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El Parlamento Nacional de Japón ha publicado este lunes un informe que expone la realidad de la ley de eugenesia, vigente en el país entre 1948 y 1996, develando que el 65 % de los procedimientos se llevaron a cabo sin consentimiento y a algunas personas se les hizo creer que estaban siendo tratadas por una enfermedad.

La investigación parlamentaria reveló que la antigua normativa autorizó la esterilización de personas que presentaban discapacidad intelectual, enfermedades mentales y trastornos hereditarios con el objetivo de evitar que tuvieran descendencia.

“[El informe] carece de un resumen de por qué se creó esta terrible ley y existió durante 48 años, y no menciona por qué el Gobierno no asumió la responsabilidad incluso después de que se enmendó la ley”, cuestionó Koji Niisato, el abogado que representan a las víctimas.

De acuerdo con el documento, 24.993 personas fueron sometidas a cirugía en Japón bajo dicha ley, que también tenía como objetivo frenar el aumento de la población en medio de la escasez de alimentos poco después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, entre las polémicas revelaciones destaca la esterilización de un niño y una niña de tan solo 9 años a principios de la década de 1960 y 1970, respectivamente.

“Me gustaría que el Estado no oculte el tema en la oscuridad, sino que pronto tome en serio nuestro sufrimiento”, declaró una de las víctimas, de 80 años, que fue esterilizada cuando tenía 14.

Mientras la ley estuvo vigente, el Ministerio de Bienestar de Japón envió un aviso a las autoridades locales diciendo que se permite el uso del engaño para esterilizar a personas con enfermedades hereditarias. En un caso, un familiar convenció a la persona sometida a la cirugía de que se trataba de una operación por apendicitis.

En 2022, la Justicia de Japón exigió pagar 239.600 dólares como parte de una indemnización a tres personas con distintas discapacidades que fueron esterilizadas sin su consentimiento. El Tribunal Superior de Osaka calificó la ley de protección de la eugenesia como “inhumana y discriminatoria” y acusó de “negligencia” a los legisladores nipones que la promulgaron.

“La legislatura debe asumir la responsabilidad de reexaminar la ley de compensación y otros medios a través de los cuales [el Gobierno] debe dar alivio a las víctimas para que tal tragedia nunca se repita”, dijo el profesor de sociología médica en la Universidad de Tokio Yasutaka Ichinokawa. El especialista cuestionó si la compensación de 3,2 millones de yenes (22.800 dólares) que el Gobierno japonés prometió pagar a las víctimas en 2019 era “apropiada” para resolver el problema.

A principios de este mes, un tribunal japonés rechazó las solicitudes de daños que exigían los demandantes, argumentando que había pasado un plazo de prescripción de 20 años. “Es un veredicto terrible que no tiene en cuenta por qué las víctimas no pudieron presentar las demandas”, manifestó la demandante Junko Iizuka, de 77 años, al agregar que busca una compensación más adecuada sin la necesidad de procesos judiciales continuos.