Desde que asumió el nuevo gobierno, el Boletín Oficial 12 (Diario Página 12), se ha dedicado sistemáticamente a publicar notas sobre un reclamo de incumplimiento de promesas que habría hecho la dupla presidencial en busca de impunidad para los que ellos llaman “represores” o “genocidas”, que en realidad son imputados o condenados en juicios llamados de lesa humanidad; por parte de abogados defensores y personas vinculadas a la familia militar.
Ya sabemos la clara posición ideológica de quienes escriben en ese y otros medios. Mientras reclaman “juicio y castigo para militares, policías, fuerzas de seguridad y civiles”, suplican la libertad e indulto de Milagros Sala”, o “llaman lawfare a los casos de corrupción más graves de la historia política argentina” o siguen insistiendo con la “mentira” del caso “Maldonado”. Está claro que para estos “muchaches” al amigo todo, al enemigo ni Justicia.
Desde esta humilde columna que tan gentilmente publica esta página Prisionero en Argentina, no se reclama impunidad sino legalidad. Quien escribe lo viene haciendo desde hace tiempo, no de ahora. Este año se cumplirán veinte (20) años en el ejercicio del magisterio de la defensa de militares, policías, gendarmes y civiles en estos juicios de lesa. Siempre fui coherente con mis pensamientos y expresiones.
En absoluto me ha importado que gobierno esté de turno, son absolutamente pasajeros. Si, me importa el pleno respeto del estado de derecho en nuestro país. Así lo vengo reclamando por casi dos décadas, sea a través de un artículo o de los alegatos efectuados en los juicios orales en los me que ha tocado intervenir.
Jamás tuve ni tengo contacto con político alguno. Jamás pedí ni mendigare audiencia o ser recibido por alguno de ellos. Nunca, ninguno -por lo menos a quien escribe- le prometió algo, que dicho sea paso si lo hubiesen hecho no les hubiese creído. Mis expresiones son claras, no me quejo, expongo los hechos. Ellas solo buscan que algún gobierno, independientemente de su color político, tenga la valentía de poner punto final a esta ignominia.
Con gusto les puedo demostrar las aberraciones jurídicas -las cuales son tantas que me llevaría muchos artículos exponerlas- que se cometen en esos juicios, con video y documentación incluida. Pero, indudablemente no aceptan ni quieren escuchar la verdad.
Así, no desvirtúen las cosas ni mal informen. EL ÚNICO FIN QUE SE BUSCA, REITERO UNA VEZ MÁS (A VER SI LA ENTIENDEN), ES QUE SE RESPETEN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DE CUALQUIER CIUDADANO, INCLUIDOS LOS QUE LLAMAN MALINTENCIONADAMENTE GENOCIDAS O REPRESORES. Tal como lo expresó nuestra Suprema Corte, en el antecedente “Alespeiti”, que expone las espurias mentiras que vierten los organismos de derechos humanos al respecto: “Que, finalmente, en línea con lo expresado, cabe poner de manifiesto que la existencia de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino para garantizar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones perpetradas a los derechos humanos, cuya rigurosa observancia no se pone en tela de juicio, debe ser cumplida por los tribunales argentinos sin vulnerar los principios constitucionales de legalidad y debido proceso invocados precedentemente, cuyo incumplimiento también puede acarrear responsabilidad internacional. Los derechos y garantías constitucionales y legales han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes”.
Este es justamente el espíritu que guía las expresiones de quien escribe estas líneas.
Contrariamente a ello, estos periodistas militantes, cegados por su clara ideología, han inventado una categoría de imputados o condenados por las cuales, totalmente fuera de la ley, no tienen derechos ni garantías. Para esta categoría (los de lesa) solo conciben la condena, la cual debe ser perpetua y su fin el castigo, sin ningún otro beneficio (que la ley les acuerda claramente) más que la cárcel común. Para el resto de la sociedad la pena es resocializadora, hay detenciones domiciliarias, excarcelaciones, límites a la duración de la prisión preventiva, libertades condicionales por cumplimiento de 2/3 de la condena y hasta la aplicación irretroactiva de la ley penal.
Bajo estruendosos motes de “genocidas” o “represores” arrasan con la Constitución Nacional y los Códigos de Procedimientos. Anteponen su sectaria doctrina a la razón. Todo avalado por la cobarde complicidad de jueces y políticos, que desean seguir cobrando sus jugosos sueldos en la tranquilidad de NO tener que “aguantar” a los “cuatro que marchan ruidosamente siempre”.
Por supuesto que se debe “terminar con estos infames juicios de lesa”, el pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales y legales así lo imponen. Mal que les pese, el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que “todos los habitantes de este país son iguales ante la ley”, por lo que la Ley les es aplicable indefectiblemente sea militar, policía, ex funcionario K, dirigente social o mapuche. El espurio mote “de lesa” para justificar las arbitrariedades, es tan solo un invento de los derechos humanos para justificar sus atropellos legales.
Por ello escribo. No protesto, no me quejo, ni reclamo nada. No hay otro motivo más que de tratar humildemente de llevar algo de luz ante tanta oscuridad, para conocimiento de la sociedad.
Sera que ello es lo que tanto les molesta y por ellos sus continuas insidiosas difusiones al respecto. Sobre el particular no puedo dejar de mencionar que exigen respeto, pero consienten los agravios, insultos y hasta intimaciones que escriben sus lectores, incluido un amenazante: “Hasta que algún grupo de organización popular decida ponerles bozal, ese que es para toda la eternidad”. Seguramente tienen todos mis datos, sino los pueden obtener de sus fiscales militantes o sus amigos querellantes. Aquí los espero. Como dijo el gran Sarmiento “traigo los puños llenos de verdades”.
Seguiré aunque les irrite, así lo tenga que hacer parado en el banco de una plaza. Preparen más notas, se cansarán de escribir, aún tengo nafta para rato.
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Desde que asumió el nuevo gobierno, el Boletín Oficial 12 (Diario Página 12), se ha dedicado sistemáticamente a publicar notas sobre un reclamo de incumplimiento de promesas que habría hecho la dupla presidencial en busca de impunidad para los que ellos llaman “represores” o “genocidas”, que en realidad son imputados o condenados en juicios llamados de lesa humanidad; por parte de abogados defensores y personas vinculadas a la familia militar.
Ya sabemos la clara posición ideológica de quienes escriben en ese y otros medios. Mientras reclaman “juicio y castigo para militares, policías, fuerzas de seguridad y civiles”, suplican la libertad e indulto de Milagros Sala”, o “llaman lawfare a los casos de corrupción más graves de la historia política argentina” o siguen insistiendo con la “mentira” del caso “Maldonado”. Está claro que para estos “muchaches” al amigo todo, al enemigo ni Justicia.
Desde esta humilde columna que tan gentilmente publica esta página Prisionero en Argentina, no se reclama impunidad sino legalidad. Quien escribe lo viene haciendo desde hace tiempo, no de ahora. Este año se cumplirán veinte (20) años en el ejercicio del magisterio de la defensa de militares, policías, gendarmes y civiles en estos juicios de lesa. Siempre fui coherente con mis pensamientos y expresiones.
En absoluto me ha importado que gobierno esté de turno, son absolutamente pasajeros. Si, me importa el pleno respeto del estado de derecho en nuestro país. Así lo vengo reclamando por casi dos décadas, sea a través de un artículo o de los alegatos efectuados en los juicios orales en los me que ha tocado intervenir.
Jamás tuve ni tengo contacto con político alguno. Jamás pedí ni mendigare audiencia o ser recibido por alguno de ellos. Nunca, ninguno -por lo menos a quien escribe- le prometió algo, que dicho sea paso si lo hubiesen hecho no les hubiese creído. Mis expresiones son claras, no me quejo, expongo los hechos. Ellas solo buscan que algún gobierno, independientemente de su color político, tenga la valentía de poner punto final a esta ignominia.
Así, no desvirtúen las cosas ni mal informen. EL ÚNICO FIN QUE SE BUSCA, REITERO UNA VEZ MÁS (A VER SI LA ENTIENDEN), ES QUE SE RESPETEN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DE CUALQUIER CIUDADANO, INCLUIDOS LOS QUE LLAMAN MALINTENCIONADAMENTE GENOCIDAS O REPRESORES. Tal como lo expresó nuestra Suprema Corte, en el antecedente “Alespeiti”, que expone las espurias mentiras que vierten los organismos de derechos humanos al respecto: “Que, finalmente, en línea con lo expresado, cabe poner de manifiesto que la existencia de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino para garantizar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones perpetradas a los derechos humanos, cuya rigurosa observancia no se pone en tela de juicio, debe ser cumplida por los tribunales argentinos sin vulnerar los principios constitucionales de legalidad y debido proceso invocados precedentemente, cuyo incumplimiento también puede acarrear responsabilidad internacional. Los derechos y garantías constitucionales y legales han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes”.
Este es justamente el espíritu que guía las expresiones de quien escribe estas líneas.
Contrariamente a ello, estos periodistas militantes, cegados por su clara ideología, han inventado una categoría de imputados o condenados por las cuales, totalmente fuera de la ley, no tienen derechos ni garantías. Para esta categoría (los de lesa) solo conciben la condena, la cual debe ser perpetua y su fin el castigo, sin ningún otro beneficio (que la ley les acuerda claramente) más que la cárcel común. Para el resto de la sociedad la pena es resocializadora, hay detenciones domiciliarias, excarcelaciones, límites a la duración de la prisión preventiva, libertades condicionales por cumplimiento de 2/3 de la condena y hasta la aplicación irretroactiva de la ley penal.
Bajo estruendosos motes de “genocidas” o “represores” arrasan con la Constitución Nacional y los Códigos de Procedimientos. Anteponen su sectaria doctrina a la razón. Todo avalado por la cobarde complicidad de jueces y políticos, que desean seguir cobrando sus jugosos sueldos en la tranquilidad de NO tener que “aguantar” a los “cuatro que
marchan ruidosamente siempre”.
Por supuesto que se debe “terminar con estos infames juicios de lesa”, el pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales y legales así lo imponen. Mal que les pese, el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que “todos los habitantes de este país son iguales ante la ley”, por lo que la Ley les es aplicable indefectiblemente sea militar, policía, ex funcionario K, dirigente social o mapuche. El espurio mote “de lesa” para justificar las arbitrariedades, es tan solo un invento de los derechos humanos para justificar sus atropellos legales.
Por ello escribo. No protesto, no me quejo, ni reclamo nada. No hay otro motivo más que de tratar humildemente de llevar algo de luz ante tanta oscuridad, para conocimiento de la sociedad.
Sera que ello es lo que tanto les molesta y por ellos sus continuas insidiosas difusiones al respecto. Sobre el particular no puedo dejar de mencionar que exigen respeto, pero consienten los agravios, insultos y hasta intimaciones que escriben sus lectores, incluido un amenazante: “Hasta que algún grupo de organización popular decida ponerles bozal, ese que es para toda la eternidad”. Seguramente tienen todos mis datos, sino los pueden obtener de sus fiscales militantes o sus amigos querellantes. Aquí los espero. Como dijo el gran Sarmiento “traigo los puños llenos de verdades”.
Seguiré aunque les irrite, así lo tenga que hacer parado en el banco de una plaza. Preparen más notas, se cansarán de escribir, aún tengo nafta para rato.
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Enero 14, 2024
Tags: Corrupción en Bahía Blanca, Gonzalo MiñoRelated Posts
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