Suponiendo que el Fiscal General y el Departamento de Justicia decidieran que tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra un presidente en funciones de los Estados Unidos, entonces estaríamos en una crisis constitucional. Si los cargos fueran tan graves, podría ser necesario invocar la Enmienda 25 y que el presidente fuera destituido de su cargo por ley. Eso llevaría días, y quienquiera que fuera el presidente casi con toda seguridad se encontraría esencialmente bajo “arresto domiciliario” mientras se resolvía el asunto para evitar la posibilidad de una fuga ilegal para evitar el procesamiento.
No habría tal confrontación con el Servicio Secreto, ya que son miembros jurados de las fuerzas del orden. Se arriesgarían a perder sus funciones de aplicación de la ley (y potencialmente a ser arrestados ellos mismos) si intentaran interferir con una orden de arresto que el FBI ejecutara legalmente. Si algunos de ellos decidieran (por cualquier razón) no hacerlo, serían arrestados por sus colegas o se unirían al presidente en su viaje por la calle hasta el edificio del FBI J. Edgar Hoover esposados cuando fueran arrestados por el FBI.
Lo que ocurriría es que al presidente se le permitiría dimitir discretamente, abandonaría la Casa Blanca y, en unos días, se le permitiría entregarse discretamente en un tribunal federal relativamente cerca de su casa. Habría una seguridad extremadamente estricta, se haría pública una declaración básica a los medios de comunicación y no se aceptarían preguntas en ninguna conferencia de prensa que se celebrara. Dado que incluso el peor presidente querría evitar una confrontación armada y que nadie quiere la humillante escena de un presidente actual o anterior de los Estados Unidos siendo sacado de la Casa Blanca esposado, las cosas serían mucho más tranquilas.
El mundo se roe las uñas preguntándose qué sucederá el martes 5 en los Estados Unidos y, cualquiera fuera el resultado de la elección presidencial, el proceso continuará en paz.
Mientras tanto, en Bolivia se dirime una bastarda pelea entre su Presidente, Luis Arce Catacora, y su antecesor y ex padrino político, Evo Morales Ayma, líder de los cocaleros del Chapare, que puede derivar en una guerra civil de inimaginables consecuencias.
Ambos contendientes pertenecen al MAS, de marcada izquierda, un partido que, después de ciertos éxitos económicos a principios de este siglo, ha sumido al país en la pobreza y la desesperación, pese al apoyo de Irán, que ha instalado allí su base de operaciones terroristas para América Latina.
Aquí, la atomización de la oposición sigue su curso, aunque aún ésta puede complicarle la vida a Javier Milei, como está preanunciando la discusión acerca de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que busca dejar sin herramientas –esas mismas que la caradura de Cristina Fernández, que hoy se rasga las vestiduras en nombre de la Constitución, entregó a su marido muerto para permitirle actuar sin control del H° Aguantadero- para sortear las dificultades derivadas de su debilidad legislativa.
El Presidente ha sorprendido a propios y ajenos con el innegable éxito de sus medidas económicas que no sólo nos han permitido evitar la mayor parte de las consecuencias horrorosas del demencial populismo kirchnerista sino que lo ha hecho con una velocidad incomparable con otros procesos similares de otros países.
Sus modales evidentemente no son los míos, pero reconozco que los jóvenes se sienten interpretados por ellos, a punto tal que, aún en medio de un dolorosísimo ajuste en la economía hogareña (sobre todo, en la clase media) las encuestas siguen favoreciéndolo claramente.
Un tema que parece haberse diluido o, al menos, postergado hasta el año próximo es el de la candidatura del Juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y, con ella, la de Manuel García Mansilla, seguramente en razón de la resistencia de las indispensables bancadas kirchneristas a darles luz verde sin negociar, previamente, la ampliación de ese alto Tribunal.
Finalmente, la gestión libertaria, después de casi un año de ejercicio, sigue demorando una solución al agraviante asunto de los dos mil quinientos presos políticos (militares, policías, civiles y sacerdotes) ya ancianos, que mueren en las mazmorras de una sociedad hipócrita y canalla que no les reconoce, siquiera, los mismos derechos que a los demás ciudadanos, tales como la presunción de inocencia, la ley anterior al hecho del proceso, el juez natural, la ley más beneficiosa, la limitación de la prisión preventiva, la detención domiciliaria en razón de la edad y la atención médica necesaria para las dolencias debidas a su condición gerontológica.
Confieso la culpa que siento por haber insuflado esperanzas en esos desdichados cuando, en mis habituales visitas a las cárceles, les dije en 2014 que, cuando Mauricio Macri ocupara el sillón presidencial, su situación sería revisada, algo que nunca ocurrió.
Ruego hoy que Milei corrija, de una buena vez, este crimen de lesa humanidad que el Estado argentino está cometiendo contra las víctimas de la venganza de los terroristas asesinos contra quienes los vencieron en el campo de batalla.
Hasta el sábado, si Dios quiere, cuando ya sabremos quién ocupará el Salón Oval desde el año próximo.
¿Qué pasaría si el presidente fuera arrestado?
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Suponiendo que el Fiscal General y el Departamento de Justicia decidieran que tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra un presidente en funciones de los Estados Unidos, entonces estaríamos en una crisis constitucional. Si los cargos fueran tan graves, podría ser necesario invocar la Enmienda 25 y que el presidente fuera destituido de su cargo por ley. Eso llevaría días, y quienquiera que fuera el presidente casi con toda seguridad se encontraría esencialmente bajo “arresto domiciliario”
mientras se resolvía el asunto para evitar la posibilidad de una fuga ilegal para evitar el procesamiento.
No habría tal confrontación con el Servicio Secreto, ya que son miembros jurados de las fuerzas del orden. Se arriesgarían a perder sus funciones de aplicación de la ley (y potencialmente a ser arrestados ellos mismos) si intentaran interferir con una orden de arresto que el FBI ejecutara legalmente. Si algunos de ellos decidieran (por cualquier razón) no hacerlo, serían arrestados por sus colegas o se unirían al presidente en su viaje por la calle hasta el edificio del FBI J. Edgar Hoover esposados cuando fueran arrestados por el FBI.
Lo que ocurriría es que al presidente se le permitiría dimitir discretamente, abandonaría la Casa Blanca y, en unos días, se le permitiría entregarse discretamente en un tribunal federal relativamente cerca de su casa. Habría una seguridad extremadamente estricta, se haría pública una declaración básica a los medios de comunicación y no se aceptarían preguntas en ninguna conferencia de prensa que se celebrara. Dado que incluso el peor presidente querría evitar una confrontación armada y que nadie quiere la humillante escena de un presidente actual o anterior de los Estados Unidos siendo sacado de la Casa Blanca esposado, las cosas serían mucho más tranquilas.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 17, 2024
POST DATA DE… ANSIEDAD Y CIMBRONAZOS
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El mundo se roe las uñas preguntándose qué sucederá el martes 5 en los Estados Unidos y, cualquiera fuera el resultado de la elección presidencial, el proceso continuará en paz.
Mientras tanto, en Bolivia se dirime una bastarda pelea entre su Presidente, Luis Arce Catacora, y su antecesor y ex padrino político, Evo Morales Ayma, líder de los cocaleros del Chapare, que puede derivar en una guerra civil de inimaginables consecuencias.
Aquí, la atomización de la oposición sigue su curso, aunque aún ésta puede complicarle la vida a Javier Milei, como está preanunciando la discusión acerca de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que busca dejar sin herramientas –esas mismas que la caradura de Cristina Fernández, que hoy se rasga las vestiduras en nombre de la Constitución, entregó a su marido muerto para permitirle actuar sin control del H° Aguantadero- para sortear las dificultades derivadas de su debilidad legislativa.
El Presidente ha sorprendido a propios y ajenos con el innegable éxito de sus medidas económicas que no sólo nos han permitido evitar la mayor parte de las consecuencias horrorosas del demencial populismo kirchnerista sino que lo ha hecho con una velocidad incomparable con otros procesos similares de otros países.
Sus modales evidentemente no son los míos, pero reconozco que los jóvenes se sienten interpretados por ellos, a punto tal que, aún en medio de un dolorosísimo ajuste en la economía hogareña (sobre todo, en la clase media) las encuestas siguen favoreciéndolo claramente.
Un tema que parece haberse diluido o, al menos, postergado hasta el año próximo es el de la candidatura del Juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y, con ella, la de Manuel García Mansilla, seguramente en razón de la resistencia de las indispensables bancadas
kirchneristas a darles luz verde sin negociar, previamente, la ampliación de ese alto Tribunal.
Finalmente, la gestión libertaria, después de casi un año de ejercicio, sigue demorando una solución al agraviante asunto de los dos mil quinientos presos políticos (militares, policías, civiles y sacerdotes) ya ancianos, que mueren en las mazmorras de una sociedad hipócrita y canalla que no les reconoce, siquiera, los mismos derechos que a los demás ciudadanos, tales como la presunción de inocencia, la ley anterior al hecho del proceso, el juez natural, la ley más beneficiosa, la limitación de la prisión preventiva, la detención domiciliaria en razón de la edad y la atención médica necesaria para las dolencias debidas a su condición gerontológica.
Confieso la culpa que siento por haber insuflado esperanzas en esos desdichados cuando, en mis habituales visitas a las cárceles, les dije en 2014 que, cuando Mauricio Macri ocupara el sillón presidencial, su situación sería revisada, algo que nunca ocurrió.
Ruego hoy que Milei corrija, de una buena vez, este crimen de lesa humanidad que el Estado argentino está cometiendo contra las víctimas de la venganza de los terroristas asesinos contra quienes los vencieron en el campo de batalla.
Hasta el sábado, si Dios quiere, cuando ya sabremos quién ocupará el Salón Oval desde el año próximo.
Un gran abrazo.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
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Nota 423 del Doctor Guillermo Avogadro en este portal.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 4, 2024