El Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema el jueves que desestime tres demandas por una política de inmigración de la era Trump que llevó a algunas áreas a declararse “ciudades santuario”.
La política fue parte de un esfuerzo para lograr que los departamentos de policía informaran a las autoridades federales cuando los no ciudadanos estaban a punto de ser liberados de la custodia.
En lo que comenzó a medias con el ex presidente Barack Obama y se intensificó durante el ex presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia buscó retener las subvenciones federales de los gobiernos locales que se negaron a informar a los agentes de inmigración cuando las personas bajo su custodia estaban a punto de ser liberadas. El gobierno también quería acceso a las cárceles locales para que los agentes de inmigración pudieran interrogar a los no ciudadanos bajo custodia.
En breves cartas a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia dijo que los casos deberían ser desestimados, indicando que el gobierno ya no buscará hacer cumplir la política.
La administración Trump estaba en desacuerdo con muchas ciudades importantes por las solicitudes de retención federal, emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pidiendo a la policía y a las oficinas del alguacil que retengan a los presos hasta 48 horas después de que hayan completado sus sentencias. Las solicitudes se aplicaron a personas en los EE. UU. ilegalmente que habían sido condenadas por cometer delitos locales y podrían ser deportadas después de ser liberadas.
Después de que los tribunales federales bloquearon el esfuerzo, el Departamento de Justicia, en cambio, buscó que se le avisara antes de que los no ciudadanos fueran liberados, lo que generó una nueva ronda de demandas.
Varios tribunales federales inferiores dijeron que los funcionarios locales no tenían la obligación de ayudar a los agentes de inmigración a hacer cumplir la ley federal, y algunos estados y ciudades aprobaron lo que se conoce como leyes santuario que prohíben expresamente a la policía proporcionar información sobre los no ciudadanos bajo su custodia. Los partidarios dijeron que las leyes hacen que las comunidades sean más seguras al alentar a las víctimas indocumentadas de delitos a cooperar con la policía.
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El Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema el jueves que desestime tres demandas por una política de inmigración de la era Trump que llevó a algunas áreas a declararse “ciudades santuario”.
La política fue parte de un esfuerzo para lograr que los departamentos de policía informaran a las autoridades federales cuando los no ciudadanos estaban a punto de ser liberados de la custodia.
En lo que comenzó a medias con el ex presidente Barack Obama y se intensificó durante el ex presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia buscó retener las subvenciones federales de los gobiernos locales que se negaron a informar a los agentes de inmigración cuando las personas bajo su custodia estaban a punto de ser liberadas. El gobierno también quería acceso a las cárceles locales para que los agentes de inmigración pudieran interrogar a los no ciudadanos bajo custodia.
En breves cartas a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia dijo que los casos deberían ser desestimados, indicando que el gobierno ya no buscará hacer cumplir la política.
La administración Trump estaba en desacuerdo con muchas ciudades importantes por las solicitudes de retención federal, emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pidiendo a la policía y a las oficinas del alguacil que retengan a los presos hasta 48 horas después de que hayan completado sus sentencias. Las solicitudes se aplicaron a personas en los EE. UU. ilegalmente que habían sido condenadas por cometer delitos locales y podrían ser deportadas después de ser liberadas.
Después de que los tribunales federales bloquearon el esfuerzo, el Departamento de Justicia, en cambio, buscó que se le avisara antes de que los no ciudadanos fueran liberados, lo que generó una nueva ronda de demandas.
Varios tribunales federales inferiores dijeron que los funcionarios locales no tenían la obligación de ayudar a los agentes de inmigración a hacer cumplir la ley federal, y algunos estados y ciudades aprobaron lo que se conoce como leyes santuario que prohíben expresamente a la policía proporcionar información sobre los no ciudadanos bajo su custodia. Los partidarios dijeron que las leyes hacen que las comunidades sean más seguras al alentar a las víctimas indocumentadas de delitos a cooperar con la policía.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 5, 2021
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