La República Argentina ejerce por este año 2019 la presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA http://www.oas.org/es/sms/cicte/default.asp , y en ese contexto organiza en julio próximo a Buenos Aires una reunión regional de lucha contra el terrorismo “que ratifica el empeño de nuestro país por un futuro libre del flagelo del terrorismo, sino que además será un recordatorio del 25 aniversario del trágico atentado contra la sede de la AMIA, mostrando la voluntad activa del gobierno y la sociedad argentina para visualizarlo internacionalmente como tema esencial de la política exterior nacional”, según el comunicado n° 492/18 de la cancillería argentina https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/conferencia-ministerial-hemisferica-de-lucha-contra-el-terrorismo. A ese evento participan los países miembros de la OEA, los países observadores, organizaciones regionales e internacionales, académicos, expertos e invitados especiales[2].
La actitud de las autoridades argentinas no solamente es inmoral, oportunista e irresponsable, sino que demuestra una incapacidad o complicidad política-jurídica de investigar el atentado, identificar los responsables, llevarlos a juicio y condenarlos. ¿Qué quiere transmitir el gobierno a las víctimas del atentado de la AMIA, al elegir una fecha dolorosa para organizar un evento sobre terrorismo luego de 25 años de injusticia y mentiras?
Observando que, a la política “de estado” exterior de los derechos (subjetivos) humanos, la Argentina agrega como tema esencial la política exterior (selectiva) de lucha contra el terrorismo, es decir mostrar con una realidad ficticia como contribuir a garantizar las inversiones extranjeras, desarrollar el turismo internacional, afianzar la cooperación multilateral y recibir asistencia internacional, aprovechando un indicador o componente de la seguridad multidimensional que sirva para identificarlo como un actor privilegiado. Pero lógicamente, el gobierno argentino nuevamente mentirá a la comunidad internacional (como hace con los ilegales juicios de lesa humanidad por hechos de los 70) porque significaría considerar a muchos aliados politicos de hoy, como enemigos de la sociedad y de la seguridad internacional.
Como legitimar ese tema esencial de la política exterior con la responsabilidad de Estado cuando numerosas víctimas de los grupos terroristas de los 70, no fueron reconocidas a la fecha ni por la justicia ni por el gobierno argentino. ¿Para el Estado argentino, hay terrorismo bueno, y terrorismo malo, victimas reconocidas y victimas que no merecen serlo?
Reconociendo que la lucha contra el terrorismo, aparte de las tipificaciones jurídicas propias, la misma tiene relaciones directas e indirectas con numeroso delitos como: la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de personas, la circulación y tráfico de armas, el narcotráfico, la criminalidad organizado, la falsificación de documentos públicos y de viajes, la prostitución, el ciberterrorismo, el financiamiento del terrorismo, el terrorismo nuclear, la consultación de sitios internet a carácter terrorista, el eco-terrorismo, el terrorismo económico, industrial, científico, tecnológico, el financiamiento de campañas electorales…, cuando en realidad la Argentina no controla ni la corrupción, la seguridad ciudadana, el narcotráfico, la criminalidad organizada, la apología del terrorismo, el trafico de armas de guerra, las letras de canciones, la disimulación de inversiones en obras de artes o empresas de dudosa rentabilidad, la circulación excesiva de dinero en efectivo, numerosas personas muestran un tren de vida cuyo patrimonio deben justificar,…..La cartografía criminal en Argentina es a la hora actual preocupante, reina la inseguridad y la impunidad bajo la pasividad de los jueces, las autoridades nacionales, los parlamentarios, los medios de comunicación, el mundo académico y parte de la sociedad.
Visualizar internacionalmente la política de lucha contra el terrorismo, significa que Argentina por ejemplo, debe:
Formar jueces y crear tribunales federales especializados en la lucha contra el terrorismo: Los magistrados actuales no están formados ni especializados en ese sector ni disponen de expertos asignados, no existe un tribunal reservado a ese dominio. En 1971 fue creado la Cámara Federal en lo Penal de la Nacion, con competencia nacional.
Determinar objetivos y funciones específicas en cada organismo e institución del Estado, garantizando las libertades individuales y los derechos fundamentes de los ciudadanos. Teniendo presente que en numerosos países europeos y de la OTAN las FFAA participan en las operaciones anti terroristas en el territorio nacional o al extranjero: Las leyes de inteligencia nacional, de seguridad interior, de defensa nacional, deben ser modificadas y adaptadas al continuum seguridad-defensa.
El servicio de inteligencia del Estado no debe tener acción operacional de policía en el territorio nacional propio de las fuerzas policiales, aduanas, gendarmería, prefectura marítima, policía de seguridad aeroportuaria. Reorganizar y resocializar sus misiones.
Los organismos de inteligencia deben pasar de la lógica de un servicio (distribución) de información a la producción de inteligencia propia. Con analistas de alto nivel y medios tecnológicos adecuados.
Crear un organismo Inter fuerzas de inteligencia especializado en la lucha contra el terrorismo con capacidad operacional y de policía judicial.
Crear un coordinador de inteligencia nacional bajo la órbita de la presidencia de la nación, a cargo de un alto funcionario civil con especializada reconocida.
Crear pabellones especiales de máxima seguridad en las cárceles nacionales con sistemas de seguridad adecuado y la protección de los derechos humanos: debiendo resolverse el problema de sobrepoblación carcelaria.
Crear centros de desradicalización terrorista con intervención multidisciplinaria: como complemento de la sanción penal.
Destinar recursos humanos, logísticos y financieros para la creación de estructuras ad-hoc: observando la situación catastrófica de la economía del Estado.
Formar personal operacional y analistas especializados con diferentes doctrinas de los países mas experimentados en la lucha contra el terrorismo. Programas de formación al extranjero y en el país.
Crear un cuadro legislativo, jurídico, apropiado a la amenaza terrorista y sus delitos conexos. Sabiendo que numerosos ex terroristas son actuales parlamentarios, hombres politicos, ministros.
Actualizar las características del delito de terrorismo en el código penal, no reconocerlo en la realidad como delito político, luchar contra la apología, el adiestramiento a terroristas, las reivindicaciones de los terroristas de los 70, el enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, no protegiéndose detrás de la libertad de opinión. Considerar penalmente reprensible la utilización del termino terrorismo de Estado…
Garantizar y proteger jurídicamente las acciones de los agentes del Estado en la lucha contra el terrorismo, para no repetir las consecuencias de las políticas públicas de los 70 en donde el Estado posteriormente se transformó en acusador de sus ex agentes.
Recordando que:
El Estado argentino no solamente abandonó sus agentes quienes en los años 70 recibieron de su parte el mandato legal en la lucha contra el terrorismo, sino que años más tarde el mismo Estado con el poder judicial y en alianza con los ex terroristas, establecieron una política de venganza, disfrazada de ilegal justicia contra los ex agentes del Estado y otros representantes de la sociedad de ese periodo.
La “nueva política” de la Argentina no lo es como tal, porque ya en los años 70 debió también luchar contra el terrorismo. ¿Cuál será la diferencia de enfrentar el fenómeno del terrorismo de esos años con el actual?
Con la nueva política exterior de lucha contra el terrorismo el gobierno argentino busca una rentabilidad política más que aplicar las obligaciones positivas de seguridad y justicia con sus ciudadanos porque “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (art. 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos). A las autoridades políticas, legislativas y jurídicas, no les interesan ni los autores ni las consecuencias de esos atentados, como lo han demostrado con las víctimas de los atentados terroristas de los 60-70, impunes a la fecha y la victimas ignoradas.
¿Qué puede demostrar u ocultar el gobierno argentino en la conferencia internacional sobre la lucha contra el terrorismo en julio 2019 ?, por ejemplo:
El poder de injerencia de la política sobre la justicia: transcurrieron 25 años del atentado a la AMIA, con una instrucción judicial dudosa, con jueces al servicio del gobierno, acusando inocentes, vehiculando desinformación, manipulando la sociedad, ocultando intereses politicos internacionales, en ese contexto ese crimen se transformó en un “affaire de Estado”, y a la fecha carece de visibilidad cierta de un proceso judicial. Al contrario, en los ilegales juicios contra los ex agentes del Estado por supuestos delitos de lesa humanidad la justicia es de excepción, acelerada, con jueces impregnados de valores humanistas que no se privan de violar derechos fundamentales para llegar a una verdad política, y esos mismos magistrados federales ideológicamente rechazan los derechos humanos a las víctimas que dejaron las organizaciones terroristas que hace más de 40 años esperan justicia y reconocimiento.
La experiencia de la justicia federal como política de Estado en la lucha contra el ilegal principio de Terrorismo de Estado de los 70 y sus terroristas ex agentes del Estado o representantes de la sociedad que no integraron los grupos terroristas. Algunos de los jueces federales que llevan las causas de lesa humanidad podrán tener el honor de explicar sus métodos jurídicos aplicado a esos terroristas de Estado.
El reconocimiento del Estado a las víctimas nacionales y extranjeras asesinadas, secuestradas, heridas, que dejaron los grupos terroristas en los años 70. ¿Para el gobierno actual antes del atentado a la AMIA no hubo terrorismo ni victimas del mismo?
Explicar quien asesinó al ex fiscal federal Alberto Nisman, cuya instrucción judicial e influencia política se va construyendo bajo el mismo modelo del atentado a la AMIA.
El modelo argentino de lucha contra el terrorismo de los 70, donde más de 3000 ex agentes del Estado y representantes de la sociedad de ese periodo, son ilegalmente procesados por delitos de lesa humanidad, injuriados, calumniados, perseguidos, por haber protegido y defendido las instituciones del Estado y la sociedad contra los ataques terroristas de organizaciones armadas.
Argumentar, porque es de interés político no llevar a juicios a los ex terroristas de los 70 y otorgarles poder, ayudas financieras, apoyo del gobierno, de la justicia, sin interesarle la situación de las victimas que dejaron los grupos terroristas ni los derechos humanos de los ex agentes del Estado. ¿Esos terroristas son terroristas buenos, y no los actuales que son terroristas malos?
Finalmente,
El gobierno argentino debe comprender que las víctimas del atentado terrorista a la AMIA (como las otras ignoradas) necesitan justicia y verdad, no discursos politicos ni reuniones de expertos para analizar situaciones teóricas, hipotéticas o solidaridad superficial.
El Estado argentino debe asumir y reconocer su responsabilidad penal nacional e internacional en la lucha contra el terrorismo en los años 70 como otros países la asumieron en casos similares y no desligarse de esa autoridad y transferir el peso decisional sobre los agentes del Estado ejecutores de su política con consecuencias negativas para la sociedad.
¿El presidente Macri y sus ministros tendrán previsto llevar a los miembros del CICTE y los participantes a la conferencia sobre la lucha contra el terrorismo, al Museo de la Memoria, al Parque de la Memoria, a tirar flores al Rio de la Plata en homenaje a los terroristas que intentaron tomar el poder por las armas, que asesinaron numerosas personas nacionales y extranjeras, que sus autores recitan impunemente sus actos y que las víctimas de los grupos terroristas no son reconocidas ni por la justicia ni por el Estado? Yo elegí defender y proteger los derechos humanos de todas las personas por igual, como también la libertad, la igualdad y la democracia, el gobierno argentino y el poder judicial, no. Paris, Prof. Mario Sandoval, presidente del CASPPA, marios46@hotmail.com, 06 febrero 2019.
[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo ocupado funciones en la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica y una trayectoria publica conocida. Regularmente realiza à nivel internacional conferencias, asesorías y publicaciones. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. Presidente del Comité de Ayuda y Solidaridad de los Presos Políticos en Argentina (CASPPA).
[2] Habiendo participado durante numerosos años a las reuniones del CICTE, la Comisión de Seguridad de la OEA, Medidas de Confianza, la JID/CID, en calidad de experto universitario y organizado eventos en Francia con las autoridades del CICTE, CICAD, JID/CID respectivas.
La República Argentina ejerce por este año 2019 la presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA http://www.oas.org/es/sms/cicte/default.asp , y en ese contexto organiza en julio próximo a Buenos Aires una reunión regional de lucha contra el terrorismo “que ratifica el empeño de nuestro país por un futuro libre del flagelo del terrorismo, sino que además será un recordatorio del 25 aniversario del trágico atentado contra la sede de la AMIA, mostrando la voluntad activa del gobierno y la sociedad argentina para visualizarlo internacionalmente como tema esencial de la política exterior nacional”, según el comunicado n° 492/18 de la cancillería argentina https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/conferencia-ministerial-hemisferica-de-lucha-contra-el-terrorismo. A ese evento participan los países miembros de la OEA, los países observadores, organizaciones regionales e internacionales, académicos, expertos e invitados especiales[2].
La actitud de las autoridades argentinas no solamente es inmoral, oportunista e irresponsable, sino que demuestra una incapacidad o complicidad política-jurídica de investigar el atentado, identificar los responsables, llevarlos a juicio y condenarlos. ¿Qué quiere transmitir el gobierno a las víctimas del atentado de la AMIA, al elegir una fecha dolorosa para organizar un evento sobre terrorismo luego de 25 años de injusticia y mentiras?
Observando que, a la política “de estado” exterior de los derechos (subjetivos) humanos, la Argentina agrega como tema esencial la política exterior (selectiva) de lucha contra el terrorismo, es decir mostrar con una realidad ficticia como contribuir a garantizar las inversiones extranjeras, desarrollar el turismo internacional, afianzar la cooperación multilateral y recibir asistencia internacional, aprovechando un indicador o componente de la seguridad multidimensional que sirva para identificarlo como un actor privilegiado. Pero lógicamente, el gobierno argentino nuevamente mentirá a la comunidad internacional (como hace con los ilegales juicios de lesa humanidad por hechos de los 70) porque significaría considerar a muchos aliados politicos de hoy, como enemigos de la sociedad y de la seguridad internacional.
Como legitimar ese tema esencial de la política exterior con la responsabilidad de Estado cuando numerosas víctimas de los grupos terroristas de los 70, no fueron reconocidas a la fecha ni por la justicia ni por el gobierno argentino. ¿Para el Estado argentino, hay terrorismo bueno, y terrorismo malo, victimas reconocidas y victimas que no merecen serlo?
Reconociendo que la lucha contra el terrorismo, aparte de las tipificaciones jurídicas propias, la misma tiene relaciones directas e indirectas con numeroso delitos como: la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de personas, la circulación y tráfico de armas, el narcotráfico, la criminalidad organizado, la falsificación de documentos públicos y de viajes, la prostitución, el ciberterrorismo, el financiamiento del terrorismo, el terrorismo nuclear, la consultación de sitios internet a carácter terrorista, el eco-terrorismo, el terrorismo económico, industrial, científico, tecnológico, el financiamiento de campañas electorales…, cuando en realidad la Argentina no controla ni la corrupción, la seguridad ciudadana, el narcotráfico, la criminalidad organizada, la apología del terrorismo, el trafico de armas de guerra, las letras de canciones, la disimulación de inversiones en obras de artes o empresas de dudosa rentabilidad, la circulación excesiva de dinero en efectivo, numerosas personas muestran un tren de vida cuyo patrimonio deben justificar,…..La cartografía criminal en Argentina es a la hora actual preocupante, reina la inseguridad y la impunidad bajo la pasividad de los jueces, las autoridades nacionales, los parlamentarios, los medios de comunicación, el mundo académico y parte de la sociedad.
Visualizar internacionalmente la política de lucha contra el terrorismo, significa que Argentina por ejemplo, debe:
Formar jueces y crear tribunales federales especializados en la lucha contra el terrorismo: Los magistrados actuales no están formados ni especializados en ese sector ni disponen de expertos asignados, no existe un tribunal reservado a ese dominio. En 1971 fue creado la Cámara Federal en lo Penal de la Nacion, con competencia nacional.
Determinar objetivos y funciones específicas en cada organismo e institución del Estado, garantizando las libertades individuales y los derechos fundamentes de los ciudadanos. Teniendo presente que en numerosos países europeos y de la OTAN las FFAA participan en las operaciones anti terroristas en el territorio nacional o al extranjero: Las leyes de inteligencia nacional, de seguridad interior, de defensa nacional, deben ser modificadas y adaptadas al continuum seguridad-defensa.
El servicio de inteligencia del Estado no debe tener acción operacional de policía en el territorio nacional propio de las fuerzas policiales, aduanas, gendarmería, prefectura marítima, policía de seguridad aeroportuaria. Reorganizar y resocializar sus misiones.
Los organismos de inteligencia deben pasar de la lógica de un servicio (distribución) de información a la producción de inteligencia propia. Con analistas de alto nivel y medios tecnológicos adecuados.
Crear un organismo Inter fuerzas de inteligencia especializado en la lucha contra el terrorismo con capacidad operacional y de policía judicial.
Crear un coordinador de inteligencia nacional bajo la órbita de la presidencia de la nación, a cargo de un alto funcionario civil con especializada reconocida.
Crear pabellones especiales de máxima seguridad en las cárceles nacionales con sistemas de seguridad adecuado y la protección de los derechos humanos: debiendo resolverse el problema de sobrepoblación carcelaria.
Crear centros de desradicalización terrorista con intervención multidisciplinaria: como complemento de la sanción penal.
Destinar recursos humanos, logísticos y financieros para la creación de estructuras ad-hoc: observando la situación catastrófica de la economía del Estado.
Crear un cuadro legislativo, jurídico, apropiado a la amenaza terrorista y sus delitos conexos. Sabiendo que numerosos ex terroristas son actuales parlamentarios, hombres politicos, ministros.
Actualizar las características del delito de terrorismo en el código penal, no reconocerlo en la realidad como delito político, luchar contra la apología, el adiestramiento a terroristas, las reivindicaciones de los terroristas de los 70, el enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, no protegiéndose detrás de la libertad de opinión. Considerar penalmente reprensible la utilización del termino terrorismo de Estado…
Garantizar y proteger jurídicamente las acciones de los agentes del Estado en la lucha contra el terrorismo, para no repetir las consecuencias de las políticas públicas de los 70 en donde el Estado posteriormente se transformó en acusador de sus ex agentes.
Recordando que:
El Estado argentino no solamente abandonó sus agentes quienes en los años 70 recibieron de su parte el mandato legal en la lucha contra el terrorismo, sino que años más tarde el mismo Estado con el poder judicial y en alianza con los ex terroristas, establecieron una política de venganza, disfrazada de ilegal justicia contra los ex agentes del Estado y otros representantes de la sociedad de ese periodo.
La “nueva política” de la Argentina no lo es como tal, porque ya en los años 70 debió también luchar contra el terrorismo. ¿Cuál será la diferencia de enfrentar el fenómeno del terrorismo de esos años con el actual?
Con la nueva política exterior de lucha contra el terrorismo el gobierno argentino busca una rentabilidad política más que aplicar las obligaciones positivas de seguridad y justicia con sus ciudadanos porque “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (art. 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos). A las autoridades políticas, legislativas y jurídicas, no les interesan ni los autores ni las consecuencias de esos atentados, como lo han demostrado con las víctimas de los atentados terroristas de los 60-70, impunes a la fecha y la victimas ignoradas.
¿Qué puede demostrar u ocultar el gobierno argentino en la conferencia internacional sobre la lucha contra el terrorismo en julio 2019 ?, por ejemplo:
El poder de injerencia de la política sobre la justicia: transcurrieron 25 años del atentado a la AMIA, con una instrucción judicial dudosa, con jueces al servicio del gobierno, acusando inocentes, vehiculando desinformación, manipulando la sociedad, ocultando intereses politicos internacionales, en ese contexto ese crimen se transformó en un “affaire de Estado”, y a la fecha carece de visibilidad cierta de un proceso judicial. Al contrario, en los ilegales juicios contra los ex agentes del Estado por supuestos delitos de lesa humanidad la justicia es de excepción, acelerada, con jueces impregnados de valores humanistas que no se privan de violar derechos fundamentales para llegar a una verdad política, y esos mismos magistrados federales ideológicamente rechazan los derechos humanos a las víctimas que dejaron las organizaciones terroristas que hace más de 40 años esperan justicia y reconocimiento.
La experiencia de la justicia federal como política de Estado en la lucha contra el ilegal principio de Terrorismo de Estado de los 70 y sus terroristas ex agentes del Estado o representantes de la sociedad que no integraron los grupos terroristas. Algunos de los jueces federales que llevan las causas de lesa humanidad podrán tener el honor de explicar sus métodos jurídicos aplicado a esos terroristas de Estado.
El reconocimiento del Estado a las víctimas nacionales y extranjeras asesinadas, secuestradas, heridas, que dejaron los grupos terroristas en los años 70. ¿Para el gobierno actual antes del atentado a la AMIA no hubo terrorismo ni victimas del mismo?
Explicar quien asesinó al ex fiscal federal Alberto Nisman, cuya instrucción judicial e influencia política se va construyendo bajo el mismo modelo del atentado a la AMIA.
El modelo argentino de lucha contra el terrorismo de los 70, donde más de 3000 ex agentes del Estado y representantes de la sociedad de ese periodo, son ilegalmente procesados por delitos de lesa humanidad, injuriados, calumniados, perseguidos, por haber protegido y defendido las instituciones del Estado y la sociedad contra los ataques terroristas de organizaciones armadas.
Argumentar, porque es de interés político no llevar a juicios a los ex terroristas de los 70 y otorgarles poder, ayudas financieras, apoyo del gobierno, de la justicia, sin interesarle la situación de las victimas que dejaron los grupos terroristas ni los derechos humanos de los ex agentes del Estado. ¿Esos terroristas son terroristas buenos, y no los actuales que son terroristas malos?
Finalmente,
El gobierno argentino debe comprender que las víctimas del atentado terrorista a la AMIA (como las otras ignoradas) necesitan justicia y verdad, no discursos politicos ni reuniones de expertos para analizar situaciones teóricas, hipotéticas o solidaridad superficial.
El Estado argentino debe asumir y reconocer su responsabilidad penal nacional e internacional en la lucha contra el terrorismo en los años 70 como otros países la asumieron en casos similares y no desligarse de esa autoridad y transferir el peso decisional sobre los agentes del Estado ejecutores de su política con consecuencias negativas para la sociedad.
¿El presidente Macri y sus ministros tendrán previsto llevar a los miembros del CICTE y los participantes a la conferencia sobre la lucha contra el terrorismo, al Museo de la Memoria, al Parque de la Memoria, a tirar flores al Rio de la Plata en homenaje a los terroristas que intentaron tomar el poder por las armas, que asesinaron numerosas personas nacionales y extranjeras, que sus autores recitan impunemente sus actos y que las víctimas de los grupos terroristas no son reconocidas ni por la justicia ni por el Estado? Yo elegí defender y proteger los derechos humanos de todas las personas por igual, como también la libertad, la igualdad y la democracia, el gobierno argentino y el poder judicial, no. Paris, Prof. Mario Sandoval, presidente del CASPPA, marios46@hotmail.com, 06 febrero 2019.
[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo ocupado funciones en la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica y una trayectoria publica conocida. Regularmente realiza à nivel internacional conferencias, asesorías y publicaciones. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. Presidente del Comité de Ayuda y Solidaridad de los Presos Políticos en Argentina (CASPPA).
[2] Habiendo participado durante numerosos años a las reuniones del CICTE, la Comisión de Seguridad de la OEA, Medidas de Confianza, la JID/CID, en calidad de experto universitario y organizado eventos en Francia con las autoridades del CICTE, CICAD, JID/CID respectivas.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 6, 2019
Tags: AMIA, Fuerzas Armadas, OTANRelated Posts
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