En el New York Times del día 29 de noviembre pasado se puede leer: “29 Argentines Sentenced to Life in Prison in ‘Death Flights’ Trial” (29 argentinos sentenciados a cadena perpetua en el juicio de ‘Death Flights’) sobre las condenas aplicadas en el juicio ESMA III. Acotemos que: The New York Times (a veces abreviado como The NYT o The Times) es un periódico estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York con influencia y lectores a nivel mundial. Fundado en 1851, el periódico ha ganado 122 premios Pulitzer, más que cualquier otro periódico. A partir de septiembre de 2016, tuvo la mayor circulación combinada de impresión y digital de cualquier periódico diario en los Estados Unidos. The New York Times se clasifica en el puesto 18 en el mundo por circulación (1) pero periódicos con mayor circulación están en la India o en China con lo cual casi son de circulación interna y no cubren el mundo como en este caso. En esta nota también se pueden leer declaraciones de ABÉL CÓRDOBA, ex fiscal militante y gran mentiroso. En lo personal fue el artífice de mi involucramiento y detención por este tipo de delitos, juntamente con el periodista de Página 12 DIEGO MARTINEZ y el obsecuente juez subrogante removido ULPIANO MARTINEZ.
Pero más allá de este “detalle”, el contenido de esta nota hace que me invada la rabia y la impotencia, al palpar lo que todos ya sabemos: “el relato” está impuesto no solo a nivel nacional sino internacional. Diría que estos desagradables sentimientos van dirigidos en menor cuantía a sus autores que pelearon y pelea una guerra sin fin.
Ulpiano Martínez
Saben cuál es su meta y dedican su vida y su pasión a ello. Como toda guerra en donde lo que se juega es la vida y la muerte, en los años 60 y 70, también hubo hechos poco nobles, que gente como ABEL CÓRDOBA y muchos otros supieron manipular muy bien. Así asesinos seriales pasaron a ser “perseguidos políticos” y “jóvenes idealistas” y sus víctimas, hombres, mujeres y niños no existen. Ahora bien, LA PREGUNTA QUE NO AGRADA es: ¿de este lado en el cual me encuentro, finalizada la lucha armada, que hubo y que hay?
¿DONDE ESTAN LOS PATRIOTAS?
Hoy a excepción de un grupo reducido de gente voluntariosa que defiende nuestra ilegal situación NO HAY NADA. SOLO EL SILENCIO, que como todo silencio yo diría que es cómplice de la iniquidad impuesta. Estos juicios comenzaron hace muchos años y desde entonces todo es apatía y un sálvese quien pueda, mostrándose lo peor del ser humano.
A lo largo de ellos ha habido no solo silencio, sino también altos mandos de todas las fuerzas que actuaron en contra de sus subalternos para acomodar su situación personal a cualquier precio (en mi caso el reptante Comisario Inspector ATILIO ROSAS). ¿Hoy donde están los heroicos patriotas, los hombres de intachable honor, los valientes dispuestos a dar la misma vida por Dios y por la patria? ¿Por qué no dan tan siquiera la cara? ¿Que les pasó? ¿Si los detenidos somos miles, por qué no se escucha el clamor de sus voces? ¿Como es posible que en los estrados judiciales acepten tan mansamente el escarnio de cierta gente? ¿Esas expresiones aparte de cobardes, son ilegales O acaso se hace silencio porque ellas expresan la verdad? DESPIERTEN SEÑORES PRISIONEROS. LOS VERADEROS PATRIOTAS VIVEN Y TAMBIEN MUEREN COMO TALES.
“Aléjate presuroso de los que emplean el tiempo en repetir
que son patriotas y viven del patriotismo de los demás”.
Constancio C. Vigil (1876-1954)
Jorge Acosta y Alfredo Astiz
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La Nota del New York Times
BUENOS AIRES — Los jueces a cargo de la causa de derechos humanos más importante de Argentina condenaron a cadena perpetua a 29 de los acusados, en un juicio que documentó la práctica generalizada de la última dictadura militar de matar a civiles arrojándolos de aviones en pleno vuelo.
“Este es un momento feliz en la larga lucha por la justicia que se ha mantenido durante décadas”, dijo Víctor Basterra, de 73 años y quien fuera un preso político que estuvo confinado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), eje central del caso. “Siempre es satisfactorio verlos sentenciados a cadenas perpetuas”.
La sentencia coronó el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para responsabilizar a los exlíderes militares por los abusos cometidos durante los años setenta y ochenta, cuando varios países latinoamericanos fueron gobernados por juntas militares derechistas. Los fiscales juzgaron a 54 militares argentinos por la muerte o desaparición forzada de 789 personas y presentaron los testimonios de más de 800 testigos.
El tribunal absolvió a seis acusados, incluidos un par de pilotos, y condenó al resto a penas de prisión que oscilaron entre los ocho y veinticinco años. Cuando concluyó la audiencia, que duró cuatro horas, los acusados evitaron mirar a quienes fueron presos políticos y familiares de los asesinados, que estaban parados al fondo de la sala.
Algunas personas presentes en el tribunal portaban fotografías de sus seres queridos. “Asesinos, violadores”, gritaban las víctimas, tocando un panel de vidrio que los separaba de los acusados. “¡Vas a ir a la cárcel!”, exclamó triunfante una mujer mayor.
El juicio de cinco años puso de relieve la tortura sistemática y el asesinato de miles de personas sospechadas de oponerse al gobierno militar. Fueron recluidos en un centro clandestino de detención ubicado en una base naval de Buenos Aires por orden de la junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
En una serie de audiencias, los testigos relataron con detalles escalofriantes cómo los ciudadanos fueron drogados, cargados en aviones y arrojados a las aguas frente a la costa de Buenos Aires. Si bien esta práctica se conoce desde hace mucho tiempo, los fiscales lograron hacer una referencia cruzada de testimonios y documentos para detallar cómo se realizó una de las tácticas más atroces de la dictadura argentina.
El juicio también esclareció la complicidad de la Iglesia católica en los crímenes de la junta. Ningún miembro del clero fue acusado en el juicio, pero los fiscales alegaron que los religiosos fueron cómplices en la ocultación de los detenidos ante la presencia de los inspectores internacionales de derechos humanos.
“Estamos muy satisfechos con el veredicto”, dijo Abel Córdoba, un fiscal. “Creemos que esta es una decisión justa que demostró la metodología de los vuelos de la muerte como una forma de exterminio”.
De todos los centros secretos de detención que por ese entonces existían en Argentina, el más infame estaba ubicado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA. Según los testimonios, unas 5000 personas fueron detenidas y torturadas en la base, que ahora es un monumento a los derechos humanos.
Algunos de los acusados en el caso eran los exoficiales navales Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Jorge Acosta, quienes ya cumplían sentencias por condenas anteriores.
El veredicto se produjo cuando las organizaciones de derechos humanos argentinas cuestionan el compromiso del presidente Mauricio Macri con el ajuste de cuentas legal por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un esfuerzo defendido por su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner.
Macri se ha esforzado por enfatizar su apoyo a los casos judiciales. Sin embargo, los activistas dicen que su gobierno ha enviado señales contradictorias al desmantelar los departamentos de derechos humanos de los ministerios; cuestionar la estimación del número de víctimas de la dictadura, y enfatizar en la necesidad de que Argentina pase la página de ese capítulo de su historia.
Córdoba dijo que confiaba en que la política cambiante del país no obstaculizará la búsqueda de justicia en muchos casos aún pendientes por violaciones a los derechos humanos. “Creemos que es importante que los tribunales continúen enviando un mensaje sobre los crímenes de lesa humanidad”, dijo el miércoles por la noche.
Argentina ha hecho más que cualquiera de sus vecinos para castigar a los responsables por los crímenes cometidos durante el gobierno militar. Hasta el mes pasado, 818 personas habían sido condenadas y 754 acusados estaban siendo enjuiciados en casos en el país, según la oficina del fiscal general.
Durante mucho tiempo, la junta argentina ha sido considerada como la más despiadada de la época, ya que detuvo, torturó y asesinó a unas 30.000 personas que calificó de “subversivas”. Además de asesinar a personas sospechosas de ser disidentes, los oficiales militares secuestraron a cientos de bebés que fueron criados por familias leales al gobierno.
[ezcol_1half]“EL RELATO” EN EL MUNDO
En el New York Times del día 29 de noviembre pasado se puede leer: “29 Argentines Sentenced to Life in Prison in ‘Death Flights’ Trial” (29 argentinos sentenciados a cadena perpetua en el juicio de ‘Death Flights’) sobre las condenas aplicadas en el juicio ESMA III. Acotemos que: The New York Times (a veces abreviado como The NYT o The Times) es un periódico estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York con influencia y lectores a nivel mundial. Fundado en 1851, el periódico ha ganado 122 premios Pulitzer, más que cualquier otro periódico. A partir de septiembre de 2016, tuvo la mayor circulación combinada de impresión y digital de cualquier periódico diario en los Estados Unidos. The New York Times se clasifica en el puesto 18 en el mundo por circulación (1) pero periódicos con mayor circulación están en la India o en China con lo cual casi son de circulación interna y no cubren el mundo como en este caso. En esta nota también se pueden leer declaraciones de ABÉL CÓRDOBA, ex fiscal militante y gran mentiroso. En lo personal fue el artífice de mi involucramiento y detención por este tipo de delitos, juntamente con el periodista de Página 12 DIEGO MARTINEZ y el obsecuente juez subrogante removido ULPIANO MARTINEZ.
[ezcol_1third]RABIA E IMPOTENCIA
Pero más allá de este “detalle”, el contenido de esta nota hace que me invada la rabia y la impotencia, al palpar lo que todos ya sabemos: “el relato” está impuesto no solo a nivel nacional sino internacional. Diría que estos desagradables sentimientos van dirigidos en menor cuantía a sus autores que pelearon y pelea una guerra sin fin.
Ulpiano Martínez
Saben cuál es su meta y dedican su vida y su pasión a ello. Como toda guerra en donde lo que se juega es la vida y la muerte, en los años 60 y 70, también hubo hechos poco nobles, que gente como ABEL CÓRDOBA y muchos otros supieron manipular muy bien. Así asesinos seriales pasaron a ser “perseguidos políticos” y “jóvenes idealistas” y sus víctimas, hombres, mujeres y niños no existen. Ahora bien, LA PREGUNTA QUE NO AGRADA es: ¿de este lado en el cual me encuentro, finalizada la lucha armada, que hubo y que hay?
¿DONDE ESTAN LOS PATRIOTAS?
Hoy a excepción de un grupo reducido de gente voluntariosa que defiende nuestra ilegal situación NO HAY NADA. SOLO EL SILENCIO, que como todo silencio yo diría que es cómplice de la iniquidad impuesta. Estos juicios comenzaron hace muchos años y desde entonces todo es apatía y un sálvese quien pueda, mostrándose lo peor del ser humano.
A lo largo de ellos ha habido no solo silencio, sino también altos mandos de todas las fuerzas que actuaron en contra de sus subalternos para acomodar su situación personal a cualquier precio (en mi caso el reptante Comisario Inspector ATILIO ROSAS). ¿Hoy donde están los heroicos patriotas, los hombres de intachable honor, los valientes dispuestos a dar la misma vida por Dios y por la patria? ¿Por qué no dan tan siquiera la cara? ¿Que les pasó? ¿Si los detenidos somos miles, por qué no se escucha el clamor de sus voces? ¿Como es posible que en los estrados judiciales acepten tan mansamente el escarnio de cierta gente? ¿Esas expresiones aparte de cobardes, son ilegales O acaso se hace silencio porque ellas expresan la verdad? DESPIERTEN SEÑORES PRISIONEROS. LOS VERADEROS PATRIOTAS VIVEN Y TAMBIEN MUEREN COMO TALES.
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 02, 2017
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
Jorge Acosta y Alfredo Astiz
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]La Nota del New York Times
BUENOS AIRES — Los jueces a cargo de la causa de derechos humanos más importante de Argentina condenaron a cadena perpetua a 29 de los acusados, en un juicio que documentó la práctica generalizada de la última dictadura militar de matar a civiles arrojándolos de aviones en pleno vuelo.
“Este es un momento feliz en la larga lucha por la justicia que se ha mantenido durante décadas”, dijo Víctor Basterra, de 73 años y quien fuera un preso político que estuvo confinado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), eje central del caso. “Siempre es satisfactorio verlos sentenciados a cadenas perpetuas”.
La sentencia coronó el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para responsabilizar a los exlíderes militares por los abusos cometidos durante los años setenta y ochenta, cuando varios países latinoamericanos fueron gobernados por juntas militares derechistas. Los fiscales juzgaron a 54 militares argentinos por la muerte o desaparición forzada de 789 personas y presentaron los testimonios de más de 800 testigos.
El tribunal absolvió a seis acusados, incluidos un par de pilotos, y condenó al resto a penas de prisión que oscilaron entre los ocho y veinticinco años. Cuando concluyó la audiencia, que duró cuatro horas, los acusados evitaron mirar a quienes fueron presos políticos y familiares de los asesinados, que estaban parados al fondo de la sala.
Algunas personas presentes en el tribunal portaban fotografías de sus seres queridos. “Asesinos, violadores”, gritaban las víctimas, tocando un panel de vidrio que los separaba de los acusados. “¡Vas a ir a la cárcel!”, exclamó triunfante una mujer mayor.
El juicio de cinco años puso de relieve la tortura sistemática y el asesinato de miles de personas sospechadas de oponerse al gobierno militar. Fueron recluidos en un centro clandestino de detención ubicado en una base naval de Buenos Aires por orden de la junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
En una serie de audiencias, los testigos relataron con detalles escalofriantes cómo los ciudadanos fueron drogados, cargados en aviones y arrojados a las aguas frente a la costa de Buenos Aires. Si bien esta práctica se conoce desde hace mucho tiempo, los fiscales lograron hacer una referencia cruzada de testimonios y documentos para detallar cómo se realizó una de las tácticas más atroces de la dictadura argentina.
El juicio también esclareció la complicidad de la Iglesia católica en los crímenes de la junta. Ningún miembro del clero fue acusado en el juicio, pero los fiscales alegaron que los religiosos fueron cómplices en la ocultación de los detenidos ante la presencia de los inspectores internacionales de derechos humanos.
“Estamos muy satisfechos con el veredicto”, dijo Abel Córdoba, un fiscal. “Creemos que esta es una decisión justa que demostró la metodología de los vuelos de la muerte como una forma de exterminio”.
De todos los centros secretos de detención que por ese entonces existían en Argentina, el más infame estaba ubicado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA. Según los testimonios, unas 5000 personas fueron detenidas y torturadas en la base, que ahora es un monumento a los derechos humanos.
Algunos de los acusados en el caso eran los exoficiales navales Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Jorge Acosta, quienes ya cumplían sentencias por condenas anteriores.
El veredicto se produjo cuando las organizaciones de derechos humanos argentinas cuestionan el compromiso del presidente Mauricio Macri con el ajuste de cuentas legal por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un esfuerzo defendido por su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner.
Macri se ha esforzado por enfatizar su apoyo a los casos judiciales. Sin embargo, los activistas dicen que su gobierno ha enviado señales contradictorias al desmantelar los departamentos de derechos humanos de los ministerios; cuestionar la estimación del número de víctimas de la dictadura, y enfatizar en la necesidad de que Argentina pase la página de ese capítulo de su historia.
Córdoba dijo que confiaba en que la política cambiante del país no obstaculizará la búsqueda de justicia en muchos casos aún pendientes por violaciones a los derechos humanos. “Creemos que es importante que los tribunales continúen enviando un mensaje sobre los crímenes de lesa humanidad”, dijo el miércoles por la noche.
Argentina ha hecho más que cualquiera de sus vecinos para castigar a los responsables por los crímenes cometidos durante el gobierno militar. Hasta el mes pasado, 818 personas habían sido condenadas y 754 acusados estaban siendo enjuiciados en casos en el país, según la oficina del fiscal general.
Durante mucho tiempo, la junta argentina ha sido considerada como la más despiadada de la época, ya que detuvo, torturó y asesinó a unas 30.000 personas que calificó de “subversivas”. Además de asesinar a personas sospechosas de ser disidentes, los oficiales militares secuestraron a cientos de bebés que fueron criados por familias leales al gobierno.
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PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 2, 2017
Tags: Abél Córdoba, Diego Martínez, Jorge Atilio Rosas, Santiago Ulpiano Martínez, The New York TimesRelated Posts
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