En la columna semanal de esta página, publicada a fin de año, bajo el título “UN SOMBRIO FIN Y COMIENZO DE AÑO EN EL MUNDO LESA” advertíamos que el Ministerio de Defensa se aprestaba a tirar por la ventana a todos los militares que tienen condena firme, privándolos no solo de su estatus militar sino también de sus haberes jubilatorios y hasta la de su obra social; habiendo empezado para ese fin de año con un oficial de la Fuerza Área, veterano de guerra de Malvinas.
NO NOS EQUIVOCAMOS.
Este lunes que pasó, el Ministerio de Defensa continuó tirando “milicos” por la ventana y se despachó con la baja de veintitrés (23) oficiales superiores del Ejército Argentino y DICEN QUE EMITIRÁ POR LOS MENOS DOS RESOLUCIONES MAS, CON OTRAS BAJAS, EN LAS PROXIMAS SEMANAS.
De la serena lectura de esta resolución ministerial, no puede dejar de advertirse que parece escrita por un militante de los derechos humanos o un querellante en los juicios “de lesa”, lo que obviamente no cayó bien en los retirados, que hicieron sentir su malestar, tampoco cayó bien en los de actividad; lo que obligó al Ministerio de Defensa a emitir un tuit en la red social X (así se comunican los libertarios) en el cual se “lava las manos” y dice que la decisión obedece a órdenes judiciales.
ESTO NO ES CIERTO. La decisión no obedece a ninguna orden judicial, sino tan solo a un requerimiento de un Fiscal, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que prácticamente exigió la baja de las personas que tienen condena penal firme en las causas llamadas “de lesa”; Fiscal, que dicho sea de paso tiene reconocida militancia K. Si bien es cierto que la mayoría de los tribunales impusieron conjuntamente con la condena penal la inhabilitación absoluta regulada en el art. 19 del Código Penal, en su inciso 4, el cual importa “LA SUSPENSIÓN DEL GOCE DE TODA JUBILACIÓN”, no es menos cierto que estos jamás exigieron su cumplimiento y que la citada norma debe ser interpretada de acuerdo a los estándares constitucionales actuales; RESULTANDO ELLO, EN CONSECUENCIA, COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE CADA CAUSA, NO DE UN MINISTRO.
Nada de esto le importó al Ministerio de Defensa, el cual hizo “saludo uno, saludo dos”, acató la exigencia sin chistar y “chau a los genocidas”, en un claro caso de abuso de autoridad.
La resolución es un verdadero mamarracho jurídico, encima refrendada por el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del Ministerio, quienes deberían volver a la Facultad a estudiar derecho de nuevo, pues como dijimos más arriba el art. 19, en especial el inciso 4, del Código Penal debe ser interpretado de acuerdo a los tratados internacionales y los preceptos de la Constitución Nacional. En efecto, los haberes jubilatorios son un derecho inalienable del ser humano, conforme lo establecen los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y forma parte del derecho a la propiedad conforme lo prescribe el art. 17 de la misma, ello en conjunto con los tratados internacionales que establecen la dignidad de la pena y el art. 107 inc. g) de la Ley 24.660 que establece que el trabajo realizado por el detenido en una cárcel debe respetar la legislación laboral y de seguridad social vigente.
Resulta incoherente que el Estado habilite a un condenado a trabajar en una cárcel, se le pague por ello haciéndosele los descuentos en materia previsional correspondiente y al mismo tiempo se los quite antojadizamente.
EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL ES INVIOLABLE. Ergo, lo dispuesto por el Ministerio de Defensa es claramente una confiscación del haber de retiro.
Más aún, estamos en presencia de personas adultos mayores, en estado de vejez, que requieren no solo sus haberes jubilatorios para su manutención, sino también para atender los graves problemas de salud que padecen, resultando arbitrario que se le “saque” también la Obra Social. Máxime que aportó, de su salario, toda la vida para ello. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores también debe ser respetada por el Estado nacional. Justamente, el Estado nacional debe proteger a las personas que cursan una situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad como son las personas de edad avanzada.
A OJOS VISTA SE VE QUE EL ART. 19 EN SU INCISO 4 HABLA DE LA PERDIDA DE BENEFICIOS GRACIBLES OTORGADAS POR EL ESTADO NO A UN DERECHO ADQUIRIDO CON APORTES PROPIOS DE LA PERSONA.
Ni hablar que la espuria resolución ministerial violenta el principio de intrascendencia de la pena, por la cual la misma no puede afectar a terceros; verificándose a ojos vista una clara afectación a las familias de los afectados en este caso. Como que violenta el principio resocializador de la pena, que NO se concibe como castigo en nuestra Ley, aunque así lo pregonen vengativamente las orgas de los derechos humanos.
Es fácil de apreciar que la asesoría letrada del Ministerio de Defensa pudo emitir en un dictamen de acuerdo a la ley, sin embargo, optó por la comodidad de lo políticamente correcto y violentó las más mínimas garantías constitucionales de sus subordinados. Un verdadero MINISTERIO DE INDEFENSIÓN. NI EL KIRCHNERISMO, EN SUS ÉPOCAS DE ORO, SE ATREVIÓ ADMINISTRATIVAMENTE A TANTO.
No entienden o no quieren entender los libertarios, que Argentina ya cumplió con los mandatos internacionales de sancionar estos casos llamados “de lesa” pues investigó, juzgó y condenó a estos militares, quien cumplen su condena en un penal o en modalidad domiciliaria. Ahora, agregarles la quita de sus haberes jubilatorios y la obra social es añadirle gratuitamente una pena accesoria, que solo busca mortificarlos, vejarlos, humillarlos y que se trasformen en muertos civiles en vida.
AHORA, DEBE QUEDAR BIEN Y MÁS QUE CLARO QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NO SE DESCOLGÓ EN SOLEDAD CON ESTA RESOLUCIÓN, SINO QUE LA MISMA CONTÓ CON EL DEBIDO AVAL DEL PRIMER MANDATARIO. EL MISMO QUE VOCIFERA CONTRA LOS “ZURDOS DE M…., H… DE P….” A QUIENES “LOS VA A IR A BUSCAR” PERO SE “ACHICA”, POR NO SER GROSERO, ANTE LAS ORGAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ANTE UN SIMPLE FISCAL MILITANTE QUE LE HACE “BU”. MUY BRAVUCÓN CON LA IZQUIERDA MUNDIAL PERO CONDESCENDIENTE CON LA IZQUIERDA VERNÁCULA.
El “León” que proclama que vino a realizar la revolución cultural, sigue manteniendo el relato impuesto por las orgas de los derechos humanos y que pregona que vino a combatir a la casta, es en realidad su peor versión. Al igual que a sus antecesores le importa “un bledo” el debido estado de derecho, sino tan solo sus delirantes propios intereses. En síntesis, este gobierno ES MAS DE LO MISMO.
♦
NO NOS EQUIVOCAMOS.
De la serena lectura de esta resolución ministerial, no puede dejar de advertirse que parece escrita por un militante de los derechos humanos o un querellante en los juicios “de lesa”, lo que obviamente no cayó bien en los retirados, que hicieron sentir su malestar, tampoco cayó bien en los de actividad; lo que obligó al Ministerio de Defensa a emitir un tuit en la red social X (así se comunican los libertarios) en el cual se “lava las manos” y dice que la decisión obedece a órdenes judiciales.
ESTO NO ES CIERTO. La decisión no obedece a ninguna orden judicial, sino tan solo a un requerimiento de un Fiscal, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que prácticamente exigió la baja de las personas que tienen condena penal firme en las causas llamadas “de lesa”; Fiscal, que dicho sea de paso tiene reconocida militancia K. Si bien es cierto que la mayoría de los tribunales impusieron conjuntamente con la condena penal la inhabilitación absoluta regulada en el art. 19 del Código Penal, en su inciso 4, el cual importa “LA SUSPENSIÓN DEL GOCE DE TODA JUBILACIÓN”, no es menos cierto que estos jamás exigieron su cumplimiento y que la citada norma debe ser interpretada de acuerdo a los estándares constitucionales actuales; RESULTANDO ELLO, EN CONSECUENCIA, COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE CADA CAUSA, NO DE UN MINISTRO.
La resolución es un verdadero mamarracho jurídico, encima refrendada por el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del Ministerio, quienes deberían volver a la Facultad a estudiar derecho de nuevo, pues como dijimos más arriba el art. 19, en especial el inciso 4, del Código Penal debe ser interpretado de acuerdo a los tratados internacionales y los preceptos de la Constitución Nacional. En efecto, los haberes jubilatorios son un derecho inalienable del ser humano, conforme lo establecen los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y forma parte del derecho a la propiedad conforme lo prescribe el art. 17 de la misma, ello en conjunto con los tratados internacionales que establecen la dignidad de la pena y el art. 107 inc. g) de la Ley 24.660 que establece que el trabajo realizado por el detenido en una cárcel debe respetar la legislación laboral y de seguridad social vigente.
Resulta incoherente que el Estado habilite a un condenado a trabajar en una cárcel, se le pague por ello haciéndosele los descuentos en materia previsional correspondiente y al mismo tiempo se los quite antojadizamente.
EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL ES INVIOLABLE. Ergo, lo dispuesto por el Ministerio de Defensa es claramente una confiscación del haber de retiro.
Más aún, estamos en presencia de personas adultos mayores, en estado de vejez, que requieren no solo sus haberes jubilatorios para su manutención, sino también para atender los graves problemas de salud que padecen, resultando arbitrario que se le “saque” también la Obra Social. Máxime que aportó, de su salario, toda la vida para ello. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores también debe ser respetada por el Estado nacional. Justamente, el Estado nacional debe proteger a las personas que cursan una situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad como son las personas de edad avanzada.
A OJOS VISTA SE VE QUE EL ART. 19 EN SU INCISO 4 HABLA DE LA PERDIDA DE BENEFICIOS GRACIBLES OTORGADAS POR EL ESTADO NO A UN DERECHO ADQUIRIDO CON APORTES PROPIOS DE LA PERSONA.
Ni hablar que la espuria resolución ministerial violenta el principio de intrascendencia de la pena, por la cual la misma no puede afectar a terceros; verificándose a ojos vista una clara afectación a las familias de los afectados en este caso. Como que violenta el principio resocializador de la pena, que NO se concibe como castigo en nuestra Ley, aunque así lo pregonen vengativamente las orgas de los derechos humanos.
Es fácil de apreciar que la asesoría letrada del Ministerio de Defensa pudo emitir en un dictamen de acuerdo a la ley, sin embargo, optó por la comodidad de lo políticamente correcto y violentó las más mínimas garantías constitucionales de sus subordinados. Un verdadero MINISTERIO DE INDEFENSIÓN. NI EL KIRCHNERISMO, EN SUS ÉPOCAS DE ORO, SE ATREVIÓ ADMINISTRATIVAMENTE A TANTO.
AHORA, DEBE QUEDAR BIEN Y MÁS QUE CLARO QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NO SE DESCOLGÓ EN SOLEDAD CON ESTA RESOLUCIÓN, SINO QUE LA MISMA CONTÓ CON EL DEBIDO AVAL DEL PRIMER MANDATARIO. EL MISMO QUE VOCIFERA CONTRA LOS “ZURDOS DE M…., H… DE P….” A QUIENES “LOS VA A IR A BUSCAR” PERO SE “ACHICA”, POR NO SER GROSERO, ANTE LAS ORGAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ANTE UN SIMPLE FISCAL MILITANTE QUE LE HACE “BU”. MUY BRAVUCÓN CON LA IZQUIERDA MUNDIAL PERO CONDESCENDIENTE CON LA IZQUIERDA VERNÁCULA.
El “León” que proclama que vino a realizar la revolución cultural, sigue manteniendo el relato impuesto por las orgas de los derechos humanos y que pregona que vino a combatir a la casta, es en realidad su peor versión. Al igual que a sus antecesores le importa “un bledo” el debido estado de derecho, sino tan solo sus delirantes propios intereses. En síntesis, este gobierno ES MAS DE LO MISMO.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 2, 2025
Tags: Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Horacio Verbitsky, Javier Milei, Luis Petri, Mario Montoto, Néstor Carlos Kirchner, Victoria VillarruelRelated Posts
ESCENARIOS INCENDIADOS
♦ por Enrique Guillermo Avogadro. No vale la pena [...]
¡O TEMPORA…O MORES!” (1)
♦ Por Grl Heriberto Justo Auel Mayo de [...]
RESCATANDO AL JUEZ “PRESUNTAMENTE” CORRUPTO, MARCELO BAILAQUE
♦ Por Claudio Kussman. Uno de los lemas [...]