El 23 de enero se cumplieron 30 años del sangriento asalto al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada a manos de más de medio centenar de terroristas pertenecientes al Movimiento Todos por la Patria, con la misma modalidad utilizada por las bandas ERP y Montoneros en la década anterior. Quisiera recordar y dedicarles un merecido homenaje y reconocimiento para aquellos verdaderos héroes que en plena vigencia del gobierno constitucional de Alfonsín, una vez más arriesgaron sus vidas defendiendo las instituciones democráticas. Con la perniciosa modalidad que nos viene intoxicando en las últimas décadas, tal vez por la comodidad que otorga actuar de manera políticamente correcta (a pesar de haber prometido “acabar con el curro de los derechos humanos”), el actual gobierno prolonga el olvido a los caídos en el cumplimiento del deber. Ellos fueron los conscriptos (tenían poco más de 18 años) Roberto Tadeo Taddía, Héctor Cardozo, Julio Domingo Grillo y Leonardo Martín Díaz; el cabo 1º José Gustavo Albornoz; los sargentos Ramón Wladimiro Orué y Ricardo Raúl Cardozo; el sargento José Manuel Soria y el comisario inspector Emilio García, de la PPBA; el teniente Ricardo Alberto Rolón, y el segundo jefe de la Unidad Horacio Fernández Cutiellos. Paradójicamente, quienes sobrevivieron no se están llevando la mejor parte. Bastarán solo un par de ejemplos, y son el subcomisario Luis Alberto Ré, que perdió sus piernas en la refriega, y el teniente coronel Emilio Guillermo Nani -héroe reconocido de Malvinas y herido por partida doble-, que perdió un ojo en la batalla por la defensa de aquel gobierno democrático y que en estos momentos sufre la injusticia de encontrarse procesado y detenido por una de esas dudosas causas llamadas “de lesa humanidad”. Pero lo que más avergüenza e indigna es que mientras estos héroes sufren penurias, los terroristas que salvaron sus vidas y los familiares de los que cayeron en aquel horroroso episodio “que ellos mismos provocaron” han sido recompensados – tal como documenta y enumera Pedro José Güiraldes en su nota del 10 de enero- con “jugosas indemnizaciones” y emotivos e inmerecidos homenajes de parte del Estado.
Es difícil no escandalizarse ante las noticias de que muchos de los acusados en la megacausa de corrupción que conmueve a la Argentina en estos días, con tal de no pasar ni una sola noche en un calabozo se declaran “arrepentidos”, cuentan parte de lo que saben y vuelven a sus domicilios, a la espera del juicio. Pero lo más escandaloso de todo es la privilegiada situación de la expresidenta Cristina Kirchner quien, blindada por una falsa e inconstitucional interpretación de los fueros parlamentarios, ha evitado estar ya detenida, con prisión preventiva, por una causa anterior, e intenta lo mismo en el flamante y gigantesco proceso contra la corrupción hoy desatado. Mientras tanto, Néstor Eduardo Tauro y Ramón Roque Zanabria, ya sexagenarios, llevan más de un lustro ilegalmente presos: El 7 de octubre de 1976, Tauro y Zanabria, de 20 y 21 años respectivamente, alumnos del tercer año de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) sin grado militar, fueron comisionados, junto a otros, a efectuar la mudanza de dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Sin su participación, en ellos se había detenido, el día anterior, a Ramón García Ulloa, Dolores del Pilar Iglesias y Mónica Liliana Goldstein (alias “Lucía”), integrantes de Montoneros y a la postre trágicas e injustificables víctimas de desapariciones forzadas. La mudanza derivó en un sumario ordenado por autoridades navales contra el jefe a cargo de la misma, un Teniente de Navío procesado entonces por hurto. Como parte del procedimiento se recibieron las declaraciones de Tauro y Zanabria, quienes no fueron ni siquiera imputados en el mismo, por lo que continuaron sin problemas sus estudios. Ambos egresaron de la ESMA en 1977. Zanabria pidió la baja un mes después, mientras que Tauro firmó contrato y revistó en la Armada hasta 1985, cuando también pidió la baja. Desde entonces, sus vidas transcurrieron en el ámbito civil. En 2013, 37 años después de los hechos, el juez Federal Sergio Torres les dictó, a ambos, el procesamiento con prisión preventiva como eventuales responsables de múltiples delitos de lesa humanidad (DLH). Apelada la resolución, la misma fue confirmada por la Cámara Federal integrada por los jueces Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah. Desde 2013, Tauro y Zanabria están con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza. Más de cinco años después de sus detenciones y habiéndose casi duplicado el límite máximo total de tres años para la prisión preventiva, su juicio finalmente comenzó, el 13 de agosto pasado, ante el Tribunal Oral Federal Nro. 5 de la CABA, en lo que se conoce como la causa ESMA IV. Ni Tauro ni Zanabria han sido mencionados, señalados o reconocidos en ninguna instancia judicial, por ninguna de las víctimas de la ESMA, como partícipes de detenciones, secuestros, torturas o muertes. Toda la prueba que existe en su contra es que eran cursantes de la ESMA en ese sangriento período que derivó en el mencionado sumario naval. Su grado de responsabilidad, capacidad de toma de decisiones y participación en “operaciones”, en los años que estuvieron en la ESMA, como estudiantes, no como “cuadros” militares, fue nula, no obstante lo cual están acusados: Tauro, de 179 privaciones ilegítimas de libertad, 29 tormentos, 2 tormentos seguidos de muerte y 13 privaciones ilegítimas de libertad seguidas de muerte y Zanabria, de 305 DLH con similares calificaciones. En una comparación matemática macabra, para estos jueces, dos alumnos de la ESMA fueron responsables de más y peores crímenes que el entonces Almirante Emilio Eduardo Massera, quien, según pudimos leer en los diarios, fue condenado a prisión por “tres homicidios, 12 casos de tormentos, 69 privaciones de libertad y siete robos” y no por DLH. “La evidencia que está más allá de toda duda razonable” es el estándar requerido para validar una condena criminal en los sistemas acusatorios, doctrina que se conoce como “in dubio pro reo”. En este caso, como en cientos de casos similares, se ha hecho todo lo contrario: se ha forzado la prueba para justificar el antojo acusatorio del juzgador con la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) de La Nación como querellante, lo que es escandaloso por estar palmariamente reñido con la Justicia. El juzgamiento de los crímenes cometidos desde el Estado y por el terrorismo, durante la década de los ’70, ha pasado por muchos avatares políticos: los juicios a las Juntas Militares; las condenas a algunos jefes de Montoneros y el ERP; las leyes de “punto final y obediencia debida” y su posterior anulación; las “leyes reparatorias”; los indultos y su posterior anulación – salvo para los jefes terroristas- y en esas idas y venidas estaba nuestro país cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia. A Kirchner los derechos humanos y la violencia de los ’70 nunca parecieron interesarle mientras fue funcionario provincial. Pero apenas asumió la primera magistratura descubrió el enorme valor simbólico y estratégico de la causa de los DDHH. Un medio para crear poder político y económico en alianza con los organismos de DDHH; un verdadero “toma y daca”, dotándolos de recursos de todo tipo, sin límites ni control, a cambio de impunidad para el saqueo a gran escala de la era kirchnerista. Este acuerdo fue ampliado y perfeccionado durante el mandato de Cristina Kirchner. El ensañamiento con muchos agentes estatales que combatieron al terrorismo en la década del ’70 pone en evidencia el espíritu de venganza alimentado para la creación de un activo y próspero negocio de los DDHH. Tauro y Zanabria, como muchos entonces oficiales, suboficiales, soldados y agentes jóvenes a los que les tocó revistar durante los “años de plomo”, son como el “fondo de la olla” al que apela la maquinaria de los DDHH luego de haberse devorado a todos los oficiales y suboficiales más antiguos de las fuerzas de defensa, seguridad, penitenciarias y policiales e incluso civiles, a los que pudo acusar de algún DLH, cualquiera haya sido su rango, responsabilidad y participación, haya o no pruebas, “más allá de toda duda razonable”. En cambio, todos los integrantes de aquella “juventud maravillosa e idealista”, jefes cabecillas de las organizaciones sediciosas de los ’70, terroristas violentos al fin, viven en libertad. Amparados por una autoamnistía de hecho, muchos incluso habiendo ocupado cargos públicos, cobraron suculentas indemnizaciones y/o amasaron fortunas al amparo del poder, como el exoficial del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Gerardo Ferreyra, (alias “Gringo”), ex guerrillero, actual multimillonario, dueño de Electroingeniería y hoy involucrado y detenido por la causa de los cuadernos de las coimas. La justicia argentina debe subsanar tantos brutales atropellos a los derechos humanos, como a los de Tauro y Zanabria, y revertir la flagrante falta de igualdad ante la ley con la que se los castiga, en comparación con la suerte de muchos de los más grandes corruptos de la historia argentina.
Escribe Pedro José Guiraldes en cartas de lectores del diario La Nación.
Santiago Maldonado
Existen por lo menos cuatro hipótesis en el caso Santiago Maldonado: 1) su desaparición a manos de la Gendarmería Nacional; 2) que esté siendo escondido por el RAM; 3) que se haya ahogado en el río Chubut al tratar de cruzarlo en un lugar muy peligroso y que el hallazgo de su cuerpo -y su recuperación- sean muy difíciles, y 4) que haya sido apuñalado, leve o gravemente, por el puestero Evaristo Jones en defensa propia, el 21 de julio, cuando un comando del RAM incendió su puesto, lo atacó, lo desnudó y lo dejó encerrado en el baúl de su propio auto, por lo que Santiago Maldonado no pudo haber estado el 1° de agosto en el corte de ruta.
La aparición de Santiago con vida debe ser la máxima prioridad. Puede estar sano, herido, escondido o desaparecido por voluntad propia o a manos de terceros. ¿Por qué entonces el RAM, el “lonko” Facundo Jones Huala, el CELS, la CIDH, la filial local de Amnistía Internacional y otros organismos defensores de los derechos humanos se agravian, se indignan y rechazan que se investigue toda otra hipótesis que no sea la de la responsabilidad de la Gendarmería? “DD.HH. SA”, sociedad perversa si las hay, ha llegado al punto de acusar al gobierno nacional de ser un émulo de la dictadura militar 1976-1983, ya que mantiene cautivo y desaparecido a Maldonado. Una conclusión posible es que el activismo de “DD.HH. SA” no esté orientado a la aparición con vida de Santiago, sino a probar su desaparición a manos de la Gendarmería a cualquier precio y con la peor finalidad política concebible. Por el contrario, constato que la Justicia, con total colaboración del gobierno nacional y de las fuerzas de seguridad a sus órdenes, está investigando todas las hipótesis, haciendo todos los peritajes y abocada a dilucidar el caso. Espero que esos esfuerzos sean coronados con la aparición con vida de Santiago Maldonado y dudo mucho de que ése sea el anhelo de “DD.HH. SA”, y mucho menos del RAM.
En la Argentina, sólo el terrorismo de Estado ha sido considerado como crimen de lesa humanidad y ni un solo jefe o integrante de las organizaciones armadas revolucionarias está preso. Tampoco fueron llevados a juicio los funcionarios del gobierno 1973-1976 que concretaron la “aniquilación” ordenada y el “exterminio” sugerido por Perón, incluida su esposa y sucesora. El nunca rendido dinero de las indemnizaciones fue sólo para las víctimas de la violencia estatal, no para las del terrorismo y en muchos casos los ex guerrilleros recibieron cargos públicos, cuando no se convirtieron en adalides de los derechos humanos, como Horacio Verbitsky. Las estadísticas del CELS al 31/12/2016 no dejan lugar a dudas ( http://www.cels.org.ar/blogs/estadisticas/). Durante el período 1983-1987 se celebraron los juicios a las Juntas y a la cúpula de la policía bonaerense, con un total de 17 imputados, de los cuales once fueron condenados y seis absueltos. Entre 1988 y 2005, período posterior a las leyes de obediencia debida y punto final de Alfonsín y los indultos selectivos de Menem, se acumularon 23 nuevas condenas por apropiación de menores. Recién en 2006 se dictó la primera sentencia posterior a la anulación de las leyes e indultos citados y al fallo de la CSJN que declaró su inconstitucionalidad. Aunque el Tratado de Roma y el derecho humanitario internacional incluyen los crímenes de organizaciones armadas no estatales como delitos de lesa humanidad, esa universal doctrina fue bloqueada por la Procuración General de la Nación en línea con la estrategia del kirchnerismo de utilizar los derechos humanos comprando más impunidad para su gestión corrupta. Una perversa y aceitada maquinaria político judicial dirigida desde la PGN y el CELS que apuntó exclusivamente a los agentes del Estado (excepto los del gobierno Perón-Perón) tuvo el siguiente resultado: 2939 fueron acusados por delitos de lesa humanidad, de ellos 1120 están presos, aunque sólo fueron condenados 682 de ellos. Hay 517 encarcelados con prisión preventiva desde hace años, lustros o casi un decenio. Del total de acusados ya murieron 486, la inmensa mayoría sin sentencia, ya que sólo 59 de ellos habían sido condenados.
Impunidad para la corrupción, el peronismo y el terrorismo, dinero sólo para las víctimas del terrorismo de Estado, nada para las víctimas de la guerrilla y venganza consumada. A eso llamo yo Derechos Humanos S.A.
Asalto a La Tablada
El 23 de enero se cumplieron 30 años del sangriento asalto al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada a manos de más de medio centenar de terroristas pertenecientes al Movimiento Todos por la Patria, con la misma modalidad utilizada por las bandas ERP y Montoneros en la década anterior. Quisiera recordar y dedicarles un merecido homenaje y reconocimiento para aquellos verdaderos héroes que en plena vigencia del gobierno constitucional de Alfonsín, una vez más arriesgaron sus vidas defendiendo las instituciones democráticas. Con la perniciosa modalidad que nos viene intoxicando en las últimas décadas, tal vez por la comodidad que otorga actuar de manera políticamente correcta (a pesar de haber prometido “acabar con el curro de los derechos humanos”), el actual gobierno prolonga el olvido a los caídos en el cumplimiento del deber. Ellos fueron los conscriptos (tenían poco más de 18 años) Roberto Tadeo Taddía, Héctor Cardozo, Julio Domingo Grillo y Leonardo Martín Díaz; el cabo 1º José Gustavo Albornoz; los sargentos Ramón Wladimiro Orué y Ricardo Raúl Cardozo; el sargento José Manuel Soria y el comisario inspector Emilio García, de la PPBA; el teniente Ricardo Alberto Rolón, y el segundo jefe de la Unidad Horacio Fernández Cutiellos. Paradójicamente, quienes sobrevivieron no se están llevando la mejor parte. Bastarán solo un par de ejemplos, y son el subcomisario Luis Alberto Ré, que perdió sus piernas en la refriega, y el teniente coronel Emilio Guillermo Nani -héroe reconocido de Malvinas y herido por partida doble-, que perdió un ojo en la batalla por la defensa de aquel gobierno democrático y que en estos momentos sufre la injusticia de encontrarse procesado y detenido por una de esas dudosas causas llamadas “de lesa humanidad”. Pero lo que más avergüenza e indigna es que mientras estos héroes sufren penurias, los terroristas que salvaron sus vidas y los familiares de los que cayeron en aquel horroroso episodio “que ellos mismos provocaron” han sido recompensados – tal como documenta y enumera Pedro José Güiraldes en su nota del 10 de enero- con “jugosas indemnizaciones” y emotivos e inmerecidos homenajes de parte del Estado.
Alejo Uribe
Envío: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 2, 2019
Desigualdad ante la ley
Por PEDRO GUIRALDES.
Es difícil no escandalizarse ante las noticias de que muchos de los acusados en la megacausa de corrupción que conmueve a la Argentina en estos días, con tal de no pasar ni una sola noche en un calabozo se declaran “arrepentidos”, cuentan parte de lo que saben y vuelven a sus domicilios, a la espera del juicio.
Pero lo más escandaloso de todo es la privilegiada situación de la expresidenta Cristina Kirchner quien, blindada por una falsa e inconstitucional interpretación de los fueros parlamentarios, ha evitado estar ya detenida, con prisión preventiva, por una causa anterior, e intenta lo mismo en el flamante y gigantesco proceso contra la corrupción hoy desatado.
Mientras tanto, Néstor Eduardo Tauro y Ramón Roque Zanabria, ya sexagenarios, llevan más de un lustro ilegalmente presos:
El 7 de octubre de 1976, Tauro y Zanabria, de 20 y 21 años respectivamente, alumnos del tercer año de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) sin grado militar, fueron comisionados, junto a otros, a efectuar la mudanza de dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Sin su participación, en ellos se había detenido, el día anterior, a Ramón García Ulloa, Dolores del Pilar Iglesias y Mónica Liliana Goldstein (alias “Lucía”), integrantes de Montoneros y a la postre trágicas e injustificables víctimas de desapariciones forzadas.
La mudanza derivó en un sumario ordenado por autoridades navales contra el jefe a cargo de la misma, un Teniente de Navío procesado entonces por hurto. Como parte del procedimiento se recibieron las declaraciones de Tauro y Zanabria, quienes no fueron ni siquiera imputados en el mismo, por lo que continuaron sin problemas sus estudios. Ambos egresaron de la ESMA en 1977. Zanabria pidió la baja un mes después, mientras que Tauro firmó contrato y revistó en la Armada hasta 1985, cuando también pidió la baja. Desde entonces, sus vidas transcurrieron en el ámbito civil.
En 2013, 37 años después de los hechos, el juez Federal Sergio Torres les dictó, a ambos, el procesamiento con prisión preventiva como eventuales responsables de múltiples delitos de lesa humanidad (DLH). Apelada la resolución, la misma fue confirmada por la Cámara Federal integrada por los jueces Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah. Desde 2013, Tauro y Zanabria están con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza.
Más de cinco años después de sus detenciones y habiéndose casi duplicado el límite máximo total de tres años para la prisión preventiva, su juicio finalmente comenzó, el 13 de agosto pasado, ante el Tribunal Oral Federal Nro. 5 de la CABA, en lo que se conoce como la causa ESMA IV.
Ni Tauro ni Zanabria han sido mencionados, señalados o reconocidos en ninguna instancia judicial, por ninguna de las víctimas de la ESMA, como partícipes de detenciones, secuestros, torturas o muertes. Toda la prueba que existe en su contra es que eran cursantes de la ESMA en ese sangriento período que derivó en el mencionado sumario naval. Su grado de responsabilidad, capacidad de toma de decisiones y participación en “operaciones”, en los años que estuvieron en la ESMA, como estudiantes, no como “cuadros” militares, fue nula, no obstante lo cual están acusados: Tauro, de 179 privaciones ilegítimas de libertad, 29 tormentos, 2 tormentos seguidos de muerte y 13 privaciones ilegítimas de libertad seguidas de muerte y Zanabria, de 305 DLH con similares calificaciones.
En una comparación matemática macabra, para estos jueces, dos alumnos de la ESMA fueron responsables de más y peores crímenes que el entonces Almirante Emilio Eduardo Massera, quien, según pudimos leer en los diarios, fue condenado a prisión por “tres homicidios, 12 casos de tormentos, 69 privaciones de libertad y siete robos” y no por DLH.
“La evidencia que está más allá de toda duda razonable” es el estándar requerido para validar una condena criminal en los sistemas acusatorios, doctrina que se conoce como “in dubio pro reo”. En este caso, como en cientos de casos similares, se ha hecho todo lo contrario: se ha forzado la prueba para justificar el antojo acusatorio del juzgador con la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) de La Nación como querellante, lo que es escandaloso por estar palmariamente reñido con la Justicia.
El juzgamiento de los crímenes cometidos desde el Estado y por el terrorismo, durante la década de los ’70, ha pasado por muchos avatares políticos: los juicios a las Juntas Militares; las condenas a algunos jefes de Montoneros y el ERP; las leyes de “punto final y obediencia debida” y su posterior anulación; las “leyes reparatorias”; los indultos y su posterior anulación – salvo para los jefes terroristas- y en esas idas y venidas estaba nuestro país cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia.
A Kirchner los derechos humanos y la violencia de los ’70 nunca parecieron interesarle mientras fue funcionario provincial. Pero apenas asumió la primera magistratura descubrió el enorme valor simbólico y estratégico de la causa de los DDHH. Un medio para crear poder político y económico en alianza con los organismos de DDHH; un verdadero “toma y daca”, dotándolos de recursos de todo tipo, sin límites ni control, a cambio de impunidad para el saqueo a gran escala de la era kirchnerista. Este acuerdo fue ampliado y perfeccionado durante el mandato de Cristina Kirchner.
El ensañamiento con muchos agentes estatales que combatieron al terrorismo en la década del ’70 pone en evidencia el espíritu de venganza alimentado para la creación de un activo y próspero negocio de los DDHH.
Tauro y Zanabria, como muchos entonces oficiales, suboficiales, soldados y agentes jóvenes a los que les tocó revistar durante los “años de plomo”, son como el “fondo de la olla” al que apela la maquinaria de los DDHH luego de haberse devorado a todos los
oficiales y suboficiales más antiguos de las fuerzas de defensa, seguridad, penitenciarias y policiales e incluso civiles, a los que pudo acusar de algún DLH, cualquiera haya sido su rango, responsabilidad y participación, haya o no pruebas, “más allá de toda duda razonable”.
En cambio, todos los integrantes de aquella “juventud maravillosa e idealista”, jefes cabecillas de las organizaciones sediciosas de los ’70, terroristas violentos al fin, viven en libertad. Amparados por una autoamnistía de hecho, muchos incluso habiendo ocupado cargos públicos, cobraron suculentas indemnizaciones y/o amasaron fortunas al amparo del poder, como el exoficial del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Gerardo Ferreyra, (alias “Gringo”), ex guerrillero, actual multimillonario, dueño de Electroingeniería y hoy involucrado y detenido por la causa de los cuadernos de las coimas.
La justicia argentina debe subsanar tantos brutales atropellos a los derechos humanos, como a los de Tauro y Zanabria, y revertir la flagrante falta de igualdad ante la ley con la que se los castiga, en comparación con la suerte de muchos de los más grandes corruptos de la historia argentina.
Pedro José Güiraldes
Fuente: La Nación . Desigualdad ante la Ley
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 5, 2018
Santiago Maldonado
Escribe Pedro José Guiraldes en cartas de lectores del diario La Nación.
Santiago Maldonado
Existen por lo menos cuatro hipótesis en el caso Santiago Maldonado: 1) su desaparición a manos de la Gendarmería Nacional; 2) que esté siendo escondido por el RAM; 3) que se haya ahogado en el río Chubut al tratar de cruzarlo en un lugar muy peligroso y que el hallazgo de su cuerpo -y su recuperación- sean muy difíciles, y 4) que haya sido apuñalado, leve o gravemente, por el puestero Evaristo Jones en defensa propia, el 21 de julio, cuando un comando del RAM incendió su puesto, lo atacó, lo desnudó y lo dejó encerrado en el baúl de su propio auto, por lo que Santiago Maldonado no pudo haber estado el 1° de agosto en el corte de ruta.
La aparición de Santiago con vida debe ser la máxima prioridad. Puede estar sano, herido, escondido o desaparecido por voluntad propia o a manos de terceros. ¿Por qué entonces el RAM, el “lonko” Facundo Jones Huala, el CELS, la CIDH, la filial local de Amnistía Internacional y otros organismos defensores de los derechos humanos se agravian, se indignan y rechazan que se investigue toda otra hipótesis que no sea la de la responsabilidad de la Gendarmería? “DD.HH. SA”, sociedad perversa si las hay, ha llegado al punto de acusar al gobierno nacional de ser un émulo de la dictadura militar 1976-1983, ya que mantiene cautivo y desaparecido a Maldonado. Una conclusión posible es que el activismo de “DD.HH. SA” no esté orientado a la aparición con vida de Santiago, sino a probar su desaparición a manos de la Gendarmería a cualquier precio y con la peor finalidad política concebible. Por el contrario, constato que la Justicia, con total colaboración del gobierno nacional y de las fuerzas de seguridad a sus órdenes, está investigando todas las hipótesis, haciendo todos los peritajes y abocada a dilucidar el caso. Espero que esos esfuerzos sean coronados con la aparición con vida de Santiago Maldonado y dudo mucho de que ése sea el anhelo de “DD.HH. SA”, y mucho menos del RAM.
Pedro José Güiraldes
pedroguiraldes@fibertel.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 29, 2017
DD.HH. S.A.
Cartas de lectores del periódico La Nación.
DD.HH. S.A.
En la Argentina, sólo el terrorismo de Estado ha sido considerado como crimen de lesa humanidad y ni un solo jefe o integrante de las organizaciones armadas revolucionarias está preso. Tampoco fueron llevados a juicio los funcionarios del gobierno 1973-1976 que concretaron la “aniquilación” ordenada y el “exterminio” sugerido por Perón, incluida su esposa y sucesora. El nunca rendido dinero de las indemnizaciones fue sólo para las víctimas de la violencia estatal, no para las del terrorismo y en muchos casos los ex guerrilleros recibieron
cargos públicos, cuando no se convirtieron en adalides de los derechos humanos, como Horacio Verbitsky. Las estadísticas del CELS al 31/12/2016 no dejan lugar a dudas ( http://www.cels.org.ar/blogs/
Impunidad para la corrupción, el peronismo y el terrorismo, dinero sólo para las víctimas del terrorismo de Estado, nada para las víctimas de la guerrilla y venganza consumada. A eso llamo yo Derechos Humanos S.A.
Pedro José Güiraldes
pgui.argein@gmail.com
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 11, 2017