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El presidente de Argentina, Javier Milei, está preparando un plan B por si la controvertida ‘ley ómnibus’, que busca establecer cambios en materia económica, tributaria, electoral, laboral, penal y energética, se atasca en el Congreso. Según el medio, si el paquete legislativo se estanca en el Congreso, el Gobierno contempla emitir un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o convocar a un referéndum.

El oficialismo ha conseguido progresos en las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista, al tiempo que ha tenido que hacer una serie de concesiones y modificaciones al texto original. Sin embargo, desde La Libertad Avanza, el partido del mandatario, indican que aún faltan aspectos por definir y que se requiere evaluar ajustes adicionales. Así, un funcionario aseveró que las conversaciones con los diferentes bloques continuarán hasta el martes. “Nos pusimos de acuerdo en mucho, pero no está todo”, destacó.

Entre otras cosas, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente deben decidir cómo se van a ajustar las pensiones jubilatorias: si se usarán los índices de inflación para incrementarlas o si seguirán con la fórmula actual. Si no se llega a un acuerdo sobre una nueva fórmula para aumentar las jubilaciones, el Gobierno planea responsabilizar a los legisladores que no apoyen su propuesta de hacerlo por decreto.

“Lo que tenemos hasta el momento representa una gran pérdida para los jubilados y en ningún momento les significó una mejora ante la inflación. Si no quieren modificarlo, que se hagan cargo”, afirmó un funcionario. 

A día de hoy, aún no hay un texto final de la ‘ley ómnibus’ y queda por definir la versión final del anteproyecto para que sea sometido a la votación en la Cámara baja del Congreso. “Esto es largo. Cerramos lo principal, tenemos los números para la ley, pero sigue faltando una negociación para otros puntos. Recién el martes lo vamos a tener claro”, comentó uno de los negociadores. 

Recientemente, se supo que la ley sería tratada por la Cámara de Diputados el próximo jueves, un día después del paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores para el 24 de enero. 

Ya ha sido cambiado uno de los puntos más controvertidos del documento que establecía la declaración de “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, la mitad del mandato de Milei, con posibilidad de prorrogarla por dos años más, lo que abarcaría la totalidad de su gestión.

Durante su comparecencia en las comisiones que analizan la ‘ley ómnibus’, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, garantizó que el plazo de la “emergencia” se reducirá solo a un año, cambio que la oposición considera insuficiente.

La ‘ley ómnibus’, junto con el DNU que desregula la economía del país en el marco de su plan del ajuste, constituyen elementos clave del Gobierno de Milei para cumplir lo prometido en su programa libertario durante su campaña electoral.