En una república en descomposición no es extraño que los jueces falten a las obligaciones de su oficio. Lo difícil de comprender es que en los denominados juicios de lesa humanidad, donde se levanta e4l eslogan de “memoria, verdad y justicia” se cometan por parte de los funcionarios judiciales verdaderos actos de corrupción.
Con las formalidades del caso el 18 de octubre de 2023 presté declaración indagatoria en el juzgado Federal N° 2 de Neuquén en el marco del Expediente FGR 101180/2014. En la oportunidad se me atribuyó: “Haber contribuido a la ejecución del plan sistemático y clandestino de represión criminal estatal perpetrado en la República Argentina – entre los años 1976 y 1983 – por las Fuerzas Armadas, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y sectores de la sociedad civil”.
El hecho que se imputa se habría cometido el 24 de marzo de 1976. En la oportunidad era oficial subalterno del Ejército Argentino, teniendo 28 años de edad y ostentaba el grado de Teniente Primero. Según el juez GUSTAVO VILLANUEVA , se llevó a cabo una persecución fundada en motivos políticos e ideológicos a periodistas, asignándose a tales conductas el carácter de crímenes de lesa humanidad.
Se me imputa haber realizado labores de inteligencia respecto de la asociación “Cooperativa de Viviendas de Periodistas Limitada” de Neuquén y su proyecto de edificación de la “Torre de periodistas I”, emplazada en la calle Periodistas Neuquinos N° 19 de esa Capital – en construcción desde el año 1972 –promoviendo, facilitando y/o participando de la posterior sustracción de constancias documentales, defraudación y apropiación de fondos aportados por los asociados para la adquisición de – al menos – veintiún (21) unidades funcionales (departamentos de tres y cuatro ambientes) hechos que resultan conexos de los delitos calificados como de lesa humanidad.
Esto es absolutamente falso. Fue una resolución del gobierno militar y de la dirección del Banco Hipotecario Nacional, aspecto que está documentado. Seguramente el hecho se habrá llevado a cabo por deficiencias de tipo administrativo, cuestiones ajenas al Destacamento de Inteligencia donde cumplía servicios y menos aún responsabilidad de un Teniente Primero. Pero se nota que era importante involucrar a oficiales de Inteligencia para poder caracterizar el hecho como de LESA HUMANIDAD.
Es de suponer que en tal oportunidad debió haber participado algún juzgado provincial o federal, dado a la acción que emprendieron instituciones nacionales. Lo que ocurre es que 47 años después este hecho, mas allá de que no se haya ajustado a derecho, es una acción que ha quedado prescripta. Pero al calificarse el hecho como de “lesa humanidad” se evita su prescripción y una serie de “avivados” pedirán el resarcimiento por los daños que supuestamente se le han causado, lo que ocasionará en el futuro una importante erogación por parte del Estado.
No quedan dudas que se ha buscado la forma de reactivar esta situación. Para ello se me imputa, junto con un Mayor y un Capitán – ambos del Ejército – que ya no declaran en estos juicios debido al agotamiento que produce ser acusados una y otra vez de delitos que no cometieron, en todos los casos sin pruebas concretas. También influye la edad avanzada que tenemos en la actualidad.
En síntesis, es un verdadero hecho de corrupción cubierto por una actuación judicial, que beneficiará a los denunciantes – un conjunto de supuestos periodistas – seguramente ya jubilados, que recibirán una muy buena suma de dinero. Asimismo, no sería extraño que parte de los beneficiados sean los ideólogos y gestores de esta trama ilícita.
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En una república en descomposición no es extraño que los jueces falten a las obligaciones de su oficio. Lo difícil de comprender es que en los denominados juicios de lesa humanidad, donde se levanta e4l eslogan de “memoria, verdad y justicia” se cometan por parte de los funcionarios judiciales verdaderos actos de corrupción.
Con las formalidades del caso el 18 de octubre de 2023 presté declaración indagatoria en el juzgado Federal N° 2 de Neuquén en el marco del Expediente FGR 101180/2014. En la oportunidad se me atribuyó: “Haber contribuido a la ejecución del plan sistemático y clandestino de represión criminal estatal perpetrado en la República Argentina – entre los años 1976 y 1983 – por las Fuerzas Armadas, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y sectores de la sociedad civil”.
El hecho que se imputa se habría cometido el 24 de marzo de 1976. En la oportunidad era oficial subalterno del Ejército Argentino, teniendo 28 años de edad y ostentaba el grado de Teniente Primero. Según el juez GUSTAVO VILLANUEVA , se
llevó a cabo una persecución fundada en motivos políticos e ideológicos a periodistas, asignándose a tales conductas el carácter de crímenes de lesa humanidad.
Se me imputa haber realizado labores de inteligencia respecto de la asociación “Cooperativa de Viviendas de Periodistas Limitada” de Neuquén y su proyecto de edificación de la “Torre de periodistas I”, emplazada en la calle Periodistas Neuquinos N° 19 de esa Capital – en construcción desde el año 1972 –promoviendo, facilitando y/o participando de la posterior sustracción de constancias documentales, defraudación y apropiación de fondos aportados por los asociados para la adquisición de – al menos – veintiún (21) unidades funcionales (departamentos de tres y cuatro ambientes) hechos que resultan conexos de los delitos calificados como de lesa humanidad.
Esto es absolutamente falso. Fue una resolución del gobierno militar y de la dirección del Banco Hipotecario Nacional, aspecto que está documentado. Seguramente el hecho se habrá llevado a cabo por deficiencias de tipo administrativo, cuestiones ajenas al Destacamento de Inteligencia donde cumplía servicios y menos aún responsabilidad de un Teniente Primero. Pero se nota que era importante involucrar a oficiales de Inteligencia para poder caracterizar el hecho como de LESA HUMANIDAD.
Es de suponer que en tal oportunidad debió haber participado algún juzgado provincial o federal, dado a la acción que emprendieron instituciones nacionales. Lo que ocurre es que 47 años después este hecho, mas allá de que no se haya ajustado a derecho, es una acción que ha quedado prescripta. Pero al calificarse el hecho como de “lesa humanidad” se evita su prescripción y una serie de “avivados” pedirán el resarcimiento por los daños que supuestamente se le han causado, lo que ocasionará en el futuro una importante erogación por parte del Estado.
No quedan dudas que se ha buscado la forma de reactivar esta situación. Para ello se me imputa, junto con un Mayor y un Capitán – ambos del Ejército – que ya no declaran en estos juicios debido al agotamiento que produce ser acusados una y otra vez de delitos que no cometieron, en todos los casos sin pruebas concretas. También influye la edad avanzada que tenemos en la actualidad.
En síntesis, es un verdadero hecho de corrupción cubierto por una actuación judicial, que beneficiará a los denunciantes – un conjunto de supuestos periodistas – seguramente ya jubilados, que recibirán una muy buena suma de dinero. Asimismo, no sería extraño que parte de los beneficiados sean los ideólogos y gestores de esta trama ilícita.
JORGE HÉCTOR DI PASCUALE
Detenido desde hace 14 años en prisión preventiva
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 5, 2024
Tags: Jorge Héctor Di Pascuale, Lesa HumanidadRelated Posts
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