Garré, como peronista, debería cuanto menos tomar en cuenta el conocido texto de Perón, a la sazón presidente de la Nación, cuando tras el intento de toma del cuartel de Azul, en enero de 1974, propuso que “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”.
El pensar diversamente y poder expresarlo se nos presenta como uno de los más elementales derechos. Y de más sencillo cumplimiento y satisfacción. Ha de ser por eso que el proyecto de ley presentado por Nilda Garré no puede sino parecernos desopilante.
La diputada kirchnerista pretende que quienes no piensan como ella acerca de la dictadura militar, reciban pena de prisión y multas. El texto propuesto por la diputada dice que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad”.
Existe también otro proyecto, esta vez presentado por Cecilia Moreau, hija del radical Leopoldo Moreau, en cuyo texto se propone que se considere “atentado contra el orden constitucional y la vida democrática el delito de aprobación, justificación, reivindicación o negación de la existencia de un delito de lesa humanidad”.
Ambos proyectos aparecen a pocos días del debate que se generó a raíz de las declaraciones de Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, acerca de los setenta, en las que negó la existencia de 30.000 desaparecidos y rechazó la calificación de “genocidio” para nombrar la represión de esos años. Para zanjar el ominoso debate sobre esos años sangrientos, aparecen estos proyectos de ley.
Garré, como peronista, debería cuanto menos tomar en cuenta el conocido texto de Perón, a la sazón presidente de la Nación, cuando tras el intento de toma del cuartel de Azul, en enero de 1974, propuso que “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”. El general estaba muy ofuscado porque él había regresado al país tras 18 años de proscripción y había ganado la presidencia con el 62% de los votos. Este hecho significaba la reconquista de la democracia y, en consecuencia, suponía el completo cese del terrorismo guerrillero contra el estado. Pero eso no ocurrió.
Garré debería proponer, entonces, que Perón sea borrado de la historia del peronismo en tanto fue quien propuso una dura represión al terrorismo de izquierda. Debería proponer que se descuelguen sus cuadros de todas las unidades básicas y locales partidarios. Veremos cómo le va cuando lleve a cabo esta idea.
Ya existen leyes que condenan la apología del delito pero ellas no dejan satisfechas a Garré y Moreau. Las diputadas no aceptan que se discuta el número de desaparecidos pues indicar una cifra menor a los 30.000 supone una subestimación de la represión y, de un modo tácito, un apoyo y elogio a la dictadura militar.
Durante los años de la “revolución cultural” en China, se intentó cambiar de un día para otro las normas de tránsito. No era razonable, decían, que el color rojo de los semáforos significara detenerse pues se trata de un color identificado con el comunismo y el comunismo propone avanzar. De igual modo y por razones similares, era preciso circular por la izquierda y no por la derecha. No hace mucho, el filósofo José Pablo Feinmann propuso modificar la bandera nacional y sustituir el sol por el pañuelo blanco que utilizan las madres de Plaza de Mayo. Apenas asumido a la presidencia, trascendió que Raúl Alfonsín rechazó una propuesta de sustituir la guardia tradicional de los granaderos por civiles, como un modo de tomar distancia de los militares, que acababan de abandonar el poder.
Es que, como decía Einstein, “hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo, no estamos seguros”.
Escribe Gonzalo Neidal.
Garré, como peronista, debería cuanto menos tomar en cuenta el conocido texto de Perón, a la sazón presidente de la Nación, cuando tras el intento de toma del cuartel de Azul, en enero de 1974, propuso que “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”.
El pensar diversamente y poder expresarlo se nos presenta como uno de los más elementales derechos. Y de más sencillo cumplimiento y satisfacción. Ha de ser por eso que el proyecto de ley presentado por Nilda Garré no puede sino parecernos desopilante.
La diputada kirchnerista pretende que quienes no piensan como ella acerca de la dictadura militar, reciban pena de prisión y multas. El texto propuesto por la diputada dice que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad”.
Existe también otro proyecto, esta vez presentado por Cecilia Moreau, hija del radical Leopoldo Moreau, en cuyo texto se propone que se considere “atentado contra el orden constitucional y la vida democrática el delito de aprobación, justificación, reivindicación o negación de la existencia de un delito de lesa humanidad”.
Ambos proyectos aparecen a pocos días del debate que se generó a raíz de las declaraciones de Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, acerca de los setenta, en las que negó la existencia de 30.000 desaparecidos y rechazó la calificación de “genocidio” para nombrar la represión de esos años. Para zanjar el ominoso debate sobre esos años sangrientos, aparecen estos proyectos de ley.
Garré, como peronista, debería cuanto menos tomar en cuenta el conocido texto de Perón, a la sazón presidente de la Nación, cuando tras el intento de toma del cuartel de Azul, en enero de 1974, propuso que “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”. El general estaba muy ofuscado porque él había regresado al país tras 18 años de proscripción y había ganado la presidencia con el 62% de los votos. Este hecho significaba la reconquista de la democracia y, en consecuencia, suponía el completo cese del terrorismo guerrillero contra el estado. Pero eso no ocurrió.
Garré debería proponer, entonces, que Perón sea borrado de la historia del peronismo en tanto fue quien propuso una dura represión al terrorismo de izquierda. Debería proponer que se descuelguen sus cuadros de todas las unidades básicas y locales partidarios. Veremos cómo le va cuando lleve a cabo esta idea.
Ya existen leyes que condenan la apología del delito pero ellas no dejan satisfechas a Garré y Moreau. Las diputadas no aceptan que se discuta el número de desaparecidos pues indicar una cifra menor a los 30.000 supone una subestimación de la represión y, de un modo tácito, un apoyo y elogio a la dictadura militar.
Durante los años de la “revolución cultural” en China, se intentó cambiar de un día para otro las normas de tránsito. No era razonable, decían, que el color rojo de los semáforos significara detenerse pues se trata de un color identificado con el comunismo y el comunismo propone avanzar. De igual modo y por razones similares, era preciso circular por la izquierda y no por la derecha. No hace mucho, el filósofo José Pablo Feinmann propuso modificar la bandera nacional y sustituir el sol por el pañuelo blanco que utilizan las madres de Plaza de Mayo. Apenas asumido a la presidencia, trascendió que Raúl Alfonsín rechazó una propuesta de sustituir la guardia tradicional de los granaderos por civiles, como un modo de tomar distancia de los militares, que acababan de abandonar el poder.
Es que, como decía Einstein, “hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo, no estamos seguros”.
Fuente y colaboración: Mauricio Ortín
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 13, 2017
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