Si queremos el fin, también deberemos aceptar los medios idóneos, la prevención del delito.
Opinión:
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Los argentinos aspiramos a una vida tranquila en la que impere la justicia, que se refleja en que cada cual tenga lo que le corresponde. Los tucumanos ansiamos el orden. Pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene la sospecha -y en algunos casos, hasta la certeza- de que hay organizaciones poderosas que violan normas fundamentales en la vida civilizada. Pero es lamentable en los tiempos actuales que bandas delictivas que obedecen a una cierta organización -las mafias- para cumplir sus fines apelan a cualquier procedimiento al margen de la moral. La sociedad y todos los tucumanos estamos de acuerdo en que queremos en que no existan mafias y el repudio a todo tipo de violencia. Entonces si queremos el fin, también deberemos aceptar los medios idóneos, la prevención del delito. Muchos años atrás, siendo legislador a mi instancia se ha creado una comisión antimafia- no Integrada-. La comisión antimafia consultaría a organismos especializados en la tarea de la no violencia y averiguaría qué requieren ellos para el cabal cumplimiento de sus funciones. Pensamos seriamente en su momento que esta comisión ha de ser útil, no para eliminar el crimen y la violencia, pero sí para que no prolifere en la forma que lo ha hecho ultimamente. No íbamos a proponer cambios fundamentales, de fondo, porque el crimen cae bajo la competencia de la legislación nacional. La provincia sólo puede legislar sobre los procedimientos de aplicación de las normas de fondo. Pero que la provincia no pueda dictar normas en materia criminal no significa que deba quedarse de brazos cruzados ante el crimen, la violencia y la inseguridad. La policía, su organización, sus instrumentos, sus equipos, y la Justicia, la cantidad de Juzgados, el ordenamiento de su personal, su selección y capacitación, están en la esfera de las atribuciones provinciales. Estos habían de ser los aspectos que la comisión antimafia iba a someter a su análisis con vista a mejorar la eficiencia. Una convención de la Organización de los Estados Americanos, aprobada por ley del Congreso argentino, recuerda que combatir la corrupción y la violencia y quitar de raíz la impunidad son responsabilidades estatales. La misma convención propone normas para aplicarse en el ámbito internacional y nacional, pero que también pueden ser aplicadas en la provincia. Una de ellas puede ser la disposición de sistemas para permitir el anonimato de las denuncias contra las corrupciones, medidas que impidan el soborno de funcionarios, mecanismos para estimular la participación de los ciudadanos en las tareas preventivas, un control del patrimonio de los funcionarios públicos. En fin, a pesar de que el código penal le competa a la Nación, también la provincia podría tomar medidas que ayuden a la fuerzas del orden, de la seguridad, de la Justicia, en contra del crimen, de la corrupción, de las mafias, de la impunidad en definitiva de la violencia .Queríamos que una comisión pequeña, de corto número, pero integrada por especialista en la materia, asesore al cuerpo sobre las medidas legislativas que podrían ayudar a mantener la seguridad pública, la tranquilidad, el orden y el respeto, mediante la más eficaz penalización de los criminales y la vigilancia sobre los organismos de las mafias.
Si queremos el fin, también deberemos aceptar los medios idóneos, la prevención del delito.
Opinión:
[ezcol_4fifth]Los argentinos aspiramos a una vida tranquila en la que impere la justicia, que se refleja en que cada cual tenga lo que le corresponde. Los tucumanos ansiamos el orden. Pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene la sospecha -y en algunos casos, hasta la certeza- de que hay organizaciones poderosas que violan normas fundamentales en la vida civilizada. Pero es lamentable en los tiempos actuales que bandas delictivas que obedecen a una cierta organización -las mafias- para cumplir sus fines apelan a cualquier procedimiento al margen de la moral. La sociedad y todos los tucumanos estamos de acuerdo en que queremos en que no existan mafias y el repudio a todo tipo de violencia. Entonces si queremos el fin, también deberemos aceptar los medios idóneos, la prevención del delito. Muchos años atrás, siendo legislador a mi instancia se ha creado una comisión antimafia- no Integrada-. La comisión antimafia consultaría a organismos especializados en la tarea de la no violencia y averiguaría qué requieren ellos para el cabal cumplimiento de sus funciones. Pensamos seriamente en su momento que esta comisión ha de ser útil, no para eliminar el crimen y la violencia, pero sí para que no prolifere en la forma que lo ha hecho ultimamente. No íbamos a proponer cambios fundamentales, de fondo, porque el crimen cae bajo la competencia de la legislación nacional. La provincia sólo puede legislar sobre los procedimientos de aplicación de las normas de fondo. Pero que la provincia no pueda dictar normas en materia criminal no significa que deba quedarse de brazos cruzados ante el crimen, la violencia y la inseguridad. La policía, su organización, sus instrumentos, sus equipos, y la Justicia, la cantidad de Juzgados, el ordenamiento de su personal, su selección y capacitación, están en la esfera de las atribuciones provinciales. Estos habían de ser los aspectos que la comisión antimafia iba a someter a su análisis con vista a mejorar la eficiencia. Una convención de la Organización de los Estados Americanos, aprobada por ley del Congreso argentino, recuerda que combatir la corrupción y la violencia y quitar de raíz la impunidad son responsabilidades estatales. La misma convención propone normas para aplicarse en el ámbito internacional y nacional, pero que también pueden ser aplicadas en la provincia. Una de ellas puede ser la disposición de sistemas para permitir el anonimato de las denuncias contra las corrupciones, medidas que impidan el soborno de funcionarios, mecanismos para estimular la participación de los ciudadanos en las tareas preventivas, un control del patrimonio de los funcionarios públicos. En fin, a pesar de que el código penal le competa a la Nación, también la provincia podría tomar medidas que ayuden a la fuerzas del orden, de la seguridad, de la Justicia, en contra del crimen, de la corrupción, de las mafias, de la impunidad en definitiva de la violencia .Queríamos que una comisión pequeña, de corto número, pero integrada por especialista en la materia, asesore al cuerpo sobre las medidas legislativas que podrían ayudar a mantener la seguridad pública, la tranquilidad, el orden y el respeto, mediante la más eficaz penalización de los criminales y la vigilancia sobre los organismos de las mafias.
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Dr. Jorge B. Lobo Aragón
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 26, 2017
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