“Del triunfo al fracaso no hay más que un paso. Lo he visto en los asuntosmás
importantes, un pequeño detalle siempre ha decidido los grandes acontecimientos”.
Napoleón Bonaparte
Como era previsible, al menos para quienes conocemos a los magistrados de Comodoro Py, el Juez Claudio Bonadío se desmarcó de sus pares para desatar una tormenta política cuyas consecuencias aún resultan difíciles de prever, toda vez que puede afectar las expectativas legislativas del Gobierno y, sobre todo, al interior del peronismo.
Mauricio Macri espera (¿esperaba?) contar con un gran paquete de leyes antes de fin de año, incluyendo el presupuesto 2018, la reforma fiscal, la modificación del sistema de cálculo de las actualizaciones previsionales, etc.; y el pedido de desafuero y detención de Cristina Elisabet Fernández, Senadora electa, por traición a la Patria, impactó directamente sobre el diseño parlamentario que había construido, como un verdadero orfebre, el Senador Miguel Piccheto para aislar al kirchnerismo, dejarlo en franca minoría y separarlo del bloque del PJ.
Los colegas de Bonadío, varios de los cuales hubieran podido adoptar idénticas medidas en varias causas por corrupción en las que está imputada, pusieron a trabajar sus narices para descubrir qué prefería la Casa Rosada y, prudentemente, se abstuvieron de ejecutarlas. Hoy, dada la necesidad de contar con el voto de dos tercios de los miembros presentes para lograr el desafuero solicitado, lo cierto es que no se producirá, al menos en el mediano plazo; si la causa adquiriera mayor consistencia cuando, dentro de mucho tiempo, llegue a la etapa oral, la exposición pública de los hechos podría hacer que muchos de los que hoy se amparan en posturas garantistas para proteger la libertad ambulatoria de la viuda se vieran obligados a modificar su postura para evitar pagar un alto costo político.
Pero, como decía Napoleón, el Juez Bonadío, ahora convertido en francotirador, podría producir en breve un pequeño hecho que generaría otro tsunami, éste sí difícil de defender con invocaciones persecutorias. Si las investigaciones hoteleras avanzan, bien podría suceder que en febrero ordenara similares medidas contra Máximo y Florencia Kirchner; el primero está protegido por fueros en su condición de Diputado en ejercicio, pero no sucede lo mismo con su hermana, dueña de incalculables fortunas y de pilas de dólares en efectivo. Herida así en su flanco más doloroso, es complicado imaginar qué hará entonces la leona destronada.
Por televisión, asistí a la conferencia de prensa que brindó la rea en la Cámara de Diputados. Imaginé cuánto hubiera ganado la nación si aparecía un celular de culata para trasladar muy amablemente a prisión a la mayoría de los asistentes; descollaban, por supuesto, Nilda Garré y Agustín Rossi (ex ministros de Defensa ahora investigados por la tragedia del “San Juan”), Martín Sabbatella (un prócer de la libertad de prensa), Daniel Scioli (un corrupto mayor), Fernando Espinosa y Verónica Magario (coautores recientes y sucesivos del verdadero genocidio cometido en La Matanza) y, ¿qué menos?, Andrés Larroque (imputado también por traición a la Patria). Ausentes con aviso: Luis D’Elía, Fernando Esteche, Ricardo Jaime, Julio de Vido, Carlos Zannini, Lázaro Báez, Milagro Salas, Amado Boudou, José López, Roberto Baratta, Omar Caballo Suárez, Pata Medina y César Milani.
Pero lo que más me llamó la atención fue el tenor de los argumentos utilizados para descalificar la resolución de Bonadío y para imputar, como autor intelectual de la misma, a Mauricio Macri. Sus críticas al fallo (desconocimiento de la presunción de inocencia, limitaciones a la prisión preventiva, prevaricato del juez, causas amañadas para condenar sin pruebas, violación de normas constitucionales, invención de tipos penales, obediencia del magistrado a la voluntad del Gobierno, etc.), corresponden con exactitud a los principios jurídicos que, al ser violados impunemente desde 2003 hasta ahora, mantienen en prisión a casi dos mil militares, muchos hace más de una década y sin condena.
En otro orden de cosas, si bien es cierto que el 60% de la ciudadanía muestra en todas las encuestas su optimismo sobre la gestión del Gobierno y la figura de Mauricio Macri, y se siente confortada con el efecto reparador del accionar de los jueces sobre los funcionarios y pseudo empresarios kirchneristas, no lo es menos que espera ansiosa que avancen sobre quienes bailaron tantos tangos con ellos, pagando las coimas que después incluían como sobreprecios en las obras públicas; y se pregunta qué pasará cuando la ola se acerque al círculo de las actuales autoridades.
El escándalo Odebrecht (“Lava Jato”) está arrasando con ese mundo secreto y fétido en toda la región. En la Argentina, hay muchos nombres importantes, y de todos los colores políticos, que deben dar explicaciones a los jueces: Enrique y Sebastián Ezkenazi (YPF y Petersen), Jorge Brito (Banco Macro), Osvaldo Acosta y Gustavo Ferreyra (Electroingeniería), Ángelo Calcaterra (IECSA), Cristiano Ratazzi (Flight Express), Enrique Wagner (Constructora) y muchos más. Hasta tanto ocurra, y de modo transparente, el escepticismo que tanto nos caracteriza seguirá imperando.
Al tope de nuestras preocupaciones están la seguridad y la administración de justicia. Recuerdo que ya en 1130, el Rey Enrique I concedió a los londinenses el derecho a escoger como su propio sheriff y juez a quienes ellos quisieran. Y esa anécdota viene a cuento porque una de las causas de esas preocupaciones es la enorme desconfianza que tenemos sobre la conducta de nuestras policías, funcionarios, fiscales y jueces, muchas veces involucrados en el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero o la exhibición de fortunas inexplicables; pero aún si adoptáramos ese sistema, no debemos olvidar la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo el deber constitucional de ejercer el control del Poder Judicial, y de nombrar y remover a los jueces.
Como sucede con la defensa nacional, tristemente vuelta a poner sobre el tapete a raíz de la inevitable tragedia del submarino “San Juan”, en el terreno de la Justicia también debemos darnos políticas de Estado, con una clara, consistente y, sobre todo, permanente planificación del objetivo al cual queremos llegar. Si no lo hacemos, no tendremos derecho a quejarnos, aunque sigan depredándose nuestros recursos naturales, continúen los movimientos subversivos secesionistas, imperen las más violentas bandas de narcotraficantes y toleremos la inmigración descontrolada.
Cambiando absolutamente de escenario, recuerdo que Karl Marx, citando a Hegel (“los grandes hechos y personajes de la historia se repiten”), agregó que la primera vez lo hacen como tragedia y, la segunda, como comedia. Nicolás Maduro que, imitando a los gerontes cubanos, sumió a su pueblo en el hambre, la miseria y la desesperanza, ahora obliga a los ciudadanos a obtener un “carnet de la Patria”; el nuevo documento resulta indispensable para realizar cualquier tipo de trámite, contar con libretas de racionamiento de comida, acceder a centros médicos y remedios, estudiar en todos los niveles y votar, en un siniestro sistema de control de la ciudadanía. Nada importó, para dictar tamaño disparate, que sus númenes hayan visto fracasar en la isla, uno tras otro, todos los programas económicos que inventaron a contramano del mundo. Así como nos duele en el alma el régimen de terror asesino que se implantó en Cuba a partir de 1956, hoy nos conmueve hasta la médula lo que sucede en Venezuela, que se acerca a una situación igual y muere cada día.
importantes, un pequeño detalle siempre ha decidido los grandes acontecimientos”.
Napoleón Bonaparte
Como era previsible, al menos para quienes conocemos a los magistrados de Comodoro Py, el Juez Claudio Bonadío se desmarcó de sus pares para desatar una tormenta política cuyas consecuencias aún resultan difíciles de prever, toda vez que puede afectar las expectativas legislativas del Gobierno y, sobre todo, al interior del peronismo.
Mauricio Macri espera (¿esperaba?) contar con un gran paquete de leyes antes de fin de año, incluyendo el presupuesto 2018, la reforma fiscal, la modificación del sistema de cálculo de las actualizaciones previsionales, etc.; y el pedido de desafuero y detención de Cristina Elisabet Fernández, Senadora electa, por traición a la Patria, impactó directamente sobre el diseño parlamentario que había construido, como un verdadero orfebre, el Senador Miguel Piccheto para aislar al kirchnerismo, dejarlo en franca minoría y separarlo del bloque del PJ.
Los colegas de Bonadío, varios de los cuales hubieran podido adoptar idénticas medidas en varias causas por corrupción en las que está imputada, pusieron a trabajar sus narices para descubrir qué prefería la Casa Rosada y, prudentemente, se abstuvieron de ejecutarlas. Hoy, dada la necesidad de contar con el voto de dos tercios de los miembros presentes para lograr el desafuero solicitado, lo cierto es que no se producirá, al menos en el mediano plazo; si la causa adquiriera mayor consistencia cuando, dentro de mucho tiempo, llegue a la etapa oral, la exposición pública de los hechos podría hacer que muchos de los que hoy se amparan en posturas garantistas para proteger la libertad ambulatoria de la viuda se vieran obligados a modificar su postura para evitar pagar un alto costo político.
Pero, como decía Napoleón, el Juez Bonadío, ahora convertido en francotirador, podría producir en breve un pequeño hecho que generaría otro tsunami, éste sí difícil de defender con invocaciones persecutorias. Si las investigaciones hoteleras avanzan, bien podría suceder que en febrero ordenara similares medidas contra Máximo y Florencia Kirchner; el primero está protegido por fueros en su condición de Diputado en ejercicio, pero no sucede lo mismo con su hermana, dueña de incalculables fortunas y de pilas de dólares en efectivo. Herida así en su flanco más doloroso, es complicado imaginar qué hará entonces la leona destronada.
Por televisión, asistí a la conferencia de prensa que brindó la rea en la Cámara de Diputados. Imaginé cuánto hubiera ganado la nación si aparecía un celular de culata para trasladar muy amablemente a prisión a la mayoría de los asistentes; descollaban, por supuesto, Nilda Garré y Agustín Rossi (ex ministros de Defensa ahora investigados por la tragedia del “San Juan”), Martín Sabbatella (un prócer de la libertad de prensa), Daniel Scioli (un corrupto mayor), Fernando Espinosa y Verónica Magario (coautores recientes y sucesivos del verdadero genocidio cometido en La Matanza) y, ¿qué menos?, Andrés Larroque (imputado también por traición a la Patria). Ausentes con aviso: Luis D’Elía, Fernando Esteche, Ricardo Jaime, Julio de Vido, Carlos Zannini, Lázaro Báez, Milagro Salas, Amado Boudou, José López, Roberto Baratta, Omar Caballo Suárez, Pata Medina y César Milani.
Pero lo que más me llamó la atención fue el tenor de los argumentos utilizados para descalificar la resolución de Bonadío y para imputar, como autor intelectual de la misma, a Mauricio Macri. Sus críticas al fallo (desconocimiento de la presunción de inocencia, limitaciones a la prisión preventiva, prevaricato del juez, causas amañadas para condenar sin pruebas, violación de normas constitucionales, invención de tipos penales, obediencia del magistrado a la voluntad del Gobierno, etc.), corresponden con exactitud a los principios jurídicos que, al ser violados impunemente desde 2003 hasta ahora, mantienen en prisión a casi dos mil militares, muchos hace más de una década y sin condena.
En otro orden de cosas, si bien es cierto que el 60% de la ciudadanía muestra en todas las encuestas su optimismo sobre la gestión del Gobierno y la figura de Mauricio Macri, y se siente confortada con el efecto reparador del accionar de los jueces sobre los funcionarios y pseudo empresarios kirchneristas, no lo es menos que espera ansiosa que avancen sobre quienes bailaron tantos tangos con ellos, pagando las coimas que después incluían como sobreprecios en las obras públicas; y se pregunta qué pasará cuando la ola se acerque al círculo de las actuales autoridades.
El escándalo Odebrecht (“Lava Jato”) está arrasando con ese mundo secreto y fétido en toda la región. En la Argentina, hay muchos nombres importantes, y de todos los colores políticos, que deben dar explicaciones a los jueces: Enrique y Sebastián Ezkenazi (YPF y Petersen), Jorge Brito (Banco Macro), Osvaldo Acosta y Gustavo Ferreyra (Electroingeniería), Ángelo Calcaterra (IECSA), Cristiano Ratazzi (Flight Express), Enrique Wagner (Constructora) y muchos más. Hasta tanto ocurra, y de modo transparente, el escepticismo que tanto nos caracteriza seguirá imperando.
Al tope de nuestras preocupaciones están la seguridad y la administración de justicia. Recuerdo que ya en 1130, el Rey Enrique I concedió a los londinenses el derecho a escoger como su propio sheriff y juez a quienes ellos quisieran. Y esa anécdota viene a cuento porque una de las causas de esas preocupaciones es la enorme desconfianza que tenemos sobre la conducta de nuestras policías, funcionarios, fiscales y jueces, muchas veces involucrados en el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero o la exhibición de fortunas inexplicables; pero aún si adoptáramos ese sistema, no debemos olvidar la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo el deber constitucional de ejercer el control del Poder Judicial, y de nombrar y remover a los jueces.
Como sucede con la defensa nacional, tristemente vuelta a poner sobre el tapete a raíz de la inevitable tragedia del submarino “San Juan”, en el terreno de la Justicia también debemos darnos políticas de Estado, con una clara, consistente y, sobre todo, permanente planificación del objetivo al cual queremos llegar. Si no lo hacemos, no tendremos derecho a quejarnos, aunque sigan depredándose nuestros recursos naturales, continúen los movimientos subversivos secesionistas, imperen las más violentas bandas de narcotraficantes y toleremos la inmigración descontrolada.
Cambiando absolutamente de escenario, recuerdo que Karl Marx, citando a Hegel (“los grandes hechos y personajes de la historia se repiten”), agregó que la primera vez lo hacen como tragedia y, la segunda, como comedia. Nicolás Maduro que, imitando a los gerontes cubanos, sumió a su pueblo en el hambre, la miseria y la desesperanza, ahora obliga a los ciudadanos a obtener un “carnet de la Patria”; el nuevo documento resulta indispensable para realizar cualquier tipo de trámite, contar con libretas de racionamiento de comida, acceder a centros médicos y remedios, estudiar en todos los niveles y votar, en un siniestro sistema de control de la ciudadanía. Nada importó, para dictar tamaño disparate, que sus númenes hayan visto fracasar en la isla, uno tras otro, todos los programas económicos que inventaron a contramano del mundo. Así como nos duele en el alma el régimen de terror asesino que se implantó en Cuba a partir de 1956, hoy nos conmueve hasta la médula lo que sucede en Venezuela, que se acerca a una situación igual y muere cada día.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 9, 2017
Tags: Amado Boudou, Claudio Bonadío, Enrique Guillermo Avogadro, Florencia Kirchner, Mauricio Macri, Máximo Kirchner, Napoleón BonaparteRelated Posts
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