La cumbre prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska para el 15 de agosto de 2025 ha suscitado un intenso escrutinio legal. La aparición de Putin en territorio estadounidense plantea una pregunta provocadora: ¿Podrían las autoridades estadounidenses detenerlo como criminal de guerra en virtud de la acusación vigente de la Corte Penal Internacional (CPI)?
La CPI emitió una orden de arresto contra el presidente Putin en marzo de 2023, acusándolo de crímenes de guerra relacionados con el secuestro de niños ucranianos. Sin embargo, su ejecución depende de la jurisdicción y la voluntad política. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y no reconoce la autoridad de la CPI.
En consecuencia, actualmente no existe base legal para que las autoridades estadounidenses lo arresten o detengan durante una visita oficial.
Según el derecho internacional, los jefes de Estado gozan de dos tipos principales de inmunidad: ratione personae y ratione materiae. La inmunidad ratione personae otorga plena inmunidad, tanto oficial como privada, frente al procesamiento penal mientras una persona ocupe un cargo, y la inmunidad ratione materiae protege los actos realizados a título oficial, a menudo incluso después de dejar el cargo.
Sin embargo, el Estatuto de Roma de la CPI contiene una poderosa contramedida. El artículo 27 rechaza explícitamente la inmunidad como escudo contra el procesamiento, independientemente del cargo oficial del acusado.
Este principio ha sido defendido en varios tribunales, incluyendo el Tribunal Especial para Sierra Leona y la consideración por parte de la CPI de la orden de arresto contra el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir.
Sin embargo, esta jurisdicción teórica enfrenta importantes limitaciones prácticas. Dado que Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, no tiene la obligación de arrestar a un líder extranjero en ejercicio basándose en una orden de la CPI. Además, el derecho internacional consuetudinario, que subraya la igualdad soberana, generalmente protege a los jefes de Estado visitantes del procesamiento por tribunales extranjeros, a menos que su propio Estado renuncie a dicha inmunidad.
Esta protección legal se refleja en la elección de la sede: Alaska. La ubicación ofrece seguridad diplomática a Putin, ya que la legislación estadounidense no reconoce la jurisdicción de la CPI, lo que garantiza que no haya riesgo de arresto durante la cumbre.
De cara al futuro, podrían existir otras vías para la rendición de cuentas. Se está desarrollando un nuevo tribunal especial para el “crimen de agresión” contra Ucrania, encabezado por Ucrania y el Consejo de Europa. Si bien dicho tribunal podría eventualmente permitir el procesamiento, es evidente que los jefes de Estado en ejercicio, incluido Putin, conservarían inmunidad mientras ocupen el cargo, incluso en juicios celebrados en ausencia.
Un tribunal de Washington permanece fuera de su alcance. A menos que Putin renuncie voluntariamente a la inmunidad, o que la propia Rusia acepte extraditarlo o renuncie a ella, su detención en Alaska seguirá siendo legalmente insostenible.
Si Putin llega a Alaska, ¿podría ser detenido como criminal de guerra?
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La cumbre prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska para el 15 de agosto de 2025 ha suscitado un intenso escrutinio legal. La aparición de Putin en territorio estadounidense plantea una pregunta provocadora: ¿Podrían las autoridades estadounidenses detenerlo como criminal de guerra en virtud de la acusación vigente de la Corte Penal Internacional (CPI)?
La CPI emitió una orden de arresto contra el presidente Putin en marzo de 2023, acusándolo de crímenes de guerra relacionados con el secuestro de niños ucranianos. Sin embargo, su ejecución depende de la jurisdicción y la voluntad política. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y no reconoce la autoridad de la CPI.
Según el derecho internacional, los jefes de Estado gozan de dos tipos principales de inmunidad: ratione personae y ratione materiae. La inmunidad ratione personae otorga plena inmunidad, tanto oficial como privada, frente al procesamiento penal mientras una persona ocupe un cargo, y la inmunidad ratione materiae protege los actos realizados a título oficial, a menudo incluso después de dejar el cargo.
Sin embargo, el Estatuto de Roma de la CPI contiene una poderosa contramedida. El artículo 27 rechaza explícitamente la inmunidad como escudo contra el procesamiento, independientemente del cargo oficial del acusado.
Este principio ha sido defendido en varios tribunales, incluyendo el Tribunal Especial para Sierra Leona y la consideración por parte de la CPI de la orden de arresto contra el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir.
Sin embargo, esta jurisdicción teórica enfrenta importantes limitaciones prácticas. Dado que Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, no tiene la obligación de arrestar a un líder extranjero en ejercicio basándose en una orden de la CPI. Además, el derecho internacional consuetudinario, que subraya la igualdad soberana, generalmente protege a los jefes de Estado visitantes del procesamiento por tribunales extranjeros, a menos que su propio Estado renuncie a dicha inmunidad.
Esta protección legal se refleja en la elección de la sede: Alaska. La ubicación ofrece seguridad diplomática a Putin, ya que la legislación estadounidense no reconoce la jurisdicción de la CPI, lo que garantiza que no haya riesgo de arresto durante la cumbre.
De cara al futuro, podrían existir otras vías para la rendición de cuentas. Se está desarrollando un nuevo tribunal especial para el “crimen de agresión” contra Ucrania, encabezado por Ucrania y el Consejo de Europa. Si bien dicho tribunal podría eventualmente permitir el procesamiento, es evidente que los jefes de Estado en ejercicio, incluido Putin, conservarían inmunidad mientras ocupen el cargo, incluso en juicios celebrados en ausencia.
Un tribunal de Washington permanece fuera de su alcance. A menos que Putin renuncie voluntariamente a la inmunidad, o que la propia Rusia acepte extraditarlo o renuncie a ella, su detención en Alaska seguirá siendo legalmente insostenible.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 12, 2025