Las Naciones Unidas no han logrado prevenir la guerra ni cumplir con sus deberes de mantenimiento de la paz muchas veces a lo largo de su historia. Millones de personas en todo el mundo han muerto y han sido desplazadas desde que se fundó la ONU en 1945. Desde la segunda mitad del siglo XX, ha habido innumerables guerras, algunas de ellas aún en curso, todas bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas (ONU) se establecieron en 1945 como una organización paraguas internacional con varios objetivos que incluyen principalmente la prevención de la guerra y el mantenimiento de la paz en áreas en disputa. Sin embargo, la ONU ha fallado varias veces en todo el mundo, principalmente debido al derecho de veto a disposición de cinco países.
Israel-Palestina
Desde la creación del estado judío en 1948, los palestinos e israelíes han estado luchando contra otro y contra si mismos. Al menos 15.000 palestinos murieron y unos 750.000 de una población total de 1,9 millones se vieron obligados a refugiarse lejos de sus países de origen entre 1947 y 1949. Más de 11.000 palestinos y 2.100 israelíes han muerto en el conflicto en los últimos 15 años. Hoy, Israel controla el 85 por ciento de la Palestina histórica. Ambos continúan la construcción de asentamientos ilegales en tierras ocupadas en desafío a varias resoluciones de la ONU que piden el fin de esas actividades. Palestina no cesa sus ataques.
Disputa de Cachemira
La confrontación en curso en la disputada región de Cachemira se ha convertido en una de las mayores crisis de derechos humanos de la historia, marcada por asesinatos sin sentido, violaciones, encarcelamiento de líderes y activistas, tortura y desapariciones de habitantes de Cachemira, a pesar de varias resoluciones de la ONU no implementadas sobre el tema. La región montañosa está dividida entre India y Pakistán, quienes la han reclamado en su totalidad desde que se independizaron de los colonos británicos en 1947. La rebelión de varios grupos musulmanes en la Cachemira administrada por India, que buscan una fusión con Pakistán o la independencia, ha cobrado impulso después de 1989. Al menos 68.000 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad indias desde entonces.
Violencia en Camboya
Después del final de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam y la guerra civil de Camboya en 1975, el régimen de los Jemeres Rojos tomó el control de Camboya convirtiéndolo en un país socialista, utilizando la política del ultramaoísmo. El régimen llevó a cabo un genocidio entre 1975 y 1979, matando a unos dos millones de personas, casi el 25 por ciento del país. La intervención vietnamita puso fin al genocidio del régimen de los Jemeres Rojos. Las Naciones Unidas reconocieron el régimen de los Jemeres Rojos, pero ignoraron las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos.
Guerra civil somalí
Ruanda, 1994
Desde el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre por la rebelión somalí en 1991, la guerra civil de décadas se ha desatado entre clanes rivales en el país. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU, ONUSOM, que se estableció en diciembre de 1992 para facilitar la ayuda humanitaria a las personas atrapadas por la guerra civil y el hambre, ha fracasado desde entonces debido a la falta de comunicación del gobierno y a los repetidos ataques contra funcionarios de la ONU. El fracaso de la misión de paz de la ONU provocó cerca de 500.000 civiles muertos en el país.
Ruanda
Uno de los peores genocidios étnicos desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil entre las Fuerzas Armadas de Ruanda y el rebelde Frente Patriótico de Ruanda (FPR) comenzó en 1990 y duró hasta 1994. Entonces, el régimen entonces dominado por los hutus mató a 10 oficiales de mantenimiento de la paz de la ONU para evitar la intervención internacional. En solo tres meses, los hutus asesinaron brutalmente a unos 900.000 tutsis y violaron a casi 250.000 mujeres en Ruanda mientras las tropas de la ONU abandonaban a las víctimas o simplemente se quedaban allí como espectadores mientras la terrible y brutal violencia continuaba.
Masacre de Srebrenica
En 1992, Bosnia y Herzegovina declaró su independencia después de un referéndum. Tras la declaración de independencia, los serbios de Bosnia movilizaron sus fuerzas en el país con la ayuda del gobierno serbio, lo que provocó el inicio de la guerra. Alrededor de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados por las tropas de los serbios de Bosnia bajo el mando del ex general Ratko Mladic en Srebrenica en julio de 1995, la peor matanza masiva en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las víctimas musulmanas habían huido a la zona segura declarada por la ONU en Srebrenica solo para encontrar a las tropas holandesas, superadas en número y ligeramente armadas, incapaces de defenderlas.
Conflicto de Darfur en Sudán
Los rebeldes en la región occidental de Darfur en Sudán se levantaron contra el gobierno en febrero de 2003, diciendo que Jartum discriminaba a los agricultores no árabes allí. Unas 200.000 personas han muerto en el conflicto desde entonces, mientras que 4,4 millones de personas necesitan ayuda y más de 2,5 millones han sido desplazadas. Sin embargo, cuatro años después, la ONU decidió enviar 26.000 soldados para una resolución en Darfur. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente sudanés Omar Hassan al Bashir en 2009 y 2010 por cargos de crímenes de guerra y genocidio en su campaña para aplastar la revuelta de Darfur.
Invasión de irak
Más de un millón de iraquíes han muerto como resultado del conflicto en su país desde la intervención liderada por Estados Unidos en 2003, según una investigación realizada por uno de los principales grupos de encuestas de Gran Bretaña. La intervención y el cambio de régimen que busca Estados Unidos dejaron a Irak con inestabilidad civil y económica, y vulnerable al terrorismo de Daesh en los próximos años. La Resolución 1483 de la ONU intentó legitimar la invasión que se llevó a cabo bajo la afirmación de Estados Unidos y el Reino Unido de que el régimen de Saddam estaba en posesión de Armas de Destrucción Masiva.
Guerra civil siria
Cena 70 aniversario de las Naciones Unidas
El régimen sirio lanzó una brutal represión contra los manifestantes pacíficos que tomaron las calles en marzo de 2011, y su líder Bashar al Assad dijo que “lucharía sin descanso contra los grupos terroristas”, refiriéndose a los manifestantes a favor de la democracia. El régimen liberó a los miembros de Al Qaeda encarcelados, justo después de que las protestas se convirtieran en un levantamiento, que luego formaron la columna vertebral del liderazgo en Daesh, que se extendió a Siria en 2014 desde Irak. Varios países extranjeros están involucrados en varias áreas de conflicto en Siria. En el año siguiente, el Consejo de Seguridad de la ONU intentó aprobar varias resoluciones para abordar el conflicto, pero Rusia utilizó su poder de veto al menos una docena de veces para proteger a su aliado, Assad. Solo el conflicto de Siria, a fines del año pasado, había expulsado del país a más de 6,3 millones de personas, lo que representa casi un tercio de la población mundial de refugiados. Otros 6,2 millones de sirios son desplazados internos.
Sudán del Sur
Sudán del Sur se convirtió en un país independiente en julio de 2011, separándose de Sudán. El país vive una guerra civil entre el presidente Salva Kiir, de la etnia dinka, y el exvicepresidente Riek Machar, de la etnia nuer. En la guerra civil, al menos 382.000 personas murieron, según un estudio financiado por el Departamento de Estado. Más de 14.500 oficiales de mantenimiento de la paz de la ONU desplegados en el país no han logrado prevenir la crisis humanitaria en Sudán del Sur. El conflicto ha obligado a 2,5 millones de personas a huir del país y ha dejado a otros 1,8 millones desplazados dentro de Sudán del Sur. Casi cinco millones de personas también se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria.
Guerra civil en Yemen
La guerra en Yemen, que comenzó en 2014, entre las fuerzas leales al gobierno internacionalmente aceptado del presidente Abd Rabbu Mansour Hadi respaldado por Arabia Saudita y los hutíes respaldados por Irán se ha vuelto más violenta después de que una coalición internacional liderada por Arabia Saudita comenzara operaciones contra los hutíes en Marzo de 2015. La coalición liderada por Arabia Saudita comenzó su intervención en Yemen en 2015, intensificando la guerra, que dejó al país más pobre del mundo árabe en un estado de desastre. La ONU no ha enviado ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos a los civiles en medio de un bloqueo impuesto al país devastado por la guerra.
Crisis rohingya, Myanmar
El 25 de agosto de 2017, Myanmar lanzó una importante represión militar contra la minoría étnica musulmana, matando a casi 24.000 civiles y obligando a otros 750.000, incluidos mujeres y niños, a huir a Bangladesh, según la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA). China apoyó a Myanmar en la crisis de los rohingya al bloquear los esfuerzos para los rohingya en el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU documentó violaciones colectivas masivas, asesinatos, incluidos bebés y niños pequeños, palizas brutales y desapariciones cometidas por las fuerzas estatales de Myanmar. La ONU ha descrito a los rohingya como “la gente más perseguida del mundo”.
Como guía de consulta, adjuntamos un resumen de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculados al derecho a la salud y las obligaciones del estado. De utilidad para las solicitudes de arresto domiciliario, agradecemos el esfuerzo y la inquietud de los doctores Josefina Margaroli y Sergio Luis Maculan.
Ya de regreso nuestra delegación, conformada por los Dres. Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, completamos la información sobre el resultado de nuestro viaje a Denver, EEUU.
Como sabemos, fuimos allí, con nuestros amigos de Puentes para la Legalidad, para cumplir con la citación a una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, citación que obedeció a nuestras reiteradas denuncias y pedidos de audiencia referidos tanto a la ilegalidad de los juicios dirigidos contra las fuerzas armadas, de seguridad (y también civiles) que en los setenta salvaron al país de la subversión marxista, como al trato inhumano y discriminatorio que reciben.
Lamentablemente, la citación limitó formalmente el temario a la situación de las personas mayores de 65 años privadas de libertad. De este modo, preparamos con Puentes para la Legalidad una exposición conjunta referida a la denegatoria de detenciones domiciliarias de los mayores y al exceso del plazo máximo de prisión preventiva y denegación de excarcelaciones que sufre este grupo (en violación de la CADH y de la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las Personas Mayores) con estadísticas que demuestran el trato discriminatorio con relación al de aquel acusado de delitos comunes.
Estuvieron presentes los Comisionados Luis Erenesto Vargas Silva, Relator para Argentina y Joel Hernandez García, titular de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, así como el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva adjunta y otros funcionarios y auxiliares.
Por el Estado argentino concurrieron nuestra embajadora ante la OEA, Paula Bertol, Ramiro Badía de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH y Agustina Durruty del Ministerio de Justicia.
En el curso de la audiencia, de trato amable y atento, cumplimos plenamente nuestro objetivo dentro del cauce señalado. Proyectamos allí un video e imágenes que mostraron con impactante claridad la inhumanidad del trato a estas personas encarceladas, escenas que manifiestamente impresionaron a los presentes. La exposición fue acompañada también con gráficos estadísticos que mostraban las diferencias con la población juzgada por delitos comunes. Acusamos de acción y de omisión al Estado argentino, señalando que ya han muerto detenidos 431 personas. Pedimos a la Comisión la adopción de urgentes medidas cautelares para hacer cesar los males denunciados.
El representante del Estado argentino, pese a señalar que continuarían el programa “Memoria Verdad y Justicia”, precisó que lo harían respetando los ddhh de los imputados. Pero reconoció que disponían de informes del Servicio Penitenciario que señalaban que no estaban en condiciones de alojar a internos de esa edad, que poblaron las cárceles como consecuencia de estos juicios. Y también admitió que estaban excedidos los límites máximos de prisión preventiva en muchos casos, reconociendo también, respecto de nuestra imputación de discriminación, que la ley argentina no hace distingos por razones del delito que se investiga.
Les fue recordado en la audiencia que en más de 13 años de juicios solo se completaron el 34% de las causas por lo que, de mantenerse como en los últimos 13 años el 60% de la Justicia Federal abocada a estos procesos, se necesitarían 28 años para completar las causas existentes; ello sin seguir sumando causas nuevas. Y que la inacción del gobierno no es inocua ya que desde que asumieron el gobierno han muerto 115 personas detenidas.
Al término de la audiencia, el representante del gobierno argentino pidió por su parte que la Comisión le diera traslado de los múltiples pedidos de medidas cautelares formulados en nombre de los presos políticos.
La Embajadora argentina ante la OEA felicitó a las delegaciones de ambas asociaciones por la claridad y contundencia de las exposiciones.
En resumen, estimamos que la realización de esta audiencia, la primera que se obtiene en un ámbito que manifiestamente no es favorable, constituye, pese a su objetivo parcial, un paso muy importante en la lucha que nuestra Asociación decidió emprender, contra viento y marea, hace ya ocho años.
Veremos ahora si ella se traduce en resultados objetivos.
Envío y Colaboración: DRA . ANDREA PALOMAS ALARCÓN
En el mes de julio de 2018, durante nuestra estadía en los EEUU, recibimos una invitación por e-mail desde Instituto sobre Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para la participación en un PANEL SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS Y DESAFIOS EN POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES como también para la presentación del LIBRO “PERSONAS MAYORES: HACIA UNA AGENDA REGIONAL DE DERECHOS”.
Todos los temas son del interés de nuestra Asociación, pues, como es sabido, nos hemos congregado varios abogados defensores y médicos legistas ante la sistemática violación de los derechos humanos de quienes son sindicados como imputados en las llamadas causas de Lesa Humanidad, en evidente violación a sus derechos constitucionales y a partir de 2015 en violación a la Convención Iberoamericana sobre los Derechos Humanos del adulto mayor que fue incorporada a nuestra legislación a partir de la Ley 27.360, y cuya implementación en el continente era el objeto de este PANEL.
Entendimos que era importante aprovechar la oportunidad pues nos íbamos a encontrar en Washington DC el día de la convocatoria 26/07/2018, nos inscribimos, fuimos aceptados y allí concurrimos.
Conforme la convocatoria el PANEL seria inaugurado por Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, se trata de la misma persona que consintió que en el mes de septiembre de 2017 seis integrantes de diversas organizaciones de DDHH de la Argentina fuéramos “apartados” de manera bastante violenta, por parte de quienes se asumen como “defensores de DDHH”.
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Katherine Irene Pettus
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Paulo Abrao
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Recordemos que en aquella oportunidad la CIDH había organizado una serie de reuniones temáticas en la ciudad de Montevideo (ROU), instando el debate e incorporación a la Agenda de la CIDH de temas de importancia para los DDHH para los siguientes años, también se llevó adelante una “unidad temática” sobre los DDHH de los Adultos Mayores donde participaron organizaciones argentinas afines a nuestro interés.
No sin sorpresa, a poco de iniciado el PANEL tuvimos la confirmación que lo que damos en llamar el CASO ARGENTINO nunca fue incorporado en la agenda de la CIDH. ¿A que nos referimos?: La República Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene a dos millares de adultos mayores siendo imputados e investigados por supuestos delitos cometidos hace más de 40 años y a todos y cada uno de ellos se les están restringiendo los derechos humanos reconocidos por la normativa vigente. Ni siquiera la Embajadora Argentina tenía cabal conocimiento de este tema y se comprometió a recibir toda la información que pudiéramos remitirle y a quien solicitamos -e insistiremos en ello- que se incorpore en la Agenda de ésta Unidad temática la situación de nuestros Presos Políticos.
Las exposiciones presentadas por Katherine Petus de la Asociación Internacional para Hospicio y Cuidados Paliativos y por Cristina Alonso Bouzón, Asesora Regional de Envejecimiento Saludable PAHO, – sumamente interesantes ambas-, nos explicaron la íntima relación de sus Organizaciones con la ONU y el interés en que a nivel global se logre un convenio internacional relacionado a los DDHH del Adulto Mayor, pero solo referido a la Seguridad Social, a la Salud del Adulto Mayor y al envejecimiento Saludable, cuestiones de gran importancia e interés social, pero que respetuosamente consideramos que serán solo declarativos si se deja a una porción de la población afuera de tales derechos por razones políticas.
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Esta situación le fue trasmitida personalmente a la Ministro Corina Beatriz Lehmann, Representante Alterna en la Misión Permanente del Estado Argentino ante la OEA, quien, reitero, se puso a disposición y prometió recibir toda la información que pudiéramos alcanzarle al respecto.
De hecho iba munida del listado de nuestros 2200 imputados: tanto procesados, condenados, absueltos y su situación actual, donde todos ya tienen más de 60 años de edad y a quienes aún hoy nos cuesta muchísimo que los Jueces Federales vean como sujetos de derecho, a pesar de lo reiteradamente manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sendos fallos adoptados a partir de 2017.
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Elena R. Genise y Corina B. Lehmann
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Todo lo expuesto le fue trasmitido a la Comisión directiva de nuestra Asociación a nuestro regreso y resolvimos avanzar en acciones tendientes a lograr la incorporación del CASO ARGENTINO a las agendas del Mercosur y de la Organización de Estados Americanos.
Quienes pudimos visitar la ciudad de Washington DC hemos advertido, no sin cierta envidia, el respeto, el afecto y recuerdo constante al sacrificio de sus soldados “los que sirven”, que tienen tanto el pueblo como el gobierno de los EEUU; también, recorriendo sus museos hemos advertido la constante lucha que ese pueblo ha mantenido, desde que tocaron tierra americana, para lograr el respeto a sus derechos en cuanto seres humanos, y descubrimos que hasta el Rv. Martin Luther King ha manifestado reiteradamente su desagrado cuando quienes eran objeto de su lucha, solo instaban la desunión y el rechazo a la misma.
Algo de esto nos pasa constantemente a los argentinos.
La lucha por la independencia después del 25 de mayo de 1810 fue tan cruenta como lo es la guerra en todo el mundo, sin embargo, se nos enseñan desde pequeños diversos hitos edulcorados, y como consecuencia jamás tomamos verdadera conciencia de lo que representan las FFAA y su misión en nuestra sociedad.
Las convenciones de Ginebra de 1949 sobre el derecho de guerra y sus protocolos adicionales, que suscribió la República Argentina contemplan la descripción de los conflictos internos de carácter no convencional, eso fue la guerra civil revolucionaria de los 70 y no otra cosa, y también en los términos de los reglamentos militares vigentes al respecto.
En nuestro país todavía se discute la calificación de aquellos hechos históricos y se juzga a los participantes por delitos comunes, pues se le quita el carácter de Guerra al conflicto armado que padecimos desde 1969 hasta 1989 cuando el grupo terrorista “Todos por la Patria” protagonizó el ataque al Regimiento 3 de la Tablada.
Estoy escribiendo éstos últimos renglones el día en que se conmemoran los 44 años del Copamiento de la Fabrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Provincia de Córdoba, por el ERP – “Ejército Revolucionario del Pueblo”- la madrugada del 11 de agosto de 1974, donde fuera secuestrado el entonces Tcnl Argentino del Valle Larrabure, luego mantenido cautivo y finalmente cobardemente asesinado por esa organización armada.
Ruego a Dios, “fuente de toda Razón y Justicia” que nos ayude a todos los argentinos a recuperar nuestra historia después de tanto “relato” y a los que, humildemente y con bastante desgaste ya después de tantos años, aún seguimos intentando lograr pequeñas o grandes cosas en beneficio de nuestros soldados,que dieron y siguen dando la vida por la Patria, para que logremos acuerdos y encontremos los caminos para lograr nuestro cometido en paz.
Elena Rita Genise, abogada, Vicepresidente de Defensores de DDHH de Latinoamérica – Asociación Civil. (Personería en trámite IGJ n° 7862417)
En la primera mitad el siglo pasado, en el mundo del cómic, de la mano de sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster nació un personaje que prontamente se hizo famoso a nivel mundial, SUPERMAN, quien lucharía una interminable batalla por la verdad y la justicia. La narración de la presentación comenzaba con un ¡Más rápido que una bala! ¡Más poderoso que una locomotora!…y varios poderes más.
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Pasaron los años y en la segunda mitad del mismo siglo (1959) en Santiago de Chile se creó la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) cuya sede funciona en Washington D.C., Estados Unidos. Su fin es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA, en esta materia. Eso sí, esos derechos no son para todos y allí aparecemos nosotros los adultos mayores, imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad que recurriendo a ellos, estos burócratas practican aquello de: ciegos, sordos y mudos además de leeeeeentos. Donde la cosa cambia y actúan como SUPERMAN, es cuando se trata de casos como el de MILAGRO SALA. Entonces algunos de sus miembros viajaron a verla en la cárcel y le recordó al estado argentino, aportante de divisas para la supervivencia y el buen pasar del organismo, que “la prisión preventiva es excepcional”. “Sólo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva”. ¿No es como en los cómics? En nuestro caso evidentemente consideran que una prisión preventiva de 6, 8 0 10 años está bien y no es punitiva, ¿acaso será recreativa? Pero cuidado a no desalentarse, ya que esta vez la intervención de la CIDH está de nuestro lado y hay una buena y una mala noticia.
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La buena se da a través del Comunicado de Prensa 133/18, de hace dos días. Allí se expide a favor de RAÚL ROLANDO ROMERO FERIS (a) “Tato”, ex Gobernador de Corrientes detenido por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, ¿cuándo no? (60 causas penales). A decir de la CIDH estuvo ilegal y arbitrariamente privado de libertad, cinco meses adicionales, al tiempo de prórroga de su detención preventiva. La mala noticia es que esto ocurrió en el año 1999, o sea que estos burócratas tardaron en expedirse DIECINUEVE años. Teniendo en cuenta esto, para el año dos mil treinta y siete se expedirán sobre nosotros. Si todo sale bien el hombre habrá llegado a Marte siete años antes, mientras nosotros los prisioneros habremos llegado… a la tierra.
Claudio Kussman.
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Junio 24, 2018
“No se necesita la visión de rayos X para ver que algo no está bien”.
Superman (1933- )
Comunicado de prensa 133/18
CIDH presenta caso sobre Argentina ante la Corte IDH
22 de junio de 2018
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.984, Raúl Rolando Romero Feris, respecto de Argentina.
El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria en contra de Raúl Rolando Romero Feris en 1999, así como por las vulneraciones al debido proceso en las causas penales seguidas en su contra por los delitos, entre otros, de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. La Comisión consideró que Raúl Rolando Romero Feris estuvo privado de libertad cinco meses adicionales al tiempo de prórroga de su detención preventiva. En consecuencia, la duración de su detención preventiva no respetó los términos establecidos en la legislación aplicable. Asimismo, la CIDH consideró que el mantenimiento y prórroga de su detención preventiva fue arbitrario y violatorio del principio de presunción de inocencia. Además, al basarse en fundamentos incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la decisión de 1 de agosto de 2001 mediante la cual se resolvió el pedido de libertad de Raúl Rolando Romero Feris no constituyó un recurso efectivo para cuestionar la privación de libertad. Por otro lado, la Comisión concluyó que a lo largo de las causas penales seguidas contra él, su defensa presentó en múltiples oportunidades y a través de diferentes recursos una serie de cuestionamientos vinculados con el derecho a ser juzgado por autoridad competente, independiente e imparcial. A pesar de ello, los recursos fueron rechazados mediante motivaciones en las cuales o bien se efectuaron invocaciones genéricas de la ley, o bien se planteó que la cuestión no era materia de análisis a través de la vía respectiva. En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado de Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial.
En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó a Argentina reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe en contra de Raúl Rolando Romero Feris, tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo una justa compensación. Asimismo, recomendó adoptar las medidas necesarias para asegurar la no repetición de las violaciones declaradas en el informe, en particular, adoptar las medidas administrativas o de otra índole para asegurar el estricto cumplimiento de los plazos máximos legales de la detención preventiva, así como la motivación adecuada de la procedencia de la misma por parte de los operadores judiciales, a la luz de los estándares desarrollados en el Informe de Fondo. Finalmente, la CIDH señaló que el Estado deberá asegurar que existan mecanismos idóneos y efectivos para que las personas sometidas a proceso penal puedan impugnar, de manera sencilla y rápida, la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales.
La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 20 de junio de 2018, porque consideró que Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
Este caso permitirá a la Corte continuar aplicando su jurisprudencia en materia de detención preventiva y debido proceso penal. Específicamente, el caso plantea a la Corte IDH la cuestión de las características que debe tener un recurso judicial para impugnar posibles violaciones al derecho a contar con juez competente, independiente e imparcial, particularmente en un contexto de intervención federal que pondría en riesgo dichas garantías.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Era impensable un comentario que rondaba por los corrillos, de los distinto penales que aún alojan ancianos entre 65 a 90 años, detenidos por Lesa Humanidad. Escuchaba las terribles afirmaciones: … “La justicia nos odia, no acepta ningún planteo, que nos pueda otorgar siquiera algún beneficio”….” Políticamente el costo de este gobiernos es mínimos”…… “somos menos de 2000 internos, entre detenidos procesados y condenados” …..” en menos de 15 años” , estaremos todos muertos …..” …“dejándonos morir, evitan conflictos con la oposición, “… Los fiscales apelan cualquier pedido que hagamos…y los Tribunales lo consienten” ….. “la judicatura piensa entre bambalinas, que se pudran ahí, es Política de Estado.
Diariamente, leo, escucho y observo, la infinidad de delitos que se cometen; la cantidad innumerable de detenidos, la imposibilidad de contención en las comisarías, para alojar criminales y narcotraficantes, sumado a la carencia de construcción de cárceles dado un presupuesto acotado. Al poco tiempo su libertad justificada con “garantismo”; en palabras de Serrovalle (Fiscal Federal de la Provincia de Buenos Aires) “… hay que ver que llevo a esa gente a actuar de esa manera…”.
Resulta demasiado hipócrita pensar, que la “Judicatura”, por supuesta y fingida “responsabilidad internacional” opta mantener en cautiverio a gerontes, argumentando un supuesto “peligro de fuga” o “entorpecimiento en la causa judicial”, manteniendo en libertad a delincuentes reincidentes.
La pregunta es esencial, ¿existe hoy en la Argentina, herramientas legales contenidas en la Constitución, en Tratados Internacionales, en los Códigos y leyes , la posibilidad de obtener humanitariamente la salida de una cárcel, por lo menos con detención domiciliaria, a ese grupo etario? , la respuesta es Sí y muy numerosa; no solo surge del mandato Constitucional con su reforma de 1994, sino de legislación actualizada, que permitiría, por lo menos morigerar el calvario que día a día padecen, aquellos oficiales y suboficiales muy jóvenes de 22 a 29 años que en los 70´, creían en una nación y una bandera, honrándola a costa de sus vidas.
A modo de ejemplo, en el plano internacional, la OEA (Organización de estados americanos) su Secretario General Luis Almagro Lemes, asumió el cargo el 26 de mayo de 2015, en su primer discurso, en el “Salón de la Américas” en setiembre de ese año, al inaugurar la cuadragésima quinta Asamblea General de la OEA aprobó “LA CONVENCIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DDHH DE LOS MAYORES”. Lo sorprendente es que esta convención, fue impulsada por Argentina, como carta de presentación, de Eugenio Raul Zaffaroni, que fue nombrado conjuez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.). Este instrumento aprobado el 15 de junio de ese año, considera “Persona mayor “ aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que no sea superior a los 65 años” . También define “Maltrato” todo ello en resguardo a la protección de este grupo etario en protección al reconocimiento, goce o ejercicio a los Derechos Humanos y libertades Fundamentales. “La vejez” como construcción social de la última etapa del curso de la vida. A ello le debemos sumar La Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 9; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9 Inciso 1, 4. En el orden interno la propia Constitución art. 18; el artículo 2 y 3 del Código de Procedimientos en materia Penal; lo establecido en la ley 24.660 artículo 32 y 33. Existe una incipiente jurisprudencia que tibiamente acepta la concesión de detención domiciliaria, en muy pocos casos, con pulsera electrónica de control.
Podemos comprobar, sin profundizar doctrina y jurisprudencia, ya que soy lega, que en esta país sobran leyes, pero no hay voluntad del poder judicial cumplirlas. La violación a los Derechos Humanos es flagrante, es sistemática, por ello a mi pesar, tengo que reconocer, que esos comentarios que había escuchado eran verdaderos. En mi país, hay condenados a muerte “en cubierta”.
Tengo la esperanza que mis descendientes continúen mi camino cuando ya no esté, les ruego que denuncien nacional e internacionalmente a todos los partícipes de este macabro exterminio de viejos, porque cuentan a partir del 2007 de un Instrumento reconocido Internacionalmente, “El Estatuto de Roma”, incorporado al país mediante ley 26.200 en su artículo 7 describe los delitos de Lesa Humanidad, que hoy esos magistrados conscientemente, están cometiendo.
Excelente que se comience a rendir honores a los militares víctimas del terrorismo que asoló al país en la década del sesenta y el setenta. Lo considero muy justo y positivo, lo que no me parece bien es que solo sea para quienes fueran asesinados en democracia. ¿Acaso la muerte violenta y el dolor que provoca en los seres queridos de las víctimas es diferente, según el tipo de gobierno que haya en ese momento? ¿Los otros no tienen derecho al honor? Se discrimina a la propia muerte. Esto puede ocurrir solo en Argentina. Los familiares de terroristas que, por supuesto también amaron a sus muertos, no hacen distingo alguno y así rinden honores por igual a quienes murieron producto del estallido de la bomba con la que asesinarían hombres, mujeres y niños inocente o cayeron en el ataque a un regimiento o una comisaria. Para ellos todos fueron muertos buenos. Exponiéndome a una opinión adversa y a pesar de no pertenecer a las fuerzas armadas, debo decir que me parece mal esta visión parcial del Teniente General DIEGO SUÑER. Si lo hizo como parte de una estrategia gradualista para que en el futuro todos sean recordados y honrados, también siento que está mal, eso es política y en los reconocimientos a hechos y actos sublimes en donde lo que se pierden son vidas solo debe existir honor. Nunca conveniencias, nunca estrategia. El honor no se negocia. Asimismo, lamento que esta iniciativa no exista en las fuerzas de seguridad y más puntualmente en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que con la friolera de 230 efectivos asesinados por el terrorismo, fue la institución con más muertos en esos trágicos años de la historia Argentina. Roguemos para que jamás se vuelva a repetir.
Leemos en el blog de la CIDH de la OEA, un informe acerca de su propio proyecto sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva
“La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región. El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.”
Más adelante: “El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática”, dijo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro.
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Y analizando estos conceptos tan preñados de respeto por la condición humana y sus derechos, me pregunto: ¿Sabrán los capitostes de esta magna institución la tortura que viven desde hace más de una década los presos políticos argentinos?
Seguro que lo saben. Pero lo callan por hipócritas y cobardes.
La gran mayoría sin sentencia pese a tantos años de prisión, o imputados por simples dichos de falsos testigos, acusados por fiscales corruptos y condenados otros por jueces prevaricadores.
Ancianos a quienes se les niega la prisión domiciliaria pese a que la contempla nuestro código procesal penal, sea por su edad o por su estado de salud. Ancianos que van muriendo en sus miserables celdas lejos de sus familiares y sin contención espiritual ni de salud.
¿Para ellos no rigen los derechos humanos? Señores de la CIDH dejen tanta hipocresía de lado y bajen a la tierra.
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James L. Cavallaro
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A ninguno de estos sabihondos de cartulina se le dio por pensar que en nuestra patria se está aplicando la ley penal con retroactividad, pese a que tanto la universal doctrina jurídica, la jurisprudencia, nuestro código procesal, nuestra Constitución Nacional y el mismísimo Estatuto de Roma lo prohíben.
Son los mismos “defensores de los derechos humanos para los terroristas” quienes medran con una subjetividad que causa asco y quienes en la consulta pública sobre su Unidad “Memoria, Verdad y Justicia” que se llevó a cabo en la Ciudad de Montevideo el pasado 21 de octubre, no solo prohibieron exponer a quienes pretendían denunciar el estado de nuestros presos políticos, sino que los echaron a los empujones a través de sus matones.
Causa espanto comprobar que el objetivo principal de la consulta fue recibir sugerencias sobre las líneas de acción para elaborar el plan de trabajo para el periodo 2018-2019. Sin embargo parece ser que las únicas sugerencias que aceptan sus integrantes son aquellas que tratan sobre Milagro Sala o Santiago Maldonado, por los ancianos que llevan una década entre rejas bajo aberraciones jurídicas nulas de nulidad absoluta no mosquean ni se preocupan, se trata de seres humanos que por lo visto no merecen siquiera su atención.
Señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Son ustedes unos cobardes y corruptos, me producen asco, y no les quepan dudas que algún día tendrán que rendir cuentas de sus hipócritas, ilegales y cobardes actitudes
Lucio Nast, preso político en la Unidad Penal 31 de Ezeiza habla de la velocidad con la que los grupos de derechos humanos y el Secretario General de la OEA se mueven en el caso de Milagro Sala, mientras las peticiones elevadas por los imputados en los mal llamdos casos de lesa humanidad son sepultados por polvo en los lugares más oscuros de la CIDH.
“Excelente cosa es tener la fuerza de un gigante, pero usar de ella como un gigante es propio de un tirano”.
Medida por medida, William Shakespeare
“El único interés que me mueve es el de los principios interamericanos en materia de derechos humanos. Esto es para mí algo esencial. Da tristeza pensar que hay quienes siempre tienden a buscar alguna otra explicación y prefieren adherir al mundo de la post-verdad repitiendo mentira tras mentira. Todo el problema en este caso, es de qué lado de los principios te paras. Nada más. Como lo hicimos respecto a Leopoldo López y a los presos políticos en Venezuela. El tema que se ha planteado es respecto a garantías procesales, no podemos hacer un pronunciamiento sobre aspectos de sustancia…”
De esta manera abría Luis Almagro su conversación en una entrevista con el diario La Nación, acerca de la situación de Milagro Sala. La dirigente de Tupac Amaru se encuentra detenida en una cárcel argentina con su prisión preventiva holgadamente vencida, sin atención médica apropiada, sin que la “justicia” le conteste sus reclamos, sin auspicio de la prensa, enferma, cuenta con más de setenta años y todos sus derechos humanos están siendo violados. No, perdón. Este es el caso de cientos de prisioneros argentinos arrestados de manera ilegal por haber o no participado en la guerra contra el terrorismo en los años setentas.
Lo curioso del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, es la velocidad con que por primera vez se ha movilizado en defensa de una persona. Hace dos días, entre propagandas, boletas de luz, periódicos y correo regular, encontré danzando en mi buzón una carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo interior -ante una presentación realizada hace casi dos años sobre el caso de Claudio Kussman- rezaba una leyenda que decía que conforme al artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional. En pocas palabras, No será posible dar curso a la petición. Si usted vive o ha leído como se tratan en el orden local las causas sobre los mal llamados casos de lesa humanidad, comprenderá que es luchar con un escarbadientes entre los dedos contra una maquinaria aceitada de prevaricadores con armas de alta generación. Es en estos casos donde habitan los ancianos ex uniformados con prisiones preventivas vencidas hace más de cinco, siete, nueve o doce años. Usted elija.
Ahora bien, Milagro Sala está encarcelada desde el 16 de enero de este año y tal vez no sea justo. El juicio rápido se demora para ella. ¿Quién le devolverá estos diez meses sin libertad? En contrapartida, los abandonados ex uniformados de dos, cinco, o diez años esperando juicio no reciben la simpatía, eficiencia y disponibilidad de Almagro, hombre con un poder de selección bastante discutible.
A principios de este año 2016, La OEA intimó fervientemente al gobierno argentino que se expidiera en el caso de Lucio Nast -un preso político con prisiones preventivas de tres años (En los casos de lesa automáticamente dejan de ser dos- quien había presentado una petición. La OEA lo hizo tan fervientemente que la misma le otorgó dos meses más a la Secretaría de Derechos Humanos conducida por Claudio Avruj para que se pronunciara. Casi once meses después, no hay novedad en el frente. El abogado de Nast, el doctor Gonzalo Miño, ya ni siquiera recibe respuestas de la organización liderada por el imparcial Almagro.
Mientras tanto, Almagro se adjudica el logro de haber puesto su atención en el caso de Leopoldo López, arrestado desde febrero de 2016 y que aún continúa en una cárcel de la Revolución Bolivariana.
En mis manos aún saltan los párrafos de la carta de la CIDH, donde se expresa de agotar los recursos internos, firmada por un tal “CIDH Registro” y viene a mi memoria cuando uno llama a los juzgados y los responsables no se quieren identificar o lo hacen mencionando el nombre de pila. Parece un sistema, pero claro, yo solo infiero.
No es ese el caso de Luis Almagro, quien da su nombre y expresa su opinión: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Argentina a cumplir las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que llama a la liberación de Sala por considerar que la prisión preventiva en el mes de enero fue arbitraria ya que según el grupo de trabajo “viola los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte”. Es decir, Milagro Sala cumplió rápidamente con todos los requisitos y agotó los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Bueno -usted sabe- los ex uniformados argentinos son otra casta.
Escribe: Manuel J. Campos Carlés en Carta de Lectores del diario La Nación.
Intromisión
La insistencia con que ciertas autoridades gubernamentales que siguen la línea de pensamiento del señor Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, para presionar políticamente por la liberación de Milagro Sala con inadmisibles argumentos provenientes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es una intromisión incalificable dentro del ordenamiento institucional del país. El gobierno nacional, en forma urgente y con extrema firmeza, debe fijar posición al respecto, ya que están en juego no solamente los valores republicanos en que se sustenta la división de poderes, la independencia de la Justicia, los principios morales, y la propia respetabilidad del gobierno nacional. La amnesia y la indiferencia de pensamiento de quienes declaman por el proceso aludido les produce una ceguera irreversible, que les impide pensar en otros casos, como el de Jaime Smart, quien con más de 80 años sigue dependiendo de la soberbia y la arbitrariedad humanas.
Por Guillermo César Viola, en Cartas de Lectores de La Nación.
Presos políticos
Como es de público conocimiento, al día de hoy 2175 presos políticos integrantes de las distintas fuerzas, mujeres y hombres, uniformados y civiles cuyas edades van de los 54 a los 96 años, han atravesado -y continúan haciéndolo- por distintas situaciones procesales. Hemos lamentado ya el fallecimiento de 385 de ellos, es decir, el 17,70 % del total.
Dentro de ese frío número hoy se encuentran en cárceles comunes casi 500 presos políticos en condiciones extremas de hacinamiento, precariedad y hasta de abandono. A los problemas lógicos de salud propios de la edad se suman las enfermedades adquiridas dentro de los penales. Las autoridades penitenciarias han expresado que no están en condiciones de cubrir las mínimas necesidades de un hombre de más de 50 años, menos aún de personas que en la mayoría de los casos superan largamente los 70 y 80 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Grupo de Trabajo de la ONU han expresado su preocupación y reparos respecto de la situación de Milagro Sala en Jujuy, casi “exigiendo” su libertad. Se presenta entonces la inmejorable oportunidad de aprovechar ese “fluido canal abierto de diálogo”, para que esos organismos internacionales puedan requerir a nuestras autoridades un panorama actualizado de la gravísima situación descripta.
Ese fructífero intercambio ayudará sin duda a evitar más fallecimientos y quizá nos ayude a comprender el verdadero significado del tan manoseado, politizado y desvirtuado concepto integral de los “derechos humanos”.
Naciones Unidas ¿Un ente obsoleto?
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Las Naciones Unidas no han logrado prevenir la guerra ni cumplir con sus deberes de mantenimiento de la paz muchas veces a lo largo de su historia. Millones de personas en todo el mundo han muerto y han sido desplazadas desde que se fundó la ONU en 1945. Desde la segunda mitad del siglo XX, ha habido innumerables guerras, algunas de ellas aún en curso, todas bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas (ONU) se establecieron en 1945 como una organización paraguas internacional con varios objetivos que incluyen principalmente la prevención de la guerra y el mantenimiento de la paz en áreas en disputa. Sin embargo, la ONU ha fallado varias veces en todo el mundo, principalmente debido al derecho de veto a disposición de cinco países.
Israel-Palestina
Desde la creación del estado judío en 1948, los palestinos e israelíes han estado luchando contra otro y contra si mismos. Al menos 15.000 palestinos murieron y unos 750.000 de una población total de 1,9 millones se vieron obligados a refugiarse lejos de sus países de origen entre 1947 y 1949. Más de 11.000 palestinos y 2.100 israelíes han muerto en el conflicto en los últimos 15 años. Hoy, Israel controla el 85 por ciento de la Palestina histórica. Ambos continúan la construcción de asentamientos ilegales en tierras ocupadas en desafío a varias resoluciones de la ONU que piden el fin de esas actividades. Palestina no cesa sus ataques.
Disputa de Cachemira
La confrontación en curso en la disputada región de Cachemira se ha convertido en una de las mayores crisis de derechos humanos de la historia, marcada por asesinatos sin sentido, violaciones, encarcelamiento de líderes y activistas, tortura y desapariciones de habitantes de Cachemira, a pesar de varias resoluciones de la ONU no implementadas sobre el tema. La región montañosa está dividida entre India y Pakistán, quienes la han reclamado en su totalidad desde que se independizaron de los colonos británicos en 1947. La rebelión de varios grupos musulmanes en la Cachemira administrada por India, que buscan una fusión con Pakistán o la independencia, ha cobrado impulso después de 1989. Al menos 68.000 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad indias desde entonces.
Violencia en Camboya
Después del final de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam y la guerra civil de Camboya en 1975, el régimen de los Jemeres Rojos tomó el control de Camboya convirtiéndolo en un país socialista, utilizando la política del ultramaoísmo. El régimen llevó a cabo un genocidio entre 1975 y 1979, matando a unos dos millones de personas, casi el 25 por ciento del país. La intervención vietnamita puso fin al genocidio del régimen de los Jemeres Rojos. Las Naciones Unidas reconocieron el régimen de los Jemeres Rojos, pero ignoraron las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos.
Guerra civil somalí
Desde el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre por la rebelión somalí en 1991, la guerra civil de décadas se ha desatado entre clanes rivales en el país. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU, ONUSOM, que se estableció en diciembre de 1992 para facilitar la ayuda humanitaria a las personas atrapadas por la guerra civil y el hambre, ha fracasado desde entonces debido a la falta de comunicación del gobierno y a los repetidos ataques contra funcionarios de la ONU. El fracaso de la misión de paz de la ONU provocó cerca de 500.000 civiles muertos en el país.
Ruanda
Uno de los peores genocidios étnicos desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil entre las Fuerzas Armadas de Ruanda y el rebelde Frente Patriótico de Ruanda (FPR) comenzó en 1990 y duró hasta 1994. Entonces, el régimen entonces dominado por los hutus mató a 10 oficiales de mantenimiento de la paz de la ONU para evitar la intervención internacional. En solo tres meses, los hutus asesinaron brutalmente a unos 900.000 tutsis y violaron a casi 250.000 mujeres en Ruanda mientras las tropas de la ONU abandonaban a las víctimas o simplemente se quedaban allí como espectadores mientras la terrible y brutal violencia continuaba.
Masacre de Srebrenica
En 1992, Bosnia y Herzegovina declaró su independencia después de un referéndum. Tras la declaración de independencia, los serbios de Bosnia movilizaron sus fuerzas en el país con la ayuda del gobierno serbio, lo que provocó el inicio de la guerra. Alrededor de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados por las tropas de los serbios de Bosnia bajo el mando del ex general Ratko Mladic en Srebrenica en julio de 1995, la peor matanza masiva en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las víctimas musulmanas habían huido a la zona segura declarada por la ONU en Srebrenica solo para encontrar a las tropas holandesas, superadas en número y ligeramente armadas, incapaces de defenderlas.
Conflicto de Darfur en Sudán
Los rebeldes en la región occidental de Darfur en Sudán se levantaron contra el gobierno en febrero de 2003, diciendo que Jartum discriminaba a los agricultores no árabes allí. Unas 200.000 personas han muerto en el conflicto desde entonces, mientras que 4,4 millones de personas necesitan ayuda y más de 2,5 millones han sido desplazadas. Sin embargo, cuatro años después, la ONU decidió enviar 26.000 soldados para una resolución en Darfur. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente sudanés Omar Hassan al Bashir en 2009 y 2010 por cargos de crímenes de guerra y genocidio en su campaña para aplastar la revuelta de Darfur.
Invasión de irak
Más de un millón de iraquíes han muerto como resultado del conflicto en su país desde la intervención liderada por Estados Unidos en 2003, según una investigación realizada por uno de los principales grupos de encuestas de Gran Bretaña. La intervención y el cambio de régimen que busca Estados Unidos dejaron a Irak con inestabilidad civil y económica, y vulnerable al terrorismo de Daesh en los próximos años. La Resolución 1483 de la ONU intentó legitimar la invasión que se llevó a cabo bajo la afirmación de Estados Unidos y el Reino Unido de que el régimen de Saddam estaba en posesión de Armas de Destrucción Masiva.
Guerra civil siria
El régimen sirio lanzó una brutal represión contra los manifestantes pacíficos que tomaron las calles en marzo de 2011, y su líder Bashar al Assad dijo que “lucharía sin descanso contra los grupos terroristas”, refiriéndose a los manifestantes a favor de la democracia. El régimen liberó a los miembros de Al Qaeda encarcelados, justo después de que las protestas se convirtieran en un levantamiento, que luego formaron la columna vertebral del liderazgo en Daesh, que se extendió a Siria en 2014 desde Irak. Varios países extranjeros están involucrados en varias áreas de conflicto en Siria. En el año siguiente, el Consejo de Seguridad de la ONU intentó aprobar varias resoluciones para abordar el conflicto, pero Rusia utilizó su poder de veto al menos una docena de veces para proteger a su aliado, Assad. Solo el conflicto de Siria, a fines del año pasado, había expulsado del país a más de 6,3 millones de personas, lo que representa casi un tercio de la población mundial de refugiados. Otros 6,2 millones de sirios son desplazados internos.
Sudán del Sur
Sudán del Sur se convirtió en un país independiente en julio de 2011, separándose de Sudán. El país vive una guerra civil entre el presidente Salva Kiir, de la etnia dinka, y el exvicepresidente Riek Machar, de la etnia nuer. En la guerra civil, al menos 382.000 personas murieron, según un estudio financiado por el Departamento de Estado. Más de 14.500 oficiales de mantenimiento de la paz de la ONU desplegados en el país no han logrado prevenir la crisis humanitaria en Sudán del Sur. El conflicto ha obligado a 2,5 millones de personas a huir del país y ha dejado a otros 1,8 millones desplazados dentro de Sudán del Sur. Casi cinco millones de personas también se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria.
Guerra civil en Yemen
La guerra en Yemen, que comenzó en 2014, entre las fuerzas leales al gobierno internacionalmente aceptado del presidente Abd Rabbu Mansour Hadi respaldado por Arabia Saudita y los hutíes respaldados por Irán se ha vuelto más violenta después de que una coalición internacional liderada por Arabia Saudita comenzara operaciones contra los hutíes en Marzo de 2015. La coalición liderada por Arabia Saudita comenzó su intervención en Yemen en 2015, intensificando la guerra, que dejó al país más pobre del mundo árabe en un estado de desastre. La ONU no ha enviado ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos a los civiles en medio de un bloqueo impuesto al país devastado por la guerra.
Crisis rohingya, Myanmar
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Noviembre 11, 2021
GUÍA DE CONSULTA CONFECCIONADA POR LOS DOCTORES JOSEFINA MARGAROLI Y SERGIO LUIS MACULAN DE UTILIDAD EN SOLICITUDES DE ARRESTOS DOMICILIARIOS.
Como guía de consulta, adjuntamos un resumen de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculados al derecho a la salud y las obligaciones del estado. De utilidad para las solicitudes de arresto domiciliario, agradecemos el esfuerzo y la inquietud de los doctores Josefina Margaroli y Sergio Luis Maculan.
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Octubre 16, 2018
Justicia y Concordia y su reunión en la OEA
Comunicado de Justicia y Concordia
Ya de regreso nuestra delegación, conformada por los Dres. Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, completamos la información sobre el resultado de nuestro viaje a Denver, EEUU.
Como sabemos, fuimos allí, con nuestros amigos de Puentes para la Legalidad, para cumplir con la citación a una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, citación que obedeció a nuestras reiteradas denuncias y pedidos de audiencia referidos tanto a la ilegalidad de los juicios dirigidos contra las fuerzas armadas, de seguridad (y también civiles) que en los setenta salvaron al país de la subversión marxista, como al trato inhumano y discriminatorio que reciben.
Lamentablemente, la citación limitó formalmente el temario a la situación de las personas mayores de 65 años privadas de libertad. De este modo, preparamos con Puentes para la Legalidad una exposición conjunta referida a la denegatoria de detenciones domiciliarias de los mayores y al exceso del plazo máximo de prisión preventiva y denegación de excarcelaciones que sufre este grupo (en violación de la CADH y de la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las Personas Mayores) con estadísticas que demuestran el trato discriminatorio con relación al de aquel acusado de delitos comunes.
Estuvieron presentes los Comisionados Luis Erenesto Vargas Silva, Relator para Argentina y Joel Hernandez García, titular de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, así como el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva adjunta y otros funcionarios y auxiliares.
Por el Estado argentino concurrieron nuestra embajadora ante la OEA, Paula Bertol, Ramiro Badía de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH y Agustina Durruty del Ministerio de Justicia.
En el curso de la audiencia, de trato amable y atento, cumplimos plenamente nuestro objetivo dentro del cauce señalado. Proyectamos allí un video e imágenes que mostraron con impactante claridad la inhumanidad del trato a estas personas encarceladas, escenas que manifiestamente impresionaron a los presentes. La exposición fue acompañada también con gráficos estadísticos que mostraban las diferencias con la población juzgada por delitos comunes. Acusamos de acción y de omisión al Estado argentino, señalando que ya han muerto detenidos 431 personas. Pedimos a la Comisión la adopción de urgentes medidas cautelares para hacer cesar los males denunciados.
El representante del Estado argentino, pese a señalar que continuarían el programa “Memoria Verdad y Justicia”, precisó que lo harían respetando los ddhh de los imputados. Pero reconoció que disponían de informes del Servicio Penitenciario que señalaban que no estaban en condiciones de alojar a internos de esa edad, que poblaron las cárceles como consecuencia de estos juicios. Y también admitió que estaban excedidos los límites máximos de prisión preventiva en muchos casos, reconociendo también, respecto de nuestra imputación de discriminación, que la ley argentina no hace distingos por razones del delito que se investiga.
Les fue recordado en la audiencia que en más de 13 años de juicios solo se completaron el 34% de las causas por lo que, de mantenerse como en los últimos 13 años el 60% de la Justicia Federal abocada a estos procesos, se necesitarían 28 años para completar las causas existentes; ello sin seguir sumando causas nuevas. Y que la inacción del gobierno no es inocua ya que desde que asumieron el gobierno han muerto 115 personas detenidas.
Al término de la audiencia, el representante del gobierno argentino pidió por su parte que la Comisión le diera traslado de los múltiples pedidos de medidas cautelares formulados en nombre de los presos políticos.
La Embajadora argentina ante la OEA felicitó a las delegaciones de ambas asociaciones por la claridad y contundencia de las exposiciones.
En resumen, estimamos que la realización de esta audiencia, la primera que se obtiene en un ámbito que manifiestamente no es favorable, constituye, pese a su objetivo parcial, un paso muy importante en la lucha que nuestra Asociación decidió emprender, contra viento y marea, hace ya ocho años.
Veremos ahora si ella se traduce en resultados objetivos.
Envío y Colaboración: DRA . ANDREA PALOMAS ALARCÓN
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Octubre 5, 2018
SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y OTRAS REFLEXIONES
En el mes de julio de 2018, durante nuestra estadía en los EEUU, recibimos una invitación por e-mail desde Instituto sobre Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para la participación en un PANEL SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS Y DESAFIOS EN POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES como también para la presentación del LIBRO “PERSONAS MAYORES: HACIA UNA AGENDA REGIONAL DE DERECHOS”.
Todos los temas son del interés de nuestra Asociación, pues, como es sabido, nos hemos congregado varios abogados defensores y médicos legistas ante la sistemática
violación de los derechos humanos de quienes son sindicados como imputados en las llamadas causas de Lesa Humanidad, en evidente violación a sus derechos constitucionales y a partir de 2015 en violación a la Convención Iberoamericana sobre los Derechos Humanos del adulto mayor que fue incorporada a nuestra legislación a partir de la Ley 27.360, y cuya implementación en el continente era el objeto de este PANEL.
Entendimos que era importante aprovechar la oportunidad pues nos íbamos a encontrar en Washington DC el día de la convocatoria 26/07/2018, nos inscribimos, fuimos aceptados y allí concurrimos.
Conforme la convocatoria el PANEL seria inaugurado por Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, se trata de la misma persona que consintió que en el mes de septiembre de 2017 seis integrantes de diversas organizaciones de DDHH de la Argentina fuéramos “apartados” de manera bastante violenta, por parte de quienes se asumen como “defensores de DDHH”.
[ezcol_1half]Katherine Irene Pettus
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Paulo Abrao
[/ezcol_1half_end]Recordemos que en aquella oportunidad la CIDH había organizado una serie de reuniones temáticas en la ciudad de Montevideo (ROU), instando el debate e incorporación a la Agenda de la CIDH de temas de importancia para los DDHH para los siguientes años, también se llevó adelante una “unidad temática” sobre los DDHH de los Adultos Mayores donde participaron organizaciones argentinas afines a nuestro interés.
No sin sorpresa, a poco de iniciado el PANEL tuvimos la confirmación que lo que damos en llamar el CASO ARGENTINO nunca fue incorporado en la agenda de la CIDH. ¿A que nos referimos?: La República Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene a dos millares de adultos mayores siendo imputados e investigados por supuestos delitos cometidos hace más de 40 años y a todos y cada uno de ellos se les están restringiendo los derechos humanos reconocidos por la normativa vigente. Ni siquiera la Embajadora Argentina tenía cabal conocimiento de este tema y se comprometió a recibir toda la información que pudiéramos remitirle y a quien solicitamos -e insistiremos en ello- que se incorpore en la Agenda de ésta Unidad temática la situación de nuestros Presos Políticos.
Las exposiciones presentadas por Katherine Petus de la Asociación Internacional para Hospicio y Cuidados Paliativos y por Cristina Alonso Bouzón, Asesora Regional de Envejecimiento Saludable PAHO, – sumamente interesantes ambas-, nos explicaron la íntima relación de sus Organizaciones con la ONU y el interés en que a nivel global se logre un convenio internacional relacionado a los DDHH del Adulto Mayor, pero solo referido a la Seguridad Social, a la Salud del Adulto Mayor y al envejecimiento Saludable, cuestiones de gran importancia e interés social, pero que respetuosamente consideramos que serán solo declarativos si se deja a una porción de la población afuera de tales derechos por razones políticas.
[ezcol_2third]Esta situación le fue trasmitida personalmente a la Ministro Corina Beatriz Lehmann, Representante Alterna en la Misión Permanente del Estado Argentino ante la OEA, quien, reitero, se puso a disposición y prometió recibir toda la información que pudiéramos alcanzarle al respecto.
De hecho iba munida del listado de nuestros 2200 imputados: tanto procesados, condenados, absueltos y su situación actual, donde todos ya tienen más de 60 años de edad y a quienes aún hoy nos cuesta muchísimo que los Jueces Federales vean como sujetos de derecho, a pesar de lo reiteradamente manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sendos fallos adoptados a partir de 2017.
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]Elena R. Genise y Corina B. Lehmann
[/ezcol_1third_end]Todo lo expuesto le fue trasmitido a la Comisión directiva de nuestra Asociación a nuestro regreso y resolvimos avanzar en acciones tendientes a lograr la incorporación del CASO ARGENTINO a las agendas del Mercosur y de la Organización de Estados Americanos.
Quienes pudimos visitar la ciudad de Washington DC hemos advertido, no sin cierta envidia, el respeto, el afecto y recuerdo constante al sacrificio de sus soldados “los que sirven”, que tienen tanto el pueblo como el gobierno de los EEUU; también, recorriendo sus museos hemos advertido la constante lucha que ese pueblo ha mantenido, desde que tocaron tierra americana, para lograr el respeto a sus derechos en cuanto seres humanos, y descubrimos que hasta el Rv. Martin Luther King ha manifestado r
eiteradamente su desagrado cuando quienes eran objeto de su lucha, solo instaban la desunión y el rechazo a la misma.
Algo de esto nos pasa constantemente a los argentinos.
La lucha por la independencia después del 25 de mayo de 1810 fue tan cruenta como lo es la guerra en todo el mundo, sin embargo, se nos enseñan desde pequeños diversos hitos edulcorados, y como consecuencia jamás tomamos verdadera conciencia de lo que representan las FFAA y su misión en nuestra sociedad.
Las convenciones de Ginebra de 1949 sobre el derecho de guerra y sus protocolos adicionales, que suscribió la República Argentina contemplan la descripción de los conflictos internos de carácter no convencional, eso fue la guerra civil revolucionaria de los 70 y no otra cosa, y también en los términos de los reglamentos militares vigentes al respecto.
En nuestro país todavía se discute la calificación de aquellos hechos históricos y se juzga a los participantes por delitos comunes, pues se le quita el carácter de Guerra al conflicto armado que padecimos desde 1969 hasta 1989 cuando el grupo terrorista “Todos por la Patria” protagonizó el ataque al Regimiento 3 de la Tablada.
Estoy escribiendo éstos últimos renglones el día en que se conmemoran los 44 años del Copamiento de la Fabrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Provincia de Córdoba, por el ERP – “Ejército Revolucionario del Pueblo”- la madrugada del 11 de agosto de 1974, donde fuera secuestrado el entonces Tcnl Argentino del Valle Larrabure, luego mantenido cautivo y finalmente cobardemente asesinado por esa organización armada.
Ruego a Dios, “fuente de toda Razón y Justicia” que nos ayude a todos los argentinos a recuperar nuestra historia después de tanto “relato” y a los que, humildemente y con bastante desgaste ya después de tantos años, aún seguimos intentando lograr pequeñas o grandes cosas en beneficio de nuestros soldados,que dieron y siguen dando la vida por la Patria, para que logremos acuerdos y encontremos los caminos para lograr nuestro cometido en paz.
Elena Rita Genise, abogada, Vicepresidente de Defensores de DDHH de Latinoamérica – Asociación Civil. (Personería en trámite IGJ n° 7862417)
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Agosto 13, 2018
CIDH . ¡MÁS RÁPIDO QUE UNA BALA! ¡MÁS PODEROSO QUE UNA LOCOMOTORA!
SUPERMAN
En la primera mitad el siglo pasado, en el mundo del cómic, de la mano de sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster nació un personaje que prontamente se hizo famoso a nivel mundial, SUPERMAN, quien lucharía una interminable batalla por la verdad y la justicia. La narración de la presentación comenzaba con un ¡Más rápido que una bala! ¡Más poderoso que una locomotora!…y varios poderes más.
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[/ezcol_1half_end]Pasaron los años y en la segunda mitad del mismo siglo (1959) en Santiago de Chile se creó la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) cuya sede funciona en Washington D.C., Estados Unidos. Su fin es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA, en esta materia. Eso sí, esos derechos no son para todos y allí aparecemos nosotros los adultos mayores, imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad que recurriendo a ellos, estos burócratas practican aquello de: ciegos, sordos y mudos además de leeeeeentos. Donde la cosa cambia y actúan como SUPERMAN, es cuando se trata de casos como el de MILAGRO SALA. Entonces algunos de sus miembros viajaron a verla en la cárcel y le recordó al estado argentino, aportante de divisas para la supervivencia y el buen pasar del organismo, que “la prisión preventiva es excepcional”. “Sólo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva”. ¿No es como en los cómics? En nuestro caso evidentemente consideran que una prisión preventiva de 6, 8 0 10 años está bien y no es punitiva, ¿acaso será recreativa? Pero cuidado a no desalentarse, ya que esta vez la intervención de la CIDH está de nuestro lado y hay una buena y una mala noticia.
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[/ezcol_1half_end]La buena se da a través del Comunicado de Prensa 133/18, de hace dos días. Allí se expide a favor de RAÚL ROLANDO ROMERO FERIS (a) “Tato”, ex Gobernador de Corrientes detenido por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, ¿cuándo no? (60 causas penales). A decir de la CIDH estuvo ilegal y arbitrariamente privado de libertad, cinco meses adicionales, al tiempo de prórroga de su detención preventiva. La mala noticia es que esto ocurrió en el año 1999, o sea que estos burócratas tardaron en expedirse DIECINUEVE años. Teniendo en cuenta esto, para el año dos mil treinta y siete se expedirán sobre nosotros. Si todo sale bien el hombre habrá llegado a Marte siete años antes, mientras nosotros los prisioneros habremos llegado… a la tierra.
Claudio Kussman.
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Junio 24, 2018
Comunicado de prensa 133/18
CIDH presenta caso sobre Argentina ante la Corte IDH
22 de junio de 2018
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.984, Raúl Rolando Romero Feris, respecto de Argentina.
El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria en contra de Raúl Rolando Romero Feris en 1999, así como por las vulneraciones al debido proceso en las causas penales seguidas en su contra por los delitos, entre otros, de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. La Comisión consideró que Raúl Rolando Romero Feris estuvo privado de libertad cinco meses adicionales al tiempo de prórroga de su detención preventiva. En consecuencia, la duración de su detención preventiva no respetó los términos establecidos en la legislación aplicable. Asimismo, la CIDH consideró que el mantenimiento y prórroga de su detención preventiva fue arbitrario y violatorio del principio de presunción de inocencia. Además, al basarse en fundamentos incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la decisión de 1 de agosto de 2001 mediante la cual se resolvió el pedido de libertad de Raúl Rolando Romero Feris no constituyó un recurso efectivo para cuestionar la privación de libertad. Por otro lado, la Comisión concluyó que a lo largo de las causas penales seguidas contra él, su defensa presentó en múltiples oportunidades y a través de diferentes recursos una serie de cuestionamientos vinculados con el derecho a ser juzgado por autoridad competente, independiente e imparcial. A pesar de ello, los recursos fueron rechazados mediante motivaciones en las cuales o bien se efectuaron invocaciones genéricas de la ley, o bien se planteó que la cuestión no era materia de análisis a través de la vía respectiva. En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado de Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial.
En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó a Argentina reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe en contra de Raúl Rolando Romero Feris, tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo una justa compensación. Asimismo, recomendó adoptar las medidas necesarias para asegurar la no repetición de las violaciones declaradas en el informe, en particular, adoptar las medidas administrativas o de otra índole para asegurar el estricto cumplimiento de los plazos máximos legales de la detención preventiva, así como la motivación adecuada de la procedencia de la misma por parte de los operadores judiciales, a la luz de los estándares desarrollados en el Informe de Fondo. Finalmente, la CIDH señaló que el Estado deberá asegurar que existan mecanismos idóneos y efectivos para que las personas sometidas a proceso penal puedan impugnar, de manera sencilla y rápida, la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales.
La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 20 de junio de 2018, porque consideró que Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
Este caso permitirá a la Corte continuar aplicando su jurisprudencia en materia de detención preventiva y debido proceso penal. Específicamente, el caso plantea a la Corte IDH la cuestión de las características que debe tener un recurso judicial para impugnar posibles violaciones al derecho a contar con juez competente, independiente e imparcial, particularmente en un contexto de intervención federal que pondría en riesgo dichas garantías.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Junio 24, 2018
Venezuela en Coma desde hace Décadas, pero la OEA recién lo descubre. REPORTAJE A GABRIEL SANTANA en el año 2015
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 7, 2018
LAS NOTAS MÁS LEÍDAS EN PRISIONEROenARGENTINA.com
Diversas en temas, como controvertidas en sustancia, recolectamos las notas más leídas y comentadas de nuestra publicación desde sus comienzos.
[ezcol_1half] [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end] [ezcol_1half]Indio Solari en Olavarría y su vase por el foro.
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Juni 4, 2018
“LA SOLUCION BIOLÓGICA”
Escribe NILDA FERNÁNDEZ.
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Era impensable un comentario que rondaba por los corrillos, de los distinto penales que aún alojan ancianos entre 65 a 90 años, detenidos por Lesa Humanidad. Escuchaba las terribles afirmaciones: … “La justicia nos odia, no acepta ningún planteo, que nos pueda otorgar siquiera algún beneficio”….” Políticamente el costo de este gobiernos es mínimos”…… “somos menos de 2000 internos, entre detenidos procesados y condenados” …..” en menos de 15 años” , estaremos todos muertos …..” …“dejándonos morir, evitan conflictos con la oposición, “… Los fiscales apelan cualquier pedido que hagamos…y los Tribunales lo consienten” ….. “la judicatura piensa entre bambalinas, que se pudran ahí, es Política de Estado.
Diariamente, leo, escucho y observo, la infinidad de delitos que se cometen; la cantidad innumerable de detenidos, la imposibilidad de contención en las comisarías, para alojar criminales y narcotraficantes, sumado a la carencia de construcción de cárceles dado un presupuesto acotado. Al poco tiempo su libertad justificada con “garantismo”; en palabras de Serrovalle (Fiscal Federal de la Provincia de Buenos Aires) “… hay que ver que llevo a esa gente a actuar de esa manera…”.
La pregunta es esencial, ¿existe hoy en la Argentina, herramientas legales contenidas en la Constitución, en Tratados Internacionales, en los Códigos y leyes , la posibilidad de obtener humanitariamente la salida de una cárcel, por lo menos con detención domiciliaria, a ese grupo etario? , la respuesta es Sí y muy numerosa; no solo surge del mandato Constitucional con su reforma de 1994, sino de legislación actualizada, que permitiría, por lo menos morigerar el calvario que día a día padecen, aquellos oficiales y suboficiales muy jóvenes de 22 a 29 años que en los 70´, creían en una nación y una bandera, honrándola a costa de sus vidas.
A modo de ejemplo, en el plano internacional, la OEA (Organización de estados americanos) su Secretario General Luis Almagro Lemes, asumió el cargo el 26 de mayo de 2015, en su primer discurso, en el “Salón de la Américas” en setiembre de ese año, al inaugurar la cuadragésima quinta Asamblea General de la OEA aprobó “LA CONVENCIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DDHH DE LOS MAYORES”. Lo sorprendente es que esta convención, fue impulsada por Argentina, como carta de presentación, de Eugenio Raul Zaffaroni, que fue nombrado conjuez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.). Este instrumento aprobado el 15 de junio de ese año, considera “Persona mayor “ aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que no sea superior a los 65 años” . También define “Maltrato” todo ello en resguardo a la protección de este grupo etario en protección al reconocimiento, goce o ejercicio a los Derechos Humanos y libertades Fundamentales. “La vejez” como construcción social de la última etapa del curso de la vida. A ello le debemos sumar La Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 9; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9 Inciso 1, 4. En el orden interno la propia Constitución art. 18; el artículo 2 y 3 del Código de Procedimientos en materia Penal; lo establecido en la ley 24.660 artículo 32 y 33. Existe una incipiente jurisprudencia que tibiamente acepta la concesión de detención domiciliaria, en muy pocos casos, con pulsera electrónica de control.
Podemos comprobar, sin profundizar doctrina y jurisprudencia, ya que soy lega, que en esta país sobran leyes, pero no hay voluntad del poder judicial cumplirlas. La violación a los Derechos Humanos es flagrante, es sistemática, por ello a mi pesar, tengo que reconocer, que esos comentarios que había escuchado eran verdaderos. En mi país, hay condenados a muerte “en cubierta”.
Tengo la esperanza que mis descendientes continúen mi camino cuando ya no esté, les ruego que denuncien nacional e internacionalmente a todos los partícipes de este macabro exterminio de viejos, porque cuentan a partir del 2007 de un Instrumento reconocido Internacionalmente, “El Estatuto de Roma”, incorporado al país mediante ley 26.200 en su artículo 7 describe los delitos de Lesa Humanidad, que hoy esos magistrados conscientemente, están cometiendo.
Nilda A. Fernandez
Nilfernandez16@gmail.com
PRISIONEROenARGENTINA.com
Mayo 19, 2018
MUY BIEN – MUY MAL
ASESINADOS BUENOS. ASESINADOS MALOS
Excelente que se comience a rendir honores a los militares víctimas del terrorismo que asoló al país en la década del sesenta y el setenta. Lo considero muy justo y positivo, lo que no me parece bien es que solo sea para quienes fueran asesinados en democracia. ¿Acaso la muerte violenta y el dolor que provoca en los seres
queridos de las víctimas es diferente, según el tipo de gobierno que haya en ese momento? ¿Los otros no tienen derecho al honor? Se discrimina a la propia muerte. Esto puede ocurrir solo en Argentina. Los familiares de terroristas que, por supuesto también amaron a sus muertos, no hacen distingo alguno y así rinden honores por igual a quienes murieron producto del estallido de la bomba con la que asesinarían hombres, mujeres y niños inocente o cayeron en el ataque a un regimiento o una comisaria. Para ellos todos fueron muertos buenos. Exponiéndome a una opinión adversa y a pesar de no pertenecer a las fuerzas armadas, debo decir que me parece mal esta visión parcial del Teniente General DIEGO SUÑER. Si lo hizo como parte de una estrategia gradualista para que en el futuro todos sean recordados y honrados, también siento que está mal, eso es política y en los reconocimientos a hechos y actos sublimes en donde lo que se pierden son vidas solo debe existir honor. Nunca conveniencias, nunca estrategia. El honor no se negocia. Asimismo, lamento que esta iniciativa no exista en las fuerzas de seguridad y más puntualmente en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que con la friolera de 230 efectivos asesinados por el terrorismo, fue la institución con más muertos en esos trágicos años de la historia Argentina. Roguemos para que jamás se vuelva a repetir.
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 18, 2018
LA HIPÓCRITA ACTITUD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
Leemos en el blog de la CIDH de la OEA, un informe acerca de su propio proyecto sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva
“La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región. El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.”
Más adelante: “El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática”, dijo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro.
[ezcol_2third]Y analizando estos conceptos tan preñados de respeto por la condición humana y sus derechos, me pregunto: ¿Sabrán los capitostes de esta magna institución la tortura que viven desde hace más de una década los presos políticos argentinos?
Seguro que lo saben. Pero lo callan por hipócritas y cobardes.
La gran mayoría sin sentencia pese a tantos años de prisión, o imputados por simples dichos de falsos testigos, acusados por fiscales corruptos y condenados otros por jueces prevaricadores.
Ancianos a quienes se les niega la prisión domiciliaria pese a que la contempla nuestro código procesal penal, sea por su edad o por su estado de salud. Ancianos que van muriendo en sus miserables celdas lejos de sus familiares y sin contención espiritual ni de salud.
¿Para ellos no rigen los derechos humanos? Señores de la CIDH dejen tanta hipocresía de lado y bajen a la tierra.
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]James L. Cavallaro
[/ezcol_1third_end]A ninguno de estos sabihondos de cartulina se le dio por pensar que en nuestra patria se está aplicando la ley penal con retroactividad, pese a que tanto la universal doctrina jurídica, la jurisprudencia, nuestro código procesal, nuestra Constitución Nacional y el mismísimo Estatuto de Roma lo prohíben.
Son los mismos “defensores de los derechos humanos para los terroristas” quienes medran con una subjetividad que causa asco y quienes en la consulta pública sobre su Unidad “Memoria, Verdad y Justicia” que se llevó a cabo en la Ciudad de Montevideo el pasado 21 de octubre, no solo prohibieron exponer a quienes pretendían denunciar el estado de nuestros presos políticos, sino que los echaron a los empujones a través de sus matones.
Causa espanto comprobar que el objetivo principal de la consulta fue recibir sugerencias sobre las líneas de acción para elaborar el plan de trabajo para el periodo 2018-2019. Sin embargo parece ser que las únicas sugerencias que aceptan sus integrantes son aquellas que tratan sobre Milagro Sala o Santiago Maldonado, por los ancianos que llevan una década entre rejas bajo aberraciones jurídicas nulas de nulidad absoluta no mosquean ni se preocupan, se trata de seres humanos que por lo visto no merecen siquiera su atención.
Señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Son ustedes unos cobardes y corruptos, me producen asco, y no les quepan dudas que algún día tendrán que rendir cuentas de sus hipócritas, ilegales y cobardes actitudes
Juan Manuel Otero
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 24, 2017
Lucio Nast, preso político, habla de Milagro Sala, la CIDH y el pastor Palau
Lucio Nast, preso político en la Unidad Penal 31 de Ezeiza habla de la velocidad con la que los grupos de derechos humanos y el Secretario General de la OEA se mueven en el caso de Milagro Sala, mientras las peticiones elevadas por los imputados en los mal llamdos casos de lesa humanidad son sepultados por polvo en los lugares más oscuros de la CIDH.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 14, 2016
Medida por medida
“Excelente cosa es tener la fuerza de un gigante, pero usar de ella como un gigante es propio de un tirano”.
Medida por medida, William Shakespeare
“El único interés que me mueve es el de los principios interamericanos en materia de derechos humanos. Esto es para mí algo esencial. Da tristeza pensar que hay quienes siempre tienden a buscar alguna otra explicación y prefieren adherir al mundo de la post-verdad repitiendo mentira tras mentira. Todo el problema en este caso, es de qué lado de los principios te paras. Nada más. Como lo hicimos respecto a Leopoldo López y a los presos políticos en Venezuela. El tema que se ha planteado
es respecto a garantías procesales, no podemos hacer un pronunciamiento sobre aspectos de sustancia…”
De esta manera abría Luis Almagro su conversación en una entrevista con el diario La Nación, acerca de la situación de Milagro Sala. La dirigente de Tupac Amaru se encuentra detenida en una cárcel argentina con su prisión preventiva holgadamente vencida, sin atención médica apropiada, sin que la “justicia” le conteste sus reclamos, sin auspicio de la prensa, enferma, cuenta con más de setenta años y todos sus derechos humanos están siendo violados. No, perdón. Este es el caso de cientos de prisioneros argentinos arrestados de manera ilegal por haber o no participado en la guerra contra el terrorismo en los años setentas.
A principios de este año 2016, La OEA intimó fervientemente al gobierno argentino que se expidiera en el caso de Lucio Nast -un preso político con prisiones preventivas de tres años (En los casos de lesa automáticamente dejan de ser dos- quien había presentado una petición. La OEA lo hizo tan fervientemente que la misma le otorgó dos meses más a la Secretaría de Derechos Humanos conducida por Claudio Avruj para que se pronunciara. Casi once meses después, no hay novedad en el frente. El abogado de Nast, el doctor Gonzalo Miño, ya ni siquiera recibe respuestas de la organización liderada por el imparcial Almagro.
Mientras tanto, Almagro se adjudica el logro de haber puesto su atención en el caso de Leopoldo López, arrestado desde febrero de 2016 y que aún continúa en una cárcel de la Revolución Bolivariana.
No es ese el caso de Luis Almagro, quien da su nombre y expresa su opinión: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Argentina a cumplir las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que llama a la liberación de Sala por considerar que la prisión preventiva en el mes de enero fue arbitraria ya que según el grupo de trabajo “viola los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte”. Es decir, Milagro Sala cumplió rápidamente con todos los requisitos y agotó los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Bueno -usted sabe- los ex uniformados argentinos son otra casta.
Fabian Kussman
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 12, 2016
Intromisión
Escribe: Manuel J. Campos Carlés en Carta de Lectores del diario La Nación.
Intromisión
La insistencia con que ciertas autoridades gubernamentales que siguen la línea de pensamiento del señor Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, para presionar políticamente por la liberación de Milagro Sala con inadmisibles argumentos provenientes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es una intromisión incalificable dentro del ordenamiento institucional del país. El gobierno nacional, en forma urgente y con extrema firmeza, debe fijar posición al respecto, ya que están en juego no solamente los valores republicanos en que se sustenta la división de poderes, la independencia de la Justicia, los principios morales, y la propia respetabilidad del gobierno nacional. La amnesia y la indiferencia de pensamiento de quienes declaman por el proceso aludido les produce una ceguera irreversible, que les impide pensar en otros casos, como el de Jaime Smart, quien con más de 80 años sigue dependiendo de la soberbia y la arbitrariedad humanas.
Manuel J. Campos Carlés
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 9, 2016
Presos Políticos
Presos políticos
Como es de público conocimiento, al día de hoy 2175 presos políticos integrantes de las distintas fuerzas, mujeres y hombres, uniformados y civiles cuyas edades van de los 54 a los 96 años, han atravesado -y continúan haciéndolo- por distintas situaciones procesales. Hemos lamentado ya el fallecimiento de 385 de ellos, es decir, el 17,70 % del total.
Dentro de ese frío número hoy se encuentran en cárceles comunes casi 500 presos políticos en condiciones extremas de hacinamiento, precariedad y hasta de abandono. A los problemas lógicos de salud propios de la edad se suman las enfermedades adquiridas dentro de los penales. Las autoridades penitenciarias han expresado que no están en condiciones de cubrir las mínimas necesidades de un hombre de más de 50 años, menos aún de personas que en la mayoría de los casos superan largamente los 70 y 80 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Grupo de Trabajo de la ONU han expresado su preocupación y reparos respecto de la situación de Milagro Sala en Jujuy, casi “exigiendo” su libertad. Se presenta entonces la inmejorable oportunidad de aprovechar ese “fluido canal abierto de diálogo”, para que esos organismos internacionales puedan requerir a nuestras autoridades un panorama actualizado de la gravísima situación descripta.
Ese fructífero intercambio ayudará sin duda a evitar más fallecimientos y quizá nos ayude a comprender el verdadero significado del tan manoseado, politizado y desvirtuado concepto integral de los “derechos humanos”.
Coronel (R) Guillermo César Viola
Fuente: Dra. Andrea Palomas Alarcón.