“Es hora de aullar porque, si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no
hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos”.
José Saramago
Hace un par de semanas, les propuse un ejercicio de imaginación al que califiqué como posible, aunque altamente improbable: ¿qué pasaría en la cúpula del kirchnerismo si el Presidente Clown renunciaba o quedaba inhabilitado para gobernar? Desde el jueves, creo que la probabilidad de que eso ocurra creció exponencialmente. Máximo Kirchner, príncipe heredero de la soñada dinastía y Presidente de la bancada oficialista en Diputados, disparó con munición gruesa contra el Gobierno (teóricamente, el suyo), preguntándole cómo reaccionaría ante el FMI si un simple laboratorio extranjero, productor de vacunas, le doblaba el brazo y le imponía un cambio en la legislación. Alberto Fernández, casi llorando, le respondió desde Tucumán ayer, diciendo que jamás cedería y que, antes de hacerlo, se iría a su casa. Si no estuvieran jugando con los 100.000 muertos que alcanzaremos la semana próxima, tal vez todos deberíamos reírnos.
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Una vieja frase debiera explicar historia reciente de la Argentina: “la experiencia es lo que hace que un hombre que ha tropezado dos veces con la misma piedra, lo confiese la tercera vez”. Después de haber visto qué hizo el kirchnerismo con la República -y también lo que intentó y no logró- durante sus primeros doce años en el poder nacional, un sector importante de la ciudadanía (48%), enojado con Mauricio Macri, creyó en el nuevo truco electoral de Cristina Fernández y pensó que Alberto Fernández los haría volver mejores. A dieciocho meses de la asunción, está clarísimo que el único perfeccionamiento que este engendro llamado Frente para Todos adquirió en el llano fue cómo demoler más rápidamente la Constitución, la democracia, la economía, la libertad y hasta la propia sociedad.
Recordemos la cárcel en que nos encontramos los cuarenta y cinco millones de argentinos; el discurso de odio que baja desde el Gobierno mientras imputa a la oposición por sus continuos fracasos y la califica de nazi; las arbitrariedades contra las garantías individuales y la propiedad privada; la renovada guerra gaucha que ayer mismo tuvo su máxima expresión de rechazo en San Nicolás; la monumental inflación y el incendio del Banco Central; la hipocresía en la defensa tuerta de los derechos humanos; el aislamiento internacional, la sociedad con los regímenes asesinos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, China e Irán, y la repugnante cesión de soberanía; los obscenos privilegios de su clase política; la destrucción terminal de la educación; la apropiación de tantas cajas del Estado; el desempleo, la proliferación del narcotráfico y la violencia; la forzada emigración de nuestros jóvenes; la pretensión de domesticar a la Justicia; los permanentes misiles contra la casi extinguida clase media.
Contra la opinión de muchos, aplaudo sin restricciones la celebración de internas dentro de Juntos por el Cambio, ya que ratifican la unidad y permitirán a quienes resulten candidatos contar con una legitimidad de origen de la que carecen quienes son designados a dedo por los grandes popes; en particular, celebro la participación de Ricardo López Murphy en la competencia por la Ciudad Autónoma, que me parece un logro republicano notable. Por el contrario, lamentaré enormemente –si, finalmente, se confirma- que esa competencia fuera con María Eugenia Vidal; mis amigos expertos en la geopolítica provincial me aseguran que allí aportaría seis puntos adicionales a la coalición opositora. Su resistencia impone imaginar a un general negándose a comandar al ejército en una acción decisiva; ¿cuál sería, entonces, el futuro de su carrera militar?
Mientras tanto, hay algunos movimientos que agravan la preocupación general acerca de la posibilidad de un fraude masivo en las próximas elecciones; estarán a cargo de los jueces María Romilda Servini de Cubría y Alejo Ramos Padilla -muy justificadamente sospechados de servir al kirchnerismo- en los dos principales distritos electorales, y de Raúl Bejas (ex apoderado del PJ tucumano) que integra la Cámara Nacional Electoral. La declaración de quiebra del Correo Argentino, si bien apelada y con razón, puede dejar la manipulación de los telegramas del acto comicial en manos de los fieles soldados de Cristina Fernández, y circulan versiones acerca de la adquisición por el Poder Ejecutivo de un sistema informático perverso.
Por ello, es indispensable que todos nos preparemos para enfrentar ese permanente y dañino problema. Los ciudadanos de a pie, fiscalizando responsablemente en todas las mesas del país, con nuestros celulares alerta, para evitar votos falsos y alteraciones en planillas y telegramas, y recurriendo a las fuerzas de seguridad cada vez que los patoteros de siempre pretendan imponer sus malsanos criterios y sus trampas habituales. Y las autoridades partidarias, requiriendo la presencia de veedores internacionales independientes, incluyendo expertos informáticos, para verificar y garantizar la pureza y legalidad de los resultados. Porque sin 2021 no habrá 2023 y, en medio de la pandemia y del terror inducido, hay otro peligro aún mayor: la abstención. Si no vamos a votar, si nos quedamos en casa por miedo al contagio mientras ellos llevan y pagan a los más pobres para hacerlo, cuando se dispersen el día y la batalla deforme, la victoria será de los otros y habrán ganado los bárbaros (¡gracias, don Jorge Luis Borges, por conjeturar!), a quienes habremos entregado nuestro país para que lo demuelan definitivamente.
Una vez más, el destino está en nuestras manos y debemos sacrificarnos para obtener la clara victoria de la República y de la democracia. Este año, lo único que importa, lo que determinará si ganamos o perdimos el futuro, se medirá de un único modo: si el Gobierno obtiene -o no- los diputados adicionales que necesita para contar con quórum propio o los senadores que le permitan alcanzar los dos tercios en el H° Aguantadero.
“La única manera de enfrentarse a la violencia de la muchedumbre, mediante la
cual los comunistas pretendían apoderarse de la ciudad y presentarse al mundo
como el gobierno que reclamaba el pueblo …, era por la fuerza de las armas”.
Winston Churchill
Hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que Cristina Fernández se convenciera de que las elecciones legislativas no le permitirán hacerse con las mayorías necesarias para su pretensión de modificar las leyes que obstruyen la impunidad que anhela. Supongamos, además, que a partir de octubre comenzaran a llegar al Gobierno las facturas de la fiesta preelectoral: descontrolada emisión para cubrir tarifas atrasadas, subsidios y planes; explosión inflacionaria y consecuente aumento de la pobreza; reprimida devaluación; desabastecimiento por falta de insumos importados; cierre total de acceso al crédito por el seguro default; falta de inversiones para crear empleo genuino; deuda del BCRA y sus escandalosos intereses; etc.. Coincidirá conmigo en que, de darse ese escenario, seguramente la PresidenteVice caería en la desesperación. Falta saber qué haría entonces.
A total contramano de las necesidades imperiosas de la angustiada sociedad, la agenda judicial que la afecta es su única preocupación, pero las encuestas están informando la masiva fuga del voto independiente de clase media que, engañado, permitió al Frente de Todos ganar en 2019. Ese factor, sumado a la pauperización por la inflación de los alimentos (superior en 50% a la media), la inseguridad y la droga, que golpean principalmente a su base electoral del Conurbano y, sobre todo, al penoso proceso de inmunización, a la torpeza y la manipulación en la administración de las cuarentenas y a la incesante revelación de corrupción en la compra de insumos, vacunas y hasta en el transporte de éstas, con las que, por si fuera poco, se inocula a jóvenes militantes mientras se deja indefensos a los más vulnerables, han hecho que la postergación, la unificación o la suspensión de estas elecciones se transformen en algo esencial para no perder el poder.
Que estén utilizando la pandemia y las sospechosas cifras de contagiados y muertos para sostener que será imposible realizarlas, habla muy claro de la catadura moral de quienes son, precisamente, los responsables directos de tamaña catástrofe; son los mismos que fundieron el país (cerraron 30.000 empresas y se perdieron 1,5 millón de trabajos) y ahora reinciden en aplicar recetas fracasadas e inconstitucionales. Espero que la oposición no vuelva a caer en la trampa, aduciendo que no dispondrá de suficientes fiscales para controlar los comicios por miedo al virus; de todas maneras, el oficialismo está proyectando ya un fraude masivo en la Provincia de Buenos Aires, tutelado por un integrante de la manada de rottweilers vengadores, el Juez electoral Alejo Ramos Padilla.
Esa salvaje jauría, en la que destacan el Ministro y el Secretario de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el Diputado Rodolfo Tailhade y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a la cual el energúmeno Alberto Fernández no sabe/puede/quiere controlar, está royendo las cadenas institucionales de la Argentina, comenzando por la Corte Suprema, los jueces federales y el Procurador General y sus fiscales, a los que no conseguirán ampliar o reemplazar por vías legales salvo que haya deserciones en la oposición (algo poco probable a esta altura), y todas esas maniobras terminarán, otra vez, en un monumental fracaso. La peregrina teoría del lawfare se debilita porque la enorme mayoría de las causas –salvo “Cuadernos”- que afectan al kirchnerismo (como los bolsos de José López en el convento, por ejemplo), fueron iniciadas antes de diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner era oficialmente Presidente.
Por ello, cabe preguntarse cuándo ordenará ella la toma violenta del Palacio de Justicia, donde reside la Corte; se podría inspirar en los ataques al Palacio de Invierno (Rusia, 1917) y al Cuartel de la Moncada (Cuba, 1953). Si usted cree que deliro al imaginar algo así, recuerde qué sucedió en la plaza el 24 de octubre de 2018, cuando se discutía una fórmula de ajuste de las jubilaciones y las asesinas hordas kirchneristas –demuestran esa pertenencia al guardar un cómplice silencio ahora pese a que el Gobierno está licuando los haberes- pretendían invadir el Congreso, con la complicidad de los diputados Leopoldo Moreau y Horacio Pietragalla, después de arrojar catorce toneladas de piedras sobre la Policía de la Ciudad.
Dispondría, para esa aventura, de nuevas y sanguinarias tropas de asalto: barrabravas, narco-sicarios, criminales liberados, delincuentes importados, soldados de Sendero Luminoso y de las FARC, etc. Esta misma semana, hubo un ensayo general cuando “organizaciones sociales” fueron al Palacio a exigir la liberación de dos delincuentes condenados, Amado Boudou y Milagro Sala, privilegiadas estrellitas de esa maloliente galaxia.
Se me podría replicar que, en 2015, ella entregó el poder pacíficamente, pero, a mi entender, las circunstancias son distintas, porque más temprano que tarde llegarán las definiciones en las causas judiciales que, llenas de pruebas concluyentes de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tanto la preocupan, sobre todo por la suerte de Florencia Kirchner. Además, ahora está en juego no sólo la aspiración dinástica de la familia sino su intención de subsumir al peronismo en La Cámpora; es decir, llevar a la victoria el proyecto de los Montoneros de los 70’s, cuyos hijos ya se han encaramado a todas las instituciones del Estado; lo mismo sucede en el sur, donde los terroristas del ERP se han unido a los pseudo-mapuches para reeditar la tentativa de un Tucumán independiente.
Y la dramática pregunta es: ¿de qué recursos morales y físicos dispondrá entonces la sociedad para combatir ese probable golpe de Estado? En la respuesta estará el futuro de la Argentina que conocemos.
Si bien el autor de la nota parte de la premisa de que una reforma judicial con métodos y objetivos inconstitucionales destruirían una Republica (como forma de gobierno y como ideología política), la misma es compartida y aceptable como principio teórico, pero nuestra preocupación tiene un sentido más práctico, no político, desde dos aspectos:
¿Actualmente la Argentina necesita una verdadera reforma judicial para asegurar la supervivencia de la Republica?, es decir ¿los pilares fundamentales de la Republica, son garantizados para todos los ciudadanos por igual, que no requieren corregir posibles ilegalidades?
El segundo aspecto, está relacionado con una realidad y un silencio. El profesor Sabsay precisa las reglas imperativas de un sistema judicial, de la justicia, rol de los jueces…. y no se detiene a analizar las violaciones de esos principios por parte de la justicia en los ilegales procesos de lesa humanidad. Salvo a justificar esa situación no se puede esconder, negar, ocultar premisas que hacen a la esencia de la Republica.
Reafirmando que más de 3000 prisioneros políticos (magistrados, sacerdotes católicos, abogados, médicos, empresarios, ex agentes del Estado, académicos) que, en los años 70, protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el poder por las armas, hoy son acusados y condenados ilegalmente de lesa humanidad, por una justicia politizada que no respeta las garantías del Estado de derecho, ni las Obligaciones Positivas. Así, los jueces impunemente violan a ese grupo nacional los principios de legalidad, garantías constitucionales, convencionales, derechos humanos. Aplican la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, la excepcionalidad (suspensión de garantías) permanente, la prisión preventiva ilimitada. Ignoran la prescripción, la amnistía, el debido proceso.
¿Profesor Sabsay son esas ilegalidades que en una República no necesitarían una reforma judicial?
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Torres, Ramos Padillas, Rozasnsky, Argibay Molina
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Sabsay, Lorenzetti, Oyarbide, Rafecas
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Recordando los principios del Estado de derecho: La Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la cual la Argentina es país observador https://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=36 redactó un instrumento operativo para evaluar el nivel de cumplimiento del Estado de derecho, elaborando para ello la lista de criterios del Estado de derecho[1], basada en cinco elementos fundamentales y subdividida en preguntas detalladas. Esos criterios son:
1- El principio de legalidad (la garantía del derecho internacional en el derecho interno, excepciones en situaciones de urgencia…)
2- La seguridad jurídica (no retroactividad penal, nullum crimen, nulla poena sine lege, estabilidad y coherencia del derecho…)
3- La prevención del abuso de poder
4- La igualdad ante la ley y la no discriminación (igualdad ante la ley…)
5- El acceso a la justicia (independencia, imparcialidad, debido proceso, presunción de inocencia…)
¿Profesor Sabsay se puede de manera sincera, objetiva y jurídica, afirmar que esos criterios se aplican a todos los individuos acusados de lesa humanidad y que no se violan sus principios constitucionales o convencionales? ¿Existe un Estado de derecho actualmente en Argentina según la lista de la Comisión de Venecia?
Comentarios: los fundamentos de la Republica en juego
Hubo normas internas que no tienen el titulo ni el estatus de ley de excepción pero que en la práctica lo son(Decreto 1678/2001 declaración del Estado de sitio, suspensión de garantías, ley interpretativa 27362, promulgada en 48 horas, o leyes 24952 y 25779 que facilitaron la ilegal retroactividad penal). La justicia también utiliza el concepto de excepcionalidad para legalizar las diligencias procesales ilegales contra los Prisioneros Políticos, privando a los mismos de las garantías que benefician los acusados de delitos comunes.
Hay una destrucción del Republica por la inseguridad jurídica, la corrupción, la impunidad en la justicia, la influencia de la política en los fallos judiciales. Así lo manifestaron el presidente de la CSJN, el ministro de justicia, varios fiscales…
La independencia de la justicia sobre todo en el fuero federal es inexistente. Los jueces hacen política, negocian sus fallos por privilegios personales o profesionales, saben decidir en justicia en el momento político oportuno. Los jueces participan en actos políticos con los denunciantes en causas que están bajo su responsabilidad.
Jueces militantes los hay y los hubo: en la CSJN: ex miembro de montoneros Ricardo Lorenzetti, la desaparecida pero aparecida jueza Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni…en la justicia federal; Sergio Torres (actual miembro de la SCJ de la Pcia Bs As), Daniel Rafecas, Carlos Rozanski, Norberto Oyarbide, Alejo Ramos Padilla…los miembros de Justicia Legitima.
Los jueces en sus fallos no son ni objetivos, ni parciales o independientes de la influencia política u otros motivos, porque violan de manera planificada y sistemática la CN, hacen decir lo que la carta magna no dice, dictando resoluciones que van contra los principios constitucionales, violando las garantías fundamentales de los prisioneros políticos. La CN o las Convencionales firmadas por la Argentina, no contemplan la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la prisión preventiva ilimitada, la analogía penal, la suspensión de garantías permanente…
¿Profesor Sabsay cree usted que el gobierno de los Kirchner no violó el artículo 109 de la CN, al instaurar una política de estado de los derechos humanos selectiva, dando instrucciones al PGN para proteger los ex terroristas de los 70 por los delitos y crimines cometidos en esa época, creando alianzas con los jueces otorgando protección e impunidad, interviniendo como querellante en los juicios de lesa humanidad? Y que el gobierno actual continua en esa ilegalidad.
En Argentina si hay Prisioneros Políticos porque los acusados ilegalmente de lesa humanidad al ser considerados presos de delitos no comunes, que no lo son ni de crímenes de guerra ni de un conflicto armado, lo son por otros motivos que no son jurídicos, son presos ilegales, de excepción, es decir prisioneros políticos según las referencias jurídicas internacionales y las definiciones de Amnistía Internacional. En consecuencia, en Argentina, los hombres y mujeres actualmente acusados ilegalmente de lesa humanidad son prisioneros políticos:
1- Para la Organización de Naciones Unidas: Si bien no determina los criterios constitutivos de preso o prisionero político, recuerda su contribución en la protección de los derechos humanos: a)“…disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”; b) “…que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”; c) “…a la liberación del hombre de la opresión y las restricciones injustificadas…” (Preámbulo y punto D, resolución 217 (III) 10dic1948, carta internacional de DDHH. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Fija el cuadro jurídico internacional de protección de todos los individuos con el objetivo de evitar que el poder político intervenga, reemplace o influencie la justicia, la libertad y los derechos de una persona, por ejemplo: proclamando la declaración universal de los derechos humanos (Declaración Universal DDHH,http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml) , o determinando los principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Resolución 43/173, 09dic1988: Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisiónhttp://www2.ohchr.org/spanish/law/detencion.htm )
Finalmente, la ONU determina el perímetro a no transgredir de parte del poder político porque provoca la emergencia del hombre-prisionero político. “Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración” (Art.30: Resolución 217 (III) 10dic1948, carta internacional DDHH http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S )
2- Para el Manual de Amnistía Internacional (AI): “Preso político es todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades. AI aplica el calificativo «político» a los aspectos de las relaciones humanas que guardan relación con la «política», es decir, con los mecanismos de la sociedad y del orden público”. AI, solicita “…que los presos políticos sean sometidos a un juicio con las debidas garantías en un plazo razonable, de conformidad con el derecho reconocido internacionalmente que tienen todos los presos a quedar en libertad si no los juzgan sin demora y con las debidas garantías…”https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/org200012002es.pdf
3- Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE): “Hay que tener presente que el concepto de “prisionero político” no debe afectar a los principios generalmente aceptados del derecho y los derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales, el de la cosa juzgada y otras reglas fundamentales”, yhttp://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=19150 si bien “la segunda parte del término “prisionero político” se refiere a la naturaleza política de este concepto, el primero hace hincapié en el aspecto legal. Por lo tanto, si clasificamos los elementos de este concepto, un enfoque puramente jurídico o puramente política no aportara ningún resultado positivo; los criterios adecuados deben buscarse a la frontera de esos dos enfoques” (http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=FR y http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=EN)
La resolución 1900 APCE del 03 octubre 2012, determina los criterios por el cual una persona privada de su libertad individual debe ser considerada prisionero político:
a)Detención impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos, en particular libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información y libertad de asamblea o asociación;
b)Detención por razones únicamente políticas sin conexión con delito alguno;
c)Por razones políticas, periodo de detención o condiciones claramente desproporcionadas en relación a la infracción por el cual la persona ha sido reconocida culpable o presuntamente de haber cometido la infracción.
d)Por razones políticas, la persona es detenida en condiciones discriminatoria en relación a otras personas.
Pero, además, esos presos especiales, son en realidad presos por delitos políticos porque en los hechos ocurridos en los años 70 en Argentina la justicia, arbitrariamente excluyó la responsabilidad penal a los miembros de los grupos armados ilegales (terroristas) de esa época y determinó que los ilegales imputados de lesa humanidad cometieron delitos no comunes. Esa decisión político-jurídica confirma que todos los acusados en esas causas deben ser tratado desde la dimensión de lo político.
Considerando que el delito político puro, se caracteriza por la naturaleza del derecho contra el cual atenta, es la violación de los derechos que pertenecen al Estado considerado como poder político al exterior y al interior. Lo que distingue el delito político del delito de derecho común, es que el primero perjudica sólo el Estado considerado en su organización política, en sus derechos propios, mientras que el segundo perjudica exclusivamente otros derechos que los derechos propios del Estado. También puede existir un delito que perjudica a la vez los derechos de ambas dimensiones.
En efecto, los delitos políticos relativos son los que, desde el punto de vista objetivo, perjudican a un individuo o al Estado considerado como particular, pero los que, desde el punto de vista subjetivo, en la intención de sus autores, tienen la política como móvil, como fin o como ocasión. Entre esos delitos se encuentran: el regicidio, graves disturbios políticos, rebelión, insurgencia armada, robos de armerías privadas, movimiento insurreccional, apoderarse de arsenales del Estado, destrucción de propiedades públicas y privadas, muerte en combate de un miembro de la parte opuesta…características irrefutables de la violencia armada de los 70 en Argentina. Los actos realizados por los autores de esos hechos obedecieron a motivos políticos y tuvieron la intención de lograr un objetivo político (Vidal, Georges in Cours de droit crimminel et de science pénitentiaire. Ed. Arthur Rosseau, 1902,https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58055503.texteImage). La justicia federal reconoció que en el periodo de los 70, en Argentina, hubo una guerra revolucionaria (causa 13/84).
La verdadera reforma judicial no destruirá la Republica, al contrario, la reconfortará, le dará una legalidad holística, beneficiará a todos los individuos por igual. Esa acción está en la toma de decisiones legales, objetivas, independientes de jueces honestos al servicio de la justicia y el ciudadano, es dejar de lado la ideología, la política, los intereses personales, como la corrupción y la impunidad, es hacer respetar las normas internas, la constitución y las convenciones internacionales, en los ilegales procesos de lesa humanidad. Es reconocer la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos a un grupo nacional y social particular. Paris, 30 junio 2019, CasppaFrance
[1] CDL-AD(2016)007-f Lista de criterios del Estado de derecho, comisión de Venecia, 106° sesión plenaria, (11-12 marzo 2016)
“Investigar” a ALEJO RAMOS PADILLA tres años y medio después que dejara la subrogancia como juez federal en Bahía Blanca, es la prueba palpable de la profunda corrupción e hipocresía que impera, tanto en el ámbito político como judicial HOY. Más allá de haberse eliminado las modalidades agresivas, absolutamente en nada el presente se diferencia al de la “década ganada”. Se investigará a este togado por abuso de autoridad y amenazas al personal judicial, luego de que atacara al torpe fiscal STORNELLI, quien inclusive incumpliera con la ley y fuera declarado en rebeldía. PADILLA en su paso como juez subrogante por esa sureña ciudad y estando yo a su disposición, por escrito lo he calificado de delincuente asesino (1), por la parcialidad e ilegalidad en su desempeño, con colaboración de ese mismo personal.
ALGUNOS MIEMBROS EN TRÁNSITO POR LA JUSTICIA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA
Al no ser ni parecido a él en NADA, no me apartaré de la verdad sobre sus malditos seis meses en Bahía Blanca. Destaco que lo que expresó sobre su antecesor ULPIANO MARTINEZ y el secretario de Derechos Humanos MARIO FERNANDEZ MORENO, es totalmente cierto. En esos tiempos era “vox populi” entre abogados bahienses que a MARTINEZ “el juzgado le quedaba muy grande”. ¿Qué mejor prueba es que a mí me indagara la empleada contratada por la Secretaría de Derechos Humanos SUSANA ARRECHEA (especialista en cambiar términos en lo que uno declara) recién a los 18 días de haber sido detenido? (tiempo legal 24-48 horas). Luego me decretó la prisión preventiva cuando se cumplieron cinco meses y un día (tiempo legal 12 días luego de la indagatoria). Imperaba el desorden y también la torpeza en ULPIANO MARTINEZ (hoy nombrado fiscal en Bahía Blanca, por este gobierno), al punto que el siete de abril de dos mil quince, en una video conferencia le quedó el micrófono abierto y cuando le ofreció al militante fiscal MIGUEL PALAZZANI: “ARMAR UNA GRAN BAYÓN” (armarme una gran causa por delitos de lesa humanidad) lo escuché, denuncié y solicité copia del video sin resultado, ya que otros delincuentes judiciales lo protegieron y lo habían destruido de inmediato (Doctora VERONICA RODRIGUEZ ARTOLA del Consejo de la Magistratura). No dudo que RAMOS PADILLA cajoneó la causa en la que estaba imputado LÁZARO BÁEZ, pero “infiero” que ULPIANO (él tambien infirió para detenerme) con la misma quiso hacerse de “unos pesitos” antes de tiempo y como el kirchnerismo todavía era fuerte, lo desplazaron de inmediato. En diciembre de 2015 ALEJO RAMOS PADILLA renunció y quienes lo suplantaron luego, resultaron ser iguales o peores que él. Lo sorprendente es que en marzo de 2016, o sea con este gobierno y con las semi ausentes juezas subrogantes que lo sucedieron las doctoras MARIA GABRIELA MARRÓN (2) (poco honorable siendo hija de un Almirante y esposa de un hombre de ejército) o la doctora MIRTA SUSANA FILIPUZZI (3) (encubridora en el año 2014 de un hecho de corrupción infantil en Rio Negro), el juzgado seguía manejado por el secretario LEANDRO MASSARI (miembro de Justicia Legítima), llevado con otros “colaboradores” a Bahía Blanca por PADILLA. Hoy leer que como togado interviniente en la causa que se instruye es el Dr. WALTER LÓPEZ DA SILVA, ratifica la podredumbre sin fin de la justicia federal de esa ciudad. Para recordar su “honesto e imparcial” accionar adjuntamos el video en el que se lo ve proteger al libre y rastrero jefe policial de los años 70 ATILIO ROSAS, con quien yo inútilmente solicitara un careo. Debo destacar que ALEJO RAMOS PADILLA, funcionalmente, más allá de su militancia y criminal parcialidad que también existe hoy, es mucho más capaz, trabajador y ordenado que el resto de sus pares de la portuaria ciudad de Bahía Blanca. Cuando me detuvieran hice entrega de dos sobres con documentación, solo RAMOS PADILLA cuando yo llevaba NUEVE MESES detenido, abrió los mismos, eso sí, no me dejó exponer sobre su contenido porque en estas causas simplemente simulan administrar justicia. El resto de los jueces que pasaron después, tampoco tuvieron interés alguno lo que demuestra que sean militantes o no, TODOS MIRAN CON UN SOLO OJO Y EN CONSECUENCIA SON IGUALMENTE CORRUPTOS EN SU FUNCIÓN.
Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.
En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.
Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.
Tres ejemplos de cómo funciona la impunidad y la corrupción en la justicia pese a las promesas de gobierno de erradicar ese flagelo (como la pobreza y la inseguridad jurídica) En cualquier país democráticamente serio estaría en las primeras páginas de los diarios, pero en Argentina, no. Nadie se sorprende, ni se alarma, cuando en realidad lo que está juego es el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la constitución nacional y los compromisos adquiridos por la Argentina.
Si los jueces, fiscales y otros magistrados no respetan los principios jurídicos, no obedecen a las decisiones judiciales, como exigir las obligaciones que no asumen a los otros ciudadanos.
1-La jueza comercial de primera instancia Marta Cirulli no quiere investigar a las empresas de la familia del presidente Macri
Tras idas y vueltas, ordenan peritar los libros de los Macri Luego de meses de órdenes y apelaciones, la jueza Marta Cirulli dio curso al pedido de la fiscal general Boquin para que el cuerpo de contadores de la Corte Suprema revise los balances contables de las firmas Socma y Sideco. A mediados de mayo, la magistrada Cirulli firmó un escrito en el que sostenía que no había elementos nuevos en la causa para iniciar una investigación por presunto vaciamiento de la empresa Correo Argentino SA ni para ordenar una pericia contable de los libros de Sideco y Socma, como informó este medio. Debido a esa decisión, esta semana la fiscal general Gabriela Boquin denunció a la magistrada ante la Cámara Comercial por “grave desobediencia”. Se basa en que Cirulli tenía desde abril una orden de este tribunal superior para comenzar la investigación por presunto vaciamiento y ordenar la realización de la pericia.https://www.perfil.com/noticias/politica/tras-idas-y-vueltas-ordenan-peritar-los-libros-de-los-macrin.phtml
– La conducta de la Sra. Cirulli en otra actividad profesional seria sancionada severamente por ejercer incorrectamente su función. En la justicia no. Nadie controla, en realidad y seriamente, sus actividades profesionales. Si no respeta las obligaciones procesales no es grave, si lo es si es cometido por el ciudadano que no goza de sus privilegios e inmunidades. ¿Como no sospechar de la corrupción en la justicia en un caso donde están en juego las empresas del presidente Macri? Demostrar lo contrario sería haber realizado de manera urgente las diligencias judiciales que se imponen sin argumentos falaces para frenar los procedimientos. La gestión judicial en estas causas por parte de la jueza Cirulli es un paradigma a evitar si no se quiere asociar a corrupción e impunidad judicial.
2-El fiscal federal Carlos Stornelli, abusando de su ilegal inmunidad niega presentarse a declarar ante la justicia.
Pese a que la Cámara Federal confirmó la declaración de su rebeldía, las opiniones del ministro de la Justicia, de un miembro de la CSJN, de numerosas personalidades, de la responsable de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso afirmando que “Stornelli debe presentarse ante Ramos Padilla”, pero nada perturba al Sr. Stornelli quien haciendo uso de su ilegal inmunidad e impunidad, considerándose un no-justiciable, hace caso omiso a las veces que fue citados por un juez federal, a las decisiones de la Cámara, recomendaciones y a los principios legales que debe asumir.
– Ese argumento es inoperante porque significaría reconocer que hay corrupción en la justicia y no desde ahora. Que empresas influencia en la justicia ¿Quiénes son los autores de esos hechos? De lo contrario son simples comentarios sin valor ni seriedad.
– ¿Porque el fiscal Stornelli no presenta ante la justicia federal, sabiendo que por su ilegal inmunidad no se lo puede detener? Cual es el miedo de ir declarar si no tiene nada que ocultar. Cualquier ciudadano desobedeciendo un acto judicial, oponiéndose públicamente a la decisión de un juez federal, estaría desde la primera rebeldía, esposado, detenido o declarado rebelde, con captura nacional e internacional.http://www.telam.com.ar/notas/201905/361083-el-fiscal-stornelli-debe-presentarse-ante-ramos-padilla-dice-laura-alonso.html
3-El juez Juan Carlos Gemignani comete un delito y es premiado. La impunidad personalizada.
Luego de haber cometido un delito como numerosas otras acusaciones (abuso de poder, maltrato laboral) y para evitar la decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura el Sr. Gemignani renunció a la presidencia de la Cámara de Casación. En un vergonzoso texto sin asumir la responsabilidad de sus actos, queriendo transformarlo en acto de coraje, el camarista argumentó que “Con el fin de contribuir al mejor funcionamiento de la Cámara Federal de Casación, he decidido declinar el cargo de presidente de la misma, convencido que la trascendente misión jurisdiccional que se nos encomienda excede todo cargo“, https://www.ambito.com/gemignani-renuncio-la-presidencia-la-camara-casacion-n5033468 cuando en realidad debió renunciar directamente a la función de magistrado que no hace honor manteniéndose en el cargo. Mostrando así su impunidad como miembro del Poder Judicial.
Esta situación es el ejemplo de una sanción superficial cuando debería estar sumariado, procesado, condenado y exonerado de la justicia. Se los cambia de puesto o se reduce privilegios. Idéntica conducta a la del Sr Gemignani es la de todos los jueces del fuero federal que violan impunemente los derechos humanos principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas que en los años 70 defendieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques terroristas y hoy estas ilegalmente acusados de lesa humanidad, y nadie dice nada. Estas victimas no tienen los privilegios, ni gozan de la impunidad de los miembros del Poder Judicial donde la corrupción es la reina de las virtudes. Paris, 25 mayo 2019. CasppaFrance.
“Pochoclo” nuestro muy malcriado gato, desafiante escalando las cortinas del dormitorio.
Germán Garavano Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para algunos)
Juez Federal Alejo Ramos Padilla
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Una angustiada voz me despierta, la esfera luminosa del reloj desde la mesa de luz marca las 3 de la madrugada, mientras el frio se filtra a través de la desvencijada ventana carcomida por el óxido. El aire como siempre está viciado, ya hace 5 días que ocupo una de las celdas del pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria Federal 31 de Ezeiza, donde fui traído nuevamente luego que dejaran sin efecto mi arresto domiciliario en represalia a publicaciones de nuestro sitio Web. La “voz” continúa diciendo incoherencias y proviene de la celda que está a mi derecha. A punto de golpear la pared para que el hablador dejara de sufrir y yo poder seguir durmiendo, recordé de quien se trataba y preferí abstenerme, que siguiera con su pesadilla. Sabía que se la merecía, esa y todas las que seguramente seguiría teniendo a medida que la cárcel rápidamente se lo fuera devorando por ser nada más que un blando burócrata. Mi ilustre “vecino” es nada menos que GERMÁN GARAVANO, sí, el mismo que había sido Ministro de Justicia y Derechos Humanos, convertido ahora en un preso más a disposición del Juez Federal ALEJO RAMOS PADILLA, imputado por Extorción. Denunciado por el otrora magistrado CARLOS ROZANSKI, ese al que como a otros togados impresentables, siendo ministro le había dado la oportunidad de renunciar y pasar a ser un jubilado de privilegio, pese a estar probados los malos tratos al personal del juzgado, cuyos derechos humanos no había respetado. La voz se va alejando a medida que me gana el sueño y ya entre dormido en la oscuridad alguien me toca insistentemente. Vuelvo a despertar, el aire no está viciado, ahora la temperatura es agradable y ya no estoy en la celda, sino en mi hogar. En la cama a mi derecha descansa mi esposa, la esfera luminosa del reloj desde la mesa de luz, marca las 3 de la madrugada y quien me “amasa” insistentemente con sus patas delanteras es “Pochoclo”, mi gato consentido. Como buen felino muy malcriado por cierto, me requiere para jugar. La celda, el aire viciado, los gritos y el prisionero GARAVANO habían sido solo un sueño. Posible, pero sueño al fin…por ahora.
Carlos Rozanski, ex juez federal, (jubilado de privilegio)
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Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Mayo 02, 2019
ADVERTENCIA: Las imágenes de la Unidad Penitenciaria Federal 31 de Ezeiza, están almacenadas fuera del territorio argentino.
“¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida?
Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor
bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”
PRESENTAMOS DENUNCIA POR MAL DESEMPEÑO Y POSIBLE COMISIÓN DE DELITOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN. SOLICITAMOS JUICIO POLÍTICO.
A la Sra. Presidente del
Consejo de la Magistratura de la Nación
Dra. Adriana Donato
S / D
Alberto Solanet y Carlos L. Bosch, en nuestra condición de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, con domicilio en Tucumán 1650 piso 1° “D”, C1050AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, nos presentamos y respetuosamente decimos:
OBJETO
Habida cuenta que el objeto de la Asociación que representamos -conforme la documentación que se adjunta- comprende “…Bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho…”, venimos por la presente a denunciar, por mal desempeño y por la posible comisión de delitos en el ejercicio de la función, al Dr. Alejo Ramos Padilla, quien en su condición de juez subrogante ejerciera la magistratura ante el Juzgado Federal n° 1 de Bahía Blanca.
Por las razones que expondremos a continuación, solicitamos a la Comisión de Disciplina y Acusación de ese Consejo de la Magistratura que disponga la apertura del procedimiento de remoción del denunciado, ordene su suspensión y formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento en los términos de los arts. 53, 114, inc. 5 y 115 de la Constitución Nacional.
ANTECEDENTES
El Dr. Alejo Ramos Padilla, fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal n° 1 de Bahía Blanca, como consecuencia de una resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación, sobre la base de normas luego declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Conf. CSJN in re FLP 9116/2015/CA1 “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro s/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/acción declarativa de inconstitucionalidad” del 4 de noviembre de 2015).
En tal condición intervino en las causas seguidas por los denominados delitos de lesa humanidad que tramitan ante la jurisdicción de Bahía Blanca, no obstante los antecedentes que lo vinculan con ONGs y personas físicas que han participado en calidad de querellantes.
Sobre esa actividad del magistrado existe profusa información que puede recabarse a través de internet (ver Anexo), pero además ha sido volcada en su propio curriculum vitae.
Ello motivó, que varios defensores formularan recusación a su respecto y que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decidiera su apartamiento, mediante una resolución en la que expresamente se señala lo siguiente:
“Está acreditado en la causa que el Dr. Alejo Ramon Padilla tuvo, previo a su designación como juez, un desempeño profesional y académico directamente relacionado con la temática de las violaciones a los derechos humanos sucedidas en nuestro país durante el terrorismo de Estado.”
Cabe agregar que del curriculum vitae acompañado por el magistrado al Consejo de la Magistratura con motivo concursar para Juez Federal surge lo siguiente:
“-fue Director Ejecutivo de la Fundación ANAHI por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos y el responsable del área jurídica de la Asociación ANAHÍ.
-fue abogado apoderado de Héctor TIMERMAN en la querella por los hechos que perjudicaron a Jacobo TIMERMAN, causa seguida contra Christian Federico VON WENICH que concluyó en su condena ….; abogado apoderado de María Isabel CHOROBIK de MARIANI (fundadora y presidente de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 1989); promovió querella contra altos funcionarios civiles de la dictadura, logrando el procesamiento y prisión preventiva del ex Gobernador Ibérico SAINT JEAN y su Ministro de Gobierno Jaime Lamont SMART; formuló la acusación y logró el encarcelamiento de Jorge Rafael VIDELA en la causa conocida como Plan sistemático de robo de bebés; logró el encarcelamiento y condena de Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ….
-en el rubro ‘Escritos y/o dictámenes’ se destaca su intervención en varias acusaciones:…a Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ….;….Christian F. VON WERNICH…..Jorge Rafael VIDELA….
-en el ejercicio de la docencia universitaria se menciona su carácter de profesor adjunto….en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la cátedra ‘Violaciones masivas a los derechos humanos e la Argentina y persecución penal’, también su calidad de docente en las Universidades Nacionales de Santiago del Estero y del Nordeste en el curso dictado por el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, a cargo de la materia: ‘Estrategia de asistencia integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en contextos de acceso a la justicia’.
Respecto de su actuación en juicio en las causas mencionadas, en el marco del incidente FBB 1500005/2007/157/CA65 -conexo al presente- se proveyó prueba de informes……de la que surge lo siguiente:_
-Informe TOCF N° 6 de Capital Federal…en el marco de la causa n° 1499 “Videla, Jorge Rafael s/supresión del estado civil….
’y hasta el momento en que se acreditó en autos su designación por Dto. N° 1424 del PEN como Juez Federal de Dolores, el Dr. Alejo RAMOS PADILLA intervino como apoderado de las querellantes María Isabel CHOROBIK de MARIANI, Elsa Beatriz PAVON, Clara María Elsa PETRAKOS,………y la Asociación Anahí…”
´Según los informes de los Tribunales Orales… el magistrado recusado actuó como abogado en rol de acusador en procesos judiciales cuyo objeto de investigación es el mismo plan criminal que aquí se investiga y donde su rol es otro: el de tercero imparcial…
´Dicha actividad profesional anterior evidentemente forma opinión en quien la ejerce respecto del objeto de este tipo de procesos… De hecho, en la jurisdicción donde el Dr. Ramos Padilla ejerce sus funciones naturales (Dolores), se ha excusado de intervenir en causas por delitos de lesa humanidad por haber asesorado y dado su opinión a quienes actuaban como querellantes mientras representaba a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires…
´Pero además, durante el trámite de su designación, … de acuerdo a lo que surge de la versión estenográfica de la reunión de fecha 18/6/2015 del Plenario del Consejo de la Magistratura… se pudo apreciar que las partes acusadoras y querellantes ven en él a alguien más cercano a su posición…
´En primer lugar, previo a iniciar el debate a fin de resolver si se debía remover a quien subrogaba hasta ese momento el juzgado y reemplazarlo por el Dr. Ramos Padilla (y no otro) se le otorgó la palabra al Fiscal Federal en esta causa, Dr. Palazzani… además se le otorgó la palabra al señor Eduardo Hidalgo, parte querellante… en representación de la APDH… Asimismo se encontraban presentes (y en algunos casos también tomaron la palabra) la Sra. Estela de Carlotto por Abuelas de Plaza de Mayo, representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de H.I.J.O.S… el Dr. Jorge AGUAD… Dr. Martín FRESNEDA…. Dr. Hugo CAÑON…” (entre otros).
Añade que la ausencia de imparcialidad surge también del análisis de ciertas decisiones adoptadas por el magistrado. Así, señala la Cámara que: “…luego de asumir como juez subrogante….ordenó la formación del incidente FBB 1500005/2007/1777 a fin de ‘… verificar el modo en que se llevan adelante las prisiones domiciliarias…’ …ordenó medidas a fin de controlar el cumplimiento de las condiciones en que fueron otorgadas… entre otras, verificar a través del RENAR qué imputados tenían armas registradas a su nombre… ordenó… una serie de allanamientos en los domicilios de los detenidos… Hasta allí, ningún reproche… Sin embargo, al disponer cada uno de los allanamientos, ordenó que ‘una vez finalizada la diligencia, cualquiera será el resultado de la misma, se deberá implantar una consigna policial en el domicilio, para lo cual el personal interviniente deberá disponer lo necesario y/o… requerir incluso el auxilio de otra Fuerza de Seguridad … En ello se excede claramente el Juez … pues la ley es clara al respecto al establecer que una vez otorgada la detención domiciliaria… ’(E)en ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad’…(art. 33, 3er párrafo in fine de la ley 24.660). De allí que las consignas policiales o de otras fuerzas de seguridad dispuestas el 24/7/2015 lo fueron contrariando la ley… dicha situación irregular perduró hasta el 02/02/2016 en que fueron levantadas por la Dra. María Gabriela Marrón quien subrogó… tras la renuncia del Dr. Ramos Padilla….”. (Conf. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, resolución del 10 de junio de 2016, en causa 1500000572007/158 “Inc. de Recusación de Gandolfo, Ricardo Claudio….”).
En definitiva, más allá de los antecedentes ya referidos, que lo ligan estrechamente con las ONGs y personas físicas que de antaño vienen actuando como querellantes en estas causas, la sucesión de decisiones que adoptara desde su nombramiento da cuenta de la finalidad de hostigamiento, persecución y acoso que caracterizaron sus resoluciones en este tipo de procesos.
Al tomar intervención en el Expediente Nro. FBB 15000005/2007/224/CA103 Legajo Nº 224 – Querellante: Walter Ivan Larrea, Asociación Permanente por los derechos humanos y otros Imputado: Farías Barrera, Luis Alberto y otros s/Legajo de Apelación”, en julio del año 2015, tal como lo señalara la Cámara Federal, a pocos días de asumir la subrogancia dispuso el allanamiento de los domicilios de quienes se encontraban bajo arresto domiciliario en búsqueda de armas de fuego, que por supuesto arrojó resultado negativo.
No obstante el resultado negativo que arrojó la medida, a partir de ese día ordenó la custodia por parte de personal de la Gendarmería Nacional en la puerta de los domicilios en violación a una expresa prohibición de la ley (art. 33 de la ley 24660) y sin que hubiere ninguna razón que lo justificara. De este modo, por disposición del denunciado cumplieron tareas de custodia, al menos en algunos de dichos domicilios, en forma rotativa dos integrantes de la Gendarmería Nacional en una camioneta de esa institución, las 24 hs.
La referida medida persistió durante muchos meses, pese a que algunos defensores se encargaron de recordarle al magistrado reiteradamente la prohibición legal.
Sobre el particular, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca señaló, en otro pronunciamiento, la magnitud de la ilegalidad de esa medida en estos términos: “La grave situación denunciada por la defensa… concerniente a las tareas de custodia que dos agentes de Gendarmería Nacional vienen cumpliendo en forma permanente en la puerta del domicilio del encargado resulta abstracta a este tiempo por haber sido levantada… por la señora Juez Federal…” que reemplazó al aquí denunciado (Expte. FBB 15000005/2007/183/CA81, resolución del 15 de julio de 2016).
También por decisión del Dr. Ramos Padilla se le prohibió a los imputados seguir atendiéndose en el Hospital Militar Central como lo venían haciendo sin inconveniente alguno. Ello con sustento en la resolución nº 85/2013 del Ministerio de Defensa de la Nación, cuyos fundamentos no guardaban relación con la situación concretade los encartados y por tanto resultaba inaplicable a sus respecto.
Ello así, pues en síntesis, la resolución ministerial se sustentaba en que la atención en el Hospital Militar requería de “recursos que afectan la eficacia y eficiencia en el servicio de Defensa Nacional”
Lo cierto es que nunca los traslados al Hospital Militar como la guarda durante la permanencia en dicho nosocomio afectó personal o recursos dependientes de ese Ministerio, pues siempre y sin inconveniente alguno estuvieron a cargo de quienes fueran designados guardadores. Pero lo que aparece como insoslayable es que el mismo Juez que prohibió la atención médica en el Hospital Militar Central en virtud de aquella resolución ministerial, porque ello requería “recursos que afectan la eficacia y eficiencia en el servicio de Defensa Nacional”, contradictoriamente, dispuso que personal de Gendarmería Nacional custodiara las 24 hs. sus domicilios.
Sabido es que la Gendarmería Nacional es una fuerza intermedia con estado militar e integra el Sistema de Seguridad Interior previsto en la Ley Nº 24.059 y el Sistema de Defensa Nacional conforme a lo normado en la Ley Nº 23.554.
La aplicación de la aquella resolución ministerial, hoy derogada, comportó un acto irrazonable, arbitrario, discriminatorio y abiertamente violatorio de derechos fundamentales que hacen a la dignidad de las personas, generando respecto de los detenidos ancianos y con estados quebrantados de salud propio de personas de avanzada edad, un aumento en los riesgos de provocarles daños graves a su salud.
Con aquella prohibición vulneró el principio de razonabilidad (art 28 de la CN), y derechos adquiridos (art. 17 CN), e importó un acto discriminatorio (art. 16 de la CN), contradictorio y violatorio de los más elementales derechos humanos, a la salud, la integridad física, a la dignidad humana (arts. 16 y 17 de la CN; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre arts. 1, 2, 11,16; Convención Americana sobre los Derechos Humanos, arts. 1, 2, 5, 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos arts. 2.1, 6.1, 7, 10 y 14).
Asimismo, importó la inobservancia de la ley 24.660 cuyas prescripciones resultan reglamentarias de las normas constitucionales, esto es, de los arts. 3, 9 (“La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal…”) y 143 primer párrafo (“El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos”).
Recapitulando, antes de prohibir que se siguieran atendiendo en el Hospital Militar, el Dr. Ramos Padilla dispuso una medida que no sólo -se insiste- se encuentra prohíba expresamente por la ley (art. 33 de la ley 24660), sino que también resultaba absoluta y manifiestamente incongruente con la prohibición de atenderse en el referido centro médico.
En otros términos, de las sucesivas disposiciones del magistrado se concluye lo siguiente: que los imputados fueran atendidos en el HMC acompañados de su guardadores, afectaba la Defensa Nacional porque supuestamente distraía personal dependiente de ese Ministerio, pero disponer de personal de Gendarmería Nacional para custodiarlos las 24 hs en sus domicilios, ello no afectaba la Defensa Nacional según Ramos Padilla.
Todas estas medidas, sin justificación e incluso contrarias a prohibiciones expresas de la ley, no hacen más que fortalecer aquella afirmación del modo arbitrario y con propósito de mortificación que caracterizó el comportamiento del magistrado en su función jurisdiccional.
Pero si alguna duda quedara, ha sido el propio magistrado, al presentar su renuncia, quien se encarga de aventarla, pues allí sostuvo que aquella resolución de la CSJN, que importó el fin de su subrogancia, puso en duda o quitó legitimidad a sus resoluciones, no obstante lo cual, y pese a encontrarse incluso a estudio y resolución de la Cámara de Apelaciones recusaciones planteadas por algunos defensores, el juez siguió resolviendo en el proceso.
En efecto, al presentar su renuncia entre otras cosas expresó que: “Al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’, ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’, y ponernos fecha de vencimiento -3 meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez“.
Nos preguntamos entonces: si él mismo sostuvo que un tribunal superior ponía en duda su legitimidad y la de sus decisiones, lo que según él afectaba la base ética de su actividad, ¿cómo es posible que el último día de su subrogancia adoptara una resolución de la gravedad que importa el procesamiento con prisión preventiva de algunos imputados? (Conf. Resolución del 28 de diciembre de 2015 dictada en la causa nº15000005/2007, caratulada “Imputado Abelleira, Héctor Jorge y otros s/privación ilegal de la libertad…..”).
De lo reseñado, surgen claras cuanto menos dos causales de remoción: la primera, que teniendo el deber de excusarse no lo hizo, y además. que dictó resoluciones contrarias a prohibiciones y mandas expresas de la ley, lo que configura no sólo mal desempeño sino la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y prevaricato previstos y reprimidos en los arts. 248, 249 y 269 del CP.
El deber de excusarse
Suele decirse que la imparcialidad es la base del debido proceso judicial o la garantía de las garantías reconocida en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella (art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Es que “…la palabra ‘juez’ no se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el calificativo de ‘imparcial’. De otro modo: el adjetivo ‘imparcial’ integra hoy, desde un punto de vista material el concepto de ‘juez’, cuando se lo refiere a la descripción de la actividad concreta que le es encomendada a quien juzga y no tan sólo a las condiciones formales que, para cumplir esa función pública, el cargo -permanente o accidental- requiere…” (Julio Maier “Derecho Procesal Penal”, T. I, pág. 739 y sgts., ed. Del Puerto 1996).
A fin de resguardar esa independencia y consecuentemente la imparcialidad de los magistrados es que en el ordenamiento jurídico se establecen no sólo mecanismos para pedir el apartamiento del magistrado que se encuentre bajo alguna circunstancia que razonablemente haga temer por su falta de imparcialidad -recusación-, sino que le impone la obligación de excusarse y su incumplimiento constituye causal de mal desempeño que autoriza a su destitución.
Cabe recordar que la ley 25.188 de Ética de la Función Pública establece:
ARTICULO 1º — La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos losmagistrados, funcionarios y empleados del Estado……
Deberes y pautas de comportamiento ético
ARTICULO 2º — Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;
i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil.
ARTICULO 3º — Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.
Por su parte, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al que remite el art. 2 inc. i de la ley 25.188 antes citada, prevé:
Art. 30. – Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.
Art. 17. – Serán causas legales de recusación:
1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales.
5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia.
7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.
10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto.
Art. 32. – Incurrirá en la causal de “mal desempeño”, en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.
A su vez, el CPPN prevé causales de inhibición y recusación de los magistrados en el art. 55, entre las que es dable destacar las siguientes:
“1) Si hubiere intervenido en el mismo proceso como funcionario del ministerio pública, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de algunas de las partes involucradas…
8) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos…..
10) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados
11) Si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”
La garantía en cuestión, expresa la necesidad de un modelo de juez no sólo imparcial sino rodeado de la apariencia de imparcialidad, no sólo en cuanto a ausencia de conexión con las partes en sentido estricto y el objeto de juzgamiento sino también en lo que se refiere a su propia imagen.
Los magistrados, como cualquier persona, no pierden sus flaquezas humanas y pueden inclinarse hacia un lado del conflicto por su creencia y lealtad a sus propias convicciones, ejerciendo sus opiniones y preferencias políticas una inmensa influencia sobre su espíritu. De esa postura ideológica, sin que esta palabra pretenda significar un demérito, se justifica el temor del ciudadano de parcialidad en la administración de justicia.
Por ello, quienes son llamados a intervenir en su función de juzgar en procesos judiciales, deben estar alejados de todo lo que pueda provocar inclinación o animosidad, porque aun cuando sea posible, es muy difícil que emitan un juicio con total abandono o desapego a tal inclinación
Partiendo siempre entonces del respeto a la libertad de opinión y pensamiento de toda persona, lo cierto es que, la legítima simpatía por una posición política o ideológica y sus representantes conlleva inclinación tanto respecto de hechos como de sus protagonistas y dada la naturaleza de sus funciones, no es posible admitir que magistrados intervengan en asuntos relacionados con esos compromisos.
La neutralidad del magistrado no es una concesión a los litigantes, es un derecho fundamental, pero además no sólo interesa al justiciable sino, insistimos, al prestigio de la administración de justicia.
No se trata de prohibir el libre pensamiento o la adhesión a un pensamiento político. Ello llevaría a sostener que contrariamente a la naturaleza humana, no pudieran pensar libremente sobre los diversos aspectos de la vida y la vida en sociedad.
Sin embargo, y sin perjuicio de que toda persona tiene derecho a poseer una ideología, el ciudadano desconfiará razonable y legítimamente de la imparcialidad del juzgador si percibe que éste ha tenido una intervención anterior en favor de alguna de las partes.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, ha señalado que “…el incumplimiento de su obligación legal de inhibirse ha comprometido irremediablemente su deber de imparcialidad, atributo inabdicable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo…” y que, al no excusarse, el magistrado “…ha desoído uno de sus primeros deberes como juez, negando a las personas investigadas en la causa…, uno de sus elementales derechos como ciudadanos, cual es el de ser juzgados por un juez imparcial, convirtiendo el proceso que llevaba adelante en un artificioso remedo de procedimiento judicial, donde la eficacia, ecuanimidad y legalidad de la función jurisdiccional se encontraban inexcusablemente ausentes….” (Conf. causa nº 6, “Dr. Luis Alberto Leiva s/ pedido de enjuiciamiento”, resuelta el 9 de mayo de 2002).
El dictado de resolución contraria a la prohibición expresa de la ley
Conforme lo relatado, el Dr. Ramos Padilla ha adoptado resoluciones en clara y abierta contradicción con prohibiciones expresas de la ley al disponer la custodia de domicilios por parte de Gendarmería Nacional.
Pero además, ello no ha sido producto una desatención culposa, pues defensores expresamente le recordaron oportunamente que el art. 32 de la ley 24.660 dispone concretamente que la supervisión de la detención domiciliaria “En ningún caso estará a cargo de organismos policiales o de seguridad”.
Este pedido de juicio político, no es producto de actitudes apresuradas sino de la convicción de estar frente a la causal de mal desempeño de las funciones y presunta comisión de delitos en el ejercicio de la función.
Los hechos relatados ponen en evidencia la decisión del magistrado de hacer uso abusivo de la función jurisdiccional que le fuera confiada, en detrimento de los imputados.
Ello configura un supuesto de mal desempeño en los términos de los arts. 53 y 115 de la CN que en consonancia con las previsiones del art 110 que exige para la conservación de sus empleos el mantenimiento de su buena conducta, habilita la remoción del denunciado pues la inamovilidad de los jueces.
Si bien la CN defiende la independencia decisional de los magistrados judiciales, no tolera el abuso de autoridad ni la comisión de delitos por parte de quienes tienen el sagrado deber de juzgar, ni la inamovilidad permite el abuso en la tramitación y resoluciones en los procesos en tanto no constituye un privilegio sino una garantía para los justiciables.
Como es sabido, la imparcialidad que es esencia de la función jurisdiccional, se traduce en una ausencia de prejuicios o intereses frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia, en una ausencia de propósito anticipado en favor o en contra de personas, y exige el juzgamiento con honestidad y neutralidad sobre la base del irrestricto resguardo del principio de igualdad.
El accionar denunciado resulta incompatible con aquella garantía que debe caracterizar la actuación de quienes tienen la alta misión de administrar justicia, y constituye causal suficiente para la suspensión y destitución del juez denunciado en tanto la inamovilidad de los jueces debe ceder a fin de evitar el menoscabo del interés público y privado que a los magistrados se les confía.
Se ha sostenido que el mal desempeño por desvío de poder reflejado en la interpretación torcida de las normas o su apartamiento impregnado de animosidad “….será el caso más grave porque importará la pérdida del deber más importante al ejercer la función judicial para cuya preservación la independencia no es más que una garantía, la imparcialidad. Ejemplo de pérdida de imparcialidad por desvío de poder los encontramos en los hechos por los que fueron juzgados Bustos Fierro, Leiva, Murature y Marquevich. El mal desempeño es la consecuencia natural de la pérdida de imparcialidad“. (Cf. Tiempo, constitución y Ley Penal” de Héctor E. Sabelli y Alfonso Santiago (h), Editorial Abeledo Perrot Alfonso Santiago, obra citada p. 414/415).
Finalmente, cabe aclarar que el apartamiento del magistrado de aquella subrogancia, no constituye óbice a esta pretensión, pues la conducta de quien ha vulnerado un deber propio de su función, no debe analizarse en cuanto a su resultado sino a partir de la existencia de las circunstancias que le imponían un comportamiento distinto.
Por todo ello, solicitamos la apertura de los procedimientos fijados por la ley para los casos en que, como el presente, existe mérito suficiente para remover de su cargo al juez denunciado, Dr. Alejo Ramos Padilla.
En estos años que llevo como prisionero, he escuchado reiteradamente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para unos sí, para otros no) GERMÁN GARAVANO, repetir como perico que “la justicia es independiente” y en consecuencia la abstención del área a su cargo, en relación a los miembros de la misma. Tanto insistió que llegó a convencerme y ahora que le creí, para mi total desconcierto, lo cual “me pone de cabeza”, aparece verborreando en los medios, cuan excéntrica diputada “LILITA“ CARRIÓ, contra el accionar del Juez Federal ALEJO RAMOS PADILLA. Descalificándolo por su exposición ante diputados a raíz del espionaje irregular que involucra entre otros, nada menos que al torpe fiscal RICARDO STORNELLI (2). No conforme con ello parece que ahora se dio cuenta que este togado no solo es parcial en su función, sino que también es militante de organizaciones de derechos humanos radicalizados.
No defenderé a RAMOS PADILLA ya que aparte de actuar ilegalmente, como yo lo calificara mediante oficio estando a su disposición (3), es un delincuente asesino de adultos mayores en prisión. Pero, viendo las permanentes falacias de este ministro, realmente no sé con quién quedarme, ya que como dice el refrán, se juntaron el hambre y las ganas de comer (4). Togados como este hay muchos en la justicia federal y que por supuesto, cuentan con el beneplácito de las actuales autoridades gubernamentales. Eso sí mientras se ensañan y abusan de quienes estamos imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad. En estos casos no importan los juicios armados, la ilegalidad de las prisiones preventivas extensas, la edad ni la salud del prisionero, su presunción de inocencia, ni su misma muerte, porque: “la justicia es independiente”. Pero que no se les ocurra a ninguno de ellos creerse lo de su independencia, porque entonces el señor ministro, recuperará la visión, la escucha y el habla y clamará por un juicio político como corresponde a un país democrático que cumple con su Constitución.
4) Indica que coinciden las faltas, necesidades o aficiones de dos personas.
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Marzo 16, 2019
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La diputada Elisa Carrió, quien se autocalifica como “garante de la democracia de Argentina”, burlándose del Juez Federal Alejo Ramos Padilla. ¿Más que el pijama a rayas, no será conveniente un chaleco de fuerza?
Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para unos si para otros no) en su despacho de la ex ESMA. En esas instalaciones a su cargo se exhibe una “Virgen abortera” lo cual constituye un verdadero sacrilegio.
Desde el 9 de marzo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la ex Esma, se exhibe este verdadero y repudiable sacrilegio, como “obra de arte”.
Juez Federal Ramos Padilla, quien interpretaría al igual que los diputados de la oposición, que el secreto de sumario es un detalle sin importancia.
“Las elecciones me pondrán en la disyuntiva de elegir entre ladrones y chambones,
pero no será un problema, porque mi religión me impide votar ladrones”.
Un oyente citado por Héctor M. Guyot
Antes que nada, mi profundo agradecimiento a los muchísimos compatriotas que asistieron, el martes pasado, a la presentación del P.A.D. y, en especial, a quienes participaron del debate y ofrecieron su colaboración, incluyendo a muchos del interior del país que no pudieron llegar, y pido mil disculpas a todos aquéllos que no consiguieron ingresar al recinto por falta de espacio pero tuvieron la enorme gentileza de escuchar desde afuera. A partir de ahora, los esfuerzos estarán enderezados a obtener la simple conformidad de 4.000 porteños para que se constituya como partido en la ciudad; mientras tanto, puede solicitar el envío de la plataforma a AusteridadyDecencia@gmail.com.
Ahora sí, a los hechos. Y los dos más políticamente relevantes, sin ignorar la ruptura de Cambiemos en la Provincia de Córdoba, fueron sin duda la insólita e ilegal presentación del Juez Alejo Ramos Padilla ante la Comisión de Libre Expresión de la Cámara de Diputados, y el viaje de Cristina Elisabet Fernández a Cuba para, según dijo, acompañar a su hija Florencia Kirchner durante su internación médica en la isla.
El magistrado federal de Dolores, pese a que la causa se encuentra bajo secreto del sumario por su propia decisión, expuso cínicamente ante los legisladores que integran una comisión ajena al tema, las supuestas pruebas de la presunta red de inteligencia ilegal que investiga.
Su confesa pertenencia a Justicia Legítima, la organización que el kirchnerismo parió mientras intentaba la “democratización” del Poder Judicial, se suma a su clara incompetencia, toda vez que los eventuales delitos se habrían cometido en la Capital Federal, y desnuda la maniobra de los procesados en la “causa de los cuadernos” para embarrar la cancha y, si resulta posible, desplazar al Juez Claudio Bonadio y al Fiscal Carlos Stornelli, quienes terminarán por llevarlos a todos a la cárcel.
El otro acontecimiento llamativo fue la salida del país de la ex Presidente. Las redes sociales explotaron ante la posibilidad de una fuga, ya que la dictadura comunista caribeña no ha firmado un tratado de extradición con la Argentina; a riesgo de equivocarme malamente, desde ya aclaro que descreo que ese sea el motivo del viaje.
Por el video que grabó para difundir su preocupación por la salud de su hija y culpar a la Justicia por la “persecución feroz” que le ha provocado estas complicaciones psicológicas, pienso que otra es la razón. Me parece que, convencida que la muerte de su marido en 2010 fue el factor que permitió su reelección al año siguiente, está intentando reemplazar el mágico luto del vestidito negro por las irreprimibles lágrimas de una madre acongojada.
Eduardo Valdez, el ex Embajador ante el Vaticano reconvertido en su vocero, explicó a la prensa que Florencia padece de ataques de pánico, productos de su temor a ser detenida en cualquier momento; sería razonable que los padeciera, ya que es la única de la familia que carece de fueros. Pero no atribuyó, claro, ninguna responsabilidad a Cristina por ello.
Olvidó así que a la joven no sólo se le encontraron inexplicables US$ 5 millones en efectivo, sino que sus padres, como tantos otros de estos delincuentes hicieron con sus hijos (por ejemplo, Julio de Vido, Lázaro Báez o Cristóbal López), la incluyeron en los directorios de las empresas a través de las cuales lavaban dinero. Claramente, no hay un acoso judicial sino, meramente, varias causas judiciales en las que está siendo investigada por delitos comunes.
Hay preguntas que están flotando en el aire, y que Bonadio insiste en no responder: ¿quién autorizó a Florencia a salir del país?, ¿no existe, en su caso, el peligro de fuga? Sospechosamente, tanto él como sus colegas también ignoran el reclamo ciudadano para que citen a prestar declaración a Enrique y Sebastián Eskenazi y a Jorge Brito, a quienes se continúa extrañando en Comodoro Py; ¿por qué será que los protegen tanto?
Hubo otro hecho que, si no fuera tan lamentable, sería de una comicidad inigualable: la anunciada candidatura presidencial del ex Gobernador Daniel Scioli, el mayor saqueador que recuerda la Provincia de Buenos Aires. Los muertos y damnificados por las inundaciones de La Plata, el sideral crecimiento de las villas de emergencia en el Conurbano, la proliferación de la droga durante su gobierno, y la inusitada riqueza que se le atribuye en Balcarce, Carmelo (ROU), Estados Unidos e Italia debieran recomendarle cultivar un bajo perfil; tal vez, su lanzamiento se deba, precisamente, a la alta probabilidad de su pronto encarcelamiento.
El cambalache político argentino, como se ve, da para todo, hasta para que Roberto Lavagna, pretendiendo que olvidemos su pasado, se ofrezca como la gran esperanza del peronismo, siempre propenso a indultar a los peores ladrones.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02 Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003 Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896 E.mail: ega1@avogadro.com.ar
Como todos sabemos, ayer el Juez Federal ALEJO RAMOS PADILLA por horas expuso ante la comisión de Libertad de Expresión, de la Cámara de Diputados. No haré análisis alguno sobre lo ocurrido allí, ese es territorio de lobos de quienes yo, como otros adultos mayores en prisión, somos sus víctimas terminales. Sí, rescatamos mediante video, breves párrafos en donde este togado MIENTE HIPÓCRITAMENTE, cuando con voz y cara de bueno, hace gala de que él no detiene preventivamente mientras investiga como han hecho masivamente “otros”. Lo recuerdo a RAMOS PADILLA entre el 24 de junio y el 31 de diciembre de 2015, cuando estuve a su disposición. Él como juez subrogante se había hecho cargo del Juzgado Federal de Bahía Blanca avalando, haciéndose el ciego, sordo y mudo lo actuado por su antecesor el su Secretario ULPIANO MARTINEZ.
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Este, también subrogando y actuando chapuceramente, me había detenido por INFERENCIAS pocos meses antes, el 24 de noviembre de 2014. Allí sí para este hablador RAMOS PADILLA, estaban bien las detenciones masivas y que luego se investigara, situación ilegal que sigue hasta la fecha. En la iniquidad extrema, este “administrador de la justicia y la muerte ilegal”, no tuvo escrúpulo alguno al informar simultáneamente al Consejo de la Magistratura, que: “El juzgado que hasta hace pocos días estaba a cargo de Santiago Ulpiano Martínez es un caos y un descontrol absoluto” – “las sucesivas subrogancias, las disputas internas entre funcionarios y empleados, y sobre todo la centralización de las causas de lesa humanidad en un único funcionario -que acaba de pedir licencia médica dejando huérfanos sus expedientes- convirtieron al juzgado federal número uno en un escenario típico de Macondo”(1). En vez de expedientes huérfanos, ¿no habrán sido seres humanos, adultos mayores los huérfanos muriendo en la cárcel? Tras mentir, sorprendentemente fue aplaudido por los viles legisladores presentes, todos de la oposición ya que a dicha comisión no asistió nadie del oficialismo, imitando así al fiscal STORNELLI cuando fuera citado a indagatoria por este juez. Pasaron los años y con el “cambio”, llegó la burla a todo lo racional, SANTIAGO ULPIANO MARTINEZ desde el 31 de octubre de 2018 ocupa el cargo de fiscal en Bahía Blanca, designado por el actual gobierno. Por eso una vez más sostengo, que lo ocurrido ayer en la comisión de la cámara de diputados, solo es una sucia pelea más entre lobos, de quienes yo y otros, somos sus insalvables víctimas. Malditos sean todos ellos.
En la lejana década de los años 80 en los Tribunales Penales ordinarios de San Isidro, descollaba un Juez llamado JUAN RAMOS PADILLA (a) “el jodido”. Este practicaba con nosotros en nuestra misión diaria como policías, su manifiesto rechazo a los uniformados en general que finalmente saldría a la luz en los casos mal llamados de lesa humanidad, cuando pasara a la Justicia Federal.
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Padre de dos hijos pequeños, nosotros en trasnochadas bromas de café, solíamos decir que estaba criando 2 pichones de torturadores policiales. Ignorábamos de su militancia como así que nuestras mofas, décadas después se harían realidad y que justamente yo sería, entre otros, una de sus víctimas. A uno de los vástagos lo llamó JUAN MARTÍN, ex Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y al otro ALEJO. Hoy notorio Juez Federal de Dolores y hasta hace poco tiempo, miembro de la “justicia independiente” como tan fácil y falazmente repite el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para unos sí y para otros no) GERMÁN GARAVANO. En esos años cuando JUAN RAMOS PADILLA estaba de turno, en la Brigada de Investigaciones evitábamos problemas y su trato desagradable, haciendo procedimientos en otras jurisdicciones judiciales donde la relación era normal.
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Por eso hoy sabiéndose todo lo que se sabe de esta prosapia familia militante, no puedo entender como el fiscal CARLOS STORNELLI se vino a hacer el BOND, JAMES BOND, entrevistando a un presunto informante (buchón en la jerga policial), justo a la jurisdicción de don ALEJO. Destaco que STORNELLI no es ningún improvisado, hijo de un Teniente Coronel del Ejército Argentino, se inició como fiscal durante el gobierno de CARLOS MENEM y posteriormente tras solicitar licencia al cargo, se desempeñó como Ministro de Seguridad siendo DANIEL SCIOLI, Gobernador panqueque-kirchnerista, de la Provincia de Buenos Aires. Ha tenido a su cargo la investigación de sonados casos, por lo que no puede ignorar que las partes investigadas nunca adoptan una actitud pasiva, más cuando están involucrados poderosos delincuentes como los del caso de los cuadernos de las coimas. Citado a prestar declaración indagatoria por el Juez de Dolores, no se presentó recusándolo por “supuesta parcialidad”, aprovechando que por sus fueros no puede ser ni detenido ni compulsado. Se pone así en evidencia la podredumbre del sistema judicial imperante en Argentina, en donde NADIE es igual ante la ley. Como prisionero adulto mayor que cumple con la ley, imposible luchar contra tantos viles del poder judicial, más cuando uno lleva 4 años y medio en ilegal prisión preventiva sometido a aberrantes abusos por parte de ALEJO RAMOS PADILLA en su paso por los tribunales de Bahía Blanca y otros varios togados más, similares a él o peores que él.
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Marzo 11, 2019
“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”
Hemos advertido que el declarado “gradualismo”, la “política correcta”, el “garantismo “constituyen una rémora para la solución de los graves problemas heredados de un gobierno cuya desenfrenada pero orquestada corrupción superó todos los límites inimaginables y los hechos lo demuestran.
En efecto, hoy leemos la noticia de la denuncia contra el Fiscal Stornelli difundida por el ex jefe de Montoneros Horacio Verbitsky, a instancias del magistrado juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. La diputada Elisa Carrió sospecha que responde a una trama política porque dicho magistrado es miembro conspicuo de Justicia Legítima.
El hecho es que desde nuestras columnas venimos denunciando y advirtiendo durante los últimos tres años , desde julio de 2015 a julio de 2017 que la política asumida por el gobierno es equivocada, pues las huestes de la Cámpora que responden al kirchnerismo han conservado sus puestos en toda la administración pública y se han constituido en la quinta columna que no pierden oportunidad para cumplir con el mandato de su Jefa del “Vamos por todo.”
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Stornelli
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Ramos Padilla
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Ulpiano Martínez
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Carrió
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Gils Carbó
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La noticia se puede leer como una sorpresa que ahora mueve a especulaciones, cuando tanto los políticos como el periodismo han debido conocer el cuantioso volumen de antecedentes del incalificable juez que todavía ejerce sus funciones.
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En nuestras columnas del Blogspot “Habla la Experiencia” hemos publicado cinco artículos desde julio de 1015 a julio de 2017 con probadas denuncias sobre su parcialidad, su prevaricato y su comprobada inscripción en el partido Justicia Legítima.
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Verbitsky
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Fernández de Kirchner
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Báez
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Desde La Cámpora, a la cual también pertenecía, impulsaron en el año 2014 su designación como juez en Bahía Blanca, pero no prosperó. Sin embargo la ex procuradora Gils Carbó removió más adelante al juez de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, que venía avanzando en una causa contra Lázaro Báez, nombrando en su lugar a Ramos Padilla. Una vez cumplidos los propósitos de su protectora, volvió a Dolores.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia solicitó en 2017 juicio Político a Ramos Padilla por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, pero otra vez la intervención de su amiga frustró el pedido.
Contó siempre con el respaldo de organizaciones de derechos humanos a las cuales favorecía en sus fallos de juicios preparados contra militares. Fue recusado varias veces por los procesados, pues se comprobó que públicamente fallaba por venganza contra los militares y manifestaba que cualquiera fuera el motivo, enfermedad o edad, en ninguna circunstancia iba a permitir la prisión domiciliaria solicitada por los abogados.
Nunca se admitió su recusación por la anormalidad de haber sido abogado denunciante y querellante de los acusados y por varios años abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Asumiendo la imparcialidad que nos cabe en esta importante información, que ya es noticia en todos los medios gráficos, radiales y televisivos, debemos expresar que nuestra finalidad no es atacar o defender al fiscal Stornelli, sino señalar que una política más definida y contundente del gobierno en enfrentar a los enemigos de la democracia que destruyeron las instituciones y la economía del país, hubiera evitado los coletazos de una fiera dormida que no resigna sus intenciones de la vuelta al poder y al pillaje por todos los medios a su alcance.
La justicia resolverá en su sentencia la inocencia o culpabilidad del acusado.
Los cinco artículos enunciados se podrán ver en lo siguientes links:
Elisa Carrió arremetió contra el juez Alejo Ramos Padilla, lo acusó de formar parte de una operación contra el fiscal Carlos Stornelli y anticipó que pedirá su juicio político.
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Carrió
D’Alessio
Ramos Padilla
Stornelli
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La diputada Carrió se refirió al magistrado de Dolores horas después de que este citase a indagatoria a Stornelli en el marco de la causa que tiene como imputado y detenido al falso abogado Marcelo D’Alessio. Para la legisladora de la Coalición Cívica, Ramos Padilla debe declararse incompetente en la causa y aseguró que no lo hace porque “trata de salvarse de algo que no se puede salvar, haber formado parte de una operación”. La mención es a un supuesto plan contra el fiscal de la causa de los cuadernos, del que habrían participado además del juez ex funcionarios kirchneristas detenidos y empresarios investigados en esa causa, afirmó Carrió.
“Se trató de una operación en la que intervinieron muchos, dentro y fuera de la cárcel. También involucra a Ricardo Echegaray, Rudy Ulloa y sectores de Cristina Kirchner en La Cámpora”. Elisa Carrió reconoció que conocía a D’Alessio, a quien vio en dos oportunidades. “Lo vi por un tema de Odebrecht, no por los cuadernos. Se lo derivé a la pobre Paula Olivetto, que no tiene nada que ver”, explicó.
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“D’Alessio me pareció un informante serio, era muy educado”, agregó sobre el falso abogado. “Nunca pensamos que era un extorsionador, a uno se le ocurre”, amplió sobre D’Alessio, a quien calificó como “agente de contrainteligencia”, vinculándolo con el peronismo.
Esta Argentina plagada de funcionarios hipócritas y corruptos, día a día, no deja de sorprender por sus permanentes intrigas palaciegas y escándalos encubiertos, por algún tiempo. Finalmente, las autoridades gubernamentales, los medios periodísticos y miembros del poder Judicial Federal como el Fiscal CARLOS STORNELLI, descubren que el Juez Federal de Dolores, ALEJO RAMOS PADILLA, no es un funcionario imparcial. Se “enteraron” que responde a la Cámpora, que es un juez K y perteneció a “justicia legítima” aparte de haber sido durante años abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ello, luego de que aparentaría ser parte de una maniobra tendiente a descalificar y apartar de la famosa causa “De los Cuadernos”, donde se investiga la corrupción Kirchnerista, al fiscal STORNELLI. Eso sí, del tiempo que subrogó en Bahía Blanca, entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año, aparte de cajonear una causa de corrupción que comprometía a LÁZARO BAEZ, el empresario preferido de los Kirchner, nada saben. Mucho menos que haya intervenido en causas por los mal llamados delitos de lesa humanidad, en las que como otros, se comportó como UN DELINCUENTE ASESINO. En ese tema para estos hipócritas y los jueces que los sucedieron en aquella ciudad, todo lo actuado por PADILLA estuvo bien. En ese ambiente prostibulario no puedo dejar de mencionar a su antecesor, el secretario con cargo de Juez Subrogante ULPIANO MARTINEZ quien habría incursionado en la causa contra BAEZ, por lo que fue apartado de su cargo por “mal desempeño”. En lo personal, INFIERO, al igual que hizo él para detenerme, que quiso pegar una “mordida” como recientemente habría hecho el Juez Federal LUIS RODRIGUEZ, pero los K todavía tenían poder y lo mandaron al “freezer”, volviendo a su puesto de Secretario. Esto en definitiva le vino bien, ya que lo ayudó a que este gobierno lo designe como Fiscal en Bahía Blanca, cargo que ocupa desde el 31 de Octubre de 2018. Mientras tanto, el primer mandatario MAURICIO MACRI con su familia y otros, acortan el tiempo que falta para las elecciones presidenciales, paseando por el TAJ MAHAL, al que el poeta Rabindranath Tagore describiera como: “Una lágrima en la mejilla del tiempo”. Es verdad que como dice el dicho popular, el mundo es pequeño y que yo y otros muchos adultos mayores, no tenemos ni tendremos una justicia imparcial, pero lo sí es seguro que, con TODA ESTA GENTE “NUESTRO PORVENIR ESTÁ ASEGURADO”.
Nada que ver con mi natalicio, un día como hoy pero de 2014, o sea hace CUATRO años, un grupo de esbirros de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) a horas tempranas llegaba a mi domicilio, equipados con armas letales para detenerme acusado por los mal llamados delitos de lesa humanidad.
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Tres años antes, sabiendo que unos fiscales militantes me involucraban en un hecho ocurrido hace más de 40 años, me había presentado ante el poder judicial federal de Bahía Blanca y poniéndome a disposición, les había aportado la dirección y teléfonos donde comencé a esperarlos. Finalmente un secretario con cargo de juez subrogante (buen catador de vino) llamado ULPIANO MARTINEZ, firmó una defectuosa orden de detención y allanamiento. A pesar de ello, yo actué correctamente y cooperé al máximo con quienes me detenían. A cambio, luego, me pasearon ilegalmente fuera de recorrido, por el hall central del Aeroparque metropolitano, esposado y flanqueado por cinco de estos secuaces de los togados, como a un peligroso narco. Posteriormente me alojaron por algo más de 24 horas, en la Unidad Penitenciaria 28.
Con la promiscuidad presente, al igual que colonias de los más diversos insectos con preponderancia de las cucarachas, el lugar recordaba la cárcel turca de la película “Expreso de Media Noche”. Ya en la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza esperé 18 días para que el catador de vino a cuya disposición me encontraba, me hiciera indagar (plazo legal hasta 48 horas) por una empleada contratada por la Secretaria de Derechos humanos llamada SUSANA ARRECHEA.
Cinco meses después, decretaba mi prisión preventiva (plazo legal, hasta 12 días luego de indagado). En el periodo intermedio y en un año y medio pasé por las manos de más de diez jueces federales, con diferentes y despreciables “características” funcionales, que hace al desprestigio que gozan los miembros de este poder en Argentina. Irresponsables, ausentes, indiferentes, mentirosos, militantes, uno relacionado con un prostíbulos Vip marplatense (JORGE FERRO), otro con narcotraficantes (fiscal ALEJANDRO CANTARO), otra ciega, sorda y muda, ante aberrantes hechos de corrupción de menores en Rio Negro (MIRTA FILIPUZZI), otro encubridor de un ex jefe policial, WALTER LOPEZ DA SILVA) etc. En ese tiempo otros adultos mayores, ahora entrañables camaradas de prisión, iban inexorablemente muriendo a mi alrededor.
Finalmente en marzo de 2016 realmente sobrepasado (también podría decir podrido) por las iniquidades y dispuesto a regresar al mi hogar de una forma u otra, comencé una huelga de hambre y medicación que duró 31 días. Sobreviví y el accionar de gente honesta (excluido el poder judicial) hizo que me otorgaran el arresto domiciliario en donde hoy cumplo los 4 años con prisión preventiva. Por ser el tiempo legal máximo 3, llevo uno que avala mis malos deseos hacia los miembros de un poder judicial corrupto y un poder político hipócrita y mentiroso.
Eso sí, ahora gracias al actual presidente MAURICIO MACRI y su Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para algunos) GERMÁN GARAVANO, “la justicia está cambiando”, dejó de ser militante y es independiente, por lo que puedo celebrar con “tranquilidad y beneplácito” este CUMPLEAÑOS.
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Noviembre 28, 2018
¿Cuantos años cumples? Solo uno … los otros ya los tenía.
En febrero del corriente año en ocasión de lograr luego de una ardua lucha legal, que el Juez Federal WALTER LOPEZ DA SILVA me recibiera una ampliación de mi declaración indagatoria, cuando este se retiraba, mi esposa en un aparte le preguntó si se daba cuenta que yo me expresaba con la verdad.
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El togado respondió afirmativamente y que por ello me mandaría a la brevedad a juicio, ya que él nada podía hacer porque cuando se hizo cargo del juzgado de Bahía Blanca estaba todo hecho. Si su respuesta fue sincera como juez no vale nada, más allá de la designación, vestir saco y corbata y cobrar un sueldo de privilegio. Si fue evasiva y me considera culpable, le falta lo que debe tener un hombre para manejarse con la verdad ante quien sea. Lo increíble de todo este mortal entuerto es, que uno está al medio de luchas intestinas entre verdaderos delincuentes del poder judicial en donde se juegan intereses económicos, el lavado de dinero, la trata de mujeres, el narcotráfico y también ideologías radicalizadas. Todo arrancó con la designación de un secretario judicial ULPIANO MARTINEZ como juez subrogante, verdadero desorejado laboral (propuesto ahora por este gobierno como fiscal), que accedió al pedido de mi detención formulado por unos oscuros personajes con título de fiscales subrogantes llamados ABEL CÓRDOBA, JOSÉ NEBBIA y MIGUEL PALAZZANI.
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Su antecesor el Juez ALCINDO ALVAREZ CANALE, se había negado a ello. Estos engendros,, pertenecientes a ”Justicia Legítima,” junto con el juez subrogante en Bahía Blanca ALEJO RAMOS PADILLA, quien hoy sigue como juez titular en Dolores, fueron los hijos dilectos de la arpía ALEJANDRA GILS GARBÓ quien hasta diciembre de 2017 se desempeñó como Procuradora General de la Nación. Así se ocuparon de cajonear la causa SURIS en la cual estaban involucrados por lavado de dinero LÁZARO y MARTÍN BÁEZ y otros, como así también varios empresarios bahienses.
Otro oscuro personaje también por designación irregular de la procuradora, se sumó al equipo: ALVARO COLEFFI, sumariado y cesanteado por entregar escuchas telefónicas a los medios a pesar de lo cual nuevamente contratado pasó a ser secretario de fiscalía. Meses después, a mediados del 2016 fue cesanteado por segunda vez, tramitándose una causa por su irregular contratación, por ante el Juez Federal 11 CLAUDIO BONADÍO. En el medio de todas estas sucias luchas, idas y venidas, sin quererlo aparece uno, dependiendo en cuerpo y vida de todos estos personajes siniestros. Acá no hay buenos y justos, ambos bandos son malos. Su podredumbre, maniobras e ilegalidades son sabidas por todos, pero como dice un amigo, IGUAL, MARCHE PRESO.
Claudio Kussman.
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Julio 10, 2018
“Observando a sus compañeros de presidio,
se asombraba de ver cómo amaban la vida,
cuán preciosa les parecía. Incluso creyó ver que este sentimiento
era más profundo en los presos que en los hombres que gozaban de la libertad.”
El CELS impugnó la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez a fiscal federal de Bahía Blanca
Ante la postulación presentada por el Gobierno, el CELS destacó la “falta de cuidado y respeto por la función judicial” mostrada por Martínez y su “incapacidad absoluta” para ejercer como fiscal. Le pidió al Senado que no avance en el acuerdo solicitado por el Ejecutivo.
Cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca para hacerse cargo del juzgado que durante tres años había subrogado el secretario Santiago Ulpiano Martínez se encontró con un arsenal disperso sobre escritorios y estantes, 138 kilos de marihuana, 297 cigarrillos armados con esa droga y siete kilos de cocaína. Cuando analizó los expedientes heredados se topó con detenidos que llevaban meses sin ser indagados, otros con la prisión preventiva vencida y un tercer grupo que por falta de registros ni siquiera se sabía dónde estaba. Martínez había sido noticia por garantizar la impunidad de represores y partícipes civiles del terrorismo de Estado, por incumplir las resoluciones de la Cámara Federal que una y otra vez revocaban las suyas, decisiones que llevaron al Consejo de la Magistratura a no ratificarlo, pero poco se sabía sobre el estado calamitoso del resto de las causas. Con esos antecedentes, el secretario es el hombre propuesto por el gobierno de la meritocracia para asumir como fiscal federal de Bahía Blanca. El CELS impugnó la candidatura de Martínez, destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial”, su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad y le pidió a la Comisión de Acuerdos del Senado que preside Rodolfo Urtubey que no avance en el acuerdo que le reclama el presidente Mauricio Macri.
PáginaI12 informó entre 2012 y 2015 sobre el trabajo sistemático de Martínez y su asistente Mario Fernández Moreno para obstaculizar la instrucción de causas a represores del Cuerpo V de Ejército y la base naval de Puerto Belgrano, y rechazar los pedidos de indagatorias de ex funcionarios judiciales como Hugo Sierra, ex capellanes como Aldo Vara o empresarios como Vicente Massot, entonces dueño del diario La Nueva Provincia y tío del jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot. El último gran aporte de la dupla a favor de la impunidad de los civiles que participaron del terrorismo de Estado fue una maniobra para apartar de la investigación al juez Alvaro Coleffi, quien se animó a pedir la captura internacional de Vara, ordenó allanar el diario local e indagó a Massot. A partir de una denuncia de Martínez y un sumario instruido por el agente de inteligencia y ex juez Néstor Montezanti, la Cámara Federal dejó cesante a quien no titubeó ante el poder local.
La impugnación del CELS se explaya sobre “el estado calamitoso” del juzgado cuando Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca. En un placard de un pasillo encontró un proyectil antiaéreo con la leyenda “ojo, está activado”, que debió neutralizar una brigada de explosivos. Sin ningún tipo de resguardo ni cadena de custodia, había armas y explosivos a la vista, sobre escritorios y estantes. También había estupefacientes, hasta en la terraza: 138 kilos de marihuana, 7 de cocaína, 9 ampollas, poco más de 2 kilos de hojas de coca, 297 cigarrillos de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas, entre otros atípicos insumos de oficina.
Cuando logró ubicar los expedientes acumulados, Ramos Padilla descubrió que había gran cantidad de detenidos sin indagar, otros indagados pero con su situación procesal sin resolver y otros con paradero desconocido. No existía un solo listado de detenidos actualizado y confiable.
“El cuadro generalizado de desorden, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia”, explicó el CELS en la impugnación que firman su director Gastón Chillier y el director del Area de Litigio y Defensa Legal, Diego Morales. “La falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas”.
En las causas por delitos de lesa humanidad “se manejó con coherencia: sus intervenciones obstaculizaron los avances en la investigación de distintas causas”, recordó el CELS. “Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército. Intervino en la causa contra Vicente Massot y rechazó el pedido de instrucción que hizo el Ministerio Público sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Durante las tareas de normalización del juzgado, la secretaria informó que no podía acceder al disco donde se hallaban los archivos necesarios para el desarrollo de la causa “Triple A”, de los que no tenían copia”, enumeró.
Las resoluciones de Martínez “fueron sistemáticamente revocadas” por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca “y fueron incumplidas igualmente por él”, recordó el CELS. “No sólo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”, destacó. Concluyó que el candidato “carece de idoneidad para el cargo al que aspira” y que “su actuación en el Poder Judicial no puede ser premiada con un nombramiento como fiscal federal”.
Luego de leer que el Poder Ejecutivo envió al senado el pliego de ULPIANO MARTINEZ, para que sea fiscal en Bahía Blanca y que el mismo también es postulante a Camarista, lo menos que se me ocurre como en una siniestra tira cómica gritar muy fuerte AUXILIOOOO, mientras mis ojos saltan de sus órbitas. La otra gran posibilidad sería hacerme el simpático y editar las fotos de él, que reiteradamente publicamos en diferentes notas y transformar el contenido de las copas que sostiene en LECHE, aclarando que es descremada. Este tipo de propuestas y casi seguros nombramientos, son la ratificación de mi total convencimiento de que mi destino y el de muchos otros están sellados, porque el poder judicial está profundamente corrompido. En reiteradas oportunidades sus miembros fueron directos responsables de detenciones y condenas al barrer. También de numerosas muertes de prisioneros adultos mayores, que contra toda lógica mantuvieron en cautiverio. Impunemente probaron la sangre y están cebados*.
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En la nota del diario Clarín podemos leer:
“Organismos de Derechos Humanos y fiscales designados en Bahía Blanca durante la gestión de Alejandra Gils Carbó denunciaron a Martínez por “demorar” procesos vinculados con delitos de lesa humanidad, durante su subrogancia en el juzgado federal 1. Esos cuestionamientos fueron clave para su separación en 2015 por parte del Consejo de la Magistratura, forzando la ley de subrogancias, luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Ramos Padilla, miembro de Justicia Legítima, acusó a Martínez de dejar un gran desorden en el juzgado”.
ULPIANO MARTINEZ
Al respecto de este párrafo, más allá de los intereses, internas y encubrimientos que se jugaban y que hacía del juzgado lo más parecido a alguno de los prostíbulos que conocí en la función policial, coincido con el juez militante ALEJO RAMOS PADILLA lo cual es un horror que así sea.
El juzgado era un desorden, tanto es así que ULPIANO MARTINEZ me hizo indagar a los DIECIOCHO días de detenido, por una empleada contratada por la Secretaría de Derechos Humanos de nombre SUSANA ARRECHEA y decretó la prisión preventiva a los CINCO meses, según sus particulares inferencias.
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Ulpiano Martínez
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Susana Arrechea
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Walter E. López De Silva
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Luego vino una seguidilla de jueces subrogantes ausentes y por fin con este gobierno la designación del juez WALTER LOPEZ DA SILVA, todos hipócritamente ratificaron lo actuado por MARTINEZ y todos desconocen pormenores de la causa.
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26/01/2018 DIARIO CLARÍN
El Poder Ejecutivo envió esta semana al Senado el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para ocupar una fiscalía federal en Bahía Blanca. Martínez actuó como juez subrogante al frente del Juzgado Federal 1 bahiense hasta junio de 2015, cuando la mayoría K en el Consejo de la Magistratura decidió separarlo. En su reemplazo fue designado el juez de Dolores y ex abogado de organismos de Derechos Humanos Alejo Ramos Padilla.
Alejo Ramos Padilla
Semanas antes de su destitución, Martínez había impulsado allanamientos y otras medidas de prueba en una causa por facturas apócrifas que vincula a Austral Construcciones con tres grupos empresarios de Bahía Blanca. Durante el interinato de Ramos Padilla, que duró hasta fines de aquel año, el expediente estuvo paralizado y recién en la segunda mitad de 2016, con la designación del juez federal Walter López Da Silva, la causa registró avances. Imputa por asociación ilícita tributaria a Lázaro y Martín Báez y una decena de empresarios bahienses, sobre la base de la emisión y comercialización de facturas truchas. Tras una nueva paralización por casi 9 meses, esta vez por una cuestión de competencia, se esperan citaciones a indagatoria para después de la feria judicial. La importancia del expediente radica en que, según el juez Sebastián Casanello, la evasión tributaria atribuida, podría constituir el delito precedente para avanzar contra Báez por lavado de dinero. En paralelo, Casanello investiga el cierre temporario de la delegación de la AFIP en Bahía Blanca dispuesto en agosto de 2012 por Ricardo Echegaray. La presunción es que la medida, fundamentada en el ex administrador en razones gremiales, tuvo como objetivo real frenar las investigaciones internas de la AFIP y la justicia, contra el empresario patagónico.
Organismos de Derechos Humanos y fiscales designados en Bahía Blanca durante la gestión de Alejandra Gils Carbó denunciaron a Martínez por “demorar” procesos vinculados con delitos de lesa humanidad, durante su subrogancia en el juzgado federal 1. Esos cuestionamientos fueron clave para su separación en 2015 por parte del Consejo de la Magistratura, forzando la ley de subrogancias, luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Ramos Padilla, miembro de Justicia Legítima, acusó a Martínez de dejar un gran desorden en el juzgado. Posteriormente, el propio Ramos Padilla, fue denunciado por hostigar a funcionarios y empleados que respondían a la gestión de Martínez y anteriores. Esos elementos, junto a designaciones de Gils Carbó durante esos seis meses, se acumularon en la comisión bicameral del Ministerio Público, hasta que la ex Procuradora decidió dimitir.
Además de aspirar al cargo de fiscal federal en Bahía Blanca, que está sin cubrir desde hace más de 4 años, Martínez figuraba entre los postulantes para ocupar uno de los cuatros vocalías vacantes en la Cámara Federal bahiense. Para esos puestos, el Poder Ejecutivo ya propuso tres nombres que el Senado deberá analizar, como el pliego de fiscal, tras el receso.
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Este hoy Secretario y posiblemente fiscal o camarista mañana, mientras me “engarronaba” protegía a mi ex jefe el falaz Comisario Inspector ATILIO ROSAS (1), a tres ex funcionarios judiciales y un empresario de medios, imputados también por los mal llamados delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca.
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Jorge A. Rosas
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Abel Cárdoba
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Luis Nebbia
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Miguel Palazzani
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Si a todo este coctel, no perdón a toda esta copa de leche le agregamos la presencia de un fiscal militante como ABEL CÓRDOBA y sus secuaces JOSÉ NEBBIA Y MIGUEL PALAZZANI la “JAULA DE LAS LOCAS” comparada con la Justicia Federal Bahiense, fue una tragicomedia menor frente a la siniestra realidad.
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 27, 2018
“La Realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello,
sigue existiendo y no desaparece”.
Philip K. Dick (1928-1982)
*Fiera que es más temible por haber probado carne humana.
Tres años antes de ser detenido, cuando visitaba en la cárcel a amigos adultos mayores imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad, al retirarme, siempre sentía una muy profunda desazón. Repasaba lo que me contaban, la inconstitucionalidad de los juicios, las imputaciones sin pruebas, la vida en prisión con sus pequeñeces cotidianas y el desperdicio del tiempo y vida, que día a día, les robaban encerrados en ese mundo paralelo que es la cárcel. Allí siempre presente el fin era la muerte. Supe de las absurdas y maquiavélicas inferencias con las que unos togados delincuentes, conformaban contundentes pruebas judiciales considerándose unos semidioses de la verdad y la justicia. También de superdotados testigos que reconocían perfumes, calzado o la voz de sus presuntos victimarios, a 30 años de los hechos y eran considerados veraces por los corruptos funcionarios judiciales. Sin lugar a dudas, sabía que esos cautivos eran los perdedores en una sociedad hipócrita, que limpiaba sus errores con ellos, gente en mayoría sin jerarquía ni poder alguno al momento de los hechos que en forma retroactiva se juzgaban. Yo como buen pavote (1) me había puesto a disposición de la “justicia” y esperé hasta que finalmente fui detenido (28/11/2014). Pasó el tiempo, tuve las mismas o peores experiencias que ellos con diez jueces casi todos subrogantes, de todo tipo. Desde un catador de vino (hoy candidato a fiscal o camarista propuesto por el gobierno), pasando por un militante, varios irresponsables ausentes y un negacionista, que cuando abre la boca es para decir que no a todo. Cambió el gobierno y se fueron sin irse los que habían venido por todo, para llevarse todo y llegó EL REDENTOR que iba a terminar con el “curro de los derechos humanos”. Transcurridos más de dos años desde el inicio de su mandato y con 88 prisioneros más ejecutados en cautiverio, todo sigue igual o peor, llegando así a la conclusión que somos LOS HIJOS DE LA PAVOTA de este territorio llamado Argentina.
FRANELEROS
Esto lo afirmo, ya que sigue vigente para nosotros el reemplazo de la Constitución por la política de estado. Que lacras como TIMERMAN, BOUDOU, CRISTINA KIRCHNER, MENEM y otros, están libres. Que nuestras prisiones preventivas decretadas sin pruebas pueden ser para siempre. Que una ley de la Provincia de Buenos Aires dice que los “desaparecidos” son 30.000. Que un obsecuente jefe del Ejército reconoce y conmemora solo la muerte de los soldados asesinados en democracia.
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Que sus ejecutores sean en democracia o bajo régimen militar, gozan de libertad, jugosas indemnizaciones, cargos y son los “custodios y referentes morales” de la sociedad Argentina. Que firmantes (con vida) de decretos de aniquilamiento como ISABEL MARTINEZ DE PERÓN O CARLOS RUCKAUF son considerados honorables seres humanos.
Se detienen a soldados, gendarmes o vigilantes recién ingresados al momento de los hechos que infieren cometieron, pero a estos dos la justicia jamás de los jamases molestarán. Que esa justicia federal independiente está conformada entre otros muchos, con jueces como ALEJO RAMOS PADILLA o MIGUEL VACA NARVAJA (2) Ni hablar de los miembros gubernamentales (Ministerio de Justicia entre otros) que se la pasan franeleando (3) con cuanta asociación amiga de los terroristas hay a nivel nacional e internacional, contabilizando para ellos casi con codicia (CLAUDIO AVRUJ) la cantidad de condenas durante su gestión por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Sí debo agradecer, que hasta el momento a las autoridades gubernamentales reiteradamente votada por los prisioneros, no se les ocurrió SODOMIZARNOS (4). Pero aún no sabemos, por las dudas no canto victoria ya que como todavía tengo vida, no terminó este ilegal martirio.
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 26, 2018
“Donde hay más sensibilidad, allí es más fuerte el martirio”.
Leonardo Da Vinci (1452-1519)
*Coloquial despectivo. Personas que no son tomadas en cuenta ni se las respeta.
1) Coloquial despectivo. Que es tonto o poco inteligente.
3) Hacer caricias y dar besos a una persona con la intención de excitarse y excitarla sexualmente.
4) La sodomía es un término de origen religioso que hace referencia a determinados comportamientos sexuales, históricamente utilizado para describir el acto del sexo anal u oral entre personas del mismo sexo y demás prácticas homosexuales, si bien la definición actual de la RAE hace referencia únicamente al sexo anal.
¿Usted puede rebatirme cuando digo que tenemos sangre de horchata? De no ser así, como es posible que mansamente un par de miles de hombres y mujeres, muchos de ellos ex uniformados, y a su vez no pocos de estos, “héroes” de ayer y de hoy, acepten como mansos corderos, la iniquidad extrema? Me refiero a que algunos togados corruptos hasta lo más profundo de su ser, a como dé lugar desconocen la Constitución, las leyes y códigos. Así sin pruebas imponen prisiones preventivas ilegales y luego de 8 o más años en esa condición, en diferentes casos, DESCUBREN que el imputado era inocente. ¿O que siendo una piltrafa humana por su salud detengan y dejen morir en prisión adultos mayores septuagenarios, octogenarios y hasta nonagenarios? ¿O que hagan caso omiso a los requerimientos legales del imputado?
Yo, en menos de 2 años, pasé por las “manos” de más de 10 “jueces” y cada uno dejó su huella con abusos y arbitrariedades, en algún caso cometiendo delitos, desatendiendo peticiones legales, agregándome imputaciones que no tenía, a la hora de prolongarme a 4 años mi prisión preventiva. Hubo de todo en estos “funcionarios judiciales”: alguno borrachín, otros completamente irresponsables y ausentes, tanto que ni concurrían al juzgado, otro asquerosamente militante y otros indiferentes a todo. Puedo solicitar diligencias, o elementos de la causa en la que me “engarronaron” y es como hablarles a la pared. Si se ven obligados a cumplir alguna diligencia que me favorezca, lo hacen mal y a desgano o directamente la niegan. Uno es condenado de por vida y estos funcionarios ni leen las causas, desconocen su contenido y pareciera que están resolviendo infracciones de tránsito. En no pocos casos son verdaderos insensatos en la función, que de rendir cuentas a modo de castigo se los jubila. Y no solo eso, también se enojan con uno, porque no se queda callado y de rodillas.
ARGENTINA SIN VENGADORES ANÓNIMOS
Realmente todos tienen algo en común y es aparte de la irresponsabilidad, la suerte. Es que pese a la extrema iniquidad con la que se manejan, como nosotros tenemos sangre de horchata no existen en Argentina los “vengadores anónimos”. Así van despreocupadamente y sin peligro por la vida como ciudadanos ejemplares y dignos funcionarios bien pagos, de unos de los poderes de la democracia. No crea que yo no he fantaseado con la idea de transformarme en un monstruo vengador, al estilo Norteamericano. Luego pienso en el legado a quienes me sucederán y siento que no puedo ser igual a estos funcionarios, que por vaya a saber qué razón se transformaron en inmorales y peligrosos asesinos. Yo jamás podría ser igual a ellos. Solo me limito a desearles que el destino les dé lo que realmente se merecen y que arrastren a sus respectivas familias, como hacen con las nuestras. Esta característica de la circulación sanguínea, tan descollante en nosotros, los adultos mayores imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad, también la tienen los ciudadanos en general. Ejemplos: Aceptar jueces abolicionistas que liberan a narcotraficantes, violadores y asesinos a alta velocidad, para que vuelvan a reiterar sus calamitosos delitos. Haber votado a los Kirchner en 3 oportunidades para la presidencia y muchísimas más para la gobernación de Santa Cruz. Aceptar como legisladores a Menem, Cristina y muchos otros indeseables, a los que a pesar de sus riquezas mal habidas, debemos mantenerlos a través de décadas entre todos. Tener casos judicialmente “arreglados” como el de los hermanos Rohm…
CONTINUARÁ…
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 27, 2017
*Es un dicho español que significa carencia de sentimientos, es decir que tanto el amor como el odio es indiferente a la persona y que le da igual lo malo o lo bueno, que todo les resbala. Significa el no tener agallas y la carencia de valor para enfrentar situaciones difíciles que se presentan. También aclaremos que la horchata es un refresco natural que se toma en verano muy frío y que se extrae del jugo de las Chufas (Cyperus Esculentus) muy popular en Valencia, España y en diversas partes del planeta.
Si le digo que quien lleva el número uno, es el ex juez subrogante removido ULPIANO MARTINEZ quién decretó mi detención, me indagó a través de una empleada contratada por la Secretaría de derechos humanos (Susana Arrechea), recién a los 18 días, y decretó mi prisión preventiva luego de cinco meses. Que quien lleva el número dos, es el juez de la Cámara de Apelaciones PABLO CANDISANO MERA. Y quien lleva el número tres, es el fiscal general y miembro de Justicia Legítima ALEJANDRO CANTARO, todos de Bahía Blanca. No pensará que le hago una broma, ¿no?
EL POLICIA IDIOTA Y LOS CUMPAS* JUDICIALES
CATADORES DE VINO TINTO
Demás está decir que el policía idiota soy yo, si bien hay muchos otros uniformados de diferentes fuerzas que no nombraré para no ofenderlos. Pero si pasaron por la justicia federal de Bahía Blanca, sabrán lo que pienso de ellos. Me autocalifico de esta forma porque en 2011 cuando supe que me habían involucrado en un hecho de lesa humanidad, me presenté y me puse a disposición del juzgado federal uno de esa ciudad. “Mi obligación es confiar en la justicia y todo se va a aclarar”, “Un policía nunca puede ser un prófugo” como buen idiota le dije a mi familia y a todos los que me aconsejaban huir. Esperé 3 años hasta que vinieron a detenerme, a donde dije que iba estar. Luego y hasta el presente, siguieron otros 3 años de abusos y manoseos por parte de mamarrachos y jueces indiferentes, indolentes o corporativos, que miran para otro lado. Tengo que decir que por momentos siento que mi vida y la de mi familia, está en manos de “loquitos” y lelos, que para colmo se creen dioses.
Las identidades se repiten al igual que la buena amistad y el buen beber.
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NADA LES CALIENTA**
Ahora les presentaré imágenes de alguno de esos seres sabios y superiores, que reafirman que todo este barro en el que uno se está asfixiando, es un siniestro y verdadero circo de cuarta. Entre “cumpas”, imagino allegados a la justicia, a los que no conozco, se ven mezclados y sobresale el secretario que fue juez subrogante, ULPIANO MARTINEZ (actual secretario Juzgado Federal dos) que en el 2014 decretó mi detención y posteriormente mi procesamiento. También, el fiscal general ALEJANDRO CANTARO y el juez de la Cámara de Apelaciones CANDISANO MERA.
Nuevamente, Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
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Como para que me escuchen y obtener algún resultado en mis reiterados pedidos y apelaciones, a lo largo de todo este tiempo que llevo como prisionero ilegal. Por supuesto también se sucedieron, aparte del militante ALEJO RAMOS PADILLA, otros togados que hicieron oídos sordos y actuaron y actúan corporativamente, PORQUE LA JUSTICIA NO LES “CALIENTA” NADA. Por supuesto mucho menos, los adultos mayores que sufriendo mansamente van muriendo juntamente con las respectivas esposas.
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Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3), (¿será una bodega?)
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Ulpiano Martínez (1), Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3). (¿lo que se ve detrás, será un viñedo?)
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ASUNTOS INTERNOS
Mientras desde lo más alto del poder nacional, repiten como pericos que “la justicia es independiente”, el escucharlos hace que, por educación, automáticamente me reprima de gritar palabras y calificativos soeces. Yo pregunto: ¿independiente a qué? ¿A la amistad de años? a las comilonas? a las bodegas? al buen vino tinto? ¿a qué? A ver, hagamos una suposición. Usted me ve a mí, policía, abrazado “como hermano en desgracia” a lo largo de años, con la gente de Asuntos Internos.
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Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
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Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
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Todos juntos viajamos y catamos, a más y mejor, vinos en la ciudad, en diferentes provincias e inclusive en diferentes países. ¿Por casualidad, me iría a denunciar a esa sección, ante un acto de inconducta o delito cometido por mí? El respetable doctor GONZALO MIÑO mi abogado defensor particular, siempre repite un viejo dicho ingles que dice: “Un juez tiene que ser un caballero y si sabe de derecho, mejor”. Es evidente que la honorabilidad y la conducta intachable son valores ausentes en el mundo judicial de hoy. Reclamar justicia, integridad moral, ética y honestidad, es una muestra más de que soy un idiota y que con esta nota solo obtendré la venganza de ellos.
Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
“Nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos han cometido”.
Sándor Márai (1900-1989)
*AMÉRICA DEL SUR coloquial – Persona con la que se tiene una amistad o una relación de compañerismo. “venga, cumpa, que le voy a servir un vinito”
FUNCIONARIOS DELINCUENTES EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA DE HOY
Mucho hemos publicado en este sitio, sobre los traslados a los que fuimos sometidos los adultos mayores, como forma de castigo y tortura, en inmundas “perreras” durante la “década ganada”. A través del escrito del señor Carlos L. Bosch en el diario La Nación, veo que estos siguen como si tal cosa, pese a las floreadas frases del ESTAMOS CAMBIANDO. Debo decir ante todo, que estos brutales movimientos de prisioneros fueron institucionalizados por los terroristas y militantes que ocuparon el anterior gobierno, como forma de quebranto corporal y moral nuestro. Estando sobrepasado por el agotamiento y careciendo casi de lucidez, uno es presa fácil del “funcionario” ante quien comparece. Queda inerme y sin capacidad de reacción alguna. Pasadas las horas y ya de regreso a la prisión, es cuando se toma real noción de lo que pasó, pero ya es demasiado tarde.
UNIDAD PENAL 34 CAMPO DE MAYO – BAHÍA BLANCA
Lo ocurrido en el traslado de Campo de Mayo a Bahía Blanca (680 kilómetros), configura un delito que no se tiene que dejar pasar. Circular por la ruta como se hizo, es totalmente ilegal y si cualquiera de nosotros lo hiciera en su condición de ciudadano, le secuestrarían el vehículo. Como prisioneros, costamos varios miles de pesos diarios que se pagan con nuestros impuestos. En este caso el responsable número uno de tanto abuso, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual depende el Servicio Penitenciario Federal. En varias ocasiones me dirigí a ellos mediante correspondencia, sin recibir nunca respuesta alguna. Destaco la del 26 de enero de 2016 (1), cuando escribiera por SEXTA vez al mentiroso y funcionalmente tuerto Secretario de Derecho Humanos Claudio Avruj. Sin resultado alguno, como siempre, fue arrojar a la basura tiempo y dinero. Mientras, presos como el narco Martín Lanatta (2), Milagro Sala (3), Lázaro Báez y tantos otros son movilizados en cómodos y rápidos vehículos con aire acondicionado.
HAY QUE GRITAR ¡BASTA! A QUIENES ABUSAN Y DELINQUEN
En lo personal dije basta en el mes de noviembre de 2015, cuando llevaba un año ilegalmente detenido en la U 31 de Ezeiza. Harto del “engarronamiento” del que fui víctima por parte de miembros de la “justicia”, de la mala cara que ponen en su atención a uno, de la cárcel y la iniquidad, de su indiferencia y silencio hipócrita que los transforman ni más ni menos que en delincuentes asesinos. Me negué a los traslados torturantes e ilegales, presenté un “Habeas Corpus”, ante el Juzgado Federal uno de Lomas de Zamora a cargo del juez Alberto Santa Marina, que luego terminó en denuncia, contra el Juez Alejo Ramos Padilla. Desde ya, Santa Marina y el defensor oficial (tendría que ser fiscal) de ese departamento doctor Ariel Squingo (4), lo encubrieron, si bien trataron de justificarse legalmente. El togado ofició a la prisión y al asesino juez militante subrogante en Bahía Blanca, Padilla, quien hizo caso omiso de su escrito.
NUNCA MÁS UNA PERRERA
Pero a partir de ese momento no subí nunca más a una “perrera” siendo trasladado solo y siempre en ambulancias contratadas o en una del Servicio Penitenciario, que también cumple la función de morguera. Así, hasta que en marzo de 2016 iniciara una huelga de hambre y medicación, que me trajo a casa con arresto domiciliario. Para ese viaje de 350 kilómetros de retorno al hogar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contrató una ambulancia con un médico particular. Desde allí con mi familia luchamos por mi libertad y pedido de disculpas ante tanta aberración jurídica. Lo que aún hoy ocurre con nosotros los adultos mayores, es realmente atroz e inhumano, teniendo en cuenta que este es un país en donde se dice que vivimos en democracia y que estamos en pleno siglo XXI. Por ello a los funcionarios del signo político que sean les digo: ¡Hipócritas y cobardes! ¿Por qué no llevan en los vehículos oficiales, a pasear a sus respectivas familias con una botella en la mano? Hagan que ellos las usen para orinar, si tienen esa imperiosa necesidad fisiológica que los urja.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, presentó un escrito ante la doctora Adriana Donato, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, solicitando juicio político a Alejo Ramos Padilla por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
LOS DEMOLEDORES ETERNOS
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“Es hora de aullar porque, si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no
hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos”.
José Saramago
Hace un par de semanas, les propuse un ejercicio de imaginación al que califiqué como posible, aunque altamente improbable: ¿qué pasaría en la cúpula del kirchnerismo si el Presidente Clown renunciaba o quedaba inhabilitado para gobernar? Desde el jueves, creo que la probabilidad de que eso ocurra creció exponencialmente. Máximo Kirchner, príncipe heredero de la soñada dinastía y Presidente de la bancada oficialista en Diputados, disparó con munición gruesa contra el Gobierno (teóricamente, el suyo), preguntándole cómo reaccionaría ante el FMI si un simple laboratorio extranjero, productor de vacunas, le doblaba el brazo y le imponía un cambio en la legislación. Alberto Fernández, casi llorando, le respondió desde Tucumán ayer, diciendo que jamás cedería y que, antes de hacerlo, se iría a su casa. Si no estuvieran jugando con los 100.000 muertos que alcanzaremos la semana próxima, tal vez todos deberíamos reírnos.
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Una vieja frase debiera explicar historia reciente de la Argentina: “la experiencia es lo que hace que un hombre que ha tropezado dos veces con la misma piedra, lo confiese la tercera vez”. Después de haber visto qué hizo el kirchnerismo con la República -y también lo que intentó y no logró- durante sus primeros doce años en el poder nacional, un sector importante de la ciudadanía (48%), enojado con Mauricio Macri, creyó en el nuevo truco electoral de Cristina Fernández y pensó que Alberto Fernández los haría volver mejores. A dieciocho meses de la asunción, está clarísimo que el único perfeccionamiento que este engendro llamado Frente para Todos adquirió en el llano fue cómo demoler más rápidamente la Constitución, la democracia, la economía, la libertad y hasta la propia sociedad.
Recordemos la cárcel en que nos encontramos los cuarenta y cinco millones de argentinos; el discurso de odio que baja desde el Gobierno mientras imputa a la oposición por sus continuos fracasos y la califica de nazi; las arbitrariedades contra las garantías individuales y la propiedad privada; la renovada guerra gaucha que ayer mismo tuvo su máxima expresión de rechazo en San Nicolás; la monumental inflación y el incendio del Banco Central; la hipocresía en la defensa tuerta de los derechos humanos; el aislamiento internacional, la sociedad con los regímenes asesinos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, China e Irán, y la repugnante cesión de soberanía; los obscenos privilegios de su clase política; la destrucción terminal de la educación; la apropiación de tantas cajas del Estado; el desempleo, la proliferación del narcotráfico y la violencia; la forzada emigración de nuestros jóvenes; la pretensión de domesticar a la Justicia; los permanentes misiles contra la casi extinguida clase media.
Contra la opinión de muchos, aplaudo sin restricciones la celebración de internas dentro de Juntos por el Cambio, ya que ratifican la unidad y permitirán a quienes resulten candidatos contar con una legitimidad de origen de la que carecen quienes son designados a dedo por los grandes popes; en particular, celebro la participación de Ricardo López Murphy en la competencia por la Ciudad Autónoma, que me parece un logro republicano notable. Por el contrario, lamentaré enormemente –si, finalmente, se confirma- que esa competencia fuera con María Eugenia Vidal; mis amigos expertos en la geopolítica provincial me aseguran que allí aportaría seis puntos adicionales a la coalición opositora. Su resistencia impone imaginar a un general negándose a comandar al ejército en una acción decisiva; ¿cuál sería, entonces, el futuro de su carrera militar?
Mientras tanto, hay algunos movimientos que agravan la preocupación general acerca de la posibilidad de un fraude masivo en las próximas elecciones; estarán a cargo de los jueces María Romilda Servini de Cubría y Alejo Ramos Padilla -muy justificadamente sospechados de servir al kirchnerismo- en los dos principales distritos electorales, y de Raúl Bejas (ex apoderado del PJ tucumano) que integra la Cámara Nacional Electoral. La declaración de quiebra del Correo Argentino, si bien apelada y con razón, puede dejar la manipulación de los telegramas del acto comicial en manos de los fieles soldados de Cristina Fernández, y circulan versiones acerca de la adquisición por el Poder Ejecutivo de un sistema informático perverso.
Por ello, es indispensable que todos nos preparemos para enfrentar ese permanente y dañino problema. Los ciudadanos de a pie, fiscalizando responsablemente en todas las mesas del país, con nuestros celulares alerta, para evitar votos falsos y alteraciones en planillas y telegramas, y recurriendo a las fuerzas de seguridad cada vez que los patoteros de siempre pretendan imponer sus malsanos criterios y sus trampas habituales. Y las autoridades partidarias, requiriendo la presencia de veedores internacionales independientes, incluyendo expertos informáticos, para verificar y garantizar la pureza y legalidad de los resultados. Porque sin 2021 no habrá 2023 y, en medio de la pandemia y del terror inducido, hay otro peligro aún mayor: la abstención. Si no vamos a votar, si nos quedamos en casa por miedo al contagio mientras ellos llevan y pagan a los más pobres para hacerlo, cuando se dispersen el día y la batalla deforme, la victoria será de los otros y habrán ganado los bárbaros (¡gracias, don Jorge Luis Borges, por conjeturar!), a quienes habremos entregado nuestro país para que lo demuelan definitivamente.
Una vez más, el destino está en nuestras manos y debemos sacrificarnos para obtener la clara victoria de la República y de la democracia. Este año, lo único que importa, lo que determinará si ganamos o perdimos el futuro, se medirá de un único modo: si el Gobierno obtiene -o no- los diputados adicionales que necesita para contar con quórum propio o los senadores que le permitan alcanzar los dos tercios en el H° Aguantadero.
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Bs.As., 10 Jul 21
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
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Julio 10, 2021
¿CUÁNDO LO HARÁS, CRISTINA?
♣
Hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que Cristina Fernández se convenciera de que las elecciones legislativas no le permitirán hacerse con las mayorías necesarias para su pretensión de modificar las leyes que obstruyen la impunidad que anhela. Supongamos, además, que a partir de octubre comenzaran a llegar al Gobierno las facturas de la fiesta preelectoral: descontrolada emisión para cubrir tarifas atrasadas, subsidios y planes; explosión inflacionaria y consecuente aumento de la pobreza; reprimida devaluación; desabastecimiento por falta de insumos importados; cierre total de acceso al crédito por el seguro default; falta de inversiones para crear empleo genuino; deuda del BCRA y sus escandalosos intereses; etc.. Coincidirá conmigo en que, de darse ese escenario, seguramente la PresidenteVice caería en la desesperación. Falta saber qué haría entonces.
Que estén utilizando la pandemia y las sospechosas cifras de contagiados y muertos para sostener que será imposible realizarlas, habla muy claro de la catadura moral de quienes son, precisamente, los responsables directos de tamaña catástrofe; son los mismos que fundieron el país (cerraron 30.000 empresas y se perdieron 1,5 millón de trabajos) y ahora reinciden en aplicar recetas fracasadas e inconstitucionales. Espero que la oposición no vuelva a caer en la trampa, aduciendo que no dispondrá de suficientes fiscales para controlar los comicios por miedo al virus; de todas maneras, el oficialismo está proyectando ya un fraude masivo en la Provincia de Buenos Aires, tutelado por un integrante de la manada de rottweilers vengadores, el Juez electoral Alejo Ramos Padilla.
Esa salvaje jauría, en la que destacan el Ministro y el Secretario de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el Diputado Rodolfo Tailhade y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a la cual el energúmeno Alberto Fernández no sabe/puede/quiere controlar, está royendo las cadenas institucionales de la Argentina, comenzando por la Corte Suprema, los jueces federales y el Procurador General y sus fiscales, a los que no conseguirán ampliar o reemplazar por vías legales salvo que haya deserciones en la oposición (algo poco probable a esta altura), y todas esas maniobras terminarán, otra vez, en un monumental fracaso. La peregrina teoría del lawfare se debilita porque la enorme mayoría de las causas –salvo “Cuadernos”- que afectan al kirchnerismo (como los bolsos de José López en el convento, por ejemplo), fueron iniciadas antes de diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner era oficialmente Presidente.
Por ello, cabe preguntarse cuándo ordenará ella la toma violenta del Palacio de Justicia, donde reside la Corte; se podría inspirar en los ataques al Palacio de Invierno (Rusia, 1917) y al Cuartel de la Moncada (Cuba, 1953). Si usted cree que deliro al imaginar algo así, recuerde qué sucedió en la plaza el 24 de octubre de 2018, cuando se discutía una fórmula de ajuste de las jubilaciones y las asesinas hordas kirchneristas –demuestran esa pertenencia al guardar un cómplice silencio ahora pese a que el Gobierno está licuando los haberes- pretendían invadir el Congreso, con la complicidad de los diputados Leopoldo Moreau y Horacio Pietragalla, después de arrojar catorce toneladas de piedras sobre la Policía de la Ciudad.
Se me podría replicar que, en 2015, ella entregó el poder pacíficamente, pero, a mi entender, las circunstancias son distintas, porque más temprano que tarde llegarán las definiciones en las causas judiciales que, llenas de pruebas concluyentes de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tanto la preocupan, sobre todo por la suerte de Florencia Kirchner. Además, ahora está en juego no sólo la aspiración dinástica de la familia sino su intención de subsumir al peronismo en La Cámpora; es decir, llevar a la victoria el proyecto de los Montoneros de los 70’s, cuyos hijos ya se han encaramado a todas las instituciones del Estado; lo mismo sucede en el sur, donde los terroristas del ERP se han unido a los pseudo-mapuches para reeditar la tentativa de un Tucumán independiente.
Y la dramática pregunta es: ¿de qué recursos morales y físicos dispondrá entonces la sociedad para combatir ese probable golpe de Estado? En la respuesta estará el futuro de la Argentina que conocemos.
Buenos Aires, Abril 10, 2021
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Abril 10, 2021
Una verdadera reforma (judicial) responsable reconfortará la Republica
Si bien el autor de la nota parte de la premisa de que una reforma judicial con métodos y objetivos inconstitucionales destruirían una Republica (como forma de gobierno y como ideología política), la misma es compartida y aceptable como principio teórico, pero nuestra preocupación tiene un sentido más práctico, no político, desde dos aspectos:
Reafirmando que más de 3000 prisioneros políticos (magistrados, sacerdotes católicos, abogados, médicos, empresarios, ex agentes del Estado, académicos) que, en los años 70, protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el poder por las armas, hoy son acusados y condenados ilegalmente de lesa humanidad, por una justicia politizada que no respeta las garantías del Estado de derecho, ni las Obligaciones Positivas. Así, los jueces impunemente violan a ese grupo nacional los principios de legalidad, garantías constitucionales, convencionales, derechos humanos. Aplican la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, la excepcionalidad (suspensión de garantías) permanente, la prisión preventiva ilimitada. Ignoran la prescripción, la amnistía, el debido proceso.
¿Profesor Sabsay son esas ilegalidades que en una República no necesitarían una reforma judicial?
[ezcol_1half]Torres, Ramos Padillas, Rozasnsky, Argibay Molina
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Sabsay, Lorenzetti, Oyarbide, Rafecas
[/ezcol_1half_end]Recordando los principios del Estado de derecho: La Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la cual la Argentina es país observador https://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=36 redactó un instrumento operativo para evaluar el nivel de cumplimiento del Estado de derecho, elaborando para ello la lista de criterios del Estado de derecho[1], basada en cinco elementos fundamentales y subdividida en preguntas detalladas. Esos criterios son:
1- El principio de legalidad (la garantía del derecho internacional en el derecho interno, excepciones en situaciones de urgencia…)
2- La seguridad jurídica (no retroactividad penal, nullum crimen, nulla poena sine lege, estabilidad y coherencia del derecho…)
3- La prevención del abuso de poder
4- La igualdad ante la ley y la no discriminación (igualdad ante la ley…)
5- El acceso a la justicia (independencia, imparcialidad, debido proceso, presunción de inocencia…)
¿Profesor Sabsay se puede de manera sincera, objetiva y jurídica, afirmar que esos criterios se aplican a todos los individuos acusados de lesa humanidad y que no se violan sus principios constitucionales o convencionales? ¿Existe un Estado de derecho actualmente en Argentina según la lista de la Comisión de Venecia?
Comentarios: los fundamentos de la Republica en juego
Hubo normas internas que no tienen el titulo ni el estatus de ley de excepción pero que en la práctica lo son(Decreto 1678/2001 declaración del Estado de sitio, suspensión de garantías, ley interpretativa 27362, promulgada en 48 horas, o leyes 24952 y 25779 que facilitaron la ilegal retroactividad penal). La justicia también utiliza el concepto de excepcionalidad para legalizar las diligencias procesales ilegales contra los Prisioneros Políticos, privando a los mismos de las garantías que benefician los acusados de delitos comunes.
Hay una destrucción del Republica por la inseguridad jurídica, la corrupción, la impunidad en la justicia, la influencia de la política en los fallos judiciales. Así lo manifestaron el presidente de la CSJN, el ministro de justicia, varios fiscales…
La independencia de la justicia sobre todo en el fuero federal es inexistente. Los jueces hacen política, negocian sus fallos por privilegios personales o profesionales, saben decidir en justicia en el momento político oportuno. Los jueces participan en actos políticos con los denunciantes en causas que están bajo su responsabilidad.
Jueces militantes los hay y los hubo: en la CSJN: ex miembro de montoneros Ricardo Lorenzetti, la desaparecida pero aparecida jueza Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni…en la justicia federal; Sergio Torres (actual miembro de la SCJ de la Pcia Bs As), Daniel Rafecas, Carlos Rozanski, Norberto Oyarbide, Alejo Ramos Padilla…los miembros de Justicia Legitima.
Los jueces en sus fallos no son ni objetivos, ni parciales o independientes de la influencia política u otros motivos, porque violan de manera planificada y sistemática la CN, hacen decir lo que la carta magna no dice, dictando resoluciones que van contra los principios constitucionales, violando las garantías fundamentales de los prisioneros políticos. La CN o las Convencionales firmadas por la Argentina, no contemplan la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la prisión preventiva ilimitada, la analogía penal, la suspensión de garantías permanente…
¿Profesor Sabsay cree usted que el gobierno de los Kirchner no violó el artículo 109 de la CN, al instaurar una política de estado de los derechos humanos selectiva, dando instrucciones al PGN para proteger los ex terroristas de los 70 por los delitos y crimines cometidos en esa época, creando alianzas con los jueces otorgando protección e impunidad, interviniendo como querellante en los juicios de lesa humanidad? Y que el gobierno actual continua en esa ilegalidad.
En Argentina si hay Prisioneros Políticos porque los acusados ilegalmente de lesa humanidad al ser considerados presos de delitos no comunes, que no lo son ni de crímenes de guerra ni de un conflicto armado, lo son por otros motivos que no son jurídicos, son presos ilegales, de excepción, es decir prisioneros políticos según las referencias jurídicas internacionales y las definiciones de Amnistía Internacional. En consecuencia, en Argentina, los hombres y mujeres actualmente acusados ilegalmente de lesa humanidad son prisioneros políticos:
1- Para la Organización de Naciones Unidas: Si bien no determina los criterios constitutivos de preso o prisionero político, recuerda su contribución en la protección de los derechos humanos: a)“…disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”; b) “…que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”; c) “…a la liberación del hombre de la opresión y las restricciones injustificadas…” (Preámbulo y punto D, resolución 217 (III) 10dic1948, carta internacional de DDHH. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
2- Para el Manual de Amnistía Internacional (AI): “Preso político es todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades. AI aplica el calificativo «político» a los aspectos de las relaciones humanas que guardan relación con la «política», es decir, con los mecanismos de la sociedad y del orden público”. AI, solicita “…que los presos políticos sean sometidos a un juicio con las debidas garantías en un plazo razonable, de conformidad con el derecho reconocido internacionalmente que tienen todos los presos a quedar en libertad si no los juzgan sin demora y con las debidas garantías…”https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/org200012002es.pdf
3- Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE): “Hay que tener presente que el concepto de “prisionero político” no debe afectar a los principios generalmente aceptados del derecho y los derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales, el de la cosa juzgada y otras reglas fundamentales”, yhttp://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=19150 si bien “la segunda parte del término “prisionero político” se refiere a la naturaleza política de este concepto, el primero hace hincapié en el aspecto legal. Por lo tanto, si clasificamos los elementos de este concepto, un enfoque puramente jurídico o puramente política no aportara ningún resultado positivo; los criterios adecuados deben buscarse a la frontera de esos dos enfoques” (http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=FR y http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=EN)
Pero, además, esos presos especiales, son en realidad presos por delitos políticos porque en los hechos ocurridos en los años 70 en Argentina la justicia, arbitrariamente excluyó la responsabilidad penal a los miembros de los grupos armados ilegales (terroristas) de esa época y determinó que los ilegales imputados de lesa humanidad cometieron delitos no comunes. Esa decisión político-jurídica confirma que todos los acusados en esas causas deben ser tratado desde la dimensión de lo político.
La verdadera reforma judicial no destruirá la Republica, al contrario, la reconfortará, le dará una legalidad holística, beneficiará a todos los individuos por igual. Esa acción está en la toma de decisiones legales, objetivas, independientes de jueces honestos al servicio de la justicia y el ciudadano, es dejar de lado la ideología, la política, los intereses personales, como la corrupción y la impunidad, es hacer respetar las normas internas, la constitución y las convenciones internacionales, en los ilegales procesos de lesa humanidad. Es reconocer la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos a un grupo nacional y social particular. Paris, 30 junio 2019, CasppaFrance
[1] CDL-AD(2016)007-f Lista de criterios del Estado de derecho, comisión de Venecia, 106° sesión plenaria, (11-12 marzo 2016)
francés, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f ,
inglés : https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e
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Junio 30, 2019
ALEJO RAMOS PADILLA “HIPÓCRITAMENTE INVESTIGADO”
TOGADOS MILITANTES, O NO, SON IGUALES.
“Investigar” a ALEJO RAMOS PADILLA tres años y medio después que dejara la subrogancia como juez federal en Bahía Blanca, es la prueba palpable de la profunda corrupción e hipocresía que impera, tanto en el ámbito político como judicial HOY. Más allá de haberse eliminado las modalidades agresivas, absolutamente en nada el presente se diferencia al de la “década ganada”. Se investigará a este togado por abuso de autoridad y amenazas al personal judicial, luego de que atacara al torpe fiscal STORNELLI, quien inclusive incumpliera con la ley y fuera declarado en rebeldía. PADILLA en su paso como juez subrogante por esa sureña ciudad y estando yo a su disposición, por escrito lo he calificado de delincuente asesino (1), por la parcialidad e ilegalidad en su desempeño, con colaboración de ese mismo personal.
ALGUNOS MIEMBROS EN TRÁNSITO POR LA JUSTICIA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA
Al no ser ni parecido a él en NADA, no me apartaré de la verdad sobre sus malditos seis meses en Bahía Blanca. Destaco que lo que expresó sobre su antecesor ULPIANO MARTINEZ y el secretario de Derechos Humanos MARIO FERNANDEZ MORENO, es totalmente cierto. En esos tiempos era “vox populi” entre abogados bahienses que a MARTINEZ “el juzgado le quedaba muy grande”. ¿Qué mejor prueba es que a mí me indagara la empleada contratada por la Secretaría de Derechos Humanos SUSANA ARRECHEA (especialista en cambiar términos en lo que uno declara) recién a los 18 días de haber sido detenido? (tiempo legal 24-48 horas). Luego me decretó la prisión preventiva cuando se cumplieron cinco meses y un día (tiempo legal 12 días luego de la indagatoria). Imperaba el desorden y también la torpeza en ULPIANO MARTINEZ (hoy nombrado fiscal en Bahía Blanca, por este gobierno), al punto que el siete de abril de dos mil quince, en una video conferencia le quedó el micrófono abierto y cuando le ofreció al militante fiscal MIGUEL PALAZZANI: “ARMAR UNA GRAN BAYÓN” (armarme una gran causa por delitos de lesa humanidad) lo escuché, denuncié y solicité copia del video sin resultado, ya que otros delincuentes judiciales lo protegieron y lo habían destruido de inmediato (Doctora VERONICA RODRIGUEZ ARTOLA del Consejo de la Magistratura). No dudo que RAMOS PADILLA cajoneó la causa en la que estaba imputado LÁZARO BÁEZ, pero “infiero” que ULPIANO (él tambien infirió para detenerme) con la misma quiso hacerse de “unos pesitos” antes de tiempo y como el kirchnerismo todavía era fuerte, lo desplazaron de inmediato. En diciembre de 2015 ALEJO RAMOS PADILLA renunció y quienes lo suplantaron luego, resultaron ser iguales o peores que él. Lo sorprendente es que en marzo de 2016, o sea con este gobierno y con las semi ausentes juezas subrogantes que lo sucedieron las doctoras MARIA GABRIELA MARRÓN (2) (poco honorable siendo hija de un Almirante y esposa de un hombre de ejército) o la doctora MIRTA SUSANA FILIPUZZI (3) (encubridora en el año 2014 de un hecho de corrupción infantil en Rio Negro), el juzgado seguía manejado por el secretario LEANDRO MASSARI (miembro de Justicia Legítima), llevado con otros “colaboradores” a Bahía Blanca por PADILLA. Hoy leer que como togado interviniente en la causa que se instruye es el Dr. WALTER LÓPEZ DA SILVA, ratifica la podredumbre sin fin de la justicia federal de esa ciudad. Para recordar su “honesto e imparcial” accionar adjuntamos el video en el que se lo ve proteger al libre y rastrero jefe policial de los años 70 ATILIO ROSAS, con quien yo inútilmente solicitara un careo. Debo destacar que ALEJO RAMOS PADILLA, funcionalmente, más allá de su militancia y criminal parcialidad que también existe hoy, es mucho más capaz, trabajador y ordenado que el resto de sus pares de la portuaria ciudad de Bahía Blanca. Cuando me detuvieran hice entrega de dos sobres con documentación, solo RAMOS PADILLA cuando yo llevaba NUEVE MESES detenido, abrió los mismos, eso sí, no me dejó exponer sobre su contenido porque en estas causas simplemente simulan administrar justicia. El resto de los jueces que pasaron después, tampoco tuvieron interés alguno lo que demuestra que sean militantes o no, TODOS MIRAN CON UN SOLO OJO Y EN CONSECUENCIA SON IGUALMENTE CORRUPTOS EN SU FUNCIÓN.
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Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Junio 18, 2019
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Tácito (55 dC-120 dC)
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Junio 18, 2019
Investigan a Ramos Padilla por abuso de autoridad y amenazas en un juzgado de Bahía Blanca
Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.
En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita
fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.
Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.
Envío y colaboración: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 17, 2019
Impunidad y corrupción de la justicia: todo sigue igual
Si los jueces, fiscales y otros magistrados no respetan los principios jurídicos, no obedecen a las decisiones judiciales, como exigir las obligaciones que no asumen a los otros ciudadanos.
1-La jueza comercial de primera instancia Marta Cirulli no quiere investigar a las empresas de la familia del presidente Macri
Tras idas y vueltas, ordenan peritar los libros de los Macri Luego de meses de órdenes y apelaciones, la jueza Marta Cirulli dio curso al pedido de la fiscal general Boquin para que el cuerpo de contadores de la Corte Suprema revise los balances contables de las firmas Socma y Sideco. A mediados de mayo, la magistrada Cirulli firmó un escrito en el que sostenía que no había elementos nuevos en la causa para iniciar una investigación por presunto vaciamiento de la empresa Correo Argentino SA ni para ordenar una pericia contable de los libros de Sideco y Socma, como informó este medio. Debido a esa decisión, esta semana la fiscal general Gabriela Boquin denunció a la magistrada ante la Cámara Comercial por “grave desobediencia”. Se basa en que Cirulli tenía desde abril una orden de este tribunal superior para comenzar la investigación por presunto vaciamiento y ordenar la realización de la pericia.https://www.perfil.com/noticias/politica/tras-idas-y-vueltas-ordenan-peritar-los-libros-de-los-macrin.phtml
– La conducta de la Sra. Cirulli en otra actividad profesional seria sancionada severamente por ejercer incorrectamente su función. En la justicia no. Nadie controla, en realidad y seriamente, sus actividades profesionales. Si no respeta las obligaciones procesales no es grave, si lo es si es cometido por el ciudadano que no goza de sus privilegios e inmunidades. ¿Como no sospechar de la corrupción en la justicia en un caso donde están en juego las empresas del presidente Macri? Demostrar lo contrario sería haber realizado de manera urgente las diligencias judiciales que se imponen sin argumentos falaces para frenar los procedimientos. La gestión judicial en estas causas por parte de la jueza Cirulli es un paradigma a evitar si no se quiere asociar a corrupción e impunidad judicial.
2-El fiscal federal Carlos Stornelli, abusando de su ilegal inmunidad niega presentarse a declarar ante la justicia.
Pese a que la Cámara Federal confirmó la declaración de su rebeldía, las opiniones del ministro de la Justicia, de un miembro de la CSJN, de numerosas personalidades, de la responsable de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso afirmando que “Stornelli debe presentarse ante Ramos Padilla”, pero nada perturba al Sr. Stornelli quien haciendo uso de su ilegal inmunidad e impunidad, considerándose un no-justiciable, hace caso omiso a las veces que fue citados por un juez federal, a las decisiones de la Cámara, recomendaciones y a los principios legales que debe asumir.
Se justifica con argumento de un mundo no judicial (sino delincuencial) para demostrar un inexistente complot por sus investigaciones “Tocó intereses muy grandes en el mundo empresarial y esos tipos se lo hicieron saber a la política, entonces para muchos Stornelli se volvió un tipo incómodo, que, si se lo puede correr del caso, mejor”, declara su abogado. https://www.perfil.com/noticias/politica/el-fiscal-entre-los-que-le-soltaron-la-mano-y-los-intereses-que-toco-en-la-causa-cuadernos.phtml
– Ese argumento es inoperante porque significaría reconocer que hay corrupción en la justicia y no desde ahora. Que empresas influencia en la justicia ¿Quiénes son los autores de esos hechos? De lo contrario son simples comentarios sin valor ni seriedad.
– ¿Porque el fiscal Stornelli no presenta ante la justicia federal, sabiendo que por su ilegal inmunidad no se lo puede detener? Cual es el miedo de ir declarar si no tiene nada que ocultar. Cualquier ciudadano desobedeciendo un acto judicial, oponiéndose públicamente a la decisión de un juez federal, estaría desde la primera rebeldía, esposado, detenido o declarado rebelde, con captura nacional e internacional.http://www.telam.com.ar/notas/201905/361083-el-fiscal-stornelli-debe-presentarse-ante-ramos-padilla-dice-laura-alonso.html
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3-El juez Juan Carlos Gemignani comete un delito y es premiado. La impunidad personalizada.
Luego de haber cometido un delito como numerosas otras acusaciones (abuso de poder, maltrato laboral) y para evitar la decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura el Sr. Gemignani renunció a la presidencia de la Cámara de Casación. En un vergonzoso texto sin asumir la responsabilidad de sus actos, queriendo transformarlo en acto de coraje, el camarista argumentó que “Con el fin de contribuir al mejor funcionamiento de la Cámara Federal de Casación, he decidido declinar el cargo de presidente de la misma, convencido que la trascendente misión jurisdiccional que se nos encomienda excede todo cargo“, https://www.ambito.com/gemignani-renuncio-la-presidencia-la-camara-casacion-n5033468 cuando en realidad debió renunciar directamente a la función de magistrado que no hace honor manteniéndose en el cargo. Mostrando así su impunidad como miembro del Poder Judicial.
Esta situación es el ejemplo de una sanción superficial cuando debería estar sumariado, procesado, condenado y exonerado de la justicia. Se los cambia de puesto o se reduce privilegios. Idéntica conducta a la del Sr Gemignani es la de todos los jueces del fuero federal que violan impunemente los derechos humanos principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas que en los años 70 defendieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques terroristas y hoy estas ilegalmente acusados de lesa humanidad, y nadie dice nada. Estas victimas no tienen los privilegios, ni gozan de la impunidad de los miembros del Poder Judicial donde la corrupción es la reina de las virtudes. Paris, 25 mayo 2019. CasppaFrance.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 26, 2019
SOLO UN SUEÑO
EL PRISIONERO DE LA CELDA VECINA
[ezcol_1half]“Pochoclo” nuestro muy malcriado gato, desafiante escalando las cortinas del dormitorio.
Germán Garavano Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para algunos)
Juez Federal Alejo Ramos Padilla
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Una angustiada voz me despierta, la esfera luminosa del reloj desde la mesa de luz marca las 3 de la madrugada, mientras el frio se filtra a través de la desvencijada ventana carcomida por el óxido. El aire como siempre está viciado, ya hace 5 días que ocupo una de las celdas del pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria Federal 31 de Ezeiza, donde fui traído nuevamente luego que dejaran sin efecto mi arresto domiciliario en represalia a publicaciones de nuestro sitio Web. La “voz” continúa diciendo incoherencias y proviene de la celda que está a mi derecha. A punto de golpear la pared para que el hablador dejara de sufrir y yo poder seguir durmiendo, recordé de quien se trataba y preferí abstenerme, que siguiera con su pesadilla. Sabía que se la merecía, esa y todas las que seguramente seguiría teniendo a medida que la cárcel rápidamente se lo fuera devorando por ser nada más que un blando burócrata. Mi ilustre “vecino” es nada menos que GERMÁN GARAVANO, sí, el mismo que había sido Ministro de Justicia y Derechos Humanos, convertido ahora en un preso más a disposición del Juez Federal ALEJO RAMOS PADILLA, imputado por Extorción. Denunciado por el otrora magistrado CARLOS ROZANSKI, ese al que como a otros togados impresentables, siendo ministro le había dado la oportunidad de renunciar y pasar a ser un jubilado de privilegio, pese a estar probados los malos tratos al personal del juzgado, cuyos derechos humanos no había respetado. La voz se va alejando a medida que me gana el sueño y ya entre dormido en la oscuridad alguien me toca insistentemente. Vuelvo a despertar, el aire no está viciado, ahora la temperatura es agradable y ya no estoy en la celda, sino en mi hogar. En la cama a mi derecha descansa mi esposa, la esfera luminosa del reloj desde la mesa de luz, marca las 3 de la madrugada y quien me “amasa” insistentemente con sus patas delanteras es “Pochoclo”, mi gato consentido. Como buen felino muy malcriado por cierto, me requiere para jugar. La celda, el aire viciado, los gritos y el prisionero GARAVANO habían sido solo un sueño. Posible, pero sueño al fin…por ahora.
Carlos Rozanski, ex juez federal, (jubilado de privilegio)
[/ezcol_1half_end]Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Mayo 02, 2019
ADVERTENCIA: Las imágenes de la Unidad Penitenciaria Federal 31 de Ezeiza, están almacenadas fuera del territorio argentino.
Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor
bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”
Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 2, 2019
Denuncian al Juez Alejo Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura
PRESENTAMOS DENUNCIA POR MAL DESEMPEÑO Y POSIBLE COMISIÓN DE DELITOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN. SOLICITAMOS JUICIO POLÍTICO.
A la Sra. Presidente del
Consejo de la Magistratura de la Nación
Dra. Adriana Donato
S / D
Alberto Solanet y Carlos L. Bosch, en nuestra condición de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, con domicilio en Tucumán 1650 piso 1° “D”, C1050AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, nos presentamos y respetuosamente decimos:
OBJETO
Habida cuenta que el objeto de la Asociación que representamos -conforme la documentación que se adjunta- comprende “…Bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho…”, venimos por la presente a denunciar, por mal desempeño y por la posible comisión de delitos en el ejercicio de la función, al Dr. Alejo Ramos Padilla, quien en su condición de juez subrogante ejerciera la magistratura ante el Juzgado Federal n° 1 de Bahía Blanca.
Por las razones que expondremos a continuación, solicitamos a la Comisión de Disciplina y Acusación de ese Consejo de la Magistratura que disponga la apertura del procedimiento de remoción del denunciado, ordene su suspensión y formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento en los términos de los arts. 53, 114, inc. 5 y 115 de la Constitución Nacional.
ANTECEDENTES
El Dr. Alejo Ramos Padilla, fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal n° 1 de Bahía Blanca, como consecuencia de una resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación, sobre la base de normas luego declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Conf. CSJN in re FLP 9116/2015/CA1 “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro s/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/acción declarativa de inconstitucionalidad” del 4 de noviembre de 2015).
En tal condición intervino en las causas seguidas por los denominados delitos de lesa humanidad que tramitan ante la jurisdicción de Bahía Blanca, no obstante los antecedentes que lo vinculan con ONGs y personas físicas que han participado en calidad de querellantes.
Sobre esa actividad del magistrado existe profusa información que puede recabarse a través de internet (ver Anexo), pero además ha sido volcada en su propio curriculum vitae.
Ello motivó, que varios defensores formularan recusación a su respecto y que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decidiera su apartamiento, mediante una resolución en la que expresamente se señala lo siguiente:
“Está acreditado en la causa que el Dr. Alejo Ramon Padilla tuvo, previo a su designación como juez, un desempeño profesional y académico directamente relacionado con la temática de las violaciones a los derechos humanos sucedidas en nuestro país durante el terrorismo de Estado.”
Cabe agregar que del curriculum vitae acompañado por el magistrado al Consejo de la Magistratura con motivo concursar para Juez Federal surge lo siguiente:
“-fue Director Ejecutivo de la Fundación ANAHI por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos y el responsable del área jurídica de la Asociación ANAHÍ.
-fue abogado apoderado de Héctor TIMERMAN en la querella por los hechos que perjudicaron a Jacobo TIMERMAN, causa seguida contra Christian Federico VON WENICH que concluyó en su condena ….; abogado apoderado de María Isabel CHOROBIK de MARIANI (fundadora y presidente de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 1989); promovió querella contra altos funcionarios civiles de la dictadura, logrando el procesamiento y prisión preventiva del ex Gobernador Ibérico SAINT JEAN y su Ministro de Gobierno Jaime Lamont SMART; formuló la acusación y logró el encarcelamiento de Jorge Rafael VIDELA en la causa conocida como Plan sistemático de robo de bebés; logró el encarcelamiento y condena de Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ….
-en el rubro ‘Escritos y/o dictámenes’ se destaca su intervención en varias acusaciones:…a Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ….;….Christian F. VON WERNICH…..Jorge Rafael VIDELA….
-en el ejercicio de la docencia universitaria se menciona su carácter de profesor adjunto….en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la cátedra ‘Violaciones masivas a los derechos humanos e la Argentina y persecución penal’, también su calidad de docente en las Universidades Nacionales de Santiago del Estero y del Nordeste en el curso dictado por el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, a cargo de la materia: ‘Estrategia de asistencia integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en contextos de acceso a la justicia’.
Respecto de su actuación en juicio en las causas mencionadas, en el marco del incidente FBB 1500005/2007/157/CA65 -conexo al presente- se proveyó prueba de informes……de la que surge lo siguiente:_
-Informe TOCF N° 6 de Capital Federal…en el marco de la causa n° 1499 “Videla, Jorge Rafael s/supresión del estado civil….
’y hasta el momento en que se acreditó en autos su designación por Dto. N° 1424 del PEN como Juez Federal de Dolores, el Dr. Alejo RAMOS PADILLA intervino como apoderado de las querellantes María Isabel CHOROBIK de MARIANI, Elsa Beatriz PAVON, Clara María Elsa PETRAKOS,………y la Asociación Anahí…”
´Según los informes de los Tribunales Orales… el magistrado recusado actuó como abogado en rol de acusador en procesos judiciales cuyo objeto de investigación es el mismo plan criminal que aquí se investiga y donde su rol es otro: el de tercero imparcial…
´Dicha actividad profesional anterior evidentemente forma opinión en quien la ejerce respecto del objeto de este tipo de procesos… De hecho, en la jurisdicción donde el Dr. Ramos Padilla ejerce sus funciones naturales (Dolores), se ha excusado de intervenir en causas por delitos de lesa humanidad por haber asesorado y dado su opinión a quienes actuaban como querellantes mientras representaba a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires…
´Pero además, durante el trámite de su designación, … de acuerdo a lo que surge de la versión estenográfica de la reunión de fecha 18/6/2015 del Plenario del Consejo de la Magistratura… se pudo apreciar que las partes acusadoras y querellantes ven en él a alguien más cercano a su posición…
´En primer lugar, previo a iniciar el debate a fin de resolver si se debía remover a quien subrogaba hasta ese momento el juzgado y reemplazarlo por el Dr. Ramos Padilla (y no otro) se le otorgó la palabra al Fiscal Federal en esta causa, Dr. Palazzani… además se le otorgó la palabra al señor Eduardo Hidalgo, parte querellante… en representación de la APDH… Asimismo se encontraban presentes (y en algunos casos también tomaron la palabra) la Sra. Estela de Carlotto por Abuelas de Plaza de Mayo, representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de H.I.J.O.S… el Dr. Jorge AGUAD… Dr. Martín FRESNEDA…. Dr. Hugo CAÑON…” (entre otros).
Añade que la ausencia de imparcialidad surge también del análisis de ciertas decisiones adoptadas por el magistrado. Así, señala la Cámara que: “…luego de asumir como juez subrogante….ordenó la formación del incidente FBB 1500005/2007/1777 a fin de ‘… verificar el modo en que se llevan adelante las prisiones domiciliarias…’ …ordenó medidas a fin de controlar el cumplimiento de las condiciones en que fueron otorgadas… entre otras, verificar a través del RENAR qué imputados tenían armas registradas a su nombre… ordenó… una serie de allanamientos en los domicilios de los detenidos… Hasta allí, ningún reproche… Sin embargo, al disponer cada uno de los allanamientos, ordenó que ‘una vez finalizada la diligencia, cualquiera será el resultado de la misma, se deberá implantar una consigna policial en el domicilio, para lo cual el personal interviniente deberá disponer lo necesario y/o… requerir incluso el auxilio de otra Fuerza de Seguridad … En ello se excede claramente el Juez … pues la ley es clara al respecto al establecer que una vez otorgada la detención domiciliaria… ’(E)en ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad’…(art. 33, 3er párrafo in fine de la ley 24.660). De allí que las consignas policiales o de otras fuerzas de seguridad dispuestas el 24/7/2015 lo fueron contrariando la ley… dicha situación irregular perduró hasta el 02/02/2016 en que fueron levantadas por la Dra. María Gabriela Marrón quien subrogó… tras la renuncia del Dr. Ramos Padilla….”. (Conf. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, resolución del 10 de junio de 2016, en causa 1500000572007/158 “Inc. de Recusación de Gandolfo, Ricardo Claudio….”).
En definitiva, más allá de los antecedentes ya referidos, que lo ligan estrechamente con las ONGs y personas físicas que de antaño vienen actuando como querellantes en estas causas, la sucesión de decisiones que adoptara desde su nombramiento da cuenta de la finalidad de hostigamiento, persecución y acoso que caracterizaron sus resoluciones en este tipo de procesos.
Al tomar intervención en el Expediente Nro. FBB 15000005/2007/224/CA103 Legajo Nº 224 – Querellante: Walter Ivan Larrea, Asociación Permanente por los derechos humanos y otros Imputado: Farías Barrera, Luis Alberto y otros s/Legajo de Apelación”, en julio del año 2015, tal como lo señalara la Cámara Federal, a pocos días de asumir la subrogancia dispuso el allanamiento de los domicilios de quienes se encontraban bajo arresto domiciliario en búsqueda de armas de fuego, que por supuesto arrojó resultado negativo.
No obstante el resultado negativo que arrojó la medida, a partir de ese día ordenó la custodia por parte de personal de la Gendarmería Nacional en la puerta de los domicilios en violación a una expresa prohibición de la ley (art. 33 de la ley 24660) y sin que hubiere ninguna razón que lo justificara. De este modo, por disposición del denunciado cumplieron tareas de custodia, al menos en algunos de dichos domicilios, en forma rotativa dos integrantes de la Gendarmería Nacional en una camioneta de esa institución, las 24 hs.
La referida medida persistió durante muchos meses, pese a que algunos defensores se encargaron de recordarle al magistrado reiteradamente la prohibición legal.
Sobre el particular, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca señaló, en otro pronunciamiento, la magnitud de la ilegalidad de esa medida en estos términos: “La grave situación denunciada por la defensa… concerniente a las tareas de custodia que dos agentes de Gendarmería Nacional vienen cumpliendo en forma permanente en la puerta del domicilio del encargado resulta abstracta a este tiempo por haber sido levantada… por la señora Juez Federal…” que reemplazó al aquí denunciado (Expte. FBB 15000005/2007/183/CA81, resolución del 15 de julio de 2016).
También por decisión del Dr. Ramos Padilla se le prohibió a los imputados seguir atendiéndose en el Hospital Militar Central como lo venían haciendo sin inconveniente alguno. Ello con sustento en la resolución nº 85/2013 del Ministerio de Defensa de la Nación, cuyos fundamentos no guardaban relación con la situación concreta de los encartados y por tanto resultaba inaplicable a sus respecto.
Ello así, pues en síntesis, la resolución ministerial se sustentaba en que la atención en el Hospital Militar requería de “recursos que afectan la eficacia y eficiencia en el servicio de Defensa Nacional”
Lo cierto es que nunca los traslados al Hospital Militar como la guarda durante la permanencia en dicho nosocomio afectó personal o recursos dependientes de ese Ministerio, pues siempre y sin inconveniente alguno estuvieron a cargo de quienes fueran designados guardadores. Pero lo que aparece como insoslayable es que el mismo Juez que prohibió la atención médica en el Hospital Militar Central en virtud de aquella resolución ministerial, porque ello requería “recursos que afectan la eficacia y eficiencia en el servicio de Defensa Nacional”, contradictoriamente, dispuso que personal de Gendarmería Nacional custodiara las 24 hs. sus domicilios.
Sabido es que la Gendarmería Nacional es una fuerza intermedia con estado militar e integra el Sistema de Seguridad Interior previsto en la Ley Nº 24.059 y el Sistema de Defensa Nacional conforme a lo normado en la Ley Nº 23.554.
La aplicación de la aquella resolución ministerial, hoy derogada, comportó un acto irrazonable, arbitrario, discriminatorio y abiertamente violatorio de derechos fundamentales que hacen a la dignidad de las personas, generando respecto de los detenidos ancianos y con estados quebrantados de salud propio de personas de avanzada edad, un aumento en los riesgos de provocarles daños graves a su salud.
Con aquella prohibición vulneró el principio de razonabilidad (art 28 de la CN), y derechos adquiridos (art. 17 CN), e importó un acto discriminatorio (art. 16 de la CN), contradictorio y violatorio de los más elementales derechos humanos, a la salud, la integridad física, a la dignidad humana (arts. 16 y 17 de la CN; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre arts. 1, 2, 11,16; Convención Americana sobre los Derechos Humanos, arts. 1, 2, 5, 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos arts. 2.1, 6.1, 7, 10 y 14).
Asimismo, importó la inobservancia de la ley 24.660 cuyas prescripciones resultan reglamentarias de las normas constitucionales, esto es, de los arts. 3, 9 (“La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal…”) y 143 primer párrafo (“El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos”).
Recapitulando, antes de prohibir que se siguieran atendiendo en el Hospital Militar, el Dr. Ramos Padilla dispuso una medida que no sólo -se insiste- se encuentra prohíba expresamente por la ley (art. 33 de la ley 24660), sino que también resultaba absoluta y manifiestamente incongruente con la prohibición de atenderse en el referido centro médico.
En otros términos, de las sucesivas disposiciones del magistrado se concluye lo siguiente: que los imputados fueran atendidos en el HMC acompañados de su guardadores, afectaba la Defensa Nacional porque supuestamente distraía personal dependiente de ese Ministerio, pero disponer de personal de Gendarmería Nacional para custodiarlos las 24 hs en sus domicilios, ello no afectaba la Defensa Nacional según Ramos Padilla.
Todas estas medidas, sin justificación e incluso contrarias a prohibiciones expresas de la ley, no hacen más que fortalecer aquella afirmación del modo arbitrario y con propósito de mortificación que caracterizó el comportamiento del magistrado en su función jurisdiccional.
Pero si alguna duda quedara, ha sido el propio magistrado, al presentar su renuncia, quien se encarga de aventarla, pues allí sostuvo que aquella resolución de la CSJN, que importó el fin de su subrogancia, puso en duda o quitó legitimidad a sus resoluciones, no obstante lo cual, y pese a encontrarse incluso a estudio y resolución de la Cámara de Apelaciones recusaciones planteadas por algunos defensores, el juez siguió resolviendo en el proceso.
En efecto, al presentar su renuncia entre otras cosas expresó que: “Al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’, ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’, y ponernos fecha de vencimiento -3 meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez“.
Nos preguntamos entonces: si él mismo sostuvo que un tribunal superior ponía en duda su legitimidad y la de sus decisiones, lo que según él afectaba la base ética de su actividad, ¿cómo es posible que el último día de su subrogancia adoptara una resolución de la gravedad que importa el procesamiento con prisión preventiva de algunos imputados? (Conf. Resolución del 28 de diciembre de 2015 dictada en la causa nº15000005/2007, caratulada “Imputado Abelleira, Héctor Jorge y otros s/privación ilegal de la libertad…..”).
De lo reseñado, surgen claras cuanto menos dos causales de remoción: la primera, que teniendo el deber de excusarse no lo hizo, y además. que dictó resoluciones contrarias a prohibiciones y mandas expresas de la ley, lo que configura no sólo mal desempeño sino la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y prevaricato previstos y reprimidos en los arts. 248, 249 y 269 del CP.
El deber de excusarse
Suele decirse que la imparcialidad es la base del debido proceso judicial o la garantía de las garantías reconocida en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella (art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Es que “…la palabra ‘juez’ no se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el calificativo de ‘imparcial’. De otro modo: el adjetivo ‘imparcial’ integra hoy, desde un punto de vista material el concepto de ‘juez’, cuando se lo refiere a la descripción de la actividad concreta que le es encomendada a quien juzga y no tan sólo a las condiciones formales que, para cumplir esa función pública, el cargo -permanente o accidental- requiere…” (Julio Maier “Derecho Procesal Penal”, T. I, pág. 739 y sgts., ed. Del Puerto 1996).
A fin de resguardar esa independencia y consecuentemente la imparcialidad de los magistrados es que en el ordenamiento jurídico se establecen no sólo mecanismos para pedir el apartamiento del magistrado que se encuentre bajo alguna circunstancia que razonablemente haga temer por su falta de imparcialidad -recusación-, sino que le impone la obligación de excusarse y su incumplimiento constituye causal de mal desempeño que autoriza a su destitución.
Cabe recordar que la ley 25.188 de Ética de la Función Pública establece:
ARTICULO 1º — La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado……
Deberes y pautas de comportamiento ético
ARTICULO 2º — Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;
i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil.
ARTICULO 3º — Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.
Por su parte, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al que remite el art. 2 inc. i de la ley 25.188 antes citada, prevé:
Art. 30. – Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.
Art. 17. – Serán causas legales de recusación:
1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales.
5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia.
7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.
10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto.
Art. 32. – Incurrirá en la causal de “mal desempeño”, en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.
A su vez, el CPPN prevé causales de inhibición y recusación de los magistrados en el art. 55, entre las que es dable destacar las siguientes:
“1) Si hubiere intervenido en el mismo proceso como funcionario del ministerio pública, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de algunas de las partes involucradas…
8) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos…..
10) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados
11) Si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”
La garantía en cuestión, expresa la necesidad de un modelo de juez no sólo imparcial sino rodeado de la apariencia de imparcialidad, no sólo en cuanto a ausencia de conexión con las partes en sentido estricto y el objeto de juzgamiento sino también en lo que se refiere a su propia imagen.
Los magistrados, como cualquier persona, no pierden sus flaquezas humanas y pueden inclinarse hacia un lado del conflicto por su creencia y lealtad a sus propias convicciones, ejerciendo sus opiniones y preferencias políticas una inmensa influencia sobre su espíritu. De esa postura ideológica, sin que esta palabra pretenda significar un demérito, se justifica el temor del ciudadano de parcialidad en la administración de justicia.
Por ello, quienes son llamados a intervenir en su función de juzgar en procesos judiciales, deben estar alejados de todo lo que pueda provocar inclinación o animosidad, porque aun cuando sea posible, es muy difícil que emitan un juicio con total abandono o desapego a tal inclinación
Partiendo siempre entonces del respeto a la libertad de opinión y pensamiento de toda persona, lo cierto es que, la legítima simpatía por una posición política o ideológica y sus representantes conlleva inclinación tanto respecto de hechos como de sus protagonistas y dada la naturaleza de sus funciones, no es posible admitir que magistrados intervengan en asuntos relacionados con esos compromisos.
La neutralidad del magistrado no es una concesión a los litigantes, es un derecho fundamental, pero además no sólo interesa al justiciable sino, insistimos, al prestigio de la administración de justicia.
No se trata de prohibir el libre pensamiento o la adhesión a un pensamiento político. Ello llevaría a sostener que contrariamente a la naturaleza humana, no pudieran pensar libremente sobre los diversos aspectos de la vida y la vida en sociedad.
Sin embargo, y sin perjuicio de que toda persona tiene derecho a poseer una ideología, el ciudadano desconfiará razonable y legítimamente de la imparcialidad del juzgador si percibe que éste ha tenido una intervención anterior en favor de alguna de las partes.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, ha señalado que “…el incumplimiento de su obligación legal de inhibirse ha comprometido irremediablemente su deber de imparcialidad, atributo inabdicable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo…” y que, al no excusarse, el magistrado “…ha desoído uno de sus primeros deberes como juez, negando a las personas investigadas en la causa…, uno de sus elementales derechos como ciudadanos, cual es el de ser juzgados por un juez imparcial, convirtiendo el proceso que llevaba adelante en un artificioso remedo de procedimiento judicial, donde la eficacia, ecuanimidad y legalidad de la función jurisdiccional se encontraban inexcusablemente ausentes….” (Conf. causa nº 6, “Dr. Luis Alberto Leiva s/ pedido de enjuiciamiento”, resuelta el 9 de mayo de 2002).
El dictado de resolución contraria a la prohibición expresa de la ley
Conforme lo relatado, el Dr. Ramos Padilla ha adoptado resoluciones en clara y abierta contradicción con prohibiciones expresas de la ley al disponer la custodia de domicilios por parte de Gendarmería Nacional.
Pero además, ello no ha sido producto una desatención culposa, pues defensores expresamente le recordaron oportunamente que el art. 32 de la ley 24.660 dispone concretamente que la supervisión de la detención domiciliaria “En ningún caso estará a cargo de organismos policiales o de seguridad”.
Este pedido de juicio político, no es producto de actitudes apresuradas sino de la convicción de estar frente a la causal de mal desempeño de las funciones y presunta comisión de delitos en el ejercicio de la función.
Los hechos relatados ponen en evidencia la decisión del magistrado de hacer uso abusivo de la función jurisdiccional que le fuera confiada, en detrimento de los imputados.
Ello configura un supuesto de mal desempeño en los términos de los arts. 53 y 115 de la CN que en consonancia con las previsiones del art 110 que exige para la conservación de sus empleos el mantenimiento de su buena conducta, habilita la remoción del denunciado pues la inamovilidad de los jueces.
Si bien la CN defiende la independencia decisional de los magistrados judiciales, no tolera el abuso de autoridad ni la comisión de delitos por parte de quienes tienen el sagrado deber de juzgar, ni la inamovilidad permite el abuso en la tramitación y resoluciones en los procesos en tanto no constituye un privilegio sino una garantía para los justiciables.
Como es sabido, la imparcialidad que es esencia de la función jurisdiccional, se traduce en una ausencia de prejuicios o intereses frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia, en una ausencia de propósito anticipado en favor o en contra de personas, y exige el juzgamiento con honestidad y neutralidad sobre la base del irrestricto resguardo del principio de igualdad.
El accionar denunciado resulta incompatible con aquella garantía que debe caracterizar la actuación de quienes tienen la alta misión de administrar justicia, y constituye causal suficiente para la suspensión y destitución del juez denunciado en tanto la inamovilidad de los jueces debe ceder a fin de evitar el menoscabo del interés público y privado que a los magistrados se les confía.
Se ha sostenido que el mal desempeño por desvío de poder reflejado en la interpretación torcida de las normas o su apartamiento impregnado de animosidad “….será el caso más grave porque importará la pérdida del deber más importante al ejercer la función judicial para cuya preservación la independencia no es más que una garantía, la imparcialidad. Ejemplo de pérdida de imparcialidad por desvío de poder los encontramos en los hechos por los que fueron juzgados Bustos Fierro, Leiva, Murature y Marquevich. El mal desempeño es la consecuencia natural de la pérdida de imparcialidad“. (Cf. Tiempo, constitución y Ley Penal” de Héctor E. Sabelli y Alfonso Santiago (h), Editorial Abeledo Perrot Alfonso Santiago, obra citada p. 414/415).
Finalmente, cabe aclarar que el apartamiento del magistrado de aquella subrogancia, no constituye óbice a esta pretensión, pues la conducta de quien ha vulnerado un deber propio de su función, no debe analizarse en cuanto a su resultado sino a partir de la existencia de las circunstancias que le imponían un comportamiento distinto.
Por todo ello, solicitamos la apertura de los procedimientos fijados por la ley para los casos en que, como el presente, existe mérito suficiente para remover de su cargo al juez denunciado, Dr. Alejo Ramos Padilla.
Proveer de conformidad,
ES JUSTICIA
Carlos Bosch Alberto Solanet
Secretario Presidente
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Envío: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 20, 2019
LA HIPOCRESÍA DEL MINISTRO GERMÁN GARAVANO ME PONE DE CABEZA (1)
Por CLAUDIO KUSSMAN
EL HAMBRE Y LAS GANAS DE COMER
[ezcol_1half]En estos años que llevo como prisionero, he escuchado reiteradamente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para unos sí, para otros no) GERMÁN GARAVANO, repetir como perico que “la justicia es independiente” y en consecuencia la abstención del área a su cargo, en relación a los miembros de la misma. Tanto insistió que llegó a convencerme y ahora que le creí, para mi total desconcierto, lo cual “me pone de cabeza”, aparece verborreando en los medios, cuan excéntrica diputada “LILITA“ CARRIÓ, contra el accionar del Juez Federal ALEJO RAMOS PADILLA. Descalificándolo por su exposición ante diputados a raíz del espionaje irregular que involucra entre otros, nada menos que al torpe fiscal RICARDO STORNELLI (2). No conforme con ello parece que ahora se dio cuenta que este togado no solo es parcial en su función, sino que también es militante de organizaciones de derechos humanos radicalizados.
No defenderé a RAMOS PADILLA ya que aparte de actuar ilegalmente, como yo lo calificara mediante oficio estando a su disposición (3), es un delincuente asesino de adultos mayores en prisión. Pero, viendo las permanentes falacias de este ministro, realmente no sé con quién quedarme, ya que como dice el refrán, se juntaron el hambre y las ganas de comer (4). Togados como este hay muchos en la justicia federal y que por supuesto, cuentan con el beneplácito de las actuales autoridades gubernamentales. Eso sí mientras se ensañan y abusan de quienes estamos imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad. En estos casos no importan los juicios armados, la ilegalidad de las prisiones preventivas extensas, la edad ni la salud del prisionero, su presunción de inocencia, ni su misma muerte, porque: “la justicia es independiente”. Pero que no se les ocurra a ninguno de ellos creerse lo de su independencia, porque entonces el señor ministro, recuperará la visión, la escucha y el habla y clamará por un juicio político como corresponde a un país democrático que cumple con su Constitución.
1)Estar fuera de orden, revuelto, sin lógica.
2) https://prisioneroenargentina.com/index.php/2019/03/11/el-fiscal-carlos-stornelli-es-bond-james-bond-o-se-hace/
3) https://prisioneroenargentina.com/index.php/2019/02/18/lo-que-no-se-dice-del-temible-juez-federal-alejo-ramos-padilla/
4) Indica que coinciden las faltas, necesidades o aficiones de dos personas.
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Marzo 16, 2019
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]La diputada Elisa Carrió, quien se autocalifica como “garante de la democracia de Argentina”, burlándose del Juez Federal Alejo Ramos Padilla. ¿Más que el pijama a rayas, no será conveniente un chaleco de fuerza?
Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para unos si para otros no) en su despacho de la ex ESMA. En esas instalaciones a su cargo se exhibe una “Virgen abortera” lo cual constituye un verdadero sacrilegio.
Desde el 9 de marzo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la ex Esma, se exhibe este verdadero y repudiable sacrilegio, como “obra de arte”.
Juez Federal Ramos Padilla, quien interpretaría al igual que los diputados de la oposición, que el secreto de sumario es un detalle sin importancia.
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[/ezcol_1fifth_end]PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 16, 2019
A falta de luto, bueno es el pánico
“Las elecciones me pondrán en la disyuntiva de elegir entre ladrones y chambones,
pero no será un problema, porque mi religión me impide votar ladrones”.
Un oyente citado por Héctor M. Guyot
Antes que nada, mi profundo agradecimiento a los muchísimos compatriotas que asistieron, el martes pasado, a la presentación del P.A.D. y, en especial, a quienes participaron del debate y ofrecieron su colaboración, incluyendo a muchos del interior del país que no pudieron llegar, y pido mil disculpas a todos aquéllos que no consiguieron ingresar al recinto por falta de espacio pero tuvieron la enorme gentileza de escuchar desde afuera. A partir de ahora, los esfuerzos estarán enderezados a obtener la simple conformidad de 4.000 porteños para que se constituya como partido en la ciudad; mientras tanto, puede solicitar el envío de la plataforma a AusteridadyDecencia@gmail.com.
Ahora sí, a los hechos. Y los dos más políticamente relevantes, sin ignorar la ruptura de Cambiemos en la Provincia de Córdoba, fueron sin duda la insólita e ilegal presentación del Juez Alejo Ramos Padilla ante la Comisión de Libre Expresión de la Cámara de Diputados, y el viaje de Cristina Elisabet Fernández a Cuba para, según dijo, acompañar a su
hija Florencia Kirchner durante su internación médica en la isla.
El magistrado federal de Dolores, pese a que la causa se encuentra bajo secreto del sumario por su propia decisión, expuso cínicamente ante los legisladores que integran una comisión ajena al tema, las supuestas pruebas de la presunta red de inteligencia ilegal que investiga.
Su confesa pertenencia a Justicia Legítima, la organización que el kirchnerismo parió mientras intentaba la “democratización” del Poder Judicial, se suma a su clara incompetencia, toda vez que los eventuales delitos se habrían cometido en la Capital Federal, y desnuda la maniobra de los procesados en la “causa de los cuadernos” para embarrar la cancha y, si resulta posible, desplazar al Juez Claudio Bonadio y al Fiscal Carlos Stornelli, quienes terminarán por llevarlos a todos a la cárcel.
El otro acontecimiento llamativo fue la salida del país de la ex Presidente. Las redes sociales explotaron ante la posibilidad de una fuga, ya que la dictadura comunista caribeña no ha firmado un tratado de extradición con la Argentina; a riesgo de equivocarme malamente, desde ya aclaro que descreo que ese sea el motivo del viaje.
Por el video que grabó para difundir su preocupación por la salud de su hija y culpar a la Justicia por la “persecución feroz” que le ha provocado estas complicaciones psicológicas, pienso que otra es la razón. Me parece que, convencida que la muerte de su marido en 2010 fue el factor que permitió su reelección al año siguiente, está intentando reemplazar el mágico luto del vestidito negro por las irreprimibles lágrimas de una madre acongojada.
Eduardo Valdez, el ex Embajador ante el Vaticano reconvertido en su vocero, explicó a la prensa que Florencia padece de ataques de pánico, productos de su temor a ser detenida en cualquier momento; sería razonable que los padeciera, ya que es la única de la familia que carece de fueros. Pero no atribuyó, claro, ninguna responsabilidad a
Cristina por ello.
Olvidó así que a la joven no sólo se le encontraron inexplicables US$ 5 millones en efectivo, sino que sus padres, como tantos otros de estos delincuentes hicieron con sus hijos (por ejemplo, Julio de Vido, Lázaro Báez o Cristóbal López), la incluyeron en los directorios de las empresas a través de las cuales lavaban dinero. Claramente, no hay un acoso judicial sino, meramente, varias causas judiciales en las que está siendo investigada por delitos comunes.
Hay preguntas que están flotando en el aire, y que Bonadio insiste en no responder: ¿quién autorizó a Florencia a salir del país?, ¿no existe, en su caso, el peligro de fuga? Sospechosamente, tanto él como sus colegas también ignoran el reclamo ciudadano para que citen a prestar declaración a Enrique y Sebastián Eskenazi y a Jorge Brito, a quienes se continúa extrañando en Comodoro Py; ¿por qué será que los protegen tanto?
Hubo otro hecho que, si no fuera tan lamentable, sería de una comicidad inigualable: la anunciada candidatura presidencial del ex Gobernador Daniel Scioli, el mayor saqueador que recuerda la Provincia de Buenos Aires. Los muertos y damnificados por las inundaciones de La Plata, el sideral crecimiento de las villas de emergencia en el Conurbano, la proliferación de la droga durante su gobierno, y la inusitada riqueza que se le atribuye en Balcarce, Carmelo (ROU), Estados Unidos e Italia debieran recomendarle cultivar un bajo perfil; tal vez, su lanzamiento se deba, precisamente, a la alta probabilidad de su pronto encarcelamiento.
El cambalache político argentino, como se ve, da para todo, hasta para que Roberto Lavagna, pretendiendo que olvidemos su pasado, se ofrezca como la gran esperanza del peronismo, siempre propenso a indultar a los peores ladrones.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 15, 2019
EL JUEZ RAMOS PADILLA EN FLAGRANTE MENTIRA
ENTRE LOBOS
Como todos sabemos, ayer el Juez Federal ALEJO RAMOS PADILLA por horas expuso ante la comisión de Libertad de Expresión, de la Cámara de Diputados. No haré análisis alguno sobre lo ocurrido allí, ese es territorio de lobos de quienes yo, como otros adultos mayores en prisión, somos sus víctimas terminales. Sí, rescatamos mediante video, breves párrafos en donde este togado MIENTE HIPÓCRITAMENTE, cuando con voz y cara de bueno, hace gala de que él no detiene preventivamente mientras investiga como han hecho masivamente “otros”. Lo recuerdo a RAMOS PADILLA entre el 24 de junio y el 31 de diciembre de 2015, cuando estuve a su disposición. Él como juez subrogante se había hecho cargo del Juzgado Federal de Bahía Blanca avalando, haciéndose el ciego, sordo y mudo lo actuado por su antecesor el su Secretario ULPIANO MARTINEZ.
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[/ezcol_1half_end]Este, también subrogando y actuando chapuceramente, me había detenido por INFERENCIAS pocos meses antes, el 24 de noviembre de 2014. Allí sí para este hablador RAMOS PADILLA, estaban bien las detenciones masivas y que luego se investigara, situación ilegal que sigue hasta la fecha. En la iniquidad extrema, este “administrador de la justicia y la muerte ilegal”, no tuvo escrúpulo alguno al informar simultáneamente al Consejo de la Magistratura, que: “El juzgado que hasta hace pocos días estaba a cargo de Santiago Ulpiano Martínez es un caos y un descontrol absoluto” – “las sucesivas subrogancias, las disputas internas entre funcionarios y empleados, y sobre todo la centralización de las causas de lesa humanidad en un único funcionario -que acaba de pedir licencia médica dejando huérfanos sus expedientes- convirtieron al juzgado federal número uno en un escenario típico de Macondo”(1). En vez de expedientes huérfanos, ¿no habrán sido seres humanos, adultos mayores los huérfanos muriendo en la cárcel? Tras mentir, sorprendentemente fue aplaudido por los viles legisladores presentes, todos de la oposición ya que a dicha comisión no asistió nadie del oficialismo, imitando así al fiscal STORNELLI cuando fuera citado a indagatoria por este juez. Pasaron los años y con el “cambio”, llegó la burla a todo lo racional, SANTIAGO ULPIANO MARTINEZ desde el 31 de octubre de 2018 ocupa el cargo de fiscal en Bahía Blanca, designado por el actual gobierno. Por eso una vez más sostengo, que lo ocurrido ayer en la comisión de la cámara de diputados, solo es una sucia pelea más entre lobos, de quienes yo y otros, somos sus insalvables víctimas. Malditos sean todos ellos.
1, http://labrujula24.com/noticias/2015/16508_Denuncian-que-el-juzgado-que-dejo-Ulpiano-Martinez-es-un-caos
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Marzo 14, 2019
“Jamás entre sí se comen los lobos, dice el proverbio, y por trivial que sea es exacto”
Marqués De Sade (1740-1814)
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2019
EL FISCAL CARLOS STORNELLI, ES BOND, JAMES BOND ¿O SE HACE?
LA CORRUPCIÓN Y LA PODREDUMBRE JUDICIAL
Por CLAUDIO KUSSMAN.
En la lejana década de los años 80 en los Tribunales Penales ordinarios de San Isidro, descollaba un Juez llamado JUAN RAMOS PADILLA (a) “el jodido”. Este practicaba con nosotros en nuestra misión diaria como policías, su manifiesto rechazo a los uniformados en general que finalmente saldría a la luz en los casos mal llamados de lesa humanidad, cuando pasara a la Justicia Federal.
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[/ezcol_1half_end]Padre de dos hijos pequeños, nosotros en trasnochadas bromas de café, solíamos decir que estaba criando 2 pichones de torturadores policiales. Ignorábamos de su militancia como así que nuestras mofas, décadas después se harían realidad y que justamente yo sería, entre otros, una de sus víctimas. A uno de los vástagos lo llamó JUAN MARTÍN, ex Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y al otro ALEJO. Hoy notorio Juez Federal de Dolores y hasta hace poco tiempo, miembro de la “justicia independiente” como tan fácil y falazmente repite el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para unos sí y para otros no) GERMÁN GARAVANO. En esos años cuando JUAN RAMOS PADILLA estaba de turno, en la Brigada de Investigaciones evitábamos problemas y su trato desagradable, haciendo procedimientos en otras jurisdicciones judiciales donde la relación era normal.
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[/ezcol_1half_end]Por eso hoy sabiéndose todo lo que se sabe de esta prosapia familia militante, no puedo entender como el fiscal CARLOS STORNELLI se vino a hacer el BOND, JAMES BOND, entrevistando a un presunto informante (buchón en la jerga policial), justo
a la jurisdicción de don ALEJO. Destaco que STORNELLI no es ningún improvisado, hijo de un Teniente Coronel del Ejército Argentino, se inició como fiscal durante el gobierno de CARLOS MENEM y posteriormente tras solicitar licencia al cargo, se desempeñó como Ministro de Seguridad siendo DANIEL SCIOLI, Gobernador panqueque-kirchnerista, de la Provincia de Buenos Aires. Ha tenido a su cargo la investigación de sonados casos, por lo que no puede ignorar que las partes investigadas nunca adoptan una actitud pasiva, más cuando están involucrados poderosos delincuentes como los del caso de los cuadernos de las coimas. Citado a prestar declaración indagatoria por el Juez de Dolores, no se presentó recusándolo por “supuesta parcialidad”, aprovechando que por sus fueros no puede ser ni detenido ni compulsado. Se pone así en evidencia la podredumbre del sistema judicial imperante en Argentina, en donde NADIE es igual ante la ley. Como prisionero adulto mayor que cumple con la ley, imposible luchar contra tantos viles del poder judicial, más cuando uno lleva 4 años y medio en ilegal prisión preventiva sometido a aberrantes abusos por parte de ALEJO RAMOS PADILLA en su paso por los tribunales de Bahía Blanca y otros varios togados más, similares a él o peores que él.
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Marzo 11, 2019
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 11, 2019
FISCAL STORNELLI – JUEZ RAMOS PADILLA Los archivos no mienten
Hemos advertido que el declarado “gradualismo”, la “política correcta”, el “garantismo “constituyen una rémora para la solución de los graves problemas heredados de un gobierno cuya desenfrenada pero orquestada corrupción superó todos los límites inimaginables y los hechos lo demuestran.
En efecto, hoy leemos la noticia de la denuncia contra el Fiscal Stornelli difundida por el ex jefe de Montoneros Horacio Verbitsky, a instancias del magistrado juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. La diputada Elisa Carrió sospecha que responde a una trama política porque dicho magistrado es miembro conspicuo de Justicia Legítima.
El hecho es que desde nuestras columnas venimos denunciando y advirtiendo durante los últimos tres años , desde julio de 2015 a julio de 2017 que la política asumida por el gobierno es equivocada, pues las huestes de la Cámpora que responden al kirchnerismo han conservado sus puestos en toda la administración pública y se han constituido en la quinta columna que no pierden oportunidad para cumplir con el mandato de su Jefa del “Vamos por todo.”
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Stornelli
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Ramos Padilla
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Ulpiano Martínez
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Carrió
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Gils Carbó
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La noticia se puede leer como una sorpresa que ahora mueve a especulaciones, cuando tanto los políticos como el periodismo han debido conocer el cuantioso volumen de antecedentes del incalificable juez que todavía ejerce sus funciones.
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En nuestras columnas del Blogspot “Habla la Experiencia” hemos publicado cinco artículos desde julio de 1015 a julio de 2017 con probadas denuncias sobre su parcialidad, su prevaricato y su comprobada inscripción en el partido Justicia Legítima.
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Verbitsky
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Fernández de Kirchner
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Báez
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Desde La Cámpora, a la cual también pertenecía, impulsaron en el año 2014 su designación como juez en Bahía Blanca, pero no prosperó. Sin embargo la ex procuradora Gils Carbó removió más adelante al juez de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, que venía avanzando en una causa contra Lázaro Báez, nombrando en su lugar a Ramos Padilla. Una vez cumplidos los propósitos de su protectora, volvió a Dolores.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia solicitó en 2017 juicio Político a Ramos Padilla por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, pero otra vez la intervención de su amiga frustró el pedido.
Contó siempre con el respaldo de organizaciones de derechos humanos a las cuales favorecía en sus fallos de juicios preparados contra militares. Fue recusado varias veces por los procesados, pues se comprobó que públicamente fallaba por venganza contra los militares y manifestaba que cualquiera fuera el motivo, enfermedad o edad, en ninguna circunstancia iba a permitir la prisión domiciliaria solicitada por los abogados.
Nunca se admitió su recusación por la anormalidad de haber sido abogado denunciante y querellante de los acusados y por varios años abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Asumiendo la imparcialidad que nos cabe en esta importante información, que ya es noticia en todos los medios gráficos, radiales y televisivos, debemos expresar que nuestra finalidad no es atacar o defender al fiscal Stornelli, sino señalar que una política más definida y contundente del gobierno en enfrentar a los enemigos de la democracia que destruyeron las instituciones y la economía del país, hubiera evitado los coletazos de una fiera dormida que no resigna sus intenciones de la vuelta al poder y al pillaje por todos los medios a su alcance.
La justicia resolverá en su sentencia la inocencia o culpabilidad del acusado.
Los cinco artículos enunciados se podrán ver en lo siguientes links:
3 de julio de 2015 – lhttps://silviopedropizarro.blogspot.com/2015/07/su-brogantes-para-los-presos-politicos.html
5 de agosto de 2015 – https://silviopedropizarro.blogspot.com/2015/08/el-placer-de-la-venganza-iv.html
12 de noviembre de 2015 – https://silviopedropizarro.blogspot.com/2015/11/nuestros-presos-politicos.html
22 de diciembre de 2015 – https://silviopedropizarro.blogspot.com/2015/12/un-juez-deshonesto.html
2 de julio de 2017 – https://silviopedropizarro.blogspot.com/2017/07/bienvenidos-al-realismo-politico.html
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Marzo 4, 2019
Elisa Carrió pedirá juicio político para el juez Alejo Ramos Padilla
Elisa Carrió arremetió contra el juez Alejo Ramos Padilla, lo acusó de formar parte de una operación contra el fiscal Carlos Stornelli y anticipó que pedirá su juicio político.
[ezcol_1fifth]Carrió
D’Alessio
Ramos Padilla
Stornelli
[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]La diputada Carrió se refirió al magistrado de Dolores horas después de que este citase a indagatoria a Stornelli en el marco de la causa que tiene como imputado y detenido al falso abogado Marcelo D’Alessio. Para la legisladora de la Coalición Cívica, Ramos Padilla debe declararse incompetente en la causa y aseguró que no lo hace porque “trata de salvarse de algo que no se puede salvar, haber formado parte de una operación”. La mención es a un supuesto plan contra el fiscal de la causa de los cuadernos, del que habrían participado además del juez ex funcionarios kirchneristas detenidos y empresarios investigados en esa causa, afirmó Carrió.
“Se trató de una operación en la que intervinieron muchos, dentro y fuera de la cárcel. También involucra a Ricardo Echegaray, Rudy Ulloa y sectores de Cristina Kirchner en La Cámpora”. Elisa Carrió reconoció que conocía a D’Alessio, a quien vio en dos oportunidades. “Lo vi por un tema de Odebrecht, no por los cuadernos. Se lo derivé a la pobre Paula Olivetto, que no tiene nada que ver”, explicó.
“D’Alessio me pareció un informante serio, era muy educado”, agregó sobre el falso abogado. “Nunca pensamos que era un extorsionador, a uno se le ocurre”, amplió sobre D’Alessio, a quien calificó como “agente de contrainteligencia”, vinculándolo con el peronismo.
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Marzo 1, 2019
LO QUE NO SE DICE DEL TEMIBLE JUEZ FEDERAL ALEJO RAMOS PADILLA
BANDA DE DELINCUENTES ASESINOS
[ezcol_1half]Esta Argentina plagada de funcionarios hipócritas y corruptos, día a día, no deja de sorprender por sus permanentes intrigas palaciegas y escándalos encubiertos, por algún tiempo. Finalmente, las autoridades gubernamentales, los medios periodísticos y miembros del poder Judicial Federal como el Fiscal CARLOS STORNELLI, descubren que el Juez Federal de Dolores, ALEJO RAMOS PADILLA, no es un funcionario imparcial. Se “enteraron” que responde a la Cámpora, que es un juez K y perteneció a “justicia legítima” aparte de haber sido durante años abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ello, luego de que aparentaría ser parte de una maniobra tendiente a descalificar y apartar de la famosa causa “De los Cuadernos”, donde se investiga la corrupción Kirchnerista, al fiscal STORNELLI. Eso sí, del tiempo que subrogó en Bahía Blanca, entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año, aparte de cajonear una causa de corrupción que comprometía a LÁZARO BAEZ, el empresario preferido de los Kirchner, nada saben. Mucho menos que haya intervenido en causas por los mal llamados delitos de lesa humanidad, en las que como otros, se comportó como UN DELINCUENTE ASESINO. En ese tema para estos hipócritas y los jueces que los sucedieron en aquella ciudad, todo lo actuado por PADILLA estuvo bien. En ese ambiente prostibulario no puedo dejar de mencionar a su antecesor, el secretario con cargo de Juez Subrogante ULPIANO MARTINEZ quien habría incursionado en la causa contra BAEZ, por lo que fue apartado de su cargo por “mal desempeño”. En lo personal, INFIERO, al igual que hizo él para detenerme, que quiso pegar una “mordida” como recientemente habría hecho el Juez Federal LUIS RODRIGUEZ, pero los K todavía tenían poder y lo mandaron al “freezer”, volviendo a su puesto de Secretario. Esto en definitiva le vino bien, ya que lo ayudó a que este gobierno lo designe como Fiscal en Bahía Blanca, cargo que ocupa desde el 31 de Octubre de 2018. Mientras tanto, el primer mandatario MAURICIO MACRI con su familia y otros, acortan el tiempo que falta para las elecciones presidenciales, paseando por el TAJ MAHAL, al que el poeta Rabindranath Tagore describiera como: “Una lágrima en la mejilla del tiempo”. Es verdad que como dice el dicho popular, el mundo es pequeño y que yo y otros muchos adultos mayores, no tenemos ni tendremos una justicia imparcial, pero lo sí es seguro que, con TODA ESTA GENTE “NUESTRO PORVENIR ESTÁ ASEGURADO”.
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Febrero 18, 2019
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[/ezcol_1half_end]Download [1.26 MB]
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[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
[/ezcol_1half_end]Emmanuel Carrere (1957- )
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Febrero 18, 2019
HOY CUMPLO AÑOS
LA JUSTICIA ESTÁ CAMBIANDO
Nada que ver con mi natalicio, un día como hoy pero de 2014, o sea hace CUATRO años, un grupo de esbirros de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) a horas tempranas llegaba a mi domicilio, equipados con armas letales para detenerme acusado por los mal llamados delitos de lesa humanidad.
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[/ezcol_1half_end]Tres años antes, sabiendo que unos fiscales militantes me involucraban en un hecho ocurrido hace más de 40 años, me había presentado ante el poder judicial federal de Bahía Blanca y poniéndome a disposición, les había aportado la dirección y teléfonos donde comencé a esperarlos.
Finalmente un secretario con cargo de juez subrogante (buen catador de vino) llamado ULPIANO MARTINEZ, firmó una defectuosa orden de detención y allanamiento. A pesar de ello, yo actué correctamente y cooperé al máximo con quienes me detenían. A cambio, luego, me pasearon ilegalmente fuera de recorrido, por el hall central del Aeroparque metropolitano, esposado y flanqueado por cinco de estos secuaces de los togados, como a un peligroso narco. Posteriormente me alojaron por algo más de 24 horas, en la Unidad Penitenciaria 28.
Con la promiscuidad presente, al igual que colonias de los más diversos insectos con preponderancia de las cucarachas, el lugar recordaba la cárcel turca de la película “Expreso de Media Noche”. Ya en la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza esperé 18 días para que el catador de vino a cuya disposición me encontraba, me hiciera indagar (plazo legal hasta 48 horas) por una empleada contratada por la Secretaria de Derechos humanos llamada SUSANA ARRECHEA.
Cinco meses después, decretaba mi prisión preventiva (plazo legal, hasta 12 días luego de indagado). En el periodo intermedio y en un año y medio pasé por las manos de más de diez jueces federales, con diferentes y despreciables “características” funcionales, que hace al desprestigio que gozan los miembros de este poder en Argentina. Irresponsables, ausentes, indiferentes, mentirosos, militantes, uno relacionado con un prostíbulos Vip marplatense (JORGE FERRO), otro con narcotraficantes (fiscal ALEJANDRO CANTARO), otra ciega, sorda y muda, ante aberrantes hechos de corrupción de menores en Rio Negro (MIRTA FILIPUZZI), otro encubridor de un ex jefe policial, WALTER LOPEZ DA SILVA) etc. En ese tiempo otros adultos mayores, ahora entrañables camaradas de prisión, iban inexorablemente muriendo a mi alrededor.
Finalmente en marzo de 2016 realmente sobrepasado (también podría decir podrido) por las iniquidades y dispuesto a regresar al mi hogar de una forma u otra, comencé una huelga de hambre y medicación que duró 31 días. Sobreviví y el accionar de gente honesta (excluido el poder judicial) hizo que me otorgaran el arresto domiciliario en donde hoy cumplo los 4 años con prisión preventiva. Por ser el tiempo legal máximo 3, llevo uno que avala mis malos deseos hacia los miembros de un poder judicial corrupto y un poder político hipócrita y mentiroso.
Eso sí, ahora gracias al actual presidente MAURICIO MACRI y su Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para algunos) GERMÁN GARAVANO, “la justicia está cambiando”, dejó de ser militante y es independiente, por lo que puedo celebrar con “tranquilidad y beneplácito” este CUMPLEAÑOS.
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Noviembre 28, 2018
¿Cuantos años cumples? Solo uno … los otros ya los tenía.
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Noviembre 28, 2018
ALEJANDRA GILS CARBÓ – ALEJO RAMOS PADILLA – ABÉL CÓRDOBA -JOSÉ NEBBIA – MIGUEL PALAZZANI – ALVARO COLEFFI – ULPIANO MARTÍNEZ . CON NOMBRE Y APELLIDO, ALGUNOS MIEMBROS DE LA CORRUPTA JUSTICIA FEDERAL ARGENTINA
En febrero del corriente año en ocasión de lograr luego de una ardua lucha legal, que el Juez Federal WALTER LOPEZ DA SILVA me recibiera una ampliación de mi declaración indagatoria, cuando este se retiraba, mi esposa en un aparte le preguntó si se daba cuenta que yo me expresaba con la verdad.
[ezcol_3fifth]El togado respondió afirmativamente y que por ello me mandaría a la brevedad a juicio, ya que él nada podía hacer porque cuando se hizo cargo del juzgado de Bahía Blanca estaba todo hecho. Si su respuesta fue sincera como juez no vale nada, más allá de la designación, vestir saco y corbata y cobrar un sueldo de privilegio. Si fue evasiva y me considera culpable, le falta lo que debe tener un hombre para manejarse con la verdad ante quien sea. Lo increíble de todo este mortal entuerto es, que uno está al medio de luchas intestinas entre verdaderos delincuentes del poder judicial en donde se juegan intereses económicos, el lavado de dinero, la trata de mujeres, el narcotráfico y también ideologías radicalizadas. Todo arrancó con la designación de un secretario judicial ULPIANO MARTINEZ como juez subrogante, verdadero desorejado laboral (propuesto ahora por este gobierno como fiscal), que accedió al pedido de mi detención formulado por unos oscuros personajes con título de fiscales subrogantes llamados ABEL CÓRDOBA, JOSÉ NEBBIA y MIGUEL PALAZZANI.
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Su antecesor el Juez ALCINDO ALVAREZ CANALE, se había negado a ello. Estos engendros,, pertenecientes a ”Justicia Legítima,” junto con el juez subrogante en Bahía Blanca ALEJO RAMOS PADILLA, quien hoy sigue como juez titular en Dolores, fueron los hijos dilectos de la arpía ALEJANDRA GILS GARBÓ quien hasta diciembre de 2017 se desempeñó como Procuradora General de la Nación. Así se ocuparon de cajonear la causa SURIS en la cual estaban involucrados por lavado de dinero LÁZARO y MARTÍN BÁEZ y otros, como así también varios empresarios bahienses.
Otro oscuro personaje también por designación irregular de la procuradora, se sumó al equipo: ALVARO COLEFFI, sumariado y cesanteado por entregar escuchas telefónicas a los medios a pesar de lo cual nuevamente contratado pasó a ser secretario de fiscalía. Meses después, a mediados del 2016 fue cesanteado por segunda vez, tramitándose una causa por su irregular contratación, por ante el Juez Federal 11 CLAUDIO BONADÍO. En el medio de todas estas sucias luchas, idas y venidas, sin quererlo aparece uno, dependiendo en cuerpo y vida de todos estos personajes siniestros. Acá no hay buenos y justos, ambos bandos son malos. Su podredumbre, maniobras e ilegalidades son sabidas por todos, pero como dice un amigo, IGUAL, MARCHE PRESO.
Claudio Kussman.
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Julio 10, 2018
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 11, 2018
Página12 sobre el Juez Santiago Ulpiano Martínez: “Un auténtico garante de la impunidad”
El CELS impugnó la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez a fiscal federal de Bahía Blanca
Ante la postulación presentada por el Gobierno, el CELS destacó la “falta de cuidado y respeto por la función judicial” mostrada por Martínez y su “incapacidad absoluta” para ejercer como fiscal. Le pidió al Senado que no avance en el acuerdo solicitado por el Ejecutivo.
Cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca para hacerse cargo del juzgado que durante tres años había subrogado el secretario Santiago Ulpiano Martínez se encontró con un arsenal disperso sobre escritorios y estantes, 138 kilos de marihuana, 297 cigarrillos armados con esa droga y siete kilos de cocaína. Cuando analizó los expedientes heredados se topó con detenidos que llevaban meses sin ser indagados, otros con la prisión preventiva vencida y un tercer grupo que por falta de registros ni siquiera se sabía dónde estaba. Martínez había
sido noticia por garantizar la impunidad de represores y partícipes civiles del terrorismo de Estado, por incumplir las resoluciones de la Cámara Federal que una y otra vez revocaban las suyas, decisiones que llevaron al Consejo de la Magistratura a no ratificarlo, pero poco se sabía sobre el estado calamitoso del resto de las causas. Con esos antecedentes, el secretario es el hombre propuesto por el gobierno de la meritocracia para asumir como fiscal federal de Bahía Blanca. El CELS impugnó la candidatura de Martínez, destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial”, su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad y le pidió a la Comisión de Acuerdos del Senado que preside Rodolfo Urtubey que no avance en el acuerdo que le reclama el presidente Mauricio Macri.
PáginaI12 informó entre 2012 y 2015 sobre el trabajo sistemático de Martínez y su asistente Mario Fernández Moreno para obstaculizar la instrucción de causas a represores del Cuerpo V de Ejército y la base naval de Puerto Belgrano, y rechazar los pedidos de indagatorias de ex funcionarios judiciales como Hugo Sierra, ex capellanes como Aldo Vara o empresarios como Vicente Massot, entonces dueño del diario La Nueva Provincia y tío del jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot. El último gran aporte de la dupla a favor de la impunidad de los civiles que participaron del terrorismo de Estado fue una maniobra para apartar de la investigación al juez Alvaro Coleffi, quien se animó a pedir la captura internacional de Vara, ordenó allanar el diario local e indagó a Massot. A partir de una denuncia de Martínez y un sumario instruido por el agente de inteligencia y ex juez Néstor Montezanti, la Cámara Federal dejó cesante a quien no titubeó ante el poder local.
Cuando logró ubicar los expedientes acumulados, Ramos Padilla descubrió que había gran cantidad de detenidos sin indagar, otros indagados pero con su situación procesal sin resolver y otros con paradero desconocido. No existía un solo listado de detenidos actualizado y confiable.
“El cuadro generalizado de desorden, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia”, explicó el CELS en la impugnación que firman su director Gastón Chillier y el director del Area de Litigio y Defensa Legal, Diego Morales. “La falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas”.
Las resoluciones de Martínez “fueron sistemáticamente revocadas” por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca “y fueron incumplidas igualmente por él”, recordó el CELS. “No sólo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”, destacó. Concluyó que el candidato “carece de idoneidad para el cargo al que aspira” y que “su actuación en el Poder Judicial no puede ser premiada con un nombramiento como fiscal federal”.
https://www.pagina12.com.ar/111662-un-autentico-garante-de-la-impunidad
PrisioneroEnArgentina.com
Abril30, 2018
LLEGA LA JUSTICIA “INDEPENDIENTE” DE CAMBIEMOS
UNA BROMA SINIESTRA
Luego de leer que el Poder Ejecutivo envió al senado el pliego de ULPIANO MARTINEZ, para que sea fiscal en Bahía Blanca y que el mismo también
es postulante a Camarista, lo menos que se me ocurre como en una siniestra tira cómica gritar muy fuerte AUXILIOOOO, mientras mis ojos saltan de sus órbitas. La otra gran posibilidad sería hacerme el simpático y editar las fotos de él, que reiteradamente publicamos en diferentes notas y transformar el contenido de las copas que sostiene en LECHE, aclarando que es descremada. Este tipo de propuestas y casi seguros nombramientos, son la ratificación de mi total convencimiento de que mi destino y el de muchos otros están sellados, porque el poder judicial está profundamente corrompido. En reiteradas oportunidades sus miembros fueron directos responsables de detenciones y condenas al barrer. También de numerosas muertes de prisioneros adultos mayores, que contra toda lógica mantuvieron en cautiverio. Impunemente probaron la sangre y están cebados*.
[ezcol_3fifth]
En la nota del diario Clarín podemos leer:
“Organismos de Derechos Humanos y fiscales designados en Bahía Blanca durante la gestión de Alejandra Gils Carbó denunciaron a Martínez por “demorar” procesos vinculados con delitos de lesa humanidad, durante su subrogancia en el juzgado federal 1. Esos cuestionamientos fueron clave para su separación en 2015 por parte del Consejo de la Magistratura, forzando la ley de subrogancias, luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Ramos Padilla, miembro de Justicia Legítima, acusó a Martínez de dejar un gran desorden en el juzgado”.
ULPIANO MARTINEZ
Al respecto de este párrafo, más allá de los intereses, internas y encubrimientos que se jugaban y que hacía del juzgado lo más parecido a alguno de los prostíbulos que conocí en la función policial, coincido con el juez militante ALEJO RAMOS PADILLA lo cual es un horror que así sea.
El juzgado era un desorden, tanto es así que ULPIANO MARTINEZ me hizo indagar a los DIECIOCHO días de detenido, por una empleada contratada por la Secretaría de Derechos Humanos de nombre SUSANA ARRECHEA y decretó la prisión preventiva a los CINCO meses, según sus particulares inferencias.
[ezcol_1third]Ulpiano Martínez
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Susana Arrechea
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Walter E. López De Silva
[/ezcol_1third_end]Luego vino una seguidilla de jueces subrogantes ausentes y por fin con este gobierno la designación del juez WALTER LOPEZ DA SILVA, todos hipócritamente ratificaron lo actuado por MARTINEZ y todos desconocen pormenores de la causa.
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26/01/2018 DIARIO CLARÍN
El Poder Ejecutivo envió esta semana al Senado el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para ocupar una fiscalía federal en Bahía Blanca. Martínez actuó como juez subrogante al frente del Juzgado Federal 1 bahiense hasta junio de 2015, cuando la mayoría K en el Consejo de la Magistratura decidió separarlo. En su reemplazo fue designado el juez de Dolores y ex abogado de organismos de Derechos Humanos Alejo Ramos Padilla.
Alejo Ramos Padilla
Semanas antes de su destitución, Martínez había impulsado allanamientos y otras medidas de prueba en una causa por facturas apócrifas que vincula a Austral Construcciones con tres grupos empresarios de Bahía Blanca. Durante el interinato de Ramos Padilla, que duró hasta fines de aquel año, el expediente estuvo paralizado y recién en la segunda mitad de 2016, con la designación del juez federal Walter López Da Silva, la causa registró avances. Imputa por asociación ilícita tributaria a Lázaro y Martín Báez y una decena de empresarios bahienses, sobre la base de la emisión y comercialización de facturas truchas. Tras una nueva paralización por casi 9 meses, esta vez por una cuestión de competencia, se esperan citaciones a indagatoria para después de la feria judicial. La importancia del expediente radica en que, según el juez Sebastián Casanello, la evasión tributaria atribuida, podría constituir el delito precedente para avanzar contra Báez por lavado de dinero. En paralelo, Casanello investiga el cierre temporario de la delegación de la AFIP en Bahía Blanca dispuesto en agosto de 2012 por Ricardo Echegaray. La presunción es que la medida, fundamentada en el ex administrador en razones gremiales, tuvo como objetivo real frenar las investigaciones internas de la AFIP y la justicia, contra el empresario patagónico.
Organismos de Derechos Humanos y fiscales designados en Bahía Blanca durante la gestión de Alejandra Gils Carbó denunciaron a Martínez por “demorar” procesos vinculados con delitos de lesa humanidad, durante su subrogancia en el juzgado federal 1. Esos cuestionamientos fueron clave para su separación en 2015 por parte del Consejo de la Magistratura, forzando la ley de subrogancias, luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Ramos Padilla, miembro de Justicia Legítima, acusó a Martínez de dejar un gran desorden en el juzgado. Posteriormente, el propio Ramos Padilla, fue denunciado por hostigar a funcionarios y empleados que respondían a la gestión de Martínez y anteriores. Esos elementos, junto a designaciones de Gils Carbó durante esos seis meses, se acumularon en la comisión bicameral del Ministerio Público, hasta que la ex Procuradora decidió dimitir.
Además de aspirar al cargo de fiscal federal en Bahía Blanca, que está sin cubrir desde hace más de 4 años, Martínez figuraba entre los postulantes para ocupar uno de los cuatros vocalías vacantes en la Cámara Federal bahiense. Para esos puestos, el Poder Ejecutivo ya propuso tres nombres que el Senado deberá analizar, como el pliego de fiscal, tras el receso.
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Este hoy Secretario y posiblemente fiscal o camarista mañana, mientras me “engarronaba” protegía a mi ex jefe el falaz Comisario Inspector ATILIO ROSAS (1), a tres ex funcionarios judiciales y un empresario de medios, imputados también por los mal llamados delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca.
[ezcol_1quarter]Jorge A. Rosas
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Abel Cárdoba
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Luis Nebbia
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Miguel Palazzani
[/ezcol_1quarter_end]Si a todo este coctel, no perdón a toda esta copa de leche le agregamos la presencia de un fiscal militante como ABEL CÓRDOBA y sus secuaces
JOSÉ NEBBIA Y MIGUEL PALAZZANI la “JAULA DE LAS LOCAS” comparada con la Justicia Federal Bahiense, fue una tragicomedia menor frente a la siniestra realidad.
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
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Enero 27, 2018
*Fiera que es más temible por haber probado carne humana.
[ezcol_1half]1)
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end] [ezcol_1half] [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end]PrisioneroEnArgentina.com
Enero 27, 2018
LOS HIJOS DE LA PAVOTA*
EL REDENTOR
Tres años antes de ser detenido, cuando visitaba en la cárcel a amigos adultos mayores imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad, al retirarme, siempre sentía una muy profunda desazón. Repasaba lo que me contaban, la inconstitucionalidad de los juicios, las imputaciones sin pruebas, la vida en prisión con sus pequeñeces cotidianas y el desperdicio del tiempo y vida, que día a día, les robaban encerrados en ese mundo paralelo que es la cárcel. Allí siempre presente el fin era la muerte. Supe de las absurdas y maquiavélicas inferencias con las que unos togados delincuentes, conformaban contundentes pruebas judiciales considerándose unos semidioses de la verdad y la justicia. También de superdotados testigos que reconocían perfumes, calzado o la voz de sus presuntos victimarios, a 30 años de los hechos y eran considerados veraces por los corruptos funcionarios judiciales. Sin lugar a dudas, sabía que esos cautivos eran los perdedores en una sociedad hipócrita, que limpiaba sus errores con ellos, gente en mayoría sin jerarquía ni poder alguno al momento de los hechos que en forma retroactiva se juzgaban. Yo como buen pavote (1) me había puesto a disposición de la “justicia” y esperé hasta que finalmente fui detenido (28/11/2014). Pasó el tiempo, tuve las mismas o peores experiencias que ellos con diez jueces casi todos subrogantes, de todo tipo. Desde un catador de vino (hoy candidato a fiscal o camarista propuesto por el gobierno), pasando por un militante, varios irresponsables ausentes y un negacionista, que cuando abre la boca es para decir que no a todo. Cambió el gobierno y se fueron sin irse los que habían venido por todo, para llevarse todo y llegó EL REDENTOR que iba a terminar con el “curro de los derechos humanos”. Transcurridos más de dos años desde el inicio de su mandato y con 88 prisioneros más ejecutados en cautiverio, todo sigue igual o peor, llegando así a la conclusión que somos LOS HIJOS DE LA PAVOTA de este territorio llamado Argentina.
FRANELEROS
Esto lo afirmo, ya que sigue vigente para nosotros el reemplazo de la Constitución por la política de estado. Que lacras como TIMERMAN, BOUDOU, CRISTINA KIRCHNER, MENEM y otros, están libres. Que nuestras prisiones preventivas decretadas sin pruebas pueden ser para siempre. Que una ley de la Provincia de Buenos Aires dice que los “desaparecidos” son 30.000. Que un obsecuente jefe del Ejército reconoce y conmemora solo la muerte de los soldados asesinados en democracia.
2
Que sus ejecutores sean en democracia o bajo régimen militar, gozan de libertad, jugosas indemnizaciones, cargos y son los “custodios y referentes morales” de la sociedad Argentina. Que firmantes (con vida) de decretos de aniquilamiento como ISABEL MARTINEZ DE PERÓN O CARLOS RUCKAUF son considerados honorables seres humanos.
[ezcol_1half]Se detienen a soldados, gendarmes o vigilantes recién ingresados al momento de los hechos que infieren cometieron, pero a estos dos la justicia jamás de los jamases molestarán. Que esa justicia federal independiente está conformada entre otros muchos, con jueces como ALEJO RAMOS PADILLA o MIGUEL VACA NARVAJA (2) Ni hablar de los miembros gubernamentales (Ministerio de Justicia entre otros) que se la pasan franeleando (3) con cuanta asociación amiga de los terroristas hay a nivel nacional e internacional, contabilizando para ellos casi con codicia (CLAUDIO AVRUJ) la cantidad de condenas durante su gestión por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Sí debo agradecer, que hasta el momento a las autoridades gubernamentales reiteradamente votada por los prisioneros, no se les ocurrió SODOMIZARNOS (4). Pero aún no sabemos, por las dudas no canto victoria ya que como todavía tengo vida, no terminó este ilegal martirio.
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
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Enero 26, 2018
*Coloquial despectivo. Personas que no son tomadas en cuenta ni se las respeta.
1) Coloquial despectivo. Que es tonto o poco inteligente.
3) Hacer caricias y dar besos a una persona con la intención de excitarse y excitarla sexualmente.
4) La sodomía es un término de origen religioso que hace referencia a determinados comportamientos sexuales, históricamente utilizado para describir el acto del sexo anal u oral entre personas del mismo sexo y demás prácticas homosexuales, si bien la definición actual de la RAE hace referencia únicamente al sexo anal.
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LOS ARGENTINOS TENEMOS SANGRE DE HORCHATA* – PRIMERA PARTE
Por Claudio Kussman.
DE LACRAS JUDICIALES Y OTRAS YERBAS
¿Usted puede rebatirme cuando digo que tenemos sangre de horchata? De no ser así, como es posible que mansamente un par de miles de hombres y mujeres, muchos de ellos ex uniformados, y a su vez no pocos de estos, “héroes” de ayer y de hoy, acepten como mansos corderos, la iniquidad extrema? Me refiero a que algunos togados corruptos hasta lo más profundo de su ser, a como dé lugar desconocen la Constitución, las leyes y códigos. Así sin pruebas imponen prisiones preventivas ilegales y luego de 8 o más años en esa condición, en diferentes casos, DESCUBREN que el imputado era inocente. ¿O que siendo una piltrafa humana por su salud detengan y dejen morir en prisión adultos mayores septuagenarios, octogenarios y hasta nonagenarios? ¿O que hagan caso omiso a los requerimientos legales del imputado?
[ezcol_1third]Yo, en menos de 2 años, pasé por las “manos” de más de 10 “jueces” y cada uno dejó su huella con abusos y arbitrariedades, en algún caso cometiendo delitos, desatendiendo peticiones legales, agregándome imputaciones que no tenía, a la hora de prolongarme a 4 años mi prisión preventiva. Hubo de todo en estos “funcionarios judiciales”: alguno borrachín, otros completamente irresponsables y ausentes, tanto que ni concurrían al juzgado, otro asquerosamente militante y otros indiferentes a todo. Puedo solicitar diligencias, o elementos de la causa en la que me “engarronaron” y es como hablarles a la pared. Si se ven obligados a cumplir alguna diligencia que me favorezca, lo hacen mal y a desgano o directamente la niegan. Uno es condenado de por vida y estos funcionarios ni leen las causas, desconocen su contenido y pareciera que están resolviendo infracciones de tránsito. En no pocos casos son verdaderos insensatos en la función, que de rendir cuentas a modo de castigo se los jubila. Y no solo eso, también se enojan con uno, porque no se queda callado y de rodillas.
ARGENTINA SIN VENGADORES ANÓNIMOS
CONTINUARÁ…
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
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Diciembre 27, 2017
EL POLICIA IDIOTA y LOS CUMPAS* JUDICIALES
Por Claudio Kussman.
Si le digo que quien lleva el número uno, es el ex juez subrogante removido ULPIANO MARTINEZ quién decretó mi detención, me indagó a través de una empleada contratada por la Secretaría de derechos humanos (Susana Arrechea), recién a los 18 días, y decretó mi prisión preventiva luego de cinco meses. Que quien lleva el número dos, es el juez de la Cámara de Apelaciones PABLO CANDISANO MERA. Y quien lleva el número tres, es el fiscal general y miembro de Justicia Legítima ALEJANDRO CANTARO, todos de Bahía Blanca. No pensará que le hago una broma, ¿no?
EL POLICIA IDIOTA Y LOS CUMPAS* JUDICIALES
CATADORES DE VINO TINTO
Demás está decir que el policía idiota soy yo, si bien hay muchos otros uniformados de diferentes fuerzas que no nombraré para no ofenderlos. Pero si pasaron por la justicia federal de Bahía Blanca, sabrán lo que pienso de ellos. Me autocalifico de esta forma porque en 2011 cuando supe que me habían involucrado en un hecho de lesa humanidad, me presenté y me puse a disposición del juzgado federal uno de esa ciudad. “Mi obligación es confiar en la justicia y todo se va a aclarar”, “Un policía nunca puede ser un prófugo” como buen idiota le dije a mi familia y a todos los que me aconsejaban huir. Esperé 3 años hasta que vinieron a detenerme, a donde dije que iba estar. Luego y hasta el presente, siguieron otros 3 años de abusos y manoseos por parte de mamarrachos y jueces indiferentes, indolentes o corporativos, que miran para otro lado. Tengo que decir que por momentos siento que mi vida y la de mi familia, está en manos de “loquitos” y lelos, que para colmo se creen dioses.
[ezcol_1half]Ulpiano Martínez (1), Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Las identidades se repiten al igual que la buena amistad y el buen beber.
[/ezcol_1half_end]NADA LES CALIENTA**
Ahora les presentaré imágenes de alguno de esos seres sabios y superiores, que reafirman que todo este barro en el que uno se está asfixiando, es un siniestro y verdadero circo de cuarta. Entre “cumpas”, imagino allegados a la justicia, a los que no conozco, se ven mezclados y sobresale el secretario que fue juez subrogante, ULPIANO MARTINEZ (actual secretario Juzgado Federal dos) que en el 2014 decretó mi detención y posteriormente mi procesamiento. También, el fiscal general ALEJANDRO CANTARO y el juez de la Cámara de Apelaciones CANDISANO MERA.
[ezcol_1half]Ulpiano Martínez (1), Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Nuevamente, Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
[/ezcol_1half_end]Como para que me escuchen y obtener algún resultado en mis reiterados pedidos y apelaciones, a lo largo de todo este tiempo que llevo como prisionero ilegal. Por supuesto también se sucedieron, aparte del militante ALEJO RAMOS PADILLA, otros togados que hicieron oídos sordos y actuaron y actúan corporativamente, PORQUE LA JUSTICIA NO LES “CALIENTA” NADA. Por supuesto mucho menos, los adultos mayores que sufriendo mansamente van muriendo juntamente con las respectivas esposas.
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Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3), (¿será una bodega?)
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Ulpiano Martínez (1), Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3). (¿lo que se ve detrás, será un viñedo?)
[/ezcol_1half_end]
ASUNTOS INTERNOS
Mientras desde lo más alto del poder nacional, repiten como pericos que “la justicia es independiente”, el escucharlos hace que, por educación, automáticamente me reprima de gritar palabras y calificativos soeces. Yo pregunto: ¿independiente a qué? ¿A la amistad de años? a las comilonas? a las bodegas? al buen vino tinto? ¿a qué? A ver, hagamos una suposición. Usted me ve a mí, policía, abrazado “como hermano en desgracia” a lo largo de años, con la gente de Asuntos Internos.
[ezcol_1half]Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
[/ezcol_1half_end]Todos juntos viajamos y catamos, a más y mejor, vinos en la ciudad, en diferentes provincias e inclusive en diferentes países. ¿Por casualidad, me iría a denunciar a esa sección, ante un acto de inconducta o delito cometido por mí? El respetable doctor GONZALO MIÑO mi abogado defensor particular, siempre repite un viejo dicho ingles que dice: “Un juez tiene que ser un caballero y si sabe de derecho, mejor”. Es evidente que la honorabilidad y la conducta intachable son valores ausentes en el mundo judicial de hoy. Reclamar justicia, integridad moral, ética y honestidad, es una muestra más de que soy un idiota y que con esta nota solo obtendré la venganza de ellos.
Ulpiano Santiago Martínez (1), Pablo Candisano Mera (2), Alejandro Cántaro(3)
*AMÉRICA DEL SUR coloquial – Persona con la que se tiene una amistad o una relación de compañerismo. “venga, cumpa, que le voy a servir un vinito”
** enardece – exalta – enfervoriza – anima – enfada – aviva – exalta
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 18, 2017
TRASLADO DE PRESOS – FUNCIONARIOS DELINCUENTES EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA DE HOY
Por Claudio Kussman
FUNCIONARIOS DELINCUENTES EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA DE HOY
Mucho hemos publicado en este sitio, sobre los traslados a los que fuimos sometidos los adultos mayores, como forma de castigo y tortura, en inmundas “perreras” durante la “década ganada”. A través del escrito del señor Carlos L. Bosch en el diario La Nación, veo que estos siguen como si tal cosa, pese a las floreadas frases del ESTAMOS CAMBIANDO. Debo decir ante todo, que estos brutales movimientos de prisioneros fueron institucionalizados por los terroristas y militantes que ocuparon el anterior gobierno, como forma de quebranto corporal y moral nuestro. Estando sobrepasado por el agotamiento y careciendo casi de lucidez, uno es presa fácil del “funcionario” ante quien comparece. Queda inerme y sin capacidad de reacción alguna. Pasadas las horas y ya de regreso a la prisión, es cuando se toma real noción de lo que pasó, pero ya es demasiado tarde.
UNIDAD PENAL 34 CAMPO DE MAYO – BAHÍA BLANCA
Lo ocurrido en el traslado de Campo de Mayo a Bahía Blanca (680 kilómetros), configura un delito que no se tiene que dejar pasar. Circular por la ruta como se hizo, es totalmente ilegal y si cualquiera de nosotros lo hiciera en su condición de ciudadano, le secuestrarían el vehículo. Como prisioneros, costamos varios miles de pesos diarios que se pagan con nuestros impuestos. En este caso el responsable número uno de tanto abuso, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual depende el Servicio Penitenciario Federal. En varias ocasiones me dirigí a ellos mediante correspondencia, sin recibir nunca respuesta alguna. Destaco la del 26 de enero de 2016 (1), cuando escribiera por SEXTA vez al mentiroso y funcionalmente tuerto Secretario de Derecho Humanos Claudio Avruj. Sin resultado alguno, como siempre, fue arrojar a la basura tiempo y dinero. Mientras, presos como el narco Martín Lanatta (2), Milagro Sala (3), Lázaro Báez y tantos otros son movilizados en cómodos y rápidos vehículos con aire acondicionado.
[ezcol_1half]HAY QUE GRITAR ¡BASTA! A QUIENES ABUSAN Y DELINQUEN
En lo personal dije basta en el mes de noviembre de 2015, cuando llevaba un año ilegalmente detenido en la U 31 de Ezeiza. Harto del “engarronamiento” del que fui víctima por parte de miembros de la “justicia”, de la mala cara que ponen en su atención a uno, de la cárcel y la iniquidad, de su indiferencia y silencio hipócrita que los transforman ni más ni menos que en delincuentes asesinos. Me negué a los traslados torturantes e ilegales, presenté un “Habeas Corpus”, ante el Juzgado Federal uno de Lomas de Zamora a cargo del juez Alberto Santa Marina, que luego terminó en denuncia, contra el Juez Alejo Ramos Padilla. Desde ya, Santa Marina y el defensor oficial (tendría que ser fiscal) de ese departamento doctor Ariel Squingo (4), lo encubrieron, si bien trataron de justificarse legalmente. El togado ofició a la prisión y al asesino juez militante subrogante en Bahía Blanca, Padilla, quien hizo caso omiso de su escrito.
NUNCA MÁS UNA PERRERA
Pero a partir de ese momento no subí nunca más a una “perrera” siendo trasladado solo y siempre en ambulancias contratadas o en una del Servicio Penitenciario, que también cumple la función de morguera. Así, hasta que en marzo de 2016 iniciara una huelga de hambre y medicación, que me trajo a casa con arresto domiciliario. Para ese viaje de 350 kilómetros de retorno al hogar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contrató una ambulancia con un médico particular. Desde allí con mi familia luchamos por mi libertad y pedido de disculpas ante tanta aberración jurídica. Lo que aún hoy ocurre con nosotros los adultos mayores, es realmente atroz e inhumano, teniendo en cuenta que este es un país en donde se dice que vivimos en democracia y que estamos en pleno siglo XXI. Por ello a los funcionarios del signo político que sean les digo: ¡Hipócritas y cobardes! ¿Por qué no llevan en los vehículos oficiales, a pasear a sus respectivas familias con una botella en la mano? Hagan que ellos las usen para orinar, si tienen esa imperiosa necesidad fisiológica que los urja.
Claudio Kussman
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Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
@PrisioneroA
Octubre 12, 2017
Juicio político a ALEJO RAMOS PADILLA solicitado por JUSTICIA y CONCORDIA
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, presentó un escrito ante la doctora Adriana Donato, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, solicitando juicio político a Alejo Ramos Padilla por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
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Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
Alejo Ramos Padilla en PrisioneroEnArgentina.com
[ezcol_1quarter]El Ejemplo de Ramos Padilla
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Ramos Padilla, Banda de Delincuentes
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Engaños y Mentiras Maquiélicas
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Crítica Situación Judicial
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Farsantes
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Robo de Tiempo Biológico
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Esbirros y Seacuaces
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Justicia “Fellinesca”
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Justicia Condicionada
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Mentiras de la “Justicia” Argentina
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter] [/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end] [/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter] [/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter] [/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter] [/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Cambiemos
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Estos son los Verdaderos Delincuentes
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Santiago Ulpiano Martínez en su Propio Laberinto
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Irreverente
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Carta Abierta al Doctor Guillermo Jesús Fanego
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]El último día: 9 de Diciembre del 2015
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]¿Ecografía igual a Tomografía?
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Desmesura
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]De Cortapastos, Semidioses, Igualdades y Desconciertos
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]“Justicia” Argentina o ver a un Juez Nueve Meses Después
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Nota Poco Convencional al Juez Ramos Padilla
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Alejo Ramos Padilla Finalmente Recusado
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]8 Transistorios Jueces 8
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