El 26 de marzo pasado se dictó una nueva sentencia, publicitariamente denominada “Juicio Brigadas”, por la que se condenó al Dr. Jaime Smart y a los militares y policías Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés y Luis Horacio Castillo a prisión perpetua en todos los casos. También se condenó a Alberto Julio Candioti a 25 años de prisión.
SmartDi Pascuale
Ninguno de los testigos pudo aportar hecho relevante alguno que pudiera justificar tales condenas. Tan solo uno de los acusados resultó absuelto, casualmente defendido por el actual Ministro de Justicia.
Los jueces responsables de esta infamia -Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers- basaron su sentencia en la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, a la que la Argentina adhirió el 26/08/2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, casi 30 años después de ocurridos los hechos imputados a los enjuiciados.
Estas gravísimas irregularidades no son nuevas: se juzga aplicando leyes inexistentes al momento de los hechos y se utilizan testigos “necesarios” –entendiéndose por tales quienes alegan ser víctimas de los acusados-, los cuales, con su testimonio, se hacen acreedores a indemnizaciones tan cuantiosas como fraudulentas, que el novel gobierno recién empieza a descubrir. Testimonios que se descartan rápidamente cuando nada aportan a la condena y mucho a la absolución.
CámporaOberlin
En este caso en particular actuó como fiscal una conocida “militante”, Ana Oberlín, hija de René Oberlin, dirigente fundacional de Montoneros en Santa Fe, detenido en 1971 y amnistiado por Cámpora en 1973, quien, ante una posible nueva detención, se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. Esta fiscal, además de ser hija y sobrina de notorios montoneros, es militante de la agrupación H.I.J.O.S., por lo que debió haber sido apartada cuando fue recusada.
Las groseras arbitrariedades y abusos que se cometen en estos juicios sólo se entienden en el marco de impunidad en que trabajan los jueces que engrosan sus salarios con las llamadas “subrogancias”, uno de los tantos curros que se consiguen en desmedro de sus obligaciones para con los juzgados de origen, sumando aportes a sus futuras jubilaciones. Tres años y cinco meses duró esta parodia de juicio, a partir del cual, como suele ocurrir, se iniciarán otros, inventándose delitos que no prescriben jamás, porque el objetivo es que el circo no cierre nunca y el negocio que ya ni se oculta siga rindiendo frutos.
Estos juicios llamados “de lesa humanidad“, viciados y fraudulentos, se iniciaron como consecuencia del más grosero prevaricato de nuestra historia judicial, cuando nada menos que la Corte Suprema se convirtió en lacaya del poder político e hizo propio su proyecto ideológico, hasta lograr la demolición de los principios más básicos del derecho. La falsa ideología de los derechos humanos sustituyó al derecho, lo que permitió que el entonces Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se ufanara proclamando que la ideología de los derechos humanos era una “política de estado”.
LorenzettiBasilico
Semejante esperpento hizo posible que jueces corruptos enjuiciaran, condenaran y encarcelaran de por vida a militares, miembros de las fuerzas de seguridad, sacerdotes y civiles. Ochocientos treinta y cinco han muerto en cautiverio, mientras que los sobrevivientes cuentan ya con más de 75 años de promedio. Caso tal vez paradigmático es el del Dr. Jaime Smart, un juez intachable, que acumula cinco cadenas perpetuas. Semejante ignominia debiera llenar de vergüenza a los argentinos.
El nuevo gobierno nacional debe entender que el cáncer que corroe a la República es moral, fruto de gobiernos corruptos y políticas corruptoras que han debilitado, cuando no consumido, el patrimonio no sólo económico, sino también espiritual de muchos argentinos.
Restaurar la nobleza y honradez perdidas precisa de algo más que el saneamiento de la economía. Son muchos los campos que están seriamente contaminados y, entre ellos, sería una tragedia que pasare desapercibido el Poder Judicial, el cual lejos se encuentra de asegurar una sana administración de justicia.
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El 26 de marzo pasado se dictó una nueva sentencia, publicitariamente denominada “Juicio Brigadas”, por la que se condenó al Dr. Jaime Smart y a los militares y policías Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés y Luis Horacio Castillo a prisión perpetua en todos los casos. También se condenó a Alberto Julio Candioti a 25 años de prisión.
Ninguno de los testigos pudo aportar hecho relevante alguno que pudiera justificar tales condenas. Tan solo uno de los acusados resultó absuelto, casualmente defendido por el actual Ministro de Justicia.
Los jueces responsables de esta infamia -Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers- basaron su sentencia en la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, a la que la Argentina adhirió el 26/08/2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, casi 30 años después de ocurridos los hechos imputados a los enjuiciados.
Estas gravísimas irregularidades no son nuevas: se juzga aplicando leyes inexistentes al momento de los hechos y se utilizan testigos “necesarios” –entendiéndose por tales quienes alegan ser víctimas de los acusados-, los cuales, con su testimonio, se hacen acreedores a indemnizaciones tan cuantiosas como fraudulentas, que el novel gobierno recién empieza a descubrir. Testimonios que se descartan rápidamente cuando nada aportan a la condena y mucho a la absolución.
En este caso en particular actuó como fiscal una conocida “militante”, Ana Oberlín, hija de René Oberlin, dirigente fundacional de Montoneros en Santa Fe, detenido en 1971 y amnistiado por Cámpora en 1973, quien, ante una posible nueva detención, se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. Esta fiscal, además de ser hija y sobrina de notorios montoneros, es militante de la agrupación H.I.J.O.S., por lo que debió haber sido apartada cuando fue recusada.
Las groseras arbitrariedades y abusos que se cometen en estos juicios sólo se entienden en el marco de impunidad en que trabajan los jueces que engrosan sus salarios con las llamadas “subrogancias”, uno de los tantos curros que se consiguen en desmedro de sus obligaciones para con los juzgados de origen, sumando aportes a sus futuras jubilaciones. Tres años y cinco meses duró esta parodia de juicio, a partir del cual, como suele ocurrir, se iniciarán otros, inventándose delitos que no prescriben jamás, porque el objetivo es que el circo no cierre nunca y el negocio que ya ni se oculta siga rindiendo frutos.
Estos juicios llamados “de lesa humanidad“, viciados y fraudulentos, se iniciaron como consecuencia del más grosero prevaricato de nuestra historia judicial, cuando nada menos que la Corte Suprema se convirtió en lacaya del poder político e hizo propio su proyecto ideológico, hasta lograr la demolición de los principios más básicos del derecho. La falsa ideología de los derechos humanos sustituyó al derecho, lo que permitió que el entonces Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se ufanara proclamando que la ideología de los derechos humanos era una “política de estado”.
Semejante esperpento hizo posible que jueces corruptos enjuiciaran, condenaran y encarcelaran de por vida a militares, miembros de las fuerzas de seguridad, sacerdotes y civiles. Ochocientos treinta y cinco han muerto en cautiverio, mientras que los sobrevivientes cuentan ya con más de 75 años de promedio. Caso tal vez paradigmático es el del Dr. Jaime Smart, un juez intachable, que acumula cinco cadenas perpetuas. Semejante ignominia debiera llenar de vergüenza a los argentinos.
El nuevo gobierno nacional debe entender que el cáncer que corroe a la República es moral, fruto de gobiernos corruptos y políticas corruptoras que han debilitado, cuando no consumido, el patrimonio no sólo económico, sino también espiritual de muchos argentinos.
Alberto Solanet Carlos Bosch
Presidente Secretario
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 5, 2024
Tags: Ana Oberlín, Héctor Cámpora, Jaime Smart, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Basílico, Ricardo LorenzettiRelated Posts
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