“El Sexto Sentido” es una muy exitosa película estadounidense, a nivel mundial, del género de suspense de 1999. En ella el doctor Malcom Crowe (Bruce Willis) es un conocido psicólogo infantil de Philadelphia, que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado, al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole Sear (Haley Joel Osment), un aterrorizado y confuso niño de ocho años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor Crowe, no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su pequeño paciente, quien percibe la convivencia de los muertos entre los vivos, sin saber de su condición de fallecidos. Esto pareciera ocurrir una y otra vez en este mundo paralelo en el cual fuimos encerrados, todos aquellos adultos mayores imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Así, con la idea de una pronta libertad, van transcurriendo los años, al tiempo que cada preso se aferra a una solución judicial irreal o una mágica proveniente de terceros. Pareciera no percibirse la realidad que nos rodea y en la que a pesar de respirar, cumplir con todas las funciones biológicas y relacionarnos con nuestros seres queridos (pocos), objetivamente estamos muertos. A través de los 4 años que llevo en este mundo paralelo se esperaron soluciones mágicas que vendrían de: el Papa FRANCISCO, el poderoso General CESAR MILANI, el presidente MAURICIO MACRI, cuando asumiera, la Diputada ELISA CARRIÓ con sus promesas incumplidas, nuevamente MAURICIO MACRI, luego de las elecciones de medio tiempo. Finalmente la CORTE SUPREMA, a través del mentado 2 X 1 que haría que una gran mayoría diera por terminado el cumplimiento de su condena, pero esta una vez más mostró la verdad de su “política de estado”. Insólitamente, el honorable tribunal se desdijo de su veredicto del mes de mayo pasado y “descubrió” que nosotros no somos merecedores de tal derecho, porque no todos somos iguales ante la ley, como alguien redactó por allí. En consecuencia, ese fallo, está destinado nada más que para asesinos, violadores y otras yerbas, que pertenecen al mundo de los vivos del cual estamos excluidos.
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Las aberraciones jurídicas siguen a la orden del día, mientras nosotros, LOS MUERTOS QUE IGNORAMOS ESTARLO, individualmente esperamos resultados positivos a todos los escritos y reclamos que nuestros abogados persistentemente siguen presentando sin éxito. Esto también parecemos ignorarlo, mientras inexorablemente transcurren los años. ¿Ahora, cuál será la próxima fantasiosa expectativa que nos aguarda, surgida de nuestro febril imaginario?
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Diciembre 05, 2018
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Quiero decirte mi secreto ahora.
Veo gente muerta.
– Ellos no se ven entre sí. Sólo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos.
– ¿Con qué frecuencia los ves?
– Todo el tiempo. Están en todas partes.
10/12/2015 – Asume la presidencia de Argentina MAURICIO MACRI.
25/03/2016 – “La Justicia tiene que trabajar de manera independiente”, manifiesta MAURICIO MACRI. Atrás quedó lo del fin del “curro de los derechos humanos” y “No habrá jueces macristas ni militantes”
06/05/2017 – Se presentó ante la “justicia” y fue detenido y esposado con las manos atrás, el Teniente Coronel EMILIO NANI, un verdadero “caballero de la guerra”. Durante largos años, del gobierno del “vamos por todo”, en libertad, nada calló en diferentes medios, haciendo gala del honor y la verdad. Hoy está preso.
DOS POR UNO, ACÁ NO SE VA NINGUNO
12/05/2017 – El gobierno, mediante el decreto 329/2017, promulga la Ley 27362 y MAURICIO MACRI felicita al Congreso Nacional “por la celeridad con que resolvió el tema del vacío legal que había dejado esa “desafortunada Ley del dos por uno”. En este caso no corre lo de: “La Justicia tiene que trabajar de manera independiente” y mucho menos la igualdad ante la Ley.
19/05/2017 – EUGENIA VIDAL, mano derecha de MAURICIO MACRI, (hasta que lo traicione, para llegar a la presidencia de la nación) quien no es Heidi, promulga la Ley provincial 14.910. Ahora los mentirosos 30.000 “desaparecidos” se imponen y los ampara la ley.
24/05/2017 – En un acto de familiares y amigos de PP, frente al Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, se hicieron presentes matones de la asociación de Trabajadores Estatales (ATE), y algunos “barras bravas”, quienes agredieron de palabra y de hecho a adultos mayores. Se ignora quien fue el cerebro de esta acción violenta paga, ocurrida por primera vez a través de tantos años y tantas manifestaciones similares, en distintos puntos del país.
PING-PONG CAMBIEMOS
27/05/2017 – A destiempo, dos días después del aniversario patrio del 25 de mayo, las fuerzas armadas desfilan, mientras MAURICIO MACRI, su comandante en jefe juega al ping-pong en un club de barrio. El mensaje y público desprecio, es obsecuentemente asimilado por los máximos jefes militares. Ninguno renuncia. El ejemplo y sacrificio de SAN MARTÍN, como padre de la patria, no sirvió de nada.
05/06/2017 – ANSES le suspende la pensión honorífica a Ángel Ricardo Pezzetta, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Julio César Fulgencio Falcke, Juan Daniel Rauzzino y Anselmo Pedro Palavezzati, cinco militares ex combatientes de la Guerra de Malvinas, sin sentencia firme por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Asimismo llevaría a cabo una acción similar con 24 más.
05/06/2017 – Personal de la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la persona del Dr. PABLO GHIGLIONE y su secretaria, se hace presente en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza. El fin es indagar administrativamente a MIGUEL ETCHECOLATZ y así exonerarlo juntamente con otros 10 efectivos, imputados de los mal llamados delitos de lesa humanidad- De esta forma dejan de ser miembros jubilados de la institución.
Luego de que este le solicitara un ejemplar de la Ley Orgánica de Policía, a los fines de ver su encuadramiento legal y poder defenderse, GHIGLIONE, le negó la misma. Esto suscitó un entredicho y descompensación de ETCHECOLATZ, cuya presión sistólica llegó a 19. Ante ello y el peligro de muerte súbita, el sub. director del mentiroso hospital aconsejó la suspensión del acto. Previas actuaciones, corren 5 días hábiles para presentar la mencionada declaración. A la fecha hay un recurso de amparo presentado por el sumariado, en el Juzgado Federal de turno de Lomas de Zamora, quien resolverá al respecto. Todo evidencia que realmente estamos CAMBIANDO, eso sí, para peor.
EL EXTERMINIO SIGUE VIGENTE
11/06/2017 – Desde el 10/12/2015 a la fecha fallecieron en cautiverio 68 prisioneros adultos mayores. Máximo exponente de que el exterminio continúa, fue la muerte del Coronel JORGE DELME acaecido el día 13/04/2017.
Luego de todo lo enumerado y por lo que vendrá, piense, razone y oportunamente, vote libremente ya que es su derecho. Estamos en democracia, a pesar que ella evidentemente no nos corresponde, a los prisioneros adultos mayores y nuestras familias, al decir y hacer de las hipócritas autoridades gubernamentales.
“La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce
a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo”.
A los enemigos, ni justicia y los terroristas de aquí y de allá.
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Ni justicia
En estos días en los que se ha tratado el tema del “dos por uno”, la aplicación retroactiva de una ley, al no otorgar la prisión domiciliaria por edad ni la ley más benigna parece que se ha cumplido aquel antiguo consejo que emitió un viejo león no tan herbívoro: “A los enemigos, ni justicia”.
Juan Manuel I. Sáenz Cavia
DNI 4.368.290
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Manchester argentino
Si la masacre de Manchester hubiera ocurrido en la Argentina entre 1973 y 1975, el suicida asesino sería recordado, más de 40 años después, como un héroe, un valiente combatiente integrante de una juventud maravillosa dispuesta a inmolarse por sus ideales y por un mundo mejor. Tendría además una placa con su nombre en el Parque de la Memoria, en los informes de la Secretaría de DD.HH. sería recordado como víctima del terrorismo de estado y su muerte calificada como una ejecución sumaria, parte de un plan sistemático y genocida. Sus familiares ya habrían cobrado una indemnización de unos 250.000 dólares. Quienes investigaron su muerte y el atentado, desmantelado la red terrorista y combatido a sus cómplices, estarían presos por delitos de lesa humanidad, el del suicida incluido. Los que les dieron las órdenes de aniquilación desde el poder ejecutivo, impunes. Y las víctimas, tanto muertos y heridos como sus familias, olvidadas, escondidas, ignoradas, despreciadas y desaparecidas de la historia.
Deuda con las Fuerzas Armadas, el “dos por uno” y el hospital de Ezeiza.
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Deuda con las FF.AA.
Quienes tenemos más de 50 años podemos dar testimonio de lo que expreso; imperiosamente debe haber justicia para quienes nos salvaron de una Cuba dictatorial que no merecemos y rechazamos. Libertad para quienes nos salvaron y honor a quienes dieron su vida para que hoy vivamos en democracia.A quienes hablan de las Fuerzas Armadas con liviandad no exenta de irresponsabilidad sobre la guerra que libraron contra el terrorismo subversivo, solamente les sugiero que al menos se tomen el trabajo de leer las noticias en los diarios de los 70, el número especial que la revista Gente publicó con el título: “Fotos-hechos-Testimonio de 1035 días dramáticos”, así como el libro Los otros muertos de José D’Angelo Rodríguez, donde se revela en detalle los asesinatos cometidos por Montoneros y el ERP. La mayoría del pueblo argentino en esos años clamaba por la intervención de las Fuerzas Armadas, ya que la policía y las fuerzas de seguridad estaban sobrepasadas ante el terror y los crímenes indiscriminados que se producían a diario. El país era un verdadero caos.
Roberto Julio Ildarraz
DNI 4.159.044
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“Dos por uno”
Más allá de la particular valoración que se haga sobre el acierto o desacierto del dictado de la ley llamada del “dos por uno” -a mi modo de ver un gran error en detrimento del sistema penal-, lo cierto, la realidad jurídica, es que esa ley, derogada, está vigente para determinados casos sobre la base del tradicional principio de ultraactividad de la ley penal más benigna. Por el motivo indicado, no tiene sustento constitucional la ley dictada casi por unanimidad que pretende corregir políticamente una situación que afecta a los desnaturalizados derechos humanos que sólo buscan venganza contra quienes enfrentaron a la guerra subversiva.
Esta ley, número 27.362, es ilegalmente retroactiva y arbitraria, aunque se la pretenda llamar interpretativa.
Adolfo Casabal Elía
DNI 4.414.486
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Hospital de Ezeiza
Como médicos egresados de la Universidad de Buenos Aires hace casi cincuenta años, y docentes universitarios de esa misma casa de estudios, donde desarrollamos nuestra profesión en forma permanente en el Hospital de Clínicas José de San Martín, hemos conocido todo tipo de hospitales en nuestro país y en el exterior. En todos ellos se incluyen servicios de atención primaria, secundaria y de alta complejidad, como es el caso de nuestro hospital. El llamado Hospital Penitenciario de la Cárcel de Ezeiza, que también hemos visitado en varias oportunidades, no reúne la más mínima de las condiciones para ser considerado como un hospital. Sólo es posible advertir carteles con habitaciones vacías, lo que nos llevó a calificarlo como “hospital fantasma”.
Monseñor Héctor Aguer y su opinión sobre el beneficio del 2×1 en los casos de lesa humanidad y la obligación de mentir sobre los 30.000 desaparecidos en una provincia de Buenos Aires comandada por María Eugenia Vidal.
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Monseñor Aguer -quién se encuentra en la vereda opuesta al Papa Francisco- tuteló el beneficio del 2×1 a los condenados por supuestos delitos de lesa humanidad, desacreditando al gobierno nacional por las críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia y también a la reciente ley promulgada por el gobierno de María Eugenia Vidal -presente en el momento de estas declaraciones- que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil.
Estas manifestaciones tuvieron lugar tras el Tedeum que se realizó en la Catedral, del que participó María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, parte de su gabinete y Julio Garro, intendente local.
Aguer afirmó que el hecho de que el jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña “haya salido a cuestionar el fallo de la Corte demuestra que nuestra República no está muy sana“. Destacando que se trataba de una invasión a otro poder. El arzobispo consideró que estaba fuera de lugar que el Congreso haya sancionado una ley retroactiva contra la decisión de la Corte Suprema.
El religioso se mostró contra la ley provincial que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil personas. “Se impuso por Ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura. Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido”, explicó Aguer. “No me corresponde a mí poner un número, pero digo: ‘¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?’. No corresponde una ley para eso”.
Felicito efusivamente a los doctores Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton por haberse atrevido a fallar conforme a derecho en el caso Muiña, al aplicar el “dos por uno” dejando de lado razones de odio o cobardía que pudieron impulsarlos a votar en sentido contrario.
El debate de la ley del “dos por uno” oculta la cuestión de fondo: que los juicios llamados de lesa humanidad son ilegales, inconstitucionales e insanablemente nulos; en consecuencia, los fallos derivados, “cosa juzgada írrita”. Inconstitucionales, porque vulneran el artículo 18 de la Constitución, e ilegales, porque desconocen el principio jurídico universal de legalidad. Por otra parte, los más de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de genocidio (artículo 6 del Estatuto de Roma, actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional -fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos- étnico, racial o religioso) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma: actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil). Además, el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por ley 25.390 del 9 de enero de 2007, prohibiendo expresamente el artículo 25 su aplicación retroactiva. La incorporación a la legislación argentina de la convención internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad fue por el decreto 579 de 2003. España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma se encuentran prescriptos.
Genocidio, lesa humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivó en el arbitrario enjuiciamiento de más de 2400 imputados y hasta ahora en la muerte de 404 personas en injusto cautiverio. ¿Un genocidio al revés?
Juan Miguel Giuliano
General
Presunción
Pablo García Aliverti atropelló hace cuatro años alcoholizado a un vigilador que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo. Luego del accidente, sin frenar, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Durante estos cuatro años esperó su sentencia en libertad y fue sentenciado a cuatro años, por lo cual quedó libre. Y me pregunto, ¿por qué los presos de los juicios mal llamados de “lesa humanidad”, con edad promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios ni condenas, siguen siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia? En la Argentina, el “principio de presunción de inocencia” sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las Fuerzas Armadas, de seguridad y los policías del 70 son juzgados y condenados de antemano por la justicia tuerta.
Lucas José Alfaro Jones
Plaza de la Shoá
Los días soleados nos invitan a pasear y a apreciar la naturaleza y los monumentos que nos ofrecen los parques de Palermo. Sin embargo, produce tristeza y desolación ver cómo niños y adultos utilizan de frontón de fútbol y se entretienen -trepando peligrosamente- el digno Monumento Nacional a la Memoria de las Víctimas del Holocausto, de la Plaza de la Shoá, en el parque Tres de Febrero, en la intersección de Libertador y Bullrich. El monumento, compuesto por 114 cubos de hormigón, representa la cantidad de víctimas en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. ¿Podrían las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires colocar alguna cinta de resguardo y alguna identificación bien visible al pie del monumento, para ejercer así un adecuado control y el cuidado que merece este lugar?
Del Dicho de periodistas, al “Hecho” de los funcionarios…
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Una oportunidad perdida para el Gobierno
Ocurrió en estos días un combate soterrado entre el derecho y la oportunidad. En la superficie de ese combate, asiduo e incómodo, reapareció el conflicto por los derechos humanos violados en la década del 70. El derecho en su concepción más liberal y estricta es la que aplicó una mayoría de jueces de la Corte Suprema de Justicia, que hizo valer tal legalidad para dar por cumplida la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad, Luis Muiña. La oportunidad es el momento en que el Gobierno estaba buscando un mecanismo jurídico o legislativo para resolver los casos de militares ancianos y enfermos que están presos en cárceles comunes. El escándalo político que provocó aquella decisión de la Corte Suprema, y la multitudinaria manifestación social en contra de ella, dejó sin margen al Gobierno y al máximo tribunal para avanzar en esa solución. Cuarenta y un año después del golpe de Estado de 1976, el país no ha podido elaborar un modo de superar ese pasado y suturar las viejas heridas.
El péndulo de la revisión del pasado osciló entre extremos en los últimos 33 años de democracia. Sólo Raúl Alfonsín intentó en los primeros cuatro años de su mandato, cuando era un presidente fuerte, juzgar a los militares que violaron los derechos humanos y a los guerrilleros que también lo hicieron. Carlos Menem decidió mediante un indulto personalísimo liberar a todos de culpa y cargo. La era kirchnerista colocó el péndulo en el otro extremo. Juzgamiento a todos los militares acusados de delitos de lesa humanidad, aun desconociendo en muchos casos las garantías procesales. Al mismo tiempo, convirtió a los jefes guerrilleros de los años 70 en héroes cargados de crímenes. El gobierno de Macri aspiraba a colocar el péndulo en el medio: ni impunidad ni venganza. La prisión domiciliaria de los militares ancianos y enfermos no significaría una disminución de la condena, sino otra manera de cumplir la prisión. Colocaría el derecho humanitario en armonía con el Código Penal, que prevé la prisión domiciliaria para los presos enfermos o con más de 70 años.
La decisión de la mayoría de la Corte es legal. El artículo 2 del Código Penal es muy claro: siempre se aplicará la ley más benigna en el momento del fallo, aun cuando hayan estado vigentes otras leyes. La más benigna es, sin duda, la que beneficia a los condenados con el “dos por uno” mientras estuvieron en prisión preventiva. Es una ley que responde a los preceptos del garantismo zaffaroniano. La hipocresía del kirchnerismo radica, sobre todo, en su inacción. En doce años de poder, no le agregó al artículo 2 del Código Penal una excepción para los delitos de lesa humanidad ni cubrió el vacío legal que dejó la ley del “dos por uno”, que el Congreso acaba de resolver.
Los dos jueces que votaron en contra de ese beneficio, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, también se respaldaron en argumentos legales. Los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución en 1994, declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y prohíben la reducción de las penas. De hecho, Maqueda había firmado hace poco una resolución de la Corte que otorgó la prisión domiciliaria a un militar de 85 años, muy enfermo. No pasó nada entonces.
En medio del fárrago, la primera pregunta que surge es qué pasó para que la interpretación estricta del derecho derrumbara la oportunidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó semanas atrás a todos los miembros de la Corte. Ninguno le anticipó nada sobre aquella resolución del “dos por uno”. Sólo al anochecer del día anterior a la firma de la resolución, Lorenzetti lo llamó por teléfono al ministro para advertirle vagamente de que algo pasaría al día siguiente sobre un asunto vinculado con delitos de lesa humanidad. Por eso, Garavano fue el primero en salir, tal vez enojado y decepcionado, a manifestarse en contra de la ley del “dos por uno”. Es una opinión sincera. “Yo soy más conservador para la interpretación de la ley; no me gusta el excesivo garantismo”, suele decir en privado.
Pero ¿qué pasó dentro de la Corte? Primero los hechos, después las interpretaciones. El grupo de tres jueces liderado por Carlos Rosenkrantz, e integrado por Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, sorprendió a Lorenzetti y Maqueda con un voto redactado sobre el beneficio a Muiña con la ley del “dos por uno”. Acordaron a duras penas un plazo no mayor de 15 días para que los otros dos elaboraran sus votos. Muiña es sólo un caso entre 20 más que tiene la Corte. Así empezó todo.
Una interpretación, que circula por el oficialismo, señala que Lorenzetti, que maneja la agenda de la Corte, dejó que el caso prosperara porque imaginó el desgaste de Rosatti, su eterno rival. En efecto, Rosatti les comentó a varios interlocutores (incluidos algunos funcionarios del Gobierno) que después del juicio político planteado por Elisa Carrió, la gestión de Lorenzetti como presidente del tribunal debía concluir en diciembre próximo, aunque le quedara un año más de mandato. “La situación no da para más”, les dijo. Rosatti supone que él podría ser el sucesor de Lorenzetti al frente del tribunal. Lorenzetti los habría dejado avanzar sabiendo que Rosatti se quemaría en el camino.
Otras versiones indican que fueron los tres firmantes de la resolución los que presionaron a Lorenzetti para que se tratara el tema. En tal caso, sería Rosenkrantz, y no Rosatti, quien tomó el liderazgo de una parte importante de la Corte. Luego del estrépito político y social por la resolución, Rosatti y Highton de Nolasco se mostraron dubitativos. Rosatti debió cancelar dos disertaciones por el temor a escraches. Rosenkrantz, que es un jurista sin experiencia política, se mantuvo en sus trece. “No cambiaría ni una coma por la presión política y mediática”, confirmó.
Carrió salió otra vez en auxilio del Gobierno. Será ella la que presentará en Diputados un proyecto para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan cumplir prisión domiciliaria a partir de los 75 años. “El derecho humanitario debe ser respetado por la democracia”, señaló. Carrió tiene autoridad moral para hacerlo. Ella escribió como constituyente la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución y fue la voz que defendió en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Se entusiasmó cuando escuchó a Carlos Kunkel, que participó del grupo guerrillero Montoneros, exclamar en el recinto de los Diputados: “Enfrentar a la fuerza con la fuerza fue un error”. Fueron las primeras palabras de tibia autocrítica.
Para que el país deje de habitar en el pasado son necesarios la verdad y el pedido de perdón. Ni militares ni guerrilleros mostraron nunca gestos de remordimiento. Aunque la responsabilidad del Estado es siempre mayor cuando se violan derechos humanos, la culpa de los grupos insurgentes en aquella ordalía de sangre no puede seguir sumergida bajo un relato de supuesta heroicidad. Definitivamente, no fueron héroes ni mártires. Es cierto, por otro lado, que lo que Norma Morandini llama el “insoportable patrullaje ideológico” impide el debate para llegar a la verdad. Ese “patrullaje” llegó a descalificar a Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido y luchadora infatigable por los derechos humanos. Fernández Meijide había dicho sólo una frase con sentido común: “Nos guste o no, es un fallo de la Corte Suprema y hay que respetarlo”. En efecto, la Corte no tiene la culpa. Es el pasado irresuelto el que interpela a la dirigencia argentina y a los viejos protagonistas de la entera tragedia.
Mis respeto por su excelente escrito. Pero mientras este y otros cientos se confeccionan y leen, transcurre el tiempo, el que me están robando ilegalmente a mí, a mi familia y muchos otros. En lo personal la ideología, la política y las ambiciones funcionales personales y el país todo, me importan absolutamente nada. Sabe por qué? Porque me “engarronaron”* Verdaderos delincuentes del poder judicial con la indiferencia y el silencio cómplice, de funcionarios de otros poderes, políticos, miembros de la iglesia y de ustedes los periodistas, se han dedicado a fraguar pruebas, para producir detenciones ilegales. Al mismo tiempo, a dejar verdaderos responsables de delitos, no sé si bien llamados de lesa humanidad, en libertad. Todo esto produce una impotencia extrema. Las maniobras realizadas y los delitos cometidos para imputar gente, son burdos y en muchos casos están a la vista. Eso si, no a la de todos, ya que como República estamos llenos de ciegos, sordos y mudos, instalados en cómodos despachos oficiales, cuyas mentiras están amparadas por ustedes los periodistas. No sigo escribiendo, realmente es perder el tiempo. De cualquier forma el concepto de la realidad que oculta este “gobierno democrático para algunos”, está expresado en estas breves líneas.
Lo que nunca podré exponer ni mínimamente, es la repulsión que siento ante tanta ilegalidad e hipocresía generalizada de tanto cobarde que circula en inmerecida libertad, por el territorio que se llama Argentina.
“Nadie se convierte en cómplice de un crimen si no tiene un interés personal”.
Donato Carrisi (1973- )
Cordialmente
Claudio Kussman
Mayo 14, 2017
*”engarronar” – hacer comer un garrón, culpar un inocente – jerga policial
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas se fundó en 1938, en Buenos Aires, Argentina, con el objeto de profundizar los estudios de las disciplinas humanísticas que definen su campo. Su denominación proviene de la homónima de Francia, fundada en París en 1795.
Su edificio cito en la avenida Alvear 1711 de Capital Federal fue declarado “Monumento Histórico” en agosto de 2002. Su estilo neoclásico francés lo convierte en una muestra de las urbanizaciones de principios del siglo XX, su autor fue el arquitecto Alejandro Bustillo.
Declaración de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas ha considerado necesario emitir opinión, tanto sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Muiña”, como de sus repercusiones en el plano institucional y político.
El fallo, decidido por el voto mayoritario, se fundamentó en principios constitucionales y en la legislación vigente. Respetó lo dispuesto en el Artículo 2º del Código Penal, el Artículo 9º del Pacto de San José de Costa Rica y el Artículo 15º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna. En este caso fue la ley conocida por “el dos por uno”.
El Código Penal y su válida interpretación en el dictado del fallo, dice que ese beneficio es aplicable a todos los delitos, sin exclusión.La sanción posterior de una nueva ley interpretativa para excluir de su alcance ciertas causalidades, implicó el reconocimiento que fue correcta la interpretación jurídica del voto mayoritario de la Corte.
La sanción de leyes de modo apresurado, no es una buena práctica legislativa y mucho menos en temas de carácter penal.
Además de dejar sentada nuestra opinión en el plano jurídico y constitucional, consideramos necesario llamar la atención sobre ladeplorable ausencia de respeto por la independencia y división de poderes observada como consecuencia de este caso. Ese respeto hace a la esencia de nuestra República y del Estado de Derecho.
Se han visto desde altisonantes condenas al fallo por parte de legisladores, políticos, y miembros del propio gobierno, hasta pedidos de juicio político, denuncias admitidas por fiscales presurosos y declaraciones de inconstitucionalidad de otros tribunales.
En una sociedad libre todo ciudadano puede expresar su opinión y unirse en concentraciones callejeras si así lo desea, pero sí debemos manifestar nuestra extrema preocupación al observar que quienes tienen responsabilidades institucionales desconozcan la independencia y separación de poderes y rechacen un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si un imputado por casos de lesa humanidad es inocente, lo menos que está pensando en este momento es en el beneficio de computar dos años por cada doce meses de encarcelamiento. Lo que quiere es llegar vivo a un juicio justo, algo que, convengamos, ningún político argentino habla. Ni siquiera aquellos que se vanaglorian de preocuparse. Para Alberto Asseff son las condiciones carcelarias a cambio de una afiliación, para el voluntarioso Alfredo Olmedo son esos patriotas que cumplieron órdenes y derrotaron al terrorismo.
Y luego tenemos a Elisa Carrió. Mientras el país sigue en ebullición por la disputa del beneficio del 2×1 en el caso Muiña después de que el Congreso de la Nación sancionara una ley para limitar la aplicación de ese cómputo para las penas, la diputada nacional reavivó la polémica sobre la prisión domiciliaria en los casos de detenidos que “hayan cometido delitos de lesa humanidad o no”.
“Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria. No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tengan prisión domiciliaria. No me parece que eso sea humanista. Creo que hay que resolver ese tema”, manifestó la legisladora, mientras nos preguntamos qué sucedió con el interno mayor de setenta (70) años como señala la ley 24.660. Debería consultar esta información, tal vez la ley dice setenta años para miembros de la juventud maravillosa, lo cual sería risueño ya que ninguno de estos revolucionarios hoy la necesita. En el caso de los ex uniformados, esos cinco años de diferencia es una cruz en el cementerio.
“Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces. Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad”, dijo Carrió sobre el fallo del 2×1 de la Corte.
Sin embargo, la hipocresía es general y abraza a la diputada chaqueña. Aún no hay opiniones con respecto al procedimiento con que se llevan a cabo los juicios a ex uniformados. Si fueron héroes por combatir al terrorismo o no, debería ser materia de aquellos investigadores e historiadores sin ideologías o cuentas bancarias. Se trata de la manera que jueces y fiscales llevaron y llevan adelante imputaciones sin pruebas o declaraciones vagas. Argentina, uno de los pocos países donde se es culpable hasta demostrar lo contrario. En pocas palabras, revisión de los casos -si bien tomaría mucho tiempo- no es una opción políticamente correcta.
Carrió es una prometedora crónica y una denunciadora serial, y es por ello que se ha mantenido en el seno del país de las maravillas sin llevar a cabo sus pronunciamientos. Si sus acusaciones -a lo largo del tiempo- derivan en un resultado, se acreditará el logro. En época de elecciones, hay que desparramar migajas verbales para contentar a todos y abultar la cajita feliz (La urna)
El debate de la Ley de 2×1, oculta la cuestión de fondo cual es que los Juicios llamados de Lesa Humanidad, son ilegales, inconstitucionales, e insanablemente nulos, en consecuencia los fallos derivados “ Cosa Juzgada Irrita”. Inconstitucionales porque vulneran el Art 18 de la Constituciòn Nacional e ilegales porque desconocen el principio jurídico universal de Legalidad.Por otra parte, los mas de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de Genocidio (Art. 6 del Estatuto de Roma: actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional (fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos) étnico , racial o religioso ) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de Lesa Humanidad (Art. 7 del Estatuto de Roma: Actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la POBLACIÒN CIVIL)
Ademàs el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por Ley 25.390 del 9 de enero de 2007 prohibiendo expresamente el Art 25 su aplicación retroactiva . La incorporación a la legislación argentina de la Convenciòn Internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad fue por el Decreto 579 del año 2003.Paises como España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casaciòn ) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma , se encuentran PRESCRIPTOS.
Genocidio, Lesa Humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivò en el arbitrario enjuiciamento de mas de 2400 imputados y hasta ahora 404 muertos en injusto cautiverio. ¿Un Genocidio al revés?
Escribe Enrique Molina Pico en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Fallo “dos por uno”
“Dos por uno”, igualdad ante la ley y demás garantías constitucionales o el camino hacia el pensamiento único obligatorio. Declamamos ser un país que vive en democracia, con separación de poderes y una total independencia del Poder Judicial, que se expresa por sus fallos. Falta agregar: eso sí, siempre y cuando la sentencia concuerde con mis ideas o intereses, en caso contrario, estigmatizaremos y amenazaremos a los jueces, los denunciaremos penalmente y solicitaremos su juicio político y finalmente sancionaremos una ley opuesta que se aplicará con retroactividad.
El fallo de la Corte que aplicó el cómputo del dos por uno en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad y que tanta polémica despierta nos mueve a reflexionar acerca de si como sociedad hemos asumido plenamente lo que significa aceptar el Estado de Derecho, esto es, la sujeción del hombre al imperio de la ley que debe regir la vida en comunidad.
Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva.
A propósito del fallo “Muiña” de nuestro máximo tribunal, que conocimos días atrás, merced al cual se le concede a un represor el beneficio del dos por uno en su condena por el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos para con trabajadores del hospital Posadas, se ha afirmado en distintos ámbitos que los derechos humanos universalmente reconocidos están por encima de cualquier ley. Pero si realmente aspiramos a vivir en un Estado de Derecho no hay doctrina política, ni religiosa, ni filosófica, ni relato ni memoria que puedan justificar su elevación por sobre la ley.
A lo largo de la historia, el mundo occidental civilizado ha incorporado sabiamente principios inamovibles como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el debido proceso y que nadie puede ser juzgado ni condenado por conductas no previstas en leyes anteriores al hecho, entre muchos otros. Las llamadas leyes humanitarias han suprimido la prisión por deudas y la tortura; han consagrado el principio de in dubio pro reo, o beneficio de la duda; el principio de la ley más benigna a favor del imputado siempre que ésta estuviese vigente al momento del hecho, y que las cárceles sean sanas y limpias “para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas”. En la misma línea están la reducción de la pena por buena conducta y la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Se trata de conquistas que responden a piadosas tendencias humanitarias, precisamente a favor del hombre.
La sana división de poderes, con expresa prohibición de arrogarse otras funciones propias del Poder Judicial, y la obligación de los jueces de fallar según la ley, con independencia de toda doctrina o postura política por respetable que ella sea, constituyen garantías para el ciudadano. A la luz de estos principios fundamentales, la sociedad debe comprender que si se quiere vivir en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes, nos gusten o no sus términos, pues no existe ninguna política capaz de situarse por encima de ese cuerpo legal. Si el fallo en cuestión se hubiese aplicado a un ex montonero, la situación sería exactamente la misma, pues nada tienen que ver en esto la militancia ni las argumentaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Precisamente por este motivo se representa a la Justicia con una venda en los ojos para simbolizar su imparcialidad: la ley es igual para todos. La aplicación de este principio es justamente lo que nos distinguirá de los criminales de toda laya y de la barbarie, tanto como de quienes pretenderían ampararse en la deleznable consigna “al enemigo, ni justicia” para exigir venganza antes que el cumplimiento de las leyes.
No puede menos que repudiarse la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, al cuestionar el fallo de la Corte Suprema, sostuvo que algo así no hubiese ocurrido durante su gestión gubernamental: otro vergonzoso sincericidio que confirma cuán lejos estaba de respetar la autonomía de los tres poderes que debe primar en una república, al aceptar que ella controlaba o aspiraba a digitar incluso al máximo tribunal de la Nación.
Que la sentencia no sea políticamente favorable al gobierno de Mauricio Macri, por un lado, y que desagrade a organismos defensores de los derechos humanos, por el otro, son una clara muestra de la independencia de la que ha hecho gala la Corte, con su dinámica de mayorías y minorías, al fallar de acuerdo con lo que entiende es la debida aplicación de la ley y las garantías procesales. Técnicamente el fallo resulta inobjetable, aun para sus detractores. Recordemos, además, que el régimen del dos por uno fue muy criticado y desde esta columna se pidió su derogación en 2000.
Recientemente, la Corte avaló el arresto domiciliario para un represor de 85 años y enfermo. Un fallo de características similares fue el de la Corte chilena que habilitó a Augusto Pinochet, de la misma edad, a terminar sus días en su hogar y no en prisión. En una auténtica república el respeto a la ley puede derivar en actos éticamente humanitarios, incluso para con aquellos que tan ferozmente la combatieron, pues sólo así se confirma su fortaleza y sus auténticos valores.
Desgraciadamente, continuando con una inercia de enfrentamiento que sólo nos aleja del futuro para anclarnos en el pasado, una parte de la ciudadanía parece haber olvidado que venimos de más de una década de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial. Ya comienzan a oírse voces que anticipan apelar a mecanismos constitucionales que pongan freno a nuevos fallos, incluso al absurdo pedido de juicio político a los magistrados que conformaron el voto mayoritario. En el juego democrático, todo lo que acontezca dentro del marco institucional debe celebrarse. Hasta aquí, respetamos un ejemplo del sano funcionamiento de la independencia de los poderes tan largamente reclamada.
2 X 1, LOS PRESOS DE LESA Y EL SEXTO SENTIDO
LOS MUERTOS QUE IGNORAN ESTARLO
“El Sexto Sentido” es una muy exitosa película estadounidense, a nivel mundial, del género de suspense de 1999. En ella el doctor Malcom Crowe (Bruce Willis) es un conocido psicólogo infantil de Philadelphia, que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado, al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole Sear (Haley Joel Osment), un aterrorizado y confuso niño de ocho años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor Crowe, no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su pequeño paciente, quien percibe la convivencia de los muertos entre los vivos, sin saber de su condición de fallecidos. Esto pareciera ocurrir una y otra vez en este mundo paralelo en el cual fuimos encerrados, todos aquellos adultos mayores imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Así, con la idea de una pronta libertad, van transcurriendo los años, al tiempo que cada preso se aferra a una solución judicial irreal o una mágica proveniente de terceros. Pareciera no percibirse la realidad que nos rodea y en la que a pesar de respirar, cumplir con todas las funciones biológicas y relacionarnos con nuestros seres queridos (pocos), objetivamente estamos muertos. A través de los 4 años que llevo en este mundo paralelo se esperaron soluciones mágicas que vendrían de: el Papa FRANCISCO, el poderoso General CESAR MILANI, el presidente MAURICIO MACRI, cuando asumiera, la Diputada ELISA CARRIÓ con sus promesas incumplidas, nuevamente MAURICIO MACRI, luego de las elecciones de medio tiempo. Finalmente la CORTE SUPREMA, a través del mentado 2 X 1 que haría que una gran mayoría diera por terminado el cumplimiento de su condena, pero esta una vez más mostró la verdad de su “política de estado”. Insólitamente, el honorable tribunal se desdijo de su veredicto del mes de mayo pasado y “descubrió” que nosotros no somos merecedores de tal derecho, porque no todos somos iguales ante la ley, como alguien redactó por allí. En consecuencia, ese fallo, está destinado nada más que para asesinos, violadores y otras yerbas, que pertenecen al mundo de los vivos del cual estamos excluidos.
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[/ezcol_1half_end]Las aberraciones jurídicas siguen a la orden del día, mientras nosotros, LOS MUERTOS QUE IGNORAMOS ESTARLO, individualmente esperamos resultados positivos a todos los escritos y reclamos que nuestros abogados persistentemente siguen presentando sin éxito. Esto también parecemos ignorarlo, mientras inexorablemente transcurren los años. ¿Ahora, cuál será la próxima fantasiosa expectativa que nos aguarda, surgida de nuestro febril imaginario?
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Diciembre 05, 2018
[ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]Quiero decirte mi secreto ahora.
Veo gente muerta.
– Ellos no se ven entre sí. Sólo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos.
– ¿Con qué frecuencia los ves?
– Todo el tiempo. Están en todas partes.
El Sexto Sentido (1999)
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[/ezcol_1quarter_end]PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 6, 2018
ALTO, DETÉNGASE, LEA, PIENSE Y RAZONE, A QUIEN VA A VOTAR
Por Claudio Kussman.
[ezcol_1fifth].[/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth]CRONOLOGÍA DE LA INFAMIA
10/12/2015 – Asume la presidencia de Argentina MAURICIO MACRI.
25/03/2016 – “La Justicia tiene que trabajar de manera independiente”, manifiesta MAURICIO MACRI. Atrás quedó lo del fin del “curro de los derechos humanos” y “No habrá jueces macristas ni militantes”
06/05/2017 – Se presentó ante la “justicia” y fue detenido y esposado con las manos atrás, el Teniente Coronel EMILIO NANI, un verdadero “caballero de la guerra”. Durante largos años, del gobierno del “vamos por todo”, en libertad, nada calló en diferentes medios, haciendo gala del honor y la verdad. Hoy está preso.
DOS POR UNO, ACÁ NO SE VA NINGUNO
12/05/2017 – El gobierno, mediante el decreto 329/2017, promulga la Ley 27362 y MAURICIO MACRI felicita al Congreso Nacional “por la celeridad con que resolvió el tema del vacío legal que había dejado esa “desafortunada Ley del dos por uno”. En este caso no corre lo de: “La Justicia tiene que trabajar de manera independiente” y mucho menos la igualdad ante la Ley.
19/05/2017 – EUGENIA VIDAL, mano derecha de MAURICIO MACRI, (hasta que lo traicione, para llegar a la presidencia de la nación) quien no es Heidi, promulga la Ley provincial 14.910. Ahora los mentirosos 30.000 “desaparecidos” se imponen y los ampara la ley.
24/05/2017 – En un acto de familiares y amigos de PP, frente al Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, se hicieron presentes matones de la asociación de Trabajadores Estatales (ATE), y algunos “barras bravas”, quienes agredieron de palabra y de hecho a adultos mayores. Se ignora quien fue el cerebro de esta acción violenta paga, ocurrida por primera vez a través de tantos años y tantas manifestaciones similares, en distintos puntos del país.
PING-PONG CAMBIEMOS
27/05/2017 – A destiempo, dos días después del aniversario patrio del 25 de mayo, las fuerzas armadas desfilan, mientras MAURICIO MACRI, su comandante en jefe juega al ping-pong en un club de barrio. El mensaje y público desprecio, es obsecuentemente asimilado por los máximos jefes militares. Ninguno renuncia. El ejemplo y sacrificio de SAN MARTÍN, como padre de la patria, no sirvió de nada.
05/06/2017 – ANSES le suspende la pensión honorífica a Ángel Ricardo Pezzetta, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Julio César Fulgencio Falcke, Juan Daniel Rauzzino y Anselmo Pedro Palavezzati, cinco militares ex combatientes de la Guerra de Malvinas, sin sentencia firme por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Asimismo llevaría a cabo una acción similar con 24 más.
05/06/2017 – Personal de la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la persona del Dr. PABLO GHIGLIONE y su secretaria, se hace presente en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza. El fin es indagar administrativamente a MIGUEL ETCHECOLATZ y así exonerarlo juntamente con otros 10 efectivos, imputados de los mal llamados delitos de lesa humanidad- De esta forma dejan de ser miembros jubilados de la institución.
Luego de que este le solicitara un ejemplar de la Ley Orgánica de Policía, a los fines de ver su encuadramiento legal y poder defenderse, GHIGLIONE, le negó la misma. Esto suscitó un entredicho y descompensación de ETCHECOLATZ, cuya presión sistólica llegó a 19. Ante ello y el peligro de muerte súbita, el sub. director del mentiroso hospital aconsejó la suspensión del acto. Previas actuaciones, corren 5 días hábiles para presentar la mencionada declaración. A la fecha hay un recurso de amparo presentado por el sumariado, en el Juzgado Federal de turno de Lomas de Zamora, quien resolverá al respecto. Todo evidencia que realmente estamos CAMBIANDO, eso sí, para peor.
EL EXTERMINIO SIGUE VIGENTE
11/06/2017 – Desde el 10/12/2015 a la fecha fallecieron en cautiverio 68 prisioneros adultos mayores. Máximo exponente de que el exterminio continúa, fue la muerte del Coronel JORGE DELME acaecido el día 13/04/2017.
Luego de todo lo enumerado y por lo que vendrá, piense, razone y oportunamente, vote libremente ya que es su derecho. Estamos en democracia, a pesar que ella evidentemente no nos corresponde, a los prisioneros adultos mayores y nuestras familias, al decir y hacer de las hipócritas autoridades gubernamentales.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end].[/ezcol_1fifth_end]PrisioneroEnArgentina.com
Junio 12, 2017
Temas sin respuestas en Cartas de Lectores del diario La Nación
A los enemigos, ni justicia y los terroristas de aquí y de allá.
[ezcol_1half]Ni justicia
En estos días en los que se ha tratado el tema del “dos por uno”, la aplicación retroactiva de una ley, al no otorgar la prisión domiciliaria por edad ni la ley más benigna parece que se ha cumplido aquel antiguo consejo que emitió un viejo león no tan herbívoro: “A los enemigos, ni justicia”.
Juan Manuel I. Sáenz Cavia
DNI 4.368.290
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Manchester argentino
Si la masacre de Manchester hubiera ocurrido en la Argentina entre 1973 y 1975, el suicida asesino sería recordado, más de 40 años después, como un héroe, un valiente combatiente integrante de una juventud maravillosa dispuesta a inmolarse por sus ideales y por un mundo mejor. Tendría además una placa con su nombre en el Parque de la Memoria, en los informes de la Secretaría de DD.HH. sería recordado como víctima del terrorismo de estado y su muerte calificada como una ejecución sumaria, parte de un plan sistemático y genocida. Sus familiares ya habrían cobrado una indemnización de unos 250.000 dólares. Quienes investigaron su muerte y el atentado, desmantelado la red terrorista y combatido a sus cómplices, estarían presos por delitos de lesa humanidad, el del suicida incluido. Los que les dieron las órdenes de aniquilación desde el poder ejecutivo, impunes. Y las víctimas, tanto muertos y heridos como sus familias, olvidadas, escondidas, ignoradas, despreciadas y desaparecidas de la historia.
Pedro José Güiraldes
pedroguiraldes@fibertel.com.ar
[/ezcol_1half_end]PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 29, 2017
La gente se manifiesta en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Deuda con las Fuerzas Armadas, el “dos por uno” y el hospital de Ezeiza.
[ezcol_1third]Deuda con las FF.AA.
Quienes tenemos más de 50 años podemos dar testimonio de lo que expreso; imperiosamente debe haber justicia para quienes nos salvaron de una Cuba dictatorial que no merecemos y rechazamos. Libertad para quienes nos salvaron y honor a quienes dieron su vida para que hoy vivamos en democracia.A quienes hablan de las Fuerzas Armadas con liviandad no exenta de irresponsabilidad sobre la guerra que libraron contra el terrorismo subversivo, solamente les sugiero que al menos se tomen el trabajo de leer las noticias en los diarios de los 70, el número especial que la revista Gente publicó con el título: “Fotos-hechos-Testimonio de 1035 días dramáticos”, así como el libro Los otros muertos de José D’Angelo Rodríguez, donde se revela en detalle los asesinatos cometidos por Montoneros y el ERP. La mayoría del pueblo argentino en esos años clamaba por la intervención de las Fuerzas Armadas, ya que la policía y las fuerzas de seguridad estaban sobrepasadas ante el terror y los crímenes indiscriminados que se producían a diario. El país era un verdadero caos.
Roberto Julio Ildarraz
DNI 4.159.044
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]“Dos por uno”
Más allá de la particular valoración que se haga sobre el acierto o desacierto del dictado de la ley llamada del “dos por uno” -a mi modo de ver un gran error en detrimento del sistema penal-, lo cierto, la realidad jurídica, es que esa ley, derogada, está vigente para determinados casos sobre la base del tradicional principio de ultraactividad de la ley penal más benigna. Por el motivo indicado, no tiene sustento constitucional la ley dictada casi por unanimidad que pretende corregir políticamente una situación que afecta a los desnaturalizados derechos humanos que sólo buscan venganza contra quienes enfrentaron a la guerra subversiva.
Esta ley, número 27.362, es ilegalmente retroactiva y arbitraria, aunque se la pretenda llamar interpretativa.
Adolfo Casabal Elía
DNI 4.414.486
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Hospital de Ezeiza
Como médicos egresados de la Universidad de Buenos Aires hace casi cincuenta años, y docentes universitarios de esa misma casa de estudios, donde desarrollamos nuestra profesión en forma permanente en el Hospital de Clínicas José de San Martín, hemos conocido todo tipo de hospitales en nuestro país y en el exterior. En todos ellos se incluyen servicios de atención primaria, secundaria y de alta complejidad, como es el caso de nuestro hospital. El llamado Hospital Penitenciario de la Cárcel de Ezeiza, que también hemos visitado en varias oportunidades, no reúne la más mínima de las condiciones para ser considerado como un hospital. Sólo es posible advertir carteles con habitaciones vacías, lo que nos llevó a calificarlo como “hospital fantasma”.
Dr. Oscar R. Iavícoli
Dr. Hugo Esteva
vicoli@yahoo.com.ar
[/ezcol_1third_end]Fuente y colaboración: Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 27, 2017
Monseñor Aguer, el 2×1 y los treinta mil
Monseñor Héctor Aguer y su opinión sobre el beneficio del 2×1 en los casos de lesa humanidad y la obligación de mentir sobre los 30.000 desaparecidos en una provincia de Buenos Aires comandada por María Eugenia Vidal.
[ezcol_1fifth]
[/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth]Monseñor Aguer -quién se encuentra en la vereda opuesta al Papa Francisco- tuteló el beneficio del 2×1 a los condenados por supuestos delitos de lesa humanidad, desacreditando al gobierno nacional por las críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia y también a la reciente ley promulgada por el gobierno de María Eugenia Vidal -presente en el momento de estas declaraciones- que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil.
Estas manifestaciones tuvieron lugar tras el Tedeum que se realizó en la Catedral, del que participó María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, parte de su gabinete y Julio Garro, intendente local.
Aguer afirmó que el hecho de que el jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña “haya salido a cuestionar el fallo de la Corte demuestra que nuestra República no está muy sana“. Destacando que se trataba de una invasión a otro poder. El arzobispo consideró que estaba fuera de lugar que el Congreso haya sancionado una ley retroactiva contra la decisión de la Corte Suprema.
El religioso se mostró contra la ley provincial que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil personas. “Se impuso por Ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura. Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido”, explicó Aguer. “No me corresponde a mí poner un número, pero digo: ‘¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?’. No corresponde una ley para eso”.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end].[/ezcol_1fifth_end]Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 25, 2017
Cartas de lectores del diario La Nación
Felicitaciones
Felicito efusivamente a los doctores Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton por haberse atrevido a fallar conforme a derecho en el caso Muiña, al aplicar el “dos por uno” dejando de lado razones de odio o cobardía que pudieron impulsarlos a votar en sentido contrario.
Juan Luis Gallardo
jlgallardo34@gmail.com
Ilegales y nulos
El debate de la ley del “dos por uno” oculta la cuestión de fondo: que los juicios llamados de lesa humanidad son ilegales, inconstitucionales e insanablemente nulos; en consecuencia, los fallos derivados, “cosa juzgada írrita”. Inconstitucionales, porque vulneran el artículo 18 de la Constitución, e ilegales, porque desconocen el principio jurídico universal de legalidad. Por otra parte, los más de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de genocidio (artículo 6 del Estatuto de Roma, actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional -fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos- étnico, racial o religioso) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma: actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil). Además, el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por ley 25.390 del 9 de enero de 2007, prohibiendo expresamente el artículo 25 su aplicación retroactiva. La incorporación a la legislación argentina de la convención internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad fue por el decreto 579 de 2003. España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma se encuentran prescriptos.
Genocidio, lesa humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivó en el arbitrario enjuiciamiento de más de 2400 imputados y hasta ahora en la muerte de 404 personas en injusto cautiverio. ¿Un genocidio al revés?
Juan Miguel Giuliano
General
Presunción
Pablo García Aliverti atropelló hace cuatro años alcoholizado a un vigilador que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo. Luego del accidente, sin frenar, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Durante estos cuatro años esperó su sentencia en libertad y fue sentenciado a cuatro años, por lo cual quedó libre. Y me pregunto, ¿por qué los presos de los juicios mal llamados de “lesa humanidad”, con edad promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios ni condenas, siguen siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia? En la Argentina, el “principio de presunción de inocencia” sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las Fuerzas Armadas, de seguridad y los policías del 70 son juzgados y condenados de antemano por la justicia tuerta.
Lucas José Alfaro Jones
Plaza de la Shoá
Los días soleados nos invitan a pasear y a apreciar la naturaleza y los monumentos que nos ofrecen los parques de Palermo. Sin embargo, produce tristeza y desolación ver cómo niños y adultos utilizan de frontón de fútbol y se entretienen -trepando peligrosamente- el digno Monumento Nacional a la Memoria de las Víctimas del Holocausto, de la Plaza de la Shoá, en el parque Tres de Febrero, en la intersección de Libertador y Bullrich. El monumento, compuesto por 114 cubos de hormigón, representa la cantidad de víctimas en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. ¿Podrían las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires colocar alguna cinta de resguardo y alguna identificación bien visible al pie del monumento, para ejercer así un adecuado control y el cuidado que merece este lugar?
J. Fernando Arana Cosulich
jfac@live.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Carta Abierta a Joaquín Morales Solá
Del Dicho de periodistas, al “Hecho” de los funcionarios…
[ezcol_3fifth]Una oportunidad perdida para el Gobierno
El péndulo de la revisión del pasado osciló entre extremos en los últimos 33 años de democracia. Sólo Raúl Alfonsín intentó en los primeros cuatro años de su mandato, cuando era un presidente fuerte, juzgar a los militares que violaron los derechos humanos y a los guerrilleros que también lo hicieron. Carlos Menem decidió mediante un indulto personalísimo liberar a todos de culpa y cargo. La era kirchnerista colocó el péndulo en el otro extremo. Juzgamiento a todos los militares acusados de delitos de lesa humanidad, aun desconociendo en muchos casos las garantías procesales. Al mismo tiempo, convirtió a los jefes guerrilleros de los años 70 en héroes cargados de crímenes. El gobierno de Macri aspiraba a colocar el péndulo en el medio: ni impunidad ni venganza. La prisión domiciliaria de los militares ancianos y enfermos no significaría una disminución de la condena, sino otra manera de cumplir la prisión. Colocaría el derecho humanitario en armonía con el Código Penal, que prevé la prisión domiciliaria para los presos enfermos o con más de 70 años.
La decisión de la mayoría de la Corte es legal. El artículo 2 del Código Penal es muy claro: siempre se aplicará la ley más benigna en el momento del fallo, aun cuando hayan estado vigentes otras leyes. La más benigna es, sin duda, la que beneficia a los condenados con el “dos por uno” mientras estuvieron en prisión preventiva. Es una ley que responde a los preceptos del garantismo zaffaroniano. La hipocresía del kirchnerismo radica, sobre todo, en su inacción. En doce años de poder, no le agregó al artículo 2 del Código Penal una excepción para los delitos de lesa humanidad ni cubrió el vacío legal que dejó la ley del “dos por uno”, que el Congreso acaba de resolver.
Los dos jueces que votaron en contra de ese beneficio, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, también se respaldaron en argumentos legales. Los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución en 1994, declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y prohíben la reducción de las penas. De hecho, Maqueda había firmado hace poco una resolución de la Corte que otorgó la prisión domiciliaria a un militar de 85 años, muy enfermo. No pasó nada entonces.
En medio del fárrago, la primera pregunta que surge es qué pasó para que la interpretación estricta del derecho derrumbara la oportunidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó semanas atrás a todos los miembros de la Corte. Ninguno le anticipó nada sobre aquella resolución del “dos por uno”. Sólo al anochecer del día anterior a la firma de la resolución, Lorenzetti lo llamó por teléfono al ministro para advertirle vagamente de que algo pasaría al día siguiente sobre un asunto vinculado con delitos de lesa humanidad. Por eso, Garavano fue el primero en salir, tal vez enojado y decepcionado, a manifestarse en contra de la ley del “dos por uno”. Es una opinión sincera. “Yo soy más conservador para la interpretación de la ley; no me gusta el excesivo garantismo”, suele decir en privado.
Pero ¿qué pasó dentro de la Corte? Primero los hechos, después las interpretaciones. El grupo de tres jueces liderado por Carlos Rosenkrantz, e integrado por Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, sorprendió a Lorenzetti y Maqueda con un voto redactado sobre el beneficio a Muiña con la ley del “dos por uno”. Acordaron a duras penas un plazo no mayor de 15 días para que los otros dos elaboraran sus votos. Muiña es sólo un caso entre 20 más que tiene la Corte. Así empezó todo.
Una interpretación, que circula por el oficialismo, señala que Lorenzetti, que maneja la agenda de la Corte, dejó que el caso prosperara porque imaginó el desgaste de Rosatti, su eterno rival. En efecto, Rosatti les comentó a varios interlocutores (incluidos algunos funcionarios del Gobierno) que después del juicio político planteado por Elisa Carrió, la gestión de Lorenzetti como presidente del tribunal debía concluir en diciembre próximo, aunque le quedara un año más de mandato. “La situación no da para más”, les dijo. Rosatti supone que él podría ser el sucesor de Lorenzetti al frente del tribunal. Lorenzetti los habría dejado avanzar sabiendo que Rosatti se quemaría en el camino.
Otras versiones indican que fueron los tres firmantes de la resolución los que presionaron a Lorenzetti para que se tratara el tema. En tal caso, sería Rosenkrantz, y no Rosatti, quien tomó el liderazgo de una parte importante de la Corte. Luego del estrépito político y social por la resolución, Rosatti y Highton de Nolasco se mostraron dubitativos. Rosatti debió cancelar dos disertaciones por el temor a escraches. Rosenkrantz, que es un jurista sin experiencia política, se mantuvo en sus trece. “No cambiaría ni una coma por la presión política y mediática”, confirmó.
Carrió salió otra vez en auxilio del Gobierno. Será ella la que presentará en Diputados un proyecto para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan cumplir prisión domiciliaria a partir de los 75 años. “El derecho humanitario debe ser respetado por la democracia”, señaló. Carrió tiene autoridad moral para hacerlo. Ella escribió como constituyente la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución y fue la voz que defendió en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Se entusiasmó cuando escuchó a Carlos Kunkel, que participó del grupo guerrillero Montoneros, exclamar en el recinto de los Diputados: “Enfrentar a la fuerza con la fuerza fue un error”. Fueron las primeras palabras de tibia autocrítica.
Para que el país deje de habitar en el pasado son necesarios la verdad y el pedido de perdón. Ni militares ni guerrilleros mostraron nunca gestos de remordimiento. Aunque la responsabilidad del Estado es siempre mayor cuando se violan derechos humanos, la culpa de los grupos insurgentes en aquella ordalía de sangre no puede seguir sumergida bajo un relato de supuesta heroicidad. Definitivamente, no fueron héroes ni mártires. Es cierto, por otro lado, que lo que Norma Morandini llama el “insoportable patrullaje ideológico” impide el debate para llegar a la verdad. Ese “patrullaje” llegó a descalificar a Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido y luchadora infatigable por los derechos humanos. Fernández Meijide había dicho sólo una frase con sentido común: “Nos guste o no, es un fallo de la Corte Suprema y hay que respetarlo”. En efecto, la Corte no tiene la culpa. Es el pasado irresuelto el que interpela a la dirigencia argentina y a los viejos protagonistas de la entera tragedia.
http://www.lanacion.com.ar/2023590-una-oportunidad-perdida-para-el-gobierno
[/ezcol_3fifth] [ezcol_2fifth_end]CARTA A JOAQUÍN MORALES SOLÁ
LOS CÓMPLICES
Lo que nunca podré exponer ni mínimamente, es la repulsión que siento ante tanta ilegalidad e hipocresía generalizada de tanto cobarde que circula en inmerecida libertad, por el territorio que se llama Argentina.
Cordialmente
Claudio Kussman
Mayo 14, 2017
*”engarronar” – hacer comer un garrón, culpar un inocente – jerga policial
Claudio Kussman
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www.PrisioneroEnArgentina.com
@PrisioneroA
Mayo 14, 2017
[/ezcol_2fifth_end]Civilización o Barbarie
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas se fundó en 1938, en Buenos Aires, Argentina, con el objeto de profundizar los estudios de las disciplinas humanísticas que definen su campo. Su denominación proviene de la homónima de Francia, fundada en París en 1795.
Su edificio cito en la avenida Alvear 1711 de Capital Federal fue declarado “Monumento Histórico” en agosto de 2002. Su estilo neoclásico francés lo convierte en una muestra de las urbanizaciones de principios del siglo XX, su autor fue el arquitecto Alejandro Bustillo.
Declaración de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas ha considerado necesario emitir opinión, tanto sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Muiña”, como de sus repercusiones en el plano institucional y político.
El Código Penal y su válida interpretación en el dictado del fallo, dice que ese beneficio es aplicable a todos los delitos, sin exclusión.La sanción posterior de una nueva ley interpretativa para excluir de su alcance ciertas causalidades, implicó el reconocimiento que fue correcta la interpretación jurídica del voto mayoritario de la Corte.
La sanción de leyes de modo apresurado, no es una buena práctica legislativa y mucho menos en temas de carácter penal.
Además de dejar sentada nuestra opinión en el plano jurídico y constitucional, consideramos necesario llamar la atención sobre ladeplorable ausencia de respeto por la independencia y división de poderes observada como consecuencia de este caso. Ese respeto hace a la esencia de nuestra República y del Estado de Derecho.
Se han visto desde altisonantes condenas al fallo por parte de legisladores, políticos, y miembros del propio gobierno, hasta pedidos de juicio político, denuncias admitidas por fiscales presurosos y declaraciones de inconstitucionalidad de otros tribunales.
En una sociedad libre todo ciudadano puede expresar su opinión y unirse en concentraciones callejeras si así lo desea, pero sí debemos manifestar nuestra extrema preocupación al observar que quienes tienen responsabilidades institucionales desconozcan la independencia y separación de poderes y rechacen un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Gregorio Badeni María Teresa Carballo
Académico Secretario Académica Presidente
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 13, 2017
Carrió, Prometedora serial
Por María Ferreyra
Si un imputado por casos de lesa humanidad es inocente, lo menos que está pensando en este momento es en el beneficio de computar dos años
por cada doce meses de encarcelamiento. Lo que quiere es llegar vivo a un juicio justo, algo que, convengamos, ningún político argentino habla. Ni siquiera aquellos que se vanaglorian de preocuparse. Para Alberto Asseff son las condiciones carcelarias a cambio de una afiliación, para el voluntarioso Alfredo Olmedo son esos patriotas que cumplieron órdenes y derrotaron al terrorismo.
Y luego tenemos a Elisa Carrió. Mientras el país sigue en ebullición por la disputa del beneficio del 2×1 en el caso Muiña después de que el Congreso de la Nación sancionara una ley para limitar la aplicación de ese cómputo para las penas, la diputada nacional reavivó la polémica sobre la prisión domiciliaria en los casos de detenidos que “hayan cometido delitos de lesa humanidad o no”.
“Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria. No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tengan prisión domiciliaria. No me parece que eso sea humanista. Creo que hay que resolver ese tema”, manifestó la legisladora, mientras nos preguntamos qué sucedió con el interno mayor de setenta (70) años como señala la ley 24.660. Debería consultar esta información, tal vez la ley dice setenta años para miembros de la juventud maravillosa, lo cual sería risueño ya que ninguno de estos revolucionarios hoy la necesita. En el caso de los ex uniformados, esos cinco años de diferencia es una cruz en el cementerio.
“Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces. Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad”, dijo Carrió sobre el fallo del 2×1 de la Corte.
Sin embargo, la hipocresía es general y abraza a la diputada chaqueña. Aún no hay opiniones con respecto al procedimiento con que se llevan a cabo los juicios a ex uniformados. Si fueron héroes por combatir al terrorismo o no, debería ser materia de aquellos investigadores e historiadores sin ideologías o cuentas bancarias. Se trata de la manera que jueces y fiscales llevaron y llevan adelante imputaciones sin pruebas o declaraciones vagas. Argentina, uno de los pocos países donde se es culpable hasta demostrar lo contrario. En pocas palabras, revisión de los casos -si bien tomaría mucho tiempo- no es una opción políticamente correcta.
Carrió es una prometedora crónica y una denunciadora serial, y es por ello que se ha mantenido en el seno del país de las maravillas sin llevar a cabo sus pronunciamientos. Si sus acusaciones -a lo largo del tiempo- derivan en un resultado, se acreditará el logro. En época de elecciones, hay que desparramar migajas verbales para contentar a todos y abultar la cajita feliz (La urna)
María Ferreyra
email@PrisioneroEnArgentina.com
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@carmendelfk1
Mayo 13, 2017
EL DEBATE SOBRE LA LEY DE 2×1
El debate de la Ley de 2×1, oculta la cuestión de fondo cual es que los Juicios llamados de Lesa Humanidad, son ilegales, inconstitucionales, e insanablemente nulos, en consecuencia los fallos derivados “ Cosa Juzgada Irrita”. Inconstitucionales porque vulneran el Art 18 de la Constituciòn Nacional e ilegales porque desconocen el principio jurídico universal de Legalidad.Por otra parte, los mas de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de Genocidio (Art. 6 del Estatuto de Roma: actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional (fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos) étnico , racial o religioso ) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de Lesa Humanidad (Art. 7 del Estatuto de Roma: Actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la POBLACIÒN CIVIL)
Ademàs el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por Ley 25.390 del 9 de enero de 2007 prohibiendo expresamente el Art 25 su aplicación retroactiva . La incorporación a la legislación argentina de la Convenciòn Internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad fue por el Decreto 579 del año 2003.Paises como España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casaciòn ) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma , se encuentran PRESCRIPTOS.
Genocidio, Lesa Humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivò en el arbitrario enjuiciamento de mas de 2400 imputados y hasta ahora 404 muertos en injusto cautiverio. ¿Un Genocidio al revés?
Juan Miguel Giuliano.
General (R)
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 12, 2017
Fallo “dos por uno”
Escribe Enrique Molina Pico en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Fallo “dos por uno”
“Dos por uno”, igualdad ante la ley y demás garantías constitucionales o el camino hacia el pensamiento único obligatorio. Declamamos ser un país que vive en democracia, con separación de poderes y una total independencia del Poder Judicial, que se expresa por sus fallos. Falta agregar: eso sí, siempre y cuando la sentencia concuerde con mis ideas o intereses, en caso contrario, estigmatizaremos y amenazaremos a los jueces, los denunciaremos penalmente y solicitaremos su juicio político y finalmente sancionaremos una ley opuesta que se aplicará con retroactividad.
Enrique Molina Pico
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 12, 2017
El Estado de Derecho. Editorial del periódico La Nación
El fallo de la Corte que aplicó el cómputo del dos por uno en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad y que tanta polémica despierta nos mueve a reflexionar acerca de si como sociedad hemos asumido plenamente lo que significa aceptar el Estado de Derecho, esto es, la sujeción del hombre al imperio de la ley que debe regir la vida en comunidad.
Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva.
A propósito del fallo “Muiña” de nuestro máximo tribunal, que conocimos días atrás, merced al cual se le concede a un represor el beneficio del dos por uno en su condena por el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos para con trabajadores del hospital Posadas, se ha afirmado en distintos ámbitos que los derechos humanos universalmente reconocidos están por encima de cualquier ley. Pero si realmente aspiramos a vivir en un Estado de Derecho no hay doctrina política, ni religiosa, ni filosófica, ni relato ni memoria que puedan justificar su elevación por sobre la ley.
A lo largo de la historia, el mundo occidental civilizado ha incorporado sabiamente principios inamovibles como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el debido proceso y que nadie puede ser juzgado ni condenado por conductas no previstas en leyes anteriores al hecho, entre muchos otros. Las llamadas leyes humanitarias han suprimido la prisión por deudas y la tortura; han consagrado el principio de in dubio pro reo, o beneficio de la duda; el principio de la ley más benigna a favor del imputado siempre que ésta estuviese vigente al momento del hecho, y que las cárceles sean sanas y limpias “para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas”. En la misma línea están la reducción de la pena por buena conducta y la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Se trata de conquistas que responden a piadosas tendencias humanitarias, precisamente a favor del hombre.
La sana división de poderes, con expresa prohibición de arrogarse otras funciones propias del Poder Judicial, y la obligación de los jueces de fallar según la ley, con independencia de toda doctrina o postura política por respetable que ella sea, constituyen garantías para el ciudadano. A la luz de estos principios fundamentales, la sociedad debe comprender que si se quiere vivir en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes, nos gusten o no sus términos, pues no existe ninguna política capaz de situarse por encima de ese cuerpo legal. Si el fallo en cuestión se hubiese aplicado a un ex montonero, la situación sería exactamente la misma, pues nada tienen que ver en esto la militancia ni las argumentaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Precisamente por este motivo se representa a la Justicia con una venda en los ojos para simbolizar su imparcialidad: la ley es igual para todos. La aplicación de este principio es justamente lo que nos distinguirá de los criminales de toda laya y de la barbarie, tanto como de quienes pretenderían ampararse en la deleznable consigna “al enemigo, ni justicia” para exigir venganza antes que el cumplimiento de las leyes.
No puede menos que repudiarse la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, al cuestionar el fallo de la Corte Suprema, sostuvo que algo así no hubiese ocurrido durante su gestión gubernamental: otro vergonzoso sincericidio que confirma cuán lejos estaba de respetar la autonomía de los tres poderes que debe primar en una república, al aceptar que ella controlaba o aspiraba a digitar incluso al máximo tribunal de la Nación.
Que la sentencia no sea políticamente favorable al gobierno de Mauricio Macri, por un lado, y que desagrade a organismos defensores de los derechos humanos, por el otro, son una clara muestra de la independencia de la que ha hecho gala la Corte, con su dinámica de mayorías y minorías, al fallar de acuerdo con lo que entiende es la debida aplicación de la ley y las garantías procesales. Técnicamente el fallo resulta inobjetable, aun para sus detractores. Recordemos, además, que el régimen del dos por uno fue muy criticado y desde esta columna se pidió su derogación en 2000.
Recientemente, la Corte avaló el arresto domiciliario para un represor de 85 años y enfermo. Un fallo de características similares fue el de la Corte chilena que habilitó a Augusto Pinochet, de la misma edad, a terminar sus días en su hogar y no en prisión. En una auténtica república el respeto a la ley puede derivar en actos éticamente humanitarios, incluso para con aquellos que tan ferozmente la combatieron, pues sólo así se confirma su fortaleza y sus auténticos valores.
Desgraciadamente, continuando con una inercia de enfrentamiento que sólo nos aleja del futuro para anclarnos en el pasado, una parte de la ciudadanía parece haber olvidado que venimos de más de una década de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial. Ya comienzan a oírse voces que anticipan apelar a mecanismos constitucionales que pongan freno a nuevos fallos, incluso al absurdo pedido de juicio político a los magistrados que conformaron el voto mayoritario. En el juego democrático, todo lo que acontezca dentro del marco institucional debe celebrarse. Hasta aquí, respetamos un ejemplo del sano funcionamiento de la independencia de los poderes tan largamente reclamada.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2021842-el-estado-de-derecho
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 9, 2017