El gobierno nacional sigue empecinado en su idea de querer involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, apurando en las últimas horas el envío de un proyecto de ley para reformar las leyes de seguridad interior y defensa nacional; forzado por la grave situación de violencia que vive Rosario y que claramente ha superado a las fuerzas de seguridad.
Lo cierto es que hoy, por esas leyes, las Fuerzas Armadas nada pueden hacer en caso de un conflicto interior. Su convocatoria no pasará de convertirlos en meros espectadores privilegiados de la situación, expuestos fácilmente a ser blancos de los grupos narcos y sin posibilidad de respuesta alguna.
Esta realidad ha generado bastante malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas, quien se encuentran sumamente preocupados ante esta posibilidad, avizorando que, no solo pueden ser “asesinados como perros”, sino también que si a alguno se le ocurre repeler un ataque “terminará preso por cometer delitos de lesa humanidad”.
Y es que al no tener un norte, claro nuestras Fuerzas Armadas, observan atónitos como la política y la justicia “siguen en su mundo”, totalmente alejados de esta cruda realidad. Mientras el gobierno parece querer compelerlos a involucrarlos en este conflicto interno, la Suprema Corte sigue revocando toda resolución judicial que resulte favorable a los militares y policías imputados en los denominados juicios de lesa humanidad, a la par de que los Tribunales Orales siguen avanzado con los ridículos juicios orales que se siguen multiplicando y que nadie duda que terminarán con una condena a perpetua.
El mensaje que le llega a las Fuerzas Armadas es totalmente contradictorio, al no haber un sustento legal certero y confiable sobre cómo debe ser su accionar. Y es que, si hoy obedecen al poder político, corren el serio riesgo de quedar expuestos a la “voracidad derechohumanista” del actual poder judicial.
Y es que el gobierno hace grandes esfuerzos para evitar pronunciarse sobre la participación de las fuerzas armadas en el combate contra el terrorismo en la década del 70, lo que precisamente sienta las bases para la situación actual. Tan solo se centra en el hoy, como si el pasado no hubiese existido; olvidando que, precisamente, sino se salda el pasado no hay futuro.
Lo mínimo que debería hacer el gobierno es declarar “como política de Estado la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, lo que debe extenderse al actuar del poder judicial, convocando a todos los sectores políticos a adherir expresamente a esta presion, para que quede claro quien está a favor de defender a la sociedad y quienes a favor del terrorismo y el narcotráfico.
De nada sirve propugnar algún tipo de cambio legal que habilite a intervenir a las Fuerzas Armadas en caso de un conflicto interior, el cual debería ser profundo y no mera cosmética para “zafar” del problema actual; si el poder judicial sigue coptado por jueces progres, en su gran mayoría fervorosos simpatizantes de lo “nacional y popular”, que poco tardarán en declarar inconstitucional esas leyes y comenzar a “encanar” a militares que supuestas violaciones a los derechos humanos.
Desde esta columna nos hemos cansado de decir que el cambio es cultural antes que nada. Y si el gobierno que tanta gala hace de querer fundar una nueva Argentina, no incluye este tema, será un nuevo país a medias; es decir un nuevo país en lo económico pero con los mismos vicios del pasado en lo político.
Como dijimos alguna vez de esta columna: “Si el nuevo gobierno quiere realmente dar “por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzar el camino de la reconstrucción de nuestro país”, tal como anunció el nuevo Presidente de la Nación en su discurso en las escalinatas del Congreso Nacional, debe purificar el Poder Judicial de la Nación, dotándolo de transparencia, independencia, probidad, con jueces que sean esclavos de la Ley y no de una ideología, que lo hagan por vocación y no como salida laboral. Como digo alguna vez el ex Fiscal General German Moldes: “no todos los que actualmente tienen el honor de llamarse jueces, lo merecen, no todos son rescatables, es necesaria una desratización y una fumigación de este ambiente tan corrompido”.
Por ahora solo meras ilusiones.
Mientras sigan vigentes las doctrinas que impusieron Nilda Garré y Eugenio Zaffaroni y que a rajatablas cumple nuestro Máximo Tribunal, de nada servirá lo que se haga legalmente. Hay que termina con el verso de que saldar el pasado pone en riesgo la democracia, al contrario, la fortaleza y eso permite planificar un futuro como Argentina se merece.
En estos veinte años, Argentina juzgó y condenó a todos los máximos responsables del Proceso Militar, como fueron los generales, los coroneles y los comisarios, incluso en reiteradas oportunidades; quienes en su mayoría ya están fallecidos. Como dicen los adolescente “ya fue”. Qué más quieren? No se puede seguir “eternizando” estos juicios ahora con quienes en los años 70 eran tenientes, subtenientes, sargentos, cabos y simplemente agentes de policías; mientras se instan a los hoy mismos oficiales jóvenes a hacer lo mismo que hicieron sus mayores, que se pudren en una cárcel o en su domicilio.
No olvidemos que el presidente de la Nación es el “comandante en jefe” de las Fuerzas Armadas de la Nación, de todos sus integrantes, incluso de los retirados. Por lo que tiene el deber de defenderlas y la obligación de ponerlas en el lugar de honor, del cual nunca debieron ser sacadas.
Reiteraremos hasta el hartazgo, no basta un cambio de la legislación, hace falta primero un cambio cultural, que incluya una depuración del Poder Judicial de la Nación, con jueces probos no militantes.
Por algo en el mundo militar hoy se escucha: “Los políticos dejan el cargo y se van a su casa, nosotros no queremos ir a Marcos Paz”.
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El gobierno nacional sigue empecinado en su idea de querer involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, apurando en las últimas horas el envío de un proyecto de ley para reformar las leyes de seguridad interior y defensa nacional; forzado por la grave situación de violencia que vive Rosario y que claramente ha superado a las fuerzas de seguridad.
Lo cierto es que hoy, por esas leyes, las Fuerzas Armadas nada pueden hacer en caso de un conflicto interior. Su convocatoria no
pasará de convertirlos en meros espectadores privilegiados de la situación, expuestos fácilmente a ser blancos de los grupos narcos y sin posibilidad de respuesta alguna.
Esta realidad ha generado bastante malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas, quien se encuentran sumamente preocupados ante esta posibilidad, avizorando que, no solo pueden ser “asesinados como perros”, sino también que si a alguno se le ocurre repeler un ataque “terminará preso por cometer delitos de lesa humanidad”.
Y es que al no tener un norte, claro nuestras Fuerzas Armadas, observan atónitos como la política y la justicia “siguen en su mundo”, totalmente alejados de esta cruda realidad. Mientras el gobierno parece querer compelerlos a involucrarlos en este conflicto interno, la Suprema Corte sigue revocando toda resolución judicial que resulte favorable a los militares y policías imputados en los denominados juicios de lesa humanidad, a la par de que los Tribunales Orales siguen avanzado con los ridículos juicios orales que se siguen multiplicando y que nadie duda que terminarán con una condena a perpetua.
El mensaje que le llega a las Fuerzas Armadas es totalmente contradictorio, al no haber un sustento legal certero y confiable sobre cómo debe ser su accionar. Y es que, si hoy obedecen al poder político, corren el serio riesgo de quedar expuestos a la “voracidad derechohumanista” del actual poder judicial.
Y es que el gobierno hace grandes esfuerzos para evitar pronunciarse sobre la participación de las fuerzas armadas en el combate contra el terrorismo en la década del 70, lo que precisamente sienta las bases para la situación actual. Tan solo se centra en el hoy, como si el pasado no hubiese existido; olvidando que, precisamente, sino se salda el pasado no hay futuro.
Lo mínimo que debería hacer el gobierno es declarar “como política de Estado la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, lo que debe extenderse al actuar del poder judicial, convocando a todos los sectores políticos a adherir expresamente a esta presion, para que quede claro quien está a favor de defender a la sociedad y quienes a favor del terrorismo y el narcotráfico.
De nada sirve propugnar algún tipo de cambio legal que habilite a intervenir a las Fuerzas Armadas en caso de un conflicto interior, el cual debería ser profundo y no mera cosmética para “zafar” del problema actual; si el poder judicial sigue coptado por jueces progres, en su gran mayoría fervorosos simpatizantes de lo “nacional y popular”, que poco tardarán en declarar inconstitucional esas leyes y comenzar a “encanar” a militares que supuestas violaciones a los derechos humanos.
Desde esta columna nos hemos cansado de decir que el cambio es cultural antes que nada. Y si el gobierno que tanta gala hace de querer fundar una nueva Argentina, no incluye este tema, será un nuevo país a medias; es decir un nuevo país en lo económico pero con los mismos vicios del pasado en lo político.
Como dijimos alguna vez de esta columna: “Si el nuevo gobierno quiere realmente dar “por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzar el camino de la reconstrucción de nuestro país”, tal como anunció el nuevo Presidente de la Nación en su discurso en las escalinatas del Congreso Nacional, debe purificar el Poder Judicial de la Nación, dotándolo de transparencia, independencia, probidad, con jueces que sean esclavos de la Ley y no de una ideología, que lo
hagan por vocación y no como salida laboral. Como digo alguna vez el ex Fiscal General German Moldes: “no todos los que actualmente tienen el honor de llamarse jueces, lo merecen, no todos son rescatables, es necesaria una desratización y una fumigación de este ambiente tan corrompido”.
Por ahora solo meras ilusiones.
Mientras sigan vigentes las doctrinas que impusieron Nilda Garré y Eugenio Zaffaroni y que a rajatablas cumple nuestro Máximo Tribunal, de nada servirá lo que se haga legalmente. Hay que termina con el verso de que saldar el pasado pone en riesgo la democracia, al contrario, la fortaleza y eso permite planificar un futuro como Argentina se merece.
En estos veinte años, Argentina juzgó y condenó a todos los máximos responsables del Proceso Militar, como fueron los generales, los coroneles y los comisarios, incluso en reiteradas oportunidades; quienes en su mayoría ya están fallecidos. Como dicen los adolescente “ya fue”. Qué más quieren? No se puede seguir “eternizando” estos juicios ahora con quienes en los años 70 eran tenientes, subtenientes, sargentos, cabos y simplemente agentes de policías; mientras se instan a los hoy mismos oficiales jóvenes a hacer lo mismo que hicieron sus mayores, que se pudren en una cárcel o en su domicilio.
No olvidemos que el presidente de la Nación es el “comandante en jefe” de las Fuerzas Armadas de la Nación, de todos sus integrantes, incluso de los retirados. Por lo que tiene el deber de defenderlas y la obligación de ponerlas en el lugar de honor, del cual nunca debieron ser sacadas.
Reiteraremos hasta el hartazgo, no basta un cambio de la legislación, hace falta primero un cambio cultural, que incluya una depuración del Poder Judicial de la Nación, con jueces probos no militantes.
Por algo en el mundo militar hoy se escucha: “Los políticos dejan el cargo y se van a su casa, nosotros no queremos ir a Marcos Paz”.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 17, 2024
Tags: Eugenio Raúl Zaffaroni, Hebe de Bonafini, Nilda GarréRelated Posts
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