La vicepresidente argentina Victoria Villarruel concedió ayer jueves su primera entrevista a la prensa desde que asumió sus funciones. La compañera de fórmula de Javier Milei ofreció su voz luego de semanas de especulaciones en torno a la relación con el Presidente, el aumento de sueldos, los anuncios de Patricia Bullrich y Luis Petri sobre un paquete de leyes para combatir la inseguridad y el narcotráfico y la polémica en el Senado por las contrataciones de Vilma Bedia, quien incluyó en la nómina de empleados a familiares directos con contratos millonarios.
En ese sentido, la dirigente marcó su postura con respecto a los anuncios de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior y se despegó de la decisión de la Casa Rosada: “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.
Victoria Eugenia Villarruel afirmó que en el Gobierno no se está hablando de dictar un indulto a los militares y policias imputados en casos de lesa humaniidad el próximo 24 de marzo: “No me consta que se esté hablando seriamente de un indulto. Yo lo he dicho en redes. La solución no es el indulto ni la amnistía, es jurídica. El derecho no dice lo que se interpretó. Estirar el derecho es la solución”.
Por el presente artículo pretendemos demostrar que el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), dilata en forma palmaria la resolución de ciertas cuestiones relativas a la protección de derechos humanos que les son planteadas.
Al tal efecto, adjuntamos nuestra respuesta a una comunicación recibida a través del portal de la citada Comisión IDH, Con «fecha de entrega» 21/feb/2024, por medio de la cual nos cursa traslado de una nota fechada el 21/feb/2024 suscripta por el secretario ejecutivo adjunto Sr. Jorge Meza, en la que textualmente expone: Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de acusar recibo a su atenta comunicación del 16 de octubre de 2023, en la cual suministra sus observaciones sobre el fondo del caso arriba mencionado.
Al respecto, cumplo en comunicarle que dicha información ha sido enviada al Estado, y se le ha solicitado las correspondientes observaciones sobre el fondo del caso con el plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación. Se advirtió la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que excedan el plazo arriba indicado. El plazo de seis meses mencionado es improrrogable, de conformidad con el artículo 37(2) del Reglamento de la CIDH.
Como queda expuesto la nota de la cual da traslado es del 16/oct/2023, es decir de más de cuatro meses, un plazo por demás exagerado para una remisión que se efectúa vía correo electrónico. Nuestra comunicación a la que alude, corresponde a la respuesta a una anterior nota de la Comisión IDH, trámite N°. 2.207.432, «fecha de entrega» el 05/oct/2023, por la que se remite un escrito suscripto por dicha Comisión IDH, fechado el 28/sep/2023, por el que se informa el otorgamiento como Caso 15.346, así como la aplicación de lo establecido por esa Comisión en su Resolución N°. 1/16 sobre «Medidas para reducir el atraso procesal» y en el mismo se expuso: De acuerdo a lo establecido en el artículo 37(1) de su Reglamento, la CIDH le concede un plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presente sus observaciones adicionales sobre el fondo. Se advierte la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que excedan el plazo arriba indicado. El plazo de seis meses mencionado es improrrogable, de conformidad con el artículo 37(2) del Reglamento de la CIDH.
El Estado argentino no cumplió con lo establecido en el plazo otorgado, y tampoco solicitó prorroga, por lo cual venció de pleno derecho su opción de cumplir lo establecido por la Comisión IDH, y el veneficio de solicitar prorroga.
Dentro de un proceso normal, la comunicación de la Comisión IDG, del 21/feb/2024, remitida tanto a esta parte como al Estado argentino, debió haber establecido que, por expiración de los plazos concedidos, y sin haber el Estado cumplido con sus obligaciones, la Comisión IDH daría prosecución al trámite de elaboración del informe pertinente.
Contrario a esto, la Comisión IDH, concede un nuevo plazo al Estado, contado dese la recepción de la nueva comunicación. Por comunicación N°. 2.207.429, «fecha de remisión» 05/oct/2023 remitida a la Cancillería argentina, fechada el 29/sep/2023, que textualmente dice:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 37(1) de su Reglamento, la CIDH ha fijado a la parte peticionaria un plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo. A su vez, se advirtió la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que excedan el plazo arriba indicado, de conformidad con el artículo 37(2) del Reglamento de la CIDH.
Asimismo, con base en lo previsto en el artículo 37(4) del Reglamento, la Comisión se pone a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto conforme a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la CIDH. Por lo tanto, me permito solicitar a Su Excelencia una respuesta a este ofrecimiento con la mayor brevedad posible.
Es evidente que el plazo «improrrogable» establecido en el principio, se transforma en «prorrogable» por un plazo igual al anterior. Es decir, la Comisión IDH, por su demora en la remisión de documentación beneficia al Estado incumplidor, y perjudica al peticionante, transformando en nugatoria la protección de sus derechos humanos. ¿Dónde quedó, lo que la propia Comisión IDH asumió como compromiso en su Resolución N° 1/16 «Medidas para reducir el atraso procesal»?
Resulta complejo establecer cuales son los plazos reales que la Comisión IDH se toma para sus resoluciones, tal vez una forma parcial de demostrarlo, es revisando, tiene libre acceso, alguno de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ya que esta publica sus resoluciones de casos contenciosos en su sitio WEB https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm
Sobre esto y a modo de ejemplo especificaremos dos casos de los que al 28/nov/2023, de los 508 fallos emitidos por la Corte IDH, en las más de tres décadas que tiene en funciones dicho órgano y a la cual los particulares no tiene acceso directo, ya que ello depende de la Comisión IDH cuya decisión no es recurrible:
Fallo N°. 490: fecha 23/may/2023; caso «Boleso vs. Argentina», inicio de petición ante la Comisión IDH 06/may/1997; informe de admisibilidad N°: 39/98 del 24/sep/1998; informe sobre el fondo N°. 245/20; elevación a la Corte IDH 21/sep/2021.
Fallo N°. 476: fecha 21/nov/2022; caso «Dial y otro vs Trinidad Tobago»; inicio de petición ante la Comisión IDH 29/abr/1999; informe de admisibilidad N°. 83/2011 del 21/jul/2011; informe sobre el fondo N°. 331/20; elevación a la Corte IDH 23/jun /2021.
El caso que adjuntamos, ya lleva 10 años, y aún no ha obtenido ninguno de los informes, queda por lo tanto que la Comisión IDH procrastina, y que con ello como dice el título del presente hace nugatoria la protección que se espera del sistema.
Obviamente, no ponemos en entredicho el valor de los derechos humanos, cuando estos se aplican para todos, sino respecto de los mecanismos procesales de aplicación de las garantías que ofrecen.
Parece que, en el mundo lesa, muchos se contentan con las migajas que les tira el nuevo gobierno, manteniendo así las estoicas ilusiones de que es el comienzo del fin. Desde esta columna creemos que son tan solo espejismos, que los hace seguir y seguir hacia un -hasta hoy- fatal y cantado final.
Todo parece indicar que, para el nuevo gobierno, las graves violaciones a los más elementales derechos y garantías procesales que se producen en los denominados juicios de lesa humanidad; no están, tan si siquiera, en el pensamiento remoto de algún funcionario.
Mientras entretienen a “la tropa” con algunos actos de homenajes por la toma de cuarteles por el terrorismo, algún mero cambio cosmético en cuanto a los presos fallecidos o que se haya quitado un logo de una página oficial; los juicios siguen progresando a gran velocidad, se suceden uno tras otro o en simultáneo; agigantándose, como dijimos, las terribles violaciones a los más elementales derechos y garantías procesales, que ya es coquetería legal para los imputados y condenados en los denominados juicios “de lesa”.
Así avanzan a paso firme con nuevas y cada vez más ridículas imputaciones, generando en consecuencia “nuevas” causas; deshacen los apartamientos de los juicios por notaria incapacidad del justiciable con la vil excusa de que puede estar en juicio, propugnando ahora que los exámenes médicos los haga la Facultad de Medicina de la UBA y no el Cuerpo Médico Forense de la Nación, porque simplemente no comparten sus conclusiones; pauperizan cada vez la atención medica en las Unidades de Detención (en Campo de Mayo se detectaron por lo menos nueve casos de COVID positivo y así los dejaron); los testigos declaran por largas horas sobre cuestiones políticas e internas gremiales sin que nadie se inmute pero cortan las declaraciones de los imputados para que se “limiten al objeto de autos”.
Ahora se suma una nueva, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se instruyó al Centro de Monitoreo Electrónico que, ante cualquier pérdida de señal, se debe enviar móviles policiales a la casa de la persona para verificar que está pasando. Nada de contactarlo para verificar cual es la situación, pues puede tratarse de una emergencia médica o una simple pérdida de señal momentánea, no importa; allá van raudamente los móviles de la policía. Tampoco importa la hora, puede ser las 10 mañana como las 3 de la madrugada. Pensemos que se trata de ancianos de más de ochenta (80) años de edad con graves padecimientos de salud.
Las denuncias al respecto se multiplican en los juicios, los imputados enrojecen su garganta gritándolas y se viralizan por el WhatsApp y en los sitios digitales. A nadie le importa. Ni un funcionario ni un político se hacen eco. Nada.
Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, está clara indiferencia del nuevo gobierno, que bramaba que los hechos de los 70 “fue una guerra donde se cometieron excesos” y que los “30.000 era mentira”; llevó a que los jueces federales transformen ese escalofriante sudor frio que los recorrió cuando asumió el “león arnarco-capitalista”, en un reconfortante sosiego de que “TODO SEGUIRÁ IGUAL”; avanzando en sus atropellos legales con más fuerza y ahínco.
Ni hablar de los fiscales y los querellantes, sobre todo los de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, que arremeten con más persuasión que antes.
Se podría decir que sigue todo igual, pero en realidad se está cada vez peor.
¿De qué sirve un homenaje a un preso muerto, cuando pasó largos años muerto en vida y nadie se acordó de él? Lo harán cuando se muera, una verdadera burla.
En ese sentido, la inacción de la familia militar o policial sigue, como se dice “sin mosquearse”, sumidos en la inercia de la dejadez. Tan solo se limitan a blandir una vana quimera de lo que desean que suceda entusiasmados con las menudencias que les arroja el gobierno o a extensas tertulias de críticos y especializados análisis asado por medio; los más atrevidos, a bravucones comentarios en las redes sociales, eso sí, SIN DAR LA CARA Y TRAS ÉPICOS SEUDÓNIMOS.
Como dijimos los juicios se suceden y las salas de audiencias están vacías. Ni un camarada, ni un amigo. Ni una bandera argentina ni una foto de las víctimas del terrorismo. Nada. Tan solo un aturdidor silencio y la más angustiante soledad, para los que saben su infame final. En cambio, la turba y el griterío de los derechos humanos siempre presentes.
COMO SIEMPRE DECIMOS DESDE ACÁ, NADIE VA A PELEAR UNA GUERRA QUE SUS PROPIOS INTERESADOS NO PELEAN.
Sabemos que muchos retirados se ocupan y mucho de sus camaradas presos. Al igual que muchos civiles que ni siquiera tienen un pariente militar. Lo hemos puesto de manifiesto desde esta columna. Lo valoramos y lo reconocemos. Pero no es la mayoría. Una golondrina no hace el verano.
En fin, por ahora más y más de lo mismo, predicando como siempre en el desierto desde esta columna. Nada parece que va a cambiar. Mucho cambio cultural, mucho nueva Argentina, pero sin tocar los paradigmas de los derechos humanos. De seguro alguno dirá que hay que dar tiempo, que apenas lleva sesenta días este gobierno y que no es posible remediar veinte años de atropellos en veinte minutos. Pero, la cruda realidad es que los presos “de lesa” ya no tienen más tiempo y sin una señal clara a la vista, debemos concluir que el tiempo solo nos pedirá más tiempo mientras que la inacción sigue consolidándose en su inexorable transcurrir.
En casi cuarenta días de gobierno, el nuevo gobierno plantea casi una revolución cultural en nuestro país. Mediante un gigantesco decreto de necesidad y urgencia avanza con su postulado de libertad, libertad de mercado, libertad cambiaria, libertad contractual, libertad tarifaria. Ahora de la libertad de los detenidos en los procesos llamados de lesa humanidad, ni una palabra.
Javier Milei, candidato a presidente y Ricardo Bussi el fracasado aspirante a gobernador de la Provincia de Tucumán
Nadie espera sinceramente que salga un día en cadena nacional, y se elogie a los que defendieron la Patria contra el demencial ataque terrorista en los años 70, los cite en la Casa Rosada para homenajearlos, los condecore y luego los haga desfilar por Avenida del Libertador. Tiene muchas cosas más importantes de que ocuparse, en este país devastado económicamente. Pero si se esperaba que por lo menos el Ministro de Justicia de la Nación haga alguna referencia a las graves violaciones que se producen de las más mínimas garantías constitucionales y procesales en esos juicios, sobre todo porque conoce perfectamente el tema: dado que su estudio defiende un imputado en esas causas. O que el nuevo Secretario de Derechos Humanos de la Nación diga, como debería ser, que los derechos humanos son para todos, incluidos los detenidos y condenados de lesa.
Al contrario, como adelantamos semanas atrás, el Ministro de Justicia de la Nación se deshace en elogios al Poder Judicial de la Nación, que ha venido prevaricando desde hace veinte años en estas causas y el flamante Secretario de Derechos Humanos de la Nación anunció que la misma seguirá querellando en las causas de lesa y con los mismos estándares que se ha venido haciendo hasta ahora.
En otras palabras todo seguirá igual en el “mundo lesa”, por lo menos por ahora.
No se entiende que el actual Presidente de la Nación que reivindica y apoya el combate de Israel contra el terrorismo de Hamas, que incluso llegó a llamar “comunista asesino” a un Presidente de un país hermano, no diga ni una palabra de lo que sucede en su propio patio trasero. Sobre todo, siendo que cuando era candidato presidencial decía que “los 30.000 eran mentira” y que en los 70 “hubo una guerra donde se registraron excesos”.
Será que realmente piensa así o solo lo hizo para ganarse los votos de un sector de la sociedad. Por ahora no hay respuesta y solo el tiempo nos la dará.
Doctor Cúneo Libarona, Ministro de Justicia de la Nación.
No se puede dejar de resaltar que, a pesar de estos dichos y que incluso asociándose electoralmente con el hijo del General Bussi en Tucumán, la enorme mayoría de la sociedad le dio un gran espaldarazo del casi 56% de los votos en el balotaje. Lo que significa, a pesar de que los organismos de derechos humanos y la izquierda no lo digiere ni lo acepte, que la situación de “los viejos de lesa” NO le importa a nadie o por lo menos no es la prioridad del ciudadano común.
De hecho, cualquier ciudadano común hoy piensa que ya deberían dejarse de joder con esos “viejos de mierda” y ocuparse de encarcelar a chorros, narcos y corruptos.
Seguramente alguien lo dirá y nos adelantamos. Es cierto que el gobierno participó del homenaje a los caídos en el intento de copamiento de la guarnición militar de Azul en el 74 y que recordó a los caídos en el intento de copamiento del cuartel de La Tablada en 1989, bien por ello, pues nunca antes se había hecho. Pero no es menos cierto que hay militares y policías presos por haber defendido dichos cuarteles, condenados por delitos de lesa humanidad y que fueran deliberadamente omitidos en esos homenajes. Resulta un contrasentido que las autoridades nacionales honren “el heroísmo de los hombres que integraron esas guarniciones que lograron que no pudieran ser copadas” y al mismo tiempo callen que por esas mismas acciones heroicas hayan sido infamemente condenados en delirantes juicios penales.
Nos parece muy bien que se recuerde y se reivindique a las víctimas del terrorismo, como que se repudie al mismo. Pero nos parece muy injusto que no se recuerde, aunque más no sea, a quienes dieron su vida y hoy su libertad por haber defendido al país de ese ataque terrorista. Ni siquiera se pide una reivindicación, lo cual sería lo más lógico en un país normal, sino tan solo el reconocimiento de su entrega por la Patria, aunque más no sea.
Doctor Alejandro Baños, secretario de Derechos Humanos.
Elegantemente citan la carta del entonces Presidente Constitucional General Perón dirigida a los efectivos de la guarnición de Azul, y decimos así porque suprimieron su parte fundamental: “Teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo de 1973 pudieron esgrimir, la decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución de paz y el repudio unánime de la ciudadanía hará que el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”.
Una verdad a medias no es verdad. Hay que pararla sobre la mesa y si la mesa se rompe, plantarla firme en el suelo.
Por ahora el gobierno libertario parece complaciente con la maraña del “sistema” montado por las organizaciones de derechos humanos desde hace más de veinte años y al cual pareciera no querer “desafiar” abiertamente de momento. Hasta hoy, una “revolución cultural a medias” digamos.
En fin, como siempre decimos no mendigamos ni pedimos nada, sino tan solo exigimos la verdad y una verdadera justicia. En otras palabras el pleno respeto de la legalidad. Nada más.
En una república en descomposición no es extraño que los jueces falten a las obligaciones de su oficio. Lo difícil de comprender es que en los denominados juicios de lesa humanidad, donde se levanta e4l eslogan de “memoria, verdad y justicia” se cometan por parte de los funcionarios judiciales verdaderos actos de corrupción.
Con las formalidades del caso el 18 de octubre de 2023 presté declaración indagatoria en el juzgado Federal N° 2 de Neuquén en el marco del Expediente FGR 101180/2014. En la oportunidad se me atribuyó: “Haber contribuido a la ejecución del plan sistemático y clandestino de represión criminal estatal perpetrado en la República Argentina – entre los años 1976 y 1983 – por las Fuerzas Armadas, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y sectores de la sociedad civil”.
El hecho que se imputa se habría cometido el 24 de marzo de 1976. En la oportunidad era oficial subalterno del Ejército Argentino, teniendo 28 años de edad y ostentaba el grado de Teniente Primero. Según el juez GUSTAVO VILLANUEVA , se llevó a cabo una persecución fundada en motivos políticos e ideológicos a periodistas, asignándose a tales conductas el carácter de crímenes de lesa humanidad.
Se me imputa haber realizado labores de inteligencia respecto de la asociación “Cooperativa de Viviendas de Periodistas Limitada” de Neuquén y su proyecto de edificación de la “Torre de periodistas I”, emplazada en la calle Periodistas Neuquinos N° 19 de esa Capital – en construcción desde el año 1972 –promoviendo, facilitando y/o participando de la posterior sustracción de constancias documentales, defraudación y apropiación de fondos aportados por los asociados para la adquisición de – al menos – veintiún (21) unidades funcionales (departamentos de tres y cuatro ambientes) hechos que resultan conexos de los delitos calificados como de lesa humanidad.
Esto es absolutamente falso. Fue una resolución del gobierno militar y de la dirección del Banco Hipotecario Nacional, aspecto que está documentado. Seguramente el hecho se habrá llevado a cabo por deficiencias de tipo administrativo, cuestiones ajenas al Destacamento de Inteligencia donde cumplía servicios y menos aún responsabilidad de un Teniente Primero. Pero se nota que era importante involucrar a oficiales de Inteligencia para poder caracterizar el hecho como de LESA HUMANIDAD.
Es de suponer que en tal oportunidad debió haber participado algún juzgado provincial o federal, dado a la acción que emprendieron instituciones nacionales. Lo que ocurre es que 47 años después este hecho, mas allá de que no se haya ajustado a derecho, es una acción que ha quedado prescripta. Pero al calificarse el hecho como de “lesa humanidad” se evita su prescripción y una serie de “avivados” pedirán el resarcimiento por los daños que supuestamente se le han causado, lo que ocasionará en el futuro una importante erogación por parte del Estado.
No quedan dudas que se ha buscado la forma de reactivar esta situación. Para ello se me imputa, junto con un Mayor y un Capitán – ambos del Ejército – que ya no declaran en estos juicios debido al agotamiento que produce ser acusados una y otra vez de delitos que no cometieron, en todos los casos sin pruebas concretas. También influye la edad avanzada que tenemos en la actualidad.
En síntesis, es un verdadero hecho de corrupción cubierto por una actuación judicial, que beneficiará a los denunciantes – un conjunto de supuestos periodistas – seguramente ya jubilados, que recibirán una muy buena suma de dinero. Asimismo, no sería extraño que parte de los beneficiados sean los ideólogos y gestores de esta trama ilícita.
Un nuevo año está a punto de comenzar y como dicen los abuelos “el pescado sin vender”.
En este 2024 quien escribe cumplirá veinte (20) largos años en la defensa de militares, policías y civiles en los denominados juicios de lesa humanidad. Mucho tiempo no?, y como viene la mano parecería que serán varios años más.
Reiteradas proclamas de “viva la liberad carajo” y “la libertad avanza”, pero de la libertad de quienes combatieron al terrorismo en los años 70, nada. Ni una palabra. Ni tan siguiera una simple mención.
Pero bueno, a horas de que comience un nuevo año, no creo que sea tiempo de complicados análisis políticos ni de evaluaciones sobre que nos deparará en el futuro, será lo que irremediablemente tenga que ser. Ya habrá tiempo para volver a ellos en las próximas columnas, ahora es tiempo de sinceros agradecimientos.
En primer lugar, a la página PRISIONERO EN ARGENTINA, no solo por haber confiado en este simple abogado como su columnista, sino por la absoluta libertad que me da para expresarse abiertamente y sin reparo alguno, respetando férreamente los contenidos de los escritos, los cuales en su gran mayoría comparte las opiniones vertidas, aunque a veces no tanto. Gracias miles.
A los lectores, que han convertido a esta columna en una de las leídas del sitio. Un gran agradecimiento de corazón. Sobre todo a los que se toman unos minutos para expresar un comentario, sea favorable o en disidencia. A los que apoyan y felicitan los contenidos de esta columna, porque me dan la fuerza y el estímulo necesario para seguir escribiendo; a los que discrepan porque me permite reevaluar algunos conceptos sea para confirmarlos, sea para repensarlos desde otra óptica. Aunque muchas veces no los conteste, les aseguro que los leo a todos, en mis permitidos entre tiempos de mis obligaciones legales.
A los familiares de los detenidos en las causas llamadas de lesa, porque siempre trato de ponerme en su lugar, no pudiendo dejar de pensar en las penurias y angustias que sobrellevan estoicamente desde hace tanto tiempo, pero más que nada en la fortaleza y el vigor que demuestran día tras día, para sobreponerse a la arbitrariedad y la injusticia.
A mis queridos detenidos, “mi leitmotiv”. A los que tengo el honor de representar legalmente y a los que no, sean que estén en una cárcel, en detención domiciliaria o tengan una fechada libertad; sin olvidar a lo que ya no están con nosotros. De todos algo he aprendido y eso es un valor que se guarda en lo más profundo del corazón, logrando un sentimiento de afecto que ya los equipara a miembros de mi familia. A ellos va dedicada cada columna de cada semana, con la humilde intención de trasmitir lo que ellos quisieran decir y no tienen la oportunidad de poder hacerlo. Ojalá este cumpliendo con ese modesto propósito.
Como dije nadie sabe, a ciencia cierta, que traerá este nuevo año a los que habitamos el “MUNDO LESA”. Sea lo que sea, tengan las más plena seguridad que, por lo menos a mi respecto, me traerá la renovación del más firme y tenaz compromiso de seguir peleando por la VERDAD y la LIBERTAD de los que aún siguen prisioneros del odio y la venganza, como de todo aquel que corra la misma desdichada suerte; tal como representativamente señala el dominio de esta página.
Hace mucho escuché a una descendiente de incas contar una maravillosa historia. La misma dice que en algún tiempo un magnífico payaso pisó estas tierras. Cuentan que era tal su prodigio para hacer reír, que su sola presencia hacia destornillar de risa a sus espectadores. De todos partes del mundo venían a verlo. Pero un día, su eterna sonrisa se transmutó en una atribulada tristeza. Un mal incurable acechaba a su pequeño y único hijo. Había recurrido a los mejores médicos, pero ninguno encontraba una cura al mal. Incluso había visitado curanderos y brujos, quienes tampoco le daban ni siquiera un alivio a su sufriente hijo. Un día, agotado y sin esperanzas, un compañero de circo le dijo: “y si le pedís a Dios, dicen que El todo lo puede”. Sin mucho ánimo, concurrió a la Iglesia más cercana. Entró. En frente vio a un señor clavado en una cruz, a su derecha miró y vio personas que parecieran santos, a su izquierda vio una mujer con un bebe en brazos, que parecía una virgen. No sabía qué hacer, jamás había ido a misa, ni siquiera era creyente. Entonces hizo lo único que sabía hacer, su rutina del circo. Comenzó a deambular por la Iglesia. Iba y venía haciendo su monigotadas. Cuando terminó, miró al frente, y vio que el señor en la cruz reía. Miró a su derecha y vio que los santos también reían. Miro a su izquierda, la mujer y el niño también reían.
Por eso querido lector, desde esta columna les dejo modestamente mis mejores payadas.
Simplemente gracias por acompañarme y acompañar a este portal en esta épica cruzada, con el sincero anhelo de que lo sigan haciendo en este 2024 que está por comenzar. Como dijo el gran Gustavo Ceratti: “No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy… ¡Gracias totales!”.
Luego de los dichos de Juan José Gómez Centurión, Nilda Garré ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para penalizar el “negacionismo”, buscando incorporar en el Código Penal un artículo que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quien públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad” agravando la pena en el caso de que se tratara de un funcionario público. Sin embargo, lejos de asimilarse a las leyes que rigen en Alemania en relación al Holocausto, con las que Garré trató de avalar jurídicamente su propuesta no hace más que restringir ferozmente la libertad de expresión y el debate de ideas sobre una época que, con muchos claroscuros, constituye una herida muy reciente que sigue provocando sentimientos encontrados y exacerbando pasiones en la sociedad. Es que los juicios de Lesa Humanidad no terminaron, y así como aún hay víctimas que buscan una respuesta del Estado, también hay grandes cuestionamientos sobre la legalidad de los procesos y la forma de buscar el esclarecimiento de los hechos. Sobre estos asuntos, no hay una página cerrada. Todo lo contrario. Hoy, a través de libros, publicaciones web o programas de televisión, se debate la cifra de los desaparecidos, el número de indemnizaciones recibidas, los subsidios a organizaciones de DDHH, el papel de los civiles durante el gobierno de facto o el juicio pendiente a las facciones guerrilleras, de manera que incriminar el hecho de hacerse preguntas que todavía no tienen respuesta o contestar aquellos cuestionamientos que parecían difíciles de resolver.
Todo se contradice con el aval que Garré otorgó durante años a la Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional y al Instituto Dorrego cuando se propusieron reescribir la historia nacional. Así, me preocupa el alcance que pudiera tener la nueva ley, pues para la exaltación pública de cualquier crimen, como medio idóneo para provocar la comisión de esos delitos, ya existe la figura de la “apología del crimen”; de forma que crear un tipo penal de la manera en que fue redactado no hace más que incriminar el público debate que pudiera girar en torno de esos polémicos hechos, es decir que, sin una legítima razón, se busca eliminar justamente aquello que le adeudamos los argentinos a nuestra historia nacional: un auténtico juicio de la verdad.
Ciudadanos cada vez más preocupados por la situación judicial del país.
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Proyecto de Garré
La diputada por el Frente para la Victoria Nilda Garré ha presentado un proyecto de ley para transformar en delito, con pena de prisión, la minimización de cualquier forma de delito de lesa humanidad. O sea de acciones represivas llevadas a cabo en la lucha contra la subversión de los años 70, entre las cuales se cuenta negar que hayan sido 30.000 los desaparecidos, cifra que, así, quedaría erigida en dogma fuera de discusión. Sobre el particular, cabe recordar que Nilda Garré se desempeñó activamente en Montoneros, con el apodo de “Comandante Teresa”.
Juan Luis Gallardo
DNI 4.150.383
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Lesa humanidad
Coincido con la carta del señor Ayerra en el sentido de que una organización armada no estatal puede cometer delitos de lesa humanidad. Pero no es el caso de Montoneros, ERP, FAR, FAP y otras que operaron en los 70 simplemente porque ese delito no estaba sancionado en la Argentina, que hizo entrar en vigor el Estatuto de Roma para su territorio mediante ley 26.200, del 5-1-2007, y su artículo 13. El propio estatuto, en el artículo 24, y nuestra Constitución, en el 18, impiden su aplicación retroactiva. Para que se entienda bien: lo que mantiene en juzgamiento y presos a agentes penitenciarios, policías, baqueanos, mujeres, ex magistrados, ancianos que eran entonces jóvenes oficiales y hasta a héroes y defensores tanto de Malvinas como de la democracia instaurada en 1983 no existe como ley. Es un criterio jurisprudencial creado por la mayoría de la Corte kirchnerista en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” -con la disidencia nada menos que de Fayt, Belluscio y Vázquez- seguido obedientemente por los magistrados de instancias inferiores. Si Gil Lavedra y sus colegas no lo conocían cuando condenaron a las juntas, ¿cómo exigir que lo conocieran los suboficiales de nuestras fuerzas armadas y de seguridad? Se renunció a la legalidad para derrotar rápidamente a la subversión, y se vuelve a renunciar a ella para castigar ese acto.
Para poder juzgar a los militares y que no actúe la prescripción, algunos jueces sostuvieron que había un delito, el de “lesa humanidad”, que, si bien no es producto de una ley escrita, siempre estuvo en la historia y en las costumbres. Inauguramos la era de la aplicación de los tipos penales no escritos. Consecuencia: luego de doce años, ahora todo es “lesa”: la corrupción, el Operativo Independencia, la trata, La Tablada y vaya a saber qué otra cosa que se les ocurra a los magistrados.
Señores legisladores, sáquennos de este lamentable y peligrosísimo retroceso republicano y hagan como los países serios: incorporen el artículo 7 del Estatuto de Roma al Código Penal. La ley penal sólo es obligatoria una vez publicada, luego de haber pasado por ambas cámaras legislativas, única forma que sea el producto de la voluntad soberana del pueblo representado. Cualquier otra cosa es demagogia disfrazada de justicia.
¿Indulto? La solución no es el indulto, ni la amnistía, es jurídica
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En ese sentido, la dirigente marcó su postura con respecto a los anuncios de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior y se despegó de la decisión de la Casa Rosada: “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.
Victoria Eugenia Villarruel afirmó que en el Gobierno no se está hablando de dictar un indulto a los militares y policias imputados en casos de lesa humaniidad el próximo 24 de marzo: “No me consta que se esté hablando seriamente de un indulto. Yo lo he dicho en redes. La solución no es el indulto ni la amnistía, es jurídica. El derecho no dice lo que se interpretó. Estirar el derecho es la solución”.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 22, 2024
Procrastinación en DDHH para algunos humanos y su efecto nugatorio
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Por el presente artículo pretendemos demostrar que el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), dilata en forma palmaria la resolución de ciertas cuestiones relativas a la protección de derechos humanos que les son planteadas.
Al tal efecto, adjuntamos nuestra respuesta a una comunicación recibida a través del portal de la citada Comisión IDH, Con «fecha de entrega» 21/feb/2024, por medio de la cual nos cursa traslado de una nota fechada el 21/feb/2024 suscripta por el secretario ejecutivo adjunto Sr. Jorge Meza, en la que textualmente expone: Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de acusar recibo a su atenta comunicación del 16 de octubre de 2023, en la cual suministra sus observaciones sobre el fondo del caso arriba mencionado.
Al respecto, cumplo en comunicarle que dicha información ha sido enviada al Estado, y se le ha solicitado las correspondientes observaciones sobre el fondo del caso con el plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación. Se advirtió la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que excedan el plazo arriba indicado. El plazo de seis meses mencionado es improrrogable, de conformidad con el artículo 37(2) del Reglamento de la CIDH.
Como queda expuesto la nota de la cual da traslado es del 16/oct/2023, es decir de más de cuatro meses, un plazo por demás exagerado para una remisión que se efectúa vía correo electrónico. Nuestra comunicación a la que alude, corresponde a la respuesta a una anterior nota de la Comisión IDH, trámite N°. 2.207.432, «fecha de entrega» el 05/oct/2023, por la que se remite un escrito suscripto por dicha Comisión IDH, fechado el 28/sep/2023, por el que se informa el otorgamiento como Caso 15.346, así como la aplicación de lo establecido por esa Comisión en su Resolución N°. 1/16 sobre «Medidas para reducir el atraso procesal» y en el mismo se expuso: De acuerdo a lo establecido en el artículo 37(1) de su Reglamento, la CIDH le concede un plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presente sus observaciones adicionales sobre el fondo. Se advierte la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que excedan el plazo arriba indicado. El plazo de seis meses mencionado es improrrogable, de conformidad con el artículo 37(2) del Reglamento de la CIDH.
El Estado argentino no cumplió con lo establecido en el plazo otorgado, y tampoco solicitó prorroga, por lo cual venció de pleno derecho su opción de cumplir lo establecido por la Comisión IDH, y el veneficio de solicitar prorroga.
Dentro de un proceso normal, la comunicación de la Comisión IDG, del 21/feb/2024, remitida tanto a esta parte como al Estado argentino, debió haber establecido que, por expiración de los plazos concedidos, y sin haber el Estado cumplido con sus obligaciones, la Comisión IDH daría prosecución al trámite de elaboración del informe pertinente.
Contrario a esto, la Comisión IDH, concede un nuevo plazo al Estado, contado dese la recepción de la nueva comunicación. Por comunicación N°. 2.207.429, «fecha de remisión» 05/oct/2023 remitida a la Cancillería argentina, fechada el 29/sep/2023, que textualmente dice:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 37(1) de su Reglamento, la CIDH ha fijado a la parte peticionaria un plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo. A su vez, se advirtió la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que excedan el plazo arriba indicado, de conformidad con el artículo 37(2) del Reglamento de la CIDH.
Asimismo, con base en lo previsto en el artículo 37(4) del Reglamento, la Comisión se pone a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto conforme a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la CIDH. Por lo tanto, me permito solicitar a Su Excelencia una respuesta a este ofrecimiento con la mayor brevedad posible.
Es evidente que el plazo «improrrogable» establecido en el principio, se transforma en «prorrogable» por un plazo igual al anterior. Es decir, la Comisión IDH, por su demora en la remisión de documentación beneficia al Estado incumplidor, y perjudica al peticionante, transformando en nugatoria la protección de sus derechos humanos. ¿Dónde quedó, lo que la propia Comisión IDH asumió como compromiso en su Resolución N° 1/16 «Medidas para reducir el atraso procesal»?
Resulta complejo establecer cuales son los plazos reales que la Comisión IDH se toma para sus resoluciones, tal vez una forma parcial de demostrarlo, es revisando, tiene libre acceso, alguno de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ya que esta publica sus resoluciones de casos contenciosos en su sitio WEB https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm
Sobre esto y a modo de ejemplo especificaremos dos casos de los que al 28/nov/2023, de los 508 fallos emitidos por la Corte IDH, en las más de tres décadas que tiene en funciones dicho órgano y a la cual los particulares no tiene acceso directo, ya que ello depende de la Comisión IDH cuya decisión no es recurrible:
Fallo N°. 490: fecha 23/may/2023; caso «Boleso vs. Argentina», inicio de petición ante la Comisión IDH 06/may/1997; informe de admisibilidad N°: 39/98 del 24/sep/1998; informe sobre el fondo N°. 245/20; elevación a la Corte IDH 21/sep/2021.
Fallo N°. 476: fecha 21/nov/2022; caso «Dial y otro vs Trinidad Tobago»; inicio de petición ante la Comisión IDH 29/abr/1999; informe de admisibilidad N°. 83/2011 del 21/jul/2011; informe sobre el fondo N°. 331/20; elevación a la Corte IDH 23/jun /2021.
El caso que adjuntamos, ya lleva 10 años, y aún no ha obtenido ninguno de los informes, queda por lo tanto que la Comisión IDH procrastina, y que con ello como dice el título del presente hace nugatoria la protección que se espera del sistema.
Obviamente, no ponemos en entredicho el valor de los derechos humanos, cuando estos se aplican para todos, sino respecto de los mecanismos procesales de aplicación de las garantías que ofrecen.
Buenos Aires, 29 de febrero de 2024.
jomargaroli@yahoo.com.ar
smaculan@yahoo.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 3, 2024
MUNDO LESA: CONTENTOS CON MIGAJAS.
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Parece que, en el mundo lesa, muchos se contentan con las migajas que les tira el nuevo gobierno, manteniendo así las estoicas ilusiones de que es el comienzo del fin. Desde esta columna creemos que son tan solo espejismos, que los hace seguir y seguir hacia un -hasta hoy- fatal y cantado final.
Todo parece indicar que, para el nuevo gobierno, las graves violaciones a los más elementales derechos y garantías procesales que se producen en los denominados juicios de lesa humanidad; no están, tan si siquiera, en el pensamiento remoto de algún
funcionario.
Mientras entretienen a “la tropa” con algunos actos de homenajes por la toma de cuarteles por el terrorismo, algún mero cambio cosmético en cuanto a los presos fallecidos o que se haya quitado un logo de una página oficial; los juicios siguen progresando a gran velocidad, se suceden uno tras otro o en simultáneo; agigantándose, como dijimos, las terribles violaciones a los más elementales derechos y garantías procesales, que ya es coquetería legal para los imputados y condenados en los denominados juicios “de lesa”.
Así avanzan a paso firme con nuevas y cada vez más ridículas imputaciones, generando en consecuencia “nuevas” causas; deshacen los apartamientos de los juicios por notaria incapacidad del justiciable con la vil excusa de que puede estar en juicio, propugnando ahora que los exámenes médicos los haga la Facultad de Medicina de la UBA y no el Cuerpo Médico Forense de la Nación, porque simplemente no comparten sus conclusiones; pauperizan cada vez la atención medica en las Unidades de Detención (en Campo de Mayo se detectaron por lo menos nueve casos de COVID positivo y así los dejaron); los testigos declaran por largas horas sobre cuestiones políticas e internas gremiales sin que nadie se inmute pero cortan las declaraciones de los imputados para que se “limiten al objeto de autos”.
Ahora se suma una nueva, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se instruyó al Centro de Monitoreo Electrónico que, ante cualquier pérdida de señal, se debe enviar móviles policiales a la casa de la persona para verificar que está pasando. Nada de contactarlo para verificar cual es la situación, pues puede tratarse de una emergencia médica o una simple pérdida de señal momentánea, no importa; allá van raudamente los móviles de la policía. Tampoco importa la hora, puede ser las 10 mañana como las 3 de la madrugada. Pensemos que se trata de ancianos de más de ochenta
(80) años de edad con graves padecimientos de salud.
Las denuncias al respecto se multiplican en los juicios, los imputados enrojecen su garganta gritándolas y se viralizan por el WhatsApp y en los sitios digitales. A nadie le importa. Ni un funcionario ni un político se hacen eco. Nada.
Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, está clara indiferencia del nuevo gobierno, que bramaba que los hechos de los 70 “fue una guerra donde se cometieron excesos” y que los “30.000 era mentira”; llevó a que los jueces federales transformen ese escalofriante sudor frio que los recorrió cuando asumió el “león arnarco-capitalista”, en un reconfortante sosiego de que “TODO SEGUIRÁ IGUAL”; avanzando en sus atropellos legales con más fuerza y ahínco.
Ni hablar de los fiscales y los querellantes, sobre todo los de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, que arremeten con más persuasión que antes.
Se podría decir que sigue todo igual, pero en realidad se está cada vez peor.
¿De qué sirve un homenaje a un preso muerto, cuando pasó largos años muerto en vida y nadie se acordó de él? Lo harán cuando se muera, una verdadera burla.
En ese sentido, la inacción de la familia militar o policial sigue, como se dice “sin mosquearse”, sumidos en la inercia de la dejadez. Tan solo se limitan a blandir una vana quimera de lo que desean que suceda entusiasmados con las menudencias que les arroja el gobierno o a extensas tertulias de críticos y especializados análisis asado por medio; los más atrevidos, a bravucones comentarios en las redes sociales, eso sí, SIN DAR LA CARA Y TRAS ÉPICOS SEUDÓNIMOS.
Como dijimos los juicios se suceden y las salas de audiencias están vacías. Ni un camarada, ni un amigo. Ni una bandera argentina ni una foto de las víctimas del terrorismo. Nada. Tan solo un aturdidor silencio y la más angustiante soledad, para los que saben su infame final. En cambio, la turba y el griterío de los derechos humanos siempre presentes.
COMO SIEMPRE DECIMOS DESDE ACÁ, NADIE VA A PELEAR UNA GUERRA QUE SUS PROPIOS INTERESADOS NO PELEAN.
Sabemos que muchos retirados se ocupan y mucho de sus camaradas presos. Al igual que muchos civiles que ni siquiera tienen un pariente militar. Lo hemos puesto de manifiesto desde esta columna. Lo valoramos y lo reconocemos. Pero no es la mayoría. Una golondrina no hace el verano.
En fin, por ahora más y más de lo mismo, predicando como siempre en el desierto desde esta columna. Nada parece que va a cambiar. Mucho cambio cultural, mucho nueva Argentina, pero sin tocar los paradigmas de los derechos humanos. De seguro alguno dirá que hay que dar tiempo, que apenas lleva sesenta días este gobierno y que no es posible remediar veinte años de atropellos en veinte minutos. Pero, la cruda realidad es que los presos “de lesa” ya no tienen más tiempo y sin una señal clara a la vista, debemos concluir que el tiempo solo nos pedirá más tiempo mientras que la inacción sigue consolidándose en su inexorable transcurrir.
PrisioneroEnArgentina.ccom
Febrero 19, 2024
LA LIBERTAD AVANZA MENOS PARA LOS DE LESA
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En casi cuarenta días de gobierno, el nuevo gobierno plantea casi una revolución cultural en nuestro país. Mediante un gigantesco decreto de necesidad y urgencia avanza con su postulado de libertad, libertad de mercado, libertad cambiaria, libertad contractual, libertad tarifaria. Ahora de la libertad de los detenidos en los procesos llamados de lesa humanidad, ni una palabra.
Nadie espera sinceramente que salga un día en cadena nacional, y se elogie a los que defendieron la Patria contra el demencial ataque terrorista en los años 70, los cite en la Casa Rosada para homenajearlos, los condecore y luego los haga desfilar por Avenida del Libertador. Tiene muchas cosas más importantes de que ocuparse, en este país devastado económicamente. Pero si se esperaba que por lo menos el Ministro de Justicia de la Nación haga alguna referencia a las graves violaciones que se producen de las más mínimas garantías constitucionales y procesales en esos juicios, sobre todo porque conoce perfectamente el tema: dado que su estudio defiende un imputado en esas causas. O que el nuevo Secretario de Derechos Humanos de la Nación diga, como debería ser, que los derechos humanos son para todos, incluidos los detenidos y condenados de lesa.
Al contrario, como adelantamos semanas atrás, el Ministro de Justicia de la Nación se deshace en elogios al Poder Judicial de la Nación, que ha venido prevaricando desde hace veinte años en estas causas y el flamante Secretario de Derechos Humanos de la Nación anunció que la misma seguirá querellando en las causas de lesa y con los mismos estándares que se ha venido haciendo hasta ahora.
En otras palabras todo seguirá igual en el “mundo lesa”, por lo menos por ahora.
No se entiende que el actual Presidente de la Nación que reivindica y apoya el combate de Israel contra el terrorismo de Hamas, que incluso llegó a llamar “comunista asesino” a un Presidente de un país hermano, no diga ni una palabra de lo que sucede en su propio patio trasero. Sobre todo, siendo que cuando era candidato presidencial decía que “los 30.000 eran mentira” y que en los 70 “hubo una guerra donde se registraron excesos”.
Será que realmente piensa así o solo lo hizo para ganarse los votos de un sector de la sociedad. Por ahora no hay respuesta y solo el tiempo nos la dará.
No se puede dejar de resaltar que, a pesar de estos dichos y que incluso asociándose electoralmente con el hijo del General Bussi en Tucumán, la enorme mayoría de la sociedad le dio un gran espaldarazo del casi 56% de los votos en el balotaje. Lo que significa, a pesar de que los organismos de derechos humanos y la izquierda no lo digiere ni lo acepte, que la situación de “los viejos de lesa” NO le importa a nadie o por lo menos no es la prioridad del ciudadano común.
De hecho, cualquier ciudadano común hoy piensa que ya deberían dejarse de joder con esos “viejos de mierda” y ocuparse de encarcelar a chorros, narcos y corruptos.
Seguramente alguien lo dirá y nos adelantamos. Es cierto que el gobierno participó del homenaje a los caídos en el intento de copamiento de la guarnición militar de Azul en el 74 y que recordó a los caídos en el intento de copamiento del cuartel de La Tablada en 1989, bien por ello, pues nunca antes se había hecho. Pero no es menos cierto que hay militares y policías presos por haber defendido dichos cuarteles, condenados por delitos de lesa humanidad y que fueran deliberadamente omitidos en esos homenajes. Resulta un contrasentido que las autoridades nacionales honren “el heroísmo de los hombres que integraron esas guarniciones que lograron que no pudieran ser copadas” y al mismo tiempo callen que por esas mismas acciones heroicas hayan sido infamemente condenados en delirantes juicios penales.
Nos parece muy bien que se recuerde y se reivindique a las víctimas del terrorismo, como que se repudie al mismo. Pero nos parece muy injusto que no se recuerde, aunque más no sea, a quienes dieron su vida y hoy su libertad por haber defendido al país de ese ataque terrorista. Ni siquiera se pide una reivindicación, lo cual sería lo más lógico en un país normal, sino tan solo el reconocimiento de su entrega por la Patria, aunque más no sea.
Elegantemente citan la carta del entonces Presidente Constitucional General Perón dirigida a los efectivos de la guarnición de Azul, y decimos así porque suprimieron su parte fundamental: “Teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo de 1973 pudieron esgrimir, la decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución de paz y el repudio unánime de la ciudadanía hará que el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”.
Una verdad a medias no es verdad. Hay que pararla sobre la mesa y si la mesa se rompe, plantarla firme en el suelo.
Por ahora el gobierno libertario parece complaciente con la maraña del “sistema” montado por las organizaciones de derechos humanos desde hace más de veinte años y al cual pareciera no querer “desafiar” abiertamente de momento. Hasta hoy, una “revolución cultural a medias” digamos.
En fin, como siempre decimos no mendigamos ni pedimos nada, sino tan solo exigimos la verdad y una verdadera justicia. En otras palabras el pleno respeto de la legalidad. Nada más.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 28, 2024
JUSTICIA PREVARICADORA Y CORRUPTA
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En una república en descomposición no es extraño que los jueces falten a las obligaciones de su oficio. Lo difícil de comprender es que en los denominados juicios de lesa humanidad, donde se levanta e4l eslogan de “memoria, verdad y justicia” se cometan por parte de los funcionarios judiciales verdaderos actos de corrupción.
Con las formalidades del caso el 18 de octubre de 2023 presté declaración indagatoria en el juzgado Federal N° 2 de Neuquén en el marco del Expediente FGR 101180/2014. En la oportunidad se me atribuyó: “Haber contribuido a la ejecución del plan sistemático y clandestino de represión criminal estatal perpetrado en la República Argentina – entre los años 1976 y 1983 – por las Fuerzas Armadas, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y sectores de la sociedad civil”.
El hecho que se imputa se habría cometido el 24 de marzo de 1976. En la oportunidad era oficial subalterno del Ejército Argentino, teniendo 28 años de edad y ostentaba el grado de Teniente Primero. Según el juez GUSTAVO VILLANUEVA , se
llevó a cabo una persecución fundada en motivos políticos e ideológicos a periodistas, asignándose a tales conductas el carácter de crímenes de lesa humanidad.
Se me imputa haber realizado labores de inteligencia respecto de la asociación “Cooperativa de Viviendas de Periodistas Limitada” de Neuquén y su proyecto de edificación de la “Torre de periodistas I”, emplazada en la calle Periodistas Neuquinos N° 19 de esa Capital – en construcción desde el año 1972 –promoviendo, facilitando y/o participando de la posterior sustracción de constancias documentales, defraudación y apropiación de fondos aportados por los asociados para la adquisición de – al menos – veintiún (21) unidades funcionales (departamentos de tres y cuatro ambientes) hechos que resultan conexos de los delitos calificados como de lesa humanidad.
Esto es absolutamente falso. Fue una resolución del gobierno militar y de la dirección del Banco Hipotecario Nacional, aspecto que está documentado. Seguramente el hecho se habrá llevado a cabo por deficiencias de tipo administrativo, cuestiones ajenas al Destacamento de Inteligencia donde cumplía servicios y menos aún responsabilidad de un Teniente Primero. Pero se nota que era importante involucrar a oficiales de Inteligencia para poder caracterizar el hecho como de LESA HUMANIDAD.
Es de suponer que en tal oportunidad debió haber participado algún juzgado provincial o federal, dado a la acción que emprendieron instituciones nacionales. Lo que ocurre es que 47 años después este hecho, mas allá de que no se haya ajustado a derecho, es una acción que ha quedado prescripta. Pero al calificarse el hecho como de “lesa humanidad” se evita su prescripción y una serie de “avivados” pedirán el resarcimiento por los daños que supuestamente se le han causado, lo que ocasionará en el futuro una importante erogación por parte del Estado.
No quedan dudas que se ha buscado la forma de reactivar esta situación. Para ello se me imputa, junto con un Mayor y un Capitán – ambos del Ejército – que ya no declaran en estos juicios debido al agotamiento que produce ser acusados una y otra vez de delitos que no cometieron, en todos los casos sin pruebas concretas. También influye la edad avanzada que tenemos en la actualidad.
En síntesis, es un verdadero hecho de corrupción cubierto por una actuación judicial, que beneficiará a los denunciantes – un conjunto de supuestos periodistas – seguramente ya jubilados, que recibirán una muy buena suma de dinero. Asimismo, no sería extraño que parte de los beneficiados sean los ideólogos y gestores de esta trama ilícita.
JORGE HÉCTOR DI PASCUALE
Detenido desde hace 14 años en prisión preventiva
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 5, 2024
OTRO AÑO NUEVO EN EL MUNDO DE LOS DE LESA
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Un nuevo año está a punto de comenzar y como dicen los abuelos “el pescado sin vender”.
En este 2024 quien escribe cumplirá veinte (20) largos años en la defensa de militares, policías y civiles en los denominados juicios de lesa humanidad. Mucho tiempo no?, y como viene la mano parecería que serán varios años más.
Reiteradas proclamas de “viva la liberad carajo” y “la libertad avanza”, pero de la libertad de quienes combatieron al terrorismo en los años 70, nada. Ni una palabra. Ni tan siguiera una simple mención.
En primer lugar, a la página PRISIONERO EN ARGENTINA, no solo por haber confiado en este simple abogado como su columnista, sino por la absoluta libertad que me da para expresarse abiertamente y sin reparo alguno, respetando férreamente los contenidos de los escritos, los cuales en su gran mayoría comparte las opiniones vertidas, aunque a veces no tanto. Gracias miles.
A los lectores, que han convertido a esta columna en una de las leídas del sitio. Un gran agradecimiento de corazón. Sobre todo a los que se toman unos minutos para expresar un comentario, sea favorable o en disidencia. A los que apoyan y felicitan los contenidos de esta columna, porque me dan la fuerza y el estímulo necesario para seguir escribiendo; a los que discrepan porque me permite reevaluar algunos conceptos sea para confirmarlos, sea para repensarlos desde otra óptica. Aunque muchas veces no los conteste, les aseguro que los leo a todos, en mis permitidos entre tiempos de mis obligaciones legales.
A los familiares de los detenidos en las causas llamadas de lesa, porque siempre trato de ponerme en su lugar, no pudiendo dejar de pensar en las penurias y angustias que sobrellevan estoicamente desde hace tanto tiempo, pero más que nada en la fortaleza y el vigor que demuestran día tras día, para sobreponerse a la arbitrariedad y la injusticia.
A mis queridos detenidos, “mi leitmotiv”. A los que tengo el honor de representar legalmente y a los que no, sean que estén en una cárcel, en detención domiciliaria o tengan una fechada libertad; sin olvidar a lo que ya no están con nosotros. De todos algo he aprendido y eso es un valor que se guarda en lo más profundo del corazón, logrando un sentimiento de afecto que ya los equipara a miembros de mi familia. A ellos va dedicada cada columna de cada semana, con la humilde intención de trasmitir lo que ellos quisieran decir y no tienen la oportunidad de poder hacerlo. Ojalá este cumpliendo con ese modesto propósito.
Como dije nadie sabe, a ciencia cierta, que traerá este nuevo año a los que habitamos el “MUNDO LESA”. Sea lo que sea, tengan las más plena seguridad que, por lo menos a mi respecto, me traerá la renovación del más firme y tenaz compromiso de seguir
peleando por la VERDAD y la LIBERTAD de los que aún siguen prisioneros del odio y la venganza, como de todo aquel que corra la misma desdichada suerte; tal como representativamente señala el dominio de esta página.
Hace mucho escuché a una descendiente de incas contar una maravillosa historia. La misma dice que en algún tiempo un magnífico payaso pisó estas tierras. Cuentan que era tal su prodigio para hacer reír, que su sola presencia hacia destornillar de risa a sus espectadores. De todos partes del mundo venían a verlo. Pero un día, su eterna sonrisa se transmutó en una atribulada tristeza. Un mal incurable acechaba a su pequeño y único hijo. Había recurrido a los mejores médicos, pero ninguno encontraba una cura al mal. Incluso había visitado curanderos y brujos, quienes tampoco le daban ni siquiera un alivio a su sufriente hijo. Un día, agotado y sin esperanzas, un compañero de circo le dijo: “y si le pedís a Dios, dicen que El todo lo puede”. Sin mucho ánimo, concurrió a la Iglesia más cercana. Entró. En frente vio a un señor clavado en una cruz, a su derecha miró y vio personas que parecieran santos, a su izquierda vio una mujer con un bebe en brazos, que parecía una virgen. No sabía qué hacer, jamás había ido a misa, ni siquiera era creyente. Entonces hizo lo único que sabía hacer, su rutina del circo. Comenzó a deambular por la Iglesia. Iba y venía haciendo su monigotadas. Cuando terminó, miró al frente, y vio que el señor en la cruz reía. Miró a su derecha y vio que los santos también reían. Miro a su izquierda, la mujer y el niño también reían.
Por eso querido lector, desde esta columna les dejo modestamente mis mejores payadas.
Simplemente gracias por acompañarme y acompañar a este portal en esta épica cruzada, con el sincero anhelo de que lo sigan haciendo en este 2024 que está por comenzar. Como dijo el gran Gustavo Ceratti: “No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy… ¡Gracias totales!”.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 31, 2023
EL CIRCO DE LOS JUICIOS DE “lesa Humanidad” . VIDEOS REVELADORES
Jueces, fiscales y demás exhibiendo su amor a la ley en estos tétricos videos que debemos llamar juicios para darle alguna descripción.
[ezcol_1half]
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end]PrisioneroEnArgentina.com
Julio 26, 2017
¿Incriminar el revisionismo?
[two_third padding=”0 30px 0 30px”]Escribe Agustín Ulivarri Rodi.
Luego de los dichos de Juan José Gómez Centurión, Nilda Garré ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para penalizar el “negacionismo”, buscando incorporar en el Código Penal un artículo que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quien públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad” agravando la pena en el caso de que se tratara de un funcionario público. Sin embargo, lejos de asimilarse a las leyes que rigen en Alemania en
relación al Holocausto, con las que Garré trató de avalar jurídicamente su propuesta no hace más que restringir ferozmente la libertad de expresión y el debate de ideas sobre una época que, con muchos claroscuros, constituye una herida muy reciente que sigue provocando sentimientos encontrados y exacerbando pasiones en la sociedad. Es que los juicios de Lesa Humanidad no terminaron, y así como aún hay víctimas que buscan una respuesta del Estado, también hay grandes cuestionamientos sobre la legalidad de los procesos y la forma de buscar el esclarecimiento de los hechos. Sobre estos asuntos, no hay una página cerrada. Todo lo contrario. Hoy, a través de libros, publicaciones web o programas de televisión, se debate la cifra de los desaparecidos, el número de indemnizaciones recibidas, los subsidios a organizaciones de DDHH, el papel de los civiles durante el gobierno de facto o el juicio pendiente a las facciones guerrilleras, de manera que incriminar el hecho de hacerse preguntas que todavía no tienen respuesta o contestar aquellos cuestionamientos que parecían difíciles de resolver.
Todo se contradice con el aval que Garré otorgó durante años a la Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional y al Instituto Dorrego cuando se propusieron reescribir la historia nacional. Así, me preocupa el alcance que pudiera tener la nueva ley, pues para la exaltación pública de cualquier crimen, como medio idóneo para provocar la comisión de esos delitos, ya existe la figura de la “apología del crimen”; de forma que crear un tipo penal de la manera en que fue redactado no hace más que incriminar el público debate que pudiera girar en torno de esos polémicos hechos, es decir que, sin una legítima razón, se busca eliminar justamente aquello que le adeudamos los argentinos a nuestra historia nacional: un auténtico juicio de la verdad.
[/two_third]PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 16, 2017
Cartas de lectores de LA NACIÓN: Proyecto de Garré y Lesa Humanidad
Ciudadanos cada vez más preocupados por la situación judicial del país.
[one_half padding=”0 30px 0 0″]Proyecto de Garré
La diputada por el Frente para la Victoria Nilda Garré ha presentado un proyecto de ley para transformar en delito, con pena de prisión, la minimización de cualquier forma de delito de lesa humanidad. O sea de acciones represivas llevadas a cabo en la lucha contra la subversión de los años 70, entre las cuales se cuenta negar que hayan sido 30.000 los desaparecidos, cifra que, así, quedaría erigida en dogma fuera de discusión. Sobre el particular, cabe recordar que Nilda Garré se desempeñó activamente en Montoneros, con el apodo de “Comandante Teresa”.
Juan Luis Gallardo
DNI 4.150.383
[/one_half] [one_half_last padding=”0 0 0 30px”]Lesa humanidad
Coincido con la carta del señor Ayerra en el sentido de que una organización armada no estatal puede cometer delitos de lesa humanidad. Pero no es el caso de Montoneros, ERP, FAR, FAP y otras que operaron en los 70 simplemente porque ese delito no estaba sancionado en la Argentina, que hizo entrar en vigor el Estatuto de Roma para su territorio mediante ley 26.200, del 5-1-2007, y su artículo 13. El propio estatuto, en el artículo 24, y nuestra Constitución, en el 18, impiden su aplicación retroactiva. Para que se entienda bien: lo que mantiene en juzgamiento y presos a agentes penitenciarios, policías, baqueanos, mujeres, ex magistrados, ancianos que eran entonces jóvenes oficiales y hasta a héroes y defensores tanto de Malvinas como de la democracia instaurada en 1983 no existe como ley. Es un criterio jurisprudencial creado por la mayoría de la Corte kirchnerista en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” -con la disidencia nada menos que de Fayt, Belluscio y Vázquez- seguido obedientemente por los magistrados de instancias inferiores. Si Gil Lavedra y sus colegas no lo conocían cuando condenaron a las juntas, ¿cómo exigir que lo conocieran los suboficiales de nuestras fuerzas armadas y de seguridad? Se renunció a la legalidad para derrotar rápidamente a la subversión, y se vuelve a renunciar a ella para castigar ese acto.
Ricardo Saint Jean
DNI 10.924.885
[/one_half_last]Jueces legisladores
Por Ricardo Saint Jean.
En Cartas de lectores del diario La Nación.
Para poder juzgar a los militares y que no actúe la prescripción, algunos jueces sostuvieron que había un delito, el de “lesa humanidad”, que, si bien no es producto de una ley escrita, siempre estuvo en la
historia y en las costumbres. Inauguramos la era de la aplicación de los tipos penales no escritos. Consecuencia: luego de doce años, ahora todo es “lesa”: la corrupción, el Operativo Independencia, la trata, La Tablada y vaya a saber qué otra cosa que se les ocurra a los magistrados.
Señores legisladores, sáquennos de este lamentable y peligrosísimo retroceso republicano y hagan como los países serios: incorporen el artículo 7 del Estatuto de Roma al Código Penal. La ley penal sólo es obligatoria una vez publicada, luego de haber pasado por ambas cámaras legislativas, única forma que sea el producto de la voluntad soberana del pueblo representado. Cualquier otra cosa es demagogia disfrazada de justicia.