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La maza de la “justicia” ha vuelto a caer sobre los ciudadanos que protestan en Cuba. Catorce personas fueron condenadas por el Tribunal Provincial de Camagüey por las manifestaciones realizadas en verano de 2022 en Nuevitas, un municipio a 75 kilómetros de la capital provincial.

En total, 138 años de cárcel para todo el grupo. Entre todas las condenas, la que suma el mayor número de años es la de la joven Mayelín Rodríguez Prado, sancionada por consumar propaganda enemiga y sedición. La Chamaca, como la llaman en redes sociales, está sentenciada a 15 años de cárcel por haber retransmitido, desde su teléfono móvil, la protesta en el barrio del Pastelillo, que un día de agosto decidió salir a la calle para gritar contra sus penurias. De 23 años y con una niña pequeña, Mayelín se ha convertido en otro símbolo de la crueldad de la dictadura cubana.

“Estas condenas son inhumanas y reflejan la falta de voluntad política del régimen para escuchar los reclamos y peticiones internacionales y de la Iglesia Católica sobre la liberación de los presos y el cese de la represión. Pero es especialmente un mensaje intimidatorio al cubano de a pie, protagonista de las manifestaciones públicas contra el régimen. No hay soluciones para los problemas que agobian a la gente, sino cárcel, multas y todo tipo de hostigamiento, mientras una parte de la comunidad internacional mira para otro lado”, describió Yaxys Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Otra mujer, Yennis Artola, también ha recibido un castigo de ocho años de privación de libertad. La docena de hombres sentenciados se reparten condenas de entre 14 y cuatro años de cárcel. Precisamente la única absuelta durante el juicio es Yanelis Valladares, madre de uno de los chicos, Frai Pascual, condenado a 10 años de prisión por sedición. La cifra de presos políticos no deja de dispararse en la isla caribeña: 1.092 a principios de abril.