Valientes palabras las expresadas en su carta por monseñor Santiago Olivera. Iluminan una realidad que pocos se atreven a mencionar: la iniquidad de los juicios “de lesa humanidad”, con imputados retenidos en prisión preventiva durante años hasta que las acusaciones son estudiadas, soportando la presunción de culpabilidad. Uno de los 400 detenidos en esta situación a la que alude el obispo es Julio N. Flores, excabo de la Fuerza Aérea, hoy de 60 años, recluido desde hace cuatro en el penal de Güemes, Salta. Flores, mecánico de aviación, estuvo solo tres años en la fuerza. Cuando ocurrieron los hechos que se le imputan, en agosto de 1977, tenía ocho meses de antigüedad y solo 19 años. Las acusaciones se basan en supuestos sin asidero: que en su primer destino, la I Brigada Aérea (El Palomar), él podía ser jefe de guardia de un centro clandestino de detención. En el 80 pidió la baja. Pasó a la aviación civil. Trabajaba en Indonesia. Al volver de visita al país en 2014 fue detenido ni bien pisó Ezeiza. Tardó en enterarse por qué. Desde entonces perdió su empleo, hundió en la ruina a su familia, se alejaron amigos y camaradas. Es un paria.
La sed de venganza de quienes perdieron la guerra subversiva en los 70 ha convencido a todos de que hay una categoría de personas a las que se puede pisotear su dignidad humana, que toda opresión es permitida. ¿Hasta cuándo permitiremos esta ignominia?
Mantener en prisión común a militares –condenados, imputados, o meramente sospechosos- a pesar de su edad y deterioro de su salud, es violatorio del Art. 18 de la Constitución Nacional que declara abolido todo tipo de tormento, y establece que las cárceles serán “para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. “El fin del establecimiento de las penas no puede ser la de atormentar a un ser sensible”, dijo Cesare Beccaria en 1764. La Justicia sin misericordia es crueldad.
También viola los incisos a), b) y d) del Art. 1º de la Ley 26.472, sobre ejecución de la privación de libertad. Señalarlo no significa absolver a los culpables, sino reclamar el cumplimiento de la ley. Sobre todo implica no emplear los mismos métodos de violación de los derechos humanos que empleó un régimen de facto que abusó de su poder ilegítimo.
El Teniente Coronel retirado MARTIN RODRIGUEZ, de 71 años, ha comenzado una huelga de hambre el 18 del mes pasado. No justificamos su decisión, pero la comprendemos, porque ¿qué se puede esperar de un Poder Ejecutivo cuya Secretaría de Derechos Humanos se constituye como enemigo de aquellos a quienes debe asistir y de jueces que condenan sin pruebas?
SED DE VENGANZA
Por RODRIGO CARO FIGUEROA.
Valientes palabras las expresadas en su carta por monseñor Santiago Olivera. Iluminan una realidad que pocos se atreven a mencionar: la iniquidad de los juicios “de lesa humanidad”, con imputados retenidos en prisión preventiva durante años hasta que las acusaciones son estudiadas, soportando la presunción de culpabilidad. Uno de los
400 detenidos en esta situación a la que alude el obispo es Julio N. Flores, excabo de la Fuerza Aérea, hoy de 60 años, recluido desde hace cuatro en el penal de Güemes, Salta. Flores, mecánico de aviación, estuvo solo tres años en la fuerza. Cuando ocurrieron los hechos que se le imputan, en agosto de 1977, tenía ocho meses de antigüedad y solo 19 años. Las acusaciones se basan en supuestos sin asidero: que en su primer destino, la I Brigada Aérea (El Palomar), él podía ser jefe de guardia de un centro clandestino de detención. En el 80 pidió la baja. Pasó a la aviación civil. Trabajaba en Indonesia. Al volver de visita al país en 2014 fue detenido ni bien pisó Ezeiza. Tardó en enterarse por qué. Desde entonces perdió su empleo, hundió en la ruina a su familia, se alejaron amigos y camaradas. Es un paria.
La sed de venganza de quienes perdieron la guerra subversiva en los 70 ha convencido a todos de que hay una categoría de personas a las que se puede pisotear su dignidad humana, que toda opresión es permitida. ¿Hasta cuándo permitiremos esta ignominia?
Rodrigo Caro Figueroa
DNI 14.022.309
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 19, 2018
La Justicia sin misericordia es crueldad
Escribe Rodrigo A. Caro Figueroa.
Mantener en prisión común a militares –condenados, imputados, o meramente sospechosos- a pesar de su edad y deterioro de su salud, es violatorio del Art. 18 de la Constitución Nacional que declara abolido todo tipo de tormento, y establece que las cárceles serán “para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. “El fin del establecimiento de las penas no puede ser la de atormentar a un ser sensible”, dijo Cesare Beccaria en 1764. La Justicia sin misericordia es crueldad.
También viola los incisos a), b) y d) del Art. 1º de la Ley 26.472, sobre ejecución de la privación de libertad. Señalarlo no significa absolver a los culpables, sino reclamar el cumplimiento de la ley. Sobre todo implica no emplear los mismos métodos de violación de los derechos humanos que empleó un régimen de facto que abusó de su poder ilegítimo.
El Teniente Coronel retirado MARTIN RODRIGUEZ, de 71 años, ha comenzado una huelga de hambre el 18 del mes pasado. No justificamos su decisión, pero la comprendemos, porque ¿qué se puede esperar de un Poder Ejecutivo cuya Secretaría de Derechos Humanos se constituye como enemigo de aquellos a quienes debe asistir y de jueces que condenan sin pruebas?
Cap. Rodrigo A. Caro Figueroa (RE)
SALTA
Colaboración: Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 4, 2017