El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acaba de anunciar el estado de excepción en algunas regiones del sur tras registrarse una serie de incidentes atribuidos a comunidades mapuches, destacándose ataques incendiarios y tomas de terrenos. Según el mandatario, la medida se produce ante los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado”. En los últimos días se produjeron atentados contra la propiedad privada, y los grupos originarios más radicalizados son señalados como posibles autores.
En concreto, el 8 de octubre hubo un ataque incendiario en las Termas de Pemehue, ubicadas en la comuna de Collipulli. Al día siguiente, se quemaron camiones y maquinaria de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Loncoche. Y horas más tarde, se incendiaron 18 camiones de otra compañía, localizada en la ciudad de Temuco. Además, hubo tomas de predios. Una de las más destacables fue la reciente ocupación de un fundo en la ruta R-444, ubicada en la provincia de Malleco, que incluyó vehículos incendiados y enfrentamientos con Carabineros. Aunque todavía debe determinarse quiénes fueron los responsables de estos hechos, para muchos mapuches esta clase de acciones es vista como una “recuperación ancestral” de tierras, ya que los pueblos originarios son preexistentes al Estado.
En ese marco de extrema tensión, la Alianza Territorial Mapuche difundió un video en redes sociales mostrando a seis personas vestidas de negro, con los rostros tapados, y armas. Ellos afirmaron que ejercen una “autodefensa y control territorial sobre tierras usurpadas por la Corporación Nacional Forestal [Conaf]”. En esa publicación del 6 de octubre, advirtieron que resistirán “por la vía armada contra cualquier intento de allanamiento”. También responsabilizaron a la CONAF ante las consecuencias que pueda significar “la incursión de policía militarizada en la zona”.
La misma fecha en que Chile conmemoraba el Día del Encuentro de Dos Mundos, en alusión a la llegada de Cristóbal Colón a América, el presidente declaró el estado de excepción en sectores sureños para intentar controlar a los mapuches. Esta medida abarca a las provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío, junto a Malleco y Cautín, Región de La Araucanía. En principio, durará 15 días corridos, aunque puede prorrogarse por el doble de tiempo.
Así, las jurisdicciones comprendidas en el decreto quedan a cargo de jefes de la Defensa Nacional, que ya fueron designados por Piñera: el almirante de la Armada Jorge Parga, para la zona del Biobío, y el general de Ejército Lionel Curvi, en La Araucanía. Las autoridades competentes van a determinar si se pueden hacer reuniones en lugares públicos y dictarán las medidas que crean necesarias para garantizar el orden. También controlarán los accesos de entrada y salida en la zona y la circulación en su interior. Sobre el despliegue en el lugar, se dio a conocer que el Ejército puso a disposición tres helicópteros, diez carros blindados y otros cinco vehículos militares, del tipo cuatro por cuatro. A su vez, a los 450 efectivos que ya hay en la Macrozona Sur, se sumarían otros 450. El operativo se va a dividir en cuatro puntos: disuasión, vigilancia, transporte y logística.
Por su parte, el mandatario dijo que “las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones”. En efecto, se esperan patrullajes mixtos, en conjunto con los policías locales.
“El Gobierno entendió que había que terminar con la impunidad de la violencia rural generada en la Macrozona Sur. Es por eso que se necesita restablecer el orden y la paz social”, expresó Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional (RN). Y añadió: “Las comunidades mapuches estaban cansadas de verse amenazadas por el narcoterrorismo que se esconde detrás de las causas de los pueblos originarios”.
Por su parte, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, sostuvo: “Espero que este estado de excepción sea utilizado como un apoyo, principalmente a la labor de las policías. Los patrullajes mixtos eran una buena opción”. No obstante, opinó que esto “responde a un fracaso que ha venido ocurriendo por parte del Estado hace muchos años en temas de seguridad”. En contrapartida, la diputada del Partido Comunista (PC) Camila Vallejo rechazó la decisión del Ejecutivo diciendo que esta política “fracasada” solo “aumenta el espiral de violencia en la zona”. Con ese tono, manifestó: “Demuestra que no quieren dialogar ni buscar acuerdos, ni menos respetar los derechos humanos, solo aumenta la polarización”.
Por otro lado, los conductores de camiones que estaban cortando la ruta 160 en la Región del Biobío decidieron levantar la protesta tras el anuncio del presidente. Estaban manifestándose para pedir más seguridad, en un contexto de ataques incendiarios a vehículos y transportes de larga distancia.
“Existía incertidumbre por todos los hechos que habían ocurrido en nuestra provincia. Esperamos que podamos ir a nuestro trabajo y poder regresar a nuestra casa”, dijo el dirigente Pascual Sagredo. Sin embargo, advirtió: “No esperamos un enfrentamiento entre nosotros mismos, entre los chilenos que estamos aquí. Los trabajadores forestales quieren trabajar tranquilos y no quieren mañana ser masacrados por una bala”.
Más allá de la tensión en el sur, los reclamos de los pueblos indígenas también se hicieron presentes en Santiago. De hecho, el domingo se produjo una manifestación que terminó con graves incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de Carabineros. En esa jornada, una mujer llamada Denisse Cortés Saavedra resultó herida y falleció horas más tarde en un centro de salud.
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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acaba de anunciar el estado de excepción en algunas regiones del sur tras registrarse una serie de incidentes atribuidos a comunidades mapuches, destacándose ataques incendiarios y tomas de terrenos. Según el mandatario, la medida se produce ante los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado”. En los últimos días se produjeron atentados contra la propiedad privada, y los grupos originarios más radicalizados son señalados como posibles autores.
En concreto, el 8 de octubre hubo un ataque incendiario en las Termas de Pemehue, ubicadas en la comuna de Collipulli. Al día siguiente, se quemaron camiones y maquinaria de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Loncoche. Y horas más tarde, se incendiaron 18 camiones de otra compañía, localizada en la ciudad de Temuco. Además, hubo tomas de predios. Una de las más destacables fue la reciente ocupación de un fundo en la ruta R-444, ubicada en la provincia de Malleco, que incluyó vehículos incendiados y enfrentamientos con Carabineros. Aunque todavía debe determinarse quiénes fueron los responsables de estos hechos, para muchos mapuches esta clase de acciones es vista como una “recuperación ancestral” de tierras, ya que los pueblos originarios son preexistentes al Estado.
En ese marco de extrema tensión, la Alianza Territorial Mapuche difundió un video en redes sociales mostrando a seis personas vestidas de negro, con los rostros tapados, y armas. Ellos afirmaron que ejercen una “autodefensa y control territorial sobre tierras usurpadas por la Corporación Nacional Forestal [Conaf]”. En esa publicación del 6 de octubre, advirtieron que resistirán “por la vía armada contra cualquier intento de allanamiento”. También responsabilizaron a la CONAF ante las consecuencias que pueda significar “la incursión de policía militarizada en la zona”.
La misma fecha en que Chile conmemoraba el Día del Encuentro de Dos Mundos, en alusión a la llegada de Cristóbal Colón a América, el presidente declaró el estado de excepción en sectores sureños para intentar controlar a los mapuches. Esta medida abarca a las provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío, junto a Malleco y Cautín, Región de La Araucanía. En principio, durará 15 días corridos, aunque puede prorrogarse por el doble de tiempo.
Así, las jurisdicciones comprendidas en el decreto quedan a cargo de jefes de la Defensa Nacional, que ya fueron designados por Piñera: el almirante de la Armada Jorge Parga, para la zona del Biobío, y el general de Ejército Lionel Curvi, en La Araucanía. Las autoridades competentes van a determinar si se pueden hacer reuniones en lugares públicos y dictarán las medidas que crean necesarias para garantizar el orden. También controlarán los accesos de entrada y salida en la zona y la circulación en su interior. Sobre el despliegue en el lugar, se dio a conocer que el Ejército puso a disposición tres helicópteros, diez carros blindados y otros cinco vehículos militares, del tipo cuatro por cuatro. A su vez, a los 450 efectivos que ya hay en la Macrozona Sur, se sumarían otros 450. El operativo se va a dividir en cuatro puntos: disuasión, vigilancia, transporte y logística.
Por su parte, el mandatario dijo que “las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones”. En efecto, se esperan patrullajes mixtos, en conjunto con los policías locales.
“El Gobierno entendió que había que terminar con la impunidad de la violencia rural generada en la Macrozona Sur. Es por eso que se necesita restablecer el orden y la paz social”, expresó Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional (RN). Y añadió: “Las comunidades mapuches estaban cansadas de verse amenazadas por el narcoterrorismo que se esconde detrás de las causas de los pueblos originarios”.
Por su parte, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, sostuvo: “Espero que este estado de excepción sea utilizado como un apoyo, principalmente a la labor de las policías. Los patrullajes mixtos eran una buena opción”. No obstante, opinó que esto “responde a un fracaso que ha venido ocurriendo por parte del Estado hace muchos años en temas de seguridad”. En contrapartida, la diputada del Partido Comunista (PC) Camila Vallejo rechazó la decisión del Ejecutivo diciendo que esta política “fracasada” solo “aumenta el espiral de violencia en la zona”. Con ese tono, manifestó: “Demuestra que no quieren dialogar ni buscar acuerdos, ni menos respetar los derechos humanos, solo aumenta la polarización”.
Por otro lado, los conductores de camiones que estaban cortando la ruta 160 en la Región del Biobío decidieron levantar la protesta tras el anuncio del presidente. Estaban manifestándose para pedir más seguridad, en un contexto de ataques incendiarios a vehículos y transportes de larga distancia.
“Existía incertidumbre por todos los hechos que habían ocurrido en nuestra provincia. Esperamos que podamos ir a nuestro trabajo y poder regresar a nuestra casa”, dijo el dirigente Pascual Sagredo. Sin embargo, advirtió: “No esperamos un enfrentamiento entre nosotros mismos, entre los chilenos que estamos aquí. Los trabajadores forestales quieren trabajar tranquilos y no quieren mañana ser masacrados por una bala”.
Más allá de la tensión en el sur, los reclamos de los pueblos indígenas también se hicieron presentes en Santiago. De hecho, el domingo se produjo una manifestación que terminó con graves incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de Carabineros. En esa jornada, una mujer llamada Denisse Cortés Saavedra resultó herida y falleció horas más tarde en un centro de salud.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 14, 2021