones. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. Presidente del Comité de Ayuda y Solidaridad de los Presos Políticos en Argentina (CASPPA)
[2] Eugenio Zaffaroni “Nadie nunca ejerció un poder represivo arbitrario en el mundo sin invocar la “necesidad” y la “excepción”. “La ley penal no puede ser retroactiva…”, “El crimen de lesa humanidad no es pretexto para las excepcionalidades…”, o “Cuando se invoca la excepcionalidad, cuando se imponen por una ley retroactiva, no tienen legitimidad…” in Medidas de excepcionalidad del gobierno argentino https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2016/11/Medidas-de-excepcionalidad.pdf
[3] Relator Especial ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, visita a la Argentina 9-20 abril 2018 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22974&LangID=S – ONU. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Argentina, del 8 al 18 mayo de 2017 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/229/39/PDF/G1822939.pdf?OpenElement – Comité contra la Tortura: Observaciones informes periódicos 5to y 6to de la Argentina, 24 mayo 2017 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fARG%2fCO%2f5-6%2fAdd.1&Lang=en – La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. Informe anual 2017. PPN: https://ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe-anual-2017.pdf – Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. Informe 2017, agosto 2018 https://ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/2017%20Informe%20anual%20RNCT.pdf
[4] David Owen and Jonathan Davidson: Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years, https://academic.oup.com/brain/article/132/5/1396/354862
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Diciembred 14, 2018
ABANDONADOS
“Los personajes y hechos retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia”.
Muy utilizada en el séptimo arte, al final se trata de una expresión que hemos adoptado con normalidad. Sabemos que no es cierto. En algún lugar de Asia y de Sudamérica principalmente, las coincidencias no existen.
Afridi no ha visto a quien es su abogado en la actualidad, Qamar Nadeem Afridi, desde 2012. Su esposa y sus hijos son sus únicos visitantes. Durante dos años, su archivo “desapareció”, retrasando su apelación ante el tribunal. Los tribunales ahora dicen que no hay fiscales disponibles.
Nadeem dice que los abogados que trabajan o trabajaron con Afridi han sido amenazados con violencia. El bufete de abogados de Nadeem tiene agujeros de bala por un tiroteo hace varios años. Como se mencionó, uno de los abogados de Afridi fue asesinado afuera de su casa de Peshawar. Además, un administrador de la cárcel que apoyó a Afridi fue asesinado a tiros. Un par de guarda cárceles, sancionados por la acusación de haberle facilitado un teléfono celular para comunicarse con un periodista.
En su búsqueda para localizar a Bin Laden, Afridi utilizó un programa falso de vacunación contra la hepatitis para tratar de obtener muestras de ADN de la familia del terrorista. Sin embargo, no ha sido acusado de ayudar a los EE. UU. a encontrar a Bin Laden.
El abogado Nadeem dijo que Afridi fue acusado bajo la ley tribal por ayudar a militantes en la cercana región tribal de Khyber. En un tribunal tribal, la ley les permite operar con las cortes cerradas al público, no requiere que el acusado esté presente en el tribunal y limita el número de apelaciones.
Si Afridi fuera acusado de traición, tendría derecho a audiencias públicas y apelaciones, incluso ante el Tribunal Supremo. Esto permitiría que los detalles de la operación Bin Laden sean discutidos públicamente, algo que el gobierno no quiere. No desea. No es conveniente.
La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Alice Wells, se reunió recientemente con las autoridades pakistaníes. No hay información sobre si el caso de Afridi fue discutido en la reunión.
En una declaración, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América aseguró que Afridi no ha sido olvidado. “Creemos que el Dr. Afridi ha sido injustamente encarcelado y hemos comunicado claramente nuestra posición a Pakistán sobre este caso, tanto en público como en privado”.
Hay rumores, hay deseos de cambio. Un par de meses, el abogado de Afridi había señalado que “en el mes próximo” su defendido podría recobrar su libertad. Ese mes próximo ya ha sido olvidado y no hay novedades de Afridi. Estados Unidos mira hacia un costado y ha dejado de lado su famosa frase Ningún hombre es dejado atrás.
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Junio 10, 2018
Venezuela se retira de la OEA
El Gobierno de Venezuela anunció que empieza el proceso formal para retirarse de la Organización de Estados Americanos y que dejará de
participar en sus reuniones. Diecinueve delegaciones aprobaron la resolución este miércoles para la convocatoria a una reunión de cancilleres para discutir la situación del país pero separado del proceso para activar la Carta Democrática. Hubo 10 votos en contra y cuatro abstenciones.
El proceso de retiro de un país toma dos años y la delegación puede seguir participando, pero en este caso el gobierno de Venezuela anunció que no lo hará. Es la primera vez en la historia de la OEA que un país decide retirarse.
La decisión fue tomada horas después de que la canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró a través de su cuenta en Twitter que si los cancilleres de la OEA se reunían sin el aval de su país, Venezuela iniciaría el proceso de retiro del organismo.
En un comunicado, la cancillería denunció que las acciones del Secretario General de la Organización, Luis Almagro, y un grupo de países de la
región supuestamente contravienen los principios de la OEA.
A diferencia de la cita en la OEA, Venezuela prefiere una reunión de cancilleres en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, Celac, que fue convocada para el 2 de mayo. La reunión fue convocada a petición de Venezuela y se llevará a cabo en San Salvador. El único punto de la agenda es la crisis venezolana.
La Celac es una alianza regional que fue impulsada por el difunto Hugo Chávez, y en ella no están Estados Unidos, ni Canadá, y sí está Cuba.
La organización Amnistía Internacional emitió un informe sobre lo que llamó como “detenciones arbitrarias por motivos políticos”. En el documento se acusa a sus autoridades de acciones ilegales para reprimir la libre expresión.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional asegura: “En vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraría a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país”. Entre otros ejemplos, el reporte cita detenciones arbitrarias de manifestantes sin ordenes judiciales y señala al Servicio Bolivariano de Inteligencia como el responsable.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 27, 2017
Las dos caras de la OEA (Y de la Izquierda en general)
Una de las cosas más deprimentes de la lucha entre el absolutismo y la democracia, escribió el fallecido Christopher Hitchens, es que muchos de los mejores carecen de toda convicción y vacilan para defender a la sociedad que posibilita su existencia, mientras que los peores están llenos hasta el borde con exaltación asesina.
Los Versos Satánicos comienza con un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha en el que dos hombres sobreviven para ser “nacidos de nuevo”, uno con un halo, el otro con unos cuernos que se desarrollan lentamente. A pesar de su apariencia no se sabe quién es un ser bondadoso y quien es uno maligno, cuál de ellos es bueno y cuál es el mal. El autor del libro es Salman Rushdie y en su trabajo retrata a Mohamed como un simple hombre de naturaleza nada divina y que lucha contra las tentaciones. El escrito es rápido y claramente percibido como ofensivo para el islam, pero lo que exactamente se considera insultante no ha sido nunca explicado. El gobierno iraní condenó el libro como una sucia conspiración contra el islam e instó a los seguidores del ayatolá Khomeini en todo el mundo a tomar medidas en contra del escritor. El ayatolá declaró que el autor y los editores habían sido condenados a muerte y que, además, el verdugo recibiría dinero y sería considerado un mártir. El novelista Salman Rushdie, autor de “Los Versos Satánicos” es una recompensa viviente. Desde ese verano de 1989, su cabeza tiene precio.
Por razones obvias casi todos los animales políticos creen que en el pasado su facción era la correcta en las principales cuestiones del día. Indudablemente porque esto es al menos una parte de la razón por la que se suscriben a esa afiliación política (Sus lados siempre fue, es y será el correcto). Así que, para los conservadores, mientras que el Imperio Romano era incuestionablemente brutal, históricamente era responsable del establecimiento de la democracia entre la gente sobre la que gobernó. La izquierda profesa hoy una gran fuente de orgullo en su lucha contra el fascismo hitleriano -que, según socialistas y socialdemócratas de hoy- unieron a la izquierda en torno a un propósito común y contra un enemigo universal. El problema al mirar detenidamente a la historia a través de esa óptica es que a menudo brillan las divisiones. ¿La izquierda política unida contra el fascismo? George Orwell lo pintó muy claro y criticó los argumentos astutos de gente de la izquierda en su ensayo El león y el Unicornio. Los socialistas se burlaban de la perspectiva de alinearse junto a sus compatriotas, incluso si significaba perder la guerra a los nazis:
Procederán a argumentar que, después de todo, que la democracia es lo mismo que o tan malo como el totalitarismo. No hay mucha libertad de expresión en Inglaterra; Por lo tanto, no hay más de la que existe en Alemania. Estar bajo una subvención del gobierno es una experiencia horrible; Por lo tanto, no es peor estar en las salas de tortura de la Gestapo. En general, dos negros hacen un blanco, medio pan es lo mismo que ningún pan.
A lo largo de los años, la izquierda se ha adjudicado cosas que nunca sucedieron. Salman Rushdie nunca fue defendido por ellos ante ese acto de terror.
Hoy Milagro Sala es la causa célebre. La dueña del norte tiene cargos de instigación a cometer delitos, desvíos de fondos públicos, amenazas, malos tratos, agresiones permanentes entre otras, que son la resultante de un mullido expediente. Un argumento repetido en los últimos tiempos ha sido uno que habla de la virtud de que los Derechos Humanos son para todos. La misma Organización de Estados Americanos la exhibe en su declaración. En esta, en sus párrafos se lee que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna, pero cuando llega el momento -otra vez desempolvando a Orwell- algunas personas son más iguales que otras. Luis Almagro (Y por eso es la insatisfacción declarada contra la izquierda) es un abogado militante del Frente Amplio de Uruguay, otra coalición, que reúne al Partido Socialista, Izquierda Abierta, Partido Comunista, Izquierda en Marcha, Corriente de Izquierda y el Movimiento Alternativa Socialista, entre otros. Almagro está preocupado por la líder de Tupac Amarú y está bien que así lo haga. Se ocupa de sus derechos y es loable que así lo haga. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos puja por la liberación inmediata de Sala. Como en todos los pasos protocolares que descienden desde el paraíso de la OEA, Almagro no se opone a la investigación judicial, pero pide liberarla hasta que exista fallo firme. El dirigente dijo que compartía la preocupación expresada, entre otros, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas y reconocidas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. El político uruguayo considera “arbitraria” la detención de Sala y adelanta una posible posición crítica de la CIDH sobre la situación de la líder kirchnerista de Jujuy. Y está bien que así sea. Es perceptible, levemente, que la OEA no posee el mismo enfoque cuando se trata de ex uniformados que participaron o no, contra la guerra popular y prolongada propuesta por grupos revolucionarios en la Argentina de la década del setenta. Esta tribu sepultada bajo pilas de delitos y violaciones cometidas por la justicia no merece el desvelo del señor Secretario General por una rivalidad que tiene que dejar abandonados a los derrotados de hoy. Los ex uniformados no padecen muertes terribles, sus detenciones no son arbitrarias, no merecen estar en libertad hasta el día del juicio ya que la OEA, en ese decreto no escrito, así lo evalúa. Almagro seguirá bregando por los derechos de Sala y un eventual juicio librado por una justicia independiente. Y está bien que así sea. Seguramente un relato en el futuro contará como Almagro se movilizó para rescatar a esos miembros de seguridad que su propio gobierno dejó bajo un invierno permanente.
Fabian Kussman
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 28, 2016