En medio de la grave crisis económica que atraviesa el pais, con un dólar descontrolado y una escalada sin techo de los precios de los productos, lo que nos coloca a las puertas de una hiperinflación, una noticia pasó casi inadvertida en los medios. Desconocidos ingresaron al Consejo de la Magistratura de la Nación y “revisaron” sobres que contienen las declaraciones juradas e información del patrimonio de determinados y puntuales jueces federales.
En efecto, durante una noche de los primeros dias del mes de Julio del corriente año y cuando “llamativamente” las cámaras de seguridad del lugar habían dejado de funcionar, personas de incognito ingresaron a las oficinas del Consejo de la Magistratura de la Nación, sin forzar ninguna entrada y “examinaron” los archivos (solamente) de determinados jueces federales; que contienen, como dijimos, información sobre sus declaraciones juradas y su patrimonio. Jueces que, casualmente, tienen que resolver causas penales en las que se encuentra imputada la Vicepresidenta de la Nación o han dictados fallos adversos a los intereses de los organismos de los derechos humanos.
En total, fueron 24 los sobre lacrados que “verificaron” los “desconocidos”.
Quienes saben de estas cosas afirman, que si bien la información contenida en dichos sobres es secreta, no existe obstáculo alguno para acceder a la misma, si así se desea. Muchos de esos datos están publicados en algunas páginas de internet o bastaba con un consejero o empleado del mismo para acceder a esta data, no haciendo falta este “seudo allanamiento”.
El mensaje para la Justicia fue claro y de tipo mafioso: “hacemos lo que queremos y cuando queremos”.
Sabido es que desde el Instituto Patria se tiene una presurosa obsesión por disciplinar a la Justicia Federal. La Suprema Corte ha rechazado toda la batería de nulidades que han presentado los imputados en las causas que afectan a los amigos del actual gobierno y especial a la Vicepresidenta de la Nación y que un Tribunal Oral se apresta a dictar le condena en una causa donde está imputada. A ello debemos sumarle el notorio fastidio de los organismos de derechos humanos por algunos fallos, sobre todo de la Cámara de Casación, que según ellos, “benefician” a los imputados y condenados en las causas llamadas de lesa humanidad.
Desde el año 2003, en que asumió el gobierno la actual administración, ha tenido la sórdida obstinación de convertir al poder judicial en un apéndice del poder político, subordinándola a sus deseos y antojos. Si bien ha avanzado mucho en dicho terreno, desde entonces no han logrado el control del 100% de la judicatura. Fracasó allá por el 2013 la idea de “democratizar” la justicia; jamás pudo “reemplazar” a la renunciante Procuradora General de la Nación y ahora ve naufragar su proyecto de ampliar los miembros del Máximo Tribunal a 25 jueces.
Esta falta de “control total” de la justicia federal comienza a preocupar a ciertos sectores del gobierno, en especial a los más allegados a la Vicepresidenta de la Nación, que pese a sus denodados esfuerzos no logran “cerrar” las causas que los desvelan y ven que los nubarrones en el horizonte procesal que pensaron despegarían rápidamente, aún siguen amenazantes; comenzado a correr ya el tiempo de descuento ante la proximidad de las próximas elecciones presidenciales, las cuales empiezan a considerar que pueden perder.
A ello hay que sumarle el hecho de que el Presidente de la Nación, que le había prometido a “la Señora” un brillante porvenir judicial, se encuentra más abocado a las fiestas de su mujer y disfrutar las mieles del poder, que a tal comprometido fin. Por algo, algunos ya comenzaron a alzar la voz, exigiendo una amnistía para Milagro Sala, para empezar.
El tiempo corre y acá no pasa nada, se escucha refunfuñar desde los “sectores K”.
Para echar más leña al fuego, estos sectores ultra K lograron “colar” en la Justicia la interna con los movimientos sociales, por lo que esta “desempolvó” algunas causas contra “los piqueteros” por irregularidades en los manejos de los fondos de los planes sociales; lo que amenaza con convertir a esta interna en una crisis institucional, como “vuelto” al Presidente de la Nación por su inacción en los compromisos judiciales asumidos con “la Jefa” como su desastroso manejo de la economía; encubierto tras un justo reclamo por la gravísima crisis económica que azota al pais.
Queda claro que la angustiante y desesperada situación económica que atraviesa la gran mayoría de los argentinos será el “ropaje” necesario para el solapado intento de terminar con la “persecución judicial” y poner fin así al llamado “lawfare”, blandiendo el estandarte de un supuesto “ataque” de los grupos acomodados y de derecha (incluida la Justicia) contra los sectores populares y progresistas a fin de “forzar” al Presidente a un giro totalmente radicalizado de su gestión; aunque con ello se lleven puesta la institucionalidad del país.
Tal como hizo el entonces conquistador de México Hernán Cortes, los sectores K están decididos a “quemar las naves”, en pos de lanzarse al objetivo liberador de su líder, “a la desesperada”, renunciando así a toda posibilidad de dar marcha atrás ante un eventual fracaso.
“Que se pudra todo, pero Ella va a quedar libre”, se los escucha decir en forma amenazante.
⚖
En medio de la grave crisis económica que atraviesa el pais, con un dólar descontrolado y una escalada sin techo de los precios de los productos, lo que nos coloca a las puertas de una hiperinflación, una noticia pasó casi inadvertida en los medios. Desconocidos ingresaron al Consejo de la Magistratura de la Nación y “revisaron” sobres que contienen las declaraciones juradas e información del patrimonio de determinados y puntuales jueces federales.
En efecto, durante una noche de los primeros dias del mes de Julio del corriente año y cuando “llamativamente” las cámaras de seguridad del lugar habían dejado de funcionar, personas de incognito ingresaron a las oficinas del Consejo de la Magistratura de la Nación, sin forzar ninguna
entrada y “examinaron” los archivos (solamente) de determinados jueces federales; que contienen, como dijimos, información sobre sus declaraciones juradas y su patrimonio. Jueces que, casualmente, tienen que resolver causas penales en las que se encuentra imputada la Vicepresidenta de la Nación o han dictados fallos adversos a los intereses de los organismos de los derechos humanos.
En total, fueron 24 los sobre lacrados que “verificaron” los “desconocidos”.
Quienes saben de estas cosas afirman, que si bien la información contenida en dichos sobres es secreta, no existe obstáculo alguno para acceder a la misma, si así se desea. Muchos de esos datos están publicados en algunas páginas de internet o bastaba con un consejero o empleado del mismo para acceder a esta data, no haciendo falta este “seudo allanamiento”.
El mensaje para la Justicia fue claro y de tipo mafioso: “hacemos lo que queremos y cuando queremos”.
Sabido es que desde el Instituto Patria se tiene una presurosa obsesión por disciplinar a la Justicia Federal. La Suprema Corte ha rechazado toda la batería de nulidades que han presentado los imputados en las causas que afectan a los amigos del actual gobierno y especial a la Vicepresidenta de la Nación y que un Tribunal Oral se apresta a dictar le condena en una causa donde está imputada. A ello debemos sumarle el notorio fastidio de los organismos de derechos humanos por algunos fallos, sobre todo de la Cámara de Casación, que según ellos, “benefician” a los imputados y condenados en las causas llamadas de lesa humanidad.
Desde el año 2003, en que asumió el gobierno la actual administración, ha tenido la sórdida obstinación de convertir al poder judicial en un apéndice del poder político, subordinándola a sus deseos y antojos. Si bien ha avanzado mucho en dicho terreno, desde entonces no han logrado el control del 100% de la judicatura. Fracasó allá por el 2013 la idea de “democratizar” la justicia; jamás pudo “reemplazar” a la renunciante Procuradora General de la Nación y ahora ve naufragar su proyecto de ampliar los miembros
del Máximo Tribunal a 25 jueces.
Esta falta de “control total” de la justicia federal comienza a preocupar a ciertos sectores del gobierno, en especial a los más allegados a la Vicepresidenta de la Nación, que pese a sus denodados esfuerzos no logran “cerrar” las causas que los desvelan y ven que los nubarrones en el horizonte procesal que pensaron despegarían rápidamente, aún siguen amenazantes; comenzado a correr ya el tiempo de descuento ante la proximidad de las próximas elecciones presidenciales, las cuales empiezan a considerar que pueden perder.
A ello hay que sumarle el hecho de que el Presidente de la Nación, que le había prometido a “la Señora” un brillante porvenir judicial, se encuentra más abocado a las fiestas de su mujer y disfrutar las mieles del poder, que a tal comprometido fin. Por algo, algunos ya comenzaron a alzar la voz, exigiendo una amnistía para Milagro Sala, para empezar.
El tiempo corre y acá no pasa nada, se escucha refunfuñar desde los “sectores K”.
Para echar más leña al fuego, estos sectores ultra K lograron “colar” en la Justicia la interna con los movimientos sociales, por lo que esta “desempolvó” algunas causas contra “los piqueteros” por irregularidades en los manejos de los fondos de los planes sociales; lo que amenaza con convertir a esta interna en una crisis institucional, como “vuelto” al Presidente de la Nación por su inacción en los compromisos judiciales asumidos con “la Jefa” como su desastroso manejo de la economía; encubierto tras un justo reclamo por la gravísima crisis económica que azota al
pais.
Queda claro que la angustiante y desesperada situación económica que atraviesa la gran mayoría de los argentinos será el “ropaje” necesario para el solapado intento de terminar con la “persecución judicial” y poner fin así al llamado “lawfare”, blandiendo el estandarte de un supuesto “ataque” de los grupos acomodados y de derecha (incluida la Justicia) contra los sectores populares y progresistas a fin de “forzar” al Presidente a un giro totalmente radicalizado de su gestión; aunque con ello se lleven puesta la institucionalidad del país.
Tal como hizo el entonces conquistador de México Hernán Cortes, los sectores K están decididos a “quemar las naves”, en pos de lanzarse al objetivo liberador de su líder, “a la desesperada”, renunciando así a toda posibilidad de dar marcha atrás ante un eventual fracaso.
“Que se pudra todo, pero Ella va a quedar libre”, se los escucha decir en forma amenazante.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 18, 2022