El proyecto de reforma del rol de las Fuerzas Armadas Argentinas tiene sus bemoles. Al respecto, hay que decir que en la década del ’70 y por orden del gobierno constitucional de entonces, las FF.AA. cumplieron la misión encomendada de “aniquilar” la agresión terrorista. El gobierno de María Martínez de Perón puso como justificativo el que las fuerzas policiales habían sido desbordadas por la magnitud del ataque subversivo. El decreto, además, ordenaba que las Fuerzas de Seguridad (nacionales y provinciales) más el Servicio Penitenciario quedaban bajo el mando de las FF.AA. Dicha orden se dio bajo el supuesto de que los hombres que desarrollarían las acciones estaban cubiertos por el Código de Justicia Militar y los jueces castrenses. Así debió ser, pero no fue. Pues, en una clara violación de la Constitución Nacional y de los principios universales del derecho, se juzgó a los que participaron en la represión del terrorismo con la justicia federal ordinaria.
Los políticos enviaron a los militares a matar y luego condenaron por haber matado. Después de cuarenta años, ¿se repetirá la historia? ¿Quién les garantiza a los militares que en esta ocasión no serán nuevamente traicionados por los políticos y que el código de justicia militar será el que evalué las acciones bélicas? La palabra del presidente Macri, del gobierno todo y de la oposición en este caso, no vale NADA. Y ello porque el gobierno de Macri actualmente avala los “juicios de lesa humanidad” en los que jueces civiles, inconstitucionalmente, juzgan a los militares que intervinieron en los hechos de guerra de los años ’70. Pero no sólo avala sino que, además, Macri, por intermedio de la Sec. de DD.HH. de la Nación, se constituye en querellante de los acusados. ¿Quién garantiza que el abatimiento de un terrorista no será visto como crimen de lesa humanidad? ¿Acaso, el que hoy querella militares?
El proyecto de reforma del rol de las Fuerzas Armadas Argentinas tiene sus bemoles. Al respecto, hay que decir que en la década del ’70 y por orden del gobierno constitucional de entonces, las FF.AA. cumplieron la misión encomendada de “aniquilar” la agresión terrorista. El gobierno de María Martínez de Perón puso como justificativo el que las fuerzas policiales habían sido desbordadas por la magnitud del ataque subversivo. El decreto, además, ordenaba que las Fuerzas de Seguridad (nacionales y provinciales) más el Servicio Penitenciario quedaban bajo el mando de las FF.AA. Dicha orden se dio bajo el supuesto de que los hombres que desarrollarían las acciones estaban cubiertos por el Código de Justicia Militar y los jueces castrenses. Así debió ser, pero no fue. Pues, en una clara violación de la Constitución Nacional y de los principios universales del derecho, se juzgó a los que participaron en la represión del terrorismo con la justicia federal ordinaria.
Los políticos enviaron a los militares a matar y luego condenaron por haber matado. Después de cuarenta años, ¿se repetirá la historia? ¿Quién les garantiza a los militares que en esta ocasión no serán nuevamente traicionados por los políticos y que el código de justicia militar será el que evalué las acciones bélicas? La palabra del presidente Macri, del gobierno todo y de la oposición en este caso, no vale NADA. Y ello porque el gobierno de Macri actualmente avala los “juicios de lesa humanidad” en los que jueces civiles, inconstitucionalmente, juzgan a los militares que intervinieron en los hechos de guerra de los años ’70. Pero no sólo avala sino que, además, Macri, por intermedio de la Sec. de DD.HH. de la Nación, se constituye en querellante de los acusados. ¿Quién garantiza que el abatimiento de un terrorista no será visto como crimen de lesa humanidad? ¿Acaso, el que hoy querella militares?
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Julio 29, 2018
Tags: Fuerzas Armadas, María Estela Martínez de Perón, Mauricio Macri, Mauricio Ortín, Secretaría de Derechos Humanos de la NaciónRelated Posts
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