Cinco manifestantes murieron, tres de ellos menores de edad, y 239 resultaron heridos en el curso de las protestas en Venezuela tras el alzamiento encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, según cifras facilitadas este viernes en Ginebra por una portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Los fallecidos, en las protestas organizadas los días 30 de abril y 1 de mayo, recibieron disparos de grupos pro Gobierno, y elevan a 49 las muertes de manifestantes en lo que va de año.
Entre las víctimas se encuentran un adolescente de 15 años fallecido en el estado de Mérida, dos jóvenes de 16 y 24 años murieron en Aragua y otros dos de 15 y 27 que fallecieron por disparos en protestas organizadas el 1 de mayo en la caraqueña plaza de Altamira.
Constatando que desde hace más de dos décadas una nueva tipología de presos se instaló en los juzgados federales y en las cárceles argentinas ante el silencio de la sociedad y la sorprendente participación de la comunidad internacional quien contribuye a crear ese fenómeno. Socialmente, políticamente y judicialmente más de 2800 hombres y mujeres están acusados ilegalmente de haber cometido delitos no comunes, ni militares, ni de guerra, ni durante un conflicto armado. Esos detenidos son “prisioneros especiales”, no lo son de derecho común, algunos cumplen detenciones domiciliares, en hospitales o en cárceles generales, pero en pabellones separados de “presos comunes”.
Observando que el grupo social representativo de estos presos no comunes está constituido por ciudadanos nacionales, binacionales o extranjeros, personas adultas entre 65 y 90 años, ex agentes del Estado o miembros de la sociedad civil de los años 70, que en sus funciones respectivas impidieron a las organizaciones armadas ilegales tomar el poder político por las armas, defendieron y protegieron las instituciones, la sociedad o simplemente no compartieron la ideología de los grupos terroristas. Actualmente, esos presos de una nueva generación están ilegalmente imputados, procesados o detenidos por delitos no comunes de lesa humanidad. Hasta se busca acusarlos de terroristas de Estado, de genocidas, de financiamiento del terrorismo. Son personas juzgadas por delitos de otra naturaleza.
Reconociendo que el proceso judicial que se aplica a estos imputados de delitos y crimines no comunes, también es especial, fue concebido y planificado por extraños individuos exclusivamente para esas personas y por esos casos. Los magistrados en sus dictámenes utilizan un discurso político, militante, argumentan conceptos vacíos de contenido jurídico, interpretan ideológicamente las teorías jurídicas jurisprudenciales y convencionales, para hacer decir a la norma lo que ésta no dice.
El poder judicial, abusa de la suspensión de garantías, de la excepcionalidad permanente[2], para que en nombre de los derechos humanos se violen a terceros esos derechos que dicen defender y proteger. Las obligaciones positivas del Estado y el Estado de derecho para estos presos no comunes tampoco son normas imperativas, derecho subjetivo o simples garantías procesales.
Afirmando, que la justicia se sirve entre otros elementos a-jurídicos o cuasi jurídicos, como “el contexto”, “la gravedad de los hechos”, ”la peligrosidad del imputado”, un supuesto delito existente en la costumbre internacional desde la creación del universo, para justificar “la excepción como regla permanente” y así aplicar la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, el principio de analogía, no reconocimiento de las leyes de amnistías, la prescripción ni las garantías procesales o convencionales. Esa ilegalidad permite que el Estado actúe como querellante, que el testigo puede no estar presente utilizándose una declaración anterior, ni interrogarlo para no revictimizarlo. El Estado pone a disposiciones de las victimas recursos financieros y humanos cuando las Obligaciones Positivas no hacen diferencias de las personas ante la justicia.
Los magistrados utilizan estratagemas para mantener los presos especiales con prisiones preventivas indefinidas, los beneficios de la libertad condicional o la excarcelación son casi nulas, las demandas por enfermedad o la edad no se toman en consideración para otorgar los beneficios procesales previstas en convenciones internacionales que si se hacen con los presos comunes. Esa práctica constituye una violación constitucional y convencional a los derechos humanos.
Confirmando, que la vida en las cárceles no son las mismas para estos presos no comunes: días diferentes de visitas, grave insuficiencia de asistencia en la salud, carencia de alimentación equilibrada o en mal estado, prohibición de realizar estudios universitarios, instalaciones carcelarias deplorables, condiciones de seguridad estrictas (cuando todo el mundo lo sabe y es de conocimiento público que, en las cárceles argentina, en los pabellones de delitos comunes los presos disponen de celulares, conforts diversos, salen a participar en actos políticos, reciben una remuneración, tienen un sindicato, pueden estudiar…).Los recientes informes de la ONU y de la PPN[3] así lo afirmaron, reconociendo que las prisiones preventivas ilimitadas son en realidad condiciones inhumanas y degradantes. Los principios de la OMS y de la CICR, no se aplican.
A partir de 1983, comienza los preparativos de la venganza, de la persecución:
Desde el fin de las leyes de amnistía de obediencia debida y punto final (reconocidas como tales por la CSJN), la persecución política contra los hombres y mujeres que en los años 70 en Argentina se impusieron a las organizaciones armadas ilegales, es una política de Estado. Las redadas organizadas y planificadas contra los “terroristas de Estado” y sus aliados, aumenta en forma rigurosa, hasta 2003 fue selectiva luego fue masiva. Como toda acción política que busca su redito, este negocio se concretiza por las amenazas de unos pocos, la cobardía, el oportunismo o la alianza de los hombres políticos en el poder y de los magistrados que aceptan pactar con la ilegalidad para garantizar sus privilegios y transacciones. De la propaganda se encargan los medios afines, periodistas, expertos, militantes, asociaciones…que por todos los medios deben mostrar el enemigo, el que (supuestamente) constituye una amenaza contra la Nación, construir una historia romanesca y mostrar a los combatientes de los grupos terroristas como defensores de la libertad y de los derechos humanos.
Pero entonces, ¿quienes cometieron ataques terroristas contra unidades militares, policiales, establecimientos del Estado, asesinaron, secuestraron, agentes del Estado, civiles, empresarios, industriales, hombres, mujeres, niños, nacionales, extranjeros? para estos cuenteros de un relato ucrónico eso nunca ocurrió o son victimas colaterales sin mas responsabilidad, pero que no pueden tener un reconocimiento de victimas porque ellos así lo determinan. El poder judicial y el poder ejecutivo guardan silencio para no incomodar una intocable minoría que se autoproclamaron únicas víctimas de los 70.
Es decir, que desde hace más de 30 años numerosas personas viven del curro de los derechos humanos, y un sector de la sociedad debe soportar escraches, amenazas, calumnias, injurias, el odio y la venganza por parte de las ONG llamadas de derechos humanos sin que el Poder Ejecutivo aplique las Obligaciones Positivas del Estado y ponga fin a esa espiral de violencia fomentada por la conducta impune de organizaciones neo-revolucionarias.
Hace 35 años que la Argentina vive encerrada en su pasado y paralizada en su desarrollo global sin poder avanzar en ningún sector estratégico, económico, social o político porque todo se especula con el periodo que va más allá de 1983. Mostrar la política de los derechos humanos, derechos subjetivos, como la única política de Estado que condiciona la hoja de ruta de la política extranjera y de todos los sectores del gobierno a nivel nacional, no solo es ilegal, sino que frena el crecimiento real del país; es contrario a los desafíos actuales que impone la mundialización y la competitividad en otros sectores. Los Estados avanzados se focalizan en otras temáticas pensando en el futuro del país, dejando el pasado para los historiadores.
Sectores de la sociedad proponen la reconciliación, el rencuentro nacional, la cohesión social, pero los movimientos radicalizados se oponen visceralmente y públicamente a esos objetivos, para los presos especiales y sus familias significa más persecución, discriminación, marginalización social, campaña de prensa negativa y el accionar de la justicia que viola abiertamente sus derechos fundamentales.Nacion
Así la fiscal Gabriela Sosti, sostiene: “…. seguimos juzgando genocidas que no es poco. Estos juicios son los juicios a la historia y creo que la manera más noble que tenemos los pueblos de defendernos de la ignominia es a través del ejercicio de la memoria y en estos juicios se perfecciona este ejercicio”, agregando que: “los juicios son del pueblo, son de la gente, son de la sociedad, no tienen que hacerse puertas adentro, no son de los jueces, no son de los funcionarios públicos, ni siquiera son de las personas que padecieron este exterminio. Es la sociedad toda la que está involucrada. Que se sigan desarrollando estos juicios nos interpela a sostenerlo”. http://www.laretaguardia.com.ar/2016/09/III-tramo-ABO.html
¿Porque esos presos especiales son en realidad presos por delitos políticos?
En los hechos ocurridos en los años 70 en Argentina la justicia, arbitrariamente excluyó la responsabilidad penal a los miembros de los grupos armados ilegales de esa época y determinó que los ilegales imputados de lesa humanidad cometieron delitos no comunes. Esa decisión político-jurídica confirma que todos los acusados en esas causas deben ser tratado desde la dimensión de lo político.
Considerando que el delito político puro, se caracteriza por la naturaleza del derecho contra el cual atenta, es la violación de los derechos que pertenecen al Estado considerado como poder político al exterior y al interior. Lo que distingue el delito político del delito de derecho común, es que el primero perjudica sólo el Estado considerado en su organización política, en sus derechos propios, mientras que el segundo perjudica exclusivamente otros derechos que los derechos propios del Estado. También puede existir un delito que perjudica a la vez los derechos de ambas dimensiones.
En efecto, los delitos políticos relativos son los que, desde el punto de vista objetivo, perjudican a un individuo o al Estado considerado como particular, pero los que, desde el punto de vista subjetivo, en la intención de sus autores, tienen la política como móvil, como fin o como ocasión. Entre esos delitos se encuentran: el regicidio, graves disturbios políticos, rebelión, insurgencia armada, robos de armerías privadas, movimiento insurreccional, apoderarse de arsenales del Estado, destrucción de propiedades publicas y privadas, muerte en combate de un miembro de la parte opuesta… características irrefutables de la violencia armada de los 70 en Argentina. Los actos realizados por los autores de esos hechos obedecieron a motivos políticos y tuvieron la intención de lograr un objetivo político ( Vidal, Georges in Cours de droit crimminel et de science pénitentiaire. Ed. Arthur Rosseau, 1902, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58055503.texteImage ). La justicia federal reconoció que en el periodo de los 70, en Argentina, hubo una guerra revolucionaria (causa 13/84).
Es decir que los actuales imputados ilegales de lesa humanidad son en realidad acusados por delitos políticos relativos que ni el gobierno ni la justicia pueden afirmar lo contrario. Tres decisiones validan aún más los argumentos precedentes:
La OIPC-Interpol Lyon, el 06 julio 2016, anula unilateralmente el pedido de captura internacional de Mario Sandoval solicitado por la justicia argentina, en razón que “Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”, según lo previsto en el artículo 3 del estatuto de Interpol.
Los hombres y mujeres actualmente acusados ilegalmente de lesa humanidad, son prisioneros políticos porque:
Para la organización de Naciones Unidas: Si bien no determina los criterios constitutivos de preso o prisionero político, recuerda su contribución en la protección de los derechos humanos: a)“…disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias “; b) “…que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”; c) “…a la liberación del hombre de la opresión y las restricciones injustificadas…” (Preámbulo y punto D, resolución 217 (III) 10diciembre1948, carta internacional de DDHH. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Fija el cuadro jurídico internacional de protección de todos los individuos con el objetivo de evitar que el poder político intervenga, reemplace o influencie la justicia, la libertad y los derechos de una persona, por ejemplo: proclamando la declaración universal de los derechos humanos ( Declaración Universal DDHH, http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml), o determinando los principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Resolución 43/173, 09 diciembre 1988: Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión http://www2.ohchr.org/spanish/law/detencion.htm )
Finalmente, la ONU determina el perímetro a no transgredir de parte del poder político porque provoca la emergencia del hombre-prisionero político. “Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración” (Art.30: Resolución 217 (III) 10diciembre1948, carta internacional DDHH) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE): “Hay que tener presente que el concepto de “prisionero político” no debe afectar a los principios generalmente aceptados del derecho y los derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales, el de la cosa juzgada y otras reglas fundamentales”, y http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=19150 si bien “la segunda parte del término “prisionero político” se refiere a la naturaleza política de este concepto, el primero hace hincapié en el aspecto legal. Por lo tanto, si clasificamos los elementos de este concepto, un enfoque puramente jurídico o puramente política no aportara ningún resultado positivo; los criterios adecuados deben buscarse a la frontera de esos dos enfoques” http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=EN.
La resolución 1900 APCE del 03 octubre 2012, determina los criterios por el cual una persona privada de su libertad individual debe ser considerada prisionero político: a) Detención impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos, en particular libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información y libertad de asamblea o asociación; b) Detención por razones únicamente políticas sin conexión con delito alguno; c) Por razones políticas, periodo de detención o condiciones claramente desproporcionadas en relación a la infracción por el cual la persona ha sido reconocida culpable o presuntamente de haber cometido la infracción, d) Por razones políticas, la persona es detenida en condiciones discriminatoria en relación a otras personas, e) Detención como culminación de procedimientos manifiestamente irregulares, y relacionados con motivos políticos de las autoridades. http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19150&lang=EN
Para el Manual de Amnistía Internacional (AI): “Preso político es todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades. AI aplica el calificativo «político» a los aspectos de las relaciones humanas que guardan relación con la «política», es decir, con los mecanismos de la sociedad y del orden público”. AI, solicita “…que los presos políticos sean sometidos a un juicio con las debidas garantías en un plazo razonable, de conformidad con el derecho reconocido internacionalmente que tienen todos los presos a quedar en libertad si no los juzgan sin demora y con las debidas garantías…”. https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/org200012002es.pdf .
Pero ¿quiénes son los enemigos de la reconciliación de los argentinos, de la cohesión social, que destilan odio, buscan la venganza sin importarles ni la justicia, el futuro del país ni los derechos humanos de terceros, acusando, calumniando, injuriando a un grupo social y sus familias, con términos particularmente graves de genocidas, torturadores, terroristas…?:
son aquellos actores que por clientelismo o compromisos políticos disponen de un poder o influencia en diversos aspectos, son detentores desmesurados de la arrogancia, el narcisismo, el desprecio, la pretensión, la manipulación, el sentimiento de invulnerabilidad, que escuchan únicamente su entorno y rechazan todo compromiso. Esos representantes del síndrome de hubris[4], se encuentran en el gobierno, sus ministros y altos funcionarios, los agentes del Estado que obedecen ordenes ilegales, el poder judicial en general y los jueces federales en particular, los ex miembros de grupos terroristas y sus familias transformados en defensores humanistas, parlamentarios, medios, las ONG autodeterminadas de derechos humanos, sus militantes. Estos enemigos deben ser declarados objetivos políticos a neutralizar en todo tiempo y lugar porque además son cismáticos que buscan destruir la cohesión social de la comunidad nacional.
Visto que no son presos comunes, el gobierno y la justicia deben determinar: o son presos especiales con tratamiento similar de prisionero de guerra, o presos políticos que deben beneficiar de una situación correspondiente, o presos de delitos comunes que deben beneficiar de todas las disposiciones legales que ellos disponen. Es esencial de proteger y garantizar en todas las circunstancias un tratamiento humano a las personas contra las quienes el gobierno considera necesario por razones de orden político tomar esas medidas de rigor.
Dado que estos presos políticos no son prisionero de derecho común porque someterlos a las reglas de estos últimos, corresponde un tratamiento diferencial porque judicialmente, políticamente, socialmente, son tratados así.
Por ello, se requiere para los presos políticos (PP) en Argentina, entre otros temas no limitativos:
Poner fin a la persecución política y jurídica contra los PP y sus familias.
El derecho para los PP a no ajustarse al reglamento del SPF sobre las restricciones en la forma de vestirse y otros puntos a determinar previstas en el reglamento para los presos comunes.
Un protocole de seguridad para los PP en prisión domiciliara y evitar los actos de amenazas, vandalismos, seguimientos, fotos, videos, por parte de las asociaciones como Hijos y otros.
Anular las investigaciones y medidas administrativas a los PP ex agentes del Estado en las instituciones nacionales o provinciales (fuerzas armadas, de seguridad, policiales, de inteligencia y otras).
Restablecer de manera inmediata los beneficios previsionales (retiros, jubilaciones, pensiones) a los PP ex agentes del Estado y sus familias.
Instalar, como parte del bloque de los derechos humanos, el acceso a Internet para los PP. El derecho a la información, de expresion y de opinión no deben ser suspendidos.
Otorgar inmediatamente la detención domiciliaria a los PP mayores de 70 años sin condición alguna.
Aplicar con los PP la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Autorizar sin restricción a los PP el derecho de realizar estudios, el acceso a soportes culturales, practicar una religión, como también el derecho de libre asociación con otros prisioneros y organizar actividades educativas o recreativas.
Poner inmediatamente en libertad los PP con detenciones preventivas de 2 años cumplidas, sin otra condición. El exceso de la misma es considerado un tratamiento inhumano para los relatores de la ONU que visitaron la Argentina.
No obligar a los PP la asistencia a los juicios cuando los acusadores disponen de ese beneficio.
Disponer una plataforma telefónica único de asistencia de salud para los PP: el acceso a la salud no pude depender de la buena voluntad de magistrados y del personal penitenciario ignorando con ello diagnósticos y estudios epidemiológicos realizados sobre esa población.
Crear en cada prisión, un comité de diálogo, integrada por los PP y personalidades externas, que serán los interlocutores con el gobierno nacional sobre el tratamiento de sus temas específicos, de la vida en prisión, con los organismos internacionales que visiten las prisiones y con las autoridades penitenciarias a nivel local y nacional.
Solicitar el derecho que la CICR, la OMS, la CIDH, los comités específicos de la ONU, visiten y entrevisten en forma confidencial los PP en cada prisión.
Aceptar, bajo la fórmula internacionalmente conocida de tribunales mixtos, que magistrados extranjeros integren los tribunales orales federales que juzgan los PP.
Aceptar que Observadores internacionales extranjeros (abogados, asociaciones, magistrados, personalidades) puedan participar en los juicios
Los tribunales no son lugares de proselitismo o manifestaciones partidistas como lo son hasta ahora. Prohibición de carteles, canticos, identificación vestimentaria partidista, el público presente debe ser neutro y guardar silencio.
El respeto irrestricto de la presunción de inocencia, prohibiendo la exposición para que fotógrafos y otros medios violen ese principio.
Aumentar el número de días de visitas a los PP.
Realizar un álbum con las fotos de los PP muertos, nombre-apellido, fecha de nacimiento, fecha de deceso. A exponer en cada prisión.
Solucionar de manera urgente el hacinamiento carcelario, mejorar las instalaciones, el mobiliario y comodidades de los PP.
Anular los tratamientos degradantes hacia los presos políticos y con los protocolos excesivos de control durante la visita de familiares y/o amigos,
Finalmente,
A la fecha hay 469 mártires asesinados por la justicia, con la complicidad del Poder Ejecutivo y la venganza de las ONG llamadas de derechos humanos. Las responsabilidades de esos crímenes no pueden quedar impunes.
El gobierno, no puede continuar a argumente haber suscripto numerosas convenciones sobre los Derechos Humanos para rechazar la presencia de presos políticos y las violaciones a sus derechos fundamentales. “A este respecto, la Corte subraya que la existencia de textos internos y la aceptación de tratados internacionales garantizando, en principio, el respeto de los derechos fundamentales, no son suficientes a ellos solos, a asegurar una protección adecuada contra el riesgo de malos tratos, como en la especie, fuentes fiables informan sobre prácticas de las autoridades -o toleradas por éstas- manifiestamente contrarias a los principios del Convenio” (CEDH, Saadi c/Italia, párrafo 147, fallo del 28 febrero 2008) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85275 o http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
El presidente de la Nación y su gobierno deben tomar conciencia que guardar silencio o querer ignorar la grave situación que vive un sector de la sociedad a quienes abiertamente se les violan sus derechos humanos es jugar con la cohesión social y el futuro de la Argentina. La búsqueda de una solución global, inmediata, debe estar en la agenda electoral 2019. Esa misión es responsabilidad del Presidente de la República y la historia lo juzgará por ello porque más se demora resolver la situación con el grupo social de los presos políticos, el precio a pagar político y humano será más elevado e imprevisible. La reconciliación nacional se aleja y la espiral de violencia dejara de ser latente.
Continuamente no se puede poner la otra mejilla. Es hora de una ruptura clara y precisa con los enemigos de los presos políticos y de la pacificación social, no se puede continuar a aceptar las violaciones, los tratos degradantes, las calumnias e injurias porque el derecho a la supervivencia de este grupo social, la de los PP, es superior a todos los otros que la justicia niega y la sociedad los ignora. Lo que esta en juego es la vida de los PP contra la muerte social, el derecho objetivo contra el derecho subjetivo porque el estado de Derecho no debe ser el derecho a destruir el Estado.
Frente a los diversos agentes de persecución que solo quieren continuar los ataques por todos los medios e imponer la racionalización del odio, la venganza, y a los discursos combativos de las organizaciones defensoras del terrorismo de los 70 en Argentina, de: “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, acepto el desafío público de responder a esas intimidaciones porque no podemos renunciar a luchar por la verdad, la historia y la justicia. Llegó el momento de decir basta. Recordando que esos personajes no hacen diferencia con las familias que atacan.
No podemos aceptar la tiranía de una minoridad que vive del curro de los derechos humanos y es revisionista desinformando con un relato ucrónico. Es inadmisible que un grupo social viva indeterminadamente privado de libertad y bajo amenazas, porque si los presos políticos no son hombres libres, sus familias y una parte de la sociedad tampoco lo son.
Ante la negativa de estas reivindicaciones una resistencia pasiva en democracia se instalará en las prisiones y al exterior de las mismas.
Yo elegí defender y proteger los derechos humanos de todas las personas por igual, como también la libertad, la igualdad y la democracia, los enemigos de los presos políticos y del Estado de derecho, no. Paris, Prof. Mario Sandoval, presidente del CASPPA, marios46@hotmail.com, 13diciembre2018.
[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo ocupado funciones en la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica y una trayectoria publica conocida. Regularmente realiza à nivel internacional conferencias, asesorías y publicaciones. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. Presidente del Comité de Ayuda y Solidaridad de los Presos Políticos en Argentina (CASPPA)
[2] Eugenio Zaffaroni “Nadie nunca ejerció un poder represivo arbitrario en el mundo sin invocar la “necesidad” y la “excepción”. “La ley penal no puede ser retroactiva…”, “El crimen de lesa humanidad no es pretexto para las excepcionalidades…”, o “Cuando se invoca la excepcionalidad, cuando se imponen por una ley retroactiva, no tienen legitimidad…” in Medidas de excepcionalidad del gobierno argentino https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2016/11/Medidas-de-excepcionalidad.pdf
“Los personajes y hechos retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia”.
Muy utilizada en el séptimo arte, al final se trata de una expresión que hemos adoptado con normalidad. Sabemos que no es cierto. En algún lugar de Asia y de Sudamérica principalmente, las coincidencias no existen.
Shakil Afridi, el médico paquistaní que ayudó a los Estados Unidos a localizar a Osama bin Laden, ha estado preso en Pakistán desde que fue arrestado días después del ataque al complejo donde Bin Laden se escondía en 2011. Dos años más tarde se le concedió un nuevo juicio, con un nuevo cargo que parece motivado políticamente: acusado de homicidio en relación con la muerte, ocho años antes, de un paciente que había tratado. Afridi se ha utilizado huelgas de hambre para protestar por sus indescriptibles condiciones en la prisión, incluida la aplicación de torturas. Su exabogado, Samiullah Khan Afridi, fue asesinado por los talibanes en marzo de 2015. La administración de Barack Obama fue acusada en oportunidades de haberlo abandonado.
Afridi no ha visto a quien es su abogado en la actualidad, Qamar Nadeem Afridi, desde 2012. Su esposa y sus hijos son sus únicos visitantes. Durante dos años, su archivo “desapareció”, retrasando su apelación ante el tribunal. Los tribunales ahora dicen que no hay fiscales disponibles.
Nadeem dice que los abogados que trabajan o trabajaron con Afridi han sido amenazados con violencia. El bufete de abogados de Nadeem tiene agujeros de bala por un tiroteo hace varios años. Como se mencionó, uno de los abogados de Afridi fue asesinado afuera de su casa de Peshawar. Además, un administrador de la cárcel que apoyó a Afridi fue asesinado a tiros. Un par de guarda cárceles, sancionados por la acusación de haberle facilitado un teléfono celular para comunicarse con un periodista.
En su búsqueda para localizar a Bin Laden, Afridi utilizó un programa falso de vacunación contra la hepatitis para tratar de obtener muestras de ADN de la familia del terrorista. Sin embargo, no ha sido acusado de ayudar a los EE. UU. a encontrar a Bin Laden.
El abogado Nadeem dijo que Afridi fue acusado bajo la ley tribal por ayudar a militantes en la cercana región tribal de Khyber. En un tribunal tribal, la ley les permite operar con las cortes cerradas al público, no requiere que el acusado esté presente en el tribunal y limita el número de apelaciones.
Si Afridi fuera acusado de traición, tendría derecho a audiencias públicas y apelaciones, incluso ante el Tribunal Supremo. Esto permitiría que los detalles de la operación Bin Laden sean discutidos públicamente, algo que el gobierno no quiere. No desea. No es conveniente.
Es por ello de que allí y en otros países poco civilizados, la ley se dobla de manera impropia. Expedientes se pierden, juicios se dilatan, medidas legales se pisotean.
La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Alice Wells, se reunió recientemente con las autoridades pakistaníes. No hay información sobre si el caso de Afridi fue discutido en la reunión.
En una declaración, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América aseguró que Afridi no ha sido olvidado. “Creemos que el Dr. Afridi ha sido injustamente encarcelado y hemos comunicado claramente nuestra posición a Pakistán sobre este caso, tanto en público como en privado”.
Hay rumores, hay deseos de cambio. Un par de meses, el abogado de Afridi había señalado que “en el mes próximo” su defendido podría recobrar su libertad. Ese mes próximo ya ha sido olvidado y no hay novedades de Afridi. Estados Unidos mira hacia un costado y ha dejado de lado su famosa frase Ningún hombre es dejado atrás.
¿Qué es la Unesco y qué hace? Lo más popular son los enclaves naturales y culturales declarados por este organismo como Patrimonio de la Humanidad.
Pero la labor de esta agencia dependiente de Naciones Unidas (ONU), que Estados Unidos e Israel decidieron abandonar hoy, tiene otras inquietudes. El organismo comenzó a gestarse durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, y a pesar de que aún quedaban unos años para que se acabara el conflicto, los gobiernos de los países europeos que combatían a los nazis y a sus aliados empezaron a pensar en la necesidad de reconstruir sus sistemas educativos de cara a un futuro posguerra.
Entonces, se asentaron las bases de un proyecto que pronto adquirió una dimensión “universal”.
Justo después de que la Segunda Gran Guerra finalizara, se celebró una conferencia en Londres de la recién estrenada Naciones Unidas.
Allí, representantes de 44 países acordaron la creación de un organismo centrado en la promoción y protección de la educación y la cultura como pilares fundamentales para evitar el estallido de otro conflicto de escala mundial. Hoy, esta “universalidad” se vio diezmada por los anuncios de Estados Unidos e Israel de abandonar la entidad. La administración Trump decidió abandonar el organismo por su supuesta tendencia “anti-Israel” y la necesidad de una reforma de la agencia y un plan para recortar gastos; una decisión que animó a su par israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, a tomar el mismo sendero.
En un mundo marcado por dos conflictos armados, la Unesco reivindicó la necesidad de trabajar por la paz. Su misión, por tanto, es contribuir a esa consolidación de la paz, pero también a la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. En la práctica, la Unesco impulsa programas alrededor del mundo que destinados a cumplir con esos objetivos y mejorar el acceso a la educación, reducción de las desigualdades o promover los avances científicos y la libertad de expresión, entre otros.
A pesar de su búsqueda de la armonía global, la Unesco ha estado envuelta en la polémica casi desde sus inicios. Son varios los países que retiraron su apoyo a esta agencia a lo largo de sus 71 años de historia. Sudáfrica fue uno de los primeros en hacerlo. En 1956, el país acusó a la Unesco de interferir en sus problemas raciales y se retiró como miembro. No volvería hasta más de tres décadas después, cuando llegó al poder el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Y aunque hoy Estados Unidos anunció su salida, no es la primera vez que Washington decide apartarse de la Unesco, a pesar de que fue miembro fundador y de que históricamente ha tenido un destacado papel en la agencia. El presidente Ronald Reagan (1981-1989) retiró al país de este organismo en 1984, en plenas tensiones por la Guerra Fría, al considerar que el organismo estaba politizado y que era hostil hacia “las instituciones básicas de una sociedad libre, especialmente contra el libre mercado y la libertad de prensa”. Estados Unidos no volvería al seno de la Unesco hasta 2003, bajo el mandato de George W. Bush y en los años posteriores al atentado del 11 de setiembre del año 2001. Washington, en un momento en el que el organismo se vio como clave para combatir los extremismos, pasó a financiar el 22 % del presupuesto de la Unesco, el país que más aporta, seguido por Japón (9,6 %) y China (7 %). No obstante, el presidente Barack Obama (2009-2017) volvería a dar marcha atrás años después con su decisión de congelar ese aporte financiero en respuesta a la entrada en la Unesco de Palestina como miembro de pleno derecho. Desde entonces, Estados Unidos de América ha acumulado una deuda de más de US$500 millones con la Unesco. La Unesco está desesperadamente escasa de fondos y ahora, abandonada por la principal potencia mundial, se enfrenta ahora a un momento crucial esta semana con la elección de su nuevo director general.
La votación, que dura tres días y podría durar hasta el viernes, tiene como principales aspirantes a Hamad bin Abdulaziz al Kawari, de Qatar, y Audrey Azoulay, de Francia, por delante del egipcio Moushira Jatab.
Pero el dinero también juega un papel importante en la decisión de Estados Unidos, que citó como argumento la creciente deuda que estaba acumulando con el organismo.
La decisión de Obama de congelar fondos ya supuso un fuerte golpe para las arcas de la agencia, si bien su directora general, Irina Bokova, aseguró que, pese a la congelación de los fondos, en estos años, la relación entre Estados Unidos y la Unesco había mejorado. Por ello, este jueves consideró que su marcha “es una pérdida para la Unesco, para la familia de Naciones Unidas y para el multilateralismo” en un periodo de enormes desafíos para la paz mundial. “En el momento en que la lucha contra el extremismo violento pide una inversión renovada en educación y en diálogo intercultural para prevenir el odio, es profundamente lamentable que Estados Unidos se retire de la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de estos asuntos”, culminó Bokova.
Las sospechas de ineficacia y burocracia que sobrevuelan a las Naciones Unidas, hacen eco desde el edificio ubicado en Place de Fontenoy.
La mujer ingresó a la oficina de la Jefa de Personal del Secretario General de las Naciones Unidas con una petición de sumo cuidado. Promediaba el año 2015 y la oficina que supervisaba (Departamento de investigaciones Internas) se había desarrollado mal y se había desgastado por la falta de comunicación y nulos resultados. La solicitud pedía comenzar de cero para una favorable reconstrucción. La mujer era la canadiense Carman Lapointe. La entrevistada, la ahora canciller argentina Susana Mabel Malcorra.
Lapointe argumentó que la división había sido trabada por un extenso celo de luchas internas que habían desviado a los investigadores de su misión principal. “Ellos o yo”, le dijo Lapointe a Malcorra. “Lo único que hay que hacer es deshacer esta división y empezar de nuevo”.
La División de Investigaciones nunca se cerró, sin embargo, el intercambio de palabras con Malcorra puso de manifiesto la agitación turbulenta en el centro de un departamento de la Naciones Unidas, encargado de prevenir el fraude y los desperdicios en una organización que gasta miles de millones de dólares cada año y realiza misiones de paz en países frágiles en todo el mundo, consiguiendo escasos resultados -cuando los consigue-.
Un director de la División de Investigaciones de la ONU, Michael “Mick” Stefanovic, un australiano contratado por la señora Lapointe en la primavera de 2011, se enfrentó a un comité de diplomáticos de la ONU para denunciar el resultado de una pesquisa sobre la explotación sexual de niños por tropas extranjeras en la República Centroafricana. Stefanovic también reservo una bomba para su jefe (Lapointe) quién -según el australiano- debería ser investigada por ciertos delitos.
La denuncia de Stefanovic eventualmente persuadió al Secretario General Ban Ki-moon para establecer un panel que dictaminaría la conducta de Lapointe y otros altos funcionarios de la ONU, para determinar si intentaron forzar a un posible denunciante de expresar lo que sabía. Ese nuevo denunciante era Anders Kompass. Kompass actuó como “soplón” cuando avisó a las autoridades francesas acerca de un informe de abuso sexual de menores por parte de miembros de los Cascos Azules en La República de África Central, entre diciembre del año 2013 y julio del año 2014. Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, encontró el comportamiento de Kompass inadecuado por no haber buscado la aprobación de sus superiores y, además, haber incluido los nombres de sus víctimas en su reporte. Una pizca de burocracia, una pizca de sensibilidad para preservar identidades. ¿Atacar el problema? Esa es otra historia para quienes están en las confortables oficinas de Derechos Humanos. Las autoridades francesas iniciaron una investigación de todas maneras. Investigación que se sigue “iniciando”. Desde entonces Flavia Pansieri (Alta Comisionada adjunta de Derechos Humanos) -aquella que apoyaba las negociaciones por la paz en Colombia, pero declaraba: “No estoy en la cabeza de las FARC y tampoco en la del Presidente, y menos conozco los ejes específicos de la negociación que se está llevando a cabo. Pero creo que vamos a encontrar un cierto punto, un momento en que va a ser necesario quizás acercarse más, no sé si este sea el momento ni es para mí decir si lo es”-. ha dimitido en su cargo aduciendo problemas de salud y quién soy yo para no creerle, pero poco antes, la funcionaria del organismo había admitido no haber actuado de un modo eficaz en la investigación de las acusaciones por abuso de menores presentadas contra soldados franceses en la República Centroafricana. También el máximo representante de las Naciones Unidas en la República Centroafricana dio un paso al costado. El General Babacar Gaye fue “invitado” a renunciar por el Secretario General Ban Ki-Moon por no prestar atención a estos informes de abusos contra menores que incluyen violaciones o forzar a niñas a cometer actos sexuales con animales a cambio de comida. Ki-Moon manifestó su disgusto al enterarse de estas aberraciones cometidas por fuerzas de las Naciones Unidas.
Funcionarios de los Estados Unidos y otros gobiernos han acreditado a la División de Investigaciones para llevar a cabo investigaciones duras la corrupción y la explotación sexual desde Somalia a Haití. Stefanovic lanzó una iniciativa para reunir pruebas en un caso de violación de un chico haitiano perpetrado por tres oficiales de policía paquistaníes. Anthony Banbury, un alto funcionario de mantenimiento de la paz de la ONU, citó el caso como un ejemplo de que “el sistema funcionó como debería”. Pero los funcionarios de la ONU -familiarizados con el caso- dijeron que en ese momento Stefanovic se había aprovechado por utilizar oficiales de campo de la ONU. Ah, esos tecnicismos…!
Stefanovic también lanzó un programa para escudriñar contratos entre la principal agencia de ayuda humanitaria de la ONU, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y contratistas privados en África. Frente a una instrucción de Ban Ki-Moon a sus principales gerentes de las Naciones Unidas para restringir el gasto, Carman Lapointe denegó una solicitud de Stefanovic de buscar fondos de un presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para la operación. Stefanovic entonces, convenció al gobierno noruego de que pagara por ello. El caso reveló evidencia de que al menos cuatro contratistas habían falsificado recibos y documentos en un esfuerzo por apropiarse o desviar fondos para proyectos destinados a aliviar el hambre en Somalia, lo que resultó en un fraude de millones de dólares.
¿Es un problema de celos profesionales lo que está dilatando la suerte de niños abusados? Lapointe dijo que cree que “hay un buen trabajo en la División de Investigaciones” pero reconoció que su enfrentamiento con Stefanovic ha sido un gran problema ya que “Stefanovic cree que no tengo autoridad sobre él”.
Bruce Rashkow, un ex abogado del Departamento de Estado estadounidense, sería el principal abogado de la ONU responsable de supervisar los asuntos legales que afectan a la agencia de supervisión interna, opinó que la creación de una oficina independiente para investigar el fraude, el abuso y los desechos dentro de la organización fue una buena idea pero va en contra de la cultura y la larga práctica de la ONU, cuya reacción instintiva es evitar escándalos y deshonras que crecen en su interior.
Malcorra a Mercedes Gervilla como directora del programa de conducta y disciplina. El mes pasado, Gervilla redactó un memorándum listando las razones por las cuales creía que las alegaciones de los abusos en la República Centroafricana no eran ciertas, ya que todos los testimonios tenían ciertas similitudes con escasos detalles y como siguiendo un libreto preestablecido. La con escasos detalles y como siguiendo un libreto preestablecido. La señora Gervilla es esposa de Michael Dudley, otro oficial de la división de investigaciones internas de la ONU, motivo por el cual Susana Malcorra debió consultar si podría producirse un conflicto de intereses.
Anthony Banbury, subsecretario general del Departamento de Apoyo a las Actividades en Sitio, dijo que Gervilla “disfruta del apoyo pleno y sin reservas de toda la dirección del mantenimiento de la paz de los Estados Unidos”. También adujo que la señora Gervilla “Ha trabajado incansablemente y con absoluta integridad en la búsqueda de la tolerancia cero del Secretario General sobre la explotación y el abuso sexuales”, para finalizar, Banbury afirmó: “No hay nada en su trabajo o comportamiento que nos cause motivo de preocupación con respecto a su profesionalismo”.
A principios de marzo de 2014, Stefanovic advirtió a Lapointe que, si Dudley no era trasladado de inmediato, despedido o si no se le concedía una licencia temporaria, al menos se le impida el acceso a las computadoras de la División de Investigaciones. Lapointe rogó a Malcorra, el jefe de personal de la U.N., que hiciera algo al respecto. Malcorra ayudó a encontrar una asignación temporal para Dudley en la División de Adquisiciones. Dudley, sin embargo, ha informado a sus colegas que tiene la intención de volver a su trabajo en el departamento de investigaciones.
Stefanovic conocía alegaciones de Florin Postica y Ai Loan Nguyen-Kropp, ambos investigadores en las Naciones Unidas sobre ciertos manejos sospechosos de Dudley como retener evidencia y fraguar fotografías en un caso de distribución impropia de substancias controladas a través de la división de servicios médicos de la ONU.
La relación de Stefanovic con Lapointe comenzó a deteriorarse. Stefanovic creía que Lapointe no estaba haciendo el esfuerzo suficiente para derrocar a Dudley. Stefanovic creía que Lapointe no cumplía con sus obligaciones y lanzó su propia queja ante la junta exigiendo que Lapointe fuera sometida a interrogatorio.
Mientras Gervilla se opone a las actuaciones del enemigo de su esposo, algunos funcionarios renuncian por motivos particulares y no por sus tremendos descuidos y Malcorra no sabe/no estaba ahí, el escándalo de abusos sexuales seguía su curso en la República Centroafricana.
En 2014, el mencionado Anders Kompass, oriundo de Suecia, descubrió pruebas alarmantes de que tropas de Chad, Guinea Ecuatorial y Francia habían intercambiado raciones militares, incluidas galletas, por sexo con niños desamparados en un campamento para exiliados. La División de Investigaciones de las Naciones Unidas no había desempeñado ningún papel en la investigación de los presuntos crímenes, que supuestamente eran llevados a cabo por tropas de los Cascos Azules.
Lapointe ordenó a Stefanovic abrir una investigación mucho después de que altos funcionarios de la ONU expresaran su preocupación por haber filtrado al gobierno francés (Antes que a ellos) un informe altamente confidencial que documenta los presuntos abusos de las tropas francesas allí. Stefanovic se negó a llevar a cabo la investigación, alegando ante un comité de los estados miembros de la ONU que su jefe había utilizado procedimientos internos irrelevantes de la ONU para llevar a cabo una caza de brujas política motivada a destruir la carrera de Kompass.
Considerando que la oficina de investigaciones internas de la ONU no funciona como corresponde y las deficientes actuaciones de este organismo mayor en conflictos mundiales ha sido penosa, la pregunta de para qué sirve la ONU flota en el aire.
Entre los logros que cita la Organización de las Naciones Unidas está el cese de la guerra civil en El Salvador en 1991, pero luego de doce años de lucha, más de ochenta mil muertos y una división interna que muestra el resentimiento de la población. También parece que fue una conquista de la ONU el fin de la segregación racial en Sudáfrica luego de cuarenta y cuatro años de cenas con champagne. Desmond Tutu, Mandela y De Klerk no tienen ningún crédito en el relato de la ONU. Si lo tienen estos burócratas que incluyen como victorias programas de promoción de los derechos de la mujer (Mi tío también estaba de acuerdo), Promoción del cuidado del medio ambiente (Seguramente se glorificará la ONU el cambio de planes de Donald Trump al respecto) o el mantenimiento de la paz y seguridad por medio del despliegue de más de 50 fuerzas de mantenimiento de la paz y misiones de observadores (Como usted sabe, se respira paz en el planeta)
En los últimos suspiros de la esclavitud en Estados Unidos, un tiranizado africano se evadió de sus dueños y se abrigó en un galpón de otra plantación de algodones durante la noche. No pudo dormir pensando cuál sería su destino, si el dueño de la plantación le ayudaría, lo reportaría a las autoridades o en el peor de los casos, le retornaría al poseedor de sus derechos. Se sentiría eternamente agradecido de conseguir ayuda para un pasaje a la clandestinidad. Pero no culparía a quién decidiera entregarlo ya que esa persona recibiría una recompensa de quinientos dólares -suma considerable para la época-. Las cosas han cambiado desde entonces, mientras la ONU parece no enterarse.
Teniendo en cuenta el alto número de conflictos armados mundiales que incluyen la Primera guerra árabe-israelí o Guerra de Independencia Israelí (1948), Guerra de Corea (1950-1953), Guerra de Argelia (1954-1962), Primera guerra civil sudanesa (1955-1972), Guerra de Suez (1956), Revolución cubana (1958-1959), Crisis del Congo (1960-1965), Guerra civil de Guatemala (1960-1996), Conflicto armado colombiano (1964-presente), Guerra de Vietnam (1965-1975), Guerra de los Seis Días (1967), Guerra civil nigeriana (1967-1970), Guerra contra el terrorismo en Argentina (1969-1983), Guerra de Yom Kipur (1973), Genocidio camboyano (1975 – 1979), Revolución Sandinista (1979 – 1990), Guerra civil libanesa (1975-1989), Invasión soviética de Afganistán (1979-1989), Guerra Irán Irak (1980-1988), Guerra Civil de El Salvador (1980-1992), Conflicto armado interno en el Perú (1980-2000), Guerra de las Malvinas (1982), Segunda guerra civil sudanesa (1983-2005), Guerra Civil de Sri Lanka (1983-2009), Caída del Muro de Berlín (1989), Guerra del Golfo (1990-1991), Guerra Civil Argelina (1991-2002), Guerras yugoslavas (1991-2001), Guerra de los Diez Días (1991), Guerra Croata de Independencia (1991-1995), Guerra de Bosnia (1992-1995), Genocidio ruandés (1994), Genocidio congoleño (1994-2002), Gran crisis de refugiados de los Grandes Lagos en África (1994), Primera guerra chechena (1994-1996), Primera guerra del Congo (1996-1997), Guerra civil nepalesa (1996-2006), Guerra entre Etiopía y Eritrea (1998-2000), Segunda Guerra del Congo (1998-2003), Guerra de Kosovo (1999), Conflicto de Ituri (1999-2006), Segunda guerra chechena (1999-2006), Intifada de Al-Aqsa (2000-2005), Ataques del 11 de septiembre de 2001, Guerra en Afganistán (2001-presente), Guerra contra el terrorismo (2001-presente), Crisis de diciembre de 2001 en Argentina, Golpe de Estado en Venezuela (2002), Guerra de Iraq (2003-2010), Conflicto de Darfur (2003), Atentados del 11 de marzo de 2004, Disturbios de Francia de 2005, Conflicto Chad-Sudán (2005-2007), Invasión de Líbano de 2006, Atentados del 11 de julio de 2006 en Mumbai, Guerra en Somalia de 2006, Golpe de Estado en Fiyi de 2006, Guerra contra el narcotráfico en México (2006-presente), Golpe de Estado en Mauritania en 2008, Guerra entre Rusia y Georgia en 2008, Conflicto de la Franja de Gaza de 2008-2009, Golpe de Estado en Honduras (2009), Atentados del metro de Moscú de 2010, Guerra civil Siria (2011), Guerra Civil de Sudán del sur (2013), Guerra contra ISIS (2013-presente) para mencionar algunas y no ser cruel…
Pero no todas son malas para las Naciones Unidas, en su página web se puede distinguir su exquisito sentido del humor: Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945, con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales.
Conferencia en el “Ateneo de la República” el 22 de Junio de 2016
Derechos Humanos y “Política de Derechos Humanos”.
La “Política de Derechos Humanos” como instrumento estratégico.
La sigilosa maniobra estratégica británica: de pinzas y combinada.
El brazo jurídico de la maniobra estratégica.
El brazo psico-político y psico-social de la maniobra estratégica.
[/one_half]
[one_half_last]
Por El General
Heriberto Justo Auel
[/one_half_last]
En Síntesis.
• Derechos Humanos y “Política de Derechos Humanos”.
Entender que la “política de derechos humanos” -PDH- ha sido elaborada en nuestra Patria por la democracia emergente de la Guerra del Atlántico Sur -en 1982- para defender los genuinos y verdaderos derechos humanos, en su acepción legítima, sería incurrir en un grave pecado de alta ingenuidad política.
Una cosa son “los derechos humanos” y otra muy distinta es la PDH.
La ONU ha definido con toda claridad lo qué debemos entender por “derechos humanos”:
“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.
Eduardo Luis Duhalde (1) -máximo epígono de ésta política K- nos hizo saber desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, qué debemos entender por PDH:
“La demorada exigencia de la sociedad argentina de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en acciones concretas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), fruto de la confluencia entre el compromiso político del gobierno nacional y la incansable lucha de los Organismos de Derechos Humanos contra la impunidad”.
Los dos conceptos quedan así perfectamente diferenciados. El primero, abarca a “todos los seres humanos” y el segundo está dirigido exclusivamente -“con acciones concretas”- a quienes lucharon contra el terrorismo revolucionario y son señalados por los “Organismos de Derechos Humanos” como “impunes genocidas” y los acusan como criminales de “lesa humanidad”, por el “compromiso político del gobierno nacional”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- lo ha expresado reiteradamente -de otro modo-: “es una Política de Estado”.
Sin embargo, no es así. Ésta fue y es la matriz de todos los “relatos”. Ha sido y es un mero “compromiso político del gobierno nacional” K, asumido al acceder al poder, habida cuenta de su extrema debilidad. Por otra parte, el Dr. Lorenzetti no está en la CSJN para hacer cumplir “políticas de estado”, sino para hacer cumplir con la Constitución Nacional.
Kirchner reemplazó a la “Corte menemista” para llevar adelante, con “su” nueva Corte y “tras esta cortina de humo de la PDH” -Dr. Adolfo Vázquez dixit (2)-, el latrocinio más grande que registra nuestra historia contra las arcas del Estado Nacional Argentino. PDH y corrupción son interdependientes y paralelos, por ello si terminamos con la corrupción K, retener la PDH es no entender la razón de su existencia.
El profuso e intercambiable empleo -coloquial y/o periodístico- de ambos conceptos, ha llegado a su actual uso indiferenciado -como sinónimos- y así una gran mayoría ciudadana fue llevada a la grave y peligrosa confusión interpretativa de estos términos.
Cuando el Estado Nacional -con un gobierno constitucional- movilizó a las FFAA y abrió la guerra civil contrarrevolucionaria de 1974/88, lo hizo en defensa de la Constitución Nacional y ella contiene a nuestros derechos humanos, ya fueren civiles, políticos, económicos, sociales o culturales y también contiene a nuestras obligaciones o deberes.
El objetivo que defendieron las FFAA en los ´70/80 fue el de preservar la Constitución Nacional -que reiteramos, contenía a nuestros derechos humanos- frente a una agresión revolucionaria conducida desde el exterior, que expresamente postulaba el cambio de la Constitución Argentina por la Cubana y con ello eliminar a nuestros derechos humanos.
¿Qué Estado o constitución comunista reconoce a nuestros derechos humanos?
¿Cómo se explica -entonces- que hoy nuestros “derechos humanos” -mimetizados equívocamente como “PDH”- estén en las manos marxistas de quienes fueron derrotados en combate, guerrilleros revolucionarios que nunca han respetado una Constitución liberal -como lo es la nuestra- y a nuestros derechos humanos, en ella contenidos? ¿Cómo se explica que gran parte de los argentinos, aun hoy, no se aperciban de semejante contradicción?
Cabe explicar -consecuentemente- qué es en verdad la “PDH” y porque “nuestros derechos humanos” quedaron en manos del neo-marxismo “progresista” y del Reino Unido (RU) -en una extraña y solapada colusión totalmente ignorada- contra la débil Argentina emergente de ambas guerras, a partir del año 1984, convirtiendo a dicha “política” en el muro más alto a superar por el actual gobierno nacional.
• La “PDH” como instrumento estratégico.
No es una novedad que los derechos humanos, instrumentados como política o estrategia, han sido empleados recientemente en el amplio espectro de las guerras de la “tercera especie” o de “cuarta/quinta generación” (3). Reagan y SS Juan Pablo II lo hicieron, logrando la implosión de la URSS sin abrir el fuego. Pero lo hicieron coherentemente, con el empleo de los valores de sus culturas y para la preservación de estas. En el caso argentino -e iberoamericano- se dio y se continúa dando todo lo contrario -nuestros valores están en manos neo marxistas- y sufrimos una fuerte transculturización, con su natural consecuencia: la corrupción generalizada.
La población aún no comprende ni asume éste fenómeno psico-social desarrollado a través de las nuevas formas de comunicación -la infoesfera- y nuestra dirigencia política le teme. La “PDH” se ha erigido en una “vaca sagrada”, un tema “tabú” y, de “ella no se habla” (4).
¿Cuál es -sino- la razón del “olvido y perdón” ante el saqueo de la magna ópera “Sueños Compartidos”? Los dramáticos efectos sigilosos de la maniobra estratégica instrumentada por la “PDH” indican que su planeamiento ha sido muy eficiente y que, por tratarse de una desconocida estrategia de aproximación indirecta (5) -ajena a nuestra simple lectura de los hechos superficiales- su resultado continúa perdurando en el tiempo.
Trastocó la victoria en combate de las FFAA en una derrota política y estratégica de la Argentina, cuyos efectos recién salen a la luz después del 10 Dic 15.
El RU, en la guerra del Atlántico Sur de 1982 provocada por la OTAN a través de un señuelo -los chatarreros de Dividoff, por exclusivas necesidades de la guerra fría- comprobó que su incursión agresiva no fue un picnic. Así lo han reconocido algunos de sus altos mandos. Consecuentemente, pocos meses después Londres encontró una estrategia de ínfimo costo y altísimo rendimiento para dejar a la Argentina sin la más mínima capacidad estratégica militar: logró la neutralización y autodestrucción de sus FFAA, en brevísimo tiempo y casi sin costos.
El pensamiento militar occidental -y en particular el pensamiento militar argentino- están fundados en Clausewitz y, a su vez el del prusiano en Napoleón. Su característica central es la lectura lineal de los hechos y la resolución del conflicto por aniquilamiento, cuando éste deriva al empleo de la fuerza.
Contrariamente, en éste aspecto el RU es una excepción en Occidente. Como Imperio Naval Talasocrático -con el dominio periférico de los océanos- encontró más aptas para su débil posición frente a los más fuertes -las potencias centrales europeas-, las ideas estratégicas de Sun-Tsu, en particular el concepto de estrategia por aproximación indirecta. El Cap Liddell Hart (5) elaboró esa doctrina convencional en la primera mitad del siglo XX, mientras Mao Tse Tung (6) -contemporáneamente- lo hacía en el área no convencional, durante la “larga marcha”.
Entendido este trasfondo teórico, abarcaremos mejor a los pasos que se dieron en los hechos, a partir del año 1983. El Dr. Carlos Nino fue un prestigioso y progresista filósofo del derecho, penalista, profesor de la UBA. Periódicamente visitaba la Universidad de Oxford, en la que se había doctorado en leyes en 1977. En 1983, pocos meses después de la derrota militar argentina en el Atlántico Sur, regresó de aquella Universidad -donde se forman las elites de los servicios de inteligencia británicos- y asumió como asesor jurídico del nuevo presidente argentino -junto al Dr. Jaime Malamud Goti (7), Coordinador del “Consejo para la Consolidación de la Democracia”.
A las cuarenta y ocho horas de asumir el cargo Raúl Alfonsín, Nino presentó a la firma del Poder Ejecutivo dos decretos, cuyos borradores traía desde Londres -el 157/83 y el 158/83- Ambos fueron firmados el 13 Dic 83 y contenían “el huevo de la serpiente”.
El Decreto 157/83 llevaba a la Justicia Penal Federal a los agresores terroristas revolucionarios y el 158/83 al Consejo Supremo de las FFAA -CSFFAA- a quienes el Estado Nacional había movilizado en su defensa: las FFAA, las de Seguridad y las Policiales. Todo ello bajo la motivación del posible atropello a los “derechos humanos” -de los cuales los asesores jurídicos eran férreos defensores- en las operaciones de la guerra civil contrarrevolucionaria desarrolladas en el país entre los años 1976 y 1983.
Seis meses después, a mediados de 1984, el Decreto 157/83 fue “cajoneado”. El fiscal a cargo de esa investigación fue ascendido, para sacarlo de la causa, que había avanzado aceleradamente. El CSFFAA había recibido más de 22.000 denuncias y no había llegado a fallar. Por esa razón se le retiraba la causa, que era entregada a la Justicia Penal Federal.
Se iniciaba así el torpe atropello a todos los principios del derecho penal y se alcanzaba el punto culminante de la maniobra estratégica elaborada por la inteligencia británica -que homologaba a la de Stalin del 1921, conocida como “la purga del Ejército del Zar” (8)-.
Éste fue el paso central de una exitosa maniobra estratégica de aproximación indirecta, aun en plena ejecución -33 años después- a través de la Justicia Penal Federal, con la que se obtuvo la ya lograda autodestrucción de la Política de Defensa Argentina y su reemplazo por la perversa “PDH” K.
Llama la atención que se haya limitado la investigación judicial solo al período 76/83, cuando la agresión cubana se inició en 1959 y la respuesta del Gobierno Constitucional Argentino se decretó recién en 1973/74, pero ese “recorte” fue lo que la hizo posible ante la oposición.
¿La dirigencia política necesitó casi quince años para entender que la Argentina estaba siendo agredida por una revolución estalinista que empleaba tácticas terroristas, rurales y más tarde urbanas? Sin embargo, a pesar de esa larga inacción de más de una década, en 1973/74, se improvisó y se pidieron resultados “cuanto antes”, ante el caos sangriento que asolaba al país (4).
• La sigilosa maniobra estratégica británica: de pinzas y combinada.
Contemporáneamente con la firma de los mencionados decretos, un grupo de Oficiales Superiores del Ejército fuimos destinados al Estado Mayor Conjunto de las FFAA -EMCFFAA- convocados por su nuevo Jefe, el Tte Grl Fernández Torres. Me correspondió ocupar la Jefatura del Departamento Políticas y Estrategias y desde esta función impulsar las reformas estructurales de la Defensa Nacional que las experiencias recientes nos habían proporcionado, dramáticamente y a raudales.
Para llevar a buen fin este objetivo autoimpuesto, detectamos a mediados de 1984 el grave obstáculo que nos creaban las consecuencias del Decreto 158/83. Las expuse ante el JEMCFFAA, el Grl Sánchez, el Almte Grondona y el Brig González, quienes conformaban la cúpula del EMCFFAA y ese mismo día recibí la orden de repetir esa exposición ante el Ministro de Defensa, Sr Borrás. Al hacerlo, señalé que el decreto llevaba el embrión de la destrucción de la autoestima de las FFAA y a la vez la licuación de la Justicia Federal. Además, adelanté que con él el gobierno se auto-defenestraba, por no entender que la guerra es un fenómeno socio-político y, como tal, no judiciable. Borrás, al terminar mi detallada exposición, dijo: “A esto hay que ponerle un punto final. Estos Dres…no pisaron nunca un comité”.
Años después, en un almuerzo en el Círculo Militar ante tres testigos, quien había sido asesor jurídico del Ministro en aquellos días, el Dr. Jaunarena, nos dijo que luego de aquella exposición el ministro Borrás le pidió al presidente una reunión en Olivos con Nino y Malamud Goti. Borrás y Jaunarena llegaron tarde a ella, por un incidente en el viaje desde Pergamino. La reunión para tratar una salida a éste grave problema no se hizo. Es cuando comienza a gestarse un conflicto entre el Comandante en Jefe de las FFAA y la masa de las FFAA, que estalla al poco tiempo, en Semana Santa de 1987.
El brazo jurídico de la maniobra estratégica.
Poco tiempo después de la fallida reunión en Olivos, Raúl Borrás falleció y los efectos del Decreto 158/83 se fueron agravando día tras día, acompañando a una inflación creciente y a los conflictos institucionales que se multiplicaban. El “punto final” estaba elaborado como anteproyecto de ley, pero no había voluntad política para llevarlo adelante. Además, los dos asesores jurídicos del presidente -autores del Decreto 158/83- solicitaban una ley complementaria, la de “obediencia debida”, que a todas luces buscaba dilatar los tiempos para alcanzar su subrogación.
El Dr. Facundo Suarez -Señor 5- me comentaba telefónica o personalmente- acerca de estas trabas y dilaciones, estando yo destinado en Neuquén -1986- y Río Gallegos -1987-. Siempre le advertí -como lo había hecho en 1984 ante Borrás- que tarde o temprano “la olla iba a estallar”.
Ésta misma advertencia se la hice llegar por escrito al Grl Ríos Erenú -JEMGE- en Enero de 1987, a través del Sub-JEMGE, Grl Sánchez. En la nota le señalaba que la “batalla jurídica”, que él postulaba, era imposible en los hechos. La copia de dicha nota manuscrita llegó nuevamente a mis manos hace poco tiempo. El Cnl Vivas, mi compañero y amigo, en ese entonces Inspector de Infantería, fue depositario de ella y me la devolvió antes de partir a la Casa del Señor.
En Semana Santa de 1987 “la ola estalló” y el presidente Alfonsín negoció y aprobó, “bajo palabra de honor”, tres puntos -que se cumplieron a medias- con los “caras pintadas” de la Escuela de Infantería:
1) En quince días el Congreso aprobaría la demorada ley de Obediencia Debida.
2) Los Tcnl(s) Rico y Venturino quedaban a disposición de la Justicia Militar.
3) El resto del personal que había adherido al movimiento, regresaba a sus destinos, sin recibir sanción alguna.
Los negociadores por parte de la Escuela de Infantería fueron Monseñor Medina y el Tcnl Vila Melo y por parte del presidente los Dres. Facundo Suárez y Jaunarena. Ésta reunión se desarrolló en el Edificio Cóndor y fue detalladamente relatada -tiempo después- por uno de sus actores, el Tcnl D. Julio Enrique Vila Melo, en un largo artículo -con su firma- en el diario La Nación. Allí se aclaraban muchos hechos que se estaban tergiversando, para no cumplir con lo acordado.
La autodestrucción había tomado el nombre de “batalla jurídica” -por la miopía de los altos mandos- y ello, desde nuestro punto de vista consolidaba el éxito de la estrategia de aproximación indirecta lanzada el 13 Dic 83. El brazo jurídico de la maniobra estratégica británica, instrumentada como operación de pinzas, había inducido eficazmente la auto-destrucción de las FFAA, quintaesencia de una estrategia de aproximación indirecta.
El incumplimiento del punto 3) del acuerdo por parte del nuevo JEMGE -Grl Caridi- y de sus asesores, trajeron nuevos movimientos en diferentes Guarniciones Militares -Tcnl Rico y Cnl Seineldin-, pero estos ya no eran por el Decreto 158/83, sino por problemas derivados de Semana Santa, específicamente internos de la Fuerza. NUNCA se pensó en un golpe de estado, pero esa fue la perversa lectura de quienes apoyaban conscientemente o inconscientemente la “PDH”. En 1989/90 el presidente Menem dicta la Amnistía para militares encausados y para los terroristas revolucionarios. Creíamos que se alcanzaba definitivamente la ansiada pacificación nacional.
El brazo psico-político y psico-social de la maniobra estratégica.
Veamos ahora cómo se instrumentó el otro brazo de la operación de pinzas pergeñada en Oxford y ejecutada ésta por el triple agente de inteligencia -de la FAA, de Montoneros y del RU- Horacio Verbitsky, asesor presidencial desde el año 2003 y presidente del CELS. Su rol le exigía operar sobre la ciudadanía y lograr el apoyo de la opinión pública a la PDH. Ésta operación era central, para sostener en el tiempo a la encubierta maniobra colusiva.
Las izquierdas -comprometidas o simpatizantes con la revolución neo-marxista- llegaron nuevamente al poder, “colados” en la inaudita Alianza. El presidente De la Rúa -1999/2001- debió renunciar por efecto de un golpe de estado civil, provocado desde la intimidad de su gobierno. La anarquía consecuente llevará a la presidencia, dos años después, a Néstor Kirchner -2003/2007-. Un presidente sin votos y sin ideas políticas. El neo marxismo volvía a homologar lo logrado -por unos días- en el gobierno Cámpora.
Al hacerse cargo de la presidencia Kirchner necesitó construir poder y cierta gobernabilidad. Su asesor, Horacio Verbitsky, le señaló que algunos de los últimos gobiernos le habían tendido la mesa: dos décadas de continua propaganda “progresista” desde los medios de comunicación del Estado, habían transformado los “usos y costumbres” de la sociedad urbana, en las grandes ciudades. La transculturación se percibía en las calles, en el lenguaje, en las escuelas y hasta en los muros de la ciudad.
Ergo, aquel desconocido santacruceño, considerado en su pueblo natal como usurero, sin un posicionamiento político firme, audaz, autoritario y desprolijo, debía abrazarse al símbolo de la “PDH”: las “Madres de Plaza de Mayo” y dar continuidad de inmediato a los “Juicios por la Verdad”. Había que anular las “Leyes de la Impunidad”.
La interrumpida maniobra británica en su brazo jurídico, continuaría en el 2003 con un gobierno “pseudo revolucionario”, “nacional y popular”, adscripto subrepticiamente al “chavismo”. La extraña colusión británica/elementos revolucionarios neo marxistas, iniciada tras la firma del Decreto 158/83, se consolidaba, pivoteando ahora sobre el CELS de Verbitsky.
La operación psico-política, no era sencilla. Para empezar, había que reemplazar y obtener una mayoría de votos en la CSJN (2) para lograr la aprobación de la nulidad de las “leyes del perdón” y, además, modificar el concepto de “lesa humanidad” enunciado por el Estatuto de Roma, para acondicionarlo a la maniobra en curso. Los terroristas revolucionarios -en la Argentina- no serían comprendidos por ésta figura y continuarían “amnistiados”, la “PDH” se consideraría una “política de Estado” y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, “conduciría” elípticamente a la Justicia Federal, para llevar en masa a las FFAA a los Tribunales y considerarlos “asesinos” o “genocidas” y encuadrarlos en el Código Penal, como delincuentes comunes.
Esta nueva CSJN fue considerada por los “formadores de opinión”, durante años, como la ópera magna del nuevo gobierno. En el “haber” de K, la nueva Corte figuraba en primer término. (9)
También se hizo necesario modificar la constitución del Consejo de la Magistratura en favor del oficialismo, para domesticar a los Jueces y a los Fiscales comandarlos desde la Procuraduría General, que terminaría en las manos K de Gils Carbó, hasta la fecha. El torpe atropello a los principios del derecho penal y a su jurisprudencia, exigió la creación de “militantes” dentro del sistema y así surgió “Justicia Legítima” (9).
El último intento -acompañado por el exonerado juez español Garzón- de subordinar totalmente el Poder Judicial al Ejecutivo, fue el de la “democratización de la Justicia”, ley aprobada por el Congreso -considerado una “escribanía de la presidencia”- en el año 2013 y rechazada por una Jueza Federal y la CSJN, por inconstitucional, con la natural disidencia del “prostibulario” Zaffaroni.
Con esta serie de atrocidades jurídicas nuestro país se encaminaba aceleradamente -hasta el 10 Dic 15- a la categoría de “Estado fallido”. La cortina de humo que debía ocultar a estos escándalos institucionales, acompañados por una fenomenal corrupción económica-financiera, simultánea y rampante, exigía operaciones psico-sociales de encubrimiento de una intensidad y un nivel nunca antes conocida. Quienes la analizaban, citaban a Goebbels.
Se necesitaba un gran “relato” para encubrir tanto desatino, durante tantos años. Esa necesidad de una gruesa cortina de humo llevó al gobierno a asociarse con algunos medios privados y estatizó el 80% de los medios escritos, radiales y televisivos. Gallup Argentina informaba en los 2000 que el 72% del periodismo argentino era de “izquierda”. Millones de dólares eran destinados a pseudo-intelectuales, “periodistas” y actores para sostener increíbles falacias.
El éxito de Verbitsky, como director de la operación de esta narrativa falaz, que se reconstruía permanentemente, estuvo y está acompañada por antiguos comunicadores simpatizantes o pertenecientes a las izquierdas revolucionarias y por jóvenes “despistados”, formados en las aulas del “progresismo relativista”. Son quienes crearon y custodian en los medios a la “vaca sagrada” de la “PDH” -homologándola, aun hoy, con nuestros derechos humanos-. Para la mayoría de nuestros conciudadanos, el único terrorismo abominable es el “terrorismo de Estado”. Otros no existen.
Llevamos quince años involucrados en una nueva guerra mundial, conocida universalmente como “contraterrorista global”; ¿cuántos argentinos conocen su existencia, aunque fuere superficialmente? (10) “De eso no se habla” y en consecuencia se continúa con el “garantismo jurídico” que apunta al “abolicionismo penal”, con el 2×1, con un record mundial de causas que no reciben sanción y un sinfín de etcéteras. Además, existe una inconsciencia generalizada acerca del desequilibrio estratégico provocado por el desarme unilateral argentino.
Aquella sentencia de Séneca -S II d.C.- continúa brillando entre nosotros con todo esplendor: “Peor que la guerra, es el temor a la guerra”. Y allí está la clave de nuestra imparable Inseguridad Nacional. Toda la legislación de Seguridad Nacional ha sido dictada bajo el espíritu que acompañó a la operación estratégica de pinzas que hemos descripto, por elementos cercanos a las organizaciones armadas revolucionarias, pero no sabemos que haya hasta hoy una mínima reacción política, ante la absoluta y creciente indefensión e inseguridad pública.
Está de por medio “el muro más alto que debe superar el actual gobierno”, construido en las últimas décadas desde el Estado, para licuarlo y transformarlo en el santuario del crimen organizado y sobre la sociedad, alienada por una comunicación perversa que la llevó a su transculturación. Los dos brazos de la maniobra estratégica por aproximación indirecta -el jurídico y el comunicacional- fueron eficaces, pero su consecuencia colateral, la corrupción que actualmente desborda al muro, es decir, a la cortina de humo de la “PDH”, está llegando a su fin (8) (11).
Si hubiere decisión política para terminar con la absurda auto-destrucción, roguemos que haya lucidez para iluminar el sendero que conduce a la salida del cerco. Años de una falsa narrativa retiene a gran parte de la ciudadanía en la irrealidad de un espejismo, si bien ésta se está resquebrajando, día a día.
• En Síntesis.
1. En la inmediata posguerra del Atlántico Sur, en 1983, la inteligencia británica en colusión con el neo-marxismo, logró la inducción -por aproximación indirecta- de la autodestrucción institucional y la transculturación social de la Argentina.
2. El instrumento seleccionado fue la “PDH”, que permitió trastocar la victoria táctica argentina -en la guerra contra-revolucionaria- en una derrota política y estratégica, quedando nuestros derechos humanos en manos del terrorismo revolucionario.
3. Los decretos 157 y 158/83 fueron el puntapié inicial de una maniobra de pinzas que aseguró al Foreing Office la imposibilidad operacional militar de la Argentina y dio a la pseudo-revolución continuidad, a pesar de su derrota en el terreno.
4. Un brazo de la maniobra fue ejecutado por la Justicia Penal Federal -sobre el modelo de “la purga leninista del Ejército Zarista” en 1921-. El otro fue conducido por un triple agente de inteligencia, desde una ONG, que operó la conducción sigilosa de los Ministerios de Defensa y de Justicia (12), desde las bambalinas.
5. Esta exitosa operación estratégica logró levantar -infoesfera de por medio-un muro intocable, el de la “PDH”, “vaca sagrada” que logró ocultar durante quince años el mayor asalto K a las cajas de los bienes públicos y la impunidad de terroristas, narcotraficantes y ladrones de guante blanco.
6. El 10 Dic 15 la ciudadanía cambió el rumbo “pseudo-revolucionario” que en las posguerras había transitado diferentes etapas “democráticas”. La corrupción encubierta está saliendo -en el 2016- a superficie y agrieta al muro. Aun no ha llegado a conmover sus cimientos, pero si ello no ocurriera en los próximos meses podríamos volver a la violencia revolucionaria que prometen los remanentes duros del kirchnerismo y la “Declaración Final del XXII Encuentro del Foro de San Pablo en El Salvador” del 27Jun16, cuyo último párrafo vale la pena transcribir, para leer sus entrelíneas:
“América Latina y el Caribe está en estos momentos y seguirá estando al frente de la lucha de los pueblos por una sociedad con justicia y libertad, sin explotación ni opresión; una lucha en la cual los pueblos, sus organizaciones políticas y sociales, y los gobiernos que defienden los intereses populares, se enfrentan a las más poderosas fuerzas del mundo, pero cuyo poderío económico y militar no podrá contra el poder de la razón, de las ideas, y de los más altos valores de la humanidad, que como proclamaba la Revolución Cubana en la Segunda Declaración de La Habana, “ha dicho BASTA y ha echado a andar…” Seguiremos construyendo el poder popular para asegurar las transformaciones económicas, sociales y políticas de los pueblos de América Latina y El Caribe”.
6. Nuestro futuro -y el de la región- está en manos de la ciudadanía argentina y del Gobierno Nacional. Hay indicios de que la sociedad ha despertado de su ensueño, que retiene esperanzas y que esta vez actúa con mayor prudencia. No sabemos aún si la dirigencia política ha asimilado a esa circunstancia. El “socialismo siglo XXI” está en retirada y el BREXIT ha puesto a parir al RU. Los ocupantes de las Islas usurpadas están conmovidos. Es el momento -oportunidad- que tiene el Presidente Macri para clausurar los dos “estados de guerra” que mantenemos abiertos y nos cierran el camino hacia el progreso (4).
CITAS:
(1). El Dr. Luis Eduardo Duhalde fue asesor del “peronismo revolucionario”, profesor en la “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” -como se llamó la UBA durante el gobierno de Cámpora-, defensor de los “fugados de Trelew”. Cuando asume Kirchner es nombrado Secretario de Derechos Humanos -SDH- y postula la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Transformó a la SDH -cuyo presupuesto aumentó de 1 a 100 millones de pesos- en querellante del “terrorismo de estado” y, como tal, celebraba como un gran “triunfo revolucionario” la lectura de los fallos de los TTOOFF, de pie sobre una mesa y agitando a las barras con banderas rojas, bombos y redoblantes, dentro y fuera de las salas del tribunal, transformando a ellos en “tribunales populares” similares a los bolcheviques que “purgaron” a los oficiales blancos en Rusia, en 1921. (2). Adolfo Vázquez. “Asalto a la Justicia”. Ed. Sudamericana. Mar 16. (3). Heriberto J. Auel. “El Pensamiento Estratégico en el Siglo XXI”. 12Oct14, www.ieeba.com.ar (4) Heriberto J. Auel. “La larga guerra civil argentina y el actual estado de guerra civil revolucionario”. O9Jul13. www.ieeba-com.ar (5) L. B. Hart. “La estrategia de aproximación indirecta”. Biblioteca del Oficial Nro 500/501. Círculo Militar. Sep 60. (6) Mao Tse Tung. “El Libro Rojo de Mao Tse Tung”. Abr 64. Ed Edo Chino. 900 Millones de ejemplares. (7). El Dr. Jaime Malamud Goti, autor de “Terror y Justicia en la Argentina”, vivió durante una década en los EEUU. Citó en sus trabajos a la Guerra del Atlántico Sur como “media guerra” por las “Is. Flalkland/Malvinas”. Penalista de la UBA con pensamiento próximo al del Dr Zaffaroni. Fue parte de un grupo de abogados radicales que, con los Dres. D´Alessio, Gil Lavedra, Enrique Paixao, Leopoldo Schifrin y otros (luego funcionarios del Estado), sugerían llevar a los militares a la Justicia “como causantes de los golpes de estado”, para proyectar la figura de Alfonsín al plano internacional, “aunque ello implicara un severo apartamiento del Derecho”. Éste mismo grupo produjo la reforma del Código de Justicia Militar, que dejó al “jus in bello” en manos legas y que traerá -en el futuro- gravísimos problemas de disciplina en las FFAA. Malamud Goti fue el enlace de éste grupo con el Dr. Nino y conformará el “Centro de Investigaciones Especiales” -CEI- presidido por Zaffaroni y conformado por Nilda Garré, Alicia Oliveira y Diana Conti. (8) Heriberto J. Auel. “Escándalo Judicial en Tucumán”. 25May16. www.ieeba.com.ar (9) La Nación. Editoral. “Nuestros jueces penales federales”. 26 Jun 16. (“De este grupo de magistrados, nacidos de lo peor de la política para juzgar a la política, sólo cabe esperar que sigan haciendo, precisamente, política y no justicia”). (10) Heriberto J. Auel. “La guerra mundial Contra-terrorista Global, ¿Híbrida o Nuclear? Abr 15. www.ieeba.com.ar ( ) El Dr. Alfredo Bisordi fue el fiscal que tomó al Decreto 157/83 y en consideración al enorme acopio de pruebas que reunió, para llevar a juicio oral a los terroristas, fue ascendido y con ello separado de su cargo. Esta causa, como lo hemos señalado, fue “cajoneada”. Pero como era un magistrado honesto y trabajador, continuaba molestando. Aníbal Fernández llegará a pedirle públicamente su “renuncia patriótica”. Como titular de la Cámara de Casación dijo el 26 Abr 87: … “El supuesto retraso de causas contra los militares es una excusa para sacar jueces, con miras a asegurar a Kirchner (y familia) la impunidad en los presuntos delitos de corrupción”. En un escrito de fuerte contenido político, con el que acompañó su presentación ante el Consejo de la Magistratura, tildó a Kirchner de “traidor a la patria”, de “incipiente tirano” y de “aprendiz de déspota no ilustrado”, acusándolo además de encabezar una “venganza” de la organización Montoneros, de haberse refugiado y haber hecho “buena letra” durante la dictadura y de haber apoyado las privatizaciones del gobierno del Dr. Carlos Ménem. El Cronista Comercial, 27Abr87. (12) Carlos Manuel Acuña. “Los Traidores, Intimidades de la Guerra Revolucionaria”. Ed. Buen Combate. 2012. “Verbistky: De La Habana a la Fundación Ford”. Ed. El Pórtico. 2003.
Tres menores muertos en la revuelta de Venezuela
Cinco manifestantes murieron, tres de ellos menores de edad, y 239 resultaron heridos en el curso de las protestas en Venezuela tras el alzamiento encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, según cifras facilitadas este viernes en Ginebra por una portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Los fallecidos, en las protestas organizadas los días 30 de abril y 1 de mayo, recibieron disparos de grupos pro Gobierno, y elevan a 49 las muertes de manifestantes en lo que va de año.
Entre las víctimas se encuentran un adolescente de 15 años fallecido en el estado de Mérida, dos jóvenes de 16 y 24 años murieron en Aragua y otros dos de 15 y 27 que fallecieron por disparos en protestas organizadas el 1 de mayo en la caraqueña plaza de Altamira.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 3, 2019
Por la reivindicación del estatus de los prisioneros políticos en Argentina: un reconocimiento oficial obligatorio.
Constatando que desde hace más de dos décadas una nueva tipología de presos se instaló en los juzgados federales y en las cárceles argentinas ante el silencio de la sociedad y la sorprendente participación de la comunidad internacional quien contribuye a crear ese fenómeno. Socialmente, políticamente y judicialmente más de 2800 hombres y mujeres están acusados ilegalmente de haber cometido delitos no comunes, ni militares, ni de guerra, ni durante un conflicto armado. Esos detenidos son “prisioneros especiales”, no lo son de derecho común, algunos cumplen detenciones domiciliares, en hospitales o en cárceles generales, pero en pabellones separados de “presos comunes”.
Observando que el grupo social representativo de estos presos no comunes está constituido por ciudadanos nacionales, binacionales o extranjeros, personas adultas entre 65 y 90 años, ex agentes del Estado o miembros de la sociedad civil de los años 70, que en sus funciones respectivas impidieron a las organizaciones armadas ilegales tomar el poder político por las armas, defendieron y protegieron las instituciones, la sociedad o simplemente no compartieron la ideología de los grupos terroristas. Actualmente, esos presos de una nueva generación están ilegalmente imputados, procesados o detenidos por delitos no comunes de lesa humanidad. Hasta se busca acusarlos de terroristas de Estado, de genocidas, de financiamiento del
terrorismo. Son personas juzgadas por delitos de otra naturaleza.
Reconociendo que el proceso judicial que se aplica a estos imputados de delitos y crimines no comunes, también es especial, fue concebido y planificado por extraños individuos exclusivamente para esas personas y por esos casos. Los magistrados en sus dictámenes utilizan un discurso político, militante, argumentan conceptos vacíos de contenido jurídico, interpretan ideológicamente las teorías jurídicas jurisprudenciales y convencionales, para hacer decir a la norma lo que ésta no dice.
El poder judicial, abusa de la suspensión de garantías, de la excepcionalidad permanente[2], para que en nombre de los derechos humanos se violen a terceros esos derechos que dicen defender y proteger. Las obligaciones positivas del Estado y el Estado de derecho para estos presos no comunes tampoco son normas imperativas, derecho subjetivo o simples garantías procesales.
Afirmando, que la justicia se sirve entre otros elementos a-jurídicos o cuasi jurídicos, como “el contexto”, “la gravedad de los hechos”, ”la peligrosidad del imputado”, un supuesto delito existente en la costumbre internacional desde la creación del universo, para justificar “la excepción como regla permanente” y así aplicar la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, el principio de analogía, no reconocimiento de las leyes de amnistías, la prescripción ni las garantías procesales o convencionales. Esa ilegalidad permite que el Estado actúe como querellante, que el testigo puede no estar presente utilizándose una declaración anterior, ni interrogarlo para no revictimizarlo. El Estado pone a disposiciones de las victimas recursos financieros y humanos cuando las Obligaciones Positivas no hacen diferencias de las personas ante la justicia.
Los magistrados utilizan estratagemas para mantener los presos especiales con prisiones preventivas indefinidas, los beneficios de la libertad condicional o la excarcelación son casi nulas, las demandas por enfermedad o la edad no se toman en consideración para otorgar los beneficios procesales previstas en convenciones internacionales que si se hacen con los presos comunes. Esa práctica constituye una violación constitucional y convencional a los derechos humanos.
Confirmando, que la vida en las cárceles no son las mismas para estos presos no comunes: días diferentes de visitas, grave insuficiencia de asistencia en la salud, carencia de alimentación equilibrada o en mal estado, prohibición de realizar estudios universitarios, instalaciones carcelarias deplorables, condiciones de seguridad estrictas (cuando todo el mundo lo sabe y es de conocimiento público que, en las cárceles argentina, en los pabellones de delitos comunes los presos disponen de celulares, conforts diversos, salen a participar en actos políticos, reciben una remuneración, tienen un sindicato, pueden estudiar…).Los recientes informes de la ONU y de la PPN[3] así lo afirmaron, reconociendo que las prisiones preventivas ilimitadas son en realidad condiciones inhumanas y degradantes. Los principios de la OMS y de la CICR, no se aplican.
A partir de 1983, comienza los preparativos de la venganza, de la persecución:
Desde el fin de las leyes de amnistía de obediencia debida y punto final (reconocidas como tales por la CSJN), la persecución política contra los hombres y mujeres que en los años 70 en Argentina se impusieron a las organizaciones armadas ilegales, es una política de Estado. Las redadas organizadas y planificadas contra los “terroristas de Estado” y sus aliados, aumenta en forma rigurosa, hasta 2003 fue selectiva luego fue masiva. Como toda acción política que busca su redito, este negocio se concretiza por las amenazas de unos pocos, la cobardía, el oportunismo o la alianza de los hombres políticos en el poder y de los magistrados que aceptan pactar con la ilegalidad para garantizar sus privilegios y transacciones. De la propaganda se encargan los medios afines, periodistas, expertos, militantes, asociaciones…que por todos los medios deben mostrar el enemigo, el que (supuestamente) constituye una amenaza contra la Nación, construir una historia romanesca y mostrar a los combatientes de los grupos terroristas como defensores de la libertad y de los derechos humanos.
Pero entonces, ¿quienes cometieron ataques terroristas contra unidades militares, policiales, establecimientos del Estado, asesinaron, secuestraron, agentes del Estado, civiles, empresarios, industriales, hombres, mujeres, niños, nacionales, extranjeros? para estos cuenteros de un relato ucrónico eso nunca ocurrió o son victimas colaterales sin mas responsabilidad, pero que no pueden tener un reconocimiento de victimas porque ellos así lo determinan. El poder judicial y el poder ejecutivo guardan silencio para no incomodar una intocable minoría que se autoproclamaron únicas víctimas de los 70.
Es decir, que desde hace más de 30 años numerosas personas viven del curro de los derechos humanos, y un sector de la sociedad debe soportar escraches, amenazas, calumnias, injurias, el odio y la venganza por parte de las ONG llamadas de derechos humanos sin que el Poder Ejecutivo aplique las Obligaciones Positivas del Estado y ponga fin a esa espiral de violencia fomentada por la conducta impune de organizaciones neo-revolucionarias.
Hace 35 años que la Argentina vive encerrada en su pasado y paralizada en su desarrollo global sin poder avanzar en ningún sector estratégico, económico, social o político porque todo se especula con el periodo que va más allá de 1983. Mostrar la política de los derechos humanos, derechos subjetivos, como la única política de Estado que condiciona la hoja de ruta de la política extranjera y de todos los sectores del gobierno a nivel nacional, no solo es ilegal, sino que frena el crecimiento real del país; es contrario a los desafíos actuales que impone la mundialización y la competitividad en otros sectores. Los Estados avanzados se focalizan en otras temáticas pensando en el futuro del país, dejando el pasado para los historiadores.
Sectores de la sociedad proponen la reconciliación, el rencuentro nacional, la cohesión social, pero los movimientos radicalizados se oponen visceralmente y públicamente a esos objetivos, para los presos especiales y sus familias significa más persecución, discriminación, marginalización social, campaña de prensa negativa y el accionar de la justicia que viola abiertamente sus derechos fundamentales.Nacion
Así la fiscal Gabriela Sosti, sostiene: “…. seguimos juzgando genocidas que no es poco. Estos juicios son los juicios a la historia y creo que la manera más noble que tenemos los pueblos de defendernos de la ignominia es a través del ejercicio de la memoria y en estos juicios se perfecciona este ejercicio”, agregando que: “los juicios son del pueblo, son de la gente, son de la sociedad, no tienen que hacerse puertas adentro, no son de los jueces, no son de los funcionarios públicos, ni siquiera son de las personas que padecieron este exterminio. Es la sociedad toda la que está involucrada. Que se sigan desarrollando estos juicios nos interpela a sostenerlo”. http://www.laretaguardia.com.ar/2016/09/III-tramo-ABO.html
En los hechos ocurridos en los años 70 en Argentina la justicia, arbitrariamente excluyó la responsabilidad penal a los miembros de los grupos armados ilegales de esa época y determinó que los ilegales imputados de lesa humanidad cometieron delitos no comunes. Esa decisión político-jurídica confirma que todos los acusados en esas causas deben ser tratado desde la dimensión de lo político.
Considerando que el delito político puro, se caracteriza por la naturaleza del derecho contra el cual atenta, es la violación de los derechos que pertenecen al Estado considerado como poder político al exterior y al interior. Lo que distingue el delito político del delito de derecho común, es que el primero perjudica sólo el Estado considerado en su organización política, en sus derechos propios, mientras que el segundo perjudica exclusivamente otros derechos que los derechos propios del Estado. También puede existir un delito que perjudica a la vez los derechos de ambas dimensiones.
En efecto, los delitos políticos relativos son los que, desde el punto de vista objetivo, perjudican a un individuo o al Estado considerado como particular, pero los que, desde el punto de vista subjetivo, en la intención de sus autores, tienen la política como móvil, como fin o como ocasión. Entre esos delitos se encuentran: el regicidio, graves disturbios políticos, rebelión, insurgencia armada, robos de armerías privadas, movimiento insurreccional, apoderarse de arsenales del Estado, destrucción de propiedades publicas y privadas, muerte en combate de un miembro de la parte opuesta… características irrefutables de la violencia armada de los 70 en Argentina. Los actos realizados por los autores de esos hechos obedecieron a motivos políticos y tuvieron la intención de lograr un objetivo político ( Vidal, Georges in Cours de droit crimminel et de science pénitentiaire. Ed. Arthur Rosseau, 1902, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58055503.texteImage ). La justicia federal reconoció que en el periodo de los 70, en Argentina, hubo una guerra revolucionaria (causa 13/84).
Es decir que los actuales imputados ilegales de lesa humanidad son en realidad acusados por delitos políticos relativos que ni el gobierno ni la justicia pueden afirmar lo contrario. Tres decisiones validan aún más los argumentos precedentes:
La justicia de los Estados Unidos rechazó el 01 noviembre 2010, la extradición de Roberto Bravo, solicitada por la Argentina, “…la extradición está legalmente prescrita dado que los presuntos delitos de los que Bravo está acusado constituyen “delitos políticos relativos…”. http://uniset.ca/other/cs5/924FSupp565.htmlTribunal del Distrito de Estados Unidos, distrito del sur de Florida, caso número 10-20559-MC-DUBE http://www.plainsite.org/dockets/ik1h9zml/florida-southern-district-court/v-bravo/
La Audiencia nacional, sala penal, segunda sección, caso 14/2007, extradición n°7/2008, rechazó el 28 abril 2008 la extradición de María Estela Martínez de Perón solicitada por Argentina, entre otros aspectos, por considerar que “en la reclamación extradicional concurren ciertos aspectos de carácter político, o cuando menos extrajurídicos, por los que puede ser denegada la entrega a tenor de lo dispuesto en la Ley de Extradición Pasiva…” http://www.elortiba.org/doc/Causa_Isabel.doc o https://cse.google.com.ar/cse?cx=partner-pub-3276269045002077:7620764802&ie=UTF-8&q=http://www.elortiba.org/doc/Causa_Isabel.doc+&sa=Buscar+en+el+sitio
La OIPC-Interpol Lyon, el 06 julio 2016, anula unilateralmente el pedido de captura internacional de Mario Sandoval solicitado por la justicia argentina, en razón que “Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”, según lo previsto en el artículo 3 del estatuto de Interpol.
Los hombres y mujeres actualmente acusados ilegalmente de lesa humanidad, son prisioneros políticos porque:
Para la organización de Naciones Unidas: Si bien no determina los criterios constitutivos de preso o prisionero político, recuerda su contribución en la protección de los derechos humanos: a)“…disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias “; b) “…que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”; c) “…a la liberación del hombre de la opresión y las restricciones injustificadas…” (Preámbulo y punto D, resolución 217 (III) 10diciembre1948, carta internacional de DDHH. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Fija el cuadro jurídico internacional de protección de todos los individuos con el objetivo de evitar que el poder político intervenga, reemplace o influencie la justicia, la libertad y los derechos de una persona, por ejemplo: proclamando la declaración universal de los derechos humanos ( Declaración Universal DDHH, http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml), o determinando los principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Resolución 43/173, 09 diciembre 1988: Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión http://www2.ohchr.org/spanish/law/detencion.htm )
Finalmente, la ONU determina el perímetro a no transgredir de parte del poder político porque provoca la emergencia del hombre-prisionero político. “Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración” (Art.30: Resolución 217 (III) 10diciembre1948, carta internacional DDHH) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=http://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html&Lang=S
Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE): “Hay que tener presente que el concepto de “prisionero político” no debe afectar a los principios generalmente aceptados del derecho y los derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales, el de la cosa juzgada y otras reglas fundamentales”, y http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=19150 si bien “la segunda parte del término “prisionero político” se refiere a la naturaleza política de este concepto, el primero hace hincapié en el aspecto legal. Por lo tanto, si clasificamos los elementos de este concepto, un enfoque puramente jurídico o puramente política no aportara ningún resultado positivo; los criterios adecuados deben buscarse a la frontera de esos dos enfoques” http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9951&Language=EN.
La resolución 1900 APCE del 03 octubre 2012, determina los criterios por el cual una persona privada de su libertad individual debe ser considerada prisionero político: a) Detención impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos, en particular libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información y libertad de asamblea o asociación; b) Detención por razones únicamente políticas sin conexión con delito alguno; c) Por razones políticas, periodo de detención o condiciones claramente desproporcionadas en relación a la infracción por el cual la persona ha sido reconocida culpable o presuntamente de haber cometido la infracción, d) Por razones políticas, la persona es detenida en condiciones discriminatoria en relación a otras personas, e) Detención como culminación de procedimientos manifiestamente irregulares, y relacionados con motivos políticos de las autoridades. http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19150&lang=EN
Para el Manual de Amnistía Internacional (AI): “Preso político es todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades. AI aplica el calificativo «político» a los aspectos de las relaciones humanas que guardan relación con la «política», es decir, con los mecanismos de la sociedad y del orden público”. AI, solicita “…que los presos políticos sean sometidos a un juicio con las debidas garantías en un plazo razonable, de conformidad con el derecho reconocido internacionalmente que tienen todos los presos a quedar en libertad si no los juzgan sin demora y con las debidas garantías…”. https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/org200012002es.pdf .
Pero ¿quiénes son los enemigos de la reconciliación de los argentinos, de la cohesión social, que destilan odio, buscan la venganza sin importarles ni la justicia, el futuro del país ni los derechos humanos de terceros, acusando, calumniando, injuriando a un grupo social y sus familias, con términos particularmente graves de genocidas, torturadores, terroristas…?:
son aquellos actores que por clientelismo o compromisos políticos disponen de un poder o influencia en diversos aspectos, son detentores desmesurados de la arrogancia, el narcisismo, el desprecio, la pretensión, la manipulación, el sentimiento de invulnerabilidad, que escuchan únicamente su entorno y rechazan todo compromiso. Esos representantes del síndrome de hubris[4], se encuentran en el gobierno, sus ministros y altos funcionarios, los agentes del Estado que obedecen ordenes ilegales, el poder judicial en general y los jueces federales en particular, los ex miembros de grupos terroristas y sus familias transformados en defensores humanistas, parlamentarios, medios, las ONG autodeterminadas de derechos humanos, sus militantes. Estos enemigos deben ser declarados objetivos políticos a neutralizar en todo tiempo y lugar porque además son cismáticos que buscan destruir la cohesión social de la comunidad nacional.
Visto que no son presos comunes, el gobierno y la justicia deben determinar: o son presos especiales con tratamiento similar de prisionero de guerra, o presos políticos que deben beneficiar de una situación correspondiente, o presos de delitos comunes que deben beneficiar de todas las disposiciones legales que ellos disponen. Es esencial de proteger y garantizar en todas las circunstancias un tratamiento humano a las personas contra las quienes el gobierno considera necesario por razones de orden político tomar esas medidas de rigor.
Dado que estos presos políticos no son prisionero de derecho común porque someterlos a las reglas de estos últimos, corresponde un tratamiento diferencial porque judicialmente, políticamente, socialmente, son tratados así.
Por ello, se requiere para los presos políticos (PP) en Argentina, entre otros temas no limitativos:
Poner fin a la persecución política y jurídica contra los PP y sus familias.
El derecho para los PP a no ajustarse al reglamento del SPF sobre las restricciones en la forma de vestirse y otros puntos a determinar previstas en el reglamento para los presos comunes.
Un protocole de seguridad para los PP en prisión domiciliara y evitar los actos de amenazas, vandalismos, seguimientos, fotos, videos, por parte de las asociaciones como Hijos y otros.
Anular las investigaciones y medidas administrativas a los PP ex agentes del Estado en las instituciones nacionales o provinciales (fuerzas armadas, de seguridad, policiales, de inteligencia y otras).
Restablecer de manera inmediata los beneficios previsionales (retiros, jubilaciones, pensiones) a los PP ex agentes del Estado y sus familias.
Instalar, como parte del bloque de los derechos humanos, el acceso a Internet para los PP. El derecho a la información, de expresion y de opinión no deben ser suspendidos.
Otorgar inmediatamente la detención domiciliaria a los PP mayores de 70 años sin condición alguna.
Aplicar con los PP la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Autorizar sin restricción a los PP el derecho de realizar estudios, el acceso a soportes culturales, practicar una religión, como también el derecho de libre asociación con otros prisioneros y organizar actividades educativas o recreativas.
Poner inmediatamente en libertad los PP con detenciones preventivas de 2 años cumplidas, sin otra condición. El exceso de la misma es considerado un tratamiento inhumano para los relatores de la ONU que visitaron la Argentina.
No obligar a los PP la asistencia a los juicios cuando los acusadores disponen de ese beneficio.
Disponer una plataforma telefónica único de asistencia de salud para los PP: el acceso a la salud no pude depender de la buena voluntad de magistrados y del personal penitenciario ignorando con ello diagnósticos y estudios epidemiológicos realizados sobre esa población.
Crear en cada prisión, un comité de diálogo, integrada por los PP y personalidades externas, que serán los interlocutores con el gobierno nacional sobre el tratamiento de sus temas específicos, de la vida en prisión, con los organismos internacionales que visiten las prisiones y con las autoridades penitenciarias a nivel local y nacional.
Solicitar el derecho que la CICR, la OMS, la CIDH, los comités específicos de la ONU, visiten y entrevisten en forma confidencial los PP en cada prisión.
Aceptar, bajo la fórmula internacionalmente conocida de tribunales mixtos, que magistrados extranjeros integren los tribunales orales federales que juzgan los PP.
Aceptar que Observadores internacionales extranjeros (abogados, asociaciones, magistrados, personalidades) puedan participar en los juicios
Los tribunales no son lugares de proselitismo o manifestaciones partidistas como lo son hasta ahora. Prohibición de carteles, canticos, identificación vestimentaria partidista, el público presente debe ser neutro y guardar silencio.
El respeto irrestricto de la presunción de inocencia, prohibiendo la exposición para que fotógrafos y otros medios violen ese principio.
Aumentar el número de días de visitas a los PP.
Realizar un álbum con las fotos de los PP muertos, nombre-apellido, fecha de nacimiento, fecha de deceso. A exponer en cada prisión.
Solucionar de manera urgente el hacinamiento carcelario, mejorar las instalaciones, el mobiliario y comodidades de los PP.
Anular los tratamientos degradantes hacia los presos políticos y con los protocolos excesivos de control durante la visita de familiares y/o amigos,
Finalmente,
A la fecha hay 469 mártires asesinados por la justicia, con la complicidad del Poder Ejecutivo y la venganza de las ONG llamadas de derechos humanos. Las responsabilidades de esos crímenes no pueden quedar impunes.
El gobierno, no puede continuar a argumente haber suscripto numerosas convenciones sobre los Derechos Humanos para rechazar la presencia de presos políticos y las violaciones a sus derechos fundamentales. “A este respecto, la Corte subraya que la existencia de textos internos y la aceptación de tratados internacionales garantizando, en principio, el respeto de los derechos fundamentales, no son suficientes a ellos solos, a asegurar una protección adecuada contra el riesgo de malos tratos, como en la especie, fuentes fiables informan sobre prácticas de las autoridades -o toleradas por éstas- manifiestamente contrarias a los principios del Convenio” (CEDH, Saadi c/Italia, párrafo 147, fallo del 28 febrero 2008) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85275 o http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
El presidente de la Nación y su gobierno deben tomar conciencia que guardar silencio o querer ignorar la grave situación que vive un sector de la sociedad a quienes abiertamente se les violan sus derechos humanos es jugar con la cohesión social y el futuro de la Argentina. La búsqueda de una solución global, inmediata, debe estar en la agenda electoral 2019. Esa misión es responsabilidad del Presidente de la República y la historia lo juzgará por ello porque más se demora resolver la situación con el grupo social de los presos políticos, el precio a pagar político y humano será más elevado e imprevisible. La reconciliación nacional se aleja y la espiral de violencia dejara de ser latente.
Continuamente no se puede poner la otra mejilla. Es hora de una ruptura clara y precisa con los enemigos de los presos políticos y de la pacificación social, no se puede continuar a aceptar las violaciones, los tratos degradantes, las calumnias e injurias porque el derecho a la supervivencia de este grupo social, la de los PP, es superior a todos los otros que la justicia niega y la sociedad los ignora. Lo que esta en juego es la vida de los PP contra la muerte social, el derecho objetivo contra el derecho subjetivo porque el estado de Derecho no debe ser el derecho a destruir el Estado.
Frente a los diversos agentes de persecución que solo quieren continuar los ataques por todos los medios e imponer la racionalización del odio, la venganza, y a los discursos combativos de las organizaciones defensoras del terrorismo de los 70 en Argentina, de: “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, acepto el desafío público de responder a esas intimidaciones porque no podemos renunciar a luchar por la verdad, la historia y la justicia. Llegó el momento de decir basta. Recordando que esos personajes no hacen diferencia con las familias que atacan.
No podemos aceptar la tiranía de una minoridad que vive del curro de los derechos humanos y es revisionista desinformando con un relato ucrónico. Es inadmisible que un grupo social viva indeterminadamente privado de libertad y bajo amenazas, porque si los presos políticos no son hombres libres, sus familias y una parte de la sociedad tampoco lo son.
Ante la negativa de estas reivindicaciones una resistencia pasiva en democracia se instalará en las prisiones y al exterior de las mismas.
Yo elegí defender y proteger los derechos humanos de todas las personas por igual, como también la libertad, la igualdad y la democracia, los enemigos de los presos políticos y del Estado de derecho, no. Paris, Prof. Mario Sandoval, presidente del CASPPA, marios46@hotmail.com, 13diciembre2018.
[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas y filosofía, habiendo ocupado funciones en la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica y una trayectoria publica conocida. Regularmente realiza à nivel internacional conferencias, asesorías y publicaciones. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. Presidente del Comité de Ayuda y Solidaridad de los Presos Políticos en Argentina (CASPPA)
[2] Eugenio Zaffaroni “Nadie nunca ejerció un poder represivo arbitrario en el mundo sin invocar la “necesidad” y la “excepción”. “La ley penal no puede ser retroactiva…”, “El crimen de lesa humanidad no es pretexto para las excepcionalidades…”, o “Cuando se invoca la excepcionalidad, cuando se imponen por una ley retroactiva, no tienen legitimidad…” in Medidas de excepcionalidad del gobierno argentino https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2016/11/Medidas-de-excepcionalidad.pdf
[3] Relator Especial ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, visita a la Argentina 9-20 abril 2018 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22974&LangID=S – ONU. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Argentina, del 8 al 18 mayo de 2017 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/229/39/PDF/G1822939.pdf?OpenElement – Comité contra la Tortura: Observaciones informes periódicos 5to y 6to de la Argentina, 24 mayo 2017 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fARG%2fCO%2f5-6%2fAdd.1&Lang=en – La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. Informe anual 2017. PPN: https://ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe-anual-2017.pdf – Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. Informe 2017, agosto 2018 https://ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/2017%20Informe%20anual%20RNCT.pdf
[4] David Owen and Jonathan Davidson: Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years, https://academic.oup.com/brain/article/132/5/1396/354862
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembred 14, 2018
ABANDONADOS
“Los personajes y hechos retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia”.
Muy utilizada en el séptimo arte, al final se trata de una expresión que hemos adoptado con normalidad. Sabemos que no es cierto. En algún lugar de Asia y de Sudamérica principalmente, las coincidencias no existen.
Afridi no ha visto a quien es su abogado en la actualidad, Qamar Nadeem Afridi, desde 2012. Su esposa y sus hijos son sus únicos visitantes. Durante dos años, su archivo “desapareció”, retrasando su apelación ante el tribunal. Los tribunales ahora dicen que no hay fiscales disponibles.
Nadeem dice que los abogados que trabajan o trabajaron con Afridi han sido amenazados con violencia. El bufete de abogados de Nadeem tiene agujeros de bala por un tiroteo hace varios años. Como se mencionó, uno de los abogados de Afridi fue asesinado afuera de su casa de Peshawar. Además, un administrador de la cárcel que apoyó a Afridi fue asesinado a tiros. Un par de guarda cárceles, sancionados por la acusación de haberle facilitado un teléfono celular para comunicarse con un periodista.
En su búsqueda para localizar a Bin Laden, Afridi utilizó un programa falso de vacunación contra la hepatitis para tratar de obtener muestras de ADN de la familia del terrorista. Sin embargo, no ha sido acusado de ayudar a los EE. UU. a encontrar a Bin Laden.
El abogado Nadeem dijo que Afridi fue acusado bajo la ley tribal por ayudar a militantes en la cercana región tribal de Khyber. En un tribunal tribal, la ley les permite operar con las cortes cerradas al público, no requiere que el acusado esté presente en el tribunal y limita el número de apelaciones.
Si Afridi fuera acusado de traición, tendría derecho a audiencias públicas y apelaciones, incluso ante el Tribunal Supremo. Esto permitiría que los detalles de la operación Bin Laden sean discutidos públicamente, algo que el gobierno no quiere. No desea. No es conveniente.
La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Alice Wells, se reunió recientemente con las autoridades pakistaníes. No hay información sobre si el caso de Afridi fue discutido en la reunión.
En una declaración, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América aseguró que Afridi no ha sido olvidado. “Creemos que el Dr. Afridi ha sido injustamente encarcelado y hemos comunicado claramente nuestra posición a Pakistán sobre este caso, tanto en público como en privado”.
Hay rumores, hay deseos de cambio. Un par de meses, el abogado de Afridi había señalado que “en el mes próximo” su defendido podría recobrar su libertad. Ese mes próximo ya ha sido olvidado y no hay novedades de Afridi. Estados Unidos mira hacia un costado y ha dejado de lado su famosa frase Ningún hombre es dejado atrás.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 10, 2018
Estados Unidos abandona la Unesco
¿Qué es la Unesco y qué hace? Lo más popular son los enclaves naturales y culturales declarados por este organismo como Patrimonio de la Humanidad.
Pero la labor de esta agencia dependiente de Naciones Unidas (ONU), que Estados Unidos e Israel decidieron abandonar hoy, tiene otras inquietudes. El organismo comenzó a gestarse durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, y a pesar de que aún quedaban unos años para que se acabara el conflicto, los gobiernos de los países europeos que combatían a los nazis y a sus aliados empezaron a pensar en la necesidad de reconstruir sus sistemas educativos de cara a un futuro posguerra.
Entonces, se asentaron las bases de un proyecto que pronto adquirió una dimensión “universal”.
Justo después de que la Segunda Gran Guerra finalizara, se celebró una conferencia en Londres de la recién estrenada Naciones Unidas.
Allí, representantes de 44 países acordaron la creación de un organismo centrado en la promoción y protección de la educación y la cultura como pilares fundamentales para evitar el estallido de otro conflicto de escala mundial. Hoy, esta “universalidad” se vio diezmada por los anuncios de Estados Unidos e Israel de abandonar la entidad. La administración Trump decidió abandonar el organismo por su supuesta tendencia “anti-Israel” y la necesidad de una reforma de la agencia y un plan para recortar gastos; una decisión que animó a su par israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, a tomar el mismo sendero.
En un mundo marcado por dos conflictos armados, la Unesco reivindicó la necesidad de trabajar por la paz. Su misión, por tanto, es contribuir a esa consolidación de la paz, pero también a la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. En la práctica, la Unesco impulsa programas alrededor del mundo que destinados a cumplir con esos objetivos y mejorar el acceso a la educación, reducción de las desigualdades o promover los avances científicos y la libertad de expresión, entre otros.
A pesar de su búsqueda de la armonía global, la Unesco ha estado envuelta en la polémica casi desde sus inicios. Son varios los países que retiraron su apoyo a esta agencia a lo largo de sus 71 años de historia. Sudáfrica fue uno de los primeros en hacerlo. En 1956, el país acusó a la Unesco de interferir en sus problemas raciales y se retiró como miembro. No volvería hasta más de tres décadas después, cuando llegó al poder el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Y aunque hoy Estados Unidos anunció su salida, no es la primera vez que Washington decide apartarse de la Unesco, a pesar de que fue miembro fundador y de que históricamente ha tenido un destacado papel en la agencia. El presidente Ronald Reagan (1981-1989) retiró al país de este organismo en 1984, en plenas tensiones por la Guerra Fría, al considerar que el organismo estaba politizado y que era hostil hacia “las instituciones básicas de una sociedad libre, especialmente contra el libre mercado y la libertad de prensa”. Estados Unidos no volvería al seno de la Unesco hasta 2003, bajo el mandato de George W. Bush y en los años posteriores al atentado del 11 de setiembre del año 2001. Washington, en un momento en el que el organismo se vio como clave para combatir los extremismos, pasó a financiar el 22 % del presupuesto de la Unesco, el país que más aporta, seguido por Japón (9,6 %) y China (7 %). No obstante, el presidente Barack Obama (2009-2017) volvería a dar marcha atrás años después con su decisión de congelar ese aporte financiero en respuesta a la entrada en la Unesco de Palestina como miembro de pleno derecho. Desde entonces, Estados Unidos de América ha acumulado una deuda de más de US$500 millones con la Unesco. La Unesco está desesperadamente escasa de fondos y ahora, abandonada por la principal potencia mundial, se enfrenta ahora a un momento crucial esta semana con la elección de su nuevo director general.
La votación, que dura tres días y podría durar hasta el viernes, tiene como principales aspirantes a Hamad bin Abdulaziz al Kawari, de Qatar, y Audrey Azoulay, de Francia, por delante del egipcio Moushira Jatab.
Pero el dinero también juega un papel importante en la decisión de Estados Unidos, que citó como argumento la creciente deuda que estaba acumulando con el organismo.
La decisión de Obama de congelar fondos ya supuso un fuerte golpe para las arcas de la agencia, si bien su directora general, Irina Bokova, aseguró que, pese a la congelación de los fondos, en estos años, la relación entre Estados Unidos y la Unesco había mejorado. Por ello, este jueves consideró que su marcha “es una pérdida para la Unesco, para la familia de Naciones Unidas y para el multilateralismo” en un periodo de enormes desafíos para la paz mundial. “En el momento en que la lucha contra el extremismo violento pide una inversión renovada en educación y en diálogo intercultural para prevenir el odio, es profundamente lamentable que Estados Unidos se retire de la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de estos asuntos”, culminó Bokova.
Las sospechas de ineficacia y burocracia que sobrevuelan a las Naciones Unidas, hacen eco desde el edificio ubicado en Place de Fontenoy.
Martín Di Giorgi
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 12, 2017
La función de la ONU, Malcorra, luchas intestinas y los abandonados de siempre.
La mujer ingresó a la oficina de la Jefa de Personal del Secretario General de las Naciones Unidas con una petición de sumo cuidado. Promediaba el año 2015 y la oficina que supervisaba (Departamento de investigaciones Internas) se había desarrollado mal y se había desgastado por la falta de comunicación y nulos resultados. La solicitud pedía comenzar de cero para una favorable reconstrucción. La mujer era la canadiense Carman Lapointe. La entrevistada, la ahora canciller argentina Susana Mabel Malcorra.
Lapointe argumentó que la división había sido trabada por un extenso celo de luchas internas que habían desviado a los investigadores de su misión principal. “Ellos o yo”, le dijo Lapointe a Malcorra. “Lo único que hay que hacer es deshacer esta división y empezar de nuevo”.
La División de Investigaciones nunca se cerró, sin embargo, el intercambio de palabras con Malcorra puso de manifiesto la agitación turbulenta en el centro de un departamento de la Naciones Unidas, encargado de prevenir el fraude y los desperdicios en una organización que gasta miles de millones de dólares cada año y realiza misiones de paz en países frágiles en todo el mundo, consiguiendo escasos resultados -cuando los consigue-.
Un director de la División de Investigaciones de la ONU, Michael “Mick” Stefanovic, un australiano contratado por la señora Lapointe en la primavera de 2011, se enfrentó a un comité de diplomáticos de la ONU para denunciar el resultado de una pesquisa sobre la explotación sexual de niños por tropas extranjeras en la República Centroafricana. Stefanovic también reservo una bomba para su jefe (Lapointe) quién -según el australiano- debería ser investigada por ciertos delitos.
La denuncia de Stefanovic eventualmente persuadió al Secretario General Ban Ki-moon para establecer un panel que dictaminaría la conducta de Lapointe y otros altos funcionarios de la ONU, para determinar si intentaron forzar a un posible denunciante de expresar lo que sabía. Ese nuevo denunciante era Anders Kompass. Kompass actuó como “soplón” cuando avisó a las autoridades francesas acerca de un informe de abuso sexual de menores por parte de miembros de los Cascos Azules en La República de África Central, entre diciembre del año 2013 y julio del año 2014. Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, encontró el comportamiento de Kompass inadecuado por no haber buscado la aprobación de sus superiores y, además, haber incluido los nombres de sus víctimas en su reporte. Una pizca de burocracia, una pizca de sensibilidad para preservar identidades. ¿Atacar el problema? Esa es otra historia para quienes están en las confortables oficinas de Derechos Humanos. Las autoridades francesas iniciaron una investigación de todas maneras. Investigación que se sigue “iniciando”. Desde entonces Flavia Pansieri (Alta Comisionada adjunta de Derechos Humanos) -aquella que apoyaba las negociaciones por la paz en Colombia, pero declaraba: “No estoy en la cabeza de las FARC y tampoco en la del Presidente, y menos conozco los ejes específicos de la negociación que se está llevando a cabo. Pero creo que vamos a encontrar un cierto punto, un momento en que va a ser necesario quizás acercarse más, no sé si este sea el momento ni es para mí decir si lo es”-. ha dimitido en su cargo aduciendo problemas de salud y quién soy yo para no creerle, pero poco antes, la funcionaria del organismo había admitido no haber actuado de un modo eficaz en la investigación de las acusaciones por abuso de menores presentadas contra soldados franceses en la República Centroafricana. También el máximo representante de las Naciones Unidas en la República Centroafricana dio un paso al costado. El General Babacar Gaye fue “invitado” a renunciar por el Secretario General Ban Ki-Moon por no prestar atención a estos informes de abusos contra menores que incluyen violaciones o forzar a niñas a cometer actos sexuales con animales a cambio de comida. Ki-Moon manifestó su disgusto al enterarse de estas aberraciones cometidas por fuerzas de las Naciones Unidas.
Funcionarios de los Estados Unidos y otros gobiernos han acreditado a la División de Investigaciones para llevar a cabo investigaciones duras la corrupción y la explotación sexual desde Somalia a Haití. Stefanovic lanzó una iniciativa para reunir pruebas en un caso de violación de un chico haitiano perpetrado por tres oficiales de policía paquistaníes. Anthony Banbury, un alto funcionario de mantenimiento de la paz de la ONU, citó el caso como un ejemplo de que “el sistema funcionó como debería”. Pero los funcionarios de la ONU -familiarizados con el caso- dijeron que en ese momento Stefanovic se había aprovechado por utilizar oficiales de campo de la ONU. Ah, esos tecnicismos…!
Stefanovic también lanzó un programa para escudriñar contratos entre la principal agencia de ayuda humanitaria de la ONU, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y contratistas privados en África. Frente a una instrucción de Ban Ki-Moon a sus principales gerentes de las Naciones Unidas para restringir el gasto, Carman Lapointe denegó una solicitud de Stefanovic de buscar fondos de un presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para la operación. Stefanovic entonces, convenció al gobierno noruego de que pagara por ello. El caso reveló evidencia de que al menos cuatro contratistas habían falsificado recibos y documentos en un esfuerzo por apropiarse o desviar fondos para proyectos destinados a aliviar el hambre en Somalia, lo que resultó en un fraude de millones de dólares.
¿Es un problema de celos profesionales lo que está dilatando la suerte de niños abusados? Lapointe dijo que cree que “hay un buen trabajo en la División de Investigaciones” pero reconoció que su enfrentamiento con Stefanovic ha sido un gran problema ya que “Stefanovic cree que no tengo autoridad sobre él”.
Bruce Rashkow, un ex abogado del Departamento de Estado estadounidense, sería el principal abogado de la ONU responsable de supervisar los asuntos legales que afectan a la agencia de supervisión interna, opinó que la creación de una oficina independiente para investigar el fraude, el abuso y los desechos dentro de la organización fue una buena idea pero va en contra de la cultura y la larga práctica de la ONU, cuya reacción instintiva es evitar escándalos y deshonras que crecen en su interior.
Malcorra a Mercedes Gervilla como directora del programa de conducta y disciplina. El mes pasado, Gervilla redactó un memorándum listando las razones por las cuales creía que las alegaciones de los abusos en la República Centroafricana no eran ciertas, ya que todos los testimonios tenían ciertas similitudes con escasos detalles y como siguiendo un libreto preestablecido. La con escasos detalles y como siguiendo un libreto preestablecido. La señora Gervilla es esposa de Michael Dudley, otro oficial de la división de investigaciones internas de la ONU, motivo por el cual Susana Malcorra debió consultar si podría producirse un conflicto de intereses.
Anthony Banbury, subsecretario general del Departamento de Apoyo a las Actividades en Sitio, dijo que Gervilla “disfruta del apoyo pleno y sin reservas de toda la dirección del mantenimiento de la paz de los Estados Unidos”. También adujo que la señora Gervilla “Ha trabajado incansablemente y con absoluta integridad en la búsqueda de la tolerancia cero del Secretario General sobre la explotación y el abuso sexuales”, para finalizar, Banbury afirmó: “No hay nada en su trabajo o comportamiento que nos cause motivo de preocupación con respecto a su profesionalismo”.
A principios de marzo de 2014, Stefanovic advirtió a Lapointe que, si Dudley no era trasladado de inmediato, despedido o si no se le concedía una licencia temporaria, al menos se le impida el acceso a las computadoras de la División de Investigaciones. Lapointe rogó a Malcorra, el jefe de personal de la U.N., que hiciera algo al respecto. Malcorra ayudó a encontrar una asignación temporal para Dudley en la División de Adquisiciones. Dudley, sin embargo, ha informado a sus colegas que tiene la intención de volver a su trabajo en el departamento de investigaciones.
Stefanovic conocía alegaciones de Florin Postica y Ai Loan Nguyen-Kropp, ambos investigadores en las Naciones Unidas sobre ciertos manejos sospechosos de Dudley como retener evidencia y fraguar fotografías en un caso de distribución impropia de substancias controladas a través de la división de servicios médicos de la ONU.
La relación de Stefanovic con Lapointe comenzó a deteriorarse. Stefanovic creía que Lapointe no estaba haciendo el esfuerzo suficiente para derrocar a Dudley. Stefanovic creía que Lapointe no cumplía con sus obligaciones y lanzó su propia queja ante la junta exigiendo que Lapointe fuera sometida a interrogatorio.
Mientras Gervilla se opone a las actuaciones del enemigo de su esposo, algunos funcionarios renuncian por motivos particulares y no por sus tremendos descuidos y Malcorra no sabe/no estaba ahí, el escándalo de abusos sexuales seguía su curso en la República Centroafricana.
En 2014, el mencionado Anders Kompass, oriundo de Suecia, descubrió pruebas alarmantes de que tropas de Chad, Guinea Ecuatorial y Francia habían intercambiado raciones militares, incluidas galletas, por sexo con niños desamparados en un campamento para exiliados. La División de Investigaciones de las Naciones Unidas no había desempeñado ningún papel en la investigación de los presuntos crímenes, que supuestamente eran llevados a cabo por tropas de los Cascos Azules.
Lapointe ordenó a Stefanovic abrir una investigación mucho después de que altos funcionarios de la ONU expresaran su preocupación por haber filtrado al gobierno francés (Antes que a ellos) un informe altamente confidencial que documenta los presuntos abusos de las tropas francesas allí. Stefanovic se negó a llevar a cabo la investigación, alegando ante un comité de los estados miembros de la ONU que su jefe había utilizado procedimientos internos irrelevantes de la ONU para llevar a cabo una caza de brujas política motivada a destruir la carrera de Kompass.
Considerando que la oficina de investigaciones internas de la ONU no funciona como corresponde y las deficientes actuaciones de este organismo mayor en conflictos mundiales ha sido penosa, la pregunta de para qué sirve la ONU flota en el aire.
Entre los logros que cita la Organización de las Naciones Unidas está el cese de la guerra civil en El Salvador en 1991, pero luego de doce años de lucha, más de ochenta mil muertos y una división interna que muestra el resentimiento de la población. También parece que fue una conquista de la ONU el fin de la segregación racial en Sudáfrica luego de cuarenta y cuatro años de cenas con champagne. Desmond Tutu, Mandela y De Klerk no tienen ningún crédito en el relato de la ONU. Si lo tienen estos burócratas que incluyen como victorias programas de promoción de los derechos de la mujer (Mi tío también estaba de acuerdo), Promoción del cuidado del medio ambiente (Seguramente se glorificará la ONU el cambio de planes de Donald Trump al respecto) o el mantenimiento de la paz y seguridad por medio del despliegue de más de 50 fuerzas de mantenimiento de la paz y misiones de observadores (Como usted sabe, se respira paz en el planeta)
En los últimos suspiros de la esclavitud en Estados Unidos, un tiranizado africano se evadió de sus dueños y se abrigó en un galpón de otra plantación de algodones durante la noche. No pudo dormir pensando cuál sería su destino, si el dueño de la plantación le ayudaría, lo reportaría a las autoridades o en el peor de los casos, le retornaría al poseedor de sus derechos. Se sentiría eternamente agradecido de conseguir ayuda para un pasaje a la clandestinidad. Pero no culparía a quién decidiera entregarlo ya que esa persona recibiría una recompensa de quinientos dólares -suma considerable para la época-. Las cosas han cambiado desde entonces, mientras la ONU parece no enterarse.
Teniendo en cuenta el alto número de conflictos armados mundiales que incluyen la Primera guerra árabe-israelí o Guerra de Independencia Israelí (1948), Guerra de Corea (1950-1953), Guerra de Argelia (1954-1962), Primera guerra civil sudanesa (1955-1972), Guerra de Suez (1956), Revolución cubana (1958-1959), Crisis del Congo (1960-1965), Guerra civil de Guatemala (1960-1996), Conflicto armado colombiano (1964-presente), Guerra de Vietnam (1965-1975), Guerra de los Seis Días (1967), Guerra civil nigeriana (1967-1970), Guerra contra el terrorismo en Argentina (1969-1983), Guerra de Yom Kipur (1973), Genocidio camboyano (1975 – 1979), Revolución Sandinista (1979 – 1990), Guerra civil libanesa (1975-1989), Invasión soviética de Afganistán (1979-1989), Guerra Irán Irak (1980-1988), Guerra Civil de El Salvador (1980-1992), Conflicto armado interno en el Perú (1980-2000), Guerra de las Malvinas (1982), Segunda guerra civil sudanesa (1983-2005), Guerra Civil de Sri Lanka (1983-2009), Caída del Muro de Berlín (1989), Guerra del Golfo (1990-1991), Guerra Civil Argelina (1991-2002), Guerras yugoslavas (1991-2001), Guerra de los Diez Días (1991), Guerra Croata de Independencia (1991-1995), Guerra de Bosnia (1992-1995), Genocidio ruandés (1994), Genocidio congoleño (1994-2002), Gran crisis de refugiados de los Grandes Lagos en África (1994), Primera guerra chechena (1994-1996), Primera guerra del Congo (1996-1997), Guerra civil nepalesa (1996-2006), Guerra entre Etiopía y Eritrea (1998-2000), Segunda Guerra del Congo (1998-2003), Guerra de Kosovo (1999), Conflicto de Ituri (1999-2006), Segunda guerra chechena (1999-2006), Intifada de Al-Aqsa (2000-2005), Ataques del 11 de septiembre de 2001, Guerra en Afganistán (2001-presente), Guerra contra el terrorismo (2001-presente), Crisis de diciembre de 2001 en Argentina, Golpe de Estado en Venezuela (2002), Guerra de Iraq (2003-2010), Conflicto de Darfur (2003), Atentados del 11 de marzo de 2004, Disturbios de Francia de 2005, Conflicto Chad-Sudán (2005-2007), Invasión de Líbano de 2006, Atentados del 11 de julio de 2006 en Mumbai, Guerra en Somalia de 2006, Golpe de Estado en Fiyi de 2006, Guerra contra el narcotráfico en México (2006-presente), Golpe de Estado en Mauritania en 2008, Guerra entre Rusia y Georgia en 2008, Conflicto de la Franja de Gaza de 2008-2009, Golpe de Estado en Honduras (2009), Atentados del metro de Moscú de 2010, Guerra civil Siria (2011), Guerra Civil de Sudán del sur (2013), Guerra contra ISIS (2013-presente) para mencionar algunas y no ser cruel…
Pero no todas son malas para las Naciones Unidas, en su página web se puede distinguir su exquisito sentido del humor: Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945, con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 2, 2016
LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS: EL MURO MÁS ALTO A SUPERAR POR EL ACTUAL GOBIERNO
Escribe el General Heriberto Justo Auel.
[one_half padding=”0 30px 0 0″]
Conferencia en el “Ateneo de la República” el 22 de Junio de 2016
Derechos Humanos y “Política de Derechos Humanos”.
[/one_half]La “Política de Derechos Humanos” como instrumento estratégico.
La sigilosa maniobra estratégica británica: de pinzas y combinada.
El brazo jurídico de la maniobra estratégica.
El brazo psico-político y psico-social de la maniobra estratégica.
[one_half_last]
Por El General
Heriberto Justo Auel
[/one_half_last]
En Síntesis.
• Derechos Humanos y “Política de Derechos Humanos”.
Entender que la “política de derechos humanos” -PDH- ha sido elaborada en nuestra Patria por la democracia emergente de la Guerra del Atlántico Sur -en 1982- para defender los genuinos y verdaderos derechos humanos, en su acepción legítima, sería incurrir en un grave pecado de alta ingenuidad política.
Una cosa son “los derechos humanos” y otra muy distinta es la PDH.
La ONU ha definido con toda claridad lo qué debemos entender por “derechos humanos”:
“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.
Eduardo Luis Duhalde (1) -máximo epígono de ésta política K- nos hizo saber desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, qué debemos entender por PDH:
“La demorada exigencia de la sociedad argentina de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en acciones concretas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), fruto de la confluencia entre el compromiso político del gobierno nacional y la incansable lucha de los Organismos de Derechos Humanos contra la impunidad”.
Los dos conceptos quedan así perfectamente diferenciados. El primero, abarca a “todos los seres humanos” y el segundo está dirigido exclusivamente -“con acciones concretas”- a quienes lucharon contra el terrorismo revolucionario y son señalados por los “Organismos de Derechos Humanos” como “impunes genocidas” y los acusan como criminales de “lesa humanidad”, por el “compromiso político del gobierno nacional”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- lo ha expresado reiteradamente -de otro modo-: “es una Política de Estado”.
Sin embargo, no es así. Ésta fue y es la matriz de todos los “relatos”. Ha sido y es un mero “compromiso político del gobierno nacional” K, asumido al acceder al poder, habida cuenta de su extrema debilidad. Por otra parte, el Dr. Lorenzetti no está en la CSJN para hacer cumplir “políticas de estado”, sino para hacer cumplir con la Constitución Nacional.
Kirchner reemplazó a la “Corte menemista” para llevar adelante, con “su” nueva Corte y “tras esta cortina de humo de la PDH” -Dr. Adolfo Vázquez dixit (2)-, el latrocinio más grande que registra nuestra historia contra las arcas del Estado Nacional Argentino. PDH y corrupción son interdependientes y paralelos, por ello si terminamos con la corrupción K, retener la PDH es no entender la razón de su existencia.
El profuso e intercambiable empleo -coloquial y/o periodístico- de ambos conceptos, ha llegado a su actual uso indiferenciado -como sinónimos- y así una gran mayoría ciudadana fue llevada a la grave y peligrosa confusión interpretativa de estos términos.
Cuando el Estado Nacional -con un gobierno constitucional- movilizó a las FFAA y abrió la guerra civil contrarrevolucionaria de 1974/88, lo hizo en defensa de la Constitución Nacional y ella contiene a nuestros derechos humanos, ya fueren civiles, políticos, económicos, sociales o culturales y también contiene a nuestras obligaciones o deberes.
El objetivo que defendieron las FFAA en los ´70/80 fue el de preservar la Constitución Nacional -que reiteramos, contenía a nuestros derechos humanos- frente a una agresión revolucionaria conducida desde el exterior, que expresamente postulaba el cambio de la Constitución Argentina por la Cubana y con ello eliminar a nuestros derechos humanos.
¿Qué Estado o constitución comunista reconoce a nuestros derechos humanos?
¿Cómo se explica -entonces- que hoy nuestros “derechos humanos” -mimetizados equívocamente como “PDH”- estén en las manos marxistas de quienes fueron derrotados en combate, guerrilleros revolucionarios que nunca han respetado una Constitución liberal -como lo es la nuestra- y a nuestros derechos humanos, en ella contenidos? ¿Cómo se explica que gran parte de los argentinos, aun hoy, no se aperciban de semejante contradicción?
Cabe explicar -consecuentemente- qué es en verdad la “PDH” y porque “nuestros derechos humanos” quedaron en manos del neo-marxismo “progresista” y del Reino Unido (RU) -en una extraña y solapada colusión totalmente ignorada- contra la débil Argentina emergente de ambas guerras, a partir del año 1984, convirtiendo a dicha “política” en el muro más alto a superar por el actual gobierno nacional.
• La “PDH” como instrumento estratégico.
No es una novedad que los derechos humanos, instrumentados como política o estrategia, han sido empleados recientemente en el amplio espectro de las guerras de la “tercera especie” o de “cuarta/quinta generación” (3). Reagan y SS Juan Pablo II lo hicieron, logrando la implosión de la URSS sin abrir el fuego. Pero lo hicieron coherentemente, con el empleo de los valores de sus culturas y para la preservación de estas. En el caso argentino -e iberoamericano- se dio y se continúa dando todo lo contrario -nuestros valores están en manos neo marxistas- y sufrimos una fuerte transculturización, con su natural consecuencia: la corrupción generalizada.
La población aún no comprende ni asume éste fenómeno psico-social desarrollado a través de las nuevas formas de comunicación -la infoesfera- y nuestra dirigencia política le teme. La “PDH” se ha erigido en una “vaca sagrada”, un tema “tabú” y, de “ella no se habla” (4).
¿Cuál es -sino- la razón del “olvido y perdón” ante el saqueo de la magna ópera “Sueños Compartidos”? Los dramáticos efectos sigilosos de la maniobra estratégica instrumentada por la “PDH” indican que su planeamiento ha sido muy eficiente y que, por tratarse de una desconocida estrategia de aproximación indirecta (5) -ajena a nuestra simple lectura de los hechos superficiales- su resultado continúa perdurando en el tiempo.
Trastocó la victoria en combate de las FFAA en una derrota política y estratégica de la Argentina, cuyos efectos recién salen a la luz después del 10 Dic 15.
El RU, en la guerra del Atlántico Sur de 1982 provocada por la OTAN a través de un señuelo -los chatarreros de Dividoff, por exclusivas necesidades de la guerra fría- comprobó que su incursión agresiva no fue un picnic. Así lo han reconocido algunos de sus altos mandos. Consecuentemente, pocos meses después Londres encontró una estrategia de ínfimo costo y altísimo rendimiento para dejar a la Argentina sin la más mínima capacidad estratégica militar: logró la neutralización y autodestrucción de sus FFAA, en brevísimo tiempo y casi sin costos.
El pensamiento militar occidental -y en particular el pensamiento militar argentino- están fundados en Clausewitz y, a su vez el del prusiano en Napoleón. Su característica central es la lectura lineal de los hechos y la resolución del conflicto por aniquilamiento, cuando éste deriva al empleo de la fuerza.
Contrariamente, en éste aspecto el RU es una excepción en Occidente. Como Imperio Naval Talasocrático -con el dominio periférico de los océanos- encontró más aptas para su débil posición frente a los más fuertes -las potencias centrales europeas-, las ideas estratégicas de Sun-Tsu, en particular el concepto de estrategia por aproximación indirecta. El Cap Liddell Hart (5) elaboró esa doctrina convencional en la primera mitad del siglo XX, mientras Mao Tse Tung (6) -contemporáneamente- lo hacía en el área no convencional, durante la “larga marcha”.
Entendido este trasfondo teórico, abarcaremos mejor a los pasos que se dieron en los hechos, a partir del año 1983. El Dr. Carlos Nino fue un prestigioso y progresista filósofo del derecho, penalista, profesor de la UBA. Periódicamente visitaba la Universidad de Oxford, en la que se había doctorado en leyes en 1977. En 1983, pocos meses después de la derrota militar argentina en el Atlántico Sur, regresó de aquella Universidad -donde se forman las elites de los servicios de inteligencia británicos- y asumió como asesor jurídico del nuevo presidente argentino -junto al Dr. Jaime Malamud Goti (7), Coordinador del “Consejo para la Consolidación de la Democracia”.
A las cuarenta y ocho horas de asumir el cargo Raúl Alfonsín, Nino presentó a la firma del Poder Ejecutivo dos decretos, cuyos borradores traía desde Londres -el 157/83 y el 158/83- Ambos fueron firmados el 13 Dic 83 y contenían “el huevo de la serpiente”.
El Decreto 157/83 llevaba a la Justicia Penal Federal a los agresores terroristas revolucionarios y el 158/83 al Consejo Supremo de las FFAA -CSFFAA- a quienes el Estado Nacional había movilizado en su defensa: las FFAA, las de Seguridad y las Policiales. Todo ello bajo la motivación del posible atropello a los “derechos humanos” -de los cuales los asesores jurídicos eran férreos defensores- en las operaciones de la guerra civil contrarrevolucionaria desarrolladas en el país entre los años 1976 y 1983.
Seis meses después, a mediados de 1984, el Decreto 157/83 fue “cajoneado”. El fiscal a cargo de esa investigación fue ascendido, para sacarlo de la causa, que había avanzado aceleradamente. El CSFFAA había recibido más de 22.000 denuncias y no había llegado a fallar. Por esa razón se le retiraba la causa, que era entregada a la Justicia Penal Federal.
Se iniciaba así el torpe atropello a todos los principios del derecho penal y se alcanzaba el punto culminante de la maniobra estratégica elaborada por la inteligencia británica -que homologaba a la de Stalin del 1921, conocida como “la purga del Ejército del Zar” (8)-.
Éste fue el paso central de una exitosa maniobra estratégica de aproximación indirecta, aun en plena ejecución -33 años después- a través de la Justicia Penal Federal, con la que se obtuvo la ya lograda autodestrucción de la Política de Defensa Argentina y su reemplazo por la perversa “PDH” K.
Llama la atención que se haya limitado la investigación judicial solo al período 76/83, cuando la agresión cubana se inició en 1959 y la respuesta del Gobierno Constitucional Argentino se decretó recién en 1973/74, pero ese “recorte” fue lo que la hizo posible ante la oposición.
¿La dirigencia política necesitó casi quince años para entender que la Argentina estaba siendo agredida por una revolución estalinista que empleaba tácticas terroristas, rurales y más tarde urbanas? Sin embargo, a pesar de esa larga inacción de más de una década, en 1973/74, se improvisó y se pidieron resultados “cuanto antes”, ante el caos sangriento que asolaba al país (4).
• La sigilosa maniobra estratégica británica: de pinzas y combinada.
Contemporáneamente con la firma de los mencionados decretos, un grupo de Oficiales Superiores del Ejército fuimos destinados al Estado Mayor Conjunto de las FFAA -EMCFFAA- convocados por su nuevo Jefe, el Tte Grl Fernández Torres. Me correspondió ocupar la Jefatura del Departamento Políticas y Estrategias y desde esta función impulsar las reformas estructurales de la Defensa Nacional que las experiencias recientes nos habían proporcionado, dramáticamente y a raudales.
Para llevar a buen fin este objetivo autoimpuesto, detectamos a mediados de 1984 el grave obstáculo que nos creaban las consecuencias del Decreto 158/83. Las expuse ante el JEMCFFAA, el Grl Sánchez, el Almte Grondona y el Brig González, quienes conformaban la cúpula del EMCFFAA y ese mismo día recibí la orden de repetir esa exposición ante el Ministro de Defensa, Sr Borrás. Al hacerlo, señalé que el decreto llevaba el embrión de la destrucción de la autoestima de las FFAA y a la vez la licuación de la Justicia Federal. Además, adelanté que con él el gobierno se auto-defenestraba, por no entender que la guerra es un fenómeno socio-político y, como tal, no judiciable. Borrás, al terminar mi detallada exposición, dijo: “A esto hay que ponerle un punto final. Estos Dres…no pisaron nunca un comité”.
Años después, en un almuerzo en el Círculo Militar ante tres testigos, quien había sido asesor jurídico del Ministro en aquellos días, el Dr. Jaunarena, nos dijo que luego de aquella exposición el ministro Borrás le pidió al presidente una reunión en Olivos con Nino y Malamud Goti. Borrás y Jaunarena llegaron tarde a ella, por un incidente en el viaje desde Pergamino. La reunión para tratar una salida a éste grave problema no se hizo. Es cuando comienza a gestarse un conflicto entre el Comandante en Jefe de las FFAA y la masa de las FFAA, que estalla al poco tiempo, en Semana Santa de 1987.
El brazo jurídico de la maniobra estratégica.
Poco tiempo después de la fallida reunión en Olivos, Raúl Borrás falleció y los efectos del Decreto 158/83 se fueron agravando día tras día, acompañando a una inflación creciente y a los conflictos institucionales que se multiplicaban. El “punto final” estaba elaborado como anteproyecto de ley, pero no había voluntad política para llevarlo adelante. Además, los dos asesores jurídicos del presidente -autores del Decreto 158/83- solicitaban una ley complementaria, la de “obediencia debida”, que a todas luces buscaba dilatar los tiempos para alcanzar su subrogación.
El Dr. Facundo Suarez -Señor 5- me comentaba telefónica o personalmente- acerca de estas trabas y dilaciones, estando yo destinado en Neuquén -1986- y Río Gallegos -1987-. Siempre le advertí -como lo había hecho en 1984 ante Borrás- que tarde o temprano “la olla iba a estallar”.
Ésta misma advertencia se la hice llegar por escrito al Grl Ríos Erenú -JEMGE- en Enero de 1987, a través del Sub-JEMGE, Grl Sánchez. En la nota le señalaba que la “batalla jurídica”, que él postulaba, era imposible en los hechos. La copia de dicha nota manuscrita llegó nuevamente a mis manos hace poco tiempo. El Cnl Vivas, mi compañero y amigo, en ese entonces Inspector de Infantería, fue depositario de ella y me la devolvió antes de partir a la Casa del Señor.
En Semana Santa de 1987 “la ola estalló” y el presidente Alfonsín negoció y aprobó, “bajo palabra de honor”, tres puntos -que se cumplieron a medias- con los “caras pintadas” de la Escuela de Infantería:
1) En quince días el Congreso aprobaría la demorada ley de Obediencia Debida.
2) Los Tcnl(s) Rico y Venturino quedaban a disposición de la Justicia Militar.
3) El resto del personal que había adherido al movimiento, regresaba a sus destinos, sin recibir sanción alguna.
Los negociadores por parte de la Escuela de Infantería fueron Monseñor Medina y el Tcnl Vila Melo y por parte del presidente los Dres. Facundo Suárez y Jaunarena. Ésta reunión se desarrolló en el Edificio Cóndor y fue detalladamente relatada -tiempo después- por uno de sus actores, el Tcnl D. Julio Enrique Vila Melo, en un largo artículo -con su firma- en el diario La Nación. Allí se aclaraban muchos hechos que se estaban tergiversando, para no cumplir con lo acordado.
La autodestrucción había tomado el nombre de “batalla jurídica” -por la miopía de los altos mandos- y ello, desde nuestro punto de vista consolidaba el éxito de la estrategia de aproximación indirecta lanzada el 13 Dic 83. El brazo jurídico de la maniobra estratégica británica, instrumentada como operación de pinzas, había inducido eficazmente la auto-destrucción de las FFAA, quintaesencia de una estrategia de aproximación indirecta.
El incumplimiento del punto 3) del acuerdo por parte del nuevo JEMGE -Grl Caridi- y de sus asesores, trajeron nuevos movimientos en diferentes Guarniciones Militares -Tcnl Rico y Cnl Seineldin-, pero estos ya no eran por el Decreto 158/83, sino por problemas derivados de Semana Santa, específicamente internos de la Fuerza. NUNCA se pensó en un golpe de estado, pero esa fue la perversa lectura de quienes apoyaban conscientemente o inconscientemente la “PDH”. En 1989/90 el presidente Menem dicta la Amnistía para militares encausados y para los terroristas revolucionarios. Creíamos que se alcanzaba definitivamente la ansiada pacificación nacional.
El brazo psico-político y psico-social de la maniobra estratégica.
Veamos ahora cómo se instrumentó el otro brazo de la operación de pinzas pergeñada en Oxford y ejecutada ésta por el triple agente de inteligencia -de la FAA, de Montoneros y del RU- Horacio Verbitsky, asesor presidencial desde el año 2003 y presidente del CELS. Su rol le exigía operar sobre la ciudadanía y lograr el apoyo de la opinión pública a la PDH. Ésta operación era central, para sostener en el tiempo a la encubierta maniobra colusiva.
Las izquierdas -comprometidas o simpatizantes con la revolución neo-marxista- llegaron nuevamente al poder, “colados” en la inaudita Alianza. El presidente De la Rúa -1999/2001- debió renunciar por efecto de un golpe de estado civil, provocado desde la intimidad de su gobierno. La anarquía consecuente llevará a la presidencia, dos años después, a Néstor Kirchner -2003/2007-. Un presidente sin votos y sin ideas políticas. El neo marxismo volvía a homologar lo logrado -por unos días- en el gobierno Cámpora.
Al hacerse cargo de la presidencia Kirchner necesitó construir poder y cierta gobernabilidad. Su asesor, Horacio Verbitsky, le señaló que algunos de los últimos gobiernos le habían tendido la mesa: dos décadas de continua propaganda “progresista” desde los medios de comunicación del Estado, habían transformado los “usos y costumbres” de la sociedad urbana, en las grandes ciudades. La transculturación se percibía en las calles, en el lenguaje, en las escuelas y hasta en los muros de la ciudad.
Ergo, aquel desconocido santacruceño, considerado en su pueblo natal como usurero, sin un posicionamiento político firme, audaz, autoritario y desprolijo, debía abrazarse al símbolo de la “PDH”: las “Madres de Plaza de Mayo” y dar continuidad de inmediato a los “Juicios por la Verdad”. Había que anular las “Leyes de la Impunidad”.
La interrumpida maniobra británica en su brazo jurídico, continuaría en el 2003 con un gobierno “pseudo revolucionario”, “nacional y popular”, adscripto subrepticiamente al “chavismo”. La extraña colusión británica/elementos revolucionarios neo marxistas, iniciada tras la firma del Decreto 158/83, se consolidaba, pivoteando ahora sobre el CELS de Verbitsky.
La operación psico-política, no era sencilla. Para empezar, había que reemplazar y obtener una mayoría de votos en la CSJN (2) para lograr la aprobación de la nulidad de las “leyes del perdón” y, además, modificar el concepto de “lesa humanidad” enunciado por el Estatuto de Roma, para acondicionarlo a la maniobra en curso. Los terroristas revolucionarios -en la Argentina- no serían comprendidos por ésta figura y continuarían “amnistiados”, la “PDH” se consideraría una “política de Estado” y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, “conduciría” elípticamente a la Justicia Federal, para llevar en masa a las FFAA a los Tribunales y considerarlos “asesinos” o “genocidas” y encuadrarlos en el Código Penal, como delincuentes comunes.
Esta nueva CSJN fue considerada por los “formadores de opinión”, durante años, como la ópera magna del nuevo gobierno. En el “haber” de K, la nueva Corte figuraba en primer término. (9)
También se hizo necesario modificar la constitución del Consejo de la Magistratura en favor del oficialismo, para domesticar a los Jueces y a los Fiscales comandarlos desde la Procuraduría General, que terminaría en las manos K de Gils Carbó, hasta la fecha. El torpe atropello a los principios del derecho penal y a su jurisprudencia, exigió la creación de “militantes” dentro del sistema y así surgió “Justicia Legítima” (9).
El último intento -acompañado por el exonerado juez español Garzón- de subordinar totalmente el Poder Judicial al Ejecutivo, fue el de la “democratización de la Justicia”, ley aprobada por el Congreso -considerado una “escribanía de la presidencia”- en el año 2013 y rechazada por una Jueza Federal y la CSJN, por inconstitucional, con la natural disidencia del “prostibulario” Zaffaroni.
Con esta serie de atrocidades jurídicas nuestro país se encaminaba aceleradamente -hasta el 10 Dic 15- a la categoría de “Estado fallido”. La cortina de humo que debía ocultar a estos escándalos institucionales, acompañados por una fenomenal corrupción económica-financiera, simultánea y rampante, exigía operaciones psico-sociales de encubrimiento de una intensidad y un nivel nunca antes conocida. Quienes la analizaban, citaban a Goebbels.
Se necesitaba un gran “relato” para encubrir tanto desatino, durante tantos años. Esa necesidad de una gruesa cortina de humo llevó al gobierno a asociarse con algunos medios privados y estatizó el 80% de los medios escritos, radiales y televisivos. Gallup Argentina informaba en los 2000 que el 72% del periodismo argentino era de “izquierda”. Millones de dólares eran destinados a pseudo-intelectuales, “periodistas” y actores para sostener increíbles falacias.
El éxito de Verbitsky, como director de la operación de esta narrativa falaz, que se reconstruía permanentemente, estuvo y está acompañada por antiguos comunicadores simpatizantes o pertenecientes a las izquierdas revolucionarias y por jóvenes “despistados”, formados en las aulas del “progresismo relativista”. Son quienes crearon y custodian en los medios a la “vaca sagrada” de la “PDH” -homologándola, aun hoy, con nuestros derechos humanos-. Para la mayoría de nuestros conciudadanos, el único terrorismo abominable es el “terrorismo de Estado”. Otros no existen.
Llevamos quince años involucrados en una nueva guerra mundial, conocida universalmente como “contraterrorista global”; ¿cuántos argentinos conocen su existencia, aunque fuere superficialmente? (10) “De eso no se habla” y en consecuencia se continúa con el “garantismo jurídico” que apunta al “abolicionismo penal”, con el 2×1, con un record mundial de causas que no reciben sanción y un sinfín de etcéteras. Además, existe una inconsciencia generalizada acerca del desequilibrio estratégico provocado por el desarme unilateral argentino.
Aquella sentencia de Séneca -S II d.C.- continúa brillando entre nosotros con todo esplendor: “Peor que la guerra, es el temor a la guerra”. Y allí está la clave de nuestra imparable Inseguridad Nacional. Toda la legislación de Seguridad Nacional ha sido dictada bajo el espíritu que acompañó a la operación estratégica de pinzas que hemos descripto, por elementos cercanos a las organizaciones armadas revolucionarias, pero no sabemos que haya hasta hoy una mínima reacción política, ante la absoluta y creciente indefensión e inseguridad pública.
Está de por medio “el muro más alto que debe superar el actual gobierno”, construido en las últimas décadas desde el Estado, para licuarlo y transformarlo en el santuario del crimen organizado y sobre la sociedad, alienada por una comunicación perversa que la llevó a su transculturación. Los dos brazos de la maniobra estratégica por aproximación indirecta -el jurídico y el comunicacional- fueron eficaces, pero su consecuencia colateral, la corrupción que actualmente desborda al muro, es decir, a la cortina de humo de la “PDH”, está llegando a su fin (8) (11).
Si hubiere decisión política para terminar con la absurda auto-destrucción, roguemos que haya lucidez para iluminar el sendero que conduce a la salida del cerco. Años de una falsa narrativa retiene a gran parte de la ciudadanía en la irrealidad de un espejismo, si bien ésta se está resquebrajando, día a día.
• En Síntesis.
1. En la inmediata posguerra del Atlántico Sur, en 1983, la inteligencia británica en colusión con el neo-marxismo, logró la inducción -por aproximación indirecta- de la autodestrucción institucional y la transculturación social de la Argentina.
2. El instrumento seleccionado fue la “PDH”, que permitió trastocar la victoria táctica argentina -en la guerra contra-revolucionaria- en una derrota política y estratégica, quedando nuestros derechos humanos en manos del terrorismo revolucionario.
3. Los decretos 157 y 158/83 fueron el puntapié inicial de una maniobra de pinzas que aseguró al Foreing Office la imposibilidad operacional militar de la Argentina y dio a la pseudo-revolución continuidad, a pesar de su derrota en el terreno.
4. Un brazo de la maniobra fue ejecutado por la Justicia Penal Federal -sobre el modelo de “la purga leninista del Ejército Zarista” en 1921-. El otro fue conducido por un triple agente de inteligencia, desde una ONG, que operó la conducción sigilosa de los Ministerios de Defensa y de Justicia (12), desde las bambalinas.
5. Esta exitosa operación estratégica logró levantar -infoesfera de por medio-un muro intocable, el de la “PDH”, “vaca sagrada” que logró ocultar durante quince años el mayor asalto K a las cajas de los bienes públicos y la impunidad de terroristas, narcotraficantes y ladrones de guante blanco.
6. El 10 Dic 15 la ciudadanía cambió el rumbo “pseudo-revolucionario” que en las posguerras había transitado diferentes etapas “democráticas”. La corrupción encubierta está saliendo -en el 2016- a superficie y agrieta al muro. Aun no ha llegado a conmover sus cimientos, pero si ello no ocurriera en los próximos meses podríamos volver a la violencia revolucionaria que prometen los remanentes duros del kirchnerismo y la “Declaración Final del XXII Encuentro del Foro de San Pablo en El Salvador” del 27Jun16, cuyo último párrafo vale la pena transcribir, para leer sus entrelíneas:
“América Latina y el Caribe está en estos momentos y seguirá estando al frente de la lucha de los pueblos por una sociedad con justicia y libertad, sin explotación ni opresión; una lucha en la cual los pueblos, sus organizaciones políticas y sociales, y los gobiernos que defienden los intereses populares, se enfrentan a las más poderosas fuerzas del mundo, pero cuyo poderío económico y militar no podrá contra el poder de la razón, de las ideas, y de los más altos valores de la humanidad, que como proclamaba la Revolución Cubana en la Segunda Declaración de La Habana, “ha dicho BASTA y ha echado a andar…” Seguiremos construyendo el poder popular para asegurar las transformaciones económicas, sociales y políticas de los pueblos de América Latina y El Caribe”.
6. Nuestro futuro -y el de la región- está en manos de la ciudadanía argentina y del Gobierno Nacional. Hay indicios de que la sociedad ha despertado de su ensueño, que retiene esperanzas y que esta vez actúa con mayor prudencia. No sabemos aún si la dirigencia política ha asimilado a esa circunstancia. El “socialismo siglo XXI” está en retirada y el BREXIT ha puesto a parir al RU. Los ocupantes de las Islas usurpadas están conmovidos. Es el momento -oportunidad- que tiene el Presidente Macri para clausurar los dos “estados de guerra” que mantenemos abiertos y nos cierran el camino hacia el progreso (4).
CITAS:
(1). El Dr. Luis Eduardo Duhalde fue asesor del “peronismo revolucionario”, profesor en la “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” -como se llamó la UBA durante el gobierno de Cámpora-, defensor de los “fugados de Trelew”. Cuando asume Kirchner es nombrado Secretario de Derechos Humanos -SDH- y postula la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Transformó a la SDH -cuyo presupuesto aumentó de 1 a 100 millones de pesos- en querellante del “terrorismo de estado” y, como tal, celebraba como un gran “triunfo revolucionario” la lectura de los fallos de los TTOOFF, de pie sobre una mesa y agitando a las barras con banderas rojas, bombos y redoblantes, dentro y fuera de las salas del tribunal, transformando a ellos en “tribunales populares” similares a los bolcheviques que “purgaron” a los oficiales blancos en Rusia, en 1921.
(2). Adolfo Vázquez. “Asalto a la Justicia”. Ed. Sudamericana. Mar 16.
(3). Heriberto J. Auel. “El Pensamiento Estratégico en el Siglo XXI”. 12Oct14, www.ieeba.com.ar
(4) Heriberto J. Auel. “La larga guerra civil argentina y el actual estado de guerra civil revolucionario”. O9Jul13. www.ieeba-com.ar
(5) L. B. Hart. “La estrategia de aproximación indirecta”. Biblioteca del Oficial Nro 500/501. Círculo Militar. Sep 60.
(6) Mao Tse Tung. “El Libro Rojo de Mao Tse Tung”. Abr 64. Ed Edo Chino. 900 Millones de ejemplares.
(7). El Dr. Jaime Malamud Goti, autor de “Terror y Justicia en la Argentina”, vivió durante una década en los EEUU. Citó en sus trabajos a la Guerra del Atlántico Sur como “media guerra” por las “Is. Flalkland/Malvinas”. Penalista de la UBA con pensamiento próximo al del Dr Zaffaroni. Fue parte de un grupo de abogados radicales que, con los Dres. D´Alessio, Gil Lavedra, Enrique Paixao, Leopoldo Schifrin y otros (luego funcionarios del Estado), sugerían llevar a los militares a la Justicia “como causantes de los golpes de estado”, para proyectar la figura de Alfonsín al plano internacional, “aunque ello implicara un severo apartamiento del Derecho”. Éste mismo grupo produjo la reforma del Código de Justicia Militar, que dejó al “jus in bello” en manos legas y que traerá -en el futuro- gravísimos problemas de disciplina en las FFAA. Malamud Goti fue el enlace de éste grupo con el Dr. Nino y conformará el “Centro de Investigaciones Especiales” -CEI- presidido por Zaffaroni y conformado por Nilda Garré, Alicia Oliveira y Diana Conti.
(8) Heriberto J. Auel. “Escándalo Judicial en Tucumán”. 25May16. www.ieeba.com.ar
(9) La Nación. Editoral. “Nuestros jueces penales federales”. 26 Jun 16. (“De este grupo de magistrados, nacidos de lo peor de la política para juzgar a la política, sólo cabe esperar que sigan haciendo, precisamente, política y no justicia”).
(10) Heriberto J. Auel. “La guerra mundial Contra-terrorista Global, ¿Híbrida o Nuclear? Abr 15. www.ieeba.com.ar
( ) El Dr. Alfredo Bisordi fue el fiscal que tomó al Decreto 157/83 y en consideración al enorme acopio de pruebas que reunió, para llevar a juicio oral a los terroristas, fue ascendido y con ello separado de su cargo. Esta causa, como lo hemos señalado, fue “cajoneada”. Pero como era un magistrado honesto y trabajador, continuaba molestando. Aníbal Fernández llegará a pedirle públicamente su “renuncia patriótica”. Como titular de la Cámara de Casación dijo el 26 Abr 87: … “El supuesto retraso de causas contra los militares es una excusa para sacar jueces, con miras a asegurar a Kirchner (y familia) la impunidad en los presuntos delitos de corrupción”. En un escrito de fuerte contenido político, con el que acompañó su presentación ante el Consejo de la Magistratura, tildó a Kirchner de “traidor a la patria”, de “incipiente tirano” y de “aprendiz de déspota no ilustrado”, acusándolo además de encabezar una “venganza” de la organización Montoneros, de haberse refugiado y haber hecho “buena letra” durante la dictadura y de haber apoyado las privatizaciones del gobierno del Dr. Carlos Ménem. El Cronista Comercial, 27Abr87.
(12) Carlos Manuel Acuña. “Los Traidores, Intimidades de la Guerra Revolucionaria”. Ed. Buen Combate. 2012. “Verbistky: De La Habana a la Fundación Ford”. Ed. El Pórtico. 2003.