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La ministro de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich acumula una serie de declaraciones extrañas debido a su insistencia en lanzar denuncias espectaculares en contra de ciudadanos, que son condenados mediáticamente, pero que terminan exonerados en la justicia porque las acusaciones resultan ser falsas. El caso más reciente ocurrió la semana pasada, cuando unos sobres con explosivos estallaron en la sede de la Sociedad Rural Argentina, una asociación que reúne a los acaudalados empresarios agropecuarios del país sudamericano.

“Ha habido acciones muy violentas de sectores anarquistas, de extremistas veganos, que tiene una tradición de aparecer y desaparecer”, afirmó la funcionaria al responsabilizar del ataque a ese colectivo.

En cuestión de horas, la tesis de la ministra por la ‘carta-bomba’ se derrumbó con la detención de Alberto Santiago Soria, un hombre de 40 años simpatizante del Gobierno. La prueba de que la línea de investigación de Bullrich una vez más estaba errada fue el hallazgo de milanesas y un pollo congelado en la heladera del sospechoso. Vegano, no era. Pero culpable, tampoco. En cuestión de horas fue liberado. Pero la ministra es experta en lanzar teorías sin fundamento, con una obsesión centrada en “el terrorismo”. Así lo hizo en enero, cuando presumió un espectacular operativo de ribetes cinematográficos que, con el paso de los días, involucró a  Yemén, EE.UU., Israel, Colombia, Venezuela, Siria y Líbano.

“Neutralizamos la llegada de una posible célula terrorista al país”, anunció el Ministerio de Seguridad el pasado 3 de enero, en un comunicado en el que aseguró que “tres ciudadanos de origen sirio y libanés” habían viajado por separado a Buenos Aires para planear un atentado. Bullrich se jactó en múltiples entrevistas de una “exitosa” investigación que, en verdad, no era tal.

Un par de semanas después, la justicia argentina liberó por falta de pruebas a los detenidos, que eran un profesor sirio de ping pong, un peluquero y un falso espía estadounidense. La “célula terrorista internacional” jamás existió. En abril, la ministra volvió a provocar una polémica internacional al asegurar que había agentes terroristas iraníes en Bolivia y en el norte de Chile. La protesta y desmentida de ambos gobiernos fue inmediata, ya que se enteraron a través de los medios de la supesta alerta y no por canales oficiales y diplomáticos, como dictan los protocolos de seguridad. Patricia Bullrich tuvo que llamar a la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, para disculparse después de que el presidente de ese país, Gabriel Boric, se quejara y advirtiera que no amparaba a ningún grupo terrorista. La funcionaria no se comunicó con las autoridades bolivianas debido al clima de tensión que prevalece entre los gobiernos de Milei y Luis Arce. Dos meses más tarde, la afición de Bullrich por las declaraciones desafortunadas le volvió a jugar una mala pasada en medio de la conmoción que había por el caso de Loan, un niño de cinco años que desapareció en el norte del país, a pesar de que estaba acompañado por parte de su familia.

“Ahora voy a ir con todo. Voy a ir con buzos, voy a ir con personal de monte, voy a ir con equipos radiológicos para ver la panza de animales. Voy a ir con todo”, anunció la ministra al sugerir, sin ningún tipo de cuidado por el dolor de los familiares, que el menor podría haber sido devorado por yaguaretés, pumas o víboras. Con el padre y la madre de Loan no hubo disculpas.

En otras ocasiones, Bullrich ha sido forzada a retractarse ante la justicia. La ministra reconoció que no podía probar que el empresario Hugo Sigman formaba parte de un supuesto entramado de corrupción en la compra de vacunas contra el coronavirus, como había acusado.

“En ningún momento ha tenido intención de atribuir al Dr. Sigman autoría de ningún hecho irregular ni delito con relación a la intermediación o retornos indebidos respecto de la compra de vacunas contra el covid por parte del Estado Nacional, ni de causar daño al actor”, señaló la ministra para evitar que avanzara la denuncia que el empresario interpuso en su contra por daños y perjuicios.

La caza de falsos terroristas y la xenofobia también son sus sellos. En octubre de 2018, por ejemplo, exigió la expulsión del ciudadano turco Anil Barán; los venezolanos Victor y Felipe Puleo Artigas; y el paraguayo Luis Fretes, quienes fueron detenidos en el marco de una represión policial y acusados de hacer cometido disturbios durante una protesta. La causa se cerró porque no había pruebas en su contra. Ni siquiera habían participado en la manifestación. Al mes siguiente, Bullrich anunció la detención de los hermanos Axel Ezequiel y Kevin Abraham Salomon, y los acusó de tener vínculos con organizaciones terroristas internacionales. Cuatro meses después, los jóvenes fueron liberados. Jamás hubo pruebas contra ellos, más allá de las “sospechas” por su ascendencia musulmana. Al igual que ocurrió ahora con Chile, Patricia Bullrich es experta en generar tensiones diplomáticas. Así lo hizo cuando aseguró que Holanda era “un narcoestado”. Se tuvo que disculpar porque afectaba la imagen de un país en el que reina la argentina Máxima. En abril de 2019, anunció la detención de Gabriela Medrano y Felipe Zegers, dos “terroristas chilenos”. En realidad eran dos artistas cuyo único delito fue dejar una maleta en el hotel donde se habían alojado. “No fueron prolijos, se fueron sin pagar, dejaron un portafolio que tanto la policía de Córdoba como un juez consideraron era artefacto de características explosivas”, dijo Bullrich, sin reconocer que otra vez había cometido un “error” que le había valido a ciudadanos inocentes detenciones injustificadas y estigmatización.