Cayetano Fiorini, con sus 86 años a cuestas, ciego, sin un riñón, aquejado por un cáncer terminal y con plan quirúrgico coronario, murió el lunes último, luego de cuatro años de prisión preventiva avalada por tres jueces recusados por falta de imparcialidad. Su abogado solicitó que se llevara a cabo una junta médica antes del inicio del juicio denominado Megacausa III, que comenzó el 22 de agosto pasado en Santiago del Estero contra 12 ex militares y policías y dos ex jueces acusados por presuntos delitos de lesa humanidad. Denunció que su defendido no podía afrontar las tensiones derivadas del proceso al que estaba sometido. La junta médica nunca se realizó y Fiorini, en el posoperatorio de una extracción de riñón y con una operación de corazón pendiente, murió en el Hospital Militar.
El ensañamiento con quien fue segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate en Santiago del Estero venía de antes. Dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal, María Alicia Noli y José María Pérez Villalobo, diez días antes del inicio del juicio, y aun existiendo un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que, en mayo pasado, había dictaminado lo contrario, intentaron que Cayetano Fiorini fuera a una cárcel común.
También falleció, a los ochenta años, el mismo 19 del actual, el ex juez Arturo Liendo Roca, que llegó a juicio nada menos que con tres sobreseimientos en su haber. Tanto los peritos de parte como los oficiales reconocieron su delicado estado de salud. Sin embargo, el informe médico forense se perdió, llamativamente, en el Tribunal Oral y su abogado sólo logró que presenciara las audiencias desde su casa, por teleconferencia.
Las dos muertes aludidas quizás hubiesen podido evitarse si los jueces actuantes no hubieran puesto en evidencia tamaña falta de respeto por la dignidad humana, que se inscribe en un contexto de persecución militante que se intenta disfrazar de justicia.
El 8 de septiembre, la Cámara de Casación aceptó abrir la primera instancia de queja por un conjunto de recusaciones al tribunal, y suspendió el juicio. No obstante, los jueces le prestaron poca atención a la medida y las audiencias siguieron su curso. Una semana más tarde, la Sala IV de la citada cámara anunció que aceptaba una nueva serie de recusaciones y dejó en claro, por escrito, para que nadie adujera ignorancia o desconocimiento, el “efecto suspensivo” que implicaba su decisión.
Los planteos esgrimidos por los defensores de los procesados son graves y de la más variada índole. Van desde la participación de dos integrantes del Tribunal Oral Federal en la organización terrorista ERP hasta la connivencia de los magistrados con las partes querellantes.
Las muestras de parcialidad de los jueces a cargo de la Megacausa III parecen tan flagrantes y tan preocupantes en la forma en que, de manera reiterada, les han negado a los imputados sus más elementales derechos humanos, que no sorprende la ejemplar decisión de la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
Lo sucedido lejos está de corresponderse con la noción de que se debe impartir justicia sin rencores y sin preconceptos.
Cayetano Fiorini, con sus 86 años a cuestas, ciego, sin un riñón, aquejado por un cáncer terminal y con plan quirúrgico coronario, murió el lunes último, luego de cuatro años de prisión preventiva avalada por tres jueces recusados por falta de imparcialidad. Su abogado solicitó que se llevara a cabo una junta médica antes del inicio del juicio denominado Megacausa III, que comenzó el 22 de agosto pasado en Santiago del Estero contra 12 ex militares y policías y dos ex jueces acusados por presuntos delitos de lesa humanidad. Denunció que su defendido no podía afrontar las tensiones derivadas del proceso al que estaba sometido. La junta médica nunca se realizó y Fiorini, en el posoperatorio de una extracción de riñón y con una operación de corazón pendiente, murió en el Hospital Militar.
El ensañamiento con quien fue segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate en Santiago del Estero venía de antes. Dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal, María Alicia Noli y José María Pérez Villalobo, diez días antes del inicio del juicio, y aun existiendo un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que, en mayo pasado, había dictaminado lo contrario, intentaron que Cayetano Fiorini fuera a una cárcel común.
También falleció, a los ochenta años, el mismo 19 del actual, el ex juez Arturo Liendo Roca, que llegó a juicio nada menos que con tres sobreseimientos en su haber. Tanto los peritos de parte como los oficiales reconocieron su delicado estado de salud. Sin embargo, el informe médico forense se perdió, llamativamente, en el Tribunal Oral y su abogado sólo logró que presenciara las audiencias desde su casa, por teleconferencia.
Las dos muertes aludidas quizás hubiesen podido evitarse si los jueces actuantes no hubieran puesto en evidencia tamaña falta de respeto por la dignidad humana, que se inscribe en un contexto de persecución militante que se intenta disfrazar de justicia.
El 8 de septiembre, la Cámara de Casación aceptó abrir la primera instancia de queja por un conjunto de recusaciones al tribunal, y suspendió el juicio. No obstante, los jueces le prestaron poca atención a la medida y las audiencias siguieron su curso. Una semana más tarde, la Sala IV de la citada cámara anunció que aceptaba una nueva serie de recusaciones y dejó en claro, por escrito, para que nadie adujera ignorancia o desconocimiento, el “efecto suspensivo” que implicaba su decisión.
Los planteos esgrimidos por los defensores de los procesados son graves y de la más variada índole. Van desde la participación de dos integrantes del Tribunal Oral Federal en la organización terrorista ERP hasta la connivencia de los magistrados con las partes querellantes.
Las muestras de parcialidad de los jueces a cargo de la Megacausa III parecen tan flagrantes y tan preocupantes en la forma en que, de manera reiterada, les han negado a los imputados sus más elementales derechos humanos, que no sorprende la ejemplar decisión de la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
Lo sucedido lejos está de corresponderse con la noción de que se debe impartir justicia sin rencores y sin preconceptos.
Fuente: Dra. Andrea Palomas Alarcón
Septiembre 25, 2016