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  Por Lee Monacuzzo.

Después de que un jurado condenara a Jamal Trulove, que entonces tenía 25 años, por asesinato en primer grado en febrero de 2010, la entonces fiscal de distrito de San Francisco, Kamala Harris, elogió a la “valiente testigo que se presentó entre la multitud”. Harris se postulaba entonces para fiscal general de California y en su campaña se jactó de sus altas tasas de condenas como fiscal de distrito de San Francisco. Harris se hizo eco de lo que su fiscal adjunta Linda Allen dijo repetidamente al jurado: Priscilla Lualemaga, la única testigo presencial que testificó en el juicio sobre el homicidio de Seu Kuka en julio de 2007, lo hizo con gran riesgo de represalias. “Nunca recuperará su vida”, dijo Allen, y agregó que Lualemaga testificó sabiendo que “tal vez la maten por ser testigo, porque vio a otra persona matar a alguien”.

La identificación de Lualemaga de Trulove como el tirador que mató a Kuka en una acera en el complejo de viviendas Sunnydale de San Francisco fue la prueba fundamental en su contra. Para que los fiscales ganaran, el jurado tenía que creer la afirmación de Lualemaga de que poco antes de las 11 p.m. del 23 de julio de 2007 vio el tiroteo desde una ventana del segundo piso cuando la calle de abajo estaba envuelta en oscuridad.

El jurado también tenía que creer que Lualemaga vio al tirador a pesar de que estaba en un punto de observación desfavorable de la escena del crimen; que no logró identificar a Trulove de una pared de fotos que había visto con la policía durante horas; que su memoria del tiroteo evolucionó con el tiempo; y que los beneficios que la fiscalía proporcionó a Lualemaga y a su familia, que finalmente sumarían más de $60,000 en gastos de manutención. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el testimonio de Lualemaga era creíble porque se produjo a un profundo riesgo personal.

Pero no había ninguna prueba que corroborara la sugerencia de la fiscalía de que, como lo describió más tarde un tribunal de apelación, había “asesinos acechando en nombre del acusado”.

Tampoco había ninguna prueba física o forense que inculpara a Trulove, y ningún otro testigo dijo que él fuera el tirador. Trulove insistió desde el principio en que era inocente.

Las fallas evidentes del caso no importaron: en octubre de 2010, Trulove, entonces un padre joven, aspirante a actor y artista de hip-hop, fue sentenciado a entre 50 años y cadena perpetua.

Cuatro años después, en 2014, un tribunal de apelaciones de California revocó su condena basándose en los repetidos intentos del fiscal de exagerar la credibilidad de Lualemaga. La afirmación del estado de que Lualemaga corría el riesgo de sufrir represalias por testificar en el caso de Jamal Trulove era, según el tribunal, una “historia… hecha de tela de araña”. La fiscalía “no presentó ni una pizca de prueba en el juicio de que los amigos y familiares del acusado intentarían matar a Lualemaga si testificaba en su contra”, dijo el tribunal, y esa mala conducta, combinada con la falta de objeción del abogado defensor de Trulove, le dio derecho a un nuevo juicio.

En 2015, el mismo fiscal de la fiscalía de San Francisco volvió a juzgar a Trulove, pero fue absuelto y salió libre por primera vez desde su arresto en 2008. En abril de 2018, un jurado civil federal otorgó a Trulove 10 millones de dólares, al determinar que los agentes de policía de San Francisco fabricaron pruebas en su contra y retuvieron pruebas exculpatorias. En marzo, la Junta de Supervisores de la ciudad aprobó un pago de 13,1 millones de dólares para resolver la demanda.

Las condenas injustas son habituales en el sistema jurídico penal. En junio, los fiscales del condado de Wilson, Carolina del Norte, desestimaron todos los cargos contra Charles Ray Finch, de 81 años, por el asesinato en 1976 de un empleado de una tienda de comestibles. Ray es la 166.ª persona en los Estados Unidos desde 1973 en ser exonerada tras ser condenada injustamente y sentenciada a muerte.

Pero el procesamiento ilegal de Trulove se destaca por sus implicaciones políticas inmediatas tanto a nivel local como nacional. En noviembre, habrá una elección para reemplazar a George Gascón, que era fiscal de distrito de San Francisco cuando Trulove fue juzgado por segunda vez. Trulove se unió recientemente a la candidata a fiscal de distrito Chesa Boudin, una defensora pública, para pedir una unidad dedicada a investigar las reclamaciones de inocencia. Y ahora la campaña presidencial de Kamala Harris “se apoya” en su historial como fiscal a pesar de las críticas de que permitió que floreciera la mala conducta policial y de los fiscales cuando más tarde se desempeñó como fiscal general de California. (Harris recientemente desestimó a sus críticos como “comentaristas políticos autoproclamados”).

Sin embargo, la cobertura mediática del caso de Trulove ha estado impulsada por su demanda federal de derechos civiles contra la policía que lo incriminó, dejando de lado el papel desempeñado por los fiscales.

Pero el testimonio de los testigos, las pruebas del juicio, las opiniones judiciales y las acusaciones en la denuncia de Trulove muestran que la manipulación de testigos no se detuvo en la policía. Estos documentos muestran que tanto la policía como los fiscales, incluidos los de los niveles más altos de la oficina del fiscal, desplegaron tácticas odiosas para transformar a Lualemaga en un testigo ocular creíble.

La policía sugirió que Trulove era el principal sospechoso apenas horas después del asesinato de Kuka el 23 de julio de 2007. Esa noche, Lualemaga dijo a la policía que “realmente no pudo ver bien al tirador”, pero después de que no logró identificar a Trulove en una entrevista con los oficiales, uno le preguntó: “¿Está seguro de que no fue Jamal Trulove?” Lualemaga todavía no estaba segura. “No, no lo sé”, dijo.

La noche siguiente, los detectives le mostraron a Lualemaga una serie de fotografías que incluía la misma imagen de Trulove de la noche anterior. Según el testimonio de Lualemaga, los detectives dijeron que habían identificado al tirador y que le mostrarían su foto. Contrariamente al procedimiento estándar, las seis fotos de la serie incluían a personas que Lualemaga conocía (y no había identificado como el tirador de Kuka), así como a Trulove. En lugar de llevar a Lualemaga a la comisaría para grabar en vídeo este procedimiento poco convencional, los agentes grabaron parte del mismo en la parte trasera de su coche. En esta declaración, la “identificación” de Lualemaga de Trulove como el tirador fue: “Parece la persona que podría haberle disparado [a Kuka]” y “Quiero decir que es él”.

En el momento del asesinato de Kuka, según la denuncia, Lualemaga vivía ilegalmente con su abuela y otras seis personas en un apartamento de dos habitaciones en el complejo de viviendas de Sunnydale. La primera noche que fue entrevistada por la policía, un detective principal le dijo que podía sacarla del barrio si se convertía en testigo.

En mayo de 2009, poco antes de una audiencia clave en el caso de Trulove en la que Lualemaga lo identificaría como el tirador, el fiscal del distrito de San Francisco afirmó que era necesario trasladarla de la vivienda pública a un centro de protección de testigos. Un memorando del 12 de enero de 2010 presentado como anexo en la demanda de derechos civiles de Trulove muestra que este acuerdo fue aprobado por Larry J. Wallace, un antiguo asistente de Harris que la siguió al Departamento de Justicia de California cuando se convirtió en fiscal general en 2010, y más tarde a su oficina de campo en Sacramento cuando se convirtió en senadora de los Estados Unidos en 2017. En diciembre de 2018, Wallace renunció al personal de Harris después de que Sacramento Bee informara sobre un acuerdo de $400,000 entre Wallace y una mujer que lo acusó de discriminación sexual y represalias en el Departamento de Justicia del estado.

En el memorando de 2010, Wallace escribió que “los miembros del Departamento de Policía de San Francisco y yo creíamos que Priscilla Maliolagi Lualemaga estaba en peligro inminente si continuaba residiendo en la ciudad y el condado de San Francisco. Por lo tanto, nuestra oficina les brindó asistencia para la reubicación a través del Departamento de Justicia de California”. Lualemaga repitió esa línea en el juicio de 2010, testificando que se mudó directamente al programa de reubicación de testigos desde el proyecto de vivienda en San Francisco. Pero según una declaración que prestó en 2017, eso no era cierto. En cambio, Lualemaga ya había estado viviendo en un condado vecino durante casi un año antes de ingresar al programa de protección de testigos, un hecho que socavó la necesidad de reubicación alegada por el fiscal del distrito.

Sin embargo, entre el 1 de junio de 2009 y el 30 de abril de 2011, Lualemaga y su familia inmediata recibieron un total de $62,999 en gastos de manutención. Eso no incluye los casi $10,000 en gastos de manutención supuestamente pagados por separado en nombre de su hermana.

Al mismo tiempo, el recuerdo de Lualemaga de que Trulove era el tirador se hizo más seguro. En el momento del juicio a principios de 2010, el recuerdo de Lualemaga del delito completó el cambio de “realmente no pude ver bien al tirador” y “no sé”, a “quiero decir que es él”, para finalmente sentirse “100 por ciento segura” de que Trulove apretó el gatillo tres años antes.

Lualemaga insistió en que no estaba motivada por el dinero, pero los fondos de reubicación crearon un incentivo financiero para que brindara un testimonio más preciso y seguro. Sin embargo, en el juicio de Trulove, los fiscales le dieron la vuelta a este incentivo. La fiscal adjunta Linda Allen señaló la participación de Lualemaga en el programa de reubicación de testigos como una razón para creer que ella dijo la verdad y testificó con gran riesgo y sacrificio. “¿Qué tan segura tendría que estar para poner su vida en peligro?”, preguntó al jurado.

Los fiscales también dijeron que las declaraciones inconsistentes de Lualemaga podrían explicarse por el miedo que finalmente la llevó a participar en el programa de reubicación de testigos. “¿Es tan irrazonable que alguien que ahora tiene miedo de tener que testificar y exponerse a represalias, tal vez ser asesinada por ser testigo porque vio a otra persona matar a otra, es tan irrazonable pensar que va a dudar?”, preguntó Allen.

En sus argumentos finales, Allen pidió al jurado “tener el mismo coraje que [Lualemaga] tuvo y condenar a la acusada por asesinato”. Más tarde, el tribunal de apelación reprendió a la fiscalía por esta declaración basándose en “hechos que no estaban en evidencia”.

Antes de la absolución de Trulove en 2015, pasó más de seis años en prisión separado de sus cuatro hijos pequeños. Recientemente, ha exigido una reforma de la fiscalía, instando a los votantes de San Francisco a emitir su voto “por el candidato que realmente representa el cambio y que no tiene miedo de atacar a los fiscales y oficiales de policía que no siguen las reglas”.

Es un mensaje importante porque los fiscales rara vez enfrentan consecuencias por mala conducta, incluso por faltas atroces que generan daños duraderos y traumatizan a las personas y sus familias. Linda Allen no es una excepción y hoy sigue procesando activamente casos en San Francisco.

En el debate de las primarias demócratas de la semana pasada, Harris se ganó con razón los elogios por confrontar a Joe Biden sobre su historial de oposición al transporte escolar. Pero Harris no puede escapar de su pasado como fiscal del distrito de San Francisco y fiscal general de California, que incluye condenas injustas como la de Trulove e inacción en otros casos de mala conducta de las fuerzas del orden, incluido un escándalo de informantes que consumió la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange y su departamento del sheriff. Si Harris no reconoce sus fracasos en el sistema legal penal, podría encontrarse en la posición de Biden en el próximo debate: defendiendo lo indefendible.

PrisioneroEnArgentina.com

Agosto 4, 2024