El máximo tribunal por unanimidad determinó en la causa “ Sosa, Carla Elizabeth y otros c/ EN-M Defensa-Ejército s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”, que el sueldo militar y asimismo de las fuerzas de seguridad del personal en actividad, deberá incorporar sumas que se pagaban, de siempre, como no remunerativas o no bonificables. O sea, era un pago “en negro” con el cual el gobierno se ahorraba cifras siderales.
Este fallo seguramente derivará en numerosos procesos judiciales de personal del Ejército y por efecto dominó en el resto de las fuerzas del país, que le creará un verdadero dolor de cabeza al gobierno cuyas arcas se verán debilitadas por esta medida. Realmente llamativo este fallo, en circunstancias en que la relación Gobierno-Corte Suprema no pasa por sus mejoremos momentos. Según se estima en la Corte habría unas 2.000 causas con reclamos similares de personal de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura. Otras 2.000 serian de la Policía Federal. Comenzaría así el principio del fin a un abuso gubernamental, del derecho laboral para con los uniformados de larga data.
UN ABUSO GUBERNAMENTAL DE LARGA DATA
El máximo tribunal por unanimidad determinó en la causa “ Sosa, Carla Elizabeth y otros c/ EN-M Defensa-Ejército s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”, que el sueldo militar y asimismo de las fuerzas de seguridad del personal en actividad, deberá incorporar sumas que se pagaban, de siempre, como no remunerativas o no bonificables. O sea, era un pago “en negro” con el cual el gobierno se ahorraba cifras siderales.
Este fallo seguramente derivará en numerosos procesos judiciales de personal del Ejército y por efecto dominó en el resto de las fuerzas del país, que le creará un verdadero dolor de cabeza al gobierno cuyas arcas se verán debilitadas por esta medida. Realmente llamativo este fallo, en circunstancias en que la relación Gobierno-Corte Suprema no pasa por sus mejoremos momentos. Según se estima en la Corte habría unas 2.000 causas con reclamos similares de personal de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura. Otras 2.000 serian de la Policía Federal. Comenzaría así el principio del fin a un abuso gubernamental, del derecho laboral para con los uniformados de larga data.
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Mayo 22, 2019
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