Nuestra dirigencia política se ha desarrollado con una vocación de ilegalidad constante.
Cuando era joven, era corriente saber que los cuarteles eran frecuentados por dirigentes políticos que consideraban necesario el “golpe de estado”. O éramos invitados a reuniones muy “coquetas” donde se producía un acercamiento personal. Para ello nos alababan con hermosas palabras y más que todo, describían terribles desgracias que podían suceder a nuestro país si no aceptábamos que había que derrocar al gobierno. Y leves insinuaciones a nuestra falta de valor cuando manifestábamos nuestro desacuerdo. Por supuesto no se necesita ser hombre de derecho para percibir que estaban proponiendo una ilegalidad. Pero ilegalidad existe cuando se hace y no cuando se habla.
Como nunca fui un militar importante, tuve la suerte que salvo en tertulias amigables donde se expresaban opiniones que definían una mirada de simpatía hacia el golpe de estado, no veía más.
Gracias a Dios. Para “tocar” a algún militar, lo normal era de jefe de unidad (teniente coronel o coronel, cuando no algún general). Yo hablo cuando era subteniente y hasta capitán.
Mi obsesión era el trato con mis subalternos, entre los cuales existía una gran cantidad que eran soldados. Y estoy seguro, que a través de ello aprendí lo que es mi pueblo. Anualmente conocía entre 150 a 200 soldados, y más profundamente hasta teniente a unos 50. Y en ellos veía una pintura de lo que es nuestro pueblo. Y aprendí a amarlo. ¡Cuántos diálogos sostuve con ellos que me enseñaron cosas! Y conste que no era un superior que saliera del reglamento.
Mi teoría era que, con mis subalternos, el reglamento, pero con sentido humano. Para mis superiores, el reglamento que no solo me obligaba, sino que me defendía. Para el militar en la paz, el reglamento es la ley militar. No está escrito en broma ni para que se lo burle. Está para ser cumplido.
Nuestra dirigencia política noto, se educó con otras normas. Le ley es algo formal. La cumplimos si nos conviene. Si no la burlamos. Y si así no se logra nada, se la viola, eso sí con un racimo de argumentos ideológicos donde la democracia, la libertad, la dignidad y otras yerbas son manoseadas con hermosas palabras.
Los tiempos cambian. Y con ello los “caballitos de batalla”. Las hermosas palabras están de moda o cambian con otras nuevas más sensibles para la población. Hoy el culpar a los derechos humanos, de toda la ilegalidad que late dentro de ellos.
Dentro de este marco, se ha puesto de moda la frase: “política de estado”. ¿Qué es eso? Si bien no hay una definición indiscutible, podemos intuir que apunta a evitar los enfoques divergentes de sectores políticos que confrontan violentamente contra otros. Y si vamos a la expresión ideológica es muy bueno.
Argentina es un país fracturado, con una dirigencia política incapaz de buscar un sentir común como nación. Entonces se mantiene un quiebre permanente de su frente interno. Basta ver en economía la lucha entre “los capitalistas” y los “nacionalistas” (que desarrollaría en otra oportunidad). Esto conlleva que, por la vía democrática, los gobiernos cambian y sea una línea u otra necesita tirar abajo lo que hizo el otro. ¿Y la población que decide por el voto? Ante las dos líneas que hacen un buen “marketing”, la ciudadanía parece que alternativamente les da oportunidad para que encontremos el país deseado. Pero si observamos las expresiones de su voto, interpreto que se inclinan más a las ideas “nacionalistas” que a las “capitalistas”. Pero ambas albergan aspectos muy negativos, en los cuales la corrupción quiebra toda esperanza.
Los “capitalistas” sueñan con las inversiones extranjeras y se baja los pantalones ante el “capitalismo salvaje” cambiando soberanía por una “feliz dependencia”. Los “nacionalistas” es un amplio abanico va desde la idea de crear su propio capitalismo hasta el que quiere hacer la guerra mundial contra el capitalismo internacional. Son miradas muy diferentes. Cada una de estas busca el poder. Y si es diferente de la línea gubernamental que se va, cambia en 180ª todo lo que se ha hecho en el país. Luego una política de estado parece ayudar a evitar los cambios bruscos que al final sea para un lado o para el otro, perjudica a la población. Nuestra Argentina vive en el cambio, y nuestra población (que es lo más importante que tiene una nación) es golpeada por los efectos que no son motivos de preocupación real (es decir de hechos) de nuestra dirigencia. Cada uno cautiva con sus palabras y actúa pensando más en cómo convertir su cargo gubernamental en una tarea laboral cómoda y rendidora. Y esto se agrava con la tendencia al caudillismo que ha desvirtuado la vida de los partidos políticos. Todo esto transforma a la política de estado en algo no solo positivo sino necesario.
Pero nuestra dirigencia, vocacionalmente ilegalista, quizás por haragana o por usarla a su albedrío, no quiere legislar sobre esto.
Hay que notar que, en un país, las normas de juego son imprescindibles para convivir e incluso para desarrollarse. Y las normas de juegos son las leyes.
Si fuera yo, propondría una ley sobre política de estado que diga que hay que cumplir las leyes y modificarlas dentro de las normas que se establecen para modificarlas. Esa podría ser una buena política de estado.
Pero el problema básico es establecer como se da forma a “una política de estado”. Parecería obvio que hay que legislar sobre esto.
El primer problema es ubicarla en el marco legal. Una política de estado debería ser superior a las leyes. Porque si es igual no es necesaria. Debe ser inferior a la constitución, salvo que se modifique ésta.
En nuestro país hay dos niveles legales: La constitución nacional y las leyes que se deben fundamentar en la constitución nacional. Una ley referida a la política de estado” debería ser superior al mecanismo legislativo para sacar una ley. ¿Por qué? Porque si no una ley modifica otra, y la política de estado puede cambiar según las mayorías, que normalmente son cambiantes. Entonces no hagamos una política de estado, dejamos la ley y basta.
Otra solución es convocar a una constituyente y dentro de la constitución establecer como se establece una política de estado que garantice su continuidad a pesar de cambiar los gobiernos, y también cómo puede ser cambiada, sin necesidad que se convoque a una nueva constituyente. Por ejemplo, imponer que debe ser una ley que debe contar con el 80% de los votos y sea aprobada por un referéndum vinculante. Tanto para ponerla en vigencia como para cambiarla.
Nuestra dirigencia pretende omitir “este detalle”. Y por lo tanto el Dr. Lorenzetti puede establecer una política de estado, o el Dr. Kunkel o mi tía si se le ocurre. No hay norma que limite establecer una política de estado. Puede darle vigencia algún buen periodista con “plafón” sea Víctor Hugo, o Asís, o Laje, o en un programa de debate político periodístico.
En consecuencia, los presos políticos hasta ahora no estamos afectados por ninguna “política de estado” que no tiene vigencia en nuestro andamiaje legal. Solamente estamos sometidos al Poder de la Corte Suprema de Justicia, que, en vez de establecer jurisprudencia sobre su conducta anticonstitucional e ilegal, prefiere asombrarnos por una “política de estado” carente de vigencia en nuestro país, dictada (al modo de una dictadura) por el Dr. Lorenzetti con sus amigos.
Escribe Carlos Españadero.
Nuestra dirigencia política se ha desarrollado con una vocación de ilegalidad constante.
Cuando era joven, era corriente saber que los cuarteles eran frecuentados por dirigentes políticos que consideraban necesario el “golpe de estado”. O éramos invitados a reuniones muy “coquetas” donde se producía un acercamiento personal. Para ello nos alababan con hermosas palabras y más que todo, describían terribles desgracias que podían suceder a nuestro país si no aceptábamos que había que derrocar al gobierno. Y leves insinuaciones a nuestra falta de valor cuando manifestábamos nuestro desacuerdo. Por supuesto no se necesita ser hombre de derecho para percibir que estaban proponiendo una ilegalidad. Pero ilegalidad existe cuando se hace y no cuando se habla.
Como nunca fui un militar importante, tuve la suerte que salvo en tertulias amigables donde se expresaban opiniones que definían una mirada de simpatía hacia el golpe de estado, no veía más.
Gracias a Dios. Para “tocar” a algún militar, lo normal era de jefe de unidad (teniente coronel o coronel, cuando no algún general). Yo hablo cuando era subteniente y hasta capitán.
Mi obsesión era el trato con mis subalternos, entre los cuales existía una gran cantidad que eran soldados. Y estoy seguro, que a través de ello aprendí lo que es mi pueblo. Anualmente conocía entre 150 a 200 soldados, y más profundamente hasta teniente a unos 50. Y en ellos veía una pintura de lo que es nuestro pueblo. Y aprendí a amarlo. ¡Cuántos diálogos sostuve con ellos que me enseñaron cosas! Y conste que no era un superior que saliera del reglamento.
Mi teoría era que, con mis subalternos, el reglamento, pero con sentido humano. Para mis superiores, el reglamento que no solo me obligaba, sino que me defendía. Para el militar en la paz, el reglamento es la ley militar. No está escrito en broma ni para que se lo burle. Está para ser cumplido.
Nuestra dirigencia política noto, se educó con otras normas. Le ley es algo formal. La cumplimos si nos conviene. Si no la burlamos. Y si así no se logra nada, se la viola, eso sí con un racimo de argumentos ideológicos donde la democracia, la libertad, la dignidad y otras yerbas son manoseadas con hermosas palabras.
Los tiempos cambian. Y con ello los “caballitos de batalla”. Las hermosas palabras están de moda o cambian con otras nuevas más sensibles para la población. Hoy el culpar a los derechos humanos, de toda la ilegalidad que late dentro de ellos.
Dentro de este marco, se ha puesto de moda la frase: “política de estado”. ¿Qué es eso? Si bien no hay una definición indiscutible, podemos intuir que apunta a evitar los enfoques divergentes de sectores políticos que confrontan violentamente contra otros. Y si vamos a la expresión ideológica es muy bueno.
Argentina es un país fracturado, con una dirigencia política incapaz de buscar un sentir común como nación. Entonces se mantiene un quiebre permanente de su frente interno. Basta ver en economía la lucha entre “los capitalistas” y los “nacionalistas” (que desarrollaría en otra oportunidad). Esto conlleva que, por la vía democrática, los gobiernos cambian y sea una línea u otra necesita tirar abajo lo que hizo el otro. ¿Y la población que decide por el voto? Ante las dos líneas que hacen un buen “marketing”, la ciudadanía parece que alternativamente les da oportunidad para que encontremos el país deseado. Pero si observamos las expresiones de su voto, interpreto que se inclinan más a las ideas “nacionalistas” que a las “capitalistas”. Pero ambas albergan aspectos muy negativos, en los cuales la corrupción quiebra toda esperanza.
Los “capitalistas” sueñan con las inversiones extranjeras y se baja los pantalones ante el “capitalismo salvaje” cambiando soberanía por una “feliz dependencia”. Los “nacionalistas” es un amplio abanico va desde la idea de crear su propio capitalismo hasta el que quiere hacer la guerra mundial contra el capitalismo internacional. Son miradas muy diferentes. Cada una de estas busca el poder. Y si es diferente de la línea gubernamental que se va, cambia en 180ª todo lo que se ha hecho en el país. Luego una política de estado parece ayudar a evitar los cambios bruscos que al final sea para un lado o para el otro, perjudica a la población. Nuestra Argentina vive en el cambio, y nuestra población (que es lo más importante que tiene una nación) es golpeada por los efectos que no son motivos de preocupación real (es decir de hechos) de nuestra dirigencia. Cada uno cautiva con sus palabras y actúa pensando más en cómo convertir su cargo gubernamental en una tarea laboral cómoda y rendidora. Y esto se agrava con la tendencia al caudillismo que ha desvirtuado la vida de los partidos políticos. Todo esto transforma a la política de estado en algo no solo positivo sino necesario.
Pero nuestra dirigencia, vocacionalmente ilegalista, quizás por haragana o por usarla a su albedrío, no quiere legislar sobre esto.
Hay que notar que, en un país, las normas de juego son imprescindibles para convivir e incluso para desarrollarse. Y las normas de juegos son las leyes.
Si fuera yo, propondría una ley sobre política de estado que diga que hay que cumplir las leyes y modificarlas dentro de las normas que se establecen para modificarlas. Esa podría ser una buena política de estado.
Pero el problema básico es establecer como se da forma a “una política de estado”. Parecería obvio que hay que legislar sobre esto.
El primer problema es ubicarla en el marco legal. Una política de estado debería ser superior a las leyes. Porque si es igual no es necesaria. Debe ser inferior a la constitución, salvo que se modifique ésta.
En nuestro país hay dos niveles legales: La constitución nacional y las leyes que se deben fundamentar en la constitución nacional. Una ley referida a la política de estado” debería ser superior al mecanismo legislativo para sacar una ley. ¿Por qué? Porque si no una ley modifica otra, y la política de estado puede cambiar según las mayorías, que normalmente son cambiantes. Entonces no hagamos una política de estado, dejamos la ley y basta.
Otra solución es convocar a una constituyente y dentro de la constitución establecer como se establece una política de estado que garantice su continuidad a pesar de cambiar los gobiernos, y también cómo puede ser cambiada, sin necesidad que se convoque a una nueva constituyente. Por ejemplo, imponer que debe ser una ley que debe contar con el 80% de los votos y sea aprobada por un referéndum vinculante. Tanto para ponerla en vigencia como para cambiarla.
Nuestra dirigencia pretende omitir “este detalle”. Y por lo tanto el Dr. Lorenzetti puede establecer una política de estado, o el Dr. Kunkel o mi tía si se le ocurre. No hay norma que limite establecer una política de estado. Puede darle vigencia algún buen periodista con “plafón” sea Víctor Hugo, o Asís, o Laje, o en un programa de debate político periodístico.
En consecuencia, los presos políticos hasta ahora no estamos afectados por ninguna “política de estado” que no tiene vigencia en nuestro andamiaje legal. Solamente estamos sometidos al Poder de la Corte Suprema de Justicia, que, en vez de establecer jurisprudencia sobre su conducta anticonstitucional e ilegal, prefiere asombrarnos por una “política de estado” carente de vigencia en nuestro país, dictada (al modo de una dictadura) por el Dr. Lorenzetti con sus amigos.
Carlos Españadero
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 16, 2017
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